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Los actores de toda negociación pública suelen mantener una doble agenda. La primera es visible y muestra tanto los propósitos que se quieren reconocer ante la sociedad como las estrategias confesables en su persecución. Pero muy a menudo funciona también una segunda agenda, más oculta y simulada, en la que figuran objetivos y claves que determinarán la conducta de los negociadores. Para anticipar el resultado de una negociación es preciso atender a la vez a las dos agendas.

En los movimientos de los diferentes partidos políticos de cara a la formación de Gobierno pueden deducirse algunas de estas agendas ocultas. Cuando el PP, por ejemplo, llama a la estabilidad de la coalición propia y advierte de la radicalidad en coaliciones ajenas, está ocultando una agenda orientada a mantener el poder a toda costa. Cuando Ciudadanos se muestra igualmente dispuesto a negociar con PP y con PSOE, también atiende al objetivo de recuperar “centralidad” para su imagen un tanto derechizada.

Preocupan especialmente las probables agendas ocultas de la dirigencia de Podemos. La agenda visible apuesta abruptamente por un gobierno de coalición PSOE-Podemos-IU, para el que plantea un reparto inicial de carteras, incluso antes de tratar sobre programa alguno. Sin embargo, no son pocos los que mantienen sospechas sobre las auténticas intenciones de quienes hasta hace bien poco negaban cualquier posibilidad para un gobierno de coalición con uno de los partidos del “turnismo”.

Ojalá estén equivocados, pero hay quienes sospechan que la agenda oculta de Podemos busca en realidad frustrar la investidura de Pedro Sánchez y forzar unas elecciones repetidas, con la esperanza de alcanzar ahora sí el anheladosorpasso. Se explicaría así por qué quienes supuestamente buscan un acuerdo con el PSOE, plantean continuamente para ese acuerdo condiciones imposibles de cumplir. Y se entendería así también por qué la escenificación de tal oferta se produce de manera extemporánea y ofensiva.

La primera condición que planteó Podemos para acordar con el PSOE fue la consulta de autodeterminación en Cataluña, contraria a la mismísima Constitución española y prohibida expresamente en sentencia de su Tribunal interpretador. La segunda condición fue la constitución de cuatro grupos parlamentarios para un solo actor político, contraria al Reglamento del Congreso de los Diputados y al propio sentido común.

Una vez descartadas las condiciones anteriores, por inverosímiles, aparece una tercera. Podemos exige ahora a Pedro Sánchez una negociación exclusiva y excluyente. Plantea que el PSOE no cuente con Ciudadanos para formar una mayoría de Gobierno. Y vuelve a ser una condición imposible, porque más allá de la legítima voluntad de Pedro Sánchez por sumar a todas las fuerzas del cambio, resulta que el concurso de Ciudadanos es aritméticamente imprescindible para evitar que siga gobernando el PP. Solo un acuerdo con Ciudadanos podría salvar la oposición públicamente declarada del partido de Rajoy y de los partidos independentistas.

Además, el visto bueno inicial que tanto Podemos como Ciudadanos han dado al “Programa de Gobierno progresista y reformista” presentado por Pedro Sánchez el pasado día 8 de febrero, hace aún más incomprensible el veto.

Las formas también son relevantes. ¿Qué puede pensarse en cuanto a las intenciones últimas de quien hace una oferta de pacto por sorpresa, sin aviso previo, en una rueda de prensa, imponiendo ministros por doquier, y aludiendo a “las sonrisas del destino”? ¿Se trataba de buscar un acuerdo o de frustrarlo? Todo pacto requiere de cierta empatía y confianza, y este desde luego no es un camino muy razonable para alcanzar tal clima propicio.

