Feeds:
Entradas
Comentarios

simancas220916

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que desautoriza claramente los fundamentos de la reforma laboral emprendida por el Gobierno del PP a partir del año 2012. Las implicaciones definitivas del fallo judicial están aún por establecer, pero el sentido de su argumentación resulta diáfano y su aplicación contribuirá necesariamente a paliar los peores efectos de las políticas laborales del Gobierno Rajoy, que han contribuido a precarizar los empleos en nuestro país y a recortar los derechos de nuestros trabajadores.

La resolución del Tribunal Europeo ayudará también a contener las tendencias crecientes en la opinión pública hacia el euroescepticismo. En esta ocasión, al menos, Europa ha cumplido un papel primordial en la defensa de los derechos de los trabajadores españoles.

En términos estrictos, la sentencia tan solo obligaría a revisar las condiciones de despido para los trabajadores interinos, reconociéndoles la indemnización que en estos momentos le niega la legislación española. No obstante, la fundamentación del fallo incorpora un mandato de fondo: la indemnización por finalización de un contrato no puede depender de su duración. Por tanto, en un mismo empleo no cabe establecer diferentes indemnizaciones para contratos temporales y para contratos indefinidos Y esto es precisamente lo que ocurre ahora demasiado a menudo, a causa del abuso de la temporalidad que fomenta el Gobierno del PP.

Estamos, en consecuencia, ante una razón más, puede que una razón definitiva, para emprender el diálogo social que ha de conducir a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto vigente data de 1980. Demasiadas cosas han cambiado desde entonces, sobre todo durante los cinco últimos años de Gobierno del PP.

Es hora de poner al día la norma marco que regula el mercado laboral en nuestro país, fundamentalmente para recuperar los derechos y garantías que el PP ha fulminado en el altar de una competitividad mal entendida. El PSOE ha propuesto una subcomisión en el Congreso para acometer esta iniciativa, desde el diálogo social y político.

Más allá de la propaganda gubernamental, los datos de empleo y paro en nuestro país son de un dramatismo inocultable. Tras varios años de crecimiento significativo del PIB, gracias a la política expansiva de la UE, tenemos prácticamente el mismo número de ocupados que en el año 2011. Cerca de 18,3 millones ocupados en la EPA del segundo trimestre de este año, por en torno a los 18,2 millones en la última EPA de 2011.

Hay cerca de 700.000 parados menos, sí, pero no porque trabajen más españoles, sino porque más de 600.000 españoles se han borrado de las estadísticas de la población activa: 400.000 jóvenes han salido al extranjero para buscar trabajo, miles de inmigrantes han retornado a sus países y otros miles simplemente han desistido de seguir intentándolo.

4,6 millones de parados, con más de dos millones de larga duración, con una tasa de desempleo juvenil por encima del 46%, constituyen un panorama insoportable. Sobre todo si somos conscientes de que el trabajo que se crea es muy precario: un 91% de los nuevos contratos son temporales. Tenemos una de las tasas de temporalidad más altas de la UE. Además, los contratos a tiempo parcial alcanzan ya el 15%, de los que dos terceras partes son involuntarios. Y la duración media de los contratos se situó en 2015 en los 54 días.

La explotación laboral está a la orden del día, con falsos contratos a tiempo parcial que se trabajan a tiempo completo, con falsos autónomos y falsos becarios sometidos a condiciones indignas. Cada semana se trabajan más de tres millones de horas extraordinarias al margen de la ley, que ni se reconocen ni se cobran. Y el número de convenios colectivos llamados a defender los derechos del trabajador ha descendido un 30% en este tiempo.

Los salarios han caído una media del 4% en estos cinco últimos años, y su poder de compra se sitúa ya en equivalencia a los salarios de principios de los años noventa. Casi la mitad de los asalariados españoles no llega a los 900 euros al mes; ellas cobran un 24% menos por el mismo trabajo que ellos; y hasta 2,5 millones de trabajadores en general pueden considerarse trabajadores pobres.

La sentencia del Tribunal Europeo nos señala el camino hacia una revisión a fondo del marco laboral español, con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos para los trabajares y aporte calidad a los empleos. La primera medida a adoptar tiene que ver con el propio modelo productivo: compitamos en calidad y no en precio. Compitamos con la educación, con la formación y con la innovación antes que con la devaluación salarial, laboral y social.

