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simancas270716

La agenda política en democracia distribuye sus tiempos y sus esfuerzos en torno a dos grandes tareas: el reparto del poder y la atención a los retos colectivos. Ambas labores son imprescindibles y no puede concebirse la una sin la otra. No cabe atender a la resolución de los problemas en el espacio público compartido sin dilucidar democráticamente quiénes han de tomar las decisiones. Y no cabe tratar las cuestiones del poder sin atender al para qué se dispone el poder en manos de unos u otros.

La calidad de una democracia madura depende en buena medida de cuánto tiempo y cuánto esfuerzo dedica la política a una y otra agenda, la del poder y la del bienestar. Y la sensación general en nuestro país hoy es la de que se dedica demasiado tiempo y esfuerzo a los asuntos del poder, mientras se demoran en demasía las soluciones a los problemas pendientes en la sociedad española. Políticos de gobierno, políticos de oposición, analistas, periodistas y tertulianos aparecen constantemente enfrascados en las intrigas del poder, al tiempo que se desatiende la agenda más útil para el bienestar de la ciudadanía.

Ciertamente, la inevitable agenda del poder nos tiene tan embebidos de actualidad desde el pasado mes de diciembre que casi nadie se ha parado a hacer un análisis en perspectiva. Recordemos que a partir de la crisis económica y política desencadenada en 2008 se produjo un consenso muy generalizado entre analistas y tertulianos a favor de acabar con lo que se llamó el “bipartidismo”, fraccionar la representación política de la ciudadanía y abrir paso a aquello que entonces se denominaba la “nueva política”.

El balance provisional que puede hacerse ocho años después no resulta muy halagüeño. Todos los costes que ya se barruntaban entonces en términos de inestabilidad política se han confirmado con creces. Pero, sin embargo, los supuestos beneficios de aquella inflexión están aún por ver: el paso del bipartidismo al “cuatripartidismo” no ha mejorado el entendimiento entre los actores políticos del país, sino que lo ha deteriorado aún más; el fraccionamiento de la representación ciudadana se ha traducido demasiadas veces en intransigencia y bloqueo; y la esperanza de la nueva política se ha convertido en la frustración del populismo y la teatralización permanente y estéril.

Toda vez que la agenda del poder no acaba de despejarse adecuadamente, merece la pena, al menos, compartir el tiempo y el esfuerzo de la comunidad política en la atención a la otra agenda, la de las soluciones. Este es el sentido de la decisión adoptada por los diputados socialistas al registrar varias iniciativas de interés social, en pleno fragor del debate en torno a la eventual investidura de un presidente de Gobierno. Los temas a atender en esta agenda política útil han de ser, al menos, los siguientes:

  • Establecer las bases para un nuevo modelo de desarrollo, que busque prosperidad y competitividad en factores tales como el conocimiento, la formación, la investigación y la innovación, antes que en la devaluación de derechos sociales y condiciones laborales. Se trata, en definitiva, de competir en calidad y no en precio.
  • Desarrollar unas políticas de empleo valientes y efectivas en un doble objetivo: la apuesta por las políticas activas de empleo que proporcionen herramientas solventes a los colectivos más vulnerables para acceder al mercado laboral; y recuperar los derechos perdidos en el mundo del trabajo mediante un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
  • Apostar decididamente por reducir las crecientes brechas de desigualdad social; rescatando de la pobreza mediante un ingreso mínimo vital a quienes cayeron en la exclusión social; elevando el salario mínimo; desarrollando las estrategias legales pendientes frente a la dependencia; ofreciendo segundas oportunidades ante el drama de los desahucios; y atajando en la realidad lo que la legalidad ya predica ante las discriminaciones que sufren las mujeres.
  • Alcanzar un pacto social y político en torno al futuro de la educación española, que derogue la LOMCE y proporcione a las generaciones presentes y futuras una formación de calidad con equidad, inclusiva y democrática.
  • Garantizar el futuro de nuestro sistema público de pensiones, actualizando el Pacto de Toledo y asegurando unos ingresos suficientes para atender la demanda legítima e imprescindible de unas prestaciones dignas.
  • Acometer una agenda valiente para la regeneración democrática de nuestro país, reformando la Constitución, modernizando nuestras instituciones, abriendo el sistema político a una participación más activa y permanente de la ciudadanía, y haciendo frente a la corrupción con medidas eficaces de prevención y de control.
  • Y, finalmente, comprometiendo a la sociedad española y a sus instituciones con el proyecto que más esperanza arroja sobre nuestro futuro: el proyecto de la integración europea. Mientras la globalización nos ofrece las mejores promesas de desarrollo y las mayores amenazas de autodestrucción, a un mismo tiempo, solo la suma de los sueños, de las voluntades y de los esfuerzos de todos los europeos puede ofrecernos un futuro en el que las luces de la razón y el progreso se impongan sobre las sombras del fanatismo y el atraso.

