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Las justificaciones que han dado las tres potencias que acaban de bombardear supuestas instalaciones de armamento químico en Siria no son creíbles y, de hecho, casi nadie se las ha creído.

Si la acción militar hubiera sido en realidad una respuesta al supuesto ataque químico del régimen de Bashar al-Asad sobre población civil, lo lógico hubiera sido cargarse antes de razones esperando a las conclusiones de los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas o, al menos, a la obstaculización definitiva de su labor sobre el terreno. Pero no se esperó.

Si los bombazos se hubieran querido legitimar en la vulneración de la legalidad internacional por Damasco, los atacantes debieran haber contado con la autorización, al menos, del Consejo de Seguridad de la ONU, por pura coherencia. Pero tampoco fue así.

Si las razones aducidas hubieran sido las de proteger al sufrido pueblo sirio, castigado por una guerra que dura ya más de siete años, y que ha ocasionado centenares de miles de muertos y millones de refugiados, la acción no se hubiera limitado a un simple bombardeo. De hecho, el sufrido pueblo sirio sigue siendo hoy el sufrido pueblo sirio, con unas cuantas explosiones más sobre su territorio.

Las demás justificaciones son ya del género pintoresco. Aducir que se quiere castigar a la “dictadura de los Asad” sería más creíble si Francia no hubiera anunciado apresuradamente que ha decidido retirar ahora la legión de honor, su altísima distinción patria, al antes agasajado y ahora denostado Bashar…

Y hablar con credibilidad de la defensa de los derechos humanos hubiera requerido de Estados Unidos algún comentario crítico, por ejemplo, sobre los francotiradores israelíes que fulminan cada jornada a varios palestinos en las afueras de Gaza. O sobre la vulneración de las libertades más elementales por parte del régimen egipcio, subvencionado por Washington.

No. La acción militar llevada a cabo en Siria por las fuerzas militares de Estados Unidos, Reino Unido y Francia no responde a las justificaciones presentadas, por la sencilla razón de que las justificaciones reales no son presentables, y no se han presentado.

Hubo un tiempo en que las acciones militares se emprendían en defensa de intereses cuestionables, pero más o menos colectivos. A veces para conquistar nuevos territorios y otras veces para evitar perderlos. En ocasiones para hacerse con poder, con recursos o con mercados, y en otras ocasiones para que el enemigo no se hiciera con ellos…

Es cierto que buscar justificación o legitimación a las guerras es arriesgado, porque en esencia siempre las ganan los mismos privilegiados -de uno u otro bando- y las pierden los mismos desgraciados -de uno y otro bando también-.

Las supuestas razones de la guerra son casi siempre miserables. En este tiempo nuestro, aún más miserables. Porque, en realidad, ¿qué ha motivado la decisión de Trump, May y Macron para bombardear Siria? Ni tan siquiera el interés cuestionable de sus respectivos países, sino muy probablemente el interés aún más cuestionable de sus gobiernos y el interés político personal de ellos mismos.

Trump, May y Macron han decidido acallar el murmullo desaprobador de sus respectivas opiniones públicas con el ruido atronador de las bombas. El primero, por su incierto horizonte judicial. La segunda, por su cuestionamiento permanente en el propio partido tory. El tercero, por las huelgas contrarias a sus reformas precarizadoras del empleo. Nada como un buen serial de bombas para intentar unir a la tropa…

Hay más razones, seguro, tan miserables como ésta, o más. Por desgracia, la capacidad de hacerse oír hoy en el concierto internacional de las naciones es directamente proporcional al tamaño del arsenal propio. El reciente protagonismo del líder norcoreano acaba de demostrarlo fehacientemente. El gobierno israelí viene demostrándolo desde hace décadas. En consecuencia, las potencias que presumen de serlo han de mostrar al público de cuando en cuando el tamaño de sus misiles. No sea que les tachen de impotentes…

Y puestos a significar miserias, la palma se la lleva el anuncio del Gobierno estadounidense sobre las pruebas realizadas en Siria con sus nuevos y flamantes “misiles invisibles JASSM”. A estas armas, al parecer, se refirió el inefable Trump en aquel tuit sobre “misiles buenos, nuevos e inteligentes” que pasará a la historia de la ignominia internacional y, espero, del bochorno para el pueblo estadounidense. Es decir, Estados Unidos emprendió en realidad un bombardeo en Siria para que su industria armamentística probara un nuevo -y caro- juguete de destrucción.

