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El pasado martes 26 de abril, Pablo Iglesias compareció ante la prensa acreditada en el Congreso y aseguró que el PSOE había contestado “no” a la oferta de un acuerdo de Gobierno por parte de Compromís. Se trataba de una mentira evidente y descarada, y como tal se reflejó en las caras de sorpresa e incluso en las preguntas de varios periodistas presentes.

Los representantes de los medios están acostumbrados, por desgracia, a escuchar análisis interesados que deforman los hechos más explícitos, pero en este caso la mentira carecía incluso del más leve disimulo. Hacía solo unos minutos que Antonio Hernando, el portavoz socialista, había dado a conocer en aquella misma tribuna la contestación afirmativa del PSOE a 27 de las 30 reivindicaciones de Compromís, con muy leves matizaciones en las tres restantes.

Sin embargo, peor que las caras de estupefacción fue comprobar poco después los gestos de resignación con que esos mismos periodistas encajaban otra mentira más. El PSOE había dicho sí a lo más sustantivo de la oferta de Compromís, y había contra-ofertado razonablemente en algunas de las propuestas de Gobierno. Pero Iglesias, al más puro estilo goebeliano, decidió mentir a fin de descartar cualquier debate que le apartara del que fue su propósito constante desde el 20-D: mantener a Rajoy en las funciones del Gobierno y forzar nuevas elecciones, para alcanzar, esta vez sí, el sorpasso y el poder.

Iglesias comparte con Rajoy muchas cosas. La voluntad de mantener este Gobierno de derechas en funciones. Bloquear cualquier gobierno de cambio presidido por un socialista. El rencor al PSOE. Compartieron en dos ocasiones el voto contrario a la investidura de un Gobierno de cambio, el 2 y el 4 de marzo. También comparten la afición por la mentira.

Rajoy suele afirmar falazmente que él gano las elecciones y que, por tal razón, le corresponde gobernar el país. Doble mentira. En una democracia parlamentaria, obtener más votos que otras candidaturas no equivale a ganar las elecciones. Gana quien obtiene un resultado que le permite formar gobierno, y ese no es el caso de Rajoy, evidentemente. Y no corresponde gobernar el país al líder de la minoría parlamentaria con más escaños, sino al candidato que sume más apoyos en su investidura. Pero Rajoy ni tan siquiera lo ha intentado. Es más: pasará a la historia como el primer y, hasta ahora, el único candidato que rehusó el encargo del Jefe del Estado para someterse a la investidura.

Por su parte, Iglesias miente una y otra vez cuando asegura que hay dos opciones de Gobierno desde el 20-D, una de derechas y otra de izquierdas, a la valenciana. Completa la alternativa falaz con la acusación al PSOE de escoger a la derecha. La verdad es que no existe una mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados. De hecho, PSOE, Podemos y sus confluencias, Compromís e IU, lo que Iglesias denomina “la vía del 161”, tiene eso precisamente, solo 161 diputados. Aunque se sumaran ERC y Bildu, que son más independentistas que izquierdistas, aún se quedarían en 172, por 178 de las derechas que representan PP, Ciudadanos, Democracia y Libertad, PNV y Coalición Canaria.

En las Cortes valencianas hay mayoría de izquierdas, con PSOE, Podemos y Compromís. En el Congreso español, no. Iglesias miente, y lo sabe. En realidad, la única vía que tiene la izquierda para intentar formar gobierno consiste en sumar algún socio de la derecha. Las propuestas de Iglesias implican acuerdos con la derecha independentista catalana, que exige como condición un referéndum separatista. El PSOE prefiere un acuerdo con Ciudadanos sobre la base de un programa reformista para la recuperación justa y la regeneración democrática. Iglesias unió su voto al PP para que Rajoy siguiera gobernando. El PSOE nunca votó ni votará con Rajoy en una investidura. Lo demostró en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo.

Rajoy miente al responsabilizar al PSOE de su incapacidad para sumar socios en una eventual investidura. La verdad es que ni un solo grupo parlamentario ajeno al PP está dispuesto a aliarse con el partido de las imposiciones, de los recortes y de la corrupción sistémica. Rajoy está solo por méritos propios, no por la culpa de Sánchez.

Iglesias vuelve a mentir cuando afirma haber intentado un acuerdo con el PSOE, “cediendo” incluso una vicepresidencia que jamás tuvo en su poder. La verdad es que Iglesias ha bloqueado y boicoteado una y otra vez cualquier posibilidad de acuerdo. Las excusas han sido diversas, desde la condición inapelable del referéndum separatista en Cataluña hasta la exigencia de contar con cuatro grupos parlamentarios, incumpliendo la ley, pasando por la reivindicación del control político sobre jueces y fiscales, o el veto a Ciudadanos.

Iglesias solo se sentó en una mesa de negociación sobre contenidos en dos ocasiones: en la primera se levantaron a las 48 horas; en la segunda no llegaron a las 24, y ni tan siquiera esperaron respuesta a su documento de 20 supuestas cesiones. No. Iglesias solo ha buscado las elecciones repetidas, desde la misma noche del 20-D, como medio para alcanzar sus dos obsesiones: los sillones del poder y la derrota del PSOE.

