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ESPAÑA, SÍ

ESPAÑA, SÍ

Los diputados del nacionalismo periférico en el Congreso suelen hacer uso de términos sustitutivos para eludir la expresión “España”, llegando incluso a incorrecciones gramaticales de lo más ridículo. Así se lo hice saber a un diputado nacionalista en un reciente debate a propósito de lo que él denominaba “las dificultades orográficas del Estado español para el desarrollo del ferrocarril”. Cuando le hice saber que el Estado no tiene orografía y que no pasaba nada por hablar de España, no se lo tomó del todo bien y pareció sorprenderse porque el reproche le llegara desde la izquierda.

La bandera española que apareció en el escenario de la proclamación de Pedro Sánchez como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno produjo un efecto parecido en algunos sectores. Y una situación similar se dio también cuando desde el Partido Socialista muchos expresamos nuestro rechazo a los pitidos que algunos mal educados dedicaron al himno español en la final de la Copa del Rey de fútbol.

Y es que la relación de la izquierda con las identidades nacionales y sus símbolos no ha estado exenta de debate a lo largo de la historia. De hecho, la izquierda es esencialmente internacionalista, y preconiza la unidad de criterio y de acción de los trabajadores por encima de las fronteras nacionales. En un contexto de globalización creciente en las relaciones económicas, además, esta vocación transnacional resulta decisiva para defender los derechos de los sectores sociales más vulnerables ante el efecto “dumping”.

Por otra parte, nacionalismo e izquierda son ideologías incompatibles. O se defiende la nación por encima de las consideraciones sociales, o se defienden los derechos sociales por encima de la razón nacional a toda costa. No obstante, también es verdad que en la política española, por ejemplo, izquierda y nacionalismos periféricos hemos encontrado espacios comunes de trabajo a propósito del principio de subsidiaridad y la descentralización eficiente.

En España, además, las izquierdas diversas comparten aún las cautelas provenientes de la memoria histórica respecto a los símbolos nacionales de la bandera y el himno, porque la dictadura franquista usó y abusó de ellos en la represión de los partidarios de la libertad y la democracia. Entre las nuevas generaciones, sin embargo, tales cautelas van diluyéndose en la normalidad constitucional.

En la época actual de las grandes globalizaciones, la izquierda adopta el principio de las identidades compartidas. Cualquiera puede sentirse español, y catalán, y europeo, y ciudadano del mundo además. Unos se sentirán más españoles que catalanes. Otros se verán más catalanes que españoles. Habrá quienes antepongan la identidad europea a la española o catalana. Habrá quienes solo se indentifiquen son su municipio, con su barrio, con su club de fútbol o con su pandilla. Incluso habrá quienes no quieran saber nada de identidad alguna.

Las identidades compartidas son respetuosas, son tolerantes y evolucionan. Hoy puedo sentirme más español y mañana más europeo. Las identidades nacionales no se sobreponen a los valores ideológicos de la solidaridad y la justicia social. Y, sobre todo, las identidades no se afirman unas contra otras, ni legitiman actitudes de sectarismo, discriminación, exclusión o xenofobia. Esto último entra de lleno en el campo del nacionalismo provinciano que tanto daño está haciendo últimamente en Cataluña, por ejemplo.

Por eso muchos decimos: España sí. Entendemos España como identidad de un proyecto común, entre gentes diversas entre sí, procedentes de territorios con identidades a su vez plurales y mutuamente enriquecedoras. Hay un proyecto común en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo deportivo. Se trata de un proyecto con mucha historia detrás y que promete mucho futuro por delante. Un proyecto que respeta ideas e identidades distintas, que se afirma a sí mismo pero que no niega a los demás, que procura sumar y no restar.

¿Podemos hablar incluso de patriotismo? Sí, si entendemos ser patriota como ser partidario y defensor de este proyecto común, que más allá de los símbolos más simples de la bandera o el himno, encuentra su máxima expresión en la Constitución que asegura nuestra convivencia, en el Parlamento donde se organiza el espacio público que compartimos, en la caja común de la Seguridad Social que garantiza la solidaridad, y en el sistema fiscal que traza el interés común.

España, sin poner España por encima de los españoles. Sin exageraciones. Y sin complejos.

INGRESO MÍNIMO VITAL

La propuesta del PSOE sobre el Ingreso Mínimo Vital demuestra cómo la socialdemocracia es capaz de mantener objetivos y valores, adaptando sus programas a cada escenario político y económico.