Seguro que el régimen de Bashar al-Asad es un régimen detestable, que vulnera los derechos humanos y que merece ser derrotado y derrocado. Y seguro que también era así cuando Estados Unidos lo armaba, el Reino Unido lo financiaba y Francia le otorgaba su legión de honor.

Y seguro que el pueblo sirio requiere de atención y auxilio internacional, para lograr una convivencia en paz y en libertad. Como lo requería antes y como lo sigue requiriendo sin esperanza tras el bombardeo con misiles JASSM, el bombardeo mendaz.

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Entretenidos como estamos en los títulos que se presumen pero que no son y en los prófugos que sí son pero se simulan, no atendemos al peligro que se cierne en el conjunto de Europa sobre la mismísima convivencia en paz y en democracia.

Las últimas elecciones en Hungría han consolidado en el poder al populismo supremacista de Viktor Orbán con cerca del 50% de los votos. La segunda opción en apoyos populares ha sido, además, un partido con las mismas ideas ultranacionalistas y con planteamientos aún más radicales.

Pero antes de las elecciones húngaras, tuvieron lugar las italianas y las alemanas. Los escenarios no son idénticos, pero en todos ellos se constata el creciente atractivo electoral de los discursos que apelan a la emocionalidad negativa, al rechazo al diferente, o directamente al odio hacia “los otros”.

Europa ha sido durante la segunda mitad del siglo XX una referencia de avance civilizatorio, gracias a que el conjunto de las sociedades europeas han compartido muy mayoritariamente como pilares de la convivencia los principios herederos de la ilustración y la revolución francesa: la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Sin embargo, estos sólidos fundamentos de civilización, que han dado lugar a una calidad democrática y a unos niveles de bienestar admirados y envidiados en todo el mundo, se cuestionan ahora por doquier desde opciones políticas que arrastran grandes apoyos populares.

Si la concepción progresista de  los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la protección de las minorías y el rechazo a cualquier forma de discriminación, han formado parte esencial de la identidad europea durante décadas, ahora arrasan en las urnas los planteamientos basados en el odio irracional al inmigrante, al homosexual, a quien nació en otra tierra o al que profesa una religión distinta.

Orbán ha triunfado con un llamamiento a “recuperar los valores del cristianismo”, es decir a la sustitución de la razón y la ley por el dogmatismo y el sectarismo religioso. Su programa ha consistido básicamente en tres puntos: la criminalización del inmigrante y el gitano, la oposición cerrada a la institucionalidad europea y el desprecio a los presupuestos democráticos de la libertad de prensa y de expresión. Xenofobia, eurofobia y retroceso democrático.

Todo ello a pesar de que los inmigrantes no superen el 1,5% de la población húngara, de que Bruselas se haya limitado a instar para el respeto a los derechos humanos, y de que el principal peligro para la democracia en Hungría sea el propio Orbán, que acaba de celebrar el cierre por asfixia institucional del principal periódico que cuestionaba sus políticas.

Ha pasado en Hungría. Pero ha pasado también en Italia, donde los dos primeros partidos en apoyo popular coinciden con la mayor parte de estos postulados. Pasó en Alemania, donde los supremacistas se han erigido ya en la primera fuerza de oposición. Y antes pasó en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Noruega…

Estas formulaciones de odio populista no han logrado aún grandes apoyos en la sociedad española, afortunadamente. Sí comparten buena parte de su base ideológica con el supremacismo independentista en Cataluña, que también busca el rechazo irracional al no nacionalista, cierta pulsión eurofóbica y la supeditación de las garantías democráticas a sus objetivos políticos.