Es legítimo buscar acuerdos o no buscarlos. Es lícito procurar la continuidad de Rajoy o el Gobierno del cambio. Lo que no es lícito ni legítimo es la mentira como herramienta habitual para obtener rendimientos políticos. Ni lícito, ni legítimo, ni eficaz. Pero esto último, Rajoy e Iglesias, me temo, no lo descubrirán hasta el 26 de junio.

simancas200416

Para quienes compartimos los valores del republicanismo, la patria no se legitima en la historia, ni en el origen étnico común, ni en la simbología de himnos y banderas. La patria está en los valores comunes y en la búsqueda del bien colectivo. Somos patriotas de la igualdad, de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Estamos orgullosos de una patria que persigue el progreso y la justicia social. La patria de los republicanistas está, por tanto y en buena medida, en el pago de los impuestos que asegura nuestros derechos y libertades.

En consecuencia, no hay mayor acto de patriotismo que el pago riguroso de los impuestos que nos convierte en ciudadanos de un Estado de Derecho en una sociedad democrática. Y, también en consecuencia, no hay mayor traición a la patria que defraudar o eludir arteramente los impuestos que nos corresponde pagar en el propósito del bien común.

Algunos intentan encauzar el debate de estos días sobre los paraísos fiscales en términos puramente jurídicos, sobre lo que es legal o lo que no es legal. El debate jurídico es muy importante, porque el Estado de Derecho se fundamenta en el imperio de la ley y en la igualdad de todos en el cumplimiento de las normas. Ahora bien, el debate sustancial sobre el pago de impuestos, especialmente en lo relativo a los cargos públicos, trasciende lo meramente jurídico y se adentra en lo ajustado o no a la moral colectiva.

La utilización de empresas opacas en paraísos fiscales para ocultar patrimonio y minimizar el pago de impuestos puede ajustarse a la ley en algunos casos, pero merece un duro reproche social. Merece el reproche en todos los casos, y merece un reproche definitivo cuando el protagonista representa a la ciudadanía y ejerce responsabilidades públicas. Resulta del todo incompatible dedicarse a la búsqueda del bien común, mientras se trampea en el ejercicio de la primera responsabilidad personal para con el bien común, como es el pago justo de los impuestos.

Igual reproche debieran recibir todos aquellos referentes sociales y culturales que pretenden el reconocimiento y el aplauso de la ciudadanía en razón a méritos específicos, mientras defraudan al interés colectivo eludiendo el pago de los impuestos que les corresponden.

No obstante, a las autoridades políticas y económicas no les corresponde tan solo la investigación, la denuncia y el reproche por las prácticas elusivas o fraudulentas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de empresas y personas. Tales autoridades debieran adoptar las decisiones conducentes a acabar definitivamente con la existencia de los propios paraísos fiscales, así como las normas o el vacío normativo que permiten la defraudación masiva de los impuestos.

A la luz de los escándalos conocidos en torno a los llamados “papeles de Panamá”, resulta poco sorprendente la crítica furibunda, el descreimiento y la desafección de muchos ciudadanos hacia el propio sistema político y económico vigente. Porque es intolerable que muchos de los más pudientes escatimen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la colectividad, mientras millones de ciudadanos malviven en la precariedad social soportando los ajustes y los recortes que muchos de aquellos mismos recetan y decretan.

Y la patria también está en los mecanismos que permiten identificar, perseguir y castigar a quienes así ponen en riesgo nuestros derechos y libertades.

Cada vez queda menos tiempo para que las fuerzas políticas que recibieron un mandato de cambio en las elecciones del 20 de diciembre cumplan con su deber. La frustración es el sentimiento predominante entre los más de 15 millones de españoles que votaron contra la continuidad de las políticas del PP y a favor del cambio de Gobierno.

Durante estos cerca de tres meses de espera la ciudadanía ha podido, al menos, comprobar varios hechos. Uno, que el cambio solo es aritméticamente posible mediante un acuerdo transversal que implique a PSOE, Podemos y Ciudadanos. Dos, que la confluencia programática para formar un Gobierno que apueste por la recuperación justa y la regeneración democrática es difícil pero factible. Y tres, que el PSOE ha sido la fuerza de cambio que más empeño ha puesto en alcanzar el acuerdo, mientras que Podemos ha sido su obstáculo más constante.

Asimismo, cada día se afianza la convicción general de que el comportamiento del máximo dirigente de Podemos, Pablo Manuel Iglesias, ha estado guiado desde el primer momento por dos objetivos absolutamente prioritarios: asumir el máximo poder institucional posible y destruir al PSOE. Toda la retórica populista sobre las élites y los menesterosos de la Tierra estuvo siempre al servicio de esta doble finalidad. La posibilidad de hacer uso de la representación adquirida para impulsar reformas progresistas siempre estuvo subordinada al propósito principal del “sorpasso” y el poder.

Cuando Iglesias ha tenido que elegir entre proclamar el cambio o hacer realidad el cambio, ha elegido mantener a Rajoy en el poder. Cuando tuvo que elegir entre protestar contra la LOMCE o pararla con un gobierno de cambio, eligió mantener a Rajoy en el poder. Cuando ha tenido que escoger entre publicitar su “Ley 25 de emergencia social” o hacerla entrar en vigor con un gobierno progresista, ha elegido mantener a Rajoy en el poder. Cuando tuvo la opción de que gobernara Rajoy o gobernara Pedro Sánchez, eligió mantener a Rajoy en el poder. Esta es la verdad de los hechos.