RESPONSABILIDAD

simancas200716

Podría proponerse a la RAE una nueva acepción en el diccionario para el término “responsabilidad”: dícese de esa carga o sacrificio extraordinario que se requiere del PSOE pero que se evita para los demás actores de la política española. Y la nueva anotación podría adornarse con ejemplos: responsabilidad es lo que se exige al PSOE para contribuir a la investidura de presidentes ajenos, y es aquello que se evita reclamar a otros partidos cuando el candidato a investir es socialista.

Resulta paradójico que sean precisamente aquellos que con más énfasis califican al PSOE como partido “perdedor” de las últimas elecciones, con “el peor resultado de la historia”, quienes con más ahínco responsabilizan principalmente al PSOE de las decisiones que han de conducir a la formación de gobierno, nada menos.

Y paradójico es también que los mismos poderes que, por interés político coyuntural o por razones comerciales, más han hecho para fraccionar la representación política de los españoles, para deteriorar el crédito social del PSOE, para promocionar al populismo, generando inestabilidad y bloqueo institucional, sean los más insistentes en pedirle cuentas y sacrificios al propio Partido Socialista.

Más allá de estas paradojas, debe aceptarse como legítimo el planteamiento de quienes piden honestamente al PSOE un esfuerzo en aras del bien común que no se atreverían a pedir a los demás. El Partido Socialista ha dado muestras a lo largo de la historia de anteponer el interés general al interés propio, como no ha hecho ningún otro partido, y sin reclamar reconocimiento o gratitud alguna, porque es su deber.

Así lo hizo Pedro Sánchez activando el reloj institucional en el mes de marzo. Así lo hizo el PSOE en la Transición, en los Pactos de la Moncloa, en el debate constitucional, en el referéndum sobre la OTAN, y más recientemente en los pactos antiterroristas o en las medidas que evitaron el rescate financiero durante 2010, por ejemplo. La responsabilidad es seña de identidad socialista y nadie puede dar lecciones al respecto al PSOE.

Ahora bien, para dar salida al complejo contexto político presente cabe contemplar algunas responsabilidades alternativas al sacrificio del PSOE. Con toda seguridad, a Rajoy le resulta más fácil, menos trabajoso y más rentable desangrar al PSOE que acordar con sus afines, pero puede que al país no.

Parece obvio decirlo, pero el caso es que la primera responsabilidad para obtener apoyos suficientes en una investidura la tiene el candidato. En este caso, Rajoy, si se atreve y no da la espantada como en febrero. Máxime cuando el Congreso que salió de las urnas el pasado 26 de junio cuenta con una mayoría absoluta de diputados de centro-derecha: 183 de 350, contando PP (137), Ciudadanos (32), Convergencia (8), PNV (5) y Coalición Canaria (1). Y máxime cuando todos ellos ya han sido capaces de entenderse, coaligarse y votarse mutuamente de cara al reparto de poder en la Mesa del Congreso. ¿O por qué no se presiona a Rajoy para que sea responsable y generoso dando paso a otro candidato popular con más posibilidades?

