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simancas241116

El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración una proposición de ley con el objeto de subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, tal y como obliga la Carta Social Europea que nuestro país suscribe. Salió adelante con los 173 votos de PSOE (que tiene registrada la propuesta), Podemos (que la incluyó en orden del día) y otros grupos, a pesar del voto contrario del PP (137) y la abstención de Ciudadanos (30).

Se trata de una medida muy relevante, con una gran repercusión social, que adelanta en buena medida las posibilidades que ofrecen las mayorías alternativas al acuerdo PP-Ciudadanos en las Cortes Generales.

Para justificar su oposición a la subida salarial, el PP amenazó con la llegada de los cuatro jinetes del Apocalipsis, desde la inflación desatada y los despidos masivos, al cierre de empresas y la pérdida dramática de ingresos públicos. La realidad, sin embargo, es que el apocalipsis lo están sufriendo ya, merced a las políticas del PP, el 13,2% de trabajadores pobres con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

La subida del salario mínimo resulta indispensable para recuperar la grave devaluación salarial que se ha producido durante los cinco últimos años, a causa de la reforma laboral del PP y su estrategia para ganar competitividad de la peor manera posible, mediante la rebaja de los sueldos y los derechos de los trabajadores. Porque un país que apuesta su desarrollo a los salarios bajos es un país socialmente injusto, económicamente débil y democráticamente enfermo.

La fijación del salario mínimo es un instrumento clave para las políticas de cohesión social, para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores y para prevenir y combatir, por tanto, la pobreza y la exclusión social. De hecho, la Agencia Tributaria nos dice que en 2015 el 34% de los trabajadores, más de 5,5 millones, cobró salarios por debajo de los 655 euros mensuales del mínimo vigente, a causa de los contratos precarios.

La evolución del salario mínimo durante los cinco últimos años constituye la secuencia más empobrecedora desde su instauración durante la dictadura franquista. En 2012 y 2014 se congeló, y las subidas mínimas de 2013, 2015 y 2016 no recuperaron lo perdido. Por el contrario, durante los gobiernos socialistas entre 2004 y 2011, el salario mínimo pasó de 460 a 641 euros al mes, un 40% de incremento, a pesar de los años de crisis a partir de 2008.

Los salarios bajos, la precariedad laboral y el aumento de la pobreza son fenómenos que sedan la mano en nuestro país: un 28,6% de españoles viven bajo el umbral de la pobreza, según Intermón-Oxfam. El Índice de Precios del Trabajo refleja una caída de la capacidad de compra de los salarios del 9% entre 2008 y 2014. Los salarios por debajo de 655 euros se redujeron en un 15% entre 2011 y 2014, por una subida del 10,4% en los salarios por encima de 3.353 euros.

La participación de las rentas del trabajo en la renta nacional retrocedió desde el 51,6% en 2008 hasta el 47,7% en 2015. Los salarios vinculados a contratos temporales se situaron en 2014 un 31% por debajo del salario medio… Y a todo esto, España mantiene un salario mínimo a la mitad de los salarios mínimos de nuestros vecinos europeos: 764 euros en 12 pagas en España, por 1.343 en Reino Unido, 1.440 en Alemania, 1.446 en Francia y 1.531 en Bélgica.

Si existen razones de justicia social para subir el salario mínimo, también son relevantes los argumentos de racionalidad económica. La derecha aplica la doctrina liberal que confía la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de la economía a la flexibilidad en el mercado de trabajo y a los bajos salarios. Pero es que, además de provocar desigualdad, empobrecimiento e injusticias, la fórmula no funciona.

Los modelos económicos que basan su crecimiento en salarios bajos acaban desincentivando la adopción de decisiones que sí generan competitividad y sí fortalecen la economía, como la innovación, la investigación, la formación y la internacionalización. Estos modelos siempre acaban encontrando, además, competidores dispuestos a rebajar aún más los salarios de sus trabajadores.

¿Alguien puede sostener que la economía española es, con 655 euros de salario mínimo, una economía más competitiva que la alemana, con 1.440? Hasta el FMI alerta ya de los riesgos inherentes a estos modelos errados de competitividad: caída en los estímulos a la formación, caída del consumo y la demanda interna, descrédito institucional…

Las economías más fuertes y competitivas son precisamente las economías más justas y equitativas, las que apuestan por la formación, la calidad de los empleos y los salarios dignos.

Un argumento más: el puramente democrático. La desigualdad es el principal enemigo de la democracia. No hay mayor disolvente en la credibilidad y la estabilidad de la democracia que las desigualdades crecientes y la desesperanza de la mayoría por su propio futuro y el de sus hijos. Desigualdad, populismo y riesgo para la democracia son caras de la misma moneda.

