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¿QUIÉN PIENSA EN LOS GRIEGOS?

El pulso dramático que estamos viviendo entre las autoridades del Eurogrupo y el Gobierno griego tiene mucho más de político que de económico, y en el bando perdedor no figuran por ahora ni Dijsselbloem ni Tsipras, sino millones de griegos y de europeos atrapados en una espiral de decisiones irracionales e irresponsables.

La negociación a la que estamos asistiendo entre Bruselas y Atenas es una negociación tramposa, porque bajo el orden del día explícito de cada encuentro existe una agenda oculta que impide por ahora cualquier acuerdo.

Más allá de las declaraciones públicas, Dijsselbloem, Juncker y Merkel buscan dar una lección de sometimiento a quienes se oponen a la estrategia de la austeridad. Y tras toda la retórica victimista de Tsipras y Varufakis se esconde la servidumbre de una reciente campaña populista sembrada de promesas imposibles de cumplir.

Por lo tanto, la situación de bloqueo no se resolverá hasta que unos y otros se pongan a trabajar por lo que realmente importa: asegurar a la vez el cumplimiento de las obligaciones crediticias de Grecia y la viabilidad de su economía y de su sociedad. Sin vencedores ni vencidos. Tan legítima es la reclamación del Eurogrupo para que se paguen las deudas, como la exigencia griega de que tal pago no arrastre a sus ciudadanos a la ruina económica y social.

Partimos de dos graves incumplimientos. El Eurogrupo parte del pecado original de quien pretende obtener todas las ventajas de un espacio monetario común, sin asumir los costes inevitables de armonización y de pérdida consiguiente de soberanía para los Estados miembros. No habrá euro solvente mientras no haya unidad monetaria y fiscal, mientras no se mutualicen las deudas y mientras no se aseguren unos mínimos para el bienestar social común.

Y la sociedad griega parte del error de considerar que puede beneficiarse de formar parte del club del euro manteniendo una idiosincrasia en el funcionamiento de su Estado que resulta incompatible con las reglas más básicas de este club. Por ejemplo, en el club del euro los impuestos se establecen para que se paguen y para que se recauden. Y, por ejemplo también, las cuentas públicas no deben simularse o falsearse.

El referéndum convocado por Tsipras supone un paso más en la escalada de la irracionalidad. No puede haber reproche moral ni político para un Gobierno que ha de adoptar una decisión difícil y quiere consultar a la ciudadanía. Pero no es lícito hacer uso de una consulta popular express para arrancar concesiones en una negociación, preguntando al pueblo por una oferta negociadora difícil de entender, y además caducada.

Si los representantes del Eurogrupo renuncian a su pretensión aleccionadora de heterodoxos con la austeridad, y si el Gobierno griego rectifica sus posiciones dogmáticas a la vez que sus discursos populistas, quizás veamos la luz al final de este túnel tenebroso. Debieran hacerlo, sobre todo, pensando en los millones de griegos y de europeos en general que contemplan el espectáculo entre el estupor y el miedo.

BANDERAS Y BANDERÍAS

El filósofo prusiano Ernst Cassirer definió al ser humano como un “animal simbólico” y dedicó buena parte de su reconocidísima obra a estudiar su vida en sociedad a través de la simbología política. No cabe dudar del papel decisivo que los símbolos han jugado a lo largo de la historia en la organización del espacio público que compartimos.

Uno de los símbolos políticos más característicos es la bandera y su utilización ha sido tan variada como los colores y los signos con que puede configurarse. Ha habido y hay banderas para el bien y para el mal, para la paz y para la guerra, para unir y para desunir, para construir y para destruir.

Hace unos días, Pedro Sánchez hizo uso de la bandera constitucional española como un elemento simbólico más en su proclamación como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. El gesto no carecía de significado, desde luego. Pretendía simbolizar algo: la voluntad de liderar un proyecto de ciudadanía compartida para el bien común.

El proyecto del PSOE y de Pedro Sánchez pretende superar las muchas fracturas que sufre nuestro país, en lo económico, en lo social, en lo territorial, entre los hombres y las mujeres, entre las distintas generaciones. ¿Qué mejor símbolo para tal propósito que la bandera de la Constitución que propugna en su artículo primero la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo como valores superiores de la convivencia entre españoles?

