EL CICLO SIGUE CON FUERZA

Los propagandistas de la derecha recitan como un mantra la feliz venida del “cambio de ciclo”, en una lectura tan previsible como falaz de los resultados de las últimas elecciones andaluzas.

El argumento que esgrimen para sustentar tal teoría no puede ser más simple: el PP ha ganado las tres últimas elecciones autonómicas. Solo que las tres últimas elecciones las convocaron ellos mismos, precisamente en las autonomías donde ya gobernaban.

Eso sí, limitan la contabilidad regresiva a tres elecciones, porque en la cuarta hacia atrás, es decir, en las elecciones catalanas de febrero de 2021, los populares obtuvieron un más que humilde octavo puesto y apenas el 3,85% de los votos.

Por tanto, el supuesto cambio de ciclo se pretende sustentar en el hecho de que el partido de Feijóo sigue gobernando en tres comunidades en las que ya gobernaba antes, pero con tan poca solvencia que se vio obligado a disolver los parlamentos y anticipar los comicios.

Es como si el PSOE pretendiera ahora responder a tal cambio de ciclo con uno nuevo, convocando elecciones sucesivas allí donde sabe que reeditará gobierno con seguridad, sea en Asturias, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares… Absurdo.

Es evidente que el PP ha obtenido un buen resultado en Andalucía, y que el resultado del PSOE no ha sido bueno. Pero las explicaciones para ambas realidades se encuentran fácilmente en el propio escenario andaluz.

Moreno Bonilla lleva poco tiempo gobernando y ha logrado no molestar a nadie con su campaña inane, vacía de ideas y propuestas. Ha convocado cuando le ha venido bien, con sus competidores de la derecha a contrapié, y con un PSOE andaluz en pleno proceso de reconstrucción.

Además, está comprobado que en tiempos de incertidumbre y zozobra, como son los propios del escenario actual de post-pandemia y con una guerra a las puertas de Europa, buena parte de la ciudadanía suele votar gobierno, por prudencia; en Andalucía también.

Pretender colar el camelo del cambio de ciclo con tales mimbres es demasiado simplista y oportunista, incluso para los redactores habituales del argumentario de la derecha en nuestro país.

Apenas han transcurrido unos pocos días desde el 19J, y los medios de comunicación han tenido que ocuparse ya con nuevos capítulos en los seriales más habituales del PP: Rajoy, imputado por líos parapoliciales en Andorra; Fernández Díaz, de corruptelas con Villarejo; Ayuso, cerrando urgencias sanitarias en Madrid; Mañueco, abucheado por los trabajadores públicos que sufren recortes y chapuzas…

La supuesta moderación con que Feijóo intenta vender el PP del nuevo ciclo se viene abajo con solo escuchar la enésima salida de tono de la presidenta madrileña, o la penúltima barbaridad misógina de sus aliados ultras en Castilla y León.

El supuesto apego a la institucionalidad de la nueva etapa del PP se derrumba al comprobar cómo Feijóo y los suyos continúan bloqueando la renovación de los órganos constitucionales, por puro ventajismo, tan ilegal como inmoral, exactamente igual que antes, como siempre.

El ciclo de gobierno socialista comenzó en 2018, con una moción de censura que devolvió la dignidad a las instituciones democráticas, tras una etapa oscura marcada por los múltiples casos de corrupción del PP.

Se trata de un ciclo sólido, que ha sostenido con solvencia y justicia a la sociedad española a través de las graves crisis de estos años, desde la mayor pandemia del último siglo hasta las consecuencias de la guerra de Ucrania, pasando por volcanes y filomenas.

Un ciclo firme gracias al liderazgo inteligente del Presidente Sánchez y a un Partido Socialista que continua vertebrando este país, con mayorías importantes donde gobierna, y con alternativas sólidas allí donde no gobierna. El PSOE no desaparece donde pierde, como le ocurre al PP en Cataluña o Euskadi.

Un ciclo solvente en sus resultados económicos y de empleo, con récords de afiliación a la Seguridad Social y con más contratos indefinidos que nunca. Un ciclo productivo en conquistas sociales, con subidas inéditas en el salario mínimo, con la garantía legal de las pensiones dignas, con el nuevo Ingreso Mínimo Vital. Un ciclo fructífero en nuevos derechos, como la eutanasia, como la libertad sexual para las mujeres conquistada en la ley del sólo sí es sí.

Un ciclo fuerte en legislación reformista y avanzada, con nada menos que 148 leyes aprobadas en lo que va de legislatura, a pesar de pandemias y guerras, en el Parlamento más fraccionado de la historia constitucional.

Un ciclo reconocido y admirado en Europa y en el resto del mundo, por el exitoso rescate en Afganistán, por la ejemplar acogida de refugiados ucranianos, por lograr la excepción ibérica en el precio energético, por organizar la cumbre más relevante de la OTAN… a las puertas del semestre de presidencia española en la UE.

Hay un ciclo sólido por detrás del que sentirse orgullosos, desde luego. Pero, sobre todo, queda mucho ciclo por delante, solvente, ilusionante, esperanzador, para seguir haciendo un país mejor.

USA TU PAPELETA O LA USARÁN CONTRA TI

Si todos los andaluces con derecho a votar acudieran a las urnas el próximo domingo, el PSOE ganaría de largo las elecciones.

Porque es un hecho que la mayoría de los andaluces se sienten más cerca de las ideas progresistas que de las ideas derechistas.