Aumentemos el salario mínimo progresivamente hasta el 60% del salario medio, tal y como nos comprometimos en la Carta Social Europea. Impulsemos un plan eficaz contra la explotación laboral. Promulguemos una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Incrementemos la cobertura social a los parados del 57% actual hasta el 70%, al menos. Dupliquemos el esfuerzo presupuestario en políticas activas de empleo. Y pongamos en marcha cuanto antes el ingreso mínimo vital que prevenga la pobreza y la exclusión social.

Para cumplir esta sentencia europea y acometer las reformas que requiere la dignificación del empleo en España falta, sobre todo, un Gobierno que tenga voluntad y capacidad de cambio. Y volvemos a la madre del cordero…

simancas140916

La credibilidad del proyecto europeo se está jugando en buena medida en la gestión del escándalo fiscal que afecta a la multinacional Apple.

Para los liberales, Europa es ante todo un mercado libre para la competencia. Pero esta dimensión europea queda desmentida con la proliferación de las “ayudas de Estado” anti-competitivas. Para los federalistas, Europa es un proyecto de desarrollo en común. Sin embargo, las prácticas del dumping fiscal a la irlandesa ponen en crisis la mínima solidaridad que requiere tal propósito. Y para los progresistas, Europa es un espacio de justicia social. No obstante, sin una política fiscal suficiente y justa no habrá recursos con los que financiar adecuadamente este objetivo.

La Comisión Europea está tramitando una sanción extraordinaria de más de 13.000 millones de euros, con motivo de las ayudas de Estado ilegales proporcionadas por Irlanda a la multinacional Apple entre 2003 y 2011. Este episodio pone sobre la mesa un grave déficit y un reto ambicioso para las instituciones europeas. El déficit está en la permisividad con que hasta ahora han funcionado los paraísos fiscales de facto, las llamadas taxruling o regímenes fiscales a la carta, y el “dumping” puro y duro de atraer empresas prometiéndoles bajadas de impuestos. El reto es el de la armonización fiscal en Europa, tan imprescindible como inexistente a día de hoy.

Los números del “caso Apple” marean tanto como indignan. En el año 2011 Apple declaró ingresos por 16.000 millones de euros en Irlanda. Su taxruling permitió gravar tan solo 50 de esos 16.000 millones. El pago fiscal fue finalmente de 10 millones, un 0,05%. Tres años después, en 2014, la cosa fue aún peor: el tipo fiscal efectivo satisfecho descendió hasta el 0,0005%.

Mal por la multinacional, porque nos descubre una imagen de egoísmo e insolidaridad muy negativa, que debiera tener costes en su prestigio social. Mal por el estado irlandés, porque se muestra capaz de las maniobras más arteras para obtener un pequeño beneficio propio, a costa de un perjuicio grande para el conjunto de Europa. Y mal por la propia Europa, porque se demuestra su incapacidad manifiesta para asegurar una fiscalidad común mínimamente justa y coherente.

Pero lo peor es la conciencia de que el “caso Apple” y la culpa irlandesa son solo la punta de un iceberg de la que forman parte muchas más empresas, algunos Estados más, y una infinidad de escándalos por descubrir.

Europa no tendrá un presente aceptable ni un futuro creíble hasta que se muestre capaz de aplicar una mínima armonización fiscal en todo su territorio. Una fiscalidad suficiente, progresiva, justa y, ante todo, común. Para salvaguardar la competencia auténtica, las empresas no han de competir en recortes salariales y en elusiones fiscales, como en buena medida se hace ahora, sino en calidad e innovación. Y para hacer realidad el modelo social europeo al que aspiramos, los actores que más beneficios obtienen del mercado europeo abierto han de ser también los que más recursos aporten para la consecución del bien común. Por las buenas, o por las malas, con la ley en la mano.

Por cierto, ¿qué fue de la tasa Tobin sobre las transacciones financieras que el Parlamento Europeo ha aprobado de manera reiterada durante los últimos diez años? Sorprende la celeridad con que se articulan las decisiones relativas al rescate público de las entidades financieras en apuros, mientras se eterniza la burocracia para implementar las decisiones que urgen a estas mismas entidades para contribuir fiscalmente al desarrollo colectivo. O quizás ya no sorprende tanto…

simancas070916

La investidura fallida de Rajoy y la campaña vasca-gallega proporcionan un paréntesis en el debate político nacional, que bien podría aprovecharse para tratar cuestiones de un alcance mayor al habitual en estos últimos meses.