Tan absurdo resulta magnificar el gesto de mostrar la bandera española, junto a los habituales símbolos del PSOE, como denostar su utilización con propósito tan razonable. Ni el candidato socialista pretendió sustituir su programa de gobierno por la bandera, ni intentó en momento alguno apropiarse de los valores comunes asociados a este símbolo que a todos representa y a todos concierne.

Algunas críticas llegadas desde la derecha reflejan el carácter sectario que aún define el discurso y la acción política de ciertos dirigentes. Manifestar que la adhesión a la bandera constitucional española es incompatible con el apoyo a la investidura como alcaldes y alcaldesas de quienes han obtenido la confianza de los españoles, resulta tan contradictorio como anacrónico, y evoca aquellos tiempos para olvidar en los que se acusaba de “anti-España” a quienes se pronunciaban contra el régimen del oprobio franquista.

Algunas alusiones pronunciadas desde otros ámbitos de la izquierda también merecen rechazo. Proclamar que quienes exhiben banderas se olvidan de “la gente” o de sus problemas parece suponer falazmente que hay alguna incompatibilidad entre colocar una bandera en un escenario y trabajar para la mejora de la sanidad o la educación de los españoles. Se trata, precisamente, de expresar la voluntad de establecer grandes metas comunes para el bienestar de “la gente” y de articular iniciativas comunes para alcanzarlas.

Cuando el dirigente de Podemos prescinde de la corbata, se deja la coleta o dibuja un círculo en su logotipo morado también está haciendo uso de los símbolos. A nadie en el PSOE se le ha ocurrido reprochar a Iglesias que confunde el progresismo con la indumentaria informal, o que hace falta menos coleta y más compromiso real con la nueva política, por ejemplo haciendo dimitir a sus cargos públicos imputados por la Justicia.

Pedro Sánchez pretendía simbolizar que es tiempo de puentes y no de frentes, tiempo del “qué hay de lo nuestro” antes del “qué hay de lo mío”. España necesita un Gobierno que no acentúe las divisiones, sino que apueste por la unidad del proyecto común, del bien común, del futuro común.

Los españoles hemos gastado demasiado tiempo y demasiadas energías en afirmarnos unos contra otros, en diferenciarnos unos frente a otros, en separarnos unos de otros. Hemos vivido una época de fragmentación y de combate permanente entre españoles de diferentes identidades, de diferentes territorios, de diferentes edades, de diferente género y de diferente condición social. Es hora de articular lo que nos es común en un proyecto de ciudadanía compartida, un proyecto de país, a partir de valores progresistas, que son muy mayoritarios en la sociedad española. Esa es la apuesta del PSOE.

La bandera no es panacea para ningún mal. Pero si ayuda a simbolizar el propósito de unir fuerzas para el bien común, sin molestar a nadie ¿por qué esconderla?

RADICALIDADES

RADICALIDADES

Rajoy vuelve a errar en la estrategia de descalificar a sus oponentes políticos como radicales. La sarta de improperios que ha dedicado a los nuevos gobiernos fruto de acuerdos progresistas casi no tiene fin: sectarios, estrafalarios, extremistas, a las órdenes de Venezuela, contrarios a la voluntad democrática de los españoles, contratos de adhesión con radicales…

Tales calificativos muestran tres cosas, al menos. Primero, un estado de nerviosismo impropio de un dirigente político con la trayectoria de Rajoy. Segundo, unas convicciones democráticas cuestionables, puesto que todos y cada uno de los gobiernos aludidos por el Presidente lo son por decisión de la ciudadanía.

Y tercero, la estrategia se le volverá en contra: la beligerancia de Rajoy tapará y compensará buena parte de los errores cometidos por los nuevos gobiernos, y evidenciará aún más el aislamiento que ha llevado al PP a la oposición en la mayoría de las instituciones.

La dirección del PP demuestra no haber entendido nada de lo ocurrido el 24 de mayo. La mayoría de los españoles han optado por el cambio. El cambio consiste en un giro hacia la izquierda de la centralidad política en el país. Y el cambio reclama nuevas formas en la política, con más diálogo, más acuerdo, más transparencia y más garantías frente a la corrupción.

No será por la radicalidad en su lucha contra los desahucios, o en sus exigencias de limpieza en los contratos, por lo que la ciudadanía cuestionará a las nuevas fuerzas políticas que se han situado al frente de instituciones muy relevantes. Podrán cuestionarlas por sus incoherencias y por sus insolvencias.