Cuando el ciudadano desesperado acude al médico y el médico no le escucha o no le resuelve sus problemas, el ciudadano acude al curandero, o al brujo, o al chamán o al taumaturgo. No le resolverá los problemas. Se los agravará, incluso, pero le proporcionará una manera de encauzar su frustración y su enfado.

No se combate el populismo negando los problemas, o esgrimiendo inmovilismo o resignación frente al liquidacionismo, o rechazando propuestas sensatas como la de subir el salario mínimo. El populismo se combate cambiando la realidad en el sentido de la equidad y la justicia.

En eso estamos.

simancas171116

El debate sobre la viabilidad del sistema de las pensiones públicas es un debate tan importante como recurrente en la sociedad española. Y generalmente se dan dos constantes.

Primera constante. Los riesgos para el equilibrio del sistema suelen llegar de la mano de la gestión de la derecha. Ahora por la vía del vaciamiento del Fondo de Reserva, para compensar los regalos fiscales a los más pudientes, y por el camino de la precarización dramática en contratos y salarios.

Y segunda constante. La derecha suele lanzar globos sonda para reequilibrar el sistema aminorando los gastos. Es decir, recortando las prestaciones. Ahora les ha tocado a las viudas, porque el sondeo apunta a excluir sus pensiones del ámbito contributivo de la Seguridad Social, con los riesgos consiguientes de precarización.

La derecha política y económica lleva algún tiempo planteando la posibilidad de excluir la cobertura financiera de las pensiones de “muerte y supervivencia” (viudedad y orfandad fundamentalmente) del ámbito de las cotizaciones sociales, para que sean financiadas con cargo a las transferencias del presupuesto del Estado a la Seguridad Social.

Hablamos de 2.742.219 pensionistas, de los que 2.359.827 lo son por viudedad. Se trata de mujeres en más del 92% de los casos, que cobran como media poco más de 530 euros al mes. El gasto mensual en este capítulo alcanza los 1.658 millones de euros, y en este año 2016 el gasto total no llegará a los 23.200 millones de euros. De este gasto, más de 20.000 millones saldrán de las cuentas de la Seguridad Social, y los 3.000 millones restantes saldrán de las cuentas del Estado, por tratarse de complementos de mínimos.

El cambio que se apunta no es baladí, ni para los perceptores de las prestaciones, ni para el sistema de la Seguridad Social. Si las pensiones de viudedad no se financian desde la Seguridad Social, su consideración jurídica pasaría de prestaciones contributivas a prestaciones no contributivas. La cuantía de las prestaciones contributivas mantiene una relación directa y lógica con lo cotizado por el trabajador fallecido. La cuantía de las prestaciones no contributivas no ha de mantener tal relación, también por pura lógica. ¿Por qué pagar pensiones diferenciadas, en función del salario del causante fallecido, si las pensiones se pagan con los impuestos de todos?

Además, las prestaciones no contributivas, aunque sigan formando parte del sistema de la Seguridad Social, son gestionadas por las Comunidades Autónomas, que son competentes en materia de servicios sociales. Parece razonable anticipar, por tanto, que los gobiernos autonómicos reivindicarían gestionar estas pensiones. Y teniendo en cuenta el principio de auto-organización de los servicios públicos reconocido a las Comunidades Autónomas en sus Estatutos, ¿quién puede garantizar que todos los españoles con derechos recibirían sus prestaciones con las mismas cuantías y en las mismas condiciones? ¿Qué sería de la igualdad requerida al sistema? ¿Acabaríamos teniendo 17 sistemas distintos y desiguales en las pensiones de viudedad, como ya ocurre en otros servicios sociales o en la asistencia sanitaria?

También habría repercusiones para la propia Seguridad Social, porque desgajar de su sistema contributivo unas prestaciones tan relevantes como estas, centraría el sistema público de pensiones casi exclusivamente en las pensiones de jubilación. Lo cual, a su vez, favorecería cualquier estrategia a favor de la transformación de la naturaleza del sistema. Del reparto a la capitalización, por ejemplo.

Además, ¿por qué las viudas? ¿Por qué poner en riesgo precisamente las prestaciones que reciben muchas mujeres con recursos escasos y que han de sostener familias necesitadas a su vez? ¿Por qué no apuntar al capítulo de los ingresos en el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema?

Hay muchas ideas alternativas al riesgo de las pensiones de viudedad para mejorar los presupuestos de la Seguridad Social. Algunas son de fondo, como mejorar la calidad de los contratos laborales, o elevar el salario mínimo (y, por tanto, las cotizaciones), o aumentar la cobertura pública de los parados (con las correspondientes cotizaciones). Otras son más prácticas, como aplicar un impuesto finalista para contribuir a la financiación del conjunto del sistema, o como “destopar” las cotizaciones a pagar por los salarios más altos, o como cubrir con presupuestos generales los gastos administrativos del sistema.