Resulta muy interesante, por ejemplo, la coincidencia paradójica que se está produciendo entre una parte de la izquierda y algunos sectores de la derecha extrema en el rechazo radical a cualquier intento de ampliar y facilitar los intercambios comerciales. Está en el discurso de Trump y de Sanders, al mismo tiempo. Y adquiere un protagonismo creciente en los planteamientos tanto de la Ukip británica y el lepenismo francés, como de la socialdemocracia francesa y alemana. También el populismo izquierdista español se ha sumado a las críticas más oportunistas.

Desde luego, tal coincidencia merece una reflexión crítica. La negociación del tratado comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) ha sido el objeto más habitual de las polémicas orquestadas a un lado y otro del océano atlántico y en un extremo y otro del eje ideológico. Pero los reproches se han extendido ya a los intercambios comerciales en el seno de la propia Unión Europea, y en las relaciones crecientes de europeos y norteamericanos con economías emergentes en Asia y Latinoamérica.

El análisis es tan simple como antiguo. La llegada a nuestro territorio de productos competitivos procedentes de otros ámbitos pone en riesgo a corto plazo los puestos de trabajo en la economía local. Además, cualquier estrategia propia para ganar competitividad frente a los actores foráneos conlleva automáticamente, se dice, un retroceso en nuestros derechos y en nuestras condiciones de vida. La conclusión también es obvia: si la ampliación de los espacios comerciales supone una amenaza, evitémosla y constriñamos en lo posible nuestros mercados. En pequeñas dosis se llama proteccionismo. Llevado al extremo se trata de la vuelta a la autarquía.

Pero el análisis es falso y, por tanto, la conclusión es errónea. De hecho, la ampliación de los espacios comerciales permite a los de aquí disfrutar de lo mejor que se hace fuera y vender fuera lo mejor que se hace aquí. Unos y otros pueden crear más empleo. El balance no tiene por qué ser negativo en parte alguna. Más bien debe resultar globalmente beneficioso. A estas alturas del desarrollo tecnológico, el debate no es ya si la globalización se producirá o no. La globalización ya está aquí y ha llegado para quedarse. El debate está en si la globalización se produce bajo la ley de la selva o bajo una regulación que garantice el bien común. Y ahí es donde la izquierda tiene un papel clave.

Si los intercambios comerciales en un mundo globalizado se llevan a cabo bajo la ley del más fuerte, como ocurre ahora en buena medida,la competitividad seguirá dirimiéndose fundamentalmente en los precios, en los salarios y en los niveles de explotación laboral, social o ambiental. Si los intercambios comerciales, por el contrario, se llevan a cabo bajo regulaciones estrictas y pactadas, la competitividad podrá dirimirse en la innovación y en la calidad de productos y servicios. En este último escenario, los estándares de salarios, de condiciones laborales, de respeto al medio ambiente y de protección al consumidor, entre otros, estarían asegurados en todo el espacio comercial acordado.

El papel de la izquierda no consiste en combatir el desarrollo económico y el comercio en el contexto irreversible de la globalización, sino en establecer unas reglas claras que proporcionen seguridad a trabajadores y a consumidores en la defensa de sus derechos y libertades.

Unas reglas claras en este sentido para los intercambios comerciales entre Europa y Estados Unidos servirían, además, como referencia para el resto del mundo. Podríamos luchar así con armas poderosas, por ejemplo, contra la explotación de los trabajadores del sector textil en Bangladesh, contra los salarios de miseria en la huerta marroquí o contra la producción antiecológica en China.

El TTIP aún no se ha acabado de negociar y, por tanto, no cabe establecer conclusiones sobre un texto final que aún no se ha escrito. No obstante, el carácter oscurantista de la negociación y los inaceptables posicionamientos estadounidenses que se han filtrado en este tiempo, han provocado una sentencia legítima, anticipada y desfavorable en la mayoría de la población europea. En consecuencia, posiblemente, el TTIP sea insalvable ya. Pero esto no debe evitar una nueva negociación futura, más transparente y garantista del bien común.

A la izquierda no le conviene frenar la ampliación de los espacios comerciales, sino pelear por un comercio amplio sometido a reglas que, además del beneficio privado, aseguren para la mayoría los derechos sociales, labores, ambientales y de consumo más exigentes.