Sigamos atentos, pues, a nuestros másters y a nuestros prófugos, pero no perdamos de vista esta amenaza a los pilares mismos de nuestro modo de vida, porque viene pisando fuerte…

POR DIGNIDAD

Madrid es la Comunidad capital de España y una de las regiones más importantes de Europa, en términos políticos, económicos y culturales. En esta Comunidad trabajan, estudian, se esfuerzan y viven cada día cerca de seis millones y medio de hombres y mujeres. Ni la Comunidad de Madrid ni esos hombres y mujeres se merecen el bochorno al que les están sometiendo precisamente aquellos que son responsables de velar por su bienestar.

El prestigio y la credibilidad de las instituciones que organizan el espacio público son factores claves para fundamentar el desarrollo colectivo y la propia convivencia. Y cuando ese prestigio y esa credibilidad se ven vituperados hasta la indignidad, como es el caso de la Comunidad de Madrid en estos momentos, el daño infringido desborda a gobiernos, parlamentos y partidos, hasta alcanzar al corazón de la sociedad misma.

El crédito de las instituciones madrileñas viene siendo arrastrado por el lodo de la corrupción y la mentira desde hace muchos años. El faraonismo dolosamente despilfarrador de Gallardón, el latrocinio sin límite de las ranas de Esperanza Aguirre, y ahora la vergüenza de los títulos usurpados por Cifuentes, han deteriorado la confianza ciudadana en la política y en los políticos más allá de los límites de la ira y el desprecio.

El largo brazo de la corrupción ha alcanzado incluso a un ámbito hasta ahora incólume: la universidad pública madrileña. La pretensión indigna de unos por engordar fraudulentamente su currículum, y el afán no menos indigno de otros por congraciarse con el poder a toda costa, está ocasionando un deterioro brutal en el crédito de la institución universitaria en general.

Centenares de miles de estudiantes y profesores se ven ahora sometidos a una sospecha y una desconsideración tan infundadas como injustas, porque en la universidad pública madrileña se trabaja mucho, se trabaja bien y, sobre todo, se trabaja desde la honestidad general. Personalmente he visto en estos días a profesores humillados y a estudiantes deprimidos hasta el llanto, a causa de la sucesión inacabable de las noticias vergonzosas que se suceden día tras día en medios de comunicación, con alcance en Madrid, en España y en todo el mundo.

La situación es insostenible. Cifuentes debería haber dimitido hace tiempo. El PP debería haber forzado su marcha hace semanas. Ciudadanos debiera haberle retirado su apoyo el mismo día en que estalló este escándalo último y definitivo. Pero no lo han hecho.

Por eso es de reconocer y de agradecer el paso adelante dado por Ángel Gabilondo, el Grupo Parlamentario Socialista y la dirección del PSOE de Madrid. Los socialistas no somos dados a iniciativas testimoniales ni a decisiones sin fruto positivo y cierto. No sabemos si la moción de censura prosperará o no prosperará, porque la aritmética parlamentaria sitúa hoy tal decisión en las manos de Albert Rivera y el grupo de Ciudadanos. Pero un elemental sentido de la responsabilidad nos ha llevado a adoptar esa medida extrema.

Es cierto que apenas queda un año de legislatura en la Comunidad de Madrid. También es verdad que en doce meses no hay tiempo suficiente para desarrollar un programa de cambios profundos, como necesita y demanda ya una mayoría en la sociedad madrileña. Y, desde luego, somos conscientes de que la decisión última en orden a impulsar un desarrollo justo en Madrid y regenerar sus instituciones ha de dilucidarse en las urnas, con el voto de la ciudadanía.

Pero estamos en una situación de emergencia democrática. Urge rescatar la dignidad de las instituciones madrileñas, universidad incluida. Resulta imprescindible garantizar que la presidencia de la Comunidad de Madrid y cada uno de sus centros de decisión se ponen al servicio de la sociedad y no a la orden de intereses particulares y espurios. Y la recuperación del crédito de la democracia española no puede esperar un año. No puede esperar ni un día más.