El objetivo sigue siendo una sociedad más justa. El valor fundamental será siempre la igualdad. Hasta ahora bastaba un programa que permitiera acceder al empleo y a las prestaciones clásicas de educación, sanidad, jubilación y servicios sociales. Ahora ya no basta.

Desde su origen mismo, la socialdemocracia ha vinculado renta y trabajo. Las clases populares obtenían la renta familiar disponible como fruto de su trabajo. Incluso las prestaciones sustitutivas, sean por situación de desempleo, por baja laboral o por jubilación, han estado siempre vinculadas al puesto de trabajo.

Había excepciones, como las prestaciones no contributivas y las diversas rentas de inserción que siempre han formado parte del sistema de servicios sociales. Pero se trataba de factores complementarios, gestionados por las administraciones “menores” y subsidiarios del aseguramiento general vinculado al empleo.

Sin embargo, en esta sociedad tecnológica surgen las dudas sobre si habrá trabajo para todos. No se trata tan solo del problema coyuntural de una crisis cíclica que dispara los niveles de desempleo. Se trata de un cambio estructural en los modelos productivos. La tecnología permite producir cada vez más con cada vez menos empleados.

¿Podemos recuperar los empleos perdidos en la crisis? ¿A un ritmo socialmente soportable? ¿Podremos sustituir los empleos amortizados tecnológicamente por nuevos yacimientos de empleo vinculados al bienestar social, a las energías renovables, a la cultura o al ocio?

¿Y si no es así? Entonces solo tendremos dos alternativas. O repartimos el trabajo existente, sin devaluar la renta y los derechos asociados a los nuevos empleos repartidos. O desvinculamos definitivamente renta y trabajo, para garantizar un mínimo vital a cada ciudadano más allá del empleo pasado, presente o futuro.

La primera opción es difícil de llevar a cabo sin una regulación homogénea a escala global, porque la necesidad de competir impedirá a las empresas pagar lo mismo por menos tiempo de trabajo.

En el contexto de esta reflexión debe analizarse la iniciativa socialista del Ingreso Mínimo Vital. En tanto no pueda garantizarse un empleo digno a toda la ciudadanía, y mientras el paro de larga duración no permita generar prestaciones públicas de garantía vital vinculadas al último trabajo realizado, hay que buscar alternativas.

Ya hay quienes tachan la medida de demagógica o inviable, porque cuesta más de seis mil millones de euros. Pero lo que plantea el PSOE no es la renta universal de mil euros que Podemos prometió a los 47 millones de españoles cuando solo tenía la responsabilidad de predicar sin dar trigo.

Esta es una medida necesaria y factible. Y lo realmente demagógico e inviable es seguir permitiendo que 730.000 hogares españoles no perciban ningún ingreso, y que más de dos millones de niños vivan por debajo del umbral de la pobreza.

La prioridad ha de seguir siendo la creación de empleos suficientes y de empleos dignos, con buenos salarios y condiciones justas. Pero hemos de contemplar estrategias complementarias, como el Ingreso Mínimo Vital, para asegurar a toda la ciudadanía unos niveles de bienestar aceptables.

Las razones son muchas. Hay razones morales, claro, porque es inmoral resignarse ante la pobreza creciente. Hay razones ideológicas para los que defendemos una sociedad más equitativa. Hay razones políticas cuando pensamos que ningún modelo social es viable si deja en la cuneta a una parte significativa de sus integrantes. Y también hay razones económicas, porque una economía eficiente es una economía que distribuye equilibradamente sus beneficios.

Pura socialdemocracia.

EL ENGAÑO INDEPENDENTISTA

EL ENGAÑO INDEPENDENTISTA

El independentismo catalán protagoniza en estos días una enloquecida carrera hacia ninguna parte. Con un comportamiento impropio de un responsable público, el presidente del gobierno catalán pretende hacer creer falazmente a la ciudadanía que el próximo 27 de septiembre se elige algo más que un Parlamento autonómico.

El propio Mas, con la complicidad de un partido que se dice de izquierdas, reparte carnets de catalanes y anti-catalanes, generando tensiones y rupturas sin precedentes en una sociedad que siempre presumió de moderación, sensatez y “seny”.

A los conflictos con el resto de España, y a la quiebra social inducida entre soberanistas y no soberanistas, Mas debe añadir ahora la voladura de su propia formación política, Convergencia i Unió, incapaz de soportar ya los empellones aventureros del President.