La traición de Iglesias a los votantes del cambio tiene un diario con nueve hitos, al menos, y un desenlace alternativo, que dependerá una vez más de la estrategia adecuada, en su criterio, para cumplir con el propósito inmutable de la “pasokización” del PSOE y la asunción del mayor poder institucional posible. Todos los pasos de este camino apuntan invariablemente al intento de repetir suerte en unas nuevas elecciones.

La propia noche electoral Iglesias desechó públicamente cualquier actitud pactista y mantuvo ante los suyos el discurso de la “remontada”, como si la jornada del 20 de diciembre hubiera sido tan solo el primer peldaño en la rápida conquista de los cielos. De hecho, en aquella jornada mencionó expresamente el referéndum independentista catalán como el antídoto más eficaz frente a cualquier veleidad interna de acordar con el PSOE.

Iglesias hizo después todo lo posible para abortar el acuerdo general por el que un socialista, Patxi López, iba a presidir las Cortes Generales. La excusa fue aquella reivindicación estrambótica y anti-reglamentaria de formar cuatro grupos parlamentarios a partir de una sola candidatura electoral. Una vez solventado el asunto de los cuatro grupos, Iglesias logró forzar otra controversia pública para aplazar cualquier conversación seria sobre la formación del Gobierno del cambio. Esta vez el desacuerdo estaba en la disposición física de los escaños a ocupar por los dirigentes de Podemos.

Cuando se agotó la polémica sobre los escaños y el tiro de cámara, Iglesias ideó un nuevo escollo para obstaculizar cualquier acercamiento con el PSOE. En plena jornada de consultas con el Rey, teatralizó una supuesta oferta de gobierno de coalición, de tal manera que su aceptación resultara del todo imposible. La oferta se realizó a través del Jefe del Estado. El destinatario de la oferta hubo de enterarse de los detalles por los medios de comunicación.

El ofrecimiento detallaba contenidos inaceptables por inconstitucionales (otra vez el referéndum independentista) o por antidemocráticos (el control de jueces y fiscales por parte del ejecutivo). La autoproclamación de Iglesias como vicepresidente plenipotenciario, la designación pública de ministros entre sus propios colaboradores, y la retórica displicente y ofensiva hacia Pedro Sánchez (“tendrá que agradecerme la sonrisa del destino de hacerle presidente”), fueron tan solo el inevitable aderezo marca de la casa.

Cuando bajó el efecto de la indignación general por el teatrillo, Iglesias se negó a aceptar la oferta del candidato Sánchez para formar un equipo negociador y explorar la base programática para un eventual acuerdo. Tan solo accedió a sentarse para hablar de políticas tras la oferta de su aliado Garzón en el llamado “grupo a cuatro”. Por orden de su líder, sin haber resuelto tan siquiera la agenda de la negociación, el equipo de Podemos no tardó ni 24 horas en levantarse de la mesa y proclamar el desacuerdo.

Durante las jornadas de votación de la investidura de Pedro Sánchez, el 2 y el 4 de marzo, Iglesias se esforzó hasta el histrionismo por escenificar un desencuentro con el PSOE que no se justificaba en incompatibilidad programática alguna. Baste recordar el gesto contrariado de su propio portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, cuando el líder de Podemos aludió a la “cal viva” como resumen miserable y falaz de las etapas de gobierno socialista en nuestro país.

Lograda la continuidad de Rajoy mediante la pinza PP-Podemos, Iglesias dedicó su esfuerzo a reventar todo atisbo de oposición interna a su estrategia de repetir las elecciones para acercarse al poder y sobrepasar al PSOE. Lo hizo de manera abrupta pero eficaz, destituyendo a su secretario de organización y asumiendo personalmente la cabecera del equipo negociador.

Finalmente llegó el simulacro de negociación “a tres” que tuvo lugar en el Congreso el pasado día 7 de abril. Iglesias acepta aparentemente sentarse con PSOE y Ciudadanos, presenta incluso un papel con 20 supuestas propuestas de “cesión”, pero desautoriza a su propio equipo, dirige en persona la delegación de Podemos y tarda menos de doce horas en desenmascarar su voluntad de ruptura. El líder de Podemos llega al límite del absurdo cuando proclama el desacuerdo sin esperar tan siquiera la respuesta de PSOE y Ciudadanos a su propio documento.

La consulta a “los inscritos” sobre lo que Iglesias llama “el acuerdo Rivera-Sánchez” solo supone el broche final a una estrategia permanente de obstaculización a cualquier acuerdo para hacer realidad el Gobierno del cambio. La diferencia entre la consulta socialista a sus bases y el referéndum de Podemos es significativa: mientras la primera busca el acuerdo que intenta la dirección del PSOE, el segundo ratifica la ruptura que desea Pablo Manuel Iglesias.

El último paso del líder de Podemos en esta trayectoria tramposa estará condicionado por las encuestas. Si las encuestas le van bien, mantendrá la apuesta por las elecciones repetidas. Si las encuestas le van mal, puede que practique una de sus piruetas vistosas y facilite el gobierno del cambio.

