EL 8M NO ES SOLO COSA DE MUJERES

EL 8M NO ES SOLO COSA DE MUJERES

Como la lucha contra la esclavitud no era cosa tan solo de los esclavos. El 8 de marzo nos interpela a todas y a todos acerca del tipo de sociedad que queremos construir, y acerca del grado de injusticia que estamos dispuestos a asumir.

Hacer del 8M una jornada de lucha exclusiva de mujeres es un error, como lo es hacer del feminismo una bandera a enarbolar solo por ellas. Una sociedad machista es una sociedad indigna, y lo es para las víctimas, para los que victiman y para los demás que alientan, que consienten o que ignoran.

Hoy, por tanto, cabe denunciar la actitud condescendiente del que asiente sin más ante las reivindicaciones del 8M. “Claro, claro, igualdad, desde luego…”, y a otra cosa… pero no de mujeres.

También cabe reprochar al que corta y pega discursos impecablemente correctos acerca de la igualdad, un minuto antes de lamentarse por el fastidio de las cuotas, de las paridades y de las cremalleras.

Como hay que señalar al que desprecia con media sonrisa paternalista esos debates “de mujeres”, sobre el género, el patriarcado, la corresponsabilidad, la conciliación, la coeducación, el techo de cristal, el suelo pegajoso, el consentimiento expreso, el empoderamiento y otros conceptos “que no aspiro a entender”.

Es un error asumir que “eso de la igualdad” le corresponde a las mujeres, que lleva su camino y que va bien. Porque no es verdad.

La igualdad ha de ser un objetivo de todos y todas, o será un objetivo frustrado. La igualdad debe ser un compromiso de todos y todas, o será un compromiso falso. La igualdad tiene que ser una tarea de todos y todas, o no pasará de ser un discurso hipócrita.

Ni es fácil, ni va bien. Ni mucho menos.

Las mujeres asesinadas por sus parejas lo son por ser mujeres, porque sus parejas las consideran suyas, subordinadas y victimizadas. Pero hay quienes lo niegan, y cuando lo niegan desde las instituciones ponen en riesgo a todas las mujeres.

El “solo sí es sí” no es un eslogan pancartero, ni una blasfemia jurídica, ni una rabieta frente al togado insensible. Es la herramienta que ellas necesitan para que el juez no juzgue violación solo con la violada heroica y muerta, para que haya justicia, para ser libres.

La prostitución no es un mercado libérrimo y simétrico, sino una forma de explotación de seres humanos, de mujeres cosificadas y mercantilizadas, la esclavitud consentida en las sociedades de nuestro tiempo. Una indignidad que no nos atrevemos a ilegalizar.

Los cuidados atienden a todos, se celebran por todos, se agradecen por todos, pero los asumen ellas. En pandemia, más.

El Estatuto legal se refiere a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero el Estatuto real ampara a los trabajadores y discrimina a las trabajadoras. Y no somos capaces de acabar con las brechas salariales, con las carreras profesionales masculinizadas, con la maternidad penalizada…

Ellas son cada vez más visibles en el poder. Es cierto. Pero tienen que pagar más precio por llegar. Y tienen que recibir cuestionamiento extra por mantenerse. Y tienen que enseñar más los dientes para que las respeten.

Una mujer a la que admiro y que lidera el grupo en el que trabajo suele decir que no hay socialismo sin feminismo. Yo me atrevo a añadir en este 8M que el feminismo necesita más hombres feministas.

LOS INDEPENDIENTES NO EXISTEN

Para empezar, todos dependemos de nuestras creencias y de nuestras ideas, de nuestros intereses, de nuestra experiencia y de los valores morales que guían nuestra conducta.

A nadie puede exigírsele “independencia” respecto a todos estos factores en el momento de postularse o acceder a una responsabilidad pública. Puede exigírsele honestidad, imparcialidad, lealtad hacia el bien común, ausencia de partidismo o sectarismo en su ejercicio, y un compromiso fiel de defensa del interés general frente a otros intereses.

Quienes han militando en un partido político, o se han presentado a unas elecciones, o han ejercido un cargo político no están menos legitimados o menos capacitados para cumplir estas condiciones que quienes han decidido vehicular sus ideas de otros modos

Más claro. Todos tenemos ideología, posicionamientos, simpatías y antipatías políticas. Todos. Y no es más apto para ocupar una responsabilidad pública quien ha decidido llevar el compromiso con sus ideas a la militancia o al sufragio popular que quien ha decidido no hacerlo.

No hay más garantía de un comportamiento honesto, imparcial y no partidario en alguien que ha formado parte de un consejo de administración, o el abogado de un bufete, o cualquier periodista, o un funcionario de la administración, que en alguien que ha militado en un partido, o ha sido concejal, o ha ejercido como director general.

No existe la independencia política, ni creo que su existencia fuera deseable. Existen las personas que llevan sus ideas políticas al compromiso militante, al contraste electoral, a la representación pública o a la gestión de gobierno. Y existen las personas que participan de la vida política a través de otras vías, también legítimas y enriquecedoras en una sociedad democrática.

Ni unos ni otros merecen el prejuicio de la falta de honestidad o de la incapacidad para ejercer una responsabilidad pública al margen de intereses espurios.

Lo que sí existe es la anti-política. Pero no es nuevo. Ya lo decía el dictador Franco: “Haga como yo. No se meta usted en política”. Y como siempre, quienes promocionan ahora la anti-política lo hacen desde unas ideas políticas y desde unos intereses políticos muy concretos e indentificables: la derecha no democrática.

