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Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

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Dicen los manuales tácticos de la política que cuando una apuesta necesita explicación es que se está perdiendo. No es este el caso, como lo prueban las últimas votaciones en el Congreso. Sin embargo, el proceso de renovación de RTVE está resultando tan complejo que resulta muy importante informar a la ciudadanía con mucha transparencia sobre intenciones y decisiones.

El Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión con la regeneración democrática como primera prioridad. Y unos medios públicos de comunicación independientes y plurales forman parte fundamental de todo programa de cualificación de la democracia.

El propósito clave de todas las decisiones que se están adoptando respecto a RTVE es, por tanto, el de ofrecer a la sociedad española una radio televisión pública objetiva, veraz, autónoma y respetuosa con sus propios profesionales. Es decir, todo lo contrario de lo que RTVE ha sido durante los seis últimos años de gobierno del PP.

Se trataba y se trata de poner fin cuanto antes a la gestión de José Antonio Sánchez al frente de RTVE. Porque las constantes de esta gestión han sido el control político de la información a favor de los intereses del PP, la contratación de afines y la dilapidación de los recursos públicos. Las denuncias de los propios profesionales de la casa y sus apariciones “en negro” viernes tras viernes son buena muestra de lo insostenible de la situación.

¿Se podía haber logrado este objetivo de otra manera? Ojalá, pero no.

Para entender este momento hace falta un poco de historia. El gobierno socialista estableció la obligación legal del consenso y la independencia de RTVE en el año 2006, mediante la elección de su dirección con una mayoría cualificada de dos tercios en las Cortes. Aquel fue el tiempo de la radio y la televisión públicas con éxito de credibilidad, de audiencia y de premios internacionales.

El gobierno del PP recuperó la RTVE sometida al poder político con el cambio legal de 2012. La dirección volvía a elegirse con una mayoría a absoluta, a la medida del número de diputados del PP por aquel entonces. En el mes de septiembre del año 2017, perdida ya la mayoría absoluta del PP, los tres principales partidos de la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos- impulsan una ley que vuelve a reclamar la elección consensuada de los regidores de RTVE.

Sin embargo, la aplicación de esta última ley, aún en vigor, requería la celebración de un concurso público para asegurar la elección de perfiles meritorios en el consejo de administración. El reglamento que habría de regular tal concurso contaba con una fecha límite en la propia ley: el 31 de diciembre de 2017. No obstante, la mayoría con que cuentan PP y Ciudadanos en las Mesas del Congreso y el Senado ha logrado que siete meses después del cumplimiento del plazo legal, aquel concurso siga sin celebrarse.

Apenas tres semanas después de la investidura de Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno se encuentra ante la situación siguiente: el día 22 de junio culmina su mandato legal el presidente y los consejeros de la RTVE dominada por el PP; el presidente saliente ha asegurado el control sin plazo temporal de la radio y la televisión pública firmando unos poderes legalmente cuestionables a favor de los directivos de su confianza; y el concurso que debiera elegir al nuevo consejo de administración se encuentra bloqueado y sujeto a la mayoría de control que forman PP y Ciudadanos.

El Gobierno socialista solo tenía dos opciones. O se cruzaba de brazos permitiendo que la RTVE que pagamos todos los españoles siguiera manipulando la información y acosando a sus profesionales independientes, sin un horizonte temporal claro. O adoptaba las decisiones precisas para reestablecer una radio televisión pública al servicio de toda la sociedad. Se decidió por la segunda opción, que no era la más fácil ni la más cómoda.

En consecuencia, el mismo día 22 de junio el Gobierno aprueba un Real Decreto Ley con el objetivo de que, en solo 15 días, las Cortes Generales eligieran un nuevo consejo de administración y un nuevo presidente de RTVE, que ejercería sus funciones de forma provisional hasta que se celebrara con éxito el concurso público previsto en la ley vigente de 2017.

El decreto podría haber establecido cualquier fórmula de elección para estos cargos, pero el Gobierno optó acertadamente por plantear la misma exigencia democrática prevista en la ley de 2017 para el consejo definitivo: dos tercios de diputados en primera votación, y mayoría absoluta con apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios en segunda votación.

