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El próximo martes 12 de diciembre subiré una vez más al estrado de oradores del Congreso de los Diputados con objeto de reclamar medidas para combatir la desigualdad y la pobreza crecientes en nuestra sociedad. En esta ocasión se trata de exigir el aumento de las pensiones que cobran las viudas más pobres.

Lo haré con la satisfacción del cumplimiento de un deber político y moral. Pero lo haré también consciente de que el rechazo previsible a estas demandas seguirá acrecentando el número de quienes se sienten cada vez más alejados de un sistema que consolida y profundiza las injusticias.

La cuestión es como sigue. Una disposición adicional de la ley de pensiones del año 2011 mandataba al Gobierno para incrementar progresivamente la cuantía de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años en riesgo de pobreza. La llegada del PP al Gobierno supuso el aplazamiento de tal medida por razones de equilibrio presupuestario en un contexto de crisis.

Aun siendo discutible la paralización de esta medida en los años duros de recesión económica, lo que resulta absolutamente inaceptable es que las viudas más pobres sigan esperando su aplicación tras varios años de crecimiento económico. Pero así ha sido durante los seis últimos ejercicios. Y el caso es que las viudas más necesitadas cobran hoy casi un 12% menos en sus pensiones de lo que les corresponde según aquella ley de 2011.

Por tanto, la exigencia que planteamos al Gobierno tiene varias razones. La primera es de justicia social, porque los pensionistas en general y las viudas en particular están empobreciéndose gravemente desde que gobierna el PP.

A la inaplicación de la medida mencionada hay que añadir un índice limitado de revalorización anual de pensiones, el 0,25%, que sistemáticamente se queda por debajo de la subida de los precios. Y a esto hay que sumar los copagos farmacéuticos, y la retirada de 400 medicamentos del sistema nacional de salud, y la subida del recibo de la luz un 7%…

La segunda razón tiene que ver con el Estado de Derecho. Si exigimos a la ciudadanía el sometimiento al imperio de la ley, no cabe que el Gobierno se lo salte, por razones espurias además.

Hace escasos días, PP y Ciudadanos respaldaron al Gobierno vetando la tramitación de una propuesta de Ley socialista que obligaba a la Seguridad Social a aplicar inmediatamente la subida de las pensiones de viudedad más bajas. El argumento era el del coste. Al parecer, el coste de 800 millones de euros que podría tener esta medida desequilibraba de una manera insoportable el presupuesto de un Estado que ha rescatado a los bancos con 40.000 millones y que aflorado otros 40.000 millones de dinero negro con una amnistía fiscal vergonzosa.

Y esto me lleva a la razón definitiva para la defensa de la moción del martes 12: la razón de la defensa del sistema democrático. Porque los poderes públicos no pueden adoptar decisiones que sus responsables son incapaces de explicar. ¿Cómo explicar que el Gobierno de una economía que crece a más del 3%, y que rescata autopistas de peaje con miles de millones de recursos públicos, se niega a financiar con 800 millones una subida mínima en las pensiones de las viudas más pobres?

Cuidado con seguir estirando la cuerda de la desigualdad. Un día puede romperse.

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Eran exactamente las 19 horas, 59 minutos y 34 segundos del 20 de noviembre, cuando el Registro General de las Cortes recibió el escrito del Gobierno por el que se vetaba la tramitación de la Proposición de Ley de mejora de la pensión de viudedad. Exactamente 26 segundos antes de expirar el plazo legal.

Esos 26 segundos marcan la diferencia entre dar curso o mandar a la papelera una propuesta de ley presentada por un Grupo de 84 diputados elegidos por la ciudadanía española. Es cierto que el Constituyente otorgó al Gobierno la facultad de evitar la tramitación de iniciativas que desequilibraran la balanza de gastos e ingresos públicos. Y es igual de cierto que este Gobierno hace uso abusivo y fraudulento de tal facultad.

El documento que el Gobierno registró con apenas 26 segundos de margen esgrime un coste presuntamente inasumible y desequilibrante de 858,42 millones de euros para aplicar la medida propuesta. Asegurar, como hace el Gobierno, que un gasto de 858 millones descabalga de manera insuperable un presupuesto de más de 400.000 millones es un insulto a la inteligencia de los españoles. Y frustrar con tal falacia la subida de las pensiones a las viudas con menos recursos constituye una injusticia muy lamentable.