En realidad, no se trata solo de anti-política, se trata también y sobre todo de anti-democracia. Cuando la participación política activa se amplía al conjunto de la sociedad, hombres y mujeres, pudientes y no pudientes, mayores y jóvenes, derechistas e izquierdistas, los poderes públicos se ejercen en una democracia de calidad. Pero cuando la participación politica se limita a unos pocos privilegiados, el poder es menos democrático y atiende a esos intereses exclusivos.

Por eso hay “analistas independientes” que escriben y hablan en estos días sobre la necesidad de que la política saque sus “zarpas” de determinados ámbitos. Lo que en realidad defienden estos “independientes” es que las suyas sean las únicas “zarpas” que manejen esos ámbitos.

¿Qué están pidiendo en realidad aquellos que reclaman para España un gobierno “como el del independiente Draghi en Italia”? Lo que piden es que el poder político no se ejerza conforme a las ideas políticas de la mayoría, expresadas en unas elecciones democráticas. Lo que piden es que manden “los que saben”, “los mejores”. Es decir, sustituir la democracia por la aristocracia. Esto sí que es un cambio de régimen.

Por cierto, Dragui es tan “independiente” como yo o como cualquier miembro del actual Gobierno de España. Tiene ideas propias, como yo. Defiende posiciones políticas, como yo. Aspira a que se hagan realidad sus planes para organizar el espacio público, como yo. Solo nos diferencia el voto popular.

¿Qué están pidiendo en realidad aquellos que reclaman que el gobierno político del poder judicial se conforme al margen de la política? Lo que piden es que el gobierno político del poder judicial se conforme al margen de las ideas y de la voluntad democrática de la ciudadanía española. Piden que ese gobierno político se conforme a partir de intereses corporativos, parciales y de obediencia política conservadora.

¿Qué están pidiendo en realidad aquellos que reclaman que los fondos europeos se distribuyan desde una “agencia con personas independientes”, al margen de la política? Lo que piden es que la decisión sobre en qué se invierte y en qué no se invierte, qué proyectos y empresas recibirán fondos y cuáles no, se adopte en instancias ajenas a la voluntad democrática de la ciudadanía.

A nadie se le escapa que todas estas personas “independientes”, de “agencias independientes”, tienen ideas propias. Todos cuentan con una opinión sobre si hay que combatir o permitir el cambio climático; sobre si la transformación digital debe llegar a todas las familias o solo a las empresas del Ibex; sobre si hay que ejercer la discriminación positiva para corregir las desigualdades de género o el mercado debe actuar libremente; sobre si hay que revertir la despoblación o promocionar las áreas superpobladas…

¿Por qué los criterios políticos -legítimos- de estos “independientes” han de imponerse sobre los criterios políticos -legítimos y votados- de quienes se han presentado y ganado unas elecciones?

La última controversia en torno a la “independencia” ha tenido lugar con ocasión de la renovación del consejo de administración de RTVE. El procedimiento ha consistido en: abrir un concurso público al que se han presentado los profesionales que han querido; evaluar sus proyectos y capacidades mediante un comité de expertos; valorar sus comparecencias en sede parlamentaria; y elegir mediante voto secreto diez nombres de entre los cerca de cien postulados.

A los “políticos” se nos criticaba cuando no llegábamos a acuerdos para renovar el consejo de RTVE (los políticos están a la greña), y cuando hemos llegado a esos acuerdos se nos critica por la “politización” (los políticos conchabean).

Algunos críticos se limitan a criticar, y no cabe más exploración en sus motivaciones. Otros, sin embargo y nuevamente, lo que reivindican en realidad es una elección no-política, no-democrática, conforme a otras claves y otros intereses, parciales, corporativos, conservadores, esta vez para la radio-televisión pública.

Hay que mejorar mucho en cuanto a las garantías a establecer para que la transparencia, la limpieza, la imparcialidad y la vigencia del interés general sean efectivamente las guías de conducta para cualquier persona en el ejercicio de una responsabilidad pública.

Pero no resulta aceptable el prejuicio y la estigmatización de cuantas personas han militando políticamente o han ejercido cargos políticos democráticos, como personas supuestamente no legitimadas o incapacitadas para ejercer esas responsabilidades de manera honesta.

Y la anti-política es, en realidad, anti-democracia. Tengámoslo claro a la hora de traducir algunos de los mensajes procedentes de analistas “independientes”.

LA NORMALIDAD ES OCUPARSE DE LOS PROBLEMAS REALES

LA NORMALIDAD ES OCUPARSE DE LOS PROBLEMAS REALES

Durante el cerco otomano, en Constantinopla se discutía sobre el sexo de los ángeles. Ahora, con la sanidad desbordada, la economía colapsada y el paro desbocado, hay quienes también fomentan debates bizantinos. Si la democracia es normal, anormal o seminormal. Si el PP debe mudarse o alicatarse. Si Ciudadanos debe fusionarse o fisionarse.

Hay quienes pretenden situar el centro del debate político sobre la consideración que merecen los energúmenos que hoy rompen escaparates en solidaridad con un condenado por enaltecer el terrorismo (“Merece que explote el coche de Patxi López”), que ayer rompían escaparates por las limitaciones al botellón, y que no necesitan motivo alguno para seguir rompiendo escaparates.