¿Y AHORA QUÉ?

simancas010916

Las expresiones de preocupación, incluso de hastío, que se manifiestan por doquier en estos días respecto al bloqueo aparente en la formación de Gobierno resultan lógicas y legítimas. Lo ocurrido es grave. Se trata de la primera vez en nuestra democracia en que un Presidente en funciones fracasa en el intento de una nueva investidura. No obstante, resulta algo menos lógico, y sobre todo mucho menos justo, el discurso de aquellos que sitúan la responsabilidad del bloqueo fundamentalmente en el PSOE, exigiendo a sus dirigentes una rectificación en toda regla como salida única a la situación.

Resulta injusto, desde luego, que aquellos que más hicieron durante los últimos años para acabar con lo que llamaban bipartidismo, contribuyendo a la fragmentación de la representación política, achaquen ahora en exclusiva al vilipendiado PSOE las culpas porque ya no resulta tan fácil como antes construir mayorías de gobierno. Y resulta ilógico, evidentemente, que siendo el PP el primer partido en votos y escaños, y siendo Rajoy el candidato llamado por el Rey a sumar apoyos para su investidura, algunos pretendan situar en el líder socialista la responsabilidad de sus fracasos.

“O Mariano o elecciones. Pedro Sánchez tiene que elegir”. Tal es el dilema con el que se pretende presionar a la dirección socialista. Sin embargo, se trata de un planteamiento tan falso como tramposo. Falso, porque en nuestra democracia las reglas las marca la Constitución, y la Constitución no establece tal dicotomía. Y tramposo, porque bajo la aparente llamada al interés patrio, en realidad se contribuye a la estrategia de Rajoy: o yo o el caos. Pues bien, a los socialistas no nos eligieron para contribuir a la reelección de Rajoy ni para favorecer el caos, en el improbable caso de que ambas alternativas no supongan en realidad lo mismo.

El artículo 99 de la Constitución Española deja meridianamente claro que en la votación de una sesión de investidura se dirime exclusivamente la confianza que a cada diputado le merece el candidato solicitante. Esto es lo que votamos. Y espero que nadie albergue dudas sobre la legitimidad, la pertinencia y la honestidad de los diputados socialistas cuando expresamos nuestra negativa a confiar en el candidato Rajoy. Porque lo hacemos en interés de España y de los españoles. Y porque hay algo aún peor que el bloqueo institucional: la marcha atrás y el retroceso en los derechos y las libertades de los españoles.

Hemos votado no, en interés de los españoles y en interés de nuestra democracia. Porque frente a los que manifiestan que la mejor contribución de los socialistas a la buena salud “del sistema” pasa hoy por hacer Presidente a Rajoy, algunos entendemos modestamente que se defiende la democracia siendo coherente con los principios propios y con el mandato de los votantes. Y tanto los principios socialistas como el mandato inequívoco de los votantes socialistas conducen a votar contra aquello que estamos llamados a cambiar.

Si importante es contar con un gobierno capaz, no menos importante para la democracia es contar con una oposición capaz también, sin la merma de credibilidad que supondría favorecer la elección para el gobierno de aquel que ha demostrado fehacientemente que no merece gobernar.

¿Y ahora? El objetivo que se expresa con más frecuencia en los editoriales, curiosamente, es el de evitar las elecciones repetidas. Hay que compartirlo. Pero parece razonable también expresar el propósito de contar con un buen gobierno, que contribuya a enfrentar con alguna garantía de éxito los grandes retos de la sociedad española: contar con buenos empleos, un desarrollo económico sólido y justo, reducir la desigualdad y la pobreza, mejorar la educación, combatir la corrupción con eficacia, aminorar las tensiones territoriales… ¿O no?

Rajoy logró una mayoría de 179 diputados para elegir la Mesa del Congreso. Sin embargo, no pudo o no quiso reeditar esa mayoría “natural” en la votación de su investidura. En ningún momento, por ejemplo, dio la sensación de buscar con ahínco el apoyo crucial de los diputados del PNV. ¿Por qué? Diera la sensación de que el plan A de Rajoy es gobernar sin oposición, es decir, dañando la credibilidad de una oposición que se ha abstenido en su investidura; y que su plan B es ir a nuevas elecciones en la confianza de fagocitar definitivamente a la formación de Rivera. Esto sí que sería una irresponsabilidad. Pero leo pocos editoriales con reproches al respecto.

A partir del día 2 de septiembre la primera legitimidad para intentar la formación de gobierno sigue estando en el candidato del partido más votado, es decir en el PP y en Rajoy. Máxime cuando el propio Rajoy se ha reservado la posibilidad de volver a solicitar la investidura, y cuando los dirigentes del PP hacen públicamente cábalas sobre un eventual cambio de postura del nacionalismo vasco tras las elecciones autonómicas en Euskadi.