La derecha sabe esto como nosotros, y por eso su estrategia electoral tiene como objetivo principal que muchos andaluces no acudan a votar, especialmente aquellos que tienen ideas progresistas.

¿Cómo lo procuran? Con cinco tácticas, al menos.

Presentan a su candidato como indefinido, inofensivo, vano, casi inane. Se trata de que pase inadvertido, de que nadie le pueda atribuir idea o propuesta alguna. Porque si se traslucen sus ideas o sus propuestas, la mayoría de los andaluces le rechazará y acudirá a las urnas para expresar tal rechazo.

La derecha mediática y demoscópica insisten machaconamente en el mensaje de que ya está todo hecho. “Juanma ganará y punto”. Como si la jornada del domingo fuera un mero trámite, a fin de confirmar lo que ellos ya han decidido. Pareciera como si la única incógnita por resolver fuera la magnitud de la mayoría del PP.

Machaconamente también, utilizan todos sus altavoces para tachar a la alternativa progresista plural como una jaula de grillos incapaz de ponerse de acuerdo, y como si las derechas de Bonilla, Olona o Marín constituyeran, por el contrario, un remanso de coherencia y armonía.

Además, por si acaso no funciona todo lo anterior, se aseguran de que la fecha electoral se sitúa en un domingo de fines de junio, tradicionalmente dedicado a las visitas a la familia en el pueblo, o a la escapada playera.

Por último, los voceros populares inundan las tertulias mediáticas con argumentarios del tipo “todos son iguales”. ¿Corrupción? Todos iguales. ¿Primos comisionistas? Todos por igual. ¿Recortes? ¿Y cuál no? ¿Ineficacia en los servicios públicos? Pero si es inevitable…

Solo que todos estos argumentos son falaces y tramposos.

Solo que Moreno Bonilla no es inane. Es peligroso. Tanto como Mañueco, que ha formado gobierno con los enemigos de la democracia. Tanto como Ayuso, que día tras día desmonta la sanidad y la educación de todos para favorecen los negocios de unos pocos.

Solo que las elecciones no están hechas, ni el PP tiene ya la mayoría de los votos. De hecho no tienen ni uno solo. Porque las elecciones se celebran el próximo domingo, y cada uno de los prebostes de la derecha tiene exactamente la misma cantidad de votos que tú: uno solo. ¡Qué poder el de ese voto!

Solo que la pluralidad se da tanto en la izquierda como en la derecha, con la salvedad de que la izquierda en el Gobierno de España utiliza la pluralidad para avanzar en derechos, y la derecha en Castilla y León, en Madrid, y en Murcia, utiliza la pluralidad para recortarlos.

Solo que los andaluces saben que días de pueblo o de playa puede haber muchos a lo largo del verano, pero días en los que decidir el futuro de sus familias solo habrá uno: el domingo 19 de junio.

Y solo que la mayoría sabe, porque lo ha sufrido en sus carnes, que no somos iguales. La crisis del 2012, la de ellos, se afrontó con más precariedad y menos salarios. La crisis actual, la nuestra, se está afrontando con menos precariedad y más salarios. No somos iguales. Ni mucho menos.

La realidad que es nada está hecho hasta las ocho de la tarde del domingo. Y la realidad es que ellos solo ganan si tú te quedas en casa con tu cabreo, en lugar de acudir a la urna con tu cabreo y tu papeleta.

Si no usas tu papeleta para defender tus ideas y para defender a tu familia, otros la usarán contra ti y contra tu familia.

EL PP SIGUE EN «QUE ESPAÑA SE HUNDA».

Resulta insólito que un responsable de oposición en un país democrático se dirija a un país agresor para darle la razón y deslegitimar al gobierno propio. Es lo que ha hecho Feijóo tras la congelación unilateral de los intercambios comerciales por parte de Argelia.

No cabe actitud más irresponsable y anti patriota. Mientras el gobierno español trata de resolver con diplomacia esta crisis, provocada sin justificación por un país extranjero, el líder del PP se pone públicamente de parte del agresor, boicoteando los intereses de España.

No es un comportamiento original ni novedoso por parte de la derecha española. Se trata de una constante histórica.

En estos días, precisamente, se conmemora el 40 aniversario de la incorporación de España a la OTAN. Y todos recordamos cómo la derecha, ideológicamente atlantista, pidió la abstención en el referéndum de 1986, tan solo para dañar al gobierno socialista de entonces.

Cristóbal Montoro verbalizó esta estrategia en el año 2011: “Que se hunda España”, si sirve para echar a los socialistas del gobierno.

Además de desleal e irresponsable, tal actitud esconde también un complejo de inferioridad muy significativo. La derecha española se declara incapaz de ganar unas elecciones al PSOE, si antes no ha tenido éxito en sus maniobras arteras, en perjuicio de la propia sociedad española.

Pero las penosas declaraciones de Feijóo acerca del problema con Argelia son solo un episodio más. Días antes, en una sesión de control en el Senado, el presidente del PP aseguró que la prima de riesgo española, el sobreprecio que pagamos respecto a Alemania para financiar deuda, estaba en los 250 puntos. El dato real se situaba en menos de la mitad.

Al día siguiente, su secretaria general, Cuca Gamarra, utilizó la sesión de control del Congreso para divulgar otra información falsa: que la inflación española estaba por encima de la alemana. No se trató de un lapsus, ni en uno ni en otro caso.