¿O es que el globo sonda no tiene nada que ver con el propósito de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social? ¿O es que estamos ante una nueva andanada para la credibilidad del sistema público de pensiones con objeto de favorecer la contratación de planes privados?

Dejemos a las viudas en paz, por favor.

La legislatura 2011-2015 ha sido la legislatura del fomento del empleo basura y la puesta en riesgo de nuestro sistema de pensiones. La legislatura que ahora se inicia ha de servir para recuperar la dignidad de los empleos y asegurar el futuro de las pensiones públicas.

Para ello, la reforma laboral del PP debe sustituirse por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos laborales. Y, a su vez, el vaciamiento de la hucha de la pensiones por parte del Gobierno de Rajoy debe superarse reequilibrando gastos e ingresos de la Seguridad Social en un renovado Pacto de Toledo.

El problema más importante que debe enfrentar la sociedad española es el del paro estructural, la precariedad de los contratos de trabajo y la pobreza laboral, una situación que la gestión de la derecha ha agravado sobremanera en estos últimos años.

Los altísimos niveles de paro en España castigan especialmente a los más jóvenes y a los parados de larga duración. La Encuesta de Población Activa refleja que los contratos de semanas, días u horas sustituyen a gran velocidad a los contratos indefinidos. Y la Encuesta de Estructura Salarial demuestra que temporalidad, bajos salarios y empobrecimiento son fenómenos que van de la mano. Mientras tanto, la legislación del PP ha otorgado al empresario todo el poder para imponer unilateralmente la cuantía de los sueldos y las condiciones laborales.

El Gobierno solo propone continuidad en la política de empleo. Las escasas novedades de los acuerdos del PP con Ciudadanos apuntan en dirección equivocada. El contrato único es en realidad el contrato único precario con despido barato. El llamado complemento salarial pretende compensar con dinero público los recortes salariales en las empresas. Algunas de las propuestas en materia de autónomos promueven la sustitución de contratos estables por cuenta ajena por contratos mercantiles precarios de falsos autónomos dependientes.

La respuesta adecuada está en la aplicación acordada de una nueva Estrategia por el Empleo Digno y en la promulgación acordada también de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el equilibrio de poder en el seno de la empresa y avance en derechos laborales.

Es necesario un plan de choque para crear empleo urgente, con iniciativa pública y con formación acelerada de ni-nis.

Buena parte de la nueva Estrategia en materia de empleo requiere medidas de largo alcance. La economía española ha de apostar por una competitividad fundamentada en la innovación y la formación antes que en la devaluación social y laboral. Las nuevas aplicaciones tecnológicas y la robotización de las empresas no deben traducirse necesariamente en más paro, sino en un reparto alternativo del trabajo existente y en la explotación de nuevas vetas de trabajo en los servicios a las personas y al medio ambiente, financiado todo ello con las evidentes ganancias de productividad.

En el corto plazo, es preciso emprender un decálogo de medidas urgentes. Uno, un plan de choque para crear empleo urgente, con iniciativa pública y con formación acelerada de ni-nisDos, el reforzamiento de la negociación colectiva en el establecimiento de salarios, estructuras y condiciones de trabajo. Tres, la simplificación de la planta de contratos mediante tres modalidades: indefinido, temporal limitado a un año (con excepciones acordadas) y formativo; adaptando nuestra normativa de indemnizaciones a la reciente sentencia europea. Cuatro, un Plan contra la Explotación Laboral, que adapte la Inspección de Trabajo, la normativa de sanciones y la legislación sobre contratos a tiempo parcial.

Cinco, la subida del salario mínimo con el horizonte comprometido en la Carta Social Europea de llegar al 60% del salario medio. Seis, un plan de igualdad laboral entre hombres y mujeres que cierre la brecha salarial y modifique el régimen de permisos de maternidad y paternidad. Siete, un impulso decidido a las políticas activas de empleo, duplicando sus recursos y fortaleciendo con personal los servicios públicos de empleo.

Ocho, una reforma pactada y útil de la fracasada Garantía Juvenil y los fallidos programas de activación. Nueve, una cobertura a parados que recupere los porcentajes pre-PP del 70%, con subsidios o rentas mínimas universales para parados mayores de 45 años o con responsabilidades familiares. Y diez, una nueva Ley de Autónomos que racionalice sus sistemas de cotización, sin riesgos añadidos para las cuentas de la Seguridad Social, y que homologue sus derechos sociales.