También hay quienes insisten en ocupar el tiempo, la energía y los recursos de los representantes públicos en constructos filosóficos como la autodeterminación. Sobre si estamos suficientemente autodeterminados. Sobre si podemos autodeterminarnos algo más. Sobre cuánta autodeterminación hemos de procurar.

Muchas fuerzas políticas, y cada mayoría y cada minoría en muchas fuerzas políticas, anteponen cada día el afán por diferenciarse de las demás sobre la responsabilidad de aportar para el bien común. Se trata de una competición ineficiente siempre, absurda muchas veces, que causa hartazgo en buena parte de la ciudadanía afectada y preocupada por problemas reales.

Cada mañana hay un izquierdómetro en funcionamiento, que juzga, que distingue, que compara y que mide el grado de intensidad izquierdista en unos y otros. A su lado funciona el democratómetro, que diferencia a los demócratas más o menos normales y más o menos plenos. Junto a estos, se mira alternativamente al constitucionamómetro y el independentismómetro. ¿Y para cuándo un sensatómetro?

Durante las últimas semanas, en el Congreso de los Diputados se han vivido situaciones lamentables. Varios grupos parlamentarios han confundido la sede de la soberanía popular con un puesto de feria para jugar al pim-pam-pum contra el Gobierno.

Daba igual si se votaba la llegada de 140.000 millones para recuperar la economía y los empleos. No importaba si la votación iba a decidir prestaciones destinadas a asegurar la supervivencia y la dignidad de los más afectados por la pandemia. Unos y otros se frotaban las manos antes de lanzar sus proyectiles para que el Gobierno perdiera la votación, cualquier votación, aunque fuera vital para el país, aunque fuera crucial para millones de españoles.

Los decretos se han ido aprobando, con mucho esfuerzo y con muchas dificultades, pero la irresponsabilidad ha sido infinita entre algunos de los elegidos y pagados precisamente para ejercer responsabilidad en un momento tan duro como este.

La paradoja es difícilmente soportable cuando algunos de los protagonistas de estos episodios de irresponsabilidad son los que más alto alzan la voz lamentando y denunciando la polarización política, la radicalización social o la influencia creciente de la ultraderecha. Por cierto, los mayores propagandistas de la anormalidad democrática en España son los dirigentes de Vox, que han cuestionado la legitimidad misma del Gobierno al que tachan de criminal.

El camino hacia la mejora constante de nuestra democracia es el que lleva a sus representantes a interesarse por los problemas reales de la ciudadanía, que no son pocos ni livianos en el marco de la mayor crisis de nuestras vidas.

¿Cómo reforzar y cómo financiar el sistema sanitario que ha de defendernos de esta pandemia de las que llegarán? ¿Cómo reiniciar la economía paralizada? ¿Cómo gastar y no malgastar los ingentes recursos que nos están llegando de las instituciones europeas? ¿Cómo aprovechar esta oportunidad para no perder el tren que otros lideran ya en la transición ecológica y la transformación digital global? ¿Cómo asegurar que el balance de esta crisis no incrementa las desigualdades sociales y territoriales, como ocurrió con la anterior? ¿Cómo proteger eficazmente a los más vulnerables?

Hay demasiadas preguntas importantes a responder, para perder tiempo y energías en más discusiones artificiosas y estériles.

CATALUÑA, PROGRESO O DECADENCIA

CATALUÑA, PROGRESO O DECADENCIA

La irrupción de Salvador Illa ha hecho saltar por los aires la dinámica anodina, previsible y repetitiva que hasta ese momento caracterizaba la campaña para las elecciones autonómicas en Cataluña.

La campaña catalana discurría por el mismo sendero de la última década, el debate irreal, divisor y estéril acerca de la quimera independentista. El mismo sendero que ha llevado a los catalanes a caminar en círculo durante la última década, mientras el resto de las grandes regiones cosmopolitas de Europa procuraban avanzar en prosperidad y derechos.

El sueño de una región independiente en la España y la Europa de hoy es una falacia. Porque la independencia no existe y, además, es indeseable. Los grandes desafíos del mundo, desde el cambio climático a la elusión fiscal o las migraciones, pasando por la lucha contra las pandemias, exigen espacios públicos cada día más amplios, más fuertes y más interdependientes.

Contraponer hoy el propósito separatista al desafío de la globalizacíón es tan anacrónico como contraproducente. Y jugar en este contexto con la emocionalidad y el sentido de pertenencia de las personas es muy poco responsable. No habrá independencia, porque no es viable y no es conveniente. Y los propios dirigentes independentistas lo saben.

El reciente pacto suscrito y firmado por los candidatos independentistas para no acordar nada con Salvador Illa y el Partido Socialista señala con claridad donde está la alternativa al círculo vicioso del separatismo. Pero, ademas, constituye una paradoja insuperable.

Ante el bloqueo que las fuerzas independentistas han ocasionado en la institucionalidad catalana, esas fuerzas independentistas ofrecen… mantener el bloqueo. El independentismo se ha mostrado incapaz de entenderse para gobernar Cataluña. De hecho, han renunciado a seguir gobernando, han dado por finalizada la legislatura antes de tiempo, se ha disuelto el Parlamento catalán y se han convocado elecciones, como consecuencia de esa incapacidad.

La coalición de Junts y Esquerra, con el apoyo externo de otros grupos independentistas, ha fracasado. Es evidente. Pero todos ellos ofrecen la misma receta para los próximos cuatro años…

Salvador Illa ha propuesto dejar atrás la agenda separatista que ha monopolizado y bloqueado las instituciones catalanas durante demasiado tiempo. Y ha planteado tres prioridades distintas: proteger la salud de los catalanes, impulsar la recuperación económica, e implementar políticas públicas en defensa de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Esto es, la agenda real de Cataluña. Los problemas y las soluciones reales de los catalanes y las catalanas.