Ojalá que todos estos inconvenientes puedan achacarse a la inexperiencia o a las desconfianzas previas. Porque, además, las agendas ocultas cada vez lo son menos. Y si el electorado acaba convenciéndose de un juego desleal, las máscaras caerán y cada cual recibirá los reproches y los castigos que merece…

La mayoría de los españoles han votado cambio. Ahora hay una oportunidad para el cambio. Pedro Sánchez tiene una agenda bien visible para hacer realidad un cambio progresista y reformista. Si alguien frustra esta oportunidad por intereses partidistas o personales, y acaba favoreciendo la continuidad de Rajoy, tendrá que afrontar su responsabilidad ante aquella mayoría.

 

Últimamente hay cierta propensión a buscar “pactos de Estado” sobre las materias más diversas. En cuanto se detecta un problema complejo, aparece la feliz idea del gran consenso para solucionarlo. Sin embargo, el respaldo unánime a una solución no la convierte necesariamente en la solución más eficaz. En muchas ocasiones, además, no es realista aspirar al pacto de todos. Puede que su proliferación ni tan siquiera sea deseable, por cuanto una sociedad democrática requiere de alternativas distintas sobre las que optar.

PSOE y PP tienen modelos educativos distintos, que parten de fundamentos ideológicos legítimamente contrapuestos. Todos decimos promocionar el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos el principio de la igualdad de oportunidades y otros contraponen lo que llaman libertad de elección. Para nosotros, excelencia es calidad con equidad, porque la calidad sin equidad que promueven otros nos parece elitismo.

Donde unos defendemos lo público como garantía de justicia, otros promueven lo privado como perpetuación de la diferencia y el darwinismo social. Lo inclusivo frente a lo competitivo. Lo laico ante lo confesional. Lo participativo contra lo jerárquico. Donde unos nos empeñamos en formar ciudadanos libres y críticos, otros insisten en producir empleados eficientes. Tenemos modelos educativos distintos, sí.

Ahora bien, ¿es necesario llegar a un acuerdo? Los socialistas entendemos que sí, porque las bases del sistema educativo de una sociedad constituyen el fundamento mismo de su convivencia, así como los pilares para el progreso individual y el desarrollo colectivo. También hemos aprendido que ninguna ley es capaz de transformar radicalmente la realidad si no parte de un amplio consenso social. Y los españoles necesitamos convertir la apuesta colectiva por el conocimiento en la palanca definitiva hacia la modernidad, el progreso y la justicia social.

No pretendemos hacer pasar a nadie bajo las horcas caudinas de las leyes educativas impulsadas por el PSOE. No se trata de volver a la LOGSE o a la LOE, pese a que jamás renunciaremos a sus logros indudables en la universalización y la socialización educativa en España. Pero todo el mundo entenderá que el acuerdo ha de pasar también por superar la política de recortes del PP y su denostada LOMCE.

Para que los recursos educativos sean eficientes, tienen que ser suficientes, porque si no son suficientes, por muy austeramente que se gestionen, nunca serán eficientes. Y la futura ley de todos no puede ser la ley que se aprobó contra todos. Con todo respeto, y desde el mejor ánimo pactista, el futuro de la educación en España no puede fundamentarse en reválidas y catecismos.

Un pacto educativo con vocación de éxito debe comenzar por un acuerdo en torno a los objetivos. No debiera ser imposible. Acordemos una educación de calidad, incluso excelente. Eso sí, no debemos circunscribir la calidad al “resultadismo” estadístico, porque calidad es también atención a la diversidad, flexibilidad y participación. Acordemos una educación con igualdad, pero la auténtica igualdad de oportunidades no se puede limitar a la garantía del acceso a una plaza educativa, cualquier plaza educativa, sino que ha de asegurar igualdad en el aprendizaje y el éxito.

Acordemos también una educación inclusiva, que no convierta la desigualdad de partida en segregaciones tempranas e itinerarios distintos para ganadores y perdedores, sino que ofrezca recursos diversos para las condiciones diversas, a fin de que todos puedan triunfar. Y acordemos una educación que fomente los valores de ciudadanía presentes en nuestra Constitución: la libertad, la igualdad, la democracia y la justicia social.

