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La derecha debe una doble disculpa en estos días a los españoles. En primer lugar por haber frustrado la tramitación de unos presupuestos que mejoraban objetivamente la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas. Y en segundo lugar por haber quedado al descubierto sus embustes sobre un falso pacto del Gobierno socialista con el independentismo catalán para dar continuidad a la legislatura a cambio de cesiones contrarias a la Constitución.

Casado y Rivera han causado un daño grave a los españoles y españolas en sus condiciones de vida, sumando sus votos a los del soberanismo catalán contra el presupuesto del Gobierno de España. Y ambos dos, junto a su socio franquista, llevan meses procurando radicalizar los conflictos territoriales y acentuando los problemas de convivencia entre españoles, con el propósito mezquino de obtener un rendimiento político y electoral a corto plazo. Deben pedir perdón a los españoles.

A pesar del rechazo de derechistas e independentistas al proyecto del Gobierno, el Partido Socialista puede mirar a los ojos de los españoles con la confianza de haber hecho su trabajo con eficacia y honestidad, tal y como manifestó desde la tribuna del Congreso la portavoz Adriana Lastra.

España necesitaba unos presupuestos que impulsaran un crecimiento económico sólido, moderno, sostenible y justo. Necesitábamos unos presupuestos que revertieran los gravísimos recortes sociales impuestos por la derecha al socaire de la crisis. Necesitábamos unos presupuestos que recuperaran la justicia fiscal, para que pagaran más impuestos quienes más tienen, quienes más ganan y quienes más esconden. Y todo ello desde el rigor y el equilibrio en las cuentas públicas.

Estos son los presupuestos que ha presentado el Gobierno y ha defendido el Grupo Socialista en el Parlamento español. Los motivos de las derechas y los independentistas para rechazarlos nada han tenido que ver con los intereses de los españoles y las españolas. Los primeros los han votado en contra por el ansia de echar al PSOE del Gobierno. Los segundos han primado irresponsablemente sus propios intereses partidarios y las tácticas vinculadas a la ensoñación del proceso separatista.

La votación del día 13 de febrero en el Congreso de los Diputados ha dejado al descubierto también los engaños del PP y Ciudadanos sobre los supuestos pactos ocultos del Gobierno con el independentismo catalán para dar continuidad a esta legislatura. ¿Dónde están esos pactos? ¿Cómo pueden explicar ahora las derechas que los independentistas Tardá y Campuzano han votado junto a Casado y Rivera para tumbar los presupuestos del Gobierno socialista? ¿Cómo van a justificar tantas mentiras?

Las acusaciones, las infamias y las mentiras han sido múltiples y reiteradas por parte de PP y Ciudadanos, desde la propia moción de censura del primero de junio hasta el domingo de la foto de la vergüenza en Colón. Se ha tachado al Gobierno y a su Presidente de traidor, felón e ilegítimo; se les ha acusado falsamente de vender España, de alquilar la Moncloa con cesiones al soberanismo, de humillar a los españoles, de arrodillar a nuestra Constitución y hasta de “ponerse a cuatro patas ante los independentistas”, en frase memorablemente zafia y grosera de la derechista Arrimadas.

Se trataba de engaños flagrantes, dolosos e irresponsables. Han sido engaños porque no respondían a verdad alguna. Jamás el Gobierno de España entró ni tan siquiera a tener en cuenta o a negociar las reivindicaciones independentistas de reconocimiento del falso derecho de autodeterminación, o la celebración de un referéndum separatista, o la mediación internacional en el conflicto, o la injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Nunca.

Los engaños han sido dolosos porque Casado y Rivera eran perfectamente conscientes de sus mentiras. Ellos sabían cabalmente que el Gobierno no estaba haciendo cesión alguna. Y los engaños han sido irresponsables porque han contribuido a resquebrajar aún más la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas, en Cataluña y en el resto de España. Con el afán de zaherir al Gobierno y obtener rendimiento electoral, no han dudado en llamar a la movilización de la ciudadanía en defensa de España y de su unidad, cuando no eran sino ellos mismos quienes le causaban daño.