Mas y Junqueras están provocando gravísimas zozobras en un país que intenta salir de una crisis económica terrible, al tiempo que genera unas expectativas deliberadamente engañosas en la población a propósito de una independencia imposible. Se trata pues de una estrategia política fundamentada en el engaño más rotundo.

Es un engaño reivindicar el soberanismo de un territorio en la era de la globalización, cuando todos dependemos de todos, y cuando acabamos de comprobar cómo el gobierno griego ha tenido que asumir un programa brutal de recortes contra su voluntad “soberana”.

Es un engaño pretender que la independencia de Cataluña sea viable, y que las declaraciones y las proclamaciones independentistas vayan a llegar a un sitio diferente que la derogación por el Tribunal Constitucional.

Es un engaño sostener que se puede salir de España sin salir de la Unión Europea, del Eurogrupo y del ámbito de gestión del euro.

Es un engaño negar los costes económicos, sociales, culturales y hasta deportivos de una eventual independencia de Cataluña, con sus pasaportes, sus fronteras, sus aduanas, su mercado limitado y su aislamiento inevitable. Por ejemplo, ¿por qué habría de permitirse al Barça jugar en la liga de un país extranjero, sea España, sea Francia o sea Gran Bretaña?

Es un engaño concebir unas elecciones autonómicas como unas supuestas elecciones “plebiscitarias”, porque a las elecciones del 27 de septiembre se presentarán, como siempre, diversas formaciones políticas, con la intención de formar un gobierno autonómico y aplicar las políticas autonómicas que corresponden a sus competencias autonómicas. Y no podrán ir más allá.

Es un engaño hacer creer a la ciudadanía que una candidatura política para unas elecciones políticas no está integrada por políticos, sino por “representantes de la sociedad civil”, como si las señoras Forcadell o Casals fueran menos políticas que un servidor, por ejemplo, o como si los políticos al uso fueran representantes de una sociedad militar.

Es un engaño sostener que la lista de Mas y Junqueras sea una “lista unitaria”, porque habrá muchas más listas, y porque lo que están logrando Mas y Junqueras no es precisamente unir a la sociedad catalana sino tensionarla y dividirla como nunca antes.

Es un engaño decir que la lista de Mas y Junqueras la encabeza alguien distinto a Mas y Junqueras, aunque coloquen en el número uno a un ciudadano que no es el candidato para presidir el gobierno catalán, porque tal honor se lo reserva para sí mismo el número cuatro, es decir, Mas.

Es un engaño sostener que Esquerra Republicana actúe como una fuerza política de izquierdas, porque la izquierda no antepone la identidad territorial a la solidaridad con los débiles, sean de la tierra que sean, y porque la izquierda no lleva como candidato a presidente a un partidario de la reforma laboral del PP, de los recortes sociales y de las privatizaciones.

Y es un engaño pretender que creamos que la pelea de Mas y Junqueras tiene que ver con algo distinto a la voluntad de mantener el poder, a costa de lo que sea, aunque sea la mismísima convivencia.

EUROPA ES SOLIDARIDAD O NO ES NADA

La controversia pública entre deudores y acreedores en Grecia esconde debates de fondo sobre el futuro de Europa que van mucho más allá de un conflicto financiero puntual. En torno a la crisis griega se está dilucidando la propia naturaleza del proyecto de construcción europea.

¿Ha de ser Europa tan solo un espacio para el libre comercio y la libre circulación de capitales? ¿O queremos que Europa sea también un espacio de ciudadanía compartida para el progreso común? La alternativa a la austeridad fracasada, ¿ha de llegar desde la apelación a un neo-nacionalismo populista o ha de venir desde el tradicional reformismo socialdemócrata?

Cada día resulta más evidente que la derecha europea ha renunciado al ideario pro-europeo de los padres fundadores Adenauer y Schuman, y comulga ya de forma concluyente con los planteamientos más neoliberales y euroescépticos, desde los discursos en Gran Bretaña hasta la práctica cotidiana en Alemania, Francia y los países ricos del norte continental.

La pregunta es la siguiente: ¿A quiénes interesa una Europa limitada al libre mercado? ¿Quiénes pueden sentirse identificados, cómplices o partidarios de una Europa que solo busca el beneficio del capital, que provoca desigualdades crecientes en su seno, y que ignora las dificultades de sus socios más vulnerables?