Lo tiene muy difícil, porque Rajoy es un candidato tóxico para todos los grupos parlamentarios. Resulta difícilmente creíble que pueda perseguirse la recuperación justa y la regeneración democrática en la sociedad española haciendo Presidente al Rajoy de los recortes y de la corrupción. Solo había que ver la cara de disgusto de los diputados de Ciudadanos a la hora de manifestar su voto positivo el día 31 en el Parlamento.

¿Cambiará el PSOE su voto en función de nuevas circunstancias coyunturales? No lo creo, porque el PSOE ha fundamentado su voto negativo desde los principios ideológicos y morales, más allá de todo tacticismo. ¿Puede articularse una mayoría alternativa a partir del PSOE? Tampoco parece viable, porque Podemos, que ahora lo pide, ya nos dejó tirados el 4 de marzo en busca del fallido “sorpasso”. No son de fiar. Ciudadanos y Podemos se han proclamado públicamente incompatibles entre sí, además. Y los partidos soberanistas ponen como condición, condición del todo punto inaceptable, la celebración del referéndum separatista en Cataluña.

A aquellos que se dirigen al PSOE reclamando soluciones hemos de decirles que con 85 diputados las soluciones claras no están a nuestro alcance, por desgracia. Ojalá los resultados del 26-J hubieran sido otros. Pueden pedirnos que seamos coherentes con nuestros principios y consecuentes con el interés general. Esa es nuestra responsabilidad, y procuramos cumplir con nuestra responsabilidad.

simancas270716

La agenda política en democracia distribuye sus tiempos y sus esfuerzos en torno a dos grandes tareas: el reparto del poder y la atención a los retos colectivos. Ambas labores son imprescindibles y no puede concebirse la una sin la otra. No cabe atender a la resolución de los problemas en el espacio público compartido sin dilucidar democráticamente quiénes han de tomar las decisiones. Y no cabe tratar las cuestiones del poder sin atender al para qué se dispone el poder en manos de unos u otros.

La calidad de una democracia madura depende en buena medida de cuánto tiempo y cuánto esfuerzo dedica la política a una y otra agenda, la del poder y la del bienestar. Y la sensación general en nuestro país hoy es la de que se dedica demasiado tiempo y esfuerzo a los asuntos del poder, mientras se demoran en demasía las soluciones a los problemas pendientes en la sociedad española. Políticos de gobierno, políticos de oposición, analistas, periodistas y tertulianos aparecen constantemente enfrascados en las intrigas del poder, al tiempo que se desatiende la agenda más útil para el bienestar de la ciudadanía.

Ciertamente, la inevitable agenda del poder nos tiene tan embebidos de actualidad desde el pasado mes de diciembre que casi nadie se ha parado a hacer un análisis en perspectiva. Recordemos que a partir de la crisis económica y política desencadenada en 2008 se produjo un consenso muy generalizado entre analistas y tertulianos a favor de acabar con lo que se llamó el “bipartidismo”, fraccionar la representación política de la ciudadanía y abrir paso a aquello que entonces se denominaba la “nueva política”.

El balance provisional que puede hacerse ocho años después no resulta muy halagüeño. Todos los costes que ya se barruntaban entonces en términos de inestabilidad política se han confirmado con creces. Pero, sin embargo, los supuestos beneficios de aquella inflexión están aún por ver: el paso del bipartidismo al “cuatripartidismo” no ha mejorado el entendimiento entre los actores políticos del país, sino que lo ha deteriorado aún más; el fraccionamiento de la representación ciudadana se ha traducido demasiadas veces en intransigencia y bloqueo; y la esperanza de la nueva política se ha convertido en la frustración del populismo y la teatralización permanente y estéril.

Toda vez que la agenda del poder no acaba de despejarse adecuadamente, merece la pena, al menos, compartir el tiempo y el esfuerzo de la comunidad política en la atención a la otra agenda, la de las soluciones. Este es el sentido de la decisión adoptada por los diputados socialistas al registrar varias iniciativas de interés social, en pleno fragor del debate en torno a la eventual investidura de un presidente de Gobierno. Los temas a atender en esta agenda política útil han de ser, al menos, los siguientes:

  • Establecer las bases para un nuevo modelo de desarrollo, que busque prosperidad y competitividad en factores tales como el conocimiento, la formación, la investigación y la innovación, antes que en la devaluación de derechos sociales y condiciones laborales. Se trata, en definitiva, de competir en calidad y no en precio.
  • Desarrollar unas políticas de empleo valientes y efectivas en un doble objetivo: la apuesta por las políticas activas de empleo que proporcionen herramientas solventes a los colectivos más vulnerables para acceder al mercado laboral; y recuperar los derechos perdidos en el mundo del trabajo mediante un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
  • Apostar decididamente por reducir las crecientes brechas de desigualdad social; rescatando de la pobreza mediante un ingreso mínimo vital a quienes cayeron en la exclusión social; elevando el salario mínimo; desarrollando las estrategias legales pendientes frente a la dependencia; ofreciendo segundas oportunidades ante el drama de los desahucios; y atajando en la realidad lo que la legalidad ya predica ante las discriminaciones que sufren las mujeres.
  • Alcanzar un pacto social y político en torno al futuro de la educación española, que derogue la LOMCE y proporcione a las generaciones presentes y futuras una formación de calidad con equidad, inclusiva y democrática.
  • Garantizar el futuro de nuestro sistema público de pensiones, actualizando el Pacto de Toledo y asegurando unos ingresos suficientes para atender la demanda legítima e imprescindible de unas prestaciones dignas.
  • Acometer una agenda valiente para la regeneración democrática de nuestro país, reformando la Constitución, modernizando nuestras instituciones, abriendo el sistema político a una participación más activa y permanente de la ciudadanía, y haciendo frente a la corrupción con medidas eficaces de prevención y de control.
  • Y, finalmente, comprometiendo a la sociedad española y a sus instituciones con el proyecto que más esperanza arroja sobre nuestro futuro: el proyecto de la integración europea. Mientras la globalización nos ofrece las mejores promesas de desarrollo y las mayores amenazas de autodestrucción, a un mismo tiempo, solo la suma de los sueños, de las voluntades y de los esfuerzos de todos los europeos puede ofrecernos un futuro en el que las luces de la razón y el progreso se impongan sobre las sombras del fanatismo y el atraso.

RESPONSABILIDAD

simancas200716

Podría proponerse a la RAE una nueva acepción en el diccionario para el término “responsabilidad”: dícese de esa carga o sacrificio extraordinario que se requiere del PSOE pero que se evita para los demás actores de la política española. Y la nueva anotación podría adornarse con ejemplos: responsabilidad es lo que se exige al PSOE para contribuir a la investidura de presidentes ajenos, y es aquello que se evita reclamar a otros partidos cuando el candidato a investir es socialista.

Resulta paradójico que sean precisamente aquellos que con más énfasis califican al PSOE como partido “perdedor” de las últimas elecciones, con “el peor resultado de la historia”, quienes con más ahínco responsabilizan principalmente al PSOE de las decisiones que han de conducir a la formación de gobierno, nada menos.

Y paradójico es también que los mismos poderes que, por interés político coyuntural o por razones comerciales, más han hecho para fraccionar la representación política de los españoles, para deteriorar el crédito social del PSOE, para promocionar al populismo, generando inestabilidad y bloqueo institucional, sean los más insistentes en pedirle cuentas y sacrificios al propio Partido Socialista.

Más allá de estas paradojas, debe aceptarse como legítimo el planteamiento de quienes piden honestamente al PSOE un esfuerzo en aras del bien común que no se atreverían a pedir a los demás. El Partido Socialista ha dado muestras a lo largo de la historia de anteponer el interés general al interés propio, como no ha hecho ningún otro partido, y sin reclamar reconocimiento o gratitud alguna, porque es su deber.

Así lo hizo Pedro Sánchez activando el reloj institucional en el mes de marzo. Así lo hizo el PSOE en la Transición, en los Pactos de la Moncloa, en el debate constitucional, en el referéndum sobre la OTAN, y más recientemente en los pactos antiterroristas o en las medidas que evitaron el rescate financiero durante 2010, por ejemplo. La responsabilidad es seña de identidad socialista y nadie puede dar lecciones al respecto al PSOE.

Ahora bien, para dar salida al complejo contexto político presente cabe contemplar algunas responsabilidades alternativas al sacrificio del PSOE. Con toda seguridad, a Rajoy le resulta más fácil, menos trabajoso y más rentable desangrar al PSOE que acordar con sus afines, pero puede que al país no.