Pero esto no quiere decir que deba ignorarse el reto del encaje territorial de Cataluña en su relación con el resto de España y sus instituciones. La cuestión es que ese reto no monopolice, no polarice y no paralice a la sociedad catalana, como lo ha hecho hasta ahora.

La cuestión es plantear salidas viables. Illa ofrece diálogo abierto, voluntad de acuerdo, un horizonte de reformas acordadas que pueda avalar el conjunto de la ciudadanía catalana. El perfeccionamiento de nuestro Estado de las Autonomías hacia una solución federal puede ser un camino interesante a transitar…

Y habrá que votar. Claro. Pero si el objetivo es el de superar las diferencias y acordar un marco comúnmente aceptable, lo lógico es acordar primero y votar después. No a la inversa, como plantean algunos. Votar antes de acordar divide a la sociedad. Votar tras dialogar, entenderse, ceder y acordar, cohesiona a la sociedad y la fortalece ante los retos del futuro.

Ahondar en la decadencia, o cambiar para progresar. Ese es el reto de la sociedad catalana en estos días. Ojalá acierte.

BÁRCENAS, EL PP Y EL GOBERNAR PARA ROBAR

BÁRCENAS, EL PP Y EL GOBERNAR PARA ROBAR

La historia de la derecha española es una historia de corrupción sistémica y de constante abuso de poder. Lo era antes de la recuperación de la democracia y, por desgracia, lo ha seguido siendo durante los últimos cuarenta años.

La última declaración de Luis Bárcenas, quien fuera su gerente y tesorero durante décadas, solo añade un testimonio directo más a la larga ristra de denuncias, investigaciones policiales y sentencias judiciales que reflejan aquella realidad lamentable.

La actual dirección del PP, encabezada por Pablo Casado y Teodoro García Egea, pudieron elegir entre una estrategia de depuración y renovación o la tradicional maniobra de negar y distraer. En definitiva, Casado ha podido elegir entre limpiar y tapar, pero ha elegido tapar.

Porque asegurar que el caso Bárcenas es un caso “del pasado” responde a un intento lastimoso de escamotear la verdad y la responsabilidad debidas. Este PP es aquel PP, el PP de siempre.

Casado estaba en la dirección del PP señalada por Bárcenas como corrupta. Y Casado ganó su congreso gracias al apoyo de Cospedal, directamente implicada en los casos judicializados. Y Casado mantiene en sus escaños a Arenas y García Escudero, citados expresamente por Bárcenas como receptores de sobresueldos ilegales.

Inventar supuestas tramas ocultas, urdidas en alianzas inverosímiles entre la fiscalía y Bárcenas, con el propósito increíble de hundir al PP ya hundido en las elecciones catalanas, tan solo entierra más la credibilidad de Casado y su equipo.

Se trata de la misma teoría de la conspiración que llevó a Rajoy a asegurar que el caso Gürtel no era un “caso del PP” sino “un caso contra el PP”. Ese caso que condenó a su partido por corrupción en sentencia judicial y que le sacó de la Moncloa, mediante la primera moción de censura exitosa en la historia de nuestra democracia.

Las confesiones de Bárcenas son terribles y, quizás, lo más terrible es que prácticamente nadie ha dudado de su credibilidad. Los actuales dirigentes del PP, incluso, alegan en su defensa la distancia temporal, pero no niegan la veracidad de lo confesado por su ex tesorero.

En su breve declaración, Bárcenas confiesa que el PP se ha financiado de forma ilegal y opaca prácticamente desde su fundación inicial con Fraga Iribarne. Sostiene que esa conducta corrupta se mantuvo con los presidentes Aznar y Rajoy. Asegura que los dirigentes populares recibían regularmente sobres con dinero sucio, procedente de mordidas.

El tesorero del PP durante tanto tiempo relaciona las “donaciones” de empresarios con adjudicaciones de contratos públicos, es decir, con cohechos recogidos como delitos graves en el código penal. Confirma que las obras realizadas en su sede nacional de la madrileña calle Génova se pagaron ilegalmente, en b.

La declaración de Bárcenas implica el latrocinio sistemático, el saqueo de las arcas públicas, el fraude fiscal permanente, el dopaje electoral descarado…

Y a todas estas conductas lamentables deben añadirse las maniobras arteras en búsqueda de la impunidad. Cometen delitos y siguen delinquiendo para tapar sus delitos.

Porque tal es la justificación última de la llamada “operación Kitchen”: la utilización delictiva de medios policiales para encubrir los delitos de los propios dirigentes del PP, incluido el uso de fondos reservados, el soborno, seguimientos ilegales, escuchas sin autorización judicial, el robo y destrucción de pruebas…

Y hemos de concluir que esa es también la justificación para aquello que confesaba el ex director de la policía Ignacio Cosidó en los chats internos del PP: “controlando la Sala Segunda (del Tribunal Supremo) desde detrás”. Amén de las “inversiones” estratégicas en el accionariado de determinados medios de comunicación, especializados en distraer a la opinión pública con la conspiranoia en torno al terrible atentado del 11M.

No es la derecha del pasado. Es la derecha de siempre, con sus señas de identidad de siempre: corrupción sistémica y abuso de poder.

