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La constante sucesión de casos de corrupción vinculados al Partido Popular está ocasionando graves daños sobre la institucionalidad pública española. La consecuencia más directa y evidente tiene que ver con los propios fondos públicos desviados de su destino legítimo a favor del interés general. Sin embargo, quizás el daño cualitativamente más relevante se ha producido sobre  la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento limpio de las instituciones democráticas.

El crédito de la Justicia de nuestro país ante la ciudadanía se ha visto gravemente mermado por comportamientos inadecuados, irregulares o puede que directamente delictivos de algunos de los principales protagonistas institucionales.

El ministro intercambia mensajes de ánimo con alguno de los hoy encarcelados. El Fiscal General promociona como Fiscal Jefe Anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta especialidad. El propio Moix se estrena enfrentándose a sus subordinados tras el intento de obstaculizar las investigaciones sobre alguno de los principales encausados. Y finalmente la Presidenta de la Comunidad de Madrid desliza la sospecha de que la mismísima Guardia Civil está siendo manipulada a cuenta de las querellas internas en el PP.

Gran parte de los españoles tienen hoy la convicción, bien fundada, de que estos responsables institucionales en la Justicia de nuestro país están actuando antes como defensores de los corruptos que como garantes del Estado de Derecho. Y esta convicción resulta demoledora para la imprescindible legitimación de las instituciones públicas ante la sociedad a la que sirve.

El nombramiento de Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción concita todas las sospechas. Porque resulta muy plausible pensar que si las razones de nombrar a Moix no fueron las de experiencia y capacidad, quizás el Ministro de Justicia y su Fiscal General se fijaron en otros hitos significativos de su historial.

Moix fue el Fiscal Jefe de Madrid nombrado apenas unas semanas después del “tamayazo” y que se aseguró de evitar cualquier investigación al respecto. Durante doce años, entre 2003 y 2015 no vio o no quiso ver, no denunció o no quiso denunciar el saqueo que algunos dirigentes del PP cometían sobre las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. Hasta por tres veces rechazó las denuncias vecinales sobre irregularidades en el Canal de Isabel II, que después se ha evidenciado como epicentro de la corrupción en el PP madrileño. El propio expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy en la cárcel, se ha referido a él como “un tío serio y bueno”.

Para recuperar un mínimo de confianza ciudadana en las instituciones de nuestra Justica es preciso que los procedimientos penales culminen con garantías del castigo debido para los criminales corruptos. Es imprescindible que los ladrones devuelvan el dinero robado.

Y, sobre todo, resulta absolutamente necesario que todos estos referentes institucionales dimitan o sean cesados, para asegurar el funcionamiento eficaz de nuestro Estado de Derecho, para preservar su prestigio ante la ciudadanía, y por coherencia democrática, porque tanto el Ministro como el Fiscal General y el Fiscal Jefe Anticorrupción han sido reprobados por la mayoría de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados.

Los dos candidatos que han disputado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas compartían la peculiaridad de carecer de un partido político al uso. De hecho, el ganador Macron está improvisando a toda velocidad una formación política que le proporcione apoyo parlamentario a partir de las elecciones legislativas de junio. Unos meses antes, Donald Trump se convertía en Presidente de los Estados Unidos tras un enfrentamiento premeditado con su propio partido.

Últimamente pareciera como si el prescindir de un partido político o el mostrarse abiertamente apartidista o antipartidista acredite a cualquier personaje como un miembro solvente de la “nueva política”, de la política “abierta” o de la democracia “avanzada”. Algunos analistas llegan a aplaudir la intención del nuevo Presidente francés para reclutar sus candidatos al Parlamento entre “miembros de la sociedad civil”, como si las demás candidaturas fueran a estar integradas por miembros de las fuerzas armadas o por integrantes del colegio de obispos.

El discurso anti-partido es paradójicamente más duro entre algunos militantes notorios de los partidos tradicionales, que buscan popularidad personal a costa del prestigio colectivo. La crítica acerada llega también de los partidos de formación más reciente, que sin embargo asumen de forma inmediata las estructuras y procedimientos, las virtudes y, sobre todo, los vicios de los partidos más antiguos.