Parece obvio decirlo, pero el caso es que la primera responsabilidad para obtener apoyos suficientes en una investidura la tiene el candidato. En este caso, Rajoy, si se atreve y no da la espantada como en febrero. Máxime cuando el Congreso que salió de las urnas el pasado 26 de junio cuenta con una mayoría absoluta de diputados de centro-derecha: 183 de 350, contando PP (137), Ciudadanos (32), Convergencia (8), PNV (5) y Coalición Canaria (1). Y máxime cuando todos ellos ya han sido capaces de entenderse, coaligarse y votarse mutuamente de cara al reparto de poder en la Mesa del Congreso. ¿O por qué no se presiona a Rajoy para que sea responsable y generoso dando paso a otro candidato popular con más posibilidades?

En todo caso, las votaciones del 19 de julio desmienten el supuesto concurso imprescindible del PSOE para evitar una nueva repetición electoral. Si las derechas fueron capaces de entenderse para repartirse sillones, grupos y prebendas en el Congreso y en el Senado, están obligados a trabajar, a negociar y a entenderse para sacar adelante una investidura cuanto antes.

La segunda responsabilidad debiera situarse en aquellos que por pura ambición frustraron el gobierno del cambio que habían comprometido ante sus electores. Si hay un responsable de haber traicionado a los votantes mayoritarios del cambio en diciembre, de haber impedido la formación de un gobierno progresista en marzo y de haber posibilitado un nuevo gobierno de derechas en agosto, ese es Pablo Manuel Iglesias, junto a Garzón y sus aliados. Y, por tanto, si a alguien debiera exigírsele cuentas y sacrificios para salir de un eventual bloqueo, además de a Rajoy, es a Iglesias. A fin de cuentas, ya votaron juntos el 2 y el 4 de marzo.

Antes que al PSOE, las responsabilidades para facilitar la investidura del candidato del PP han de recaer también sobre aquellas fuerzas ideológicas y programáticamente afines que durante la campaña electoral no negaron un acuerdo con el partido de Rajoy, como sí hizo el PSOE. Ciudadanos nunca negó tal posibilidad. Los nacionalistas vascos han pactado tradicionalmente con unos y otros. Arzallus se sentó, negoció, pactó y votó con Aznar, ¿por qué no habrían de hacerlo Esteban y Urkullu? ¿Tienen elecciones autonómicas en otoño? Claro, como los demás. ¿Acaso el PSOE ha renunciado a presentarse?

Oramas, de Coalición Canaria, ya se ha mostrado dispuesta. Ahí hay diputados suficientes para sacar adelante la investidura. Sin contar con los pragmáticos pujolistas, que son capaces de cerrar un pacto vergonzante con el centralismo españolista por la mañana y suscribir por la tarde una agenda soberanista con las CUP. Ni Messi demostró tanta cintura.

Por tanto, han de respetarse las razones de aquellos que con buena voluntad impelen al PSOE al sacrificio. Pero con la misma buena voluntad cabe plantear alternativas más lógicas y de interés general.

Los analistas muestran hasta cinco escenarios de salida para la situación actual. La primera y más lógica pasa por la investidura del candidato popular con los apoyos activos y pasivos de la mayoría conservadora en el Congreso. La segunda invita a una abstención general de todos los no partidarios de un gobierno del PP, a fin de impedir el bloqueo y la repetición electoral, sin estigmatizar a ninguno de ellos. La tercera ensayaría una mayoría distinta sin el PP, prácticamente imposible por las incompatibilidades manifiestas entre PSOE y soberanistas, PSOE y populistas, Ciudadanos y soberanistas y populistas…

Nadie quiere la cuarta, que avocaría a las elecciones repetidas por tercera vez, demorando aún más un gobierno en funciones. ¿Y la quinta? El sacrificio del PSOE permitiría a Rajoy una investidura rápida, sin esfuerzo, sin negociación y sin coste, con el regalo añadido del principal partido opositor mermado en su credibilidad como alternativa. ¿A quién le conviene un PSOE debilitado y una alternativa limitada de facto al populismo y al independentismo? ¿Le conviene a la sociedad española? ¿O tan solo le conviene a Rajoy y a Iglesias?

Merecen todo respeto quienes buscan honestamente una solución viable ante el riesgo de bloqueo. Y deben entenderse las llamadas a la responsabilidad de anteponer el interés de todos sobre el interés partidario. Pero con la misma honestidad cabe llamar a la siguiente reflexión: sacrificar y debilitar al PSOE puede ser lo más fácil a cortísimo plazo para algunos, pero puede que no sea lo más conveniente a medio y largo plazo para la mayoría.