Poner de acuerdo a la mayoría de los representantes de la ciudadanía no ha sido fácil. En el acuerdo votado con éxito el día 4 de julio participaron hasta cinco grupos parlamentarios y más de una decena de partidos políticos: PSOE, Podemos y sus confluencias, ERC, PNV, PDCat, Compromís, Nueva Canaria, Coalición Canaria… Entre fuerza tan dispares, llegar a una decisión conjunta es difícil, pero acordar nombres para cargos concretos resulta extraordinariamente complejo. De ahí lo accidentado del proceso durante los últimos días.

No obstante, el buen hacer negociador de la portavoz socialista Adriana Lastra, la disposición positiva y comprometida de Podemos, y la colaboración de todos los demás grupos en beneficio del objetivo común, han dado como resultado el primer paso para el fin de la época más negra en la historia reciente de RTVE. Es una lástima que PP y Ciudadanos se hayan negado a participar en este consejo provisional. Se les ofreció proponer hasta un 40% de su composición, pero exigían una mayoría que no tienen en el Congreso que representa a los españoles.

¿Y ahora qué? El Congreso ya ha elegido seis consejeros. Entre el 8 y el 18 de julio se elegirá a los cuatro consejeros restantes y a un presidente realmente independiente. A partir de entonces procuraremos que el concurso público previsto en le ley vigente se desarrolle con rapidez, transparencia y eficacia, para que RTVE disponga enseguida de la dirección profesional, autónoma y decente que están esperando la gran mayoría de los españoles.

Esta es la explicación, compleja, sí, pero diáfana y honesta.

Las migraciones constituyen un fenómeno presente desde los albores de la Humanidad. A lo largo de la historia se ha tratado siempre lógicamente como un reto relevante para la organización del espacio público y de la convivencia. A veces se ha afrontado como un problema, y a veces como una oportunidad muy importante para el desarrollo económico, social y cultural. Grandes naciones, como los Estados Unidos de América, se forjaron migración tras migración. Y los españoles hemos sido protagonistas de migraciones extraordinarias, como emigrantes y como receptores de inmigración.

Durante los últimos años, sin embargo, son muchos los actores políticos empeñados en interpretar la inmigración tan solo como una gran desgracia para Europa. Los datos demuestran lo contrario: ni la inmigración constituye una gran amenaza plausible, por su cantidad y cualidades; ni sus efectos son solamente de carácter negativo. No obstante, el espantajo de la amenaza migratoria está sirviendo como argumento falaz para que los nuevos populismos, y los fascismos de siempre, agiten entre muchos europeos los peores instintos de miedo y egoísmo, con el objeto de obtener un rendimiento político y electoral.

El reto migratorio debe gestionarse con determinación, aprovechando su vertiente positiva y neutralizando en lo posible sus efectos indeseables. Hay que hacerlo con planificación, con recursos y desde los valores de equidad y justicia que forman parte de la identidad europea. Hay que afrontar las consecuencias problemáticas que conllevan en la actualidad los flujos migratorios procedentes de África y de Oriente Próximo, con eficacia y sin ingenuidades. Pero hay que hacerlo, sobre todo, atendiendo a las causas también problemáticas de esas migraciones que tanto preocupan hoy a muchos europeos.

Las consecuencias problemáticas que se subrayan tras cada patera, cayuco o balsa con inmigrantes que arriban a las costas europeas deberán abordarse bajo la responsabilidad del conjunto de la Unión. Habrá de hacerse coordinando actuaciones y compartiendo tanto los esfuerzos como los costes. Distinguiendo entre personas con derecho de refugio, y personas que migran buscando simplemente mejores condiciones de vida. Haciendo valer la legalidad vigente y combatiendo a las mafias que compran, venden y trafican con personas. Y, sobre todo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos que nos distinguen como sociedades democráticas y desarrolladas.