La crítica suele extenderse a los “aparatos” de las organizaciones políticas, generalmente mucho más reducidos y austeros que los propios de los medios que recogen tales críticas. Y en la misma línea argumental se fustiga a los políticos “profesionales”, a los que acumulan más experiencia, que son precisamente a los que se llama cuando se requiere una opinión o una gestión de rigor sobre un tema importante.

Sin embargo, las mejores esperanzas para el futuro de Europa no van a llegar de los taumaturgos ocasionales o de las estrellas que los medios encienden un día y apagan al día siguiente. Los proyectos políticos que sacarán a los europeos de esta trampa de la globalización sin reglas y los mercados sin alma no surgirán de los populismos efímeros o de los nuevos césares presuntamente omniscientes. ¿Cómo confiar nuestro futuro colectivo a movimientos políticos que surgen de la nada y que dependen en todo del pensamiento, la voluntad y el prestigio cambiante de una sola persona?

Los europeos solo conquistaremos un futuro mejor de la mano de proyectos políticos sólidos, con bases ideológicas coherentes, con equipos integrados, con liderazgos consolidados, con bagaje del que aprender, con experiencia que compartir, con aciertos acreditados, con errores cometidos, con solvencia demostrada. Es decir, de la mano de partidos políticos. Quizás sean muy distintos a los actuales. Quizás no tanto. Seguro que habrán de tener una dimensión transnacional y europea. Pero no serán movimientos, ni plataformas, ni clubes de fans. Serán partidos. O no serán.

Y los partidos tienen que cambiar, y tienen que abrirse, y tienen que ser más transparentes, y tienen que adoptar cauces y procedimientos de participación más actualizados, y tienen que ser más democráticos. Pero tienen que ser partidos, herramientas bien preparadas para organizar el espacio público compartido. Aunque eso implique contar con realidades al parecer tan incómodas como las direcciones que tienen que dirigir, los aparatos que tienen que organizar, y los políticos con más y con menos experiencia.

Necesitamos a los partidos. Son imprescindibles para que la democracia funcione. Y cuanto más hagamos por denostarlos, peor nos irá.

CENSURA FALSA

En su afán de convertir la política en un ejercicio permanente de teatralización ante la opinión pública, el señor Iglesias está contribuyendo a inutilizar uno de los instrumentos más relevantes de nuestro ordenamiento constitucional, la moción de censura al Gobierno.

La intención que se oculta apenas tras este último gesto de Iglesias puede deducirse fácilmente del procedimiento empleado en su anuncio. Una comparecencia pública unilateral de Podemos. Irrumpiendo en plena campaña de primarias para elegir secretario general en el PSOE. Avisando con apenas diez minutos de antelación a los dirigentes de los partidos que han de apoyar necesariamente la iniciativa para que prospere.

La moción de censura es una herramienta clave en la institucionalidad política española. El constituyente faculta a la oposición parlamentaria para sustituir a un gobierno inviable por un gobierno viable en circunstancias excepcionales. Las condiciones para su legitimación y eficacia son tres: la excepcionalidad de la situación debe razonarse; la moción ha de incorporar una alternativa en el programa de Gobierno y en su presidencia; y, claro está, ha de contar con apoyos suficientes para salir adelante.

De estas tres condiciones, la moción anunciada por Iglesias tan solo cumple la primera. Porque es cierto que abundan las razones para censurar y sustituir al Gobierno del PP, responsable de propiciar graves injusticias y anegado de corrupción hasta más allá de lo soportable. Pero en el planteamiento de Iglesias no hay rastro de las otras condiciones, ni programa alternativo, ni candidato a la presidencia, ni un mínimo trabajo previo para sumar apoyos a su iniciativa.

¿Por qué? Porque en realidad Iglesias ha planteado una censura falsa, sin posibilidad ni vocación de salir adelante. No tiene un programa alternativo que merezca tal consideración por parte de los demás grupos. El único candidato al que está dispuesto a apoyar es él mismo, y sabe que nunca obtendrá el respaldo suficiente.