En todo caso, las votaciones del 19 de julio desmienten el supuesto concurso imprescindible del PSOE para evitar una nueva repetición electoral. Si las derechas fueron capaces de entenderse para repartirse sillones, grupos y prebendas en el Congreso y en el Senado, están obligados a trabajar, a negociar y a entenderse para sacar adelante una investidura cuanto antes.

La segunda responsabilidad debiera situarse en aquellos que por pura ambición frustraron el gobierno del cambio que habían comprometido ante sus electores. Si hay un responsable de haber traicionado a los votantes mayoritarios del cambio en diciembre, de haber impedido la formación de un gobierno progresista en marzo y de haber posibilitado un nuevo gobierno de derechas en agosto, ese es Pablo Manuel Iglesias, junto a Garzón y sus aliados. Y, por tanto, si a alguien debiera exigírsele cuentas y sacrificios para salir de un eventual bloqueo, además de a Rajoy, es a Iglesias. A fin de cuentas, ya votaron juntos el 2 y el 4 de marzo.

Antes que al PSOE, las responsabilidades para facilitar la investidura del candidato del PP han de recaer también sobre aquellas fuerzas ideológicas y programáticamente afines que durante la campaña electoral no negaron un acuerdo con el partido de Rajoy, como sí hizo el PSOE. Ciudadanos nunca negó tal posibilidad. Los nacionalistas vascos han pactado tradicionalmente con unos y otros. Arzallus se sentó, negoció, pactó y votó con Aznar, ¿por qué no habrían de hacerlo Esteban y Urkullu? ¿Tienen elecciones autonómicas en otoño? Claro, como los demás. ¿Acaso el PSOE ha renunciado a presentarse?

Oramas, de Coalición Canaria, ya se ha mostrado dispuesta. Ahí hay diputados suficientes para sacar adelante la investidura. Sin contar con los pragmáticos pujolistas, que son capaces de cerrar un pacto vergonzante con el centralismo españolista por la mañana y suscribir por la tarde una agenda soberanista con las CUP. Ni Messi demostró tanta cintura.

Por tanto, han de respetarse las razones de aquellos que con buena voluntad impelen al PSOE al sacrificio. Pero con la misma buena voluntad cabe plantear alternativas más lógicas y de interés general.

Los analistas muestran hasta cinco escenarios de salida para la situación actual. La primera y más lógica pasa por la investidura del candidato popular con los apoyos activos y pasivos de la mayoría conservadora en el Congreso. La segunda invita a una abstención general de todos los no partidarios de un gobierno del PP, a fin de impedir el bloqueo y la repetición electoral, sin estigmatizar a ninguno de ellos. La tercera ensayaría una mayoría distinta sin el PP, prácticamente imposible por las incompatibilidades manifiestas entre PSOE y soberanistas, PSOE y populistas, Ciudadanos y soberanistas y populistas…

Nadie quiere la cuarta, que avocaría a las elecciones repetidas por tercera vez, demorando aún más un gobierno en funciones. ¿Y la quinta? El sacrificio del PSOE permitiría a Rajoy una investidura rápida, sin esfuerzo, sin negociación y sin coste, con el regalo añadido del principal partido opositor mermado en su credibilidad como alternativa. ¿A quién le conviene un PSOE debilitado y una alternativa limitada de facto al populismo y al independentismo? ¿Le conviene a la sociedad española? ¿O tan solo le conviene a Rajoy y a Iglesias?

Merecen todo respeto quienes buscan honestamente una solución viable ante el riesgo de bloqueo. Y deben entenderse las llamadas a la responsabilidad de anteponer el interés de todos sobre el interés partidario. Pero con la misma honestidad cabe llamar a la siguiente reflexión: sacrificar y debilitar al PSOE puede ser lo más fácil a cortísimo plazo para algunos, pero puede que no sea lo más conveniente a medio y largo plazo para la mayoría.