Una vez acordados los objetivos, debiera ser más fácil acordar los medios. Una inversión referenciada en el PIB que nos acerque a la media de los países educativamente más avanzados de Europa. Una apuesta decidida por la enseñanza pública, que es la enseñanza de todos y todas. Una evaluación permanente, más enfocada a detectar problemas y a buscar mejoras, que a establecer rankings estériles. Un marco legal consensuado y estable…

Este es el sentido de la oferta que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en su “Programa para un Gobierno progresista y reformista”. Y este es el sentido de las propuestas concretas que incluye, como la configuración de las becas como derecho subjetivo, como la universalización de la oferta pública de plazas educativas entre los 0 y los 3 años, como la revisión global del sistema de Formación Profesional, o el nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta familiar.

Será difícil, pero puede hacerse. Y debe hacerse.

Artículo publicado en Público.es el 9 de febrero de 2016

MADRID, 02/02/2016.- El rey Felipe VI recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), en el marco de la segunda ronda de consultas para la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno. EFE/Chema Moya.

 

El encargo realizado por el Rey a Pedro Sánchez para que negocie su investidura como Presidente del Gobierno ha generado grandes expectativas entre los partidarios del cambio en la política de nuestro país. Será una negociación difícil, pero todos los interlocutores están llamados a ejercer su papel con responsabilidad, a fin de dar cumplimiento a las esperanzas de progreso y regeneración que comparten millones de españoles.

La suma de los votos a las formaciones que apostaron por el cambio político en España en la pasada campaña electoral supera los 14 millones. PSOE, Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular tienen programas distintos y estrategias muy diversas, ciertamente, pero comparten un objetivo común que debiera hacer posible la formación de un Gobierno con apoyo de todos ellos: el afán por una recuperación justa y la apuesta por la regeneración democrática en nuestro país.

Se entiende que el Partido Popular no forme parte de esta mayoría, porque ha dejado bien claro que su única opción para el futuro de los españoles es la continuidad de las políticas que han provocado las mayores cotas de injusticia social y devaluación democrática de nuestra historia reciente. Además, la sucesión inacabable de escándalos de corrupción que afectan al partido de Rajoy aconsejan su pase a la oposición sin más demora.

También se entiende que no formen parte de la mayoría que aspira al desarrollo y al progreso de la sociedad española aquellas fuerzas que buscan la ruptura del orden constitucional y la quiebra de nuestro país, promoviendo explícitamente la separación de parte del territorio español.

El resto de las fuerzas que fueron votadas para promover el cambio político, económico y social en España tienen el deber de encontrarse y de entenderse durante las próximas semanas. Sus votantes no entenderán que los intereses personales o partidarios de unos u otros frustren la oportunidad del cambio y posibiliten la continuidad del PP y de Rajoy en el poder. No tendría sentido ni justificación alguna, por tanto, el eventual veto de Podemos sobre Ciudadanos o de Ciudadanos sobre Podemos.

Es evidente que toda negociación entre formaciones políticas distintas para formar Gobierno parte de diferencias programáticas sustanciales. Pero una negociación consiste precisamente en buscar elementos comunes que puedan configurar un programa que ofrezca satisfacciones suficientes al conjunto de los negociadores y, lo que es más importante, a los españoles cuyos problemas estamos todos llamados a resolver.

En consecuencia, las negociaciones deben comenzar sin vetos previos, y atendiendo en primer lugar al “para qué”, a las prioridades programáticas. Pedro Sánchez ya ha hablado de cuatro grandes propósitos: la creación de empleo de calidad, la consecución de mayores niveles de igualdad y justicia social, la regeneración democrática y la solución a las tensiones territoriales. Es un planteamiento razonable para empezar a trabajar sobre leyes y medidas concretas.