Ángel Gabilondo es, además, una garantía absoluta en la formación de un Gobierno para superar esta emergencia democrática y recuperar la dignidad de las instituciones madrileñas.

Ha de reconocerse también la disposición positiva del grupo parlamentario de Podemos, con un comportamiento muy alejado de eso que Rivera llama “el reparto de sillones”.

Ahora, la clave está en Ciudadanos, y su decisión es tan simple como relevante. O contribuyen a dignificar la vida política en Madrid, o siguen intentando administrar a una Cifuentes agónica en puro cálculo electoralista. O actúan en interés de la ciudadanía madrileña, o actúan en interés propio. O dignidad, o indignidad. O Gabilondo o Cifuentes. Ya no hay postureos o máscaras que valgan. En esta decisión se retratarán, para Madrid y para el conjunto de España. Para hoy y para mañana.

 

En la ceremonia de la confusión que tiene lugar en la política catalana de estos días, algunos pretenden hacer pasar a las víctimas por agresores y a los agresores por víctimas. Sin embargo, el engaño cada día es más evidente y los dispuestos a dejarse embaucar son cada vez menos, en Cataluña, en el resto de España y, como están comprobando dolorosamente, también en el conjunto de Europa.

Las víctimas son, por este orden, la ciudadanía catalana y del conjunto de España, así como las instituciones democráticas que en Cataluña y en el resto de España están llamadas a asegurar su convivencia, sus libertades y el desarrollo colectivo. Los agresores son, sin lugar a la duda, aquellos que pretenden imponer sus ambiciones sobre la legalidad democrática. Y aquellos que buscan imponer sus ensoñaciones por encima del derecho de catalanes, españoles y europeos a vivir en paz, ajenos a la amenaza del nacionalismo populista y supremacista que tantos dramas ocasionó durante el siglo pasado.

La democracia española se defiende de sus agresores, claro. Está en su legítimo derecho. Cuando se subvierte la ley democrática, cuando se socavan los cimientos del Estado de Derecho, cuando se proclama la sedición y la ruptura del orden constitucional que garantiza los derechos y las libertades, la sociedad organizada se defiende. Y quienes la amenazan son obligados a comparecer ante la Justicia y asumir sus responsabilidades. Claro. Lo sorprendente es que se sorprendan. ¿Qué pensaban?

La historia moderna de España es una historia trágica. Durante los dos últimos siglos los españoles fuimos incapaces de entendernos para establecer siquiera unas reglas básicas de convivencia. Las desigualdades sociales, las diferencias religiosas, el papel del ejército, la forma del Estado, las identidades territoriales… Cualquier motivo, o todos los motivos a la vez, eran buenos para exacerbar las diferencias, generar conflictos y frustrar cualquier oportunidad de desarrollo común.

Hasta 1978. Para sorpresa de muchos, y para satisfacción y agradecimiento de las generaciones presentes, los españoles de la Transición fueron capaces de superar siglos de desencuentros y violencias para alcanzar un pacto. El pacto constitucional no resolvía de un plumazo todas las diferencias y todos los problemas endémicos del país, pero establecía unos fundamentos comúnmente aceptados, para posibilitar un proyecto colectivo en paz, junto al resto de los pueblos de Europa.

Ese pacto incluía un modelo territorial que, al modo federal de otras naciones de conformación plural, aseguraba a un tiempo unidad y respeto a la diversidad, igualdad de derechos y descentralización política. Y el pacto fue votado muy mayoritariamente en toda España, y muy especialmente en Cataluña. Es un pacto perfectible, desde luego. Es un pacto a perfeccionar, de hecho, pero a perfeccionar desde el mismo consenso que le dio vida.