LAICIDAD

simancas130617

Durante estos días de julio unos cuantos progresistas osados nos hemos atrevido a debatir, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en torno a algo distinto a cómo aquellos que perdimos las elecciones hemos de asumir la responsabilidad que el ganador no asume para que este país tenga gobierno y evite las terceras elecciones. Mil disculpas por el atrevimiento.

Nuestro tema ha sido la laicidad. Tradicionalmente se han señalado a un conjunto de problemas endémicos como causas más o menos permanentes del atraso secular en nuestro país. Se habló siempre del déficit educativo, de la anómala preeminencia del estamento militar, de las tensiones nacionalistas periféricas, y de la influencia extraordinaria de la confesionalidad católica en el espacio público.

Como balance de estos 37 años de democracia, puede asegurarse que los dos primeros problemas citados están en vías de solución, que el tercero lejos de solucionarse se ha agravado, y que el cuarto sigue figurando en buena medida entre las llamadas asignaturas pendientes de España. Tal juicio se sostiene fácilmente a la luz, por ejemplo, de los conflictos políticos y sociales que ocasionó la respuesta de la jerarquía católica a las legislaciones socialistas sobre el aborto, la educación para la ciudadanía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Una democracia madura y de calidad aspira a reconocer y garantizar la libertad de conciencia de todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes. Esa democracia ha de facilitar la convivencia en una sociedad con expresiones privadas y públicas de todo tipo de convicciones, religiosas y no religiosas, en el marco de la ley. Y tal democracia avanzada debe asegurar que la organización del espacio público compartido, es decir, que la política y el Estado son radicalmente independientes de cualquier organización o confesión religiosa.

Esto es lo que llamamos laicidad. Libertad de conciencia individual, respeto a las expresiones públicas legales, y autonomía total de la política y el Estado. La laicidad implica separación absoluta entre Estado y religión, neutralidad religiosa del Estado, y cooperación para asegurar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades constitucionales.

¿Podemos considerar al Estado español hoy como un Estado completamente laico? En primer lugar hay que reconocer aquí, como en tantos otros aspectos, los avances prudentes que logró el constituyente en la Transición Democrática. Con el artículo 16 de la Constitución de 1978 pasamos de un Estado confesional católico a un Estado aconfesional, que garantiza la libertad religiosa, pero que mandata a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de los españoles y, por consiguiente, a establecer relaciones de colaboración con “la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Hemos de hablar, por tanto, de una laicidad imperfecta. Se ha avanzado mucho, sobre la letra de la ley y en el día a día de nuestra sociedad, pero queda mucho por avanzar en el propósito de un Estado plenamente laico. En primer lugar en la reforma constitucional de ese artículo 16 que no requiere alusión directa a confesión alguna.

En segundo lugar en la denuncia de los acuerdos negociados por el Estado español con el Estado vaticano con carácter previo a la promulgación de la Carta Magna aconfesional, y que establece condiciones y privilegios para la Iglesia católica que nos son compatibles con el objetivo legítimo de la laicidad.

En tercer lugar está pendiente una auténtica ley de libertad de conciencia y de libertad religiosa, que asegure tanto la no discriminación del creyente y del no creyente, como la separación estricta entre la decisión pública y la fe religiosa. En cuarto lugar una enseñanza laica que incorpore el conocimiento sobre el hecho religioso, pero que relegue el adoctrinamiento fuera del curriculum y del horario escolar.

En quinto lugar un avance definitivo en la autofinanciación de las confesiones religiosas, sin privilegio fiscal alguno. Además, hay que establecer protocolos civiles para ceremoniales, espacios y símbolos públicos que aún hoy mantienen una relación con ciertas confesiones que resulta inadecuada para un Estado aconfesional.

¿Hay que hacerlo? Sí. ¿A qué ritmo? Al que vaya aconsejando la madurez paulatina de una sociedad que se seculariza con rapidez. ¿Cómo? Desde el diálogo, el respeto y el mayor acuerdo posible entre las fuerzas políticas y con los representantes sociales de colectivos confesionales y no confesionales.