Porque en esos mismos días, el presidente del PP europeo, Manfred Weber, con el que Feijóo había coincidido en Bruselas, arremetió duramente contra la política económica española en un diario derechista de nuestro país. Llegó a plantear que el gobierno español pone en riesgo al euro y que la Comisión debería “sacarle tarjeta para evitar un desastre económico”.

El propósito es claro. Se trata de generar dudas sobre la economía española, para dificultar su recuperación y obstaculizar la llegada de los fondos europeos. En su afán por perjudicar al gobierno, dañan al conjunto de los españoles.

Por la misma razón, en plena escalada inflacionista, votan contra la convalidación del decreto que bonifica 20 céntimos por litro de gasolina, y que reduce un 60% la fiscalidad en la factura eléctrica, y que aumenta un 15% la prestación del ingreso mínimo vital, y que limita al 2% el aumento de los precios del alquiler de viviendas…

Por idéntico motivo se muestran en desacuerdo con la excepción ibérica que el gobierno español arrancó en Bruselas para abaratar la energía en nuestro país, y enreda hasta el ridículo intentando tumbar el proyecto de ley que promueve planes de pensiones a negociar entre empresarios y trabajadores.

Nadie se queja de contar con una oposición exigente, desde luego. Pero sí cabe exigir una oposición responsable y leal con los intereses generales de España. Con Casado, con Feijóo, o con el que venga.

140 LEYES, A PESAR DE TODO.

Durante los últimos días, muchos analistas políticos han subrayado el logro del Gobierno por sacar adelante 140 leyes en lo que va de legislatura, pese a un contexto político de gran fragmentación y complejidad.

¿Cómo es posible -se preguntan- que el Gobierno cumpla todos sus objetivos, contando de inicio con tan solo 153 de 349 diputados?

Y la respuesta es bastante sencilla: las leyes se aprueban porque son buenas leyes, por lo que la mayoría de los diputados acaban rindiéndose a esta evidencia. Hay algo más que influye en el éxito, claro: la vocación y la capacidad demostradas por este Gobierno para dialogar y acordar con quienes piensan distinto.

La pregunta más pertinente es otra, no obstante: ¿por qué algunos grupos se empeñan en votar en contra y obstaculizar proyectos que son objetivamente buenos para la mayoría de los españoles?

Y la respuesta a esta última pregunta es mucho más decepcionante. Porque la oposición de algunos grupos a buena parte de los avances legislativos tienen poco que ver con reticencias prácticas, y mucho más con el afán de desgastar al Gobierno.

Porque, ¿qué razones puede aducir el PP, por ejemplo, para votar contra la bonificación de 20 céntimos por litro en la gasolina, o contra la subida de las pensiones conforme al IPC, o contra la llegada de los fondos europeos a nuestras empresas?

¿Por qué se opone la derecha a que el porcentaje de contratos fijos suba del 10% al 50%, o a proteger a las mujeres frente a las agresiones sexuales, o a combatir el peligro cierto del cambio climático?

Quizás el PP pueda explicar en clave ideológica su negativa a respaldar la nueva ley del derecho a la educación. El PP siempre se ha opuesto a un modelo educativo que consolide la enseñanza pública como garantía para la igualdad de oportunidades.

También pueden aducir motivos ideológicos para no apoyar la ley que reconoce el derecho a la muerte digna porque, aunque a muchos nos resulte incomprensible, siempre se negaron a asegurar esta libertad a quienes necesitan de ella en momentos tan dramáticos.

Sin embargo, en general, la oposición del partido de Casado antes y de Feijóo ahora -que en esto no han cambiado nada-, ha sido de una intencionalidad diáfana: todo vale para dañar al Gobierno, aunque de paso se dañe al conjunto de los españoles.

¿Cómo explicar, si no, la contradicción en que incurre el PP cuando denuncia la escalada de los precios, al tiempo que trata de tumbar la rebaja de los precios en los combustibles que el Gobierno lleva al Congreso?

Esta misma estrategia irresponsable sirve para explicar el bloqueo mantenido hasta ahora en la renovación del gobierno de la Justicia. Desde hace más de tres años, el PP se ha negado a cumplir el mandato constitucional por razones puramente partidistas.

Otros grupos parlamentarios también han participado en ocasiones de la dinámica de obstaculizar iniciativas de ley, por razones ajenas al propósito o al contenido de la propia ley.

Ciertos grupos aducen, por ejemplo, su negativa a “dar estabilidad al Gobierno”, porque algunos de sus dirigentes se hallan en situación de huidos de la Justicia. Otros hacen uso de sus votos en la convalidación de decretos o en la aprobación de dictámenes para denunciar hechos o contenciosos legítimos, pero que nada tienen que ver con lo que se vota…

Hemos sacado adelante 140 leyes, ciertamente, pero aún queda casi media legislatura por culminar, y sería deseable, incluso exigible, que hubiera menos motivos para celebrar los triunfos parlamentarios “in extremis” del Gobierno, y más razones para constatar la responsabilidad y coherencia de todos los grupos a la hora de tramitar las leyes que amplían derechos y bienestar para las mayorías sociales.

Ojalá.

MODELO PP-MADRID, FATAL PARA ANDALUCÍA

El candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha dejado claro ante la Confederación de Empresarios de Andalucía que su referencia en política económica y fiscal es el gobierno de la Comunidad de Madrid, también en manos del PP.