La mejor prueba de sus engaños y falsedades está en la votación del día 13: derechistas e independentistas coaligados contra los presupuestos del Gobiernos socialista, anteponiendo sus cálculos electorales a los intereses de los catalanes y del resto de los españoles.

¿Cuándo explicarán Casado y Rivera a cambio de qué han logrado que los independentistas voten sus enmiendas presupuestarias? ¿Han acordado mantener vivo un conflicto que perjudica a Cataluña y al conjunto de España pero beneficia a las expectativas electorales de unos y otros?

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Es una constante histórica: cada vez que España se la ha jugado de verdad como país, la derecha ha traicionado a los españoles. Ha sucedido así siempre bajo gobierno socialista. Y está ocurriendo nuevamente en estos días. Apenas 48 horas antes de dar comienzo el trascendental juicio a los presuntos delincuentes del separatismo catalán, las derechas de PP, Ciudadanos y Vox convocan concentraciones… contra el Gobierno de España.

Utilizando la burda excusa de un posible “relator” previsto para las reuniones entre los partidos catalanes, Casado, Rivera y Abascal se han lanzado a una demencial carrera de descalificaciones al Presidente del Gobierno: traidor, felón, peligro, ilegítimo… Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que el Gobierno socialista no ha hecho ni hará concesión alguna al separatismo fuera del ordenamiento constitucional. Saben que el Gobierno no quiere y no puede instar a la fiscalía para que cambie su posición en el juicio, y saben que el Gobierno no quiere y no puede negociar referéndum alguno de autodeterminación.

Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que la acción del Gobierno no solo es legítima, sino que es la única posible para afrontar con alguna eficacia el problema territorial en Cataluña. Primero, reestablecer la comisión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno autonómico catalán, tal y como mandata la ley, y sin “mediación” alguna. Y segundo, promover una mesa de partidos catalanes para buscar salidas políticas al conflicto, con los “relatores” o “coordinadores” que los partidos consideren de interés. Punto. Diálogo dentro de la ley.

Los españoles tienen cada día más claro dos cosas. Que este problema solo se soluciona dialogando, dentro de la ley, y que tanto en la política catalana como en la política española hay quienes quieren solucionar el problema y hay quienes quieren avivarlo para sacar partido electoral. Casado y Rivera han demostrado estar entre estos últimos, junto a Puigdemont. Están dispuestos a incendiar la convivencia en Cataluña aún más, con tal de obtener unos votos en el resto de España. Esto sí que es traicionar a los españoles.

Ha ocurrido siempre. El primer Gobierno socialista de Felipe González se enfrentó al reto de convencer al país sobre la conveniencia de mantenernos en la Alianza Atlántica, y la derecha traicionó a España llamando a la abstención en aquel referéndum. Años después, cuando el Gobierno de Zapatero peleaba por erradicar el terrorismo de ETA, la derecha traicionó a España haciendo uso electoral de la política antiterrorista, incluidas convocatorias infames en la plaza madrileña de Colón, otra vez.

Tras el triunfo socialista en las elecciones de 2004, la derecha promovió una infamante teoría conspiranoica acerca de la autoría del atentado yihadista del 11-M, acusando prácticamente al PSOE de complicidad con la matanza. En plena crisis financiera, con el país en riesgo de quiebra, y cuando el Gobierno Zapatero tuvo que adoptar las difíciles medidas que exigían los mercados de deuda para mantener nuestro crédito internacional, la derecha traicionó nuevamente a los españoles. Montoro lo explicó muy bien: “Que se hunda España”, aseguró a la diputada canaria Ana Oramas.

Ya en el Gobierno, y mientras imponía los recortes más brutales en materia de empleo, pensiones, educación, sanidad y dependencia, la derecha se entregó a la corrupción sistémica que tuvo que sentenciar la Justicia en el famoso caso Gurtel. Otra traición. Y hace pocas semanas consumaron la traición más dramática: cuarenta años después de muerto el dictador Franco, las derechas de PP y Ciudadanos normalizaban y blanqueaban a los herederos del franquismo, incorporando a las instituciones andaluzas a una fuerza política anti-constitucional, anti-europea, xenófoba y machista.