Mientras la necesidad y la voluntad de la mayoría de los españoles, incluidos los votantes de Podemos, pasan por cambiar el Gobierno y por poner en marcha cuanto antes un programa de progreso social y regeneración democrática, los objetivos, los intereses y la conducta de Iglesias llevan otro camino. Es lamentable. Y es, cada día, más evidente.

 simancas060416

El Gobierno aún no ha cambiado, pero el Parlamento sí, y está adoptando decisiones trascendentes para la vida de los ciudadanos. Con 186 votos a favor, 112 votos en contra y 47 abstenciones, la representación de los españoles acaba de aprobar una proposición de ley que suspende la aplicación de la mal llamada Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La paralización de la LOMCE supone el primer paso para su derogación efectiva y su sustitución por un nuevo marco regulatorio. Una nueva regulación estable, perdurable, que debe ser fruto de un gran pacto social y político sobre el mejor futuro para la educación en España.

La LOMCE se aprobó en diciembre del año 2013 con el respaldo exclusivo del Partido Popular. Y con la mayor parte de la comunidad educativa manifiestamente en contra: docentes, estudiantes, padres y madres, administraciones autonómicas…Se trata de una ley, por tanto, no dialogada, no acordada. Una ley estructural impuesta por una mayoría coyuntural. Y ahora que las mayorías han cambiado, bastaría probablemente con este argumento para reclamar la paralización de la LOMCE.

Sin embargo, la mayoría del Parlamento ha decidido parar la LOMCE porque su implantación está provocando incertidumbre, confusión, dificultades prácticas y graves perjuicios en los centros educativos, para los profesores, para los alumnos y para sus familias. Y, sobre todo, la representación de la ciudadanía ha decidido parar esta ley porque se trata de una mala ley para la educación en nuestro país.

El futuro de España será lo que sea su educación. Y la mayoría de los españoles no queremos para el futuro de nuestro país el atraso, la desigualdad, el autoritarismo y el clericalismo añejo que representa la LOMCE. Paremos la LOMCE, deroguemos la LOMCE, y alcancemos cuanto antes un gran pacto social y político que proporcione a la sociedad española la educación de calidad y con igualdad de oportunidades que necesita y que merece.

Una implantación chapucera

La implantación de la LOMCE está siendo precipitada, confusa, con instrucciones contradictorias y sin recursos suficientes.

Entre los desarrollos más controvertidos de la ley están las famosas reválidas. En pocas semanas, cientos de miles de niños y niñas que cursan sexto de primaria se enfrentarán a una prueba anacrónica e inútil.

Porque ¿cuál es el objetivo de esta reválida? ¿Detectar los problemas que aquejan al conjunto de la etapa de la enseñanza primaria a fin de corregirlos? ¿Qué sentido tiene entonces hacer la prueba al final mismo de la etapa, cuando ya no cabe corrección alguna?

¿Se trata de comprobar el grado de asunción de competencias por parte de los escolares? ¿Por qué no confiar entonces en la evaluación de los profesores que trabajan día a día con esos escolares y saben bien de su evolución? ¿Por qué despreciar el trabajo de estos docentes y confiar más en el resultado de una prueba concreta, que se realiza en unos minutos, y que puede estar sesgada por los nervios o por un mal día para el estudiante?

Esta prueba responde al anacronismo pedagógico de concebir el desarrollo del aprendizaje como una especie de carrera de obstáculos, que el estudiante debe ir superando para no ser arrojado a la cuneta del fracaso escolar.

Algo peor, incluso: la prueba responde al interés por elaborar rankings competitivos con los que premiar a determinados centros educativos y con los que estigmatizar a otros, sin tener en cuenta las condiciones bien diferentes en las que han de hacer su trabajo día a día.

Evaluar para diagnosticar y para mejorar, sí. Siempre. Evaluar para competir, para premiar aún más a los centros ricos y para estigmatizar aún más a los centros pobres, no.

Esta reválida solo sirve para provocar estrés en niños de muy corta edad, para generar una desconfianza inmerecida entre los docentes, y para añadir tensiones, disfunciones y agobios presupuestarios a unos centros educativos muy castigados ya por los recortes.

Y si hay problemas con la reválida de primaria, no menos problemas hay con las reválidas que ha sembrado la LOMCE en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, que además son punitivas. O apruebas o fracasas.

Si existía en nuestra enseñanza un consenso dificultoso pero relevante era el establecido en torno a la selectividad. La prueba de acceso a la universidad garantiza aún hoy unas aptitudes mínimas para los estudiantes que llegan a la enseñanza superior. Al mismo tiempo, esta prueba distribuye a los aspirantes en los estudios más demandados mediante una prueba única, válida para todos los campus y garantista de la igualdad de oportunidades.

Con la LOMCE este consenso ha saltado por los aires, y ahora mismo los alumnos de bachillerato de este país viven una incertidumbre absoluta sobre los procedimientos que han de llevarles a la universidad a partir del próximo curso.

Según los planes del Gobierno en funciones, en 2017 ya no habrá selectividad, los estudiantes tendrán que superar la reválida punitiva de segundo de bachillerato y, además, tendrán que superar las pruebas que cada una de las universidades establezca específicamente. Es decir, que un aspirante a estudiar medicina puede pasarse meses o años, tras superar la reválida del bachillerato, haciendo una prueba distinta de acceso para cada universidad.