El segundo gran desafío de esta legislatura tiene que ver con la garantía de nuestro sistema Seguridad Social y de pensiones públicas como puntales básicos del Estado de bienestar. La precarización ya denunciada en los empleos ha provocado a su vez un déficit creciente y peligroso en las cuentas de la Seguridad Social.

El Fondo de Reserva de las Pensiones, ideado y dotado para compensar los desequilibrios demográficos a largo plazo ha sido esquilmado por el Gobierno para compensar sus regalos fiscales a las rentas y patrimonios más altos.

El Fondo de Reserva de las Pensiones, ideado y dotado para compensar los desequilibrios demográficos a largo plazo ha sido esquilmado por el Gobierno para compensar sus regalos fiscales a las rentas y patrimonios más altos. Y, mientras tanto, el PP ha limitado legalmente en este tiempo la subida de las pensiones en un raquítico 0,25%, que supondrá una grave pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas el próximo año 2017.

Una vez más, el planteamiento del Gobierno de Rajoy ante estos retos es el de perseverar en su estrategia errónea e injusta. El PP no admite revisar la reforma laboral que precariza los empleos y reduce los ingresos de la Seguridad Social. La derecha persiste en su intención de financiar el pago regular de las pensiones con la hucha de la pensiones, ignorando las previsiones de aumento del PIB y malgastando la garantía última para los malos tiempos que puedan llegar.

Y las ideas novedosas que transmite la ministra del ramo resultan inquietantes: sacar las pensiones de viudedad del sistema contributivo puede ser el primer paso para su aminoración o supresión, autonomía a autonomía; compatibilizar trabajo y 100% de la pensión no ayuda, desde luego, a mejorar las cuentas de la Seguridad Social, y podría entorpecer la incorporación de nuevas generaciones al empleo; y perseverar en la línea de estimular la creación de empleo por cuenta ajena o propia mediante la reducción o bonificación de las cotizaciones sociales, que ya se ha demostrado ineficaz, a la par que contraproducente para el equilibrio financiero del sistema.

La respuesta está en la renovación del Pacto de Toledo, con el objetivo de reequilibrar gastos e ingresos en la Seguridad Social, al tiempo que se garantizan y se mejoran las prestaciones en la medida de lo posible. A iniciativa de las centrales sindicales, la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso ya hemos registrado una propuesta de ley para eliminar el límite del 0,25% y para que las pensiones, especialmente las mínimas, suban el año próximo lo mismo que suba la inflación, al menos.

También con el acuerdo de la representación de los trabajadores, los socialistas hemos propuesto acabar con la capacidad del Gobierno para cubrir sus dádivas fiscales detrayendo recursos del Fondo de Reserva de las pensiones. Esperemos que el Gobierno no pretenda vetar la tramitación parlamentaria de estas iniciativas.

Y el reto de más alcance que conseguir por acuerdo ha de ser el del equilibrio financiero del sistema. La derecha suele buscar la reducción de los gastos. Desde la izquierda preferimos sondear la ampliación de los ingresos. Estamos dispuestos a contemplar propuestas de fondo, como la mejora de la calidad de los contratos de trabajo, la subida del salario mínimo, la lucha contra la explotación laboral y la ampliación de la cobertura a los parados.

Resulta cada día más inexorable contemplar la posibilidad de un impuesto específico o una cesta de impuestos que complementen la recaudación por cotizaciones.

También han de considerarse otras medidas, como la revisión de reducciones y bonificaciones ineficientes en las cotizaciones sociales, la asunción por el Estado de los gastos administrativos y de gestión del sistema, o el destope de cotizaciones para las rentas de los trabajos mejor remunerados. Y resulta cada día más inexorable contemplar la posibilidad de un impuesto específico o una cesta de impuestos que complementen la recaudación por cotizaciones.

En definitiva, frente a la complacencia y el conformismo del Gobierno respecto a la vigente situación de nuestro empleo y nuestras pensiones, nosotros planteamos la disconformidad y la alarma. Frente al continuismo de la propuesta gubernamental, nosotros proponemos un cambio a fondo en los objetivos, en las estrategias y en las medidas a aplicar.

Y frente al método juan palomo, aquel del “yo me lo guiso y yo me lo como”, al que es tan aficionado el Gobierno Rajoy-Báñez, la representación de la ciudadanía en el nuevo Parlamento impone diálogo, pacto y consenso. En lo político y en lo social. Con los partidos y con los interlocutores sociales, sindicatos y patronales.

Ese es el reto.

Artículo publicado el 17-11-2016 en El Haffington Post http://www.huffingtonpost.es/rafael-simancas/empleos-dignos-y-pensione_b_13009464.html?utm_hp_ref=spain

Old wooden crate with a photoshopped question mark on dirty concrete floor.