Después llegará el cómo, con qué fórmula de apoyos, con qué calendario, con qué tipo de Gobierno y, solo al final, con qué personas al frente de los ministerios.

Nadie oculta la dificultad de este proceso, pero tampoco puede obviarse que quienes trabajen para facilitarlo recibirán el aplauso de la ciudadanía y, por el contrario, quienes actúen para obstaculizarlo con cálculos egoístas obtendrán su rechazo.

Vamos a ello.

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Felipe González llegó a describir la situación política de nuestro país tras los resultados electorales del 20 de diciembre como “Italia sin italianos”, y el discurrir de los acontecimientos, por desgracia, le está dando la razón. Contamos con una representación política extraordinariamente fraccionada pero, al menos hasta ahora, no contamos ni con la disposición ni con la pericia de los políticos italianos para gestionarla con acierto.

Por vez primera desde la Transición Democrática, la formación de una mayoría de Gobierno no puede deducirse de manera clara y directa a partir del resultado de las urnas. El mandato de los electores apunta claramente al entendimiento y al acuerdo entre diferentes. Pero resulta evidente que no estamos a la altura del reto.

En el mes largo que ha transcurrido desde la jornada electoral, el cálculo de los intereses partidarios ha primado sobre la generosidad a favor de los intereses generales. Los tacticismos de vuelo bajo se han impuesto sobre las estrategias de altura. Y las fintas, los regates cortos y las teatralizaciones predominan sobre los diálogos sinceros y la búsqueda honesta de metas comunes.

El primero en apuntarse al esperpento ha sido el mismísimo presidente del Gobierno en funciones y candidato del partido más votado. Mariano Rajoy ha desairado al Jefe del Estado y ha tomado el pelo a los españoles declinando el encargo de intentar una investidura, “pero solo por ahora”. El candidato del PP actúa como si los tiempos y los procedimientos formales de nuestra democracia pudieran ponerse a disposición de sus intereses personales.

Rajoy debe aclarar al Rey y a los españoles si es candidato a la presidencia del Gobierno o si no lo es. Si se declara dispuesto a intentarlo debe asumir el encargo, entablar las negociaciones precisas y someterse al voto del Congreso. Tanto el Rey como la Mesa del Congreso le darán todas las facilidades en cuanto a los plazos que necesite para tal labor, pero no puede despachar el asunto con un “Ahora no, pero ya veremos si me conviene más adelante”. ¿Calculaba Rajoy entonces el efecto de las últimas detenciones de corruptos populares sobre su debate de investidura? ¿De verdad cree que alguien podrá olvidarse de la corrupción del PP porque pasen unas semanas? Inaceptable.

Los dirigentes de Podemos han tomado las instituciones por un plató televisivo más, desde el primer momento. Nada más llegar al Parlamento proclamaron que por fin se sentaba en los escaños “la genuina representación de la gente”, como si los demás diputados representáramos al resto del reino animal. Utilizaron la formalidad del acatamiento a la legalidad vigente como una oportunidad para reiterar sus consignas partidarias, como si los demás hubiéramos renunciado a defender nuestros valores o propuestas, o como si no hubiera otras oportunidades para hacerlo conforme a los cauces y tiempos que establecen las normas.

Los líderes de Podemos formulan sus presuntas ofertas de acuerdo de Gobierno mediante una escenificación insultante para aquellos a quienes presuntamente está dirigida la oferta. ¿Cómo puede ser el destinatario de la oferta el último en enterarse de la misma? ¿Cómo puede confiarse en una propuesta que se presenta con el aderezo de descalificaciones como “las viejas maquinarias partidistas” o “el PSOE pondría hoy su firma bajo cualquier papel”, y las alusiones al “nuevo búnker” franquista o al “viejo turnismo” predemocrático? ¿Es aceptable una propuesta que antes de tratar sobre el qué hacer ya ha dispuesto quiénes ocuparán cada ministerio?