A ningún país, a ninguna región o localidad, puede forzarse a llevar su responsabilidad legal y su esfuerzo solidario más allá de lo razonable. Las instituciones que compartimos los europeos debieran asegurarse de ello. Pero ningún dirigente de país o región alguna tiene derecho a negar el auxilio humanitario a aquellos semejantes que se hacen a la mar, jugándose la vida, porque la vida vale poco allí de donde parten. Ningún responsable institucional tiene derecho a saltarse las normas que nos hemos dado para asegurar la convivencia en condiciones de dignidad. Y ningún político tiene derecho a azuzar miedos y odios para conseguir votos y acumular poder.

Pero si afrontar responsablemente las consecuencias de las migraciones es importante, analizar y enfrentar sus causas resulta crucial. ¿Por qué se habla tan poco de las razones que llevan a miles de personas a abandonar sus hogares en África y Oriente para llegar a Europa, arriesgándolo todo? ¿Por qué las instituciones europeas y sus dirigentes emplean tan poco esfuerzo en atender las causas de las migraciones que tanto les preocupan?

Siempre se dijo, con razón, que si la prosperidad no viaja del norte al sur, los hombres y las mujeres acabarán viajando del sur al norte. Y no habrá muro ni valla que les contenga. Pero este es el problema: el de la desigualdad creciente entre el norte y el sur.

Mientras en España, por ejemplo, el PIB per cápita se acerque a los 40.000 dólares y en 37 países africanos esté por debajo de los 5.000 dólares, las migraciones se seguirán produciendo a escala importante. Mientras las dos terceras partes de la población africana malviva en la extrema pobreza y millones de criaturas pasen hambre, los hombres y las mujeres viajarán al norte. ¿Qué tienen que perder? Mientras en muchos países africanos y orientales persista la guerra y la persecución por razones políticas, religiosas o de orientación sexual, las personas se subirán a la patera o a la balsa en busca de paz y seguridad.

En Europa hay capacidades y recursos para contribuir de manera decisiva al desarrollo económico, social y cultural del continente africano y de oriente próximo. En ocasiones se requerirán recursos cuantiosos. En otros casos bastaría con que las grandes potencias cesaran en hacer uso de estos territorios como campo de juego para sus conflictos geoestratégicos. Más allá de las razones ideológicas y morales, los beneficios a obtener a medio plazo con estos esfuerzos serían ingentes, por ejemplo en términos de generación de recursos naturales y de apertura de nuevos mercados.

Por tanto, las dirigencias europeas harían bien en preocuparse por las causas de las migraciones, además de atender sus consecuencias más dificultosas. Porque mientras estas sigan vigentes, aquellas no cejarán de arribar puntuales cada verano a sus puertos y a sus playas.

El eje predominante en el debate político de las democracias europeas se está desplazando claramente desde el comienzo de este siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la confrontación política se producía generalmente en torno al eje izquierda-derecha. Sin embargo, la globalización acelerada, los cambios tecnológicos y el auge populista están favoreciendo un esquema distinto y más peligroso, determinado sobre todo por la exacerbación y el conflicto entre identidades.

El debate izquierda-derecha ha alimentado fuertes pasiones en uno y otro bando, pero casi siempre contó con una base racional muy elaborada. La izquierda y la derecha han representado los valores tradicionales de la igualdad y la libertad; del énfasis en los derechos colectivos y los derechos individuales; de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, en expresión de Constant. La izquierda busca generalmente la redistribución solidaria mientras la derecha persigue garantías para el libre albedrío.

De un tiempo a esta parte, por el contrario, el pulso político no se discierne a partir de convicciones más o menos liberales o igualitaristas, sino muy a menudo desde la afirmación de la identidad propia frente a las demás. La identidad más comúnmente esgrimida es la identidad nacional, pero también se están abriendo rápidamente paso los programas políticos que hacen bandera de la identidad étnica o religiosa. La tesis a partir de la que se pretenden organizar el espacio compartido es la siguiente: nuestra identidad nacional, étnica o religiosa requiere defensa y predominio frente a la amenaza que representan las demás identidades nacionales, étnicas o religiosas.