Los demócratas sabemos que la democracia también es aritmética, y sabemos que por muy justa que sea tu idea, si hay más partidarios de rechazarla que de aceptarla, la buena idea no saldrá adelante. Lo que resulta difícilmente asumible desde una cultura democrática es que un Gobierno en minoría logre impedir vez tras vez la tramitación y el debate siquiera de aquellas iniciativas con las que no está de acuerdo.

En el  año escaso que ha transcurrido desde el inicio de esta Legislatura, el Gobierno ha hecho uso del veto a las propuestas de leyes de la oposición en 50 ocasiones, si bien surtió efecto sobre 44 iniciativas. Debe añadirse a esta denuncia, por cierto, la complicidad permanente del grupo parlamentario de Ciudadanos, que martes tras martes, en cada reunión de la Mesa del Congreso, hace paréntesis en su discurso acerca de la regeneración democrática para respaldar los abusos antidemocráticos del Gobierno del PP.

A esta dinámica perversa de los vetos presupuestarios hay que sumar también la táctica dilatoria que PP y Ciudadanos aplican a la limón para ampliar los plazos de presentación de enmiendas en determinadas propuestas de Ley que ya han salvado los demás obstáculos. Algunas de estas dilaciones indebidas superan el año y, además, pueden ir seguidas por las oportunas sesiones de comparecencias y solicitudes de informes varios, que retrasan aún más, e innecesariamente, el trabajo legislativo.

Esto último es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la trascendental iniciativa popular para el establecimiento de una prestación de ingreso mínimo para parados que han agotado las ayudas públicas. Un retraso injustificable.

Finalmente, el fraude se completa con el abuso tradicional que los Gobiernos hacen de su facultad para aprobar Decretos Leyes, y que la doctrina constitucional limita a casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Como es sabido, los Decretos Leyes recortan drásticamente la capacidad de los grupos parlamentarios para influir en la redacción de las normas que entran en vigor.

En poco más de un año, el Gobierno del PP ha llevado al Congreso hasta 25 Decretos Leyes, mientras que tan solo ha tramitado con normalidad y garantías de participación 15 Proyectos de Ley, de los que solo se han terminado de aprobar cinco: los presupuestos generales del Estado y cuatro transposiciones de directivas europeas. Por tanto, cero en iniciativa legal propia bien tramitada.

Estos son tiempos procelosos para la defensa del Estado de Derecho, la legalidad y nuestra Constitución. Y, desde luego, el Gobierno no ofrece precisamente buen ejemplo con tanto veto y tanto decreto injustificado.

Algo se está moviendo en la conciencia colectiva respecto a las expresiones más contumaces del machismo. La gran mayoría de los españoles ha dejado de transigir con lo que hasta hace demasiado poco tiempo aún se daba en llamar violencia “doméstica” o simples “peleas de pareja”. Y poco a poco están dejando de ser tolerables también ciertas conductas en el entorno laboral, universitario o festivalero, que antes entraban en la categoría de normales o inevitables, y que ya comienzan a denunciarse de manera general como lo que realmente son: auténtica violencia machista.

Casi la mitad de las mujeres españolas denuncian haber sido víctimas de un abuso o agresión sexual en alguna ocasión durante los últimos 15 años, según una macro-encuesta del Gobierno datada en 2015. En muchos casos se trata de violencia ocasionada por la pareja o expareja, pero en otras ocasiones la agresión parte de hombres que hacen uso de su prevalencia sobre la mujer, porque son sus jefes, sus profesores, sus entrenadores, sus psiquiatras… Otro escenario demasiado habitual en este tipo de violencias se da en las fiestas populares, que algunos agresores interpretan como una especie de “barra libre” para sus apetencias sexuales.

Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar los actos de violencia machista públicamente y ante la Justicia, afrontando el coste lamentable que tales denuncias suponen en su entorno familiar y social. Cada vez son mayores las muestras de comprensión y respaldo público que estas víctimas reciben. Y cada vez son más los violentos que obtienen el reproche social y el castigo judicial que corresponde a su conducta.

Es cierto también que las reacciones de banalización, cuando no de comprensión o legitimación de la violencia machista están aún presentes en esta sociedad. Pero día a día reciben más contestación. Ha ocurrido últimamente con el intento de culpabilizar a la víctima en el juicio por violación de “la manada” en Pamplona. Ha pasado con algunas campañas institucionales paternalistas que llamaban a “no maltratar a lo más grande de Galicia”. Ocurre a menudo con menciones de políticos, periodistas o publicistas que no respetan debidamente los derechos de las mujeres.