Pues bien, gracias a la labor de los Gobiernos socialistas se ganó aquel referéndum sobre la Alianza Atlántica, y ETA anunció que dejaba de matar, y España pasó página de la Gurtel, y se están revertiendo los recortes sociales… Y será con un Gobierno socialista en España con el que pueda abrirse paso, por fin, una esperanza de solución para el problema de convivencia que tenemos en Cataluña. Será con un Gobierno socialista, o no será, como siempre que España se la juega.

La derecha de PP y Ciudadanos, junto a sus aliados económicos y mediáticos, ha decidido atacar al proyecto presupuestario del Gobierno socialista para 2019 desde dos flancos: las reformas en materia de impuestos y la credibilidad del equilibrio en las cuentas.

¿Por qué lo hacen así? En primer lugar, porque criticar el fuerte aumento del gasto social resultaría muy impopular. Casado y Rivera recortaron durante los últimos años las pensiones públicas, las prestaciones a parados y los capítulos presupuestarios destinados al gasto sanitario, educativo y de dependencia, pero no se atreven a cuestionar ahora de manera abierta la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por revertir esos recortes y mejorar el bienestar de la ciudadanía española.

En segundo lugar, resulta evidente que el debate fiscal es el de más contenido ideológico y el más trascendente en cuanto a la diferencia de modelos sociales que se defienden a derecha e izquierda del arco parlamentario.

La derecha reclama la reducción general de los ingresos públicos, la bajada de impuestos a grandes empresas y contribuyentes, así como la generalización de los impuestos indirectos, que pagamos todos por igual. La izquierda, por el contrario, promueve ingresos públicos suficientes para hacer frente a los objetivos de interés general y una panoplia de impuestos progresivos y justos, para que contribuyan más quienes más ganan, quienes más tienen y quienes más esconden.

El primer debate a dilucidar en relación al capítulo de ingresos presupuestarios tiene que ver con la “excesiva” presión fiscal que soportamos los españoles, según PP y Ciudadanos. Frente a lo que intentan trasladar estos grupos, la presión impositiva en España está muy por debajo de la media vigente en los países que conformamos la zona euro. En el ejercicio 2017, último contabilizado, la presión fiscal en España alcanzó el 34,5% sobre el PIB –incluyendo impuestos y cotizaciones sociales-, mientras que la media de la zona euro se situó en el 41,4%. La subida de ingresos prevista para 2019 apenas reducirá esta diferencia en un punto. Primera falsedad, por tanto.

La segunda denuncia falsa de la derecha habla de que el Gobierno “pretende freír a impuestos a los españoles”. En realidad, el proyecto presupuestario para 2019 plantea una subida de dos puntos en el tipo del IRPF solo para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos para las que superen los 300.000 euros. En el impuesto de sociedades se establece un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y del 18% para la banca y empresas de hidrocarburos, mientras se reduce el tipo de 25% a 23% para las pequeñas empresas.

Se rebaja también el IVA en productos de higiene femenina del 10% al 4%, del 21% al 4% en libros, periódicos y revistas electrónicos, y del 21% al 10% en servicios veterinarios. Se incrementa el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, y se crean nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y los beneficios de las multinacionales de servicios digitales con tendencia a eludir sus obligaciones fiscales. Además, se limitan los pagos en efectivo, se refuerza la lista de morosos y se multiplican los recursos personales y normativos en la prevención y la lucha contra el fraude.

En consecuencia, la política fiscal del Gobierno socialista abunda en la progresividad y la justicia tributaria, haciendo bueno el principio de que han de aportar más quienes más tienen y han de recibir más quienes más necesitan. Debemos ser conscientes de que tal estrategia cuenta con enemigos beligerantes, fundamentalmente aquellos a los que tocará pagar más. Pero esta es la política justa y tanto el Gobierno socialista como su grupo parlamentario la defenderán con todas las consecuencias.

Se hace mucha demagogia respecto a la decisión de reducir la bonificación vigente hasta ahora en el impuesto especial sobre gasóleo. Lo cierto es que esta medida no afectará a los profesionales y los autónomos, que hay razones ambientales y de salud muy bien fundamentadas para aplicarla y que, más allá de exageraciones mal intencionadas, la afección para un conductor medio no superará los tres euros mensuales. Además, la imposición española sobre gasóleos seguirá situándose en la mitad de lo que se grava en Reino Unido e Italia, y muy por debajo de lo que se paga en Francia, Alemania y Portugal.