La derecha europea pretende que ser europeo equivalga tan solo a facilitar las operaciones financieras y comerciales de los grandes conglomerados empresariales del norte, al tiempo que se establece un cordón sanitario para que las consecuencias sociales más inconvenientes se queden tan solo en el sur, y que allá se las apañen sus sufridores.

Esta visión de Europa defiende la articulación de instrumentos comunes para asegurar la vigencia del negocio común que beneficia a unos pocos, al tiempo que esgrime la soberanía nacional para justificar las limitaciones drásticas para el ejercicio de solidaridad que se reivindica desde las poblaciones más perjudicadas por el sistema.

Pero, ¿a quiénes interesa esta Europa? ¿Cuánto tiempo podrá mantenerse si los interesados son pocos? Quienes nos apuntamos al proyecto europeo desde el sur geográfico y desde la izquierda ideológica lo hicimos para compartir metas de progreso común y herramientas de solidaridad para alcanzar esas metas.

El horizonte del progreso común requiere de un demos propio en Europa, y de cierto grado de soberanía compartida, y de cierta unidad política y social para hacer digerible la unidad mercantil y monetaria, y de cierta solidaridad expresada mediante la mutualización de las deudas y la activación de planes comunes para asegurar una vida digna a todos los europeos, por ejemplo.

¿Qué hay de todo esto? ¿Y qué diferencia hay entre el nacionalismo económico de Merkel y el nacionalismo populista de Tsipras? ¿Acaso la una o el otro defienden algo que vaya más allá del “qué hay de lo mío”?

La salida definitiva de la crisis económica y la continuidad del sueño de la Europa del progreso común no vendrá ni del nacionalismo economicista liberal ni del neo-nacionalismo populista.

Hoy, solamente el reformismo socialdemócrata, en el sur al menos, mantiene vivo el proyecto de una Europa comprometida con los valores de la solidaridad y la justicia social, más allá del dinero y de las banderas nacionales. Pero este proyecto tiene aún pendiente su formulación práctica, coherente y movilizadora, frente a neo-liberales y neo-populistas. Este es el reto.

¿QUIÉN PIENSA EN LOS GRIEGOS?

El pulso dramático que estamos viviendo entre las autoridades del Eurogrupo y el Gobierno griego tiene mucho más de político que de económico, y en el bando perdedor no figuran por ahora ni Dijsselbloem ni Tsipras, sino millones de griegos y de europeos atrapados en una espiral de decisiones irracionales e irresponsables.

La negociación a la que estamos asistiendo entre Bruselas y Atenas es una negociación tramposa, porque bajo el orden del día explícito de cada encuentro existe una agenda oculta que impide por ahora cualquier acuerdo.

Más allá de las declaraciones públicas, Dijsselbloem, Juncker y Merkel buscan dar una lección de sometimiento a quienes se oponen a la estrategia de la austeridad. Y tras toda la retórica victimista de Tsipras y Varufakis se esconde la servidumbre de una reciente campaña populista sembrada de promesas imposibles de cumplir.

Por lo tanto, la situación de bloqueo no se resolverá hasta que unos y otros se pongan a trabajar por lo que realmente importa: asegurar a la vez el cumplimiento de las obligaciones crediticias de Grecia y la viabilidad de su economía y de su sociedad. Sin vencedores ni vencidos. Tan legítima es la reclamación del Eurogrupo para que se paguen las deudas, como la exigencia griega de que tal pago no arrastre a sus ciudadanos a la ruina económica y social.

Partimos de dos graves incumplimientos. El Eurogrupo parte del pecado original de quien pretende obtener todas las ventajas de un espacio monetario común, sin asumir los costes inevitables de armonización y de pérdida consiguiente de soberanía para los Estados miembros. No habrá euro solvente mientras no haya unidad monetaria y fiscal, mientras no se mutualicen las deudas y mientras no se aseguren unos mínimos para el bienestar social común.

Y la sociedad griega parte del error de considerar que puede beneficiarse de formar parte del club del euro manteniendo una idiosincrasia en el funcionamiento de su Estado que resulta incompatible con las reglas más básicas de este club. Por ejemplo, en el club del euro los impuestos se establecen para que se paguen y para que se recauden. Y, por ejemplo también, las cuentas públicas no deben simularse o falsearse.