Casado estaba llamado a elegir: limpiar o tapar. Y parece que ha elegido lo segundo.

LA DERECHA CONTRA ESPAÑA

LA DERECHA CONTRA ESPAÑA

Durante los últimos días, la derecha ha votado en el Congreso con el independentismo catalán tratando de impedir la llegada de los fondos europeos a España.

También ha respaldado a la Generalidad independentista para suspender indefinidamente unas elecciones democráticas que temían perder en Cataluña.

Y, como el independentismo catalán, ha tratado de cuestionar en Europa la vigencia del Estado de Derecho establecido en España con la Constitución de 1978.

Las explicaciones a este comportamiento son evidentes. PP y Ciudadanos se saben perdedores en las próximas elecciones catalanas, y prefieren un nuevo triunfo separatista antes que ver a un socialista catalán, español y constitucionalista presidiendo Cataluña.

Por otra parte, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 les ha convencido de que, salvo que se dé un desastre en el país, como la pérdida de aquellos fondos europeos, la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez está asegurada para toda la legislatura.

Las explicaciones de esta conducta son evidentes. Su nombre también: se trata de una traición a España y a los españoles.

Desde la socialdemocracia española siempre hemos contemplado con resquemor las manifestaciones hiperbólicas de patriotismo por parte de la derecha española.

Los socialistas somos menos de hacer homenajes a la patria y más de velar por los derechos de los compatriotas. Somos menos de himnos y banderas y más de políticas públicas. Y entendemos los símbolos patrios como medios para unir y no para dividir y zaherir.

No obstante, respetamos ese afán derechista por tapar sus debilidades con banderas cada vez más grandes. No hay problema. Ahora bien, nos parece de una hipocresía inaguantable el agitar enfervorecido de la enseña rojigualda, al tiempo que se sabotea la llegada de 140.000 millones de euros vitales para la salud, la economía y los empleos de millones de españoles.

El pasado día 28 de enero, PP y Ciudadanos unieron conscientemente sus votos a la ERC de Rufián, el JxC de Puigdemont, el PDCat del pujolismo y las CUP antiespañolas, para intentar que el Congreso rechazara el Decreto Ley habilitador de la llegada de los fondos europeos.

Esa norma que derechistas e independentistas procuraban tumbar era y es condición imprescindible para que las millonarias ayudas europeas se destinen pronto a reforzar la sanidad pública y a recuperar la economía, hundida por causa de la pandemia.

Unos pocos días antes, PP y Ciudadanos no dudaron en apoyar expresamente al Gobierno independentista catalán en una medida sin precedentes en nuestra historia democrática, que los tribunales de Justicia se han visto obligados a anular. ERC y JxC, con el respaldo de PP y Ciudadanos, intentaron suspender unas elecciones convocadas, con un Parlamento disuelto, a pocos días de la votación.

Muy pocos en Cataluña y en el resto de España dudan de las motivaciones auténticas que han unido a socios tan sorprendentes. Unos y otros se temían perdedores ante el empuje del candidato socialista Salvador Illa, favorito en las encuestas más fiables.

En paralelo, la derecha política, junto a la derecha judicial y la derecha mediática, intensificaban la ofensiva contra el Parlamento democrático de España y su legítima pretensión de legislar a favor de la limitación de funciones en el órgano de gobierno de los jueces, una vez finalizado su mandato constitucional.

Bajo la original consigna de que el poder legislativo no debe legislar, los vocales derechistas caducados en el CGPJ y sus voceros mediáticos habituales, arman estrategias arteras de desprestigio para el Estado de Derecho español en Europa. Con el aplauso de Puigdemont y compañía, claro.

Esa es hoy la derecha española. Bandera en ristre y traicionando a España. Después dirán que las va mal en las encuestas por culpa de Tezanos.

TEMPORAL DE INCOMPETENCIA

Uno de los tópicos más repetidos en la política española habla de que la derecha gestiona bien. Ya sabemos, defienden privilegios, desprecian la igualdad, tienen tendencia a robar… pero gestionan bien.

El reciente temporal de nieve también se ha llevado por delante este tópico falso. Millones de madrileños han contemplado, entre estupefactos, desamparados y cabreados, cómo Ayuso y Almeida han sido incapaces de afrontar las inclemencias del tiempo con un mínimo de eficacia.

Calles bloqueadas, aceras intransitables, túneles inundados, árboles caídos, hospitales sin acceso, colegios cerrados, transporte público inutilizado… Un paisaje de caos y confusión, ocasionado por una tormenta largamente anunciada y que se ha mantenido durante días y días.

Mientras tanto, los madrileños solo percibían dos escenas, repetidas una y otra vez: Ayuso y Almeida poniendo excusas y el Gobierno de España poniendo trabajo, recursos y soluciones.

Mientras Ayuso y Almeida balbuceaban en televisión sus justificaciones, mientras Casado paleaba nieve durante cinco minutos para la tele, mientras Aguado presumía de labia y zapatos de ante en el dúplex… los madrileños atrapados por el temporal solo podían contar con la ayuda de los quitanieves del Ministerio de Transporte, de los agentes del Ministerio del Interior, de los bomberos del Ministerio de Transición Ecológica, de los soldados del Ministerio de Defensa, y de la coordinación del Delegado del Gobierno de España.