Y, además, los números no salen, porque cualquier suma alternativa al PP requiere del apoyo de Ciudadanos y los independentistas. Los primeros han demostrado su decisión de blindar al PP, incluso allí donde sus vínculos con la corrupción son más evidentes, como Madrid y Murcia. Y los segundos se han apresurado a plantear condiciones de imposible cumplimiento, por inconvenientes y por inconstitucionales.

En consecuencia, solo cabe inferir que Iglesias ha lanzado esta iniciativa con la misma finalidad con la que se subió al “tramabús”, para obtener notoriedad pública y para rentabilizar en términos de expectativa electoral favorable el clima de indignación ciudadana ante los casos de corrupción que afectan al PP.

El problema es que estos fuegos de artificio no le salen gratis a nuestra democracia. Trivilializar el uso de un mecanismo constitucional tan relevante debilita a la institucionalidad democrática. El todo vale para la foto genera desconfianza y frustración entre la ciudadanía.

Mientras tanto, Rajoy sonríe satisfecho, porque cuanto más se hable de las performance de Iglesias menos se hablará de la operación Lezo y de las responsabilidades de la dirigencia del PP en el lodazal de corruptelas en que han convertido la vida pública española.

Durante estos días en los que se ha conocido el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, los dos últimos presidentes populares de la Comunidad de Madrid, han sido muchos los madrileños que han rememorado el penoso episodio que dio nacimiento a esta etapa negra de la política en nuestra región: el tamayazo.

Desde el mismo mes de junio de 2003, cuando se perpetró aquel golpe antidemocrático, la gran mayoría de los madrileños concluyeron con buen juicio que las motivaciones de sus protagonistas estaban relacionadas con la corrupción. La conducta de los personajes y las evidencias del entramado revelaban con claridad que aquello se había montado para frustrar el Gobierno decente que habían votado los madrileños, y para dar paso a otro Gobierno con intenciones bien distintas y contrapuestas.

Las informaciones conocidas ahora a propósito de la operación Lezo, sumadas a las ya sabidas sobre Gurtel, Correa, Púnica y demás, ayudarán a muchos a entender aún mejor el qué y, sobre todo, el por qué de aquella operación. Los Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Ricardo Romero de Tejada y demás conspiraron para abrir la mayor etapa de saqueo y rapiña sobre las arcas públicas que se ha conocido en nuestro país desde la recuperación de las libertades.

Ojalá el desarrollo del proceso judicial contribuya además a constatar los detalles del quiénes, del cómo y, sobre todo, del cuánto, en torno a aquel lamentable episodio. Los madrileños merecen saberlo, y los culpables merecen ser debidamente castigados.

Rememorar aquellos días aciagos no me provoca ninguna frustración personal, frente a lo que piensan algunos. La frustración es doble, pero tiene que ver con el presente y el futuro de los ciudadanos de mi Comunidad. La primera frustración es por el daño infligido sobre la propia democracia y su credibilidad. Los madrileños comprobaron cómo se puede torcer a golpe de talonario la voluntad democrática expresada limpiamente en las urnas. No es una buena enseñanza.

La segunda frustración está relacionada con la vida de mis conciudadanos. El saqueo de los corruptos se cebó en la especulación sobre el suelo de Madrid, en el inflado de la burbuja inmobiliaria, en el latrocinio sobre los contratos públicos, en la privatización de servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas… ¿Hasta qué punto un Gobierno decente podría haber mejorado la vida de los madrileños? Quiero pensar que mucho, y ese pensamiento resulta frustrante.

Pero entretanto se constata el por qué y se van aclarando el quiénes, el cómo y el por cuánto, conviene ir resolviendo las responsabilidades políticas. Aguirre, la “jefa”, ha dimitido ya. Pero Cifuentes tiene que dar cuentas también por su papel en la trama, el activo y el pasivo, porque formó parte de la dirección del PP y de su grupo parlamentario mientras se consumaban las fechorías.

Y ahora la carga de la prueba recae especialmente sobre Ciudadanos. Resulta contradictorio hasta lo insoportable el presentarse ante la ciudadanía como una fuerza política regeneradora de la vida pública y sostener al mismo tiempo un Gobierno del PP corrompido hasta el tuétano en Madrid. O se sopla o se sorbe…

El profesor Álvarez Junco nos enseña que la historia la hacen los hombres y las mujeres, no su carácter. Sostiene el profesor que no existe determinismo histórico alguno en razón de supuestos rasgos constantes en el carácter de los seres humanos, ni en el ámbito global ni territorio a territorio. En definitiva, que nuestra historia es fruto de nuestra decisión y no de nuestros genes.