Por último, también engañan quienes pretenden asustar con el supuesto desequilibrio en las cuentas públicas tras la aplicación de este proyecto presupuestario. Las cuentas cuadraban con la senda de déficit pactada por el Gobierno con la Comisión Europea, que fijaba el 1,8% sobre PIB para 2019; y cuadran también con el 1,3%  al que nos ha forzado el bloqueo parlamentario de la derecha. ¿Cuál será la diferencia? Que las administraciones públicas contarán con 6.000 millones de euros menos para atender las necesidades y retos de la ciudadanía española. En todo caso, cabe recordar que los gobiernos de Rajoy y Montoro jamás cerraron un  ejercicio presupuestario cumpliendo los compromisos oficiales de déficit.

Quienes intentan asustar con el supuesto descuadre de las cuentas son los mismos portavoces políticos, económicos y mediáticos que pronosticaban gravísimas recesiones y terribles pérdidas de empleo con la gestión del Gobierno Sánchez. La realidad está siendo bien diferente, sin embargo. El ejercicio 2018 se ha cerrado con un crecimiento del PIB del 2,5%, a la cabeza de los principales países de Europa, y la última EPA arroja los mejores resultados en más de una década.

¿Un debate sobre impuestos? Cuando y donde quieran.

En su intento de deslegitimar al Gobierno de Pedro Sánchez, la derecha critica ahora la utilización profusa del Decreto Ley como herramienta legislativa. Sin embargo, el uso de este instrumento durante los ocho meses de Gobierno socialista se ha atenido escrupulosamente a los límites y condiciones que establece la Constitución. Los decretos se justifican, además, por sus contenidos en cuanto a mejoras en los derechos y el bienestar de la ciudadanía. Y, por otra parte, el bloqueo que PP y Ciudadanos practican desde la Mesa del Congreso sobre las leyes más progresistas deja pocas opciones alternativas al Gobierno y sus apoyos parlamentarios.

El artículo 86 de la Constitución habilita al Gobierno para “dictar disposiciones legislativas provisionales”. La propia Carta Magna establece límites y condiciones tanto de contenido como de procedimiento. El objeto de un Decreto Ley ha de responder a una “extraordinaria y urgente necesidad”; no puede regular las instituciones básicas del Estado, ni los derechos del Título I, ni el régimen de las comunidades autónomas, ni el derecho electoral; además, ha de someterse en treinta días a la convalidación o derogación por parte del Congreso de los Diputados.

El debate lícito surge en relación al eventual abuso en la utilización de esta fórmula excepcional por parte de los distintos Gobiernos. El procedimiento normalizado para la elaboración y promulgación de una ley incluye garantías de información y participación de las que carece claramente el Decreto Ley. Y es preciso reconocer que, en ocasiones, Gobiernos de todos los colores han hecho uso injustificado de tal instrumento constitucional, como así ha sentenciado no pocas veces el Tribunal Constitucional.

No obstante, si hay un actor político inhabilitado por su historia para hacer tal denuncia, ese es el Partido Popular. Baste recordar, que en la primera legislatura presidida por Mariano Rajoy, el Gobierno del PP utilizó el Decreto Ley hasta en 73 ocasiones, cuando, además, le era innecesario a efectos de aritmética parlamentaria por contar entonces con mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado.

Los 26 Decretos Leyes auspiciados por el Gobierno socialista durante los ocho últimos meses cuentan con toda la legitimidad constitucional, como ya hemos indicado, además de hasta tres tipos distintos de justificación política: la urgencia social, la necesidad perentoria de transponer normas europeas, y la legislación derivada de la prórroga temporal de los Presupuestos Generales del Estado.