Las cifras son muy llamativas y absolutamente inaceptables en lo referido a la cantidad de mujeres afectadas por esta violencia. 44 mujeres asesinadas por el machismo en lo que va de año, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Más de dos millones de agresiones ocasionadas por parejas o exparejas. Millón y medio de agresiones fuera de las relaciones de pareja. Y tanto o más graves aún resultan los porcentajes de jóvenes que contemplan la violencia machista como “normal” (27%) o que entienden que el problema “se exagera” (21%).

Hay un punto de inflexión en nuestro tiempo, sin duda, respecto a la consideración social de la violencia machista. Una inflexión en el buen sentido, en el sentido de la condena al machismo y del apoyo a sus víctimas. Pero hace falta más esfuerzo, mucho más, para arrinconar definitivamente al machismo y erradicar sus consecuencias más dañinas.

Este esfuerzo tiene tres caminos fundamentales: la educación en valores de igualdad, desde la infancia más tierna; la penalización contundente para las conductas violentas, en lo social y en lo judicial; y la protección efectiva de las víctimas, para que escapen, para que denuncien, para que se sientan protegidas, y para que puedan rehacer sus vidas libres de maltrato alguno.

TERRORISMO FISCAL

De los papeles de Panamá a los papeles de la Castellana, y ahora los papeles del Paraíso. Los escándalos sobre elusión y fraude fiscal a gran escala se suceden alumbrando cifras cada vez más astronómicas y protagonistas de relevancia social creciente. Pero más allá del análisis superficial y el comentario frívolo, estos comportamientos merecen una valoración contundente, porque socavan gravemente el crédito de las instituciones democráticas y alimentan el monstruo devastador del populismo.

El último episodio denunciado por una plataforma internacional de periodistas de investigación saca a la luz más de 13 millones de documentos que afectan a más de 120 mil personas físicas y jurídicas. Los ciudadanos y las empresas en cuestión contrataron los servicios offshore de un par de bufetes especializados en administrar recursos en hasta 19 paraísos fiscales situados en todo el mundo, desde Malta a Panamá pasando por Singapur. La singularidad de estos paraísos está en la garantía de secretismo para los depósitos y en los impuestos muy reducidos.

Pudiera pensarse que tal práctica es propia fundamentalmente de personajes asociados al terrorismo internacional, a la corrupción, al narcotráfico o al lavado de dinero procedente de actividades criminales. Pero no es así. Muchos de los clientes detectados en estos servicios son grandes empresas muy conocidas y personajes de aparente prestigio procedentes de la política, el deporte, la cultura e, incluso, la realeza europea.

El daño que ocasionan estos escándalos en nuestras sociedades es tremendamente grave. No solo por los recursos que se hurtan a las correspondientes agencias tributarias, con los que han de financiarse las políticas y los servicios públicos. La plena conciencia sobre la generalización de estas conductas mina lo que los economistas llaman “moral fiscal”, esto es, la disposición de los ciudadanos para cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales.

Si las grandes empresas con grandes beneficios y los grandes personajes públicos se las arreglan para no pagar lo que deben, ¿cómo concienciar a los ciudadanos de a pie para pagar sus facturas con IVA y no buscar triquiñuelas en el IRPF?

En España, además, a estos escándalos internacionales hay que sumarles el escándalo doméstico de la amnistía fiscal del PP, mediante la que se lavaron más de 40.000 millones de euros en dinero negro, al módico precio del 3%. La moraleja está clara: si cumples con Hacienda, pagas entre el 19% y el 45% de tu renta; si escondes tu dinero y te acoges a la amnistía de Montoro, tan solo pagas el 3%. Resulta demoledor comprobar que muchos de los implicados en los principales casos de corrupción han utilizado esta vía para aflorar sus botines: Rato, Bárcenas, Granados, Marjaliza, López Viejo…

La aparición de Xavier Trias en los papeles del Paraíso es particularmente grotesca. Tras encabezar todas las manifestaciones en defensa de la patria catalana y esgrimir todo tipo de falsos agravios por parte del resto de España, resulta que tanto patriotismo no impedía al portavoz secesionista en Barcelona ocultar su patrimonio en paraísos fiscales, a fin de no pagar los impuestos que requería el sostenimiento de su patria.