El modus operandi de la derecha española en estos casos suele repetirse, porque actúan de memoria. Son siglos de inercia. Primero abdican de todo ejercicio de prevención, ignorando los anuncios del problema, por obvios que sean. Cuando no les queda más remedio que reaccionar, lo hacen de forma insuficiente, arrastrando los pies. Enseguida les surge el instinto de buscar la oportunidad para que, al calor del desastre, algún buen amigo haga algún buen negocio. Y al quedar al descubierto, inevitablemente juegan a desviar la atención y señalar falsos culpables.

Ayuso y Almeida han sido un cero en previsión. La Agencia Meteorológica avisó, Protección Civil alertó, cada televisión, cada radio, cada periódico previeron el temporal… pero ellos no se enteraron. El Plan de Inclemencias Invernales no se activó en nivel 2 hasta cerca del mediodía del viernes 8. No se pidió ayuda a la Unidad Militar de Emergencias hasta las once la noche, cuando cientos de conductores estaban ya atrapados por la borrasca.

La presidenta llegó tarde a la primera reunión de coordinación del 112 y hubo de repetirse la escena para que saliera en la foto. De esta manera evitó escuchar los lamentos por décadas de precarización, privatización y marañas de contratistas, que han dejado inermes a los servicios de emergencias de Madrid. Olvidaron movilizar hasta el domingo a las brigadas forestales. Los camiones de bomberos no llevaban cadenas. Faltaba sal. Imposible abrir los colegios el lunes, claro. Se pedían voluntarios, pero nadie les dotaba ni les organizaba.

Las redes sociales ardían por el trato desigual a unos barrios y a otros barrios, a unos municipios y a otros municipios. ¿Cuáles? Los de siempre.

Cuando llegó la hora de las culpas, enseguida miraron a España, como Torra. Que si nadie les avisó de la que se venía encima. Que si para ver nieve era mejor fijarse en Barajas. Que si el Gobierno “manirroto” de Sánchez debía pagar la cuenta. Que si Madrid saca factura de 1.400 millones…

1.400 millones. Más del triple de lo que se planteó para cubrir daños en el terremoto de Lorca, que dejó 13 fallecidos y 300 heridos. Doce veces más que lo destinado a la borrasca Gloria y sus 12.000 siniestrados. El doble de lo que el Banco Mundial dedicó a cubrir daños tras el maremoto de Indonesia en 2018… Para compensar el “lucro cesante” decían: 4 millones para los socios del Club de Campo, 13 millones por las pérdidas en las canchas de pádel, 2 millones por la baja recaudación de la empresa de los parquímetros…

Diez días después de la nevada, el 43% de las calles de la ciudad de Madrid seguían bloqueadas. Más de 40 colegios no pudieron abrir sus puertas. 27.000 escolares en casa. Todos los parques cerrados. La basura acumulándose en la vía pública. 150.000 árboles dañados, derribados sobre aceras, calzadas y vehículos. Lo peor: cientos de heridos por caídas. La imagen dramática: vecinos quitando nieve a toda prisa para abrir paso a las ambulancias tras la explosión de la calle Toledo, doce días más tarde.

“¿Qué habría sido de Madrid sin la colaboración de otras administraciones?”, preguntaba Ángel Gabilondo en el parlamento regional. Y es que gracias a la rápida y eficaz movilización de recursos por parte de la Delegación del Gobierno de España, los madrileños pudieron atemperar los efectos del desastre. Transportes movilizó 1.300 máquinas quitanieves y cerca de 10.000 trabajadores de RENFE, ADIF y AENA. Interior, 48.000 efectivos de la seguridad del Estado. Defensa, 1.500 militares y 450 vehículos. Transición Ecológica, 5 brigadas y más de 200 operarios. Y habrá ayudas para todas las zonas “catastróficas”, pero con rigor, con diligencia, y sin extravagancias.

Funcionó el Gobierno de España. Cumplieron los trabajadores públicos, una vez más. Se esforzaron miles de voluntarios rescatando conductores, despejando calles, liberando hospitales y colegios. Los madrileños volvieron a dar ejemplo de civismo y de paciencia.

Fallaron ellos, como cada vez. Los que dicen gestionar bien. Los que siempre llegan tarde y mal. Los que en cada ocasión buscan culpables ajenos para la incompetencia propia.

La Comunidad de Madrid no se creó para cumplir un destino histórico, ni para satisfacer reivindicación identitaria alguna. Esta Comunidad solo tiene una razón y un propósito: prestar servicios a la ciudadanía. Si sus dirigentes no sirven para esto, ¿para qué sirven?

Artículo publicado en EL SOCIALITA 21-01-2021

https://www.psoe.es/el-socialista/temporal-de-incompetencia/

LA DERECHA JUDICIAL CONTRA EL PARLAMENTO DEMOCRÁTICO

LA DERECHA JUDICIAL CONTRA EL PARLAMENTO DEMOCRÁTICO

La derecha se ha atrincherado en el órgano de gobierno de los jueces de forma fraudulenta, y desde allí arremete contra los representantes legítimos del pueblo español elegidos en las urnas.

En una ofensiva sin precedentes en nuestra democracia, la derecha judicial se ha convertido en un instrumento más de ataque político contra la mayoría parlamentaria surgida de las últimas elecciones generales.

La última embestida se ha producido contra la proposición de ley impulsada por la mayoría parlamentaria a fin de limitar precisamente las funciones del Consejo General del Poder Judicial, una vez ha concluido su mandato constitucional.