El referéndum convocado por Tsipras supone un paso más en la escalada de la irracionalidad. No puede haber reproche moral ni político para un Gobierno que ha de adoptar una decisión difícil y quiere consultar a la ciudadanía. Pero no es lícito hacer uso de una consulta popular express para arrancar concesiones en una negociación, preguntando al pueblo por una oferta negociadora difícil de entender, y además caducada.

Si los representantes del Eurogrupo renuncian a su pretensión aleccionadora de heterodoxos con la austeridad, y si el Gobierno griego rectifica sus posiciones dogmáticas a la vez que sus discursos populistas, quizás veamos la luz al final de este túnel tenebroso. Debieran hacerlo, sobre todo, pensando en los millones de griegos y de europeos en general que contemplan el espectáculo entre el estupor y el miedo.

BANDERAS Y BANDERÍAS

El filósofo prusiano Ernst Cassirer definió al ser humano como un “animal simbólico” y dedicó buena parte de su reconocidísima obra a estudiar su vida en sociedad a través de la simbología política. No cabe dudar del papel decisivo que los símbolos han jugado a lo largo de la historia en la organización del espacio público que compartimos.

Uno de los símbolos políticos más característicos es la bandera y su utilización ha sido tan variada como los colores y los signos con que puede configurarse. Ha habido y hay banderas para el bien y para el mal, para la paz y para la guerra, para unir y para desunir, para construir y para destruir.

Hace unos días, Pedro Sánchez hizo uso de la bandera constitucional española como un elemento simbólico más en su proclamación como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. El gesto no carecía de significado, desde luego. Pretendía simbolizar algo: la voluntad de liderar un proyecto de ciudadanía compartida para el bien común.

El proyecto del PSOE y de Pedro Sánchez pretende superar las muchas fracturas que sufre nuestro país, en lo económico, en lo social, en lo territorial, entre los hombres y las mujeres, entre las distintas generaciones. ¿Qué mejor símbolo para tal propósito que la bandera de la Constitución que propugna en su artículo primero la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo como valores superiores de la convivencia entre españoles?

Tan absurdo resulta magnificar el gesto de mostrar la bandera española, junto a los habituales símbolos del PSOE, como denostar su utilización con propósito tan razonable. Ni el candidato socialista pretendió sustituir su programa de gobierno por la bandera, ni intentó en momento alguno apropiarse de los valores comunes asociados a este símbolo que a todos representa y a todos concierne.

Algunas críticas llegadas desde la derecha reflejan el carácter sectario que aún define el discurso y la acción política de ciertos dirigentes. Manifestar que la adhesión a la bandera constitucional española es incompatible con el apoyo a la investidura como alcaldes y alcaldesas de quienes han obtenido la confianza de los españoles, resulta tan contradictorio como anacrónico, y evoca aquellos tiempos para olvidar en los que se acusaba de “anti-España” a quienes se pronunciaban contra el régimen del oprobio franquista.

Algunas alusiones pronunciadas desde otros ámbitos de la izquierda también merecen rechazo. Proclamar que quienes exhiben banderas se olvidan de “la gente” o de sus problemas parece suponer falazmente que hay alguna incompatibilidad entre colocar una bandera en un escenario y trabajar para la mejora de la sanidad o la educación de los españoles. Se trata, precisamente, de expresar la voluntad de establecer grandes metas comunes para el bienestar de “la gente” y de articular iniciativas comunes para alcanzarlas.

Cuando el dirigente de Podemos prescinde de la corbata, se deja la coleta o dibuja un círculo en su logotipo morado también está haciendo uso de los símbolos. A nadie en el PSOE se le ha ocurrido reprochar a Iglesias que confunde el progresismo con la indumentaria informal, o que hace falta menos coleta y más compromiso real con la nueva política, por ejemplo haciendo dimitir a sus cargos públicos imputados por la Justicia.

Pedro Sánchez pretendía simbolizar que es tiempo de puentes y no de frentes, tiempo del “qué hay de lo nuestro” antes del “qué hay de lo mío”. España necesita un Gobierno que no acentúe las divisiones, sino que apueste por la unidad del proyecto común, del bien común, del futuro común.

Los españoles hemos gastado demasiado tiempo y demasiadas energías en afirmarnos unos contra otros, en diferenciarnos unos frente a otros, en separarnos unos de otros. Hemos vivido una época de fragmentación y de combate permanente entre españoles de diferentes identidades, de diferentes territorios, de diferentes edades, de diferente género y de diferente condición social. Es hora de articular lo que nos es común en un proyecto de ciudadanía compartida, un proyecto de país, a partir de valores progresistas, que son muy mayoritarios en la sociedad española. Esa es la apuesta del PSOE.