Ha vuelto a ocurrir. Nada menos que en la institución política más poderosa del mundo. Una vez más, las mayorías han adoptado una decisión irracional que cuestiona los cimientos mismos del sistema. Antes de la elección de Trump fue el Brexit y el “no” colombiano al acuerdo de paz. Pero ya hubo pistas previas en el Gobierno Berlusconi, el “no” francés al Tratado de la UE y los apoyos electorales crecientes a partidos extremistas en toda Europa.

Esto es lo que ocurre cuando los actores “racionales” del sistema reaccionan ante los problemas y los desafíos desde el continuismo, la resignación, la analgesia o la táctica de esconder la cabeza como el avestruz. Si a las mayorías no se les ofrece una alternativa reformista decidida y valiente, las mayorías optan por la ruptura. Probablemente tales mayorías son conscientes de que así no obtendrán solución viable alguna. Pero, al menos, de esta manera logran expresar su queja, su frustración y su rabia.

El vaquero Trump ha cabalgado sin esfuerzo sobre la incertidumbre, el miedo y el enfado de millones de americanos. Aún no sabemos hacia dónde. Pero podemos temernos lo peor…

Comencemos por reconocer que las mayorías no siempre tienen la razón. Desde que el marqués de Condorcet escribiera sobre su famosa paradoja sabemos de la volubilidad en las preferencias colectivas. Sí, las mayorías se han equivocado gravemente a lo largo de la historia. En democracia convenimos, sin embargo, en seguir su criterio, acertado o no, porque todas las alternativas que se han teorizado o ensayado han resultado mucho peores.

Y reconozcamos también que cuando todos participamos de la “espectacularización” de la política, no debería sorprendernos que resultaran exitosos los políticos que hacen del espectáculo su especialidad. Si nos resignamos a convertir la política en un circo de malabarismos, saltimbanquis y luces de colores, ¿a quién extraña que ganen los clowns? Si reducimos la política a la imagen, al eslogan y a la tertulia estridente, ¿por qué asombrarse de que la respuesta del elector no sea más racional?

Lo cierto es que desde la caída del Muro de Berlín se han venido socavando las bases del contrato social que sostiene tanto la democracia representativa como la economía de mercado. Aquel contrato garantizaba beneficios para la mayoría en el desenvolvimiento de instituciones y mercados. Con la caída del Muro y el advenimiento de la globalización sin reglas, los beneficios son para las minorías, y las mayorías se sienten traicionadas. ¿Por qué habrían de callar, aguantar y desistir del cambio?

Cuando las fuerzas económicas actúan de modo libre y global, más allá de cualquier regla o institución que embride sus excesos, suelen ocasionarse ganadores y perdedores. Y sí, a veces los perdedores de derechos y de futuro deciden quejarse. Extrañémonos cuanto queramos, pero es así.

Cuando el resultado del voto a las fuerzas del sistema no sirve para reconducir suficientemente las injusticias o reducir desigualdades, muchos se preguntan por la pertinencia de su voto. Y algunos se convencerán de los discursos sobre “las limitaciones que establecen los mercados”, o “las bondades a largo plazo de la estabilidad presupuestaria”. Pero otros verán simplemente cómo las empresas practican dumping y elusión fiscal, cómo algunos cada vez ganan más, cómo ellos cada vez pierden más, y cómo las respuestas que le da el sistema van de la impotencia al engaño. Y se enfadan, sí. Podemos sorprendernos, pero ocurre.

Cuando en cada telediario se ofrecen imágenes sobre la automatización creciente en las fábricas, sobre las reducciones progresivas de personal en las empresas, sobre la llegada de inmigrantes dispuestos a trabajar en peores condiciones, sobre la precarización inevitable de los empleos, sobre el empobrecimiento de los más por el enriquecimiento de los menos… las mayorías exigen respuestas. Y si las mayorías no obtienen respuestas con garantías por las vías racionales, entonces las mayorías se vuelven hacia lo menos racional.

Sí, hay una deslegitimación del sistema por parte de las mayorías en buena parte de lo que llamamos mundo democrático avanzado. El contrato social está seriamente cuestionado. Por falta de eficacia, en primer lugar. Porque si el sistema no resuelve mis problemas, ¿por qué tengo que aceptarlo? Por falta de dimensión. Porque los instrumentos democráticos del sistema son aún de carácter estatal, y los retos a afrontar hace mucho tiempo que trascendieron las fronteras de los Estados. Por falta de participación. Porque las demandas de “empoderamiento” ciudadano desbordan una institucionalidad democrática que debe abrirse, actualizarse y reinventarse…

Y por el hueco de la quiebra del contrato social y la deslegitimación del sistema se cuela lo indeseable. Por el flanco de la falta de respuestas racionales nos ataca lo irracional. Por la brecha que abre el reformismo impotente, incapaz o cobarde (o todo ello a la vez) se introduce el riesgo del peor retroceso. Es el populismo que busca encaramarse al poder desde la rabia. Es el liquidacionismo que expulsa al niño por la ventana junto al agua sucia. Es el nacionalismo que exacerba estérilmente el sentimiento de pertenencia y de rechazo. Es el taumaturgo que promete una noche de pasión revolucionaria pero oculta las quinientas noches subsiguientes de pesadillas.