Este proceso, además de disparatado, acaba con la igualdad de oportunidades.

Y, a todo esto, cuando quedan apenas unas semanas para terminar este curso, cuando quedan pocos meses para comenzar el próximo, ni los estudiantes de bachillerato, ni los profesores, ni los centros saben aún a qué tipo de pruebas se van a enfrentar, ni, por tanto, qué deben estudiar o preparar. Porque el Gobierno no ha tenido a bien regularlas.

Ante tal desaguisado, la Conferencia de Rectores ha pedido razonablemente una moratoria. El Gobierno en funciones se ha negado, claro está.

Pero hay más. Los repetidores de segundo de bachillerato, que han cursado con modelo LOE este año, tendrían que repetir con modelo LOMCE el año próximo. ¿Tiene sentido? No, desde  luego, pero nadie ha resuelto el problema aún.

Los estudiantes de la FP básica, incluso los que obtengan un aprobado raspado, tienen prioridad sobre los titulados en secundaria, incluso los sobresalientes, para acceder a la FP de grado medio. Tampoco tiene sentido y tampoco tiene solución.

El paso de la Formación Profesional de grado medio a grado superior también está sin resolver, y puede darse perfectamente el caso de un estudiante de jardinería en el grado medio que decida cursar enfermería en el grado superior, sin obstáculo alguno. Podría pasar perfectamente de podar a amputar, si me permiten la broma.

En conclusión, LOMCE es una mala ley que se está aplicando de manera chapucera. Sin diálogo con la comunidad educativa, sin acuerdo con las administraciones autonómicas, sin claridad en las instrucciones a los centros educativos, sin respeto a los profesionales docentes, sin recursos económicos suficientes.

Una ley segregadora, autoritaria y clerical

Se trata, pues, de para la LOMCE y derogar la LOMCE. Sí. No porque sea una ley del PP, sino porque es una ley que no resuelve los problemas que tiene nuestra educación en el presente, y porque genera problemas aún más graves para el futuro.

La LOMCE parte de un análisis falso. Las dificultades de nuestra enseñanza no están en los resultados de los informes PISA, en los que generalmente figuramos en los tramos medios. Y la raíz de nuestro elevado abandono escolar tiene muy poco que ver con ley alguna.

No es verdad, como sostienen los ideólogos de la LOMCE, que en la educación española falte esfuerzo, falte talento y falte excelencia. Lo que falta en la educación española, sobre todo tras el paso del Partido Popular por los gobiernos, son los recursos para que el esfuerzo y el talento de nuestros docentes y de nuestros estudiantes puedan transformase en  éxito individual y en éxito colectivo.

Claro que buscamos la excelencia. Todos queremos excelencia. Pero para nosotros, la excelencia sin equidad, la excelencia sin igualdad de oportunidades, es tan solo elitismo, discriminación y darwinismo social.

Claro que hay problemas en la educación española. Pero los problemas de la educación española no se resuelven con reválidas y catecismos. Los problemas reales de la educación española se resuelven con diálogo, con inversión, con respeto a los docentes y con una apuesta simultánea por la calidad y la equidad.

Por eso no nos gusta una ley segregadora como la LOMCE. El sistema educativo debe servir para compensar las desigualdades de partida con que el niño llega a la enseñanza, no para consolidarlas con segregaciones tempranas y con reválidas punitivas.

Frente a las desigualdades sociales hay dos modelos educativos: el que ayuda a cada cual en función de sus necesidades, y el que discrimina tempranamente entre presuntos listos y presuntos torpes para  enviarlos por caminos distintos. La LOMCE representa el segundo modelo, el más injusto.

La LOMCE es también una ley mercantilista porque persigue formar antes buenos empleados que ciudadanos capaces: capaces para ser buenos empleados y capaces para ejercer críticamente sus derechos y sus libertades. Mercantilista porque permite que un alumno transcurra toda la etapa de escolarización obligatoria sin haber estudiado nunca filosofía.

Y porque hace posible que todos los Franciscos Granados de este país adjudiquen suelo público para construir centros educativos privados, y para que los montadores de muebles de IKEA olviden después sus maletines con cientos de miles de euros en los dormitorios de sus suegros.

Es una ley autoritaria y contraria a la participación democrática en los centros educativos, porque resta capacidad de decisión a los consejos escolares, a los docentes, a las familias, mientras refuerza la capacidad de decisión de los directores nombrados a instancias de la administración.

Es una ley clerical, porque invierte la tendencia laicista de la propia sociedad española, convirtiendo el adoctrinamiento religioso en materia curricular y evaluable. Mientras nuestros vecinos europeos procurar reforzar el curriclum educativo con más idiomas, con más tecnología y con más “softskills”, aquí se examina a los niños sobre “padre nuestros” y “ave marías”. Así no se mejora la calidad educativa.

Es una ley que refuerza la religión y devalúa la Formación Profesional, pensada otra vez, como antaño, para recoger el alumnado residual del sistema, como la vía del fracaso, como el destino preestablecido para los alumnos con dificultades. De hecho, la FP española no necesita importar grandes inventos. Necesita plazas, necesita profesores, necesita los recursos que el PP le ha negado durante los cuatro últimos años.