¿Por qué avanzan estas ideas? Desde luego, no pueden presentarse como nuevas, ni pueden acreditar éxito alguno en la historia europea. Más bien al contrario: la confrontación irracional e identitaria se encuentra en el trasfondo causal de buena parte de los desastres que hemos sufrido los europeos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Estas ideas avanzan al calor de las desigualdades, las injusticias y las inseguridades vinculadas a los procesos de globalización desregulada y revolución tecnológica acelerada. El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza ocasionan temor, frustración e ira en amplios sectores de la población, muy receptivos a los mensajes simples que señalan culpables para su sufrimiento.

El discurso identitario, además, es puramente emocional y facilita la movilización en mayor medida que las construcciones racionales del discurso que defiende los derechos colectivos y la distribución solidaria. Es más fácil convencer al sufridor señalando a un culpable, aunque sea falso, que armando un análisis y una propuesta compleja para solucionar los problemas. La trinchera de la identidad sirve también para esconder la incapacidad y la incompetencia a la hora de elaborar programas realmente útiles para el bienestar colectivo. El “somos de los nuestros” y el “a por ellos” son argumentos muy socorridos y no requieren casi de esfuerzo intelectual alguno.

Ahora bien, las consecuencias de esta evolución están siendo muy negativas a la hora de afrontar los muchos desafíos de las sociedades europeas en el siglo XXI, desde la imprescindible integración en la Unión Europea hasta la administración del fenómeno migratorio y la articulación de políticas comunes en la lucha contra la pobreza o el cambio climático. El arrinconamiento del debate racional y la promoción constante de las emociones identitarias solo conducen a alimentar la confrontación, a dificultar la convivencia y a postergar las soluciones precisas a los problemas colectivos.

Es difícil ser optimista en el presente escenario político europeo. El discurso identitario avanza en muchos países, hasta el punto de que se afianza incluso en Gobiernos muy significativos. Ahí están los supremacistas del este europeo, el nuevo canciller austríaco, el ministro de interior alemán o el neofascista vicepresidente italiano, que un día niega auxilio humanitario a centenares de subsaharianos y otro día amenaza con expulsar a los gitanos de su país. También puede hablarse de la auténtica naturaleza del argumentario pro “brexit” o del avance del lepenismo entre las clases populares de buena parte de la Europa del sur.

Aquí, en el escenario doméstico, el independentismo catalán permanece anclado en las creencias pre-racionales del “nosotros y vosotros, mi tierra y tu tierra”. Ciudadanos cada día parece más proclive a responder al fuego identitario catalanista con fuego indentitario españolista. Y el episodio de la llegada al puerto valenciano de más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo ha destapado un buen número de reacciones muy lamentables, con expresiones relativas al falso “efecto llamada”, a las “avalanchas”, las “oleadas” o las “hordas” peligrosas de inmigrantes.

No hay salida positiva en los discursos y en las políticas que buscan afrontar los problemas con la exaltación emocional de la identidad propia y la incitación al temor o al odio hacia la identidad ajena. Al final de ese camino solo se encuentra el abismo. ¿O no hemos aprendido nada de la dramática historia europea del siglo XX?

La decisión del Gobierno español para acoger a los 629 refugiados de un barco a la deriva ha causado una conmoción paradójica. El gesto del ejecutivo socialista responde a la legalidad internacional y a los valores humanitarios más elementales. Sin embargo, la repercusión de esta medida ha sacudido instituciones y conciencias a lo largo y ancho de toda Europa.

Pedro Sánchez ha hecho gala de coherencia y valentía al no dejarse llevar por las corrientes populistas y xenófobas que recorren buena parte de las cancillerías europeas. Varios gobiernos del este desafían cada día los Tratados Europeos vulnerando los derechos de millones de inmigrantes. Incluso dirigentes de naciones con tanta solera democrática como Italia, Alemania o Austria señalan a los venidos de fuera, para culparles falsamente de los problemas de precariedad social, para simular su propia incompetencia, o para recoger unos cuantos votos agitando los instintos más primarios.