La bandera no es panacea para ningún mal. Pero si ayuda a simbolizar el propósito de unir fuerzas para el bien común, sin molestar a nadie ¿por qué esconderla?

RADICALIDADES

RADICALIDADES

Rajoy vuelve a errar en la estrategia de descalificar a sus oponentes políticos como radicales. La sarta de improperios que ha dedicado a los nuevos gobiernos fruto de acuerdos progresistas casi no tiene fin: sectarios, estrafalarios, extremistas, a las órdenes de Venezuela, contrarios a la voluntad democrática de los españoles, contratos de adhesión con radicales…

Tales calificativos muestran tres cosas, al menos. Primero, un estado de nerviosismo impropio de un dirigente político con la trayectoria de Rajoy. Segundo, unas convicciones democráticas cuestionables, puesto que todos y cada uno de los gobiernos aludidos por el Presidente lo son por decisión de la ciudadanía.

Y tercero, la estrategia se le volverá en contra: la beligerancia de Rajoy tapará y compensará buena parte de los errores cometidos por los nuevos gobiernos, y evidenciará aún más el aislamiento que ha llevado al PP a la oposición en la mayoría de las instituciones.

La dirección del PP demuestra no haber entendido nada de lo ocurrido el 24 de mayo. La mayoría de los españoles han optado por el cambio. El cambio consiste en un giro hacia la izquierda de la centralidad política en el país. Y el cambio reclama nuevas formas en la política, con más diálogo, más acuerdo, más transparencia y más garantías frente a la corrupción.

No será por la radicalidad en su lucha contra los desahucios, o en sus exigencias de limpieza en los contratos, por lo que la ciudadanía cuestionará a las nuevas fuerzas políticas que se han situado al frente de instituciones muy relevantes. Podrán cuestionarlas por sus incoherencias y por sus insolvencias.

No es coherente, por ejemplo, que Carmena y Podemos consideren ahora su programa electoral en Madrid como simples “sugerencias”, que renuncien al prometido banco público sin explicación o que justifiquen por la “falta de tiempo” la apertura veraniega de comedores escolares, que sí van a promover para este mismo verano muchos Ayuntamientos socialistas, también recién constituidos.

Tampoco es coherente mantener en su cargo a una concejala imputada por la Justicia o a varios concejales protagonistas de declaraciones públicas impropias no ya de un responsable público, sino incluso de una persona mentalmente equilibrada. No es coherente que la nueva política promueva la limpieza de los colegios mediante cooperativas de madres.

Y no es coherente nada de esto porque quienes cometen tales errores se han caracterizado durante los últimos meses por un altísimo nivel de exigencia política y moral a todos los demás. “En política el perdón se conjuga dimitiendo”, sostenía hasta hace bien poco un significado dirigente de Podemos.

Ahora bien, estas incoherencias y estas insolvencias manifiestas no facultan al Presidente del Gobierno para practicar el discurso del miedo y para tachar a cientos de alcaldes y concejales, elegidos democráticamente, como radicales peligrosos al servicio de Venezuela.

Puestos a identificar radicalidades peligrosas, el propio Rajoy es responsable principal de unas cuantas. En estos días hemos conocido, por ejemplo, que el número de millonarios ha crecido en España un 40% desde el inicio de la crisis, al tiempo que el presupuesto con el que las familias salen adelante cada mes disminuía un 15%. Esto es radicalmente injusto.

Radical ha sido la reforma laboral que ha condenado a la precariedad laboral y a salarios de miseria a millones de españoles. Radical ha sido el copago farmacéutico para los pensionistas o la muerte por inanición de la Ley de la Dependencia. Y radical ha sido el escándalo de los tesoreros del PP llevándose los millones de sus mordidas a Suiza. Todo esto es bastante más radical que las incoherencias, las insolvencias y las torpezas de Carmena y compañía.

En todo caso, nuestros Ayuntamientos, nuestros Gobiernos autonómicos y nuestro país no necesitan ni las radicalidades de unos ni las insolvencias de otros, sino un cambio seguro y solvente en el sentido al que apuntan los principios y los intereses de la mayoría: políticas progresistas en instituciones limpias y abiertas. Claro que esto se inventó hace mucho tiempo. Se llama socialdemocracia, y en España tiene un activo con más de 130 años de historia.

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