Cuando las propuestas no se plantean con seriedad cabe sospechar sobre la intención auténtica del proponente. ¿Qué buscaban? ¿Imposibilitar el acuerdo? ¿Hacerlo increíble? ¿Forzar la repetición de las elecciones? Sería muy lamentable. Como lamentable es también que reiteraran el discurso del falso acuerdo PP-PSOE y el supuesto búnker, a propósito de una asignación de escaños en el hemiciclo que no les gusta y que, efectivamente, puede ser discutible. ¿También el lugar en el que se sienta Iglesias o Errejón es objeto de la “conspiración de las élites”?

Este es el panorama lamentable con que algunos han respondido al reto planteado por los electores: los regates de Rajoy, las teatralizaciones de Podemos y el ridículo de los independentistas catalanes rasgándose hipócritamente las vestiduras porque no han sido recibidos por el Jefe de un Estado que no reconocen y que quieren destruir.

El PSOE es prácticamente el único actor político relevante que ha mantenido la misma posición responsable desde la misma noche del 20 de diciembre. A Rajoy le corresponde legítimamente intentar la investidura en primer lugar. Los socialistas nos opondremos a su investidura. Y si Rajoy fracasa, convocaremos al resto de las fuerzas del cambio a un acuerdo para intentar la formación de un gobierno alternativo, progresista y reformista.

Ojalá Rajoy actúe con responsabilidad y aclare de una vez si es candidato a la investidura o si renuncia definitivamente. Y, si Rajoy fracasa, ojalá entonces las fuerzas que han obtenido el mandato ciudadano de propiciar el cambio, del PSOE a Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular, puedan llevar a cabo un diálogo sincero y transparente, para dar pie a la formación de un gobierno que afronte las reformas pendientes para la recuperación justa y la regeneración democrática en nuestro país.

Cuando se cumple un mes desde la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre, puede entenderse el desconcierto de muchos electores ante la falta de consecuencias prácticas para su decisión.

La traslación pública del debate político en estas semanas ha estado demasiado centrada en la organización de los grupos parlamentarios y en los múltiples “gestos” de quienes llegaban por vez primera a las instituciones. La ciudadanía votó con el propósito de recibir soluciones y las soluciones se están haciendo esperar demasiado.

El primer partido, el PP de Mariano Rajoy, parece incapaz de reconocer y asumir la mayor caída en votos para un partido español de gobierno desde el derrumbe de la UCD. En solo cuatro años ha perdido cuatro millones de votantes, 16 puntos porcentuales de apoyo y nada menos que 63 diputados.

A Rajoy le corresponde legítimamente intentar sumar una mayoría para formar Gobierno. Sin embargo, su trayectoria durante los últimos cuatro años, en los que se ha mostrado incapaz de dialogar y acordar medida alguna con nadie, le ha sumido ahora en el aislamiento más absoluto.

Rajoy no cuenta con el apoyo de ningún grupo, salvo la abstención “facilitadora” de Ciudadanos, como ya preveíamos en la campaña electoral. Pero es que, además, incomprensiblemente, durante las cuatro últimas semanas no ha adoptado una sola iniciativa creíble para sumar apoyos, salvo las “ensoñaciones” sobre una gran coalición que el PSOE, como es lógico, no está dispuesto a aceptar.

La negativa pública del candidato popular a revisar la reforma laboral que ha empobrecido a los trabajadores españoles, la ley Wert que segrega socialmente a los escolares, y la ley “mordaza” que recorta libertades civiles, confirma las sospechas sobre su resignación a repetir las elecciones.

Por su parte, Podemos y sus “confluencias” han inaugurado la tarea parlamentaria demasiado centrados en las teatralizaciones electoralistas, y en el empeño de obtener unas ventajas en la distribución de recursos institucionales que el propio Reglamento del Congreso les negaba taxativamente.