Sin embargo, ahora unos cuantos han decidido que ya está bien de Constitución, de pacto, de consensos y de convivencia. Han decidido que hay que volver a las andadas, al desencuentro y al conflicto. Han decidido que, pese a estos cuarenta años de convivencia en paz, de desarrollo próspero y de descentralización máxima, es hora de romper los cimientos del pacto constitucional. Han decidido fracturar un país, España. Hacerlo desaparecer, sin más. Y han decidido hacerlo por la bravas, porque sí, porque “Cataluña es nuestra”, en el elocuente discurso supremacista de Ernst Maragall.

En la democracia española, todas las ideas legítimas, y el independentismo lo es, pueden defenderse, si se hace respetando los derechos de quienes no compartimos esas legítimas ideas independentistas. ¿Cómo? Acudiendo a los procedimientos que proporciona el Estado de Derecho. Podrían haber planteado sus propuestas de forma abierta en las instituciones, para posibilitar el diálogo y un eventual entendimiento. O podrían haber planteado una iniciativa de reforma constitucional, en el Parlamento catalán primero, y en el Congreso de los Diputados después.

Y hubiéramos hablado, y hubiéramos debatido, y posiblemente hubiéramos votado. En la sede de la representación de todos los españoles, porque a todos los españoles concierne la integridad de nuestro país y el futuro colectivo. Y yo hubiera votado contra la secesión, desde luego. Puede que contra la secesión hubiera votado la mayoría. De hecho, este es el argumento dudosamente democrático que esgrimen los independentistas catalanes para desechar lo que llaman la “vía Ibarretxe”.

Claro que hay caminos alternativos a los de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a las mayorías. En España y en el resto de Europa los conocemos bien. De hecho, los independentistas han de saber que haremos todo lo posible para no se repitan, dentro de la ley.

Somos humanos, y no podemos dejar de empatizar con quienes sufren cárcel y desgarro familiar, por alejados que estemos de sus ideas e intenciones. Pero tampoco podemos ignorar a las víctimas más que seguras que hubiera generado la inacción de la Justicia, en un escenario de vulneración impune de la legalidad constitucional y de vuelta al conflicto civil, tan dramáticamente presente en nuestra historia.

 

Si el populismo consiste en anteponer los criterios de oportunidad sobre los principios, y en la prevalencia de la búsqueda de titulares sobre la búsqueda de soluciones, Ciudadanos es el partido más populista de España.

Los ejemplos con los que ilustrar esta afirmación son abundantes. El más reciente es el abandono de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico. Se trata de la comisión parlamentaria encargada de analizar las necesidades de nuestro modelo territorial, con el objeto de promover reformas que contribuyan a mejorar tanto la funcionalidad de nuestro Estado como la propia convivencia en una sociedad con identidades plurales.

Ciudadanos ha abandonado abruptamente esta Comisión con los trabajos apenas iniciados, a pesar de que buena parte de su discurso descansa precisamente en la necesidad de hacer frente a los desafíos del modelo territorial español. La discusión sobre el orden de comparecientes, que han utilizado como coartada, camufla apenas la pretensión oportunista de seguir apareciendo como l’enfant terrible de la política española, sin complicidad alguna con las formaciones más tradicionales.

Este episodio tiene lugar apenas una semana después del espectáculo ofrecido por el partido naranja en el propio Pleno del Congreso, a cuenta del debate sobre la prisión permanente. Uno tras otro, los portavoces de todos los grupos mostraron su asombro e incredulidad ante el viraje de 180 grados que llevó a Ciudadanos desde la firma con el PSOE en 2016 de un compromiso para la “derogación inmediata” hasta la propuesta actual de cadena perpetua y endurecida. Al calor del dramatismo que genera la actualidad, claro está.

Sin salir del Congreso de los Diputados, hemos de tomar nota de otra contradicción flagrante. Cada fin de semana, Rivera y los suyos ofrecen grandes lecciones sobre regeneración y calidad democrática. Algunos lunes, incluso, denuncian las limitaciones de nuestra legislación electoral y reclaman reformas para que la representación del pueblo se parezca más al propio pueblo. Sin embargo, el afán hiper-democrático se agota inexorablemente cada martes, cuando Ciudadanos une sus votos al PP para vetar la tramitación siquiera de todas las proposiciones de ley que firman los partidos de la oposición. No sea que adquieran algo de protagonismo.