Hasta ahora, la estrategia electoral del PP andaluz consistía en sonreír mucho y contar poco. Son conscientes de que cualquier plan de futuro inspirado en los valores de la derecha andaluza no sería bienvenido, e incluso contribuiría a movilizar en su contra a buena parte del electorado.

Sin embargo, esta indiscreción del candidato popular aporta pistas muy relevantes acerca del programa de gobierno que pondría en práctica un eventual nuevo gobierno andaluz del PP, si el próximo 19 de junio lograra sumar suficientes escaños con la ultraderecha.

La política económica y fiscal que aplica el PP en Madrid ya causa perjuicios importantes a la población madrileña, pero sería fatal para la gran mayoría de los andaluces.

La capitalidad madrileña y la fortaleza de su tejido económico ayudan a amortiguar algunos de los peores efectos de las medidas ultraliberales y regresivas. Sin embargo, Andalucía no cuenta con el colchón amortiguador de la capital. Las consecuencias de las políticas del PP madrileño causarían estragos entre la población andaluza, en términos de de deterioro social y desigualdad.

Lo que Ayuso y compañía suelen denominar “estilo libertario, tabernario y pandillero” constituye un compendio de medidas consistentes en la facilitación de negocios especulativos, la elusión fiscal para los más pudientes y el debilitamiento progresivo de los servicios públicos.

Todo ello con el aderezo de una agresividad faltona hacia el Gobierno de España y las complicidades crecientes con los ultras nostálgicos del franquismo.

¿Se puede permitir el pueblo andaluz un gobierno con tal programa? Evidentemente, no.

La gran cantidad de negocios turbios que fomenta la derecha en Madrid, alimentando a cientos de hermanos, primos y duques comisionistas, se compensa en buena medida con otras muchas operaciones económicas más regulares y competitivas, que se ubican en la capital buscando sinergias interesantes y a pesar de sus gobernantes.

Andalucía no cuenta con tal compensación.

La derecha y la ultraderecha madrileñas practican una fiscalidad regresiva, con tipos muy reducidos, incluso con tipo cero, para grandes patrimonios, rentas, sucesiones y donaciones. Pero la merma de ingresos públicos que supone esta política se compensa en parte, una vez más, gracias a la vigorosa actividad económica propia de la capital económica y administrativa del Estado.

Andalucía no dispone de ese margen.

Madrid es una de las regiones españolas con peor financiación por habitante en la sanidad pública, en la educación pública, en becas y en políticas de vivienda, consecuencia directa de la política fiscal mencionada. La injusticia social y la desigualdad son una lacra creciente, desde luego.

No obstante, una parte significativa de la población, compuesta por funcionarios públicos, clases medias y profesionales liberales, aún dispone de medios propios para acceder a servicios alternativos de carácter privado. Es el “sálvese quien pueda pagar”.

En Andalucía se salvarían menos.

La comunidad madrileña es la administración autonómica que menos recursos dedica a mantener la red de equipamientos, prestaciones, subsidios y ayudas destinados a la población más necesitada: familias que viven bajo el umbral de la pobreza, menores y jóvenes vulnerables, mujeres víctimas de violencia de género, mayores que requieren plaza de residencia…

En Andalucía sufrirían lo que no han sufrido con gobierno PSOE y la inercia de los últimos años.

El Gobierno de Madrid adopta la estrategia de la confrontación gratuita y constante con el Gobierno central, porque se sabe inevitablemente en el centro político, económico y mediático de España.

Andalucía no se puede permitir la falta de colaboración y el aislamiento.

En Madrid, los ultras siempre han formado parte del paisaje capitalino, como esos nubarrones negros que fastidian alguna tarde de verano, pero que hemos aprendido a combatir con paraguas y chubasquero. Aquí tenemos inoculada la vacuna contra el odio ultra y sobrellevamos la enfermedad con un tejido social progresista bien curtido.

En Andalucía, la ultraderecha en el poder puede hacer mucho daño a la convivencia.

La sociedad andaluza es una sociedad con valores de progreso, y conserva buena parte de las estructuras y dinámicas que aún permiten una vida digna y justa para las mayorías. Tres años y pico de gobierno de derechas no han sido suficientes para revertir todo lo bueno que allí levantaron los gobiernos socialistas.

Pero si se les concede una prórroga, si esa prórroga incorpora además a los ultras, y si su referencia es la política del PP madrileño, el retroceso puede ser dramático.

Sin duda, Andalucía merece y quiere más, mucho más que eso.

Espadas y el PSOE andaluz son su garantía para lograrlo.

JUAN Y MERCEDES. MIRADAS LIMPIAS PARA MADRID

Queda apenas un año para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y, una vez más, la campaña de Madrid será una de las más decisivas en la contienda.

Por varias razones.

En pocos sitios como en Madrid se presenta la batalla ideológica de modo tan crudo y nítido. Ellos hablan de comunismo o libertad. Nosotros podríamos hablar de decencia o mangancia.

En el territorio madrileño coinciden al tiempo los más aprovechados y los más damnificados del país. Aquí conviven muchos de los “listos” que trincan comisiones millonarias con un par de llamadas. Y también muchos de los “tontos” que han de elegir tarifa eléctrica calculando cuánto les queda para comer.

Y la capital es, asimismo, escenario, centro y epicentro de los mayores escándalos de corrupción del país, protagonizados siempre por la derecha gobernante: los Gurtel, los Lezo, los Púnica… y los Kitchen que corrompen para tapar la corrupción.