La acogida española del Acuarius ha dejado igualmente en evidencia a las instituciones de la Unión Europea, incapaces de afrontar el desafío migratorio con una estrategia común y ausentes en un debate que amenaza con socavar los valores de igualdad y solidaridad sobre los que se construyó el proyecto común. La Comisión Europea permite a los Estados el incumplimiento flagrante de la legalidad, ignora la falta dolosa de diligencia respecto a los compromisos de acogida, y hace como que no oye las bravatas fascistoides de los Salvini, los Seehofer, los Orbán, los Kurz, y todos los demás.

Al mismo tiempo, el Gobierno Sánchez se ha situado a la altura de los principios mayoritariamente solidarios de la sociedad española. El número de inmigrantes que llegan a nuestro país desde África, Oriente Próximo o América Latina es semejante en cantidad y problemática al que arriba en otros países de nuestro entorno. Sin embargo, las expresiones de rechazo son aquí muy minoritarias. De hecho, el amago de algunos dirigentes de la derecha española para desmarcarse de la decisión del Gobierno y agitar el espantajo del “efecto llamada”, fue rápidamente anulado por el ofrecimiento de colaboración que hicieron público los principales gobiernos territoriales del PP, de Galicia y Castilla-León a Málaga, por ejemplo.

Resulta muy preocupante el éxito electoral que tienen los discursos de identidad en muchas democracias. El “italianos primero” del Salvini de hoy se asemeja al “América first” de Trump y al “britain first” de los partidarios del brexit. Es una respuesta simple a los problemas, facilona de explicar y movilizadora por emocional: “aquél que viene de fuera es el culpable de tus sufrimientos”. A la vez, es una respuesta reaccionaria, porque fomenta el egoísmo y la insolidaridad. Y, sobre todo, es una respuesta peligrosa, porque la historia enseña que los discursos que exacerban la identidad suelen conducir al rencor, al odio, a la discriminación y a la quiebra de la convivencia. En España, esta estrategia ha sido abrazada tan solo por una parte del separatismo catalán, pero el daño ocasionado es evidente y grave.

Los planteamientos xenófobos que se esgrimen como arma electoralista de manera irresponsable no aguantan el más mínimo contraste racional con la realidad. Sostener, como hace el nuevo gobierno populista italiano, que los poco más de diez mil inmigrantes irregulares que han llegado a sus costas en lo que va de año suponen una amenaza para la economía, el empleo y la cultura de una sociedad de 60 millones de ciudadanos en la tercera economía de Europa, no es solo una mentira. Es un insulto a la inteligencia de los propios italianos.

El Gobierno socialista ha proporcionado una inyección de dignidad y orgullo a la sociedad española y ha dado una lección de coherencia y valentía al conjunto de Europa.

¡Y decían que todos éramos iguales!

La derecha española ha confirmado, una vez más, ese viejo defecto que le lleva a tratar cada pérdida del poder como si de una vil usurpación se tratara. El tiempo pasa, pero muchos dirigentes conservadores siguen mostrando una muy lamentable concepción patrimonial del poder público.

Desde Rajoy hasta Hernando, pasando por decenas de portavoces territoriales, buena parte del PP ha salido en tromba a descalificar como ilegítima la moción de censura que ha provocado su salida del Gobierno. El ya ex-presidente ha llegado a calificar como “estigma” y “precedente grave en la democracia” la aplicación de un precepto vigente en nuestra norma constitucional.

El PP intenta socavar la legitimidad del nuevo Gobierno con el argumento de que su Presidente “no ha ganado las elecciones”. Se trata de un tosco intento de confundir a la opinión pública. En la democracia parlamentaria española no gobierna el candidato del partido que más votos obtiene de los electores, sino aquel que es capaz de concitar más apoyos entre los representantes de la ciudadanía en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.

No muy lejos de la propia sede madrileña del PP se encuentra el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital, en el que los populares desalojaron en su momento al PSOE de la alcaldía, a pesar de que el socialista Juan Barranco fuera el candidato más votado por los ciudadanos. Rajoy debiera recordarlo bien, porque ya era por entonces un dirigente destacado de la derecha fraguista.