No es coherente, por ejemplo, que Carmena y Podemos consideren ahora su programa electoral en Madrid como simples “sugerencias”, que renuncien al prometido banco público sin explicación o que justifiquen por la “falta de tiempo” la apertura veraniega de comedores escolares, que sí van a promover para este mismo verano muchos Ayuntamientos socialistas, también recién constituidos.

Tampoco es coherente mantener en su cargo a una concejala imputada por la Justicia o a varios concejales protagonistas de declaraciones públicas impropias no ya de un responsable público, sino incluso de una persona mentalmente equilibrada. No es coherente que la nueva política promueva la limpieza de los colegios mediante cooperativas de madres.

Y no es coherente nada de esto porque quienes cometen tales errores se han caracterizado durante los últimos meses por un altísimo nivel de exigencia política y moral a todos los demás. “En política el perdón se conjuga dimitiendo”, sostenía hasta hace bien poco un significado dirigente de Podemos.

Ahora bien, estas incoherencias y estas insolvencias manifiestas no facultan al Presidente del Gobierno para practicar el discurso del miedo y para tachar a cientos de alcaldes y concejales, elegidos democráticamente, como radicales peligrosos al servicio de Venezuela.

Puestos a identificar radicalidades peligrosas, el propio Rajoy es responsable principal de unas cuantas. En estos días hemos conocido, por ejemplo, que el número de millonarios ha crecido en España un 40% desde el inicio de la crisis, al tiempo que el presupuesto con el que las familias salen adelante cada mes disminuía un 15%. Esto es radicalmente injusto.

Radical ha sido la reforma laboral que ha condenado a la precariedad laboral y a salarios de miseria a millones de españoles. Radical ha sido el copago farmacéutico para los pensionistas o la muerte por inanición de la Ley de la Dependencia. Y radical ha sido el escándalo de los tesoreros del PP llevándose los millones de sus mordidas a Suiza. Todo esto es bastante más radical que las incoherencias, las insolvencias y las torpezas de Carmena y compañía.

En todo caso, nuestros Ayuntamientos, nuestros Gobiernos autonómicos y nuestro país no necesitan ni las radicalidades de unos ni las insolvencias de otros, sino un cambio seguro y solvente en el sentido al que apuntan los principios y los intereses de la mayoría: políticas progresistas en instituciones limpias y abiertas. Claro que esto se inventó hace mucho tiempo. Se llama socialdemocracia, y en España tiene un activo con más de 130 años de historia.

¿NUEVA POLÍTICA?

Una de las grandes incógnitas del nuevo tiempo que se abre en la política española a partir de las elecciones del 24 de mayo tiene que ver con el comportamiento de los nuevos partidos. ¿Hasta qué punto estos nuevos partidos representan nuevas formas y nuevos contenidos en el quehacer político de nuestro país?

Hasta ahora, sin embargo, las prioridades y las actitudes de los nuevos partidos no representan con carácter general una “nueva política” sino que, más bien, están reproduciendo viejos tics bajo nuevas siglas y nuevos nombres propios. Están por ver las consecuencias que esta frustración provoque en el escenario político del futuro más próximo.

Las aproximaciones a los acuerdos para la formación de los gobiernos autonómicos y municipales han tenido más bien poca novedad. Las estrategias de los partidos nuevos han estado más marcadas por el poder que por los contenidos programáticos. A Rivera y a Iglesias se les ha escuchado pocas referencias al empleo, a la educación o a la sanidad.

El discurso de los nuevos líderes se ha referido más bien a cuestiones más ajenas a la preocupación inmediata de la ciudadanía, como los métodos de elección de candidatos, la composición de los consejos consultivos o los “giros” más o menos abstractos que deben protagonizar los demás

Llama la atención especialmente que aquellos que más insistían en su desprecio por los “sillones”, como Ciudadanos, se hayan estrenado en el Parlamento madrileño obteniendo un sillón privilegiado, la Vicepresidencia Primera de la Asamblea, que no les correspondía como cuarta fuerza en número de votos. Aún no sabemos a cambio de qué han obtenido este sillón. Pero nos lo imaginamos.

También resulta chocante la conducta de aquellos que asumen con naturalidad que otros partidos les apoyen para liderar los cambios allí donde son primera o segunda fuerza, como ha ocurrido en los Ayuntamientos de Madrid o de Valencia, pero que, sin embargo, se niegan a sumar apoyos para favorecer el cambio donde son tercera o cuarta fuerza, como en Gijón, por ejemplo.