Hay respuesta racional. ¿Dónde? Donde siempre, en la izquierda reformista, la socialdemocracia, que ha sido artífice de los progresos más profundos y duraderos en las democracias avanzadas desde la segunda gran guerra. La respuesta está en un nuevo contrato social, que relegitime la economía global de mercado con reglas globales y derechos globales para las mayorías. Que relegitime las instituciones democráticas con respuestas globales, eficaces y justas al desafío del capitalismo desbocado, de la hegemonía financiera y de la automatización amenazante. Que reestablezca el equilibrio entre negocios y derechos. Que ofrezca garantías de futuro para las mayorías de hoy y de mañana.

Si el mercado necesitó reglas estatales cuando su dimensión era estatal, ahora requiere evidentemente de reglas globales. Si el bienestar de las personas necesitó de un Estado de Bienestar para asegurar una vida digna, ahora requiere de un Bienestar Global, sostenido y garantizado por el sistema.

¿Nos atrevemos? ¿Hay imaginación, capacidad y liderazgo para ello? Este es el reto.

El caso Trump nos ha arrojado de bruces contra la realidad. Solo hay dos opciones. O la reforma racional, decidida y valiente del sistema. O el abismo incierto de los “salvadores”.

Stock photograph of brightly colored pencils forming a symmetric pattern.

El discurso de Mariano Rajoy en la sesión final de su investidura demuestra que el Presidente del Gobierno no ha asumido aún el cambio que se ha producido en el país y en su representación parlamentaria. El recién reelegido jefe de Gobierno hizo un planteamiento desafiante, negándose a “demoler” o “liquidar” las principales reformas emprendidas entre 2012 y 2015. Rajoy parece no ser consciente de que si bien no fue posible establecer una mayoría alternativa de Gobierno, sí hay condiciones en el nuevo Parlamento para sumar mayorías con las que impulsar cambios profundos en las políticas desarrolladas durante los últimos años.

El PSOE no ha desbloqueado el Parlamento para avalar las políticas del PP o para renunciar a los cambios que necesita y demanda la sociedad española. Todo lo contrario. Una vez constatada la imposibilidad de formar Gobierno propio, por los vetos cruzados de Podemos y Ciudadanos, los socialistas aspiran a liderar nuevas mayorías parlamentarias para derogar o rectificar las legislaciones más retrógradas y perniciosas del Gobierno Rajoy, con su acuerdo y colaboración o sin ellos. Aunque es cierto que para ello será preciso antes superar la fase de los reproches mutuos y estériles entre las fuerzas de la oposición.

Y si Rajoy tiene en la cabeza someter a un chantaje permanente a los grupos de la oposición para que renuncien a sus expectativas de cambio bajo la amenaza de la disolución de las Cortes, se equivocará de parte a parte. Es verdad que varias formaciones políticas, incluidas la segunda y la tercera en representación parlamentaria, se encuentran en un momento de redefinición en sus estructuras y en su liderazgo y podrían ser, en principio, reacias a una convocatoria electoral temprana. Pero también es verdad que, en el caso de una disolución anticipada, Rajoy y el PP sufrirían el coste del hartazgo ciudadano ante tanta inestabilidad, tanto desacuerdo y tanto tacticismo partidario.

El desbloqueo de la legislatura debe servir para impulsar grandes acuerdos pendientes en materias de Estado, como la renovación del Pacto de Toledo para garantizar el futuro del sistema público de pensiones, como la sustitución de la LOMCE por una nueva legislación que asegure una enseñanza de calidad con equidad, y como el acometimiento del desafío soberanista en Cataluña mediante una revisión constitucional de la vertebración territorial del Estado, respetando la soberanía nacional, la unidad del país y la igualdad de todos los españoles. Si hay voluntad de diálogo y acuerdo, esta sería una buena senda para recorrer durante los próximos años, en interés de todos los españoles.

Ahora bien, junto a los grandes consensos de Estado, el PSOE aspira a alcanzar algunas metas relevantes de su programa y de su compromiso con la sociedad. Al menos en diez cuestiones básicas.