El contraste entre el discurso y los hechos del partido naranja en relación a la calidad de nuestra democracia se extiende a otras instituciones. Sin ir más lejos, aquí en Madrid, y durante los tres últimos años, Ciudadanos ha tenido cada día la oportunidad de elegir entre dos tipos de Gobierno: o el Gobierno continuista del PP de Gonzalez y Granados, de Gurtel, Púnica y Lezo, o el Gobierno de Ángel Gabilondo. Pero Rivera no ha tenido duda nunca de a quien arropar cuando se trata de dirimir el poder en el centro político, económico y financiero de España. Calidad democrática aparte, desde luego.

Incluso en Cataluña, epicentro de su movimiento, el partido Ciudadanos mantiene una actitud guiada antes por la maximización permanente de sus intereses electorales que por la solución al enredo fenomenal causado por el desafío secesionista.

La firme voluntad oportunista de Rivera, Arrimadas y compañía se demuestra claramente en la secuencia de sus reivindicaciones y renuncias en torno al poder. Cuando la reivindicación de la presidencia de la Generalidad catalana tan solo equivalía a una toma de postura incómoda para sus rivales constitucionalistas, Ciudadanos reclamó una moción de censura en el Parlamento catalán. Sin embargo, ahora que la candidata de Ciudadanos cuenta con la legitimidad, nada menos, de encabezar el partido más votado en Cataluña, ni tan siquiera acepta que se insinúe la posibilidad de intentar una investidura.

El teatrillo que la derecha naranja interpreta en cada rueda de prensa, buscando el cuerpo a cuerpo con la derecha azul, puede resultar entretenido, incluso convincente para algunos incautos. A la hora de la verdad, por el contrario, cuando se analizan los posicionamientos realmente determinantes para el poder, el poder de verdad, el poder económico, financiero y mediático, el partido de Rivera no se aparta ni un milímetro de lo que se espera de un partido de orden, del orden conservador. Ahí están los presupuestos, y la reforma laboral, y la subida del 0,25% en las pensiones, y la ley Wert…

¿Populismo? En España es de color naranja intenso.

Conforme se aproximan las campañas electorales van multiplicándose los reclamos del voto con contenido fiscal. Rivera anuncia la rebaja impositiva como “condición” para respaldar los Presupuestos Generales del Estado. Cifuentes se adelanta a su socio naranja proclamando nuevas reducciones en la imposición sobre renta, sucesiones y transmisiones patrimoniales. Los gobiernos autonómicos compiten en recortes de impuestos. Hasta Rajoy hace un guiño fiscal a los pensionistas enfadados por la pérdida de su poder adquisitivo.

Tales reclamos constituyen normalmente una incoherencia grave para sus autores, por cuanto en la mayor parte de los casos suele tratarse de dirigentes políticos que hacen discursos permanentes en demanda de más recursos para ejercer sus competencias. Pero, además de incoherentes, suelen resultar también del todo irresponsables, ya que las rebajas impositivas reducen sus capacidades para financiar políticas públicas con las que hacer frente a las necesidades y demandas de las comunidades que gobiernan o aspiran a gobernar.

Las promesas de rebajas fiscales pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado están aquellos que prometen menos impuestos aún a costa de reducir gastos, y por otro lado están quienes pretenden garantizar menos impuestos y más gastos a la vez. Los primeros hacen daño, los segundos engañan.

Es legítimo plantear a la ciudadanía una reducción global de los ingresos fiscales cuando se explica que tal decisión conlleva a su vez una merma en la capacidad de gasto y, por tanto, de las políticas públicas que atienden las necesidades sociales. Es el discurso neoliberal de “el dinero está mejor en el bolsillo de la gente”, que equivale al “cada cual se las apañe” y “sálvese el que pueda”. Menos ingresos y menos gasto público implican sociedades en las que cada ciudadano y cada ciudadana satisfacen sus necesidades y demandas, de educación, de sanidad, de servicios sociales, por ejemplo, en función de sus propias condiciones económicas. Son sociedades profundamente desiguales.