La contradicción entre los discursos de la regeneración democrática y el apoyo al PP madrileño es demasiado patente. Mientras PP y Ciudadanos votaban una y otra vez en bloque en la Asamblea de Madrid el pasado 9 de junio, la Guardia Civil entraba en varios Ayuntamientos regentados por el partido de Aguirre y Cifuentes en el marco de la operación Púnica. Alguno de los alcaldes concernidos estaba presente en aquellas votaciones como diputado electo del PP.

El escaso rigor con que se ha estrenado el primer vicepresidente del Parlamento madrileño, renunciando a un coche oficial que no le correspondía, tampoco es cosa nueva. Como no lo es el transfuguismo de cargos de otros partidos que nutren Ciudadanos y Podemos. O la renuncia patente a la paridad de género en el equipo de gobierno que la señora Carmena se ha apresurado a anunciar, incluso antes de cerrar un acuerdo con quienes han de votarle para ser alcaldesa.

El mandato de la “nueva política” acaba de comenzar y todos merecen un margen de confianza. Ahora bien, mucho de lo que estamos viendo en estos días no es precisamente nuevo…

 

¿ALGUIEN SE ACUERDA DE LA CIUDADANÍA EN ESTOS PACTOS?

La primera pista llegó con aquella condición tan llamativa que un partido “emergente” planteó como “línea roja” para facilitar la formación de gobiernos regionales: que se celebren elecciones primarias en los partidos.

Enseguida aparecieron más “líneas rojas” en el mismo sentido: “Antes de empezar a hablar, Gallardón y Leguina deben salir del Consejo Consultivo de Madrid”.

Y la confirmación llegó de la mano de esos titulares tan del gusto de los gurús más “cool” en la nueva comunicación política: que si los gobiernos “no saldrán gratis” y que si tal o cual partido debe “dar un giro de 180 grados”.

Imagino la profunda decepción que habrán sufrido millones de españoles ante exigencias tan originales por parte de quienes se presentaron a sí mismos como baluartes de la “nueva política” y de la “regeneración democrática”.

¿Que celebremos primarias? ¿Que Gallardón y Leguina dejen de percibir sueldo público en un Consejo Consultivo para percibirlo en la Fiscalía o en el Instituto de Demografía? ¿Que no sé quién gire no sé cuántos grados de no sé dónde a nadie sabe qué lugar?

¿Y qué hay de los 600.000 mil parados que tenemos en Madrid? ¿Qué hay del 90% de madrileños que solo alcanzan a firmar contratos precarios? ¿Qué hay de los 250.000 trabajadores pobres de Madrid? ¿O de la sanidad en riesgo de privatización? ¿O de la educación recortada? ¿O de la dependencia jibarizada?

Los acuerdos entre fuerzas políticas son una necesidad derivada de los resultados electorales y de la ausencia de mayorías en Ayuntamientos y Parlamentos autonómicos. Pero la finalidad de los acuerdos no puede limitarse a los cálculos tacticistas de unos y otros de cara a las siguientes elecciones.

Gabilondo lo ha denunciado a su modo y tiene toda la razón. “Hay que hablar de la ciudadanía antes de las elecciones, y también después de las elecciones”. Porque pareciera que muchos de los que apelaban al interés de la ciudadanía hasta el 24 de mayo, solo atienden ahora al interés de su propia imagen pública o al interés de su partido en la lucha por la Moncloa.

¿Alguien ha escuchado a alguno de estos líderes emergentes hablar sobre las políticas activas de empleo necesarias en Madrid? ¿O sobre la necesidad de fortalecer la atención primaria para descongestionar las urgencias sanitarias? ¿O sobre la pertinencia de rebajar las tasas universitarias para el próximo curso?

Ni una palabra. Solo primarias, personajes ilustres con los que hacer titulares y frases huecas de puro marketing. Y después nos quejamos de la desafección a la política.

En Madrid algunos estamos empeñados en hacer realidad el cambio que los madrileños han votado muy mayoritariamente. Tenemos un candidato honesto y capaz para encabezarlo. Se llama Ángel Gabilondo. Y quizás podamos sacarlo adelante, si algunos comienzan a pensar antes en el futuro de la ciudadanía madrileña que en su propio futuro.