Puede que estos asuntos parezcan insólitos y peregrinos para quienes se sienten absorbidos por la rabiosa actualidad de las desventuras de Rajoy para seguir gobernando, pero resulta que algunos de estos asuntos sin resolver durante siglos han supuesto un lastre muy pesado en nuestro desarrollo colectivo.

Y quizás, entre campaña y campaña, entre encuesta y encuesta, entre investidura e investidura, merezca la pena pensar en lo importante. Aunque solo sea para variar.

simancas60716

La gestión que Rajoy está haciendo de los resultados electorales del 26 de junio resulta frustrante para la mayoría de los españoles. El tratamiento que los principales medios de comunicación están haciendo del proceso para la formación de Gobierno tampoco es fácil de entender.

Pareciera como si la gestión lógica de la sentencia electoral hubiera de derivar necesariamente en una intrincada red de intrigas palaciegas y en un pulso subterráneo entre distintas estrategias de comunicación. Ni rastro de un horizonte de país a proponer o de algo parecido a un catálogo de soluciones para los problemas más urgentes…

Rajoy juega al despiste. Mientras hace el discurso sobre la imposible gran coalición, tantea a los nacionalistas conservadores y ningunea a su rival Ciudadanos. Rivera procura hacerse valer sacando a relucir sus vetos un día, para disimularlos al día siguiente. Iglesias retuerce su retorcida retórica para intentar explicar lo inexplicable: aquel gran asalto a los cielos que se quedó en un gran regalo a Rajoy para que siguiera gobernando aquí en la tierra…

Unos medios hacen el juego al PP dando a entender que la responsabilidad para la formación de gobierno depende más de quien perdió las elecciones que de quien las ganó. Algunos medios hacen el mismo juego presentando como terribles batallas cainitas el lógico debate interno entre aquellos que no cumplieron sus objetivos electorales. Y otros medios cambian las encuestas/apuestas ya fallidas sobre el sorpasso por las adivinaciones que también fallarán sobre la gran coalición, sin un ápice de disculpa y sin cambiar un ápice sus aviesas intenciones…

Pero es que en estos días los españoles han tenido noticia de que contamos con casi cuatro millones de parados, de que más de nueve de cada diez contratos firmados en junio fueron temporales o a tiempo parcial, de que 48 de cada 100 parados carece de ayuda pública, de que en más de 700.000 hogares de parados no entra renta alguna, de que nuestro paro juvenil es el más alto de Europa tras Grecia…

Y en estos días hemos sabido que el fondo de reserva creado para asegurar el cobro de las pensiones se ha reducido de 67.000 millones en 2011 hasta poco más de 25.000 millones, y que a este ritmo Rajoy dejará el fondo a cero durante el próximo año 2017.

Y es que en estos días hemos tomado nota de que cerca de cien mil españoles, precisamente entre los más y mejor formados, tuvieron que emigrar en 2015 a otros países para encontrar un empleo y escapar de la marginalidad social.

Y también hemos sabido que otros tantos españoles tuvieron que dejar de cursar estudios superiores el año pasado por la imposibilidad de hacer frente a los precios de las matrículas.

Es cierto que contemplar la política como una especie de “juego de tronos”, en el que se suceden las intrigas, los pactos, las traiciones y los conflictos por el poder, puede resultar entretenido y, desde luego, de interés para las audiencias televisivas.

No obstante, el interés de los españoles pasa en mayor medida porque aquellos que ganaron las elecciones procuren formar Gobierno cuanto antes, y que aquellos que perdimos las elecciones podamos ejercer las tareas de oposición y propuesta lo antes posible también. Y que unos y otros trabajemos para dar solución a los problemas de los españoles, dejando los guiones dramáticos y los efectismos para las series de televisión.

La política es, o debiera ser, algo más serio.