Entre los Decretos Leyes aprobados por el Gobierno socialista en clave de urgencia social cabe destacar los siguientes: la universalización de la sanidad pública; la revalorización de las pensiones públicas por encima del IPC; la subida del 22% en el salario mínimo; las mejoras en la cobertura social a los trabajadores autónomos; la aplicación de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género; el desarrollo de las ventajas sociales en el nuevo estatuto del artista; las alternativas de desarrollo en las comarcas mineras; el apoyo a las industrias electro-intensivas con riesgo de deslocalización; la atribución a los bancos en el pago del impuesto sobre las hipotecas; la regulación del Programa de Activación para el Empleo; la aplicación del bono social contra la pobreza energética; la ampliación de recursos para atender a asilados y refugiados…

Los Decretos Leyes más relevantes dictados para transponer directivas europeas de obligado cumplimiento, bajo amenaza de multa para el Estado español, son los que siguen: regulación del mercado ferroviario; regulación de marcas; regulación de viajes combinados; creación de herramientas macroprudenciales para prevenir crisis financieras; regulación de servicios de pago; regulación del mercado de valores; regulación de los sistemas de información y la seguridad en las redes; la protección de las pensiones de los trabajadores desplazados; la prevención del blanqueo de capitales; la adaptación de nuestra legislación a la legislación europea en materia de protección de datos…

Y los Decretos Leyes que vienen obligados por la prórroga presupuestaria son los relativos a las retribuciones de los funcionarios públicos, a las materias tributarias y catastral, etc.

Por tanto, el debate sobre la legitimidad y la licitud de la legislación mediante Decretos Leyes no tiene una respuesta simple, de sí o no. Los Decretos son legítimos y lícitos cuando se ajustan a las condiciones establecidas en la Constitución y responden al interés general. Y ese es el caso de todos y cada uno de los aprobados por el Gobierno socialista y convalidados luego por el Congreso de los Diputados.

El Congreso solo ha derogado uno de los 26 Decretos presentados en estos ocho meses: el relativo a los alquileres de viviendas. También en este caso había razones de extraordinaria y urgente necesidad para dictar esta norma. Y su rechazo, con los votos de PP, Ciudadanos, Podemos y ERC, no perjudica tan solo al Gobierno que lo dictó de buena fe, sino también y sobre todo, a los seis millones de españoles y españolas que viven de alquiler.

Las razones del voto de la derecha están claras: defienden los intereses de los grandes fondos propietarios de viviendas que especulan con su precio. Los argumentos de Podemos y ERC son, sin embargo, incomprensibles. Hablan de que los beneficios para los inquilinos son insuficientes, pero obvian dos hechos evidentes. Primero: un Decreto con medidas limitativas del precio de alquiler no hubiera contado con votos suficientes para aprobarse. Y segundo: la consecuencia práctica de su voto negativo es que sigue en vigor la legislación precaria que aprobó el PP en 2013.

Por tanto, se han perdido las claras ventajas que el Decreto socialista proporcionaba a los inquilinos: ampliar la duración de contratos de 3 a 5 y 7 años; limitar a dos mensualidades la cuantía de las fianzas; facultar a los ayuntamientos para destinar superávit a vivienda social; posibilitar que las comunidades de vecinos limiten la proliferación de pisos turísticos; paralizar los desahucios de personas socialmente vulnerables…

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que el Gobierno socialista ha presentado en el Parlamento es objetivamente el mejor plan presupuestario de la última década, y lo es claramente desde la perspectiva de los derechos de los españoles y las españolas.

El propósito fundamental de este proyecto es el de corregir las injusticias y revertir los recortes que han castigado duramente a las clases medias y trabajadoras durante los siete años de gobierno de la derecha. Se trata de lograr un crecimiento económico justo, que reparta los beneficios de una manera más justa y equitativa.

Se trata de reducir las gravísimas brechas de desigualdad que se han abierto en este tiempo entre capital y trabajo, entre ocupados y parados, entre grandes asalariados y trabajadores pobres, entre hombres y mujeres, entre mayores y jóvenes, entre la ciudad y el campo… Y se trata también de reconstruir buena parte del Estado de Bienestar demolido por las políticas desigualitarias y privatizadoras del PP.

Sin embargo, una parte importante de los actores políticos y mediáticos de la derecha están pervirtiendo tramposamente el debate en torno a los presupuestos para 2019. La trampa deliberada consiste en llevar a cabo una valoración del proyecto circunscrita al capítulo de las inversiones territorializadas, ignorando el grueso del presupuesto, y muy especialmente todos los beneficios sociales que incluye.