CIUDADANOS, PARA EL CAMBIO O PARA LA CONTINUIDAD

Pasar de las tertulias a las instituciones tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas tienen que ver con la capacidad de influencia y decisión que se asume. Los inconvenientes consisten en la responsabilidad inexorable de tomar decisiones, aunque resulten incómodas, y en la imposibilidad manifiesta de seguir defendiendo a la vez una cosa y la contraria.

En las tertulias y en las entrevistas de los medios pueden sortearse las decisiones más comprometidas. Sin embargo, cuando se cuenta con un grupo parlamentario en un Parlamento, las decisiones no se pueden sortear. Y las decisiones tienen consecuencias, para la colectividad y para la organización propia.

Ciudadanos ha irrumpido con éxito en la vida política española con el discurso de la eficiencia económica y la regeneración democrática. Sus dirigentes han explicado con reiteración que quieren cambiar el modelo productivo vigente, haciéndolo descansar en la investigación, la innovación y el conocimiento. Y han defendido la necesidad de afrontar cambios profundos en la institucionalidad democrática, con más transparencia, mejores instrumentos de participación y un compromiso firme contra las corruptelas.

Con este discurso de cambio, Ciudadanos ha obtenido apoyos muy relevantes del electorado, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde sus 17 escaños resultan decisivos para conformar el futuro gobierno regional.

La disyuntiva insoslayable que tiene este nuevo partido ante sí consiste en lo siguiente: o confirman su disposición para el cambio, o renuncian a su discurso reformista y apoyan con sus votos la continuidad de las políticas del PP de Aguirre y Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Cualquier decisión que adopte será legítima y respetable, pero tendrá consecuencias, sobre todo en su credibilidad ante la ciudadanía de Madrid y del conjunto de España.

El voto a favor de la investidura de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid sería un voto por la continuidad de las políticas que Ciudadanos ha venido denunciando insistentemente durante los últimos meses. Cifuentes es la candidata del PP que preside Esperanza Aguirre, ha sido la Delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid, y ha sido corresponsable, como diputada autonómica y dirigente del PP madrileño, de todas las decisiones que la derecha madrileña ha adoptado en orden a los recortes de derechos, las privatizaciones de servicios públicos y el compromiso insuficiente contra la corrupción, que ha permitido casos como Gurtel y Púnica.

Una eventual abstención en la investidura de Ángel Gabilondo, si este lograra el apoyo de Podemos, daría lugar a un gobierno de cambio auténtico en la Comunidad de Madrid, tras 20 años de gobiernos del PP. El perfil de Gabilondo es una garantía de cambio en sí mismo. Se trata del candidato mejor valorado por los madrileños, porque su programa, su trayectoria y su talante aseguran una disposición firme a favor de un desarrollo económico moderno y justo, unas políticas públicas eficientes para el bienestar social, y una limpieza absoluta en las instituciones madrileñas.

Gabilondo ha manifestado en muchas ocasiones que uno de los males de nuestra política reside en el partidismo, antes que en el bipartidismo tan denostado por algunos. Sustituir un el bipartidismo que se denuncia por un monopartidismo, otro bipartidismo o un tetrapartidismo nuevo no serviría para mejorar la calidad de la democracia. Hace falta superar el partidismo más sectario, abandonar las tentaciones dogmáticas y frentistas, para anteponer el interés general de la ciudadanía y los procedimientos democráticos del diálogo, la participación cívica y los acuerdos sobre los grandes proyectos colectivos a emprender. Gabilondo tiene el perfil adecuado para emprender esta estrategia.

La situación del Parlamento de Madrid es muy distinta de la que se vive en el Parlamento andaluz. En Andalucía solo existe una alternativa de gobierno viable, la que en lidera el PSOE y Susana Díaz tras ganar las elecciones. No existe posibilidad de un acuerdo distinto entre las demás fuerzas políticas, según se ha comprobado. La disyuntiva en Andalucía, pues, consiste en posibilitar el único gobierno factible o bloquear sine die la gestión de los intereses generales. En Madrid, sin embargo, hay dos opciones perfectamente viables: la continuidad o el cambio.

Está en juego el futuro de la ciudadanía madrileña, y esto es lo más importante. Pero Ciudadanos también se juega su credibilidad como opción política de cambio, de modernización y de regeneración democrática.