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En la noche del 26 de junio, a Mariano Rajoy solo le faltó un agradecimiento en el discurso de celebración del balcón de Génova. Le faltó darle las gracias a Pablo Manuel Iglesias, porque nadie como el dirigente de Podemos ha hecho tanto para que el candidato del PP pueda seguir gobernando este país.

Las últimas elecciones generales pueden analizarse desde muchas perspectivas. La principal, desde luego, se corresponde con los escenarios abiertos para la formación de Gobierno, así como el programa a desarrollar para atender a los retos del país y a los problemas de su población. La iniciativa, por ahora, corresponde a quienes han ganado las elecciones.

No obstante, resulta crucial y necesario también analizar las causas de esta situación tan ventajosa para el Presidente que más daño ha hecho en menos tiempo a la sociedad española. Porque el 20 de diciembre se abrió un escenario de esperanza para la gran mayoría de españoles que votaron por un cambio progresista y regenerador. Y seis meses después el cambio no ha llegado y Rajoy está dando botes literales de alegría en el balcón de su sede remodelada con dinero negro.

¿Qué ha ocurrido? ¿Quién es el responsable? Ha ocurrido que algunos depositarios de los votos y las esperanzas del cambio han traicionado el cambio por su ambición desmedida de poder. Iglesias y los suyos tuvieron la oportunidad de apoyar un Gobierno de cambio progresista en la investidura de Pedro Sánchez, pero optaron por bloquear esa oportunidad y forzar unas nuevas elecciones, en las que esperaban doblegar al PSOE y alcanzar el poder.

El resultado de esta estrategia irresponsable ha sido el aumento de votos al PP, la pérdida de votos en la izquierda y una mayor ventaja de la derecha para formar Gobierno y reproducir las políticas que se pretendía erradicar.

Además, de “sorpasso” nada. Pretender que la mayoría del electorado de izquierdas diera la espalda a la trayectoria digna del PSOE, para abrazar el populismo travestido de fervor patriótico, bolivariano un día, comunista otro, socialdemócrata al siguiente, era mucho pretender, como se ha demostrado.

Iglesias y los suyos deben reconocer y rectificar sus errores. Como deben hacerlo, por cierto, también la pléyade de “encuestadores” de ocasión que se han multiplicado por periódicos, estudios de radio y platós de televisión, pronosticando hundimientos y adelantamientos con tanto atrevimiento como falta de rigor. Y en varios casos, me temo, con bastante mala intención. ¿Habrá dimitido alguno ya?

Ojalá todos hayamos aprendido algo en estos últimos seis meses. Cuando el mandato de tus votantes es de cambio, hay que favorecer el cambio y no bloquear el cambio. Porque los electores no te lo perdonarán. Y cuando te responsabilizas de hacer un estudio demoscópico en una campaña electoral, es para estudiar la opinión de los electores, no para intentar influir en su voluntad.

simancas220616

El resultado de las elecciones del 26 de junio será decidido por los indecisos. Parece una contradicción o un juego de palabras, pero esto es precisamente lo que está indicando la materia prima de todos los sondeos, cocinados aparte.

“Guardémonos de los que nunca dudan”, suele advertir el maestro Ángel Gabilondo. Respetemos a todos los votantes, desde luego, pero respetemos muy especialmente a aquellos que adoptan su decisión tras el sano ejercicio racional de despejar dudas.

¿Quiénes son los que no dudan? Generalmente, los partidarios de los extremos, casi siempre sobreexcitados, por definición, casi por identidad.

No dudan los partidarios de la continuidad de Rajoy, aún a costa de querer en el gobierno a quien más daño ha hecho en menos tiempo a los españoles. Y no dudan los partidarios del llamado “momento populista”, aun a costa de premiar a quienes por su ambición han dado a Rajoy una nueva oportunidad para seguir haciendo daño cuatro años más.

A los primeros los conocemos de antiguo. Los segundos son más “nuevos”, es verdad. Entre ellos habrá indignados auténticos. Y con razones para serlo. Seguro que sí.