Sin embargo, nuestra memoria histórica a largo plazo es, en buena medida, un tener presente la sucesión constante de conflictos bélicos decisivos y emblemáticos. Las guerras médicas, pírricas y la guerra de Troya en la Grecia clásica. Las guerras púnicas, cartaginesas y dacias en el imperio romano. Nuestra invasión árabe y la posterior reconquista. Las permanentes guerras entre reinos europeos durante la Edad Media. Las revoluciones guerreras de Estados Unidos y de Francia.

Nuestro dos de mayo y la posterior guerra de la independencia. La guerra de secesión norteamericana. Nuestras guerras carlistas, de Cuba, de Filipinas y de Marruecos. La Primera Guerra Mundial. La revolución rusa. Nuestra guerra civil. La Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico árabe-israelí. Las guerras de Corea y de Vietnam. Las guerras de Afganistán, de Chechenia y del Golfo. Las Malvinas. La invasión de Irak. La guerra de Libia. La guerra de Siria…

Y así del tirón, casi sin detenernos a pensar. ¿Podríamos hacer el mismo ejercicio en relación a los grandes inventos, o los progresos de la Humanidad, o los personajes de bien? Lo dudo.

Al parecer, y aún a riesgo de contradecir al profesor Álvarez Junco, hay algo en nosotros que se siente atraído por el fragor de la batalla. Una especie de ardor guerrero, que diría Lorenzo Silva. Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto esos viejos resortes siguen funcionando? ¿Hasta qué punto podemos mirar al pasado con cierto aire de suficiencia para sostener que la Humanidad del siglo XXI se deja llevar antes por la razón que por los tambores de guerra?

Un vistazo a la actualidad de la última semana produce un efecto desasosegante. El inefable Trump siente el agobio de sus sonoros fracasos en materia migratoria y sanitaria. Y reacciona bombardeando un aeródromo sirio entre el aplauso del mundo “civilizado”. Como le sale bien, Trump sigue en la linde tirando “la madre de todas las bombas” (MOAB) sobre sus enemigos, ahora afganos. La contraparte rusa se siente aludida y amenaza con tirar ya no la madre sino “el padre de todas las bombas” (COAB), en cuanto acierte a decidir dónde y sobre quién dejarla caer.

Pero, claro está, la cosa no podía quedar ahí. Si las grandes potencias compiten alardeando del tamaño de sus genitales bélicos, ¿por qué no habrían de hacerlo los demás? Kim Jong Un, que asegura no tener nada que envidiar a Trump, festeja el cumpleaños de su abuelo con un gran desfile de misiles “que pueden llegar de Corea a Estados Unidos”.

El ejemplo cunde, como cabría esperar. El “moderado” Rohani desbragueta sus armas en las calles de Teherán y declara que “nuestro ejército defenderá todo el Oriente Medio ante cualquier amenaza”. Y en la fiesta no podía faltar Nicolás Maduro, desde luego. Mientras el pueblo venezolano sufre un desabastecimiento generalizado en lo más básico, su presidente promete “¡Quinientos mil milicianos bolivarianos más! ¡Con todos sus pertrechos!”, por supuesto. Hasta el flemático londinense Michael Howard no ha dudado en recordar la guerra de las Malvinas para referirse a las implicaciones del brexit sobre el estatus de Gibraltar. ¡Gibraltar!

En este contexto, solo a un excéntrico como el que esto escribe podría parecerle surrealista el último debate en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, con los embajadores de las potencias del mundo discutiendo con seriedad lo “salvaje” que resulta matar niños con gas sarín en Damasco, mientras legitiman sin pestañear los dronazos que también matan niños -muchos más incluso- en Afganistán o Yemen.

Tan surrealista como comprobar que todas las naciones socias de la OTAN convienen en elevar sus presupuestos de defensa hasta el 2% del PIB en lugar de convenir reducirlos. O tan surrealista como saber que el alumno más aventajado en esta lección del gran presupuesto bélico para Europa es el “progresista” Tsipras, con un 2,3% en la castigada Grecia.