Si no hay renovación del Pacto de Toledo que la incluya, es preciso sacar adelante la iniciativa legal ya registrada con el apoyo de la mayoría del Congreso para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en el año 2017. Y hay que reponer y blindar el fondo de reserva de las pensiones, esquilmado durante los cinco últimos años por el Gobierno del PP. Urge, en todo caso, asegurar el equilibrio financiero en el sistema de la Seguridad Social.

Si no hay pacto educativo, la mayoría del Parlamento debe derogar la LOMCE, sus reválidas punitivas, sus itinerarios segregadores y su clericalismo anacrónico, para impulsar una nueva legislación que promueva la enseñanza de calidad con igualdad.

La reforma laboral del PP debe ser desmontada pieza por pieza, desde sus fundamentos, porque los trabajadores españoles no pueden aceptar la búsqueda de la competitividad mediante la devaluación de sus salarios, sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales. Necesitamos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que asegure la creación de buenos empleos.

Revertir los recortes sociales ahora que el crecimiento del PIB lo permite, especialmente en materia de sanidad, educación y dependencia. Afrontar una reforma fiscal valiente y progresiva, que haga pagar a los que más ganan y más tienen, para atender debidamente a quienes más lo necesitan. Recuperar los derechos y libertades cercenadas en la ley mordaza.

Constituir la prometida comisión de investigación sobre los casos de corrupción política, esclarecer su alcance, establecer responsabilidades y emprender cambios legislativos para atajarla de verdad. Abrir a la participación cívica las instituciones democráticas, con imaginación y afán de transparencia. Y transitar definitivamente de la igualdad legal a la igualdad real entre hombres y mujeres.

Estos son algunos de los retos pendientes en nuestro país, y Rajoy se equivocará gravemente si interpreta el resultado de la votación de su investidura como una renuncia a enfrentarlos. Tendrá que entenderlo, por la buenas o por las malas.

 

simancas271016

Los análisis sobre las divisiones en el seno de la izquierda son tan reiterados que ya se formulan en términos de resignación. Parece como si la izquierda sufriera una especie de trastorno genético que le condena de manera perpetua a sacrificar sus mejores intenciones y oportunidades en la hoguera de los conflictos domésticos interminables.

Da igual que los desafíos sean más o menos graves, y poco importa que las razones, los votos o las posibilidades se muestren de su parte. Siempre habrá un buen lío interno para malograr las mejores expectativas.

Cualquier espectador cotidiano del panorama político español juraría hoy, a la luz del tono y el contenido de los debates, que la derecha disfruta de un apoyo social y electoral muy mayoritario. Sin embargo, los resultados de las últimas elecciones del 26 de junio reflejan unos apoyos bastante equilibrados.

La suma de los votos de las formaciones conservadoras (PP, Ciudadanos, Demócratas catalanes y nacionalistas vascos) pasa de los 11.700.000 votos. Son muchos votos, ciertamente. Ahora bien, ¿cuántos votos sumaron las fuerzas que se dicen progresistas? PSOE, Podemos-IU-Equo-Compromís, En Común, En Marea, ERC, EH, BNG, GBAI, comunistas y demás alcanzaron más de… 11.700.000 votos. Prácticamente los mismos. Eso sí, mucho más atomizados, más divididos y más enfrentados. Conclusión: la derecha resulta más creíble que la izquierda como opción mayoritaria y de gobierno.

No se trata de una debilidad reciente. Las izquierdas españolas han desaprovechado muy pocas oportunidades a lo largo de la historia para desangrarse mutuamente, facilitando la hegemonía política y social de la derecha. Ocurrió durante la Segunda República, se dio durante la Guerra Civil, y también en la oposición a la dictadura franquista.

La Transición Democrática y la Constitución de 1978 supusieron una feliz excepción, para disfrute de la mayoría social en términos de derechos y libertades. Quizás por eso algunos de los más conspicuos representantes de la “nueva política” ya descalifican aquel éxito anómalo como una “traición” y un “candado”.

Y tampoco es un vicio exclusivo de la izquierda española. Vemos a nuestro alrededor cómo se destrozan los laboristas británicos, cómo se navajean los presidenciables socialistas en Francia y hasta cómo la admirada izquierda alemana es incapaz de ponerse de acuerdo para frenar el crecimiento del monstruo neo-nazi.

El reproche a la división esterilizante siempre fue legítimo y oportuno. Pero lo es mucho más ahora. El mundo cambia a gran velocidad. Los grandes poderes económicos están esculpiendo la era de la globalización conforme a sus intereses egoístas y espúreos. Las consecuencias para las grandes mayorías son desastrosas, en calve de desigualdad, empobrecimiento y pérdida creciente de derechos.

Solo una izquierda consciente de sus desafíos y coherente en sus planteamientos puede plantar cara a estos poderes. Solo una izquierda empoderada por la ciudadanía y eficaz en su trabajo político puede conquistar unas reglas justas para una globalización abandonada a la ley de la selva.