Fijémonos, no obstante, en la extracción social de los votantes de Podemos que refleja el último CIS, como recoge mi compañero Torres Mora en su blog. El 25% se reconocen como clase alta y media (por el 12% de los votantes del PSOE). El 30% tienen título universitario (por el 12% del PSOE). El 12% solo cuentan con estudios primarios (por el 37% del PSOE).

Y es que algunos de los indubitados seguidores del momento populista son más indignados de pose que de condición social, de interés que de conciencia. Algunos de ellos ejercen de progres de calidad, encargados de amenizar programas y tertulias, y se confiesan algo aburridos por la racionalidad previsible de los socialistas, por su anodina eficiencia.

Quieren adrenalina. Algo con que amenizar programas y tertulias. ¿Te imaginas a este de ministro? ¡Vaya tardes divertidas nos haría pasar! A ellos quizás sí, porque tienen cómo vivir bien con un ministro o con otro. A quienes necesitan un gobierno racional y eficiente, aunque resulte previsible y anodino, quizás no les divierta tanto.

Mi respeto se dirige especialmente a los otros, a los que dudan. Legítimamente. Porque han sufrido y sufren, mientras el sistema les niega ayuda. Porque buscan soluciones en unos y en otros, y muchas veces solo encuentran postureo y espectáculo. Porque en estas campañas reiteradas y vistosas, con niños preguntando, con gracias de hormiguero y con esgrima de egos, nadie le resuelve nada.

Porque ya votó en mayo, y ya votó en diciembre, y vota y vota, y las cosas no cambian. Porque las etiquetas se manipulan, se intercambian, se guarrean, y algunos aparentar ser lo que no son, y dicen que fueron lo que nunca fueron, y prometen ser lo que no serán. Y da la sensación de que muchos pelean por poder, mientras pocos quieren de verdad hacer, hacer algo por el  bien común.

Para ellos y para ellas va todo mi respeto. Mi respeto a su duda. Mi respeto por su decisión.

Pero, con todo mi respeto, decidan. Porque si solo deciden los que no dudan, tendremos un país dominado por los extremos. Otra vez. Y los extremos nunca trajeron nada bueno a este país.

Y, con todo mi respeto también, sepan que no todos somos iguales. Ni lo fuimos, ni lo somos, ni lo seremos.

simancas150616

Las estrategias del Partido Popular y de Podemos en esta campaña coinciden en el objetivo de intentar orillar al PSOE y en la estrategia de evitar los temas que de verdad interesan a la mayoría de los españoles. El PP está haciendo la campaña del miedo: o yo, por malo que sea, o el caos podemita, que será aún peor. Podemos hace campaña sobre las expectativas de sus sorpassos electorales y sus pactos poselectorales, procurando camuflar la falta de definición ideológica y programática con alusiones abstractas e indeterminadas a la patria.

Unos y otros, junto a sus numerosos aliados naturales o circunstanciales en los medios de comunicación, están saturando el debate electoral con cientos de encuestas dudosas, tertulias de argumentario y mucho montaje “reality”, con niños haciendo de periodistas e “incrustados” para conocer la “verdadera personalidad” de los candidatos.

Poco importa que en las propias encuestas que alimentan y aderezan tales estrategias, los asuntos que aparecen como de interés prioritario para la ciudadanía sean bien distintos. Ni la macroencuesta macrococinada del CIS, ni las microencuestas macrococinadas de otras empresas señalan los miedos de unos, los sorpassos de otros, ni la “verdadera personalidad” de los candidatos como temas relevantes para determinar el comportamiento electoral de los españoles.

Claro que si en esta campaña habláramos fundamentalmente de empleo, de educación y de pensiones, que son los asuntos que importan a la mayoría, quizás aquellas estrategias electorales de PP y de Podemos podrían resentirse y hasta fracasar. Quizás si habláramos más de derechos laborales y menos de encuestas, muchos ciudadanos concluirían que votar PP no es una buena idea. Puede que si tratáramos más sobre el futuro de las pensiones y menos sobre las posibilidades del sorpasso, muchos ciudadanos llegarían a la conclusión de que Podemos no tiene respuestas a las preguntas relevantes.