Para hacernos una idea de la magnitud de la perversión, baste recordar que el conjunto de la inversión territorializada suma cerca de 17.000 millones de euros, mientras que el total del presupuesto de gasto se aproxima a los 350.000 millones. Tal realidad no obsta para que algunos altavoces de la derecha política y mediática declaren y titulen falsamente sobre los presupuestos en términos de “maltrato”, “agravio”, “desprecio” o “castigo”.

Es decir, a la hora de valorar los presupuestos, estos portavoces de la derecha ignoran dolosamente todos los capítulos relativos al aumento del gasto social y a la ampliación de los derechos de las personas, para criticar el supuesto agravio comparativo entre territorios en las inversiones sobre infraestructuras. Aún más claro: pretenden ocultar los beneficios que estos presupuestos traerán para la ciudadanía, mediante la comparación sobre el número de traviesas o las toneladas de hormigón que se invertirá en cada comunidad, provincia o localidad.

En el paroxismo del absurdo, durante estos días hemos podido escuchar a una portavoz que “los presupuestos son buenos para los gallegos, pero malos para Galicia”. ¿Cómo puede ser esto? Si los presupuestos son buenos, que lo son, para los asalariados, para los pensionistas, para los parados de más de 52 años, para los dependientes, para sus cuidadores, para los becarios, para los investigadores, para los funcionarios públicos, para quienes buscan vivienda, para quienes viven de la cultura, para los jóvenes, para los mayores, para los niños y para las mujeres, definitivamente estos presupuestos son buenos para los españoles y para las españolas. Y son buenos en todos los territorios, independientemente de cuántas rotondas más tendrá nuestro vecino a lo largo de este año.

Los presupuestos para 2019 son buenos para España porque aumentan las pensiones por encima del IPC para todos los pensionistas, y un 3% para quienes perciben las mínimas, y un 7% para las viudas; porque elimina el copago farmacéutico a quienes ingresan menos de 11.200 euros al año; porque aumenta un 60% el gasto en prestaciones para las personas dependientes; porque incrementa un 41% el gasto en vivienda social; porque invierte 80 millones en el bono social térmico; porque 114.000 parados mayores de 52 años recuperan el subsidio vital; porque los funcionarios comienzan a recuperar el poder adquisitivo perdido; porque se incrementa en 20 millones hasta los 220 millones la financiación del pacto contra la violencia de género…

Y además aumenta la inversión en infraestructuras en más de un 40%, distribuyendo territorial y temporalmente los esfuerzos allí donde mejor convienen al interés general. Sabiendo, como hemos de saber, que el interés general pasa porque unos años la inversión en ferrocarril, en carreteras, en puertos o en aeropuertos ha de aumentar más en unos territorios, para hacerlo en mayor medida en otros territorios durante los ejercicios siguientes, porque esa es la lógica de la planificación y la ejecución plurianual de las grandes infraestructuras. Cuando invertimos en una línea ferroviaria, la inversión crece aquí el año que la construcción pasa por nuestro territorio, y decrece el año que se construye en el territorio de al lado.

Los altavoces de la derecha repiten machaconamente un agravio tan falso como malintencionado: el que compara a cada territorio con Cataluña. “Se premia al separatismo” o “Lluvia de millones para los golpistas”, se dice. Solo que es falso, e irresponsable. Es falso porque los “millones” llegan a Cataluña para mejorar la vida de los catalanes y catalanas, que son españoles y españolas con los mismos derechos que los demás. Es mentira porque la inversión territorializada que se plantea para Cataluña responde a una obligación legal, la que aparece en el Estatuto de Autonomía aprobado en las Cortes españolas. Es una falacia, porque la inversión per cápita que llegará a Cataluña (269 euros) apenas supera la media española (261 euros). Y es una irresponsabilidad, porque generando rencor hacia Cataluña nunca superaremos la crisis territorial que arrastramos desde hace demasiado tiempo.

La derecha madrileña se ha empleado duramente en esta estrategia deliberadamente tramposa. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha hablado de “desprecio” a Madrid. El portavoz Osorio ha aludido al viejo mantra del “cero Zapatero”. La consejera Rosalía Gonzalo llega incluso calificar este presupuesto como un “insulto a los madrileños”. Si han pronunciado estas palabras sin leer los presupuestos son poco responsables, y si lo han hecho tras leerlos, son unos manipuladores.