LAICIDAD

simancas130617

Durante estos días de julio unos cuantos progresistas osados nos hemos atrevido a debatir, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en torno a algo distinto a cómo aquellos que perdimos las elecciones hemos de asumir la responsabilidad que el ganador no asume para que este país tenga gobierno y evite las terceras elecciones. Mil disculpas por el atrevimiento.

Nuestro tema ha sido la laicidad. Tradicionalmente se han señalado a un conjunto de problemas endémicos como causas más o menos permanentes del atraso secular en nuestro país. Se habló siempre del déficit educativo, de la anómala preeminencia del estamento militar, de las tensiones nacionalistas periféricas, y de la influencia extraordinaria de la confesionalidad católica en el espacio público.

Como balance de estos 37 años de democracia, puede asegurarse que los dos primeros problemas citados están en vías de solución, que el tercero lejos de solucionarse se ha agravado, y que el cuarto sigue figurando en buena medida entre las llamadas asignaturas pendientes de España. Tal juicio se sostiene fácilmente a la luz, por ejemplo, de los conflictos políticos y sociales que ocasionó la respuesta de la jerarquía católica a las legislaciones socialistas sobre el aborto, la educación para la ciudadanía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Una democracia madura y de calidad aspira a reconocer y garantizar la libertad de conciencia de todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes. Esa democracia ha de facilitar la convivencia en una sociedad con expresiones privadas y públicas de todo tipo de convicciones, religiosas y no religiosas, en el marco de la ley. Y tal democracia avanzada debe asegurar que la organización del espacio público compartido, es decir, que la política y el Estado son radicalmente independientes de cualquier organización o confesión religiosa.

Esto es lo que llamamos laicidad. Libertad de conciencia individual, respeto a las expresiones públicas legales, y autonomía total de la política y el Estado. La laicidad implica separación absoluta entre Estado y religión, neutralidad religiosa del Estado, y cooperación para asegurar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades constitucionales.

¿Podemos considerar al Estado español hoy como un Estado completamente laico? En primer lugar hay que reconocer aquí, como en tantos otros aspectos, los avances prudentes que logró el constituyente en la Transición Democrática. Con el artículo 16 de la Constitución de 1978 pasamos de un Estado confesional católico a un Estado aconfesional, que garantiza la libertad religiosa, pero que mandata a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de los españoles y, por consiguiente, a establecer relaciones de colaboración con “la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Hemos de hablar, por tanto, de una laicidad imperfecta. Se ha avanzado mucho, sobre la letra de la ley y en el día a día de nuestra sociedad, pero queda mucho por avanzar en el propósito de un Estado plenamente laico. En primer lugar en la reforma constitucional de ese artículo 16 que no requiere alusión directa a confesión alguna.

En segundo lugar en la denuncia de los acuerdos negociados por el Estado español con el Estado vaticano con carácter previo a la promulgación de la Carta Magna aconfesional, y que establece condiciones y privilegios para la Iglesia católica que nos son compatibles con el objetivo legítimo de la laicidad.

En tercer lugar está pendiente una auténtica ley de libertad de conciencia y de libertad religiosa, que asegure tanto la no discriminación del creyente y del no creyente, como la separación estricta entre la decisión pública y la fe religiosa. En cuarto lugar una enseñanza laica que incorpore el conocimiento sobre el hecho religioso, pero que relegue el adoctrinamiento fuera del curriculum y del horario escolar.

En quinto lugar un avance definitivo en la autofinanciación de las confesiones religiosas, sin privilegio fiscal alguno. Además, hay que establecer protocolos civiles para ceremoniales, espacios y símbolos públicos que aún hoy mantienen una relación con ciertas confesiones que resulta inadecuada para un Estado aconfesional.

¿Hay que hacerlo? Sí. ¿A qué ritmo? Al que vaya aconsejando la madurez paulatina de una sociedad que se seculariza con rapidez. ¿Cómo? Desde el diálogo, el respeto y el mayor acuerdo posible entre las fuerzas políticas y con los representantes sociales de colectivos confesionales y no confesionales.

Puede que estos asuntos parezcan insólitos y peregrinos para quienes se sienten absorbidos por la rabiosa actualidad de las desventuras de Rajoy para seguir gobernando, pero resulta que algunos de estos asuntos sin resolver durante siglos han supuesto un lastre muy pesado en nuestro desarrollo colectivo.

Y quizás, entre campaña y campaña, entre encuesta y encuesta, entre investidura e investidura, merezca la pena pensar en lo importante. Aunque solo sea para variar.