Resulta lógico, por tanto, que las principales formaciones políticas dirijan a la contienda madrileña su atención, su mejores capacidades de análisis y sus estrategias más depuradas.

El PSOE buscó en otro tiempo para la campaña de Madrid algunos fichajes de solvencia demostrada, aunque de escaso recorrido en la política capitalina. Unos salieron mejor que otros.

Hoy, el Partido Socialista está liderado en la región y en la capital por dos figuras de la cantera. Son dos personas jóvenes, llenas de ideas y, a la vez, con una capacidad de gestión ya acreditada. Juan, en lo municipal. Mercedes, al frente de la Delegación del Gobierno.

Ambos han llegado a convertirse en líderes tras años de trabajo esforzado y exitoso, que les ha ganado el respeto de sus compañeros, cada cual en su perfil y faceta. Nadie les ha regalado nada.

Sen trata en ambos casos de liderazgos hechos a sí mismos. Y con la mirada limpia. Por su honestidad, desde luego, y también porque los dos practican la sana política de la fidelidad a los principios, y la anteposición, siempre, del interés general.

Ni tienen primos comisionistas, ni se transmutan en estadistas o tabernarios a golpe de encuesta, ni juegan jamás al cuanto peor mejor.

Coherencia con los valores propios y servicio público. No hay velo alguno en su mirada.

La derecha va a procurar, una vez más, eludir la controversia ideológica explícita, o cualquier debate serio sobre gestión o programa.

Intentará, otra vez, reducir la campaña a una sucesión de mensajes puramente emocionales, negativos en su mayoría. La Ayuso libertaria frente al sanchismo diabólico.

Los demás tendremos que esforzarnos para superar las añagazas populares, bien regadas durante años con el comisionismo empresarial y mediático. Y habremos de hacerlo situando el debate en sus términos más útiles para los electores.

Habrá que hablar de ideología, claro. Pero no en el simplismo tramposo y maniqueo que proponen los estrategas populares. Sino en el contraste de ideas que han de sustentar las diversas alternativas de gobierno.

Para la derecha, gobernar Madrid consiste en facilitar negocios (a veces legales) a costa de la igualdad de oportunidades y el bienestar general. Para el PSOE, gobernar consiste en promover un progreso justo de la economía, garantizando la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Ellos, con preeminencia de lo privado. Nosotros, con preeminencia de lo público.

Ellos, con regalos fiscales a cambio del sálvese quien pueda. Nosotros, con fiscalidad justa a cambio de dignidad garantizada por igual.

Ojalá y ésta pueda ser, al fin, una campaña ideológica de verdad.

Y habrá que hablar de programa, desde luego. Comunidad y Ayuntamientos gestionan las políticas y los servicios que afectan de forma más amplia, directa y cotidiana a la vida de las personas.

Casi nunca permitió la derecha que las campañas madrileñas versaran sobre los modelos diversos de gestión de la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, las políticas de empleo o vivienda, los transportes, la ordenación territorial, la preservación ambiental…

Porque saben que ahí pierden.

Y habrá que hablar de personas. Y (es a lo que vamos) aquí pierden también.

No caben perfiles más contrapuestos que los propios de PP y de PSOE en Madrid.

Ayuso representa la política populista, visceral, sin un ápice de rigor. Ni lo tiene, ni lo quiere, ni cree necesitarlo.

Y Juan está sabiendo combinar la fuerza de la ilusión y el crédito de la responsabilidad. Crece cada día y de manera visible ante la ciudadanía, alternando sus críticas certeras con la propuesta constructiva y realista.

Almeida es un superviviente, que asume durante un tiempo el falso perfil moderado. Que se transforma después, por encargo de su partido, en mamporrero antisanchista. Y que se abraza ahora a Vox para no ahogarse en el cieno del comisionismo…

Mercedes no tiene parientes a comisión, y se lleva bien con Pedro Sánchez, y no necesita coser cada tarde el partido que le han descosido por la mañana (como le pasa a la otra izquierda).

Mercedes hace política para resolver problemas, sabe cómo hacerlo y cuenta con la experiencia y la ayuda necesarias.

Sus prioridades son las mismas que tienen los madrileños: empleo, vivienda, barrio. Empleo digno, vivienda accesible, barrio cuidado, calidad de vida…

Hay una escena elocuente en la película “La familia perfecta”, de Arantxa Echevarría. El personaje que interpreta Belén Rueda viaja en la parte trasera de un coche por la capital, con su hijo al volante.

Mientras recorren el centro de Madrid, su rostro refleja satisfacción con lo que ve. Paulatinamente, conforme salen del centro, su gesto se va nublando hasta llegar al desagrado evidente. “¿Pero ésto sigue siendo Madrid?”, pregunta. “Sí, mamá”, responde el hijo en tono reprobatorio.

Mercedes trabaja para que esa pregunta no tenga justificación. Por ejemplo.

La campaña de Madrid siempre es apasionante. En esta ocasión, también.

LA FORTALEZA DEL GOBIERNO ES UN HECHO.

La paradoja es, sin duda, uno de los rasgos más característicos del momento político presente y una definición bastante fidedigna para su reflejo mediático.

De hecho, precisamente cuando la oposición política y los medios derechistas arrecian en las acusaciones de “debilidad” al Gobierno, es cuando el ejecutivo está exponiendo mejores muestras factuales acerca de su fortaleza.