Porque más allá de la realidad de los millones de madrileños pensionistas, asalariados, funcionarios, parados, dependientes, investigadores, becarios, jóvenes y mujeres, que se beneficiarán en la Comunidad de Madrid de estos presupuestos eminentemente sociales, la inversión territorializada para 2019 en esta región se mantiene constante en valores absolutos respecto a 2018, y supera en cerca de 200 millones de euros la media de la inversión que los Gobiernos del PP destinaron en el periodo 2012-2018.

En definitiva, valoremos estos presupuestos justos con justicia. O, al menos, sin trampas ni mentiras.

El año 2019 que comienza promete debates y contiendas políticas de primer orden en España. Comenzamos con los Presupuestos Generales del Estado y la formación de gobierno en Andalucía. Seguiremos con unas elecciones municipales, autonómicas y europeas absolutamente decisivas. Y en el horizonte de este año o del que viene asoman también las elecciones generales.

La gran pregunta es la siguiente: ¿cuáles serán los ejes determinantes en estos debates y en estas campañas electorales? Existen dos grandes tendencias, que responden a valores e intereses distintos y contrapuestos.

Una tendencia procurará centrar debates y campañas en la cuestión territorial, en los conflictos identitarios y en los agravios reales o supuestos entre territorios. La otra tendencia pretenderá tratar sobre las personas, ofreciendo respuestas a sus problemas, necesidades y retos. Los primeros llamarán a la emoción y a las gónadas. Los segundos, a la razón y la convivencia. ¿Cuál se impondrá? El resultado de las elecciones sucesivas y el futuro del bienestar de los españoles dependerán en buena medida de la respuesta a esta pregunta.

La derecha nacional y periférica insiste en la primera opción. A juicio de Casado y Rivera, la gran cuestión a dilucidar en el año que entra consiste en determinar cuan españoles seremos los españoles. A juicio de Puigdemont y Torra se trata de establecer cuan catalanes serán los catalanes. Las derechas azul, naranja y amarilla, en definitiva, competirán por diferenciar a los muy españoles o muy catalanes respecto a los demás, que serán, según su criterio, menos españoles o menos catalanes.

Las derechas promueven continuamente controversias que enfrentan a unos territorios con otros territorios y a unos españoles con otros españoles. Nos dicen y dirán que los poco españoles favorecen a unos territorios, que son menos españoles (o catalanes), en detrimento de otros territorios, que son más españoles (o catalanes). Y que ellos lo harían a la inversa, signifique esto lo que signifique.

Además, insistirán en la suma importancia de conceptos tan anacrónicos y propios del siglo pasado como el patriotismo excluyente, o el soberanismo, o la autodeterminación, o la independencia. Cuando, en realidad, el patriotismo del siglo XXI es el patriotismo ciudadano y democrático, abierto y cada día más global. Y cuando soberanismo, autodeterminación e independencia son objetivos que han sido felizmente superados por la era de la globalización, el multilateralismo y la interdependencia.

En un mundo que globaliza su fenomenología económica, social, cultural y cívica, la meta no es levantar fronteras y segregar espacios políticos, sino derribar muros e integrar espacios públicos para el desarrollo global, próspero, solidario y democrático. Y ese camino para nosotros se llama Europa.

El franquismo revivido y blanqueado en estos días por Casado y Rivera, por su parte, intentará también quebrar algunos de los consensos que han fundamentado la convivencia democrática desde la muerte del dictador hace cuarenta y tres años. Al grito de “nosotros primero” fomentarán el miedo y el rechazo al diferente, al extranjero y a la propia construcción europea. Y con la llamada a los valores de lo que ellos llaman la familia “tradicional”, intentarán revertir las conquistas sociales logradas en estos años de democracia, muy especialmente las que tienen que ver con los derechos de las mujeres.