Es una ley que no respeta al profesorado porque le niega la formación que requiere. Que no respeta a las familias porque les limita la participación democrática. Y que no respeta a los centros educativos ni a las administraciones territoriales porque les niega los recursos básicos para cumplir con su labor.

Es una ley barata para una educación devaluada, además, como puso de manifiesto el propio Consejo de Estado en su informe. Una ley para una educación “lowcost”. De hecho, la LOMCE supone el tercer paso en una estrategia calculada de desmontaje de la enseñanza pública de calidad: primero fueron los recortes en la inversión, después fueron los recortes en las becas, y más tarde la ley para administrar una educación barata.

La derecha suele reivindicar el uso eficiente de los recursos, pero no suele admitir que para que los recursos sean eficientes, primero tienen que ser suficientes. Y los recursos de la LOMCE no lo son.

Un pacto difícil pero necesario

La mayoría de la representación de los españoles es partidaria de derogar la LOMCE para sustituirla por una nueva ley, fruto de un gran pacto social y político.

Existe ahora cierta propensión a reclamar un pacto de Estado para casi todo. No parece razonable. Primero porque el respaldo unánime a una solución no la convierte necesariamente en la mejor. Y segundo porque en una sociedad democrática resulta saludable poder contar con alternativas diversas.

Será difícil, porque existen grandes diferencias ideológicas entre las distintas fuerzas políticas. Todos decimos promover el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos la igualdad de oportunidades mientras otros subrayan la libre elección y la supervivencia solo del más fuerte.

Para el PP la excelencia tiene que ver con el “resultadismo” y con los rankings; para el Partido Socialista la excelencia depende de la equidad, de la atención a la diversidad, de la participación, del conocimiento adquirido…Para el PSOE lo público es garantía de justicia. Para el PP lo privado es garantía de libertad para perpetuar las diferencias.Lo inclusivo frente a lo competitivo. Lo participativo frente a lo jerárquico. Lo laico frente a lo confesional.

Hay diferencias, sí. De fondo, además.Ahora bien. ¿Es necesario el acuerdo? Indudablemente sí.

Las bases del sistema educativo constituyen los fundamentos mismos de la convivencia, los pilares sobre los que asentar el progreso individual y el desarrollo colectivo.

Ninguna ley logrará cambiar a fondo y a mejor el sistema educativo si no parte de un amplio consenso social y político.

No se trata de volver a la LOGSE o a la LOE. No es eso lo que se pretende, aunque reivindicaremos siempre la contribución de las leyes socialistas a la universalización y la socialización de la enseñanza en nuestro país. Pero tampoco parece razonable que nos conformemos con la LOMCE de las reválidas y los rezos.

Hay leyes para el estar y leyes para el ser. España será lo que sea su educación. Y queremos una educación de calidad y equidad para una España más desarrollada y más justa.

Hemos dado un paso importante. Cambio en la ley, cambio en la educación y, ojalá, cambio en el Gobierno. Cuanto antes.

saracibar100216

La política española ha evolucionado conforme lo ha hecho también la sociedad española en sus valores políticos y en sus demandas a la institucionalidad política. Sin embargo, buena parte de los análisis públicos que se llevan a cabo hoy sobre la política española mantienen claves, criterios y perspectivas propios de etapas pasadas. Y buena parte también de los comportamientos prácticos en los actores políticos se corresponden con escenarios superados y periclitados.

Por ejemplo, los partidos políticos son hoy, en general y con excepciones relevantes, organizaciones más abiertas y con mayor democracia interna, porque así lo quiere la ciudadanía. En consecuencia, la vida interna de los partidos políticos es hoy, en general de nuevo, más dinámica, más controvertida y más transparente. No obstante, los análisis que escuchamos y leemos siguen considerando las dialécticas internas en los partidos en términos de crisis y debilidad. ¿Son débiles acaso los partidos británicos, franceses o estadounidenses que presumen de dialéctica interna notable y constante?

Los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre han establecido un escenario absolutamente novedoso para la representación política de los españoles en el Congreso de los Diputados. La ciudadanía pudo elegir una representación tradicional, con mayorías bien definidas que, por tanto, dieran lugar a programas coherentes y gobiernos monocolores. Pero la ciudadanía optó por una representación más plural y fraccionada, sin mayorías definidas y, por tanto, los programas de gobierno deben acordarse entre propuestas diversas y los consejos de ministros ya no pueden ser de un solo color.

Por consiguiente, no se entiende la actitud de aquellos que pretenden aplicar criterios viejos sobre realidades nuevas, porque tal actitud no lleva a ninguna parte. Salvo que en realidad se esté pretendiendo devolver la responsabilidad a la ciudadanía en la confianza, un tanto aventurada, de que cambie de opinión y dibuje un escenario muy distinto al actual.

Los hechos son incontrovertibles. Ningún partido cuenta con mayoría suficiente para formar gobierno por sí solo. Ningún partido cuenta con mayoría suficiente para formar gobierno con un solo socio afín. No hay posibilidad de formar gobierno con un acuerdo solo de derechas o con un acuerdo solo de izquierdas. A partir de aquí se abren varias opciones, es cierto, pero todas ellas desde el pacto y la transversalidad.