Se trata de que el órgano de gobierno del Poder Judicial, al igual que ya ocurre con los poderes ejecutivo y legislativo, disponga de una regulación que establezca las funciones que puede desarrollar al finalizar su tiempo de ejercicio y, por tanto, su plena legitimidad constitucional y democrática.

Se trata también, claro está, de desincentivar las estrategias de bloqueo que la derecha aplica de forma sistemática y fraudulenta, para no renovar la composición del Consejo cuando corresponde por mandato constitucional.

Los argumentos que esgrime la derecha judicial para atacar al Parlamento democrático no pueden ser más paradójicos, porque hablan de la separación de poderes y de la calidad de la democracia.

Que el poder judicial exija al poder legislativo que se abstenga de legislar, y que lo argumente en defensa de la separación de poderes, resulta tan original como absurdo. El articulo 66 de la Constitución Española recoge expresamente que “las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa”.

Y que los integrantes del actual gobierno del poder judicial, aferrados a sus sillones tras dos años de mandato caducado, aludan a la calidad de la democracia, también tiene su gracia.

Las razones reales de estos ataques no están en la calidad de la democracia ni en el principio de la separación de poderes. Son razones de carácter político, son transparentes y son espurias.

La derecha judicial atrincherada en el Consejo pretende seguir ejerciendo funciones plenas, adoptando decisiones trascendentes para el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho, pero careciendo ya de la legitimidad democrática plena para ello.

Esa derecha judicial, en realidad, busca desviar la atención de la opinión pública respecto al fraude constitucional que están protagonizando de la mano de la derecha política. Critican que el poder legislativo legisle, para que no se hable del lamentable bloqueo a su renovación desde hace más de dos años.

La realidad es que la derecha judicial defiende en el órgano de gobierno de los jueces los intereses de la derecha politica, en lugar de defender el interés general mediante el cumplimiento de la Constitución Española.

La derecha judicial exige intervenir en el ejercicio del poder legislativo y lo hace de manera abrupta e intempestiva, con escritos altisonantes dirigidos al Parlamento, con llamativas notas de prensa, con requerimientos ridículos a la intervención salvadora de Europa… Y saben que lo exigido no tiene cobertura jurídica alguna, porque tal exigencia no aparece en la Constitución, ni en la Ley Orgánica que regula el Poder Judicial, ni tiene precedentes.

De hecho, los precedentes desautorizan la exigencia de la derecha judicial para informar una proposición de ley de los representantes del pueblo español en el Parlamento. En el año 2014, la Mesa del Congreso de los Diputados, entonces con mayoría derechista, ya rechazó solicitar informe al Consejo respecto a una reforma legal en el ámbito de la Justicia. Y en el año 2017 fue el propio Consejo, este Consejo, el que eludió reclamar informe alguno ante otra proposición de ley sobre cuestión judicial en el Parlamento.

La derecha judicial no tiene derecho a exigir su participación en las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, como los legisladores no tenemos derecho a participar en las decisiones que adopta el gobierno de los jueces. Se llama, esto sí, separación de poderes.

Ya está bien. Exigimos respeto al Parlamento democrático elegido por los españoles.

LOS PARTIDOS CONFRONTAN, LOS GOBIERNOS COLABORAN.

LOS PARTIDOS CONFRONTAN, LOS GOBIERNOS COLABORAN

Los partidos expresan el pluralismo político y son instrumento para la participación política. Los gobiernos son los responsables del interés general.

Por eso, los partidos han de confrontar sus opciones políticas diversas y los gobiernos han de colaborar en la gestión eficiente de los asuntos públicos.

Esta diferenciación de papeles debiera resultar una obviedad para una sociedad democrática avanzada como la española pero, sin embargo, a juzgar por el comportamiento de algunos gobernantes, es preciso ponerla de manifiesto y exigir su cumplimiento una y otra vez.

El paradigma de la falta de respeto al papel institucional de los gobiernos lo representa la presidenta de la Comunidad de Madrid. De manera continua y sistemática abdica de su responsabilidad como gobernante, para ejercer como activista de la confrontación partidaria.

Ocurrió en las gestiones contra la pandemia. Pasó en la negociación de los fondos para la recuperación económica. Volvió a pasar con el plan de vacunaciones. Y lo ha vuelto a hacer en la respuesta pública al temporal de nieve. Se trata, por tanto, de una estrategia deliberada. Una estrategia equivocada y dolosa.

El Pacto Constitucional de 1978 exorcizó a nuestro país respecto a buena parte de los demonios patrios más clásicos, como la falta de sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil, como los vínculos entre Estado e iglesia, como el debate perpetuo en torno a la forma del Estado (a pesar de las minorías que pretenden reeditarlo)…

No obstante, las controversias sobre la estructura territorial del Estado se han mantenido vivas durante todo este tiempo, con mayor o menor virulencia.

La Constitución, los Estatutos de Autonomía y el marco legislativo desarrollado en estos cuarenta años de democracia han dado lugar a un Estado de carácter inequívocamente federal. El nuestro es un Estado complejo, fuertemente descentralizado, que “reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas” (artículo 2 de la CE)

El balance de la España de las autonomías es un balance claramente positivo, porque ha dado cauce a las legítimas reivindicaciones identitarias, a la vez que ha promovido el desarrollo de territorios antes relegados, y ha proporcionado una gestión satisfactoria en general mediante la aplicación del principio de subsidiaridad.