El artículo 113 de la Constitución es tan legítimamente aplicable como lo es el 99, que sirvió para hacer Presidente a Mariano Rajoy, o como lo es el 155, ejercido por el Gobierno del PP con el leal apoyo de la oposición socialista. Tachar como fraudulento a un Gobierno avalado por la mayoría absoluta del Congreso tan solo refleja una querencia constitucional lamentablemente selectiva.

Los dirigentes conservadores aducen también que los 84 diputados socialistas denotan una “debilidad extrema”, y que los apoyos de “grupos extremistas de izquierda e independentistas sectarios” responden a “oscuros pactos en los despachos”. Pero lo primero es ya una tónica generalizada en los gobiernos europeos, y en muchos gobiernos municipales y autonómicos de España. Y lo segundo es sencillamente una falacia, desmentida por sus propios protagonistas. ¿Alguien puede creer que la designación de Borrell como ministro puede formar parte de un “pacto oculto” con los independentistas?

Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno de España porque esa ha sido la voluntad democrática de la gran mayoría de los representantes de los españoles en el Parlamento, aplicando con plena legitimidad un precepto de la Constitución vigente.

Es más, esa panoplia amplia y diversa de partidos y grupos parlamentarios solo pudo activarse gracias al evidente respaldo popular a la moción de censura. Tras la divulgación de la sentencia del caso Gürtel, el clamor de la sociedad española obligaba a sus representes a exigir la responsabilidad política del Gobierno del PP y a recuperar la dignidad de las instituciones democráticas con un nuevo Presidente.

El alivio y la esperanza son los sentimientos dominantes entre la mayoría de los españoles desde la aprobación de la moción de censura el pasado primero de junio. Y el desafío al que se enfrenta el nuevo Gobierno consiste precisamente en dar satisfacción a tan altas expectativas con una gestión a la vez prudente y ambiciosa, humilde y con alcance.

El Presidente Sánchez ha establecido una hoja de ruta muy razonable: censura, estabilidad y elecciones. La censura está lograda y el Gobierno Rajoy ya es historia. La estabilidad a perseguir debe ser institucional, social y territorial: limpiando el espacio público de corrupción; atendiendo las urgencias sociales que han provocado las reformas injustas de la derecha; y reconduciendo los conflictos territoriales mediante el diálogo y el acuerdo, en el marco de la Constitución y las leyes. Tras todo esto, las elecciones.

Las mujeres y los hombres elegidos por Pedro Sánchez para conformar este Gobierno esperanzador han sido muy bien recibidos en la sociedad española, por sus trayectorias, sus capacidades y sus talantes a favor del diálogo y la calidad democrática.

Los 84 diputados y diputadas del Grupo Socialista en el Congreso, junto a los senadores y senadoras socialistas, estamos dispuestos para dar apoyo leal y eficaz a este Gobierno, en una actitud de permanente búsqueda del entendimiento con los demás representantes de la ciudadanía española. Porque responde a la necesidad, sí. Y porque nos lo creemos, también.

Los argumentos a favor de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno Rajoy son tan evidentes que resulta más interesante centrarse en rebatir los argumentos esgrimidos por sus contrarios.

Tras la contundente sentencia del caso Gurtel, la elección es inequívoca: o mantenemos el Gobierno en manos de Rajoy y su partido condenado por corrupción, o damos paso a un Gobierno que recupere la dignidad de nuestras instituciones democráticas. Tan fácil como esto.

El primer argumento utilizado contra la moción ha sido el de la inestabilidad. La propia vicepresidenta del Gobierno intentó achacar a la iniciativa del PSOE la responsabilidad por el aumento en los últimos días del coste de la deuda y la caída de algunos valores bursátiles. “Nos cuesta mucho dinero”, se atrevió a manifestar la señora Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a las instituciones económicas y lo que ciertamente disuade a los inversores es la corrupción que anega a la dirigencia del partido gobernante, constatada ya por los tribunales de Justicia. Nada desestabiliza más en una democracia que los comportamientos corruptos en sus mandatarios. El primer objetivo de la moción consiste, precisamente, en recuperar la dignidad de las instituciones y, por tanto, su estabilidad.