Se puede pactar una transversalidad entre PP, PSOE y Ciudadanos, como plantea Rajoy. Aritméticamente es factible. Políticamente no es factible para los socialistas, porque los planteamientos del PSOE conducen a una rectificación radical de las políticas desarrolladas por el PP durante los cuatro últimos años, y porque desde el PSOE se entiende que el PP está afectado estructuralmente por un problema de corrupción que debe resolver al margen del poder.

A juicio del PSOE hay otro pacto transversal factible y viable: el pacto que aglutina a las fuerzas políticas con un mandato popular de cambio desde el 20 de diciembre. Estas fuerzas son el PSOE, Podemos, Ciudadanos, Compromís, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, al menos. Se trata de fuerzas distintas entre sí, unas de izquierdas y otras de centro derecha y nacionalistas. Pero el documento firmado entre PSOE y Ciudadanos con más de 200 medidas para un programa de gobierno reformista y progresista demuestra que hay base común en los objetivos para formar un Gobierno de interés general.

Podemos ha de asumir definitivamente que el mandato de sus votantes resulta incompatible con seguir manteniendo a Rajoy en el Gobierno. Que repetir las elecciones, aunque algunas encuestas les ofrezcan buenas expectativas, sería un error mayúsculo que pagarían en las urnas. Y que el único acuerdo posible para formar un gobierno de progreso pasa por el pacto y la transversalidad junto a PSOE y Ciudadanos. Lo demás no es realista. No se puede, por ejemplo, fundamentar un acuerdo de gobierno en el Estado español a partir de fuerzas políticas que tienen como objetivo explícito acabar con el Estado español vigente y “desconectar” de sus instituciones en año y medio.

La sociedad española ha cambiado, sí. La política española no puede seguir anclada en actitudes de un tiempo pasado, ni tan siquiera con caras nuevas. Los españoles no pueden esperar más. Hagámoslo ya, pues.

 

simancas230316

Por desgracia, los europeos no acabamos de descubrir la barbarie terrorista. Cada nuevo acto de violencia masiva e irracional logra postrarnos en un humillante estado de shock, pero no se trata de una sensación nueva. En la reciente historia de Europa hemos sufrido el terrorismo religioso, fascista, anarquista, anticapitalista, nacionalista, separatista, yihadista… Responden a nombres diferentes, presentan excusas diversas, pero son una misma realidad: el fanatismo criminal que amenaza nuestras comunidades libres.

El fanatismo criminal no es nuevo, por tanto, pero la globalización social y mediática proporciona una nueva dimensión a sus actos. Corresponde a los poderes públicos que organizan nuestras sociedades combatir este viejo-nuevo fenómeno con armas actualizadas y eficaces. Pero sin cambiar el modo de vida que hemos elegido conforme a los valores mayoritarios en Europa. Combatir el terrorismo sin caer en el miedo cerval y sistémico, sin renunciar a nuestras sociedades abiertas y democráticas, y sin precipitarnos por el abismo de la revancha populista, racista y xenófoba, porque esto derrotaría a Europa en mucha mayor medida que las bombas de unos descerebrados.

Nuestra primera misión debiera consistir en no hacer el juego a los sociópatas asesinos magnificando sus acciones. Los terroristas de Bruselas no “han dado muestras de una gran fortaleza”, ni “despliegan una extraordinaria inteligencia táctica”, ni “sincronizan a la perfección sus acciones”, y desde luego han hecho daño, pero no “han destrozado el corazón de Europa”.

En la era de internet y la movilidad global no hace falta más que un ordenador, una conexión a la red y algunos contactos en la criminalidad de baja estopa para montar unos artefactos explosivos. Su colocación en el aeropuerto y el metro durante la hora punta no demuestran una fortaleza o una inteligencia especiales, sino la bajeza moral y el desprecio por la vida propios del fanático criminal.

En España conocemos bien la naturaleza del terrorismo y, tras décadas de mucho sufrimiento, hemos demostrado saber combatirlo y vencerlo. Una condición previa inexorable consiste en aislar al enemigo sin caer en la trampa de sus justificaciones falaces. El enemigo de la sociedad española fue siempre el fanatismo asesino de ETA, no las ideas separatistas de una parte de la sociedad vasca que ETA utilizaba como excusa para su actividad mafiosa. Y el enemigo de la sociedad europea no es el islamismo, ni los musulmanes que se consideran amenazados en su religión, en su identidad o en su aislamiento dentro de las grandes urbes europeas. El enemigo es ISIS y los  locos que logra fanatizar para inmolarse en nuestras calles.

El nacionalismo radical vasco que no encontraba cauce político para sus reivindicaciones era caldo de cultivo para la enfermedad etarra, y la marginación social o “guetización” de una parte de la sociedad de origen musulmán en algunas urbes europeas está sirviendo como cantera potencial para el virus yihadista. La apertura democrática demostró la falacia del supuesto “problema vasco”, y la consecución de una sociedad europea abierta, tolerante, multicultural e inclusiva debe frustrar también el reclutamiento de nuevos incautos para las filas del fanatismo islamista.