Existe, por tanto, el marco constitucional adecuado. Contamos con un extenso derecho comparado en grandes potencias federales, como Alemania, Canadá, Australia…. Y disponemos de herramientas institucionales teóricamente válidas, como una Cámara parlamentaria de carácter territorial -el Senado-, Conferencia de Presidentes, Consejos Interterritoriales…

¿Qué nos falta? ¿Dónde está el déficit responsable de que nuestro Estado federal no cuente con el grado de consenso, estabilidad y eficiencia que sí disfrutan en otros países? La lealtad institucional.

La lealtad es la única condición que no se puede mandatar en un texto legal pero que, sin embargo, resulta una condición indispensable para que un Estado complejo funcione de manera adecuada.

La lealtad es la disposición de los gobernantes para priorizar la colaboración sobre la confrontación, la cooperación sobre el conflicto y, en definitiva, el interés general sobre el interés partidario.

Mediante la lealtad se busca primero la convergencia de intereses y objetivos, y se trabaja después el entendimiento y el esfuerzo conjunto para su cumplimiento.

Con la lealtad institucional se gana en gestión eficaz, se gana en cohesión social y territorial, se gana en calidad democrática, y se gana en confianza ciudadana hacia las instituciones públicas.

Pero hay que querer.

LA CAÑADA DE LA VERGÜENZA

Madrid es la capital de España, una de las grandes metrópolis europeas y la región más rica del país. Pero Madrid cuenta con una distinción más, en este caso para vergüenza de quienes aquí habitamos. Porque en Madrid se encuentra también el mayor poblado marginal de Europa.

Cerca de 8.000 personas, en torno a 2.000 menores, malviven en la Cañada Real, en un asentamiento ilegal, muchas de ellas en situación de grave precariedad social, sin respeto a los derechos humanos más elementales. Ahora, además, sin derecho a suministro eléctrico y, por tanto, a luz, calefacción y cocina.

Los máximos responsables tienen nombres, apellidos y cargos perfectamente identificables: la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital. Y sus incumplimientos van más allá de lo político y lo jurídico, porque se adentran en el ámbito de lo inmoral.

La presidenta regional -también su vicepresidente- intenta camuflar su responsabilidad al mejor estilo trumpista, es decir, insultando. Para eludir sus obligaciones descalifica a las víctimas tachándolas de millonarios con “porsches”, de tramposos que no pagan las facturas de la luz, y de delincuentes traficantes de drogas. Y, claro está, quienes le exigen respuestas al problema tan solo buscan “democratizar la delincuencia”.

La verdad, sin embargo, es que la inmensa mayoría de los sufridores de la Cañada no tienen porsches, sino que malviven en la exclusión social. Y ya quisieran poder pagar facturas a la compañía eléctrica, porque eso supondría que se han regularizado sus viviendas y cuentan con licencia de habitabilidad. 

Y si la señora presidenta tiene constancia de la comisión de algún delito, sea por tráfico de estupefacientes o de cualquier otra naturaleza, su obligación pasa por denunciarlo ante la justicia,  y no por realizar acusaciones genéricas, criminalizando injustamente a más de 2.000 familias. 

Los problemas reales de la Cañada no son producto, por desgracia, de embotellamientos de porsches ni de facturas impagadas de la luz. Los problemas que ignora y pretende ocultar el gobierno de la Comunidad de Madrid vienen de lejos, revierten más gravedad y son de índole social, urbanística y medioambiental. Justo tres ámbitos competenciales de la Comunidad y del Ayuntamiento de la capital.

Las cien estufas de butano y las pocas mantas que han intentado repartir en los últimos días, para engañar a la conciencia navideña, se han recibido como lo que son: más insultos. 

No. Los habitantes de la Cañada, y todos los demás, no merecen insultos ni desean manifestaciones de caridad oportunista. Quieren y merecen que Comunidad y Ayuntamiento cumplan con sus responsabilidades.

En el año 2017 se suscribió el “Pacto Regional por la Cañada Real Galiana”, con la formalidad de los muy grandes eventos. Sus firmantes fueron la Presidenta de la Comunidad de Madrid, los Alcaldes de los municipios afectados, los portavoces de los Grupos Parlamentarios en la Asamblea de Madrid, la Delegada del Gobierno y los representantes de las entidades sociales y vecinales.

Los compromisos adoptados solemnemente buscaban “las soluciones más favorables a los problemas de la Cañada Real”, desde los principios de “la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la cohesión social, la coordinación institucional y la transparencia”.

Las decisiones incorporadas al Pacto abarcaban medidas sociales, sanitarias, educativas y laborales para todos los habitantes del poblado. También se comprometía la regularización urbanística y la restauración ambiental en el asentamiento. Se establecía una estrategia de realojos y se planificaba la rápida y total adecuación de la red eléctrica, “a licitar por el Comisionado de la Comunidad de Madrid”.

Tres años y medio después de aquel compromiso, firmado y rubricado ante mil cámaras, queda eso, lo dicho, desmarques y descalificaciones. Los excluidos siguen en la exclusión. Las viviendas irregulares siguen sin regularizar. Y, además, se ha cortado el suministro eléctrico en buena parte del poblado. Hablan de realojos, pero los primeros 150 ni siquiera se llegaron a culminar… 

¿Estufas? ¿Mantas? No. Ellos piden dignidad. Nosotros pedimos que cumplan lo firmado.

ARTÍCULO PUBLICADO EN HUFFINGTONPOST 13-01-2021

https://www.huffingtonpost.es/entry/la-canada-de-la-verguenza_es_5ffeae67c5b66f3f79627526?utm_hp_ref=es-politica