También resulta legítimo, desde luego, plantear el mantenimiento, incluso el aumento de los ingresos fiscales a fin de mejorar así las capacidades de la sociedad para promover el bienestar colectivo. Y tal aumento puede resultar de una fiscalidad progresiva, en la que paguen menos quienes menos tienen y ganan, y en la que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden. Hablamos ahora del discurso progresista o socialdemócrata que apuesta por sociedades equitativas, cohesionadas y justas, en las que la acción pública promueve la igualdad de oportunidades y no abandona a su suerte a los menos afortunados.

Sin embargo, lo que no resulta legítimo es prometer al mismo tiempo reducciones generalizadas de impuestos y aumentos generalizados del gasto. Porque esto equivale a engañar a la ciudadanía. El engaño puede camuflarse durante un tiempo a base de incrementar la deuda, o derivando culpas a otras instancias, léase el Estado, léase Europa o léase cualquier otra coartada. También pueden esgrimirse argumentos pre-científicos, como la famosa “curva de Laffer”, equivalente al milagro evangélico del pan y los peces. Pero el engaño, engaño es, y así acaba poniéndose en evidencia, a veces dolorosamente para el conjunto.

España cuenta con unos ingresos públicos que representan algo más del 38% de su PIB (2016), por el 45% de Alemania, el 51% de Bélgica o el 53% de Francia. Mientras tanto, nuestro gasto público sobre PIB alcanza el 42%, por el 44% de Alemania, el 53% de Bélgica y el 56% de Francia, por continuar con los mismos ejemplos de nuestro entorno europeo.

Por tanto, quienes en nuestro país planteen nuevas bajadas de impuestos, en realidad están proponiendo reducir unos ingresos públicos muy mermados ya respecto a la mayoría de los países europeos. Y a menores ingresos, menores gastos públicos, claro está. A no ser que se esté planteando un aumento significativo del déficit público, lo que nos situaría fuera de la disciplina presupuestaria de la Unión Europea.

Rajoy y Montoro, por ejemplo, decidieron en el año 2015 imponer una reforma fiscal con grandes ventajas para el 10% de las rentas más altas del país. Esta rebaja fiscal está suponiendo una merma de 13.000 millones anuales en los ingresos públicos, con los que se podría haber hecho frente a la subida de las pensiones conforme al IPC, al aumento del presupuesto en ciencia e investigación, la mejora de las becas recortadas o la atención a los 300.000 dependientes en lista de espera.

Se trata de una opción ideológica, tan legítima como censurable. Pero que debe aclararse a la ciudadanía cuando se lanzan reclamos electoralistas en forma de rebaja fiscal. Porque la rebaja fiscal supone para la gran mayoría un pequeño alivio momentáneo, si acaso, y una frustración profunda y duradera por la insuficiencia financiera de las políticas públicas.

Especialmente llamativa resulta la competición que PP y Ciudadanos mantienen en el Parlamento nacional y en varias comunidades a cuenta de las rebajas fiscales. Cifuentes se ha adelantado en Madrid a su media naranja prometiendo grandes rebajas en el tramo autonómico del IRPF, en sucesiones para parientes alejados y en transmisiones patrimoniales. Serán cientos de millones de euros perdidos para las arcas públicas. Pero este anuncio se hace al tiempo que se reivindican más recursos del Estado en el reparto de la financiación autonómica, y mientras la ciudadanía madrileña padece la peor financiación por habitante en sanidad, educación y servicios sociales.

Desde luego, la suficiencia no ha de ser el único principio con el que aplicar una política fiscal adecuada. También han de contar la progresividad y la eficacia recaudatoria, acotando elusiones y fraudes. La armonización fiscal en España respecto a sus tributaciones autonómicas, y en Europa respecto a sus Estados, constituye también un objetivo ineludible.