Pero henos aquí, enredados en reproches mutuos, en concursos de pureza, en si 11 u 84, en si congresos o gestoras, en si el uno o el otro, en si galgos o podencos…

Llegará un momento en que el reproche se transforme en exigencia de responsabilidad colectiva, o en algo peor… Y entonces lo lamentaremos.

simancas191016

La vigente situación de bloqueo institucional en el país tiene causas diversas. La principal tiene que ver con la fragmentación inédita en la representación democrática de los españoles. El Congreso de los Diputados ha pasado de contar con dos grupos grandes y varios pequeños, a administrarse con un grupo grande, tres medianos y varios pequeños. La aritmética tradicional en la formación de Gobierno ya no sirve.

A la novedad de la representación inusualmente fragmentada hay que sumar la incapacidad de las fuerzas políticas para agregar intereses y posicionamientos. Durante casi un año, el partido más votado ha sido incapaz de sumar mayorías favorables, ni absolutas ni simples. Y el segundo partido más votado tampoco lo ha logrado. Se pueden analizar las causas y las responsabilidades desde diferentes perspectivas, pero el hecho cierto es este.

Hay un tercer factor coadyuvante en el bloqueo vigente para la formación de Gobierno: las reglas del juego que establece la Constitución. A diferencia de otros regímenes, y a diferencia de lo que ocurre en las normas aplicables en algunas comunidades autónomas de nuestro país, el procedimiento para elegir Presidente del Gobierno de España viene recogido de forma expresa en el texto jurídico máximo, concretamente en el artículo 99 de nuestra Constitución.

Conforme a lo establecido en este artículo, los candidatos sucesivos propuestos por el Rey han de someterse a la votación del Pleno de Congreso, y han de obtener para su investidura una mayoría absoluta en primera votación y una mayoría simple en segunda votación. Por llamamiento, los diputados votan sí, no o abstención en cada oportunidad. Cuando se reiteran las votaciones en las que los noes superan a los síes, como viene ocurriendo durante los últimos meses, la formación de Gobierno se bloquea.

Con este procedimiento, el constituyente quiso asegurar un apoyo inicial robusto para el Presidente que hubiere de formar Gobierno. Y en aquel contexto especial de la Transición Democrática posiblemente se confió sobremanera en la capacidad de entendimiento de los representantes de la ciudadanía, por difícil que resultara el vaticinio de las urnas. A la luz de lo ocurrido en estos últimos meses, se equivocaron. O nos equivocamos ahora al traicionar aquella confianza.

No obstante, en el presente contexto cabe modificar el procedimiento de elección del Presidente del Gobierno para evitar bloqueos futuros. Ya no se podrá aplicar para resolver la investidura ahora pendiente, porque los tiempos no lo permiten. Pero el cambio puede servirnos para impedir que la indeseada situación presente puede darse nuevamente en el futuro.

Existen, además, precedentes útiles en nuestro ordenamiento institucional. Por ejemplo, el procedimiento para elegir Presidente del Principado de Asturias se rige por una ley autonómica, la ley 6/84, que de transponerse al escenario nacional solucionaría en buena medida el problema que estamos analizando.

En virtud de esta ley, los diputados asturianos electos pueden hacer varias propuestas de candidato a la Presidencia de su comunidad autónoma. Solo hace falta el aval de cinco diputados. En una primera votación, los diputados pueden optar por cada uno de todos los propuestos. Si alguno alcanza mayoría absoluta, la confianza se entiende otorgada. Si no es así, se celebra una segunda votación en la que solo concurren los dos candidatos más votados en primera instancia. Se considera investido como Presidente el diputado que obtenga más votos, valiendo la mayoría simple.

En el procedimiento asturiano los diputados no pueden votar negativamente a candidatura alguna. Solo pueden votar positivamente a un candidato o abstenerse. El bloqueo queda excluido, por tanto.

La transposición de este método al ámbito nacional español conlleva ventajas e inconvenientes. Entre estos últimos hay que contar lo dificultoso de afrontar una reforma constitucional, que exigiría un amplio consenso político y social previo. También habría que asumir el riesgo de investir presidentes con un apoyo parlamentario reducido, y la inestabilidad política que ello supone.

Las ventajas, sin embargo, son obvias. Cualquier resultado electoral daría lugar a la elección de un Presidente. Si existe acuerdo entre las fuerzas políticas votadas, habría lugar a Gobiernos con apoyo plural. Si no es así, gobernaría la fuerza más votada, sin que otras fuerzas se vieran requeridas para desbloquear la situación apoyando, activa o pasivamente, la investidura de un Presidente ajeno, en el que no creen.