El resto de la receta no es un secreto. Si los criminales manejan recursos para sus fines homicidas, la sociedad debe manejar más recursos para prevenir sus acciones, para ponerles en manos de la justicia, y para encerrarles por el tiempo debido para protegernos de sus locuras. Reforzar a los cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia y el aparato de fiscales y tribunales. Intensificar la colaboración internacional para evitar que la movilidad de los criminales se convierta en impunidad para sus actos. Y cubrir a las víctimas de la sinrazón terrorista con el máximo apoyo social posible y visible.

El dolor es humano y es inevitable. Pero es preciso limitar las reacciones de aparente estupor y vulnerabilidad ante las acciones terroristas. Es imprescindible reivindicar nuestro modo de vida, sin alterar los tradicionales valores de las sociedades europeas como sociedades abiertas, plurales, tolerantes y democráticas. Y es necesario fortalecer nuestros poderes públicos para someterles a la acción de la justicia.

Vamos a vencerles.

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Las dos democracias más poderosas del mundo viven en estos días procesos políticos paralelos. El controvertido Donald Trump está arrasando en las primarias del Partido Republicano de los Estados Unidos de América, contra todos los pronósticos de hace escasos meses. Y Alternativa por Alemania (AfD) ha irrumpido en varios Parlamentos regionales con una representación inédita para un partido de extrema derecha desde la segunda gran guerra.

No son fenómenos aislados. Trump y AfD comparten la línea medular de sus discursos con otras fuerzas políticas en constante crecimiento en democracias tan consolidadas como Francia, Reino Unido y otros grandes países europeos. De hecho, hay similitudes inquietantes entre estos nuevos actores políticos y determinadas fuerzas emergentes en la sociedad y en las instituciones españolas. Comparten un mensaje central: el rechazo al sistema.

En Norteamérica hablan del establishment, en Alemania despotrican de los burócratas europeos y aquí se grita contra la casta, las élites y las oligarquías. No son actores homogéneos, cuentan con procedencias y programas bien distintos. Pero comparten las viejas fórmulas populistas de decir a cada cual lo que quiere escuchar y de plantear falsas soluciones mágicas para complejos problemas reales. Y, sobre todo, mantienen la estrategia común de dar cauce al rechazo y la rabia crecientes en amplios sectores de población contra todo lo establecido.

Constituyen un peligro para el progreso y para la convivencia, desde luego. Hay que combatirlos desde la fuerza de la razón, sin lugar a dudas. Pero también es preciso analizar las causas de esta desafección en aumento hacia los regímenes que la mayoría aún considera la culminación del proceso civilizatorio. ¿Por qué logran arrastrar tantas voluntades aquellos que vituperan contra las instituciones políticas, económicas y sociales en las democracias que ponemos como ejemplo de progreso humano a todo el mundo?

¿Cómo es posible que los personajes más estrafalarios, los discursos más irracionales y las candidaturas más insolventes estén logrando apoyos extraordinarios en lugares tan distantes? La respuesta está en la ruptura de los grandes consensos sociales en las democracias occidentales avanzadas.

En la segunda mitad del siglo XX se construyeron los consensos básicos que han sostenido y legitimado hasta ahora la economía de mercado y las llamadas democracias liberales. Se trataba de limitar la acumulación de capital propia del modelo capitalista con sistemas fiscales progresivos y justos, evitando así las desigualdades sociales desmesuradas. Se trataba también de garantizar a toda la población una exigente igualdad de oportunidades y una razonable igualdad de resultados, mediante lo que llamamos Estado de Bienestar. Y se trataba finalmente de asegurar unos derechos políticos y cívicos que hacían posible la participación de las mayorías en la organización del espacio público compartido.

La globalización y los modelos económicos austericidas se han llevado por delante estos consensos. La acumulación de capital ya no tiene límites, y las desigualdades entre los más pudientes y los menos pudientes son obscenas. En el altar de la competitividad se sacrificaron la mayor parte de los estándares sociales y laborales que aseguraban condiciones dignas de vida a la mayoría. Y el conocido trilema de Rodrick entre globalización, empoderamiento estatal y vigencia de los derechos democráticos de ciudadanía, se ha resuelto finalmente a costa de este último factor.

Si el sistema ya no proporciona satisfacciones a buena parte de la población, ¿por qué nos extraña que la población reaccione contra el sistema? Si los ganadores del sistema exhiben sin recato sus fortunas mientras muchos sufren, ¿quién puede sorprenderse del predicamento obtenido por aquellos que expresan frustración y rabia? Si muchos padres ya no esperan mejor vida para sus hijos, y muchos jóvenes se ven forzados a elegir entre precariedad o exilio, ¿a quién le choca que acaben votando por quienes combaten el sistema?

La solución a los problemas económicos, sociales y políticos de las mayorías no pasa por confiar en fuerzas populistas, eficaces en la crítica y en la destrucción, pero incapaces y sin voluntad para reconstruir justicia, derechos y bienestar. Pero tampoco basta con llamar sin más al combate contra los populismos en nombre de un sistema que hace aguas.

La solución pasa por reformar el sistema para reconstruir los grandes consensos sociales: una economía al servicio del bienestar de las mayorías, un Estado de Bienestar que garantice equidad y derechos para todos, y unas instituciones democráticas más decentes y más abiertas a la participación de quienes no se resignan a que el espacio público compartido se organice por los menos y contra los más. La solución se llama más socialdemocracia.

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