A VOTO LIMPIO

A VOTO LIMPIO

La política es la actividad mediante la que hombres y mujeres organizamos el espacio público que compartimos. Es, por tanto, una actividad imprescindible. Y cuando responde a los valores y a la voluntad de las mayorías es, además, una actividad democrática y noble. Sin embargo, pocas actividades humanas están tan denostadas ante la opinión pública hoy día como la política. Hasta el punto de que muchos de los candidatos que se presentan a las elecciones del día 24 se apresuran paradójicamente a tomar distancias con la política e, incluso, a negar para sí mismos la cualidad del político.

¿Por qué? Porque a menudo se confunde la política con conductas reprochables como el partidismo sectario o el aprovechamiento particular de la representación pública. Y la política, como otras muchas actividades humanas, no es ni buena ni mala en sí misma. Hay políticas buenas y malas, como hay políticos que merecen reconocimiento y otros que merecen reproche. Pero declararse ajeno a la política es tan absurdo como declararse ajeno al transcurrir de los días. La política es inexorable, pero puede llevarse a cabo conforme a la participación de los más o conforme a la participación de los menos. Esta es la cuestión.

En consecuencia, los discursos que llaman a desconfiar de la política con carácter general, o los que establecen una indiferenciación falaz, el “todos son iguales”, en realidad están promoviendo un escenario político concreto: el escenario conservador en el que las mayorías con valores progresistas desisten en la capacidad reformista de sus votos, y permiten que sigan gobernando las minorías con valores regresivos.

En democracia, el voto no es solo un derecho. Es también un deber cívico. Tenemos el deber de interesarnos, de opinar, de participar, de influir y de votar, para que el criterio de cada uno de nosotros cuente en la formación de la voluntad democrática para la organización del espacio público que compartimos. La auto-marginación de la política y del voto no equivale a una postura coherente de rechazo a la institucionalidad presente, sino un apoyo poco inteligente y poco responsable a su permanencia indefinida, y un desistimiento absurdo ante la posibilidad de los cambios deseados. El que calla otorga, en política también.

Como todo deber cívico, el voto ha de ejercerse con responsabilidad. Primero votando. Y después votando en función de las convicciones propias y de los objetivos que se comparten. El voto responsable es el voto que valora los idearios, los programas, los equipos y la credibilidad de las distintas opciones antes de descantarse por una de ellas.

Todos los votos son respetables en democracia, pero unos son más coherentes que otros. Es poco coherente, por ejemplo, votar a la contra, o el voto del enfado y del desahogo. Votar para fastidiar a unos o a otros, porque puede acabar uno fastidiándose a sí mismo. El voto del hartazgo, del “que se vayan todos”, del “qué más da”, puede llevar a las instituciones a muchos representantes sin ideas, sin proyectos, sin equipos y sin solvencia para afrontar retos y para resolver problemas. Y no podemos permitirnos cuatro años de Ayuntamientos y de Gobiernos autonómicos bloqueados e incapaces de administrar la economía, el empleo, los servicios públicos o la convivencia misma.

Respetable pero incoherente es el voto del riesgo. El voto a la formación que apenas se conoce por la imagen de uno de sus dirigentes o la frase ocurrente del tertuliano. Tras algunas sonrisas de cartel y algunas habilidades trabajadas en cursos de dialéctica televisiva, se esconden populismos vacuos e insolvencias manifiestas, que hoy pueden defender A con contundencia, para mañana desdecirse y defender B, C o D, con el mismo furor irreflexivo, tan solo para agradar a las audiencias. ¿Queremos este tipo de políticos al frente de nuestros colegios y hospitales?

Legítimo pero incoherente es el voto conservador, especialmente para aquellos que prefieren el cambio. Quienes llevan años gobernando o sosteniendo gobiernos contrarios a las convicciones de la mayoría, carecen de credibilidad para cambiar de cartel, de eslogan y de discurso y presentarse ante la ciudadanía como adalides del tiempo nuevo. No. Votar a la derecha es votar lo que ha hecho la derecha, lo que la derecha hace y lo que la derecha siempre hará.

El cambio es posible. Pero el cambio seguro y factible exige un voto responsable. No se cambia sin votar. No se cambia votando conservador. Y no se cambia con el voto de la protesta y el bloqueo. Se cambia con el voto de cambio coherente y reformista. El cambio no llega tan solo con el discurso del cambio o la voluntad del cambio. El cambio requiere convicciones, ideas, programas, equipos. Porque de lo contrario, el cambio proclamado puede convertirse tan solo en cambio frustrado.

Cambiemos. A voto limpio.

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