El derechismo político y mediático ha querido utilizar el episodio de los espionajes como el presunto detonante de la “descomposición” del Gobierno.

Comprobemos, no obstante, más allá de opiniones de parte e imágenes interesadas, cómo le ha ido al Gobierno durante estas últimas semanas en cuanto a hechos objetivos y constatables.

Primero, por ejemplo, en las votaciones parlamentarias.

En pleno estallido del “escándalo Pegasus”, durante los días 26, 37 y 28 de abril, el Gobierno convalidó en las Cortes tres Reales Decretos Leyes, y no precisamente menores: el plan para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Putin; las medidas de refuerzo de la ciberseguridad; y las normas que dignifican los contratos de los investigadores.

En esos mismos días, el Gobierno logró aprobar en el Congreso sus Proyectos de Ley de Telecomunicaciones, de Igualdad de Trato, de Calidad en la Arquitectura y la ponencia de Libertad Sexual, al tiempo que el Senado aprobaba definitivamente el Proyecto de Ley con la nueva regulación del Depósito Legal.

Durante esta última semana, en el Pleno del Congreso correspondiente a los días 10, 11 y 12 de mayo, además, el Gobierno ha sacado adelante con holgura otras seis iniciativas legislativas de alcance: el Real Decreto Ley de sanciones contra los oligarcas rusos (259 votos), el Proyecto de Ley de Seguridad Nacional (299 votos), el Proyecto de Ley que regula los precursores de explosivos (299 votos), el Proyecto de Ley de Rehabilitación Edificatoria (317 votos), y la Proposición de Ley que penaliza la trata de refugiadas ucranianas (308 votos).

Segundo, la influencia del Gobierno en la Unión Europea.

Otro hecho. Mientras las portadas glosaban a todo trapo los dimes y diretes a propósito de un tal Pegasus, el Gobierno de España lograba que la Comisión Europea diera el visto bueno a la excepción ibérica que abaratará el precio de la luz para españoles y portugueses.

No hay precedentes prácticamente en la Unión, y desde luego no los hay respecto a otros Gobiernos de España, para una medida de este alcance. El presuntamente “débil” Gobierno de España consigue que no se apliquen a los hogares y a las empresas españolas las reglas comunitarias de fijación de precios de la electricidad, para que aquí paguemos menos por la energía.

Tercero, casi simultáneamente, los datos de la evolución económica.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno de España, a pesar de la oposición derechista, ha disparado la contratación de trabajadores hasta el récord histórico de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, al tiempo que ha triplicado el porcentaje de contratos fijos.

Esto no es una opinión, ni una interpretación, ni un análisis de tertuliano con “fuentes fidedignas”. Es un hecho. Hoy en España hay más empleo y mejor empleo, gracias a la reforma laboral que aprobó el Gobierno y que la oposición votó en contra.

También es un hecho incontestable el que los principales organismos reguladores en la economía nacional e internacional atribuyen para España el crecimiento del PIB más importante de las grandes economías europeas.

Y que la inflación se modera mes a mes. Y que la recaudación fiscal se mantiene a buen ritmo, a pesar de las ayudas a familias y empresas con problemas. Y que el déficit fiscal se reduce a ritmo récord, y que la deuda pública también se recorta, en un escenario de crisis…

El Gobierno afronta dificultades y problemas, desde luego, cada día. Se gobierna y se legisla ante la representación política más fraccionada de la historia de nuestra democracia constitucional. Y los instrumentos del diálogo, la negociación y el acuerdo han pasado de convenientes a imprescindibles.

Pero el Gobierno actúa en consecuencia, y lo hace con un éxito más que razonable, a tenor de los resultados factuales expuestos.

Y es que lo que algunos “analistas” interesados se empeñan en mostrar como “debilidad” gubernamental e “inestabilidad” institucional, no suponen sino el desenvolvimiento lógico de la acción política en un tiempo caracterizado por fragmentaciones y polarizaciones.

En un escenario político caracterizado por la pluralidad, la diversidad y la contraposición permanente, el diálogo, la cesión mutua y el pacto entre distintos no constituyen una “debilidad”, sino todo lo contrario. El diálogo y el pacto son la fortaleza de quien procura gobernar y legislar atendiendo al interés general.

Sumar mayorías en reconstrucción constante no es muestra de debilidad, sino la demostración de que el Gobierno sabe adaptarse para cumplir su programa, sin renunciar a sus principios, pero integrando en las decisiones a aquellos que la ciudadanía ha situado con su voto en la posibilidad de influir.

Porque en democracia el propósito del gobernante no es el de atribuirse el poder en la mayor medida posible, y con los menos condicionantes posibles, sino administrar el poder que otorga la ciudadanía del modo que mejor beneficia al interés colectivo.

Eso es lo que hace este Gobierno. Y los resultados apuntan a que no lo hace mal.

Con la acción gubernativa y legislativa del equipo de Pedro Sánchez, los españoles ganan en derechos, en libertades y en bienestar.

Ahí está su fortaleza.

VOX SOLO ES EL PP DESFAJADO

Abascal es más bruto que Feijóo, sí. Olona es más descarada que Gamarra, también.

Vox es el PP más desinhibido y más desmelenado. Pero apenas eso.