No sé si el sabio Álvarez Junco está o no en lo cierto respecto al determinismo histórico, pero a mí no me cuesta casi nada imaginar a algunos de los grandes líderes mundiales que veo cada noche en el telediario ataviados con cota de malla y sus correspondientes gladius y pugios. Casi nada.

 

El Gobierno del PP y el grupo parlamentario de Ciudadanos han acordado dedicar 500 millones de euros del erario público para lo que llaman “complementos salariales”, destinados a trabajadores jóvenes con salarios más reducidos. Además, plantean obtener estos recursos de los fondos que la Comisión Europea transfiere a nuestro país en el marco del programa “Garantía Juvenil”, cuyo objetivo es mejorar la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los más jóvenes.

No es una buena idea. Por tres razones, al menos. El primer error es recurrente en la regulación del mercado laboral por parte de la derecha española, porque limita sus políticas activas de empleo a subvencionar a los empresarios contratantes, bien con reducciones en las cotizaciones sociales, bien con rebajas fiscales o bien con ayudas casi directas como las que se plantean con estos complementos.

Pero es que estas políticas de subvención no funcionan, porque está comprobado que un empresario no contrata a un joven tan solo ni fundamentalmente en razón a lo barato que le resulte su salario. Le contratará, en primer lugar, si le necesita. Y le contratará, en segundo lugar, si el joven referido cuenta con la formación y las habilidades que le son útiles en su empresa.

El segundo error es grave. Porque esta medida premia precisamente a los empleadores más cicateros, a aquellos que pagan salarios más bajos a sus trabajadores jóvenes. Incluso se incentivan los acuerdos espurios para rebajar el salario a aportar por la empresa a fin de obtener la compensación pública. Resulta injusto sufragar con dinero público el salario que no está dispuesto a pagar el empresario que se está beneficiando del esfuerzo del trabajador joven.

Y el tercer error tiene que ver con el fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos precisamente con los recursos que Europa destina a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españoles. Porque estos fondos que nos envía la Comisión Europea no tienen como objeto ahorrar a unos cuantos empleadores los salarios que debieran salir de sus empresas, sino invertir los recursos que el Gobierno español regatea para que nuestros jóvenes mejoren sus capacidades y habilidades de cara a su integración en el mercado laboral.

La derecha española está haciendo el camino que los conservadores británicos en el Gobierno ya están desandando, en virtud de su experiencia. Una de las últimas medidas del Primer Ministro Camerón antes de su dimisión fue precisamente la de elevar el salario mínimo para reducir la factura desmesurada y abusiva que el erario público del Reino Unido estaba pagando en materia de complementos salariales. Iban ya por encima de los 7.000 millones de libras anuales, y los resultados no estaban siendo eficaces en modo alguno.

En algo tienen razón los autores de esta propuesta. Las políticas activas de empleo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la integración laboral de los jóvenes, llevan mucho tiempo fracasando en nuestro país. De hecho, el Tribunal de Cuentas europeo acaba de denunciar en un informe muy duro que el Estado español está resultando el más ineficiente en la aplicación de los fondos destinados a garantizar un contrato laboral o una acción formativa a los jóvenes menores de 25 años.

Los fondos europeos deben asignarse a políticas eficaces para la mejora de la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los jóvenes, y no a premiar con recursos públicos a aquellos empleadores menos dispuestos a pagar salarios justos a los trabajadores más vulnerables de nuestro país.

 

El populismo que amenaza nuestros derechos y libertades de manera creciente en el mundo no es la enfermedad a curar, sino su síntoma. Sin embargo proliferan análisis y tratamientos para la fiebre, mientras se permite crecer sin límite al virus causante.

Los diversos populismos liquidacionistas, los hiper-nacionalismos exacerbados, las fuerzas eurofóbicas, el proteccionismo visceral, las plataformas abiertamente xenófobas, los neo-fascismos que resurgen por doquier, los taumaturgos salvadores… Todos ellos constituyen en buena medida la reacción defensiva de millones de seres humanos amenazados por el incremento global de las desigualdades y la precarización social.