Si asumimos que el empleo, la educación y las pensiones son los asuntos que más preocupan a los electores, la pregunta clave que habría de hacerse cada español ante el 26 de junio es la siguiente: ¿puedo poner mis derechos laborales, la educación de mis hijos y la pensión de mis mayores en manos de Rajoy y sus recortes? ¿Puedo ponerlos en manos de Iglesias y su mutable inspiración comunista-peronista-independentista?

Tenemos casi cinco millones de parados. Menos del 4% de los contratos que se firman son indefinidos a tiempo completo. Casi dos de cada diez trabajadores viven por debajo del umbral de la pobreza. Este sí que es un problema que merece atención, y no el de las obsesiones de los herederos de Anguita por los sorpassos.

El PSOE plantea 700.000 acreditaciones profesionales de urgencia para los jóvenes sin empleo ni formación; bonificación del 100% de las cotizaciones sociales para los contratos a parados de larga duración; 1.200 millones para nuevos empleos públicos en docencia, sanidad y servicios sociales; un plan contra la explotación laboral que penalice los falsos contratos a tiempo parcial y las horas que se trabajan y no se cobran; un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere equilibrio en la negociación colectiva e impida despidos colectivos en empresas públicas y en empresas privadas con beneficios…

¿Qué plantea el PP? Continuidad en las políticas que buscan competir mediante costes salariales baratos y devaluación de derechos de los trabajadores. ¿Qué plantea Podemos? Si leemos al comunista Garzón, salir de la UE y del euro. Si escuchamos a Domenech, la independencia de Cataluña. Si vemos a Iglesias, la sustitución de las élites corruptas por las nuevas élites patrióticas…

Contamos con una ley educativa que segrega a buenos y malos estudiantes a edades tempranas sin atender a sus desiguales condiciones de partida, que establece anacrónicas reválidas punitivas, que elimina la filosofía y la educación para la ciudadanía del curriculum mientras refuerza el adoctrinamiento religioso… El PSOE propone paralizar la LOMCE y acordar con la comunidad educativa un nuevo marco legal que apueste por una educación de calidad con equidad, inclusiva, laica y fundamentalmente pública.

¿Qué plantea el PP? Mantener la LOMCE. ¿Qué plantea Podemos? Si escuchamos a unos, provocar un vacío normativo inmediato en la educación española. Si escuchamos a otros, declarar la guerra a los centros educativos privados y concertados…

El fondo de reserva de las pensiones se ha reducido a la mitad durante los cuatro últimos años y solo quedan fondos para pagar cuatro mensualidades ordinarias o dos anualidades de pagas extraordinarias. El déficit anual de la Seguridad Social alcanza ya los 16.000 millones. Los nuevos contratos son tan precarios que solo contribuyen a desequilibrar aún más las cuentas. ¿Cómo asegurar el futuro de las pensiones dignas? El PSOE plantea respetar las prestaciones, aumentarlas conforme al coste de la vida, eliminar copagos en farmacia y dependencia, y financiar el sistema con impuestos sobre grandes rentas y grandes patrimonios.

¿Qué plantea el PP? Seguir ahora por la misma senda y, seguramente, replantearse las prestaciones en el futuro, “dada la insostenibilidad del sistema”. ¿Qué plantea Podemos? Hasta hace unos días, en su fase de “Syriza española”, tenían la referencia del Gobierno Tsipras, que ha eliminado las pensiones mínimas y ha reducido un 30% la cuantía de las prestaciones. En su fase de “nueva socialdemocracia”, Pedro Sánchez ha tenido “una gran idea”. Pero en su dimensión soberanista en Cataluña, Euskadi y Galicia, proponen referéndums de autodeterminación que romperían la caja de la Seguridad Social y harían inviable nuestro sistema de pensiones…

¿Y si hablamos de lo que importa?

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