Sin embargo, la ciudadanía está harta de estar harta, si vale la expresión. El recorrido de estos escándalos siempre es parecido. Gran impacto, grandes declaraciones de condena, golpes de pecho, promesas de remedio. Y después nada. Porque los intereses en juego son relevantes e influyentes. Por parte de los clientes directamente beneficiados, y por parte de los propios Estados-Paraíso que obtienen un rendimiento tan importante como ilegítimo.

¿Hay solución? Desde luego, pero implica la adopción de decisiones valientes. Se pueden prohibir y erradicar los paraísos fiscales que existen de facto en la propia Unión Europea y que contravienen los mismísimos principios fundacionales de igualdad y solidaridad: Malta, Luxemburgo, Irlanda, Gibraltar… Se pueden generalizar y homogeneizar las obligaciones relativas a la transparencia financiera y tributaria, además de establecer horquillas comunes y debidamente estrechas en los tipos impositivos, para que no se compita con los impuestos de forma desleal. Y se puede castigar duramente a aquellas empresas y particulares que hagan operaciones con los paraísos fiscales aún no erradicados.

Puestos a identificar aquellas conductas que deterioran nuestro sistema democrático y nuestra convivencia de manera más grave, la elusión y el fraude fiscal han de situarse sin duda a la altura del terrorismo.

Algunos de los actores más recientes en la política española se empeñan en distinguir lo que llaman “vieja política” o “régimen del 78” de la “nueva política”, que representarían presuntamente ellos mismos. En esta descalificación peyorativa suelen coincidir, desde perspectivas distintas, tanto los dirigentes de Podemos como los de Ciudadanos y buena parte del universo separatista catalán.

Estos discursos suelen desechar las formas propias de los protagonistas de la Transición como demasiado pactistas y claudicantes, bien con el pasado franquista, bien con los nacionalismos periféricos. La voluntad de encuentro se tacha de complicidad y el propósito del consenso se explica como traición. Se trata de subrayar los méritos supuestos de la “nueva” política desde la autenticidad pura, insobornable, innegociable y no mestiza.

En realidad, lo que algunos llaman contraste entre vieja y nueva política no es sino una reedición en formato actualizado de contrastes muy gastados en la historia española de los dos últimos siglos: el diálogo frente a la discusión; la empatía frente al sectarismo; la concordia frente al cainismo; el consenso frente al disenso; y, en definitiva, la vocación de unir frente a la vocación de dividir. 

¿Por qué aquel valor mayoritario en favor del diálogo y el acuerdo entre diferentes que triunfaba en la Transición cotiza menos en el tiempo actual? Quizás porque se ha atenuado el temor a la repetición de los episodios guerracivilistas. Quizás queda lejos ya el miedo a perder las libertades democráticas que las nuevas generaciones perciben como irreversibles. 

Pero hay motivaciones más prosaicas en el manejo político cotidiano. La crisis económica ha provocado frustraciones y enfados que algunos han decidido rentabilizar antes que atemperar derogando sus causas. Y la ira ciudadana se rentabiliza mejor a corto plazo señalando culpables que proponiendo soluciones.

Además, la representación política se ha fragmentado sobremanera, y los cuarentas por ciento que antes se requerían para influir, ahora se han reducido a unos más asequibles veintitantos por cientos. Para obtener más del 40% de los votos hay que hacer discursos integradores. Para sumar algo más del 20% basta con tener movilizada a la propia parroquia. 

Algunos se preguntan por las razones que llevan, por ejemplo, a Donald Trump a mantener una estrategia de permanente radicalización en la política de su país. De hecho, con solo un 40% de apoyos se ha convertido en el presidente americano más impopular durante el primer año de gestión. Sus cálculos son tan lamentables como efectivos. Simplemente renuncia a sumar más voluntades de las que le bastan para ganar la previsible batalla por la reelección. 

Salvando las distancias geográficas e ideológicas, algo parecido ocurre con los “nuevos” actores políticos en España. A Iglesias, a Rivera y a Puigdemont parecen bastarles los apoyos muy movilizados de sus acólitos para cumplir objetivos de táctica electoral. Si la radicalización les va bien, ¿por qué apostar por el diálogo o el acuerdo? 