Pero hay otra manera de afrontar los debates en este tiempo que se abre. Podemos hablar de las personas en lugar de centrarnos tan solo en los territorios. Podemos debatir sobre cómo resolver los conflictos en lugar de agravarlos para mejorar su rendimiento electoral. Y podemos trabajar con la razón y el diálogo en lugar de con la pura emocionalidad y el enfrentamiento permanente.

Tanto en el debate presupuestario como en las citas electorales previstas cabe plantear tres temas relevantes sobre los que habrían de pronunciarse las distintas fuerzas políticas. ¿Qué Estado del Bienestar queremos para nuestras familias y qué esfuerzo fiscal estamos dispuestos a establecer para financiarlo? ¿Cómo hemos de modernizar nuestra economía para asegurar a la vez desarrollo, preservación ambiental y empleos de calidad? ¿Y qué reformas hemos de emprender en el funcionamiento de nuestras instituciones para contar con una democracia más abierta, transparente, limpia y participativa, en España y en el conjunto de Europa?

Este sí sería un debate inteligible y eficaz para el interés de la ciudadanía a la que nos debemos sus representantes políticos.

Los pactos suscritos por el PP de Pablo Casado y el partido Ciudadanos de Albert Rivera con la formación franquista VOX constituyen una de las agresiones más graves infligidas sobre la joven democracia española en sus cuarenta años de vida.

Cuarenta y tres años después de muerto el dictador Franco, Casado y Rivera han decidido normalizar la reentrada del franquismo en las instituciones españolas a cambio de su participación en el reparto de cargos tras las elecciones andaluzas.

Hace cuarenta y tres años, en España se encarcelaba a los ciudadanos por sus ideas políticas, no existían los derechos de reunión y asociación, y las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos o a sus padres para solicitar el pasaporte o abrir una cuenta bancaria. Con su pacto en Andalucía, PP y Ciudadanos blanquean a los herederos de franquismo, enemigos de la democracia española y amenaza para los derechos y las libertades de los españoles. Se trata de una auténtica traición a España y a los españoles de hoy y de mañana.

Con el pacto que busca rehabilitar al franquismo en la política española se rompen los grandes consensos que han cimentado nuestra convivencia democrática, a la vez que se abre una brecha profunda en nuestro régimen de derechos y libertades.

Además, con este acuerdo vergonzante, PP y Ciudadanos arrojan a nuestro país al lado más oscuro de Europa, ese lado en el que se promueven los sentimientos antieuropeos de la xenofobia, el machismo y el ultranacionalismo. Mientras las fuerzas democráticas europeas tratan de contener y aislar a la extrema derecha, Casado y Rivera se desmarcan de sus compañeros Merkel y Macron dando alas a los socios españoles de Le Pen y Salvini.

El franquismo de VOX reivindica hoy la vuelta al “Estado unitario” vigente entre 1939 y 1975, durante la dictadura del general Franco, mientras rechaza la España de las Autonomías que, pese a sus dificultades, ha conllevado desarrollo, autogobierno y libertad de identidades en todos los territorios de nuestro país.

Los franquistas de VOX cuestionan los fundamentos de nuestro Estado de Bienestar, promoviendo la abolición del sistema público de pensiones, los recortes en la cartera de servicios de la sanidad pública y la generalización de los cheques escolares, en detrimento de la enseñanza pública. La bajada de impuestos a los sectores sociales más pudientes que propone el partido de Santiago Abascal resulta incompatible con la financiación suficiente del gasto social.

VOX retoma la ideología franquista anti-igualitaria en relación a los derechos de la mujer, arremetiendo contra las organizaciones feministas y proponiendo la derogación de la ley que establece medidas contra la violencia de género.

El franquismo de VOX cuestiona la vocación europeísta de la democracia española, reivindicando la vuelta a las relaciones internacionales de carácter bilateral y negando la participación de nuestro país en las instituciones europeas.

Los dirigentes de VOX promueven los valores de odio al diferente y al extranjero que sustentaron la dictadura franquista durante cuarenta años, frente a los valores de igualdad, libertad, solidaridad y tolerancia que establece la Constitución de 1978 y que conmemoramos en estos días.

Muchos votantes y militantes de PP Y Ciudadanos se avergüenzan hoy de los pactos que estos partidos han suscrito con los herederos del franquismo. Han de pagarlo en las urnas.