Su comportamiento durante la sesión constitutiva del Congreso fue sorprendente. Tanto sus declaraciones extremadamente agresivas, como las fórmulas barrocas elegidas para prometer el cargo, o los gestos de puños en alto y las “uves” de la victoria, siendo respetables como ejercicio de su libertad de expresión, resultaban teatrales en exceso y algo fuera de tiempo y de contexto.

Buena parte de la iniciativa política de Podemos durante este tiempo, además, ha estado centrada en el objetivo de lograr la formación de cuatro grupos parlamentarios con sus 69 diputados. Tal pretensión vulnera claramente el Reglamento del Congreso y resulta injusto, por cuanto reportaría a este partido ventajas indebidas respecto a los demás, tanto en lo relativo a los recursos como en lo concerniente a cupos de iniciativas y tiempos de intervención.

Finalmente parecen haber tomado conciencia de lo inviable de sus pretensiones y han registrado la creación de un solo grupo parlamentario, con una compleja organización interna y la salida de cuatro diputados de su marca valenciana. Se trata de una buena noticia, porque de haber mantenido el propósito inicial, contrario al reglamento, la actividad parlamentaria se hubiera paralizado de facto.

Ha llegado la hora de pasar de los gestos a las leyes. Ha llegado el tiempo de pasar de la atención a los problemas de los partidos a la atención a los problemas de los españoles.

El PSOE ha presentado ya hasta treinta iniciativas para su debate y aprobación en el Congreso, que tienen que ver con un nuevo Estatuto de los Trabajadores para recuperar derechos laborales, con la subida del salario mínimo hasta los mil euros, con el aumento de recursos para la lucha contra la violencia de género, con la protección de los más vulnerables ante la pobreza energética, con la universalización del derecho a la atención sanitaria, con el impulso a la aplicación de la ley de dependencia, con el establecimiento de un ingreso mínimo vital…

Ciudadanos propone reafirmar el compromiso con la unidad de España, y el propio Podemos registró su “Ley 25” con la que propone afrontar una interesante agenda de medidas frente a la emergencia social en nuestro país.

El pasado día 19 de enero, durante un acto a favor del derecho de huelga convocado por los sindicatos UGT y CCOO, multitud de referentes progresistas de la sociedad española, desde la universidad al mundo de la cultura, reivindicaron un acuerdo entre las fuerzas parlamentarias de la izquierda para formar un gobierno de cambio progresista. Nadie de los allí reunidos entendería que se malograra esta oportunidad.

Pedro Sánchez ha explicitado en varias ocasiones su voluntad de converger con Podemos, con Ciudadanos y con Unidad Popular, para procurar una mayoría alternativa de progreso, una vez fracase la investidura de Rajoy. UP se muestra de acuerdo. Ciudadanos acepta abstenerse, de entrada. Pero Podemos no acaba de aclarar su postura, entre gestos, debates instrumentales y “líneas rojas” que van y que vienen.

La ciudadanía ha votado a sus representantes para que procuren el cambio, y el cambio se lleva a cabo con gobiernos de cambio y con leyes para el cambio. Ese es el reto.

Conforme avanza el calendario poselectoral se van aclarando las apuestas de cada uno de los cuatro grandes actores políticos del país. El PP quiere mantenerse en el poder mediante un gran acuerdo con PSOE y Ciudadanos. Estos últimos están de acuerdo con el PP. El PSOE niega el acuerdo con el PP y plantea la alternativa de un Gobierno progresista con apoyo de Podemos y Unidad Popular, entre otros grupos.

Pero, ¿cuál es el objetivo de Podemos? Más allá de un vigoroso repertorio de teatralizaciones y acciones de propaganda, poco han dejado traslucir sobre su decisión en torno al Gobierno del país. ¿Quieren que siga gobernando el PP? ¿Quieren impulsar un Gobierno alternativo? ¿Desde dentro? ¿Desde fuera? Cualquier decisión resultaría legítima si se argumenta honestamente y con las razones debidas, pero aún no sabemos en qué consiste tal decisión.