Quitémosle épica. Ni la vanguardia rupturista, ni la alternativa inconformista, ni tan siquiera algo mínimamente novedoso…

Vox fue fundado por un puñado de dirigentes del PP, insatisfechos porque entonces no pillaban suficiente “pá la saca”: Abascal, Vidal-Quadras, Camuñas…

Vieron hueco a la derecha de Rajoy, el tancredista. Mal copiaron cuatro argumentarios en una suerte de trumpismo cutre a la ibérica.

Medio kilo de anti socialismo rancio, cuarto y mitad de machismo irredento, cien gramos de desprecio al moro, cantidad de populismo barato, mucha bandera, himno a granel… Todo ello con buen aderezo de odio antisanchista… Y ahí tienes la ensalada obscena para nutrir a desesperados por necesidad y a cabreados por vocación…

Abascal viene del PP. Buxadé viene del PP. Gil Lázaro viene del PP. Garriga viene del PP…

Hasta hace apenas ocho años, los dirigentes de Vox estaban cómodamente instalados en el PP. Ahora entienden que ganan más por separado.

Pero que nadie se llame a engaño. PP y Vox, Vox y PP, son lo mismo porque vienen de lo mismo, coinciden en los mismos valores y comparten el mismo objetivo de desalojar a la izquierda para detentar un poder que entienden suyo por derecho natural.

Quien vote Vox estará votando PP, y quien vote PP estará votando Vox, porque reparten papeles en la ofensiva contra el PSOE, pero comparten principios y metas, y aspiran a compartir gobiernos.

Vox es la derecha de siempre, sí, pero ahora es más peligrosa, porque se muestra desinhibida y desacomplejada, sin algunas de las ataduras que mantenían dentro del PP: la ruptura con el franquismo -que ahora reivindican sin disimulo-; la lealtad constitucional -que ahora traicionan en lo relativo a autonomías y sindicatos-, y el compromiso europeísta -que ahora subordinan a las alianzas con Le Pen, Órban y demás euroescépticos-.

Vox es la versión desinhibida y obscena del PP, hasta el punto de poner en riesgo tres cuestiones, al menos, que forman parte de los cimientos mismos de nuestra convivencia democrática.

Vox no cree en la sanidad y en la educación como servicios públicos a garantizar por el Estado a todos los españoles, en igualdad de oportunidades, e independientemente de la capacidad económica y el origen social de cada cual. Su proyecto de país pasa por reducir la carga fiscal y promover una suerte de “libertad” para que cada español acceda a la sanidad y la educación que pueda ganarse por sus propios medios.

Vox no cree en el sistema público de pensiones vigente en nuestro país. En multitud de ocasiones se ha manifestado partidario de transformar el sistema actual de reparto por un sistema alternativo y privado de capitalización. Esto supondría acabar con la garantía pública de pensiones dignas para todos los españoles, y arrojaría a nuestros pensionistas a la incertidumbre de los fondos privados y sus dinámicas de casino financiero.

Y Vox no cree básicamente en la igualdad, por eso pelea por derogar las leyes que protegen a las mujeres contra la violencia de género y que amparan a las personas LGTBI de las discriminaciones que aún sufren a diario. Y por eso señalan falsamente a los inmigrantes pobres de todos los males, y por eso fomentan el odio hacia las ideologías progresistas y sus defensores…

Votarles no es un ejercicio de inconformismo o rupturismo más o menos actualizado o moderno… Votarles es votar a la derecha de siempre, ahora algo más desfajada.

POLÍTICA MALSANA

El Presidente del Gobierno calificó de “política malsana” el comportamiento de los grupos parlamentarios que intentaron tumbar este jueves las medidas decretadas para proteger a la población española frente a las consecuencias de la guerra de Putin.

El decreto fue aprobado finalmente con una mayoría absoluta de la representación ciudadana en el Parlamento, pero es preciso denunciar la actitud de aquellos que antepusieron sus intereses partidistas sobre el legítimo interés de la ciudadanía a la que representan.

La política malsana consiste en procurar el desgaste del Gobierno a costa del bienestar de las familias que peor lo están pasando en las crisis sucesivas que nos está tocando sufrir, tras la peor pandemia del último siglo y la agresión brutal del autócrata ruso.

Es “politiquería” malsana fustigar al Gobierno sobre las espaldas de los hombres y mujeres que pasan dificultades para pagar la factura del super, de la luz o de la gasolina. Y es radicalmente malsano instigar el odio desde la tribuna parlamentaria para movilizar votos en la próxima contienda electoral.

Ninguno de los portavoces parlamentarios que votaron contra el decreto de ayudas criticaron su contenido. Unos hablaron del “sanchismo” que les obsesiona hasta lo enfermizo. Otros se refirieron a la banda terrorista ETA, derrotada hace una década ya. Algunos aludieron a ciertas denuncias periodísticas sobre espionajes por probar. Los ultras se limitaron a la vomitona habitual de odio irracional…

Pero lo que estaba en juego era la convalidación o la derogación de un paquete de medidas vitales para que millones de familias pudieran sobrevivir a la crisis.

Es preciso, por tanto, reconocer el mérito de aquellos grupos que sí valoraron el contenido del decreto anti-crisis. Algunos de ellos plantearon propuestas que fueron incorporadas en su redacción original. Otros negociaron hasta el último momento algunas mejoras para su ulterior tramitación parlamentaria.