¿Por qué personajes tan controvertidos y limitados como Trump, Le Pen, Wilders, Farage, Grillo o Iglesias logran el apoyo de millones de ciudadanos? No es debido a su catálogo de soluciones bien fundamentadas para afrontar los problemas de la gente, desde luego. Tampoco es por la credibilidad de sus trayectorias o por la calidad de sus equipos.

Sencillamente, estos personajes aciertan al expresar el enfado de millones de votantes. Señalan con el dedo a un culpable creíble y fácilmente identificable, sean inmigrantes, islamistas o miembros de la casta. Y plantean un recetario de soluciones tan simples como falsas, desde la salida de Europa a la construcción de un muro infranqueable, pasando por la expulsión de los inmigrantes, el impago de las deudas públicas o el establecimiento inmediato de una renta universal.

¿Y de dónde viene tanto enfado para alimentar reacciones tan puramente emocionales y tan peligrosas? De las consecuencias de la globalización sin reglas y del imperio del capitalismo salvaje.

Si la globalización se construye bajo la ley de maximizar el beneficio de unos pocos. Si la integración de Europa se rige prioritariamente por la austeridad implacable y el control draconiano de los déficits. Si la economía de cada Estado se somete ante todo al criterio de ganar competitividad a toda costa, los sacrificados son las clases medias y trabajadoras que pierden derechos y bienestar a gran velocidad.

Esto es lo que ha ocurrido. La globalización y el avance tecnológico han traído grandes ventajas para unas minorías y grandes desventajas a las mayorías. Mayores niveles de paro, empleos más precarios, salarios más bajos, mayor desigualdad, más marginalidad, más exclusión, más pobreza. Los excluidos lo siguen siendo. Pero los antes pobres caen en la exclusión. Los precarios caen en la pobreza. Las clases medias bajas se precarizan. Las clases medias altas pierden posiciones.

Los ascensores sociales propios del modelo social que pactaron socialdemócratas y demócratas cristianos en la segunda mitad del siglo XX europeo ya solo funcionan para la bajada. Los jóvenes no ven futuro. Los padres temen por sus hijos. Los mayores que pierden el trabajo se ven arrojados a la exclusión. Las mujeres ven frustradas sus expectativas de igualdad. Crece la incertidumbre, el miedo al futuro, la desesperanza.

Mientras tanto, los medios de comunicación y las redes sociales muestran los signos del éxito y la opulencia de los ganadores de la globalización.

Entonces llega Trump, o Le Pen, o Iglesias, y a todos estos perdedores les dicen que sí, que tienen razones para enfadarse, que los culpables están ahí delante, que hay que echarlos, y que hay que hacer lo que hay que hacer, porque ya está bien. Y muchos les escuchan, y muchos hasta les votan…

Y podemos desgañitarnos para desenmascararlos. Y podemos convencer a muchos de que en realidad estos salvadores solo son unos aprovechados de la desesperación ajena, y que no tienen capacidad ni voluntad de solucionar nada.

Pero mientras el problema de fondo siga ahí, los salvadores seguirán apareciendo, sembrando odio y recogiendo sus cosechas de confianza inmerecida.

Por eso es importante atender a la enfermedad en lugar de aminorar tan solo los síntomas.

La globalización debe reglarse, integrando los espacios públicos, armonizando sus normas. Los rendimientos de la prosperidad deben distribuirse con equidad. Los beneficios del avance tecnológico deben repartirse con justicia. El mercado libre debe convivir con la garantía del derecho de los trabajadores a vivir de su esfuerzo con dignidad. Las expectativas de desarrollo deben contemplar las seguridades inherentes al Estado de Bienestar, y cubrir las necesidades básicas de toda la población, y combatir la desigualdad y la pobreza.

Los ascensores sociales deben funcionar también hacia arriba, premiando el esfuerzo. Los jóvenes deben creer nuevamente en el pacto que retribuye la formación y el trabajo duro. Las mujeres deben tener la certeza de que la igualdad legal no tropezará con la discriminación de facto. Y los mayores deben confiar en una retirada sin penurias.

Solo así convertiremos a los Trump de nuestro mundo en una pesadilla pasajera.