A juzgar por sus actos durante los últimos días, la intención de Podemos consiste en forzar la repetición de las elecciones, con el propósito de intentar superar en votos al PSOE. De hecho, resulta muy difícil explicar de otra manera las condiciones de imposible cumplimiento que han planteado tanto para acordar la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados (los cuatro grupos parlamentarios de Podemos), como para iniciar cualquier conversación sobre un futuro programa progresista de gobierno (el referéndum independentista).

De confirmarse tal estrategia, la decepción sería mayúscula entre la mayoría de los españoles partidarios de poner fin a la etapa de gobierno de la derecha. La intención del llamado sorpasso no es nueva para las sucesivas formaciones de herencia comunista en nuestro país, y hasta ahora fracasaron siempre. Pero subordinar el objetivo de un programa progresista de gobierno al propósito partidista de sumar más escaños que el PSOE supondría una traición en toda regla a los electores de Podemos, que no se movilizaron para hundir al Partido Socialista sino para mejorar las condiciones de vida de quienes más sufren.

Podemos se queja de haber quedado fuera del acuerdo que PSOE y Ciudadanos suscribieron para hacer a Patxi López Presidente del Congreso, y para configurar una Mesa que impulsara la apertura y la renovación de esta institución llamada a ser el centro de la vida política en la nueva etapa. Sin embargo no hubo exclusión, sino autoexclusión, porque la exigencia que planteaba Iglesias para sumar cuatro grupos parlamentarios, cuatro portavoces, cuatro subvenciones y cuatro cupos de iniciativas e intervenciones, era sencillamente contraria al Reglamento del Congreso, además de injusta.

El artículo 23.2 del Reglamento del Congreso dice textualmente: “En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado”. Como el Reglamento es muy claro, y como hemos de presumir que los dirigentes de Podemos se lo habían leído, todo parece indicar que Iglesias y compañía buscaban el desacuerdo deliberadamente.

Idéntica estrategia mantiene Podemos, al parecer, en cuanto a los primeros posicionamientos para intentar la formación de un gobierno alternativo en clave progresista. Si la primera “línea roja” que establecen, la consulta independentista en Cataluña, supone incumplir la Constitución y las leyes, resulta razonable pensar que lo que en realidad pretenden es obstaculizar cualquier posibilidad de entendimiento con el PSOE.

Iglesias sabe perfectamente que los socialistas nunca abriremos la puerta a la separación de cualquier territorio español, porque creemos en el proyecto común que llamamos España y porque es, precisamente, la unidad y la solidaridad del Estado español la principal garantía para el ejercicio de los derechos y las libertades de los españoles.

El planteamiento de obstaculizar los acuerdos y de perseguir nuevas elecciones sería legítimo si se explicara honestamente a la ciudadanía. Por el contrario, los dirigentes de Podemos se están limitando a insistir en sus condiciones evidentemente imposibles por ilegales, y a acusar al PSOE de no admitir tales condiciones imposibles. Mienten además, porque es sencillamente mentira que el PSOE, como dice Iglesias, haya pactado nada con el PP, ni en cuanto a la Mesa del Congreso, ni en cuanto a un eventual gobierno de coalición.

Por tanto, resulta razonable pedirle a Podemos que vaya aclarando pública y honestamente su posición. Si apuesta porque Rajoy continúe gobernando, que lo diga. Si quiere repetir elecciones para vencer al PSOE, que lo plantee abiertamente, sin subterfugios y sin mentiras. Y si de verdad quiere dar una oportunidad al diálogo y al acuerdo con el PSOE para hacer un Gobierno de cambio progresista, que procure la recuperación justa y la regeneración democrática en nuestro país, encontrará a los socialistas en plena disposición para intentarlo. Eso sí, sin condiciones de imposible cumplimiento.