El segundo argumento contrario a la moción reprocha su carácter supuestamente “no democrático”, en razón a que “busca obtener en los despachos lo que no se obtuvo en las urnas”. Son palabras del líder de Ciudadanos. Además de desconocer los cauces que la Constitución establece para formar Gobierno, esta argumentación ignora los principios más elementales del parlamentarismo.

En las democracias parlamentarias no gobierna de forma automática aquel que obtiene un voto más que el segundo clasificado, sino aquel que logra el apoyo mayoritario entre los legítimos representantes de la ciudadanía. Por tanto, un candidato que suma el apoyo de la mayoría parlamentaria, por ejemplo mediante un moción de censura, es un candidato con plena legitimidad democrática. Resulta extraño, sin embargo, que el propio Rivera, al tiempo que niega legitimidad al candidato socialista con más de cinco millones de votos populares, proponga la elección de un presidente “instrumental” sin respaldo electoral alguno.

El tercer impedimento tiene que ver con la reivindicación de unas elecciones generales a corto plazo.  Paradójicamente, Ciudadanos reclama un acuerdo entre los partidos constitucionalistas para poner en práctica una medida claramente inconstitucional: la llamada “moción instrumental”. Porque tal cosa no existe en nuestra Carta Marga. Por el contrario, el artículo 113 de la Constitución ofrece la posibilidad de “exigir la responsabilidad política del Gobierno” mediante una moción constructiva, que conlleve simultáneamente la investidura de un nuevo Presidente.

Toda vez que el candidato socialista ha comprometido públicamente la convocatoria electoral en breve plazo, y dado que el actual presidente ha manifestado su intención de agotar la legislatura, las opciones en el voto de la moción de censura también son claras a este respecto. Votar sí equivale a elecciones adelantadas, y votar no equivale a elecciones retrasadas.

El cuarto motivo es el de la garantía de la integridad territorial. Pretenden argumentar los contrarios a la moción que el supuesto voto favorable por parte de los diputados nacionalistas e independentistas pondría en riesgo la unidad del país. Sin embargo, el candidato ha sido absolutamente explícito en su voluntad de defender desde el Gobierno “el ordenamiento constitucional y la unidad de España”.

Hace falta tener mala fe para poner en duda el compromiso del PSOE con la Constitución y la integridad territorial de España. El Partido Socialista fue protagonista fundamental en la elaboración, la aprobación y el desarrollo de la Constitución de 1978. El PSOE es el partido español que más tiempo ha gobernado aplicando la ley de leyes. Y ningún partido ha sido más firme, coherente y leal en el apoyo al actual Gobierno durante la aplicación del artículo 155, para hacer frente al desafío separatista en Cataluña.

También se habla de lo inadecuado de dar lugar a un gobierno “Frankenstein”, como eufemismo de un ejecutivo con apoyos fragmentados y diversos. Ciertamente, resulta mucho más interesante para la estabilidad política del país contar con un gobierno de apoyos amplios y sólidos. Pero esa es una decisión a adoptar por el pueblo soberano, y el pueblo soberano decidió libremente en las últimas elecciones que su representación fuera como es: fragmentada y diversa.

El Gobierno del PP acaba de aprobar su proyecto de presupuestos en el Congreso gracias al apoyo de un conjunto fragmentado y diverso de hasta siete partidos políticos distintos: Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Nueva Canarias. ¿Qué apoyos requeriría un gobierno alternativo tras la moción de censura? Pues eso, un conjunto de apoyos fragmentados y diversos, pero distinto en su configuración y en sus objetivos.

En todo caso, los analistas dados al lamento por la representación crecientemente fragmentada y a la nostalgia por las grandes mayorías, debieran asumir que esta es una tendencia a escala europea y muy de fondo. Por tanto, sin abandonar la lógica vocación de mayoría inherente al menos a la socialdemocracia, conviene acostumbrarse por un tiempo a hacer política con mucha voluntad de diálogo y mucha capacidad de acuerdo.

En realidad, solo hay una razón creíble para votar contra la moción de censura presentada por el PSOE: mantener en el Gobierno a Mariano Rajoy y a su partido condenado por corrupción. Pero es una razón moralmente inaceptable.