Fueron los grupos del propio Gobierno, el grupo socialista y el grupo de Unidas Podemos, por supuesto. Y fueron también, por orden de peso parlamentario, PNV, Bildu, PDCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Partido Regionalista de Cantabria, Bloque Nacionalista Galego y Teruel Existe.

Pero también hay que señalar a los grupos del no, al triunvirato de la derecha anti patriota PP-Vox-Cs , a los independentistas catalanes, y a los tránsfugas expulsados de UPN.

Cabe señalar muy especialmente, al “nuevo” PP de Feijóo. Tras deshacerse de su anterior líder, por atreverse a denunciar la corrupción institucional en Madrid, la nueva dirección popular se estrena devolviendo poder al franquismo en Castilla y León, haciendo la vista gorda al comisionismo capitalino, y tratando de tumbar las medidas que han de proteger a los españoles ante la peor crisis en lo que va de siglo.

Más que notable para llevar tan solo un par de semanas.

Si la política malsana se hubiera impuesto este último jueves en el Parlamento, los españoles se hubieran despertado el viernes con la gasolina 20 céntimos por litro más cara, con una subida del 60% en los impuestos de la factura eléctrica, con un recorte del 15% en el Ingreso Mínimo Vital, y con 600 mil beneficiarios menos en el bono social eléctrico, entre otros desastres.

Pese a lo que algunos perciben o desean, el Gobierno está fuerte, en principios, en apoyo social y en respaldo parlamentario.

De hecho, esta última semana, que algunos han calificado como “la peor semana de toda la legislatura”, el Gobierno de España ha sacado adelante hasta nueve leyes en el Parlamento: los decretos-leyes del Plan anti-crisis, de la Ciberseguridad y de las Mejoras en la contratación de investigadores; los proyectos de ley de Igualdad de trato, de Telecomunicaciones, de Depósito legal, de Calidad en la arquitectura, y de Rehabilitación edificatoria; y la ponencia de la ley del “sólo sí es sí”.

El Gobierno está fuerte. Pero la política malsana es una amenaza. Y hay que pararla. Primero en Andalucía.

COMISIONISTAS FREE

De Almeida a Piqué, de Ayuso al duque de Feria. Todos aseguran que el cobro de comisiones millonarias por mediar en contratos es “lo normal”, “perfectamente legal”, “el mundo en que nos movemos”, “acorde al mercado”…

Esta casta de “comisionistas friendly” pretende convencernos de que “así funciona la economía”, y el que no lo acepta, el que no se adapta o el que no participa, es un ignorante, un torpe o un izquierdista trasnochado.

No es algo nuevo. Antes lo llamábamos “la cultura del pelotazo”. Ahora han sofisticado algo el discurso y los procedimientos. Pasan de la recalificación urbanística a la comisión por intermediación, y de la concesión de amiguete a la criptosecta.

Pero en esencia es lo mismo. Se trata de ganar dinero fácil y en abundancia mediante contactos espurios, gestiones bajo cuerda y siempre al filo de la legalidad.

¿A quién le importa la calidad, la eficiencia o la innovación cuando puede obtenerse un rendimiento millonario con un par de llamadas al hermano de una presidenta o al primo de un alcalde?

Sin embargo, esto no es “lo normal”, ni mucho menos. Y, desde luego, no es lo propio de una economía competitiva o de una sociedad moralmente exigente.

El comisionismo deambula entre la ilegalidad manifiesta y la inmoralidad flagrante, entre el delito del tráfico de influencias y el saqueo vomitivo de las arcas públicas. Solo es “acorde” a un mercado ineficiente y una sociedad enferma.

El dinero que los comisionistas se llevan “pa la saca” se hurta al interés general, sea en la Comunidad de Madrid, sea en el Ayuntamiento de la capital, o sea en la federación de fútbol.

Esos “palos” que se embolsan hermanos, primos y duques debieran financiar la sanidad pública, la educación pública, las prestaciones a los más vulnerables, o el apoyo al deporte de base.

Esas comisiones inmorales desincentivan la competitividad de las empresas, pervierten las licitaciones públicas y socavan los cimientos de una economía sólida.

Además, promueven los valores más incívicos, los del egoísmo, los del individualismo extremo, los de la insolidaridad, los del “sálvese quien pueda”.

Y alimenta a la ultraderecha antisistema. El campo de juego de los odiadores se ensancha cuando las instituciones democráticas y la economía de mercado parecen amparar estos comportamientos deplorables.

La derecha lleva décadas gobernando Madrid conforme al principio de “tonto el último” en trincar en la caja pública a través del hermano, del primo o del duque. Han convertido el “comisionistas friendly” en todo un estilo de gobierno.

Hace unos días, la presidenta Díaz Ayuso se felicitaba porque el acuerdo entre el PP y la ultraderecha convertía la comunidad de Castilla y León en una comunidad de “socialismo free”.

Resulta curioso, por cierto, que se den golpes de pecho con la defensa de la lengua castellana en Cataluña, mientras aquí, en la capital del castellano, caigan recurrentemente en el anglicismo más paleto…

En todo caso, puestos a darles respuesta, los madrileños demandamos un mucho más interesante “Comisionistas Free” para nuestra región.

Hay esperanza. Porque cada día más madrileños conocen las muchas diferencias que existen entre las trayectorias y el carácter de Juan Lobato e Isabel Díaz Ayuso, entre Mercedes González y José Luis Martínez Almeida.

La principal: con los nuestros no hay ni habrá hermanos, primos, ni duques comisionistas.