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Cada vez resulta más evidente que Rajoy no podrá sumar apoyos suficientes para su investidura. El PP se ha quedado muy solo, porque ha hecho demasiado daño a los españoles durante los cuatro últimos años. La iniciativa aún es del primer partido en votos, pero cuando tenga que reconocer su fracaso, se abrirán dos opciones tan solo: o se intenta un acuerdo para un Gobierno alternativo en clave progresista, o vamos a unas nuevas elecciones generales.

La conformación de un Gobierno progresista alternativo será muy difícil, porque las fuerzas llamadas a hacerlo realidad son muy diversas en su origen, en su ideario, en sus objetivos y en sus estrategias. Y porque la aritmética de la representación parlamentaria no apunta precisamente a una suma estable.

Ahora bien, sería inaceptable que se llegara a la última opción, las elecciones repetidas, sin haberlo intentado a fondo. Sería inaceptable repetir elecciones por la resignación o el cálculo partidista de quienes han sido mandatados por la ciudadanía para procurar un cambio progresista en el Gobierno que regirá los destinos del país durante los próximos años.

Hay que intentarlo por exigencia democrática, porque los representantes electos no tenemos derecho a ignorar la voluntad de los electores, por complejo que sea el escenario que han establecido con su voto soberano. Hay que intentarlo por respeto al procedimiento parlamentario, porque las opciones para la formación de un Gobierno no han de limitarse a la iniciativa del grupo que ha obtenido más votos. Hay otras opciones, y tienen que explorarse mediante un intento honesto de diálogo y de entendimiento.

Y hay que intentarlo por interés de la mayoría. Más del 70% de los españoles han votado contra la continuidad de las políticas de Rajoy y del PP. Es cierto que en ese 70% hay propósitos y posiciones heterogéneas, pero esto no obsta para buscar análisis compartidos y plataformas para el acuerdo por el bien común.

Ya puede constatarse una mayoría clara a favor de derogar la reforma laboral del PP y recuperar derechos para los trabajadores. Hay una mayoría para derogar la ley Wert y procurar un pacto por una educación con calidad y con equidad. Hay una mayoría clara para derogar la ley mordaza, abrir las instituciones a la participación y cerrar las instituciones a la corrupción. ¿Por qué no hacer efectiva esta mayoría en un programa de Gobierno?

Existen precedentes interesantes para este esfuerzo. En Portugal, en muchas Comunidades Autónomas españolas y en miles de Ayuntamientos. ¿Es fácil? No, es difícil. Pero, ¿desde cuándo la izquierda renuncia a transformar la realidad porque resulta difícil gobernar? Mucho más difícil será la vida para la mayoría de los españoles si la derecha sigue gobernando en interés de unos pocos, por renuncia, por incapacidad o por incomparecencia de las fuerzas del cambio progresista.

En su momento, corresponderá al PSOE, como primera fuerza del cambio, tomar la iniciativa de convocar al diálogo para intentar la formación de un Gobierno alternativo. Y habrá de hacerlo a partir de las ocho grandes reformas que estableció su Comité Federal el pasado día 28 de diciembre: la recuperación justa con buenos empleos, el pacto educativo, la defensa del Estado de Bienestar, la sostenibilidad de las pensiones, la agenda para la regeneración democrática, el pacto contra la violencia de género, la reforma constitucional y el compromiso por la integración europea.

Se trata de una agenda de interés general sobre la que pueden fraguarse grandes acuerdos. No sería razonable, desde luego, que se frustrara el entendimiento mediante condiciones de imposible asunción, por su contradicción evidente con la voluntad y el interés de las mayorías. Se puede tratar y se puede acordar la revisión del modelo territorial vigente, incluida la reforma constitucional, pero no es aceptable abrir la puerta a la ruptura del Estado que asegura los derechos y las libertades de todos los españoles, especialmente de los más vulnerables.

¡Claro que será muy difícil! ¡Y claro que hay que intentarlo!

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