Pero ahora que se va a acercando la campaña autonómica y municipal, conviene alertar a la ciudadanía ante el daño y el engaño de la rebaja fiscal. Como dicta el refrán, pan para hoy y hambre para muchos mañanas.

El impulso formidable que experimenta el movimiento feminista está logrando visibilizar las peores consecuencias de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres, incluso en sociedades, como la nuestra, que han constitucionalizado el derecho a la igualdad y que han desarrollado una legislación garantista al respecto.

Por tanto, los síntomas del machismo están identificados, denunciados y condenados socialmente. La sociedad está sensibilizada y las instituciones multiplican las iniciativas destinadas a atajar agresiones y discriminaciones, a proteger a las víctimas, a castigar a los culpables de machismo irredento.

Pero los síntomas persisten. Las expresiones viejas y nuevas del machismo siguen ahí, incluso se acentúan en algunos aspectos entre las nuevas generaciones. Las relaciones de pareja siguen siendo desequilibradas. Las responsabilidades que se asumen en el seno del hogar continúan siendo desiguales. Ellas tienen más paro, asumen los peores contratos, cobran menos y sufren los mayores obstáculos en sus carreras profesionales. El acoso, la agresión física, el feminicidio, apenas retroceden.

¿Por qué? Porque las enfermedades no remiten con el tratamiento de los síntomas. Las denuncias, las campañas, las leyes, los recursos públicos, coadyuvan a aliviar la sintomatología del machismo, pero no lo curan.

La raíz del machismo a extirpar está en un ancestral reparto de funciones entre hombres y mujeres que subordina a las segundas respecto a los primeros. Los hombres ejercen la autoridad y la fuerza; son los encargados de proveer de bienes; son los responsables de aportar seguridad. Las mujeres ejercen un papel gregario y eminentemente afectivo; asumen la función clave de la maternidad; son las responsables de los cuidados y el confort.

Esta distribución desigual de roles tiene su reflejo en las relaciones de pareja. Si ellos entienden que la sociedad les atribuye el mando, la seguridad y la provisión de recursos, resultará difícil de aceptar que ellas pretendan ejercer su autonomía, ignorar el mando e, incluso, abandonarles cuando la relación no les satisfaga. Y si ellas asumen como natural la subordinación, por muchas campañas y muchas leyes que hagamos, la discriminación se mantendrá incólume.

El juego de roles sociales repercute directamente sobre las condiciones laborales y el desarrollo profesional de unos y otros. Si las mujeres tienen atribuida la función del cuidado de la familia, asumirán los contratos que resulten más compatibles con el ejercicio de la maternidad y la atención a la prole. Y esos son los contratos más precarios, con los peores salarios. Si la prioridad de la mujer ha de ser el cuidado familiar, ellas son las más proclives a ralentizar, interrumpir o renunciar a las mejores carreras profesionales…

Si ellos son los que mandan, los portadores de la fuerza y los garantes de la seguridad, resulta explicable que algunos hombres sucumban a la psicopatología de creerse con derecho a someter y agredir a las mujeres. La violencia de género tiene una raíz que va más allá de la superioridad física. La raíz está también en la enfermedad del machismo.

En consecuencia, hemos de celebrar cada victoria del feminismo en la visualización de la desigualdad de las mujeres. Hay que festejar cada derrota del machismo en la consideración social, en la iniciativa legislativa, en la disposición de políticas y de recursos. Pero si queremos afrontar el fondo del problema, su causa última, hay que ir mucho más allá.

La tarea no puede limitarse al activismo social o a la institucionalidad política. La tarea tiene más que ver con la transformación de las creencias sociales más básicas, con el cambio cultural más íntimo, con los principios y valores sobre los que se asienta la convivencia. Hasta que no nos convenzamos todos y todas, ellos y ellas, de que las funciones sociales han de ser compartidas por igual, sin desigualdades ni discriminaciones, sin prevalencias ni gregarismos, el machismo seguirá rigiendo nuestras vidas.

Este ocho de marzo ha sido un aldabonazo. Ojalá llegue hasta el corazón del machismo. Y acabe con él.