El maestro Ignatieff escribió que “los políticos deben descubrir formas de articular lo que nos es común y después impregnar con esa vida en común el tejido de las instituciones”. Porque hacer política honesta es eso, velar por un proyecto común para una ciudadanía compartida. Hacer política de verdad, más nueva o más vieja, consiste en anteponer y cuidar lo que afortunadamente nos une sobre lo que legítimamente nos separa. Y evitar que las ideas diferentes se conviertan en muros insalvables para el afán de una convivencia democrática y saludable. 

El auténtico liderazgo en política no consiste en exacerbar el ánimo de una facción para enfrentarse a otra facción en el seno de una misma sociedad, con los mismos problemas de presente y los mismos desafíos de futuro. Liderar es hacerse con el estado de ánimo del conjunto y, desde las propias ideas, tratar honestamente de conducirlo por el camino del progreso común.

Ese fue el propósito de aquellos grandes hombres y de aquellas grandes mujeres que hicieron posible la maravillosa rareza histórica de la Transición Democrática Española y la Constitución de 1978. Ojalá el carácter de aquella “vieja” política perviviera en mayor medida entre los protagonistas de la política supuestamente “nueva”. 

Este propósito honesto pervive, por cierto, en iniciativas actuales como la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico que el PSOE ha propuesto en el Congreso, con ánimo de fomentar el encuentro y el acuerdo en torno a las reformas pendientes en la organización territorial del Estado.

Y ese mismo propósito anima en estos días a los socialistas catalanes en su discurso, en sus propuestas y en sus alianzas, para hacer del 21-D una oportunidad de encuentro y no un nuevo motivo para el frentismo, el desencuentro y el conflicto. 

¿Sobra la vieja política? No. Los que sobran son los viejos vicios cainitas, demasiado presentes siempre en la historia de la política española.

En las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre se adoptarán decisiones que van más allá de la configuración de un Parlamento autonómico. El resultado que ofrezcan las urnas en esta cita determinará buena parte del futuro social, económico e institucional en Cataluña y en el conjunto de España. En consecuencia, resulta previsible una muy alta participación electoral.

El desenlace del procés fallido tiene dos facetas perfectamente distinguibles. Por un lado corresponde actuar a la Justicia, con total independencia. La fiscalía ha observado la comisión de varios delitos muy graves, y en un Estado de Derecho el esclarecimiento judicial de los delitos y la determinación de las responsabilidades pertinentes no se someten a condiciones de oportunidad política. Nadie está al margen o por encima de la ley.

Por otro lado está la faceta puramente política. Y en este sentido, los electores catalanes habrán de escoger qué escenario prefieren para el día 22 de diciembre y los días posteriores. Si optan por considerar esa jornada como un punto y seguido en la escalada independentista que nos ha arrojado al abismo de la quiebra social, la huida de empresas y la excepcionalidad institucional, votarán por algunas de las candidaturas indistinguibles del secesionismo.

Si, por el contrario, la mayoría de los electores entienden que el 21-D es el momento de la revancha, de hacer pagar todos sus desmanes a los independentistas, de dar la vuelta a la tortilla “para que ahora sufran ellos”, puede que la derecha autonomista, PP y Ciudadanos, obtenga un resultado resaltable.

Ahora bien, si de lo que se trata es de reconstruir la convivencia desde el respeto a la legalidad, la mejor opción que tienen los catalanes es la del Partido de los Socialistas de Cataluña. Si la mayoría entiende que lo importante ahora es reconstruir confianzas y afectos para restaurar la institucionalidad catalana, el PSC representa la mejor oportunidad.

Uno de los mayores y más acertados reproches que se le han hecho a Puigdemont, Junqueras y compañía ha sido el de haber dividido a los catalanes, hasta el punto de fracturar la convivencia en el seno de las familias y los entornos de amistad y compañerismo. Para recuperar la posibilidad del reencuentro entre quienes piensan distinto y del diálogo entre los adversarios legítimos, los socialistas catalanes son los más apropiados, por pura vocación.

Dicho de otra manera, si el final de esta triste historia del proceso secesionista ha de pasar por un acuerdo, en el marco de la Constitución y de la ley, reformando si es preciso la Constitución y la ley, lo mejor que le podría pasar a Cataluña el 21 de diciembre es que eligiera a Miquel Iceta como President de la Generalitat.

Es cierto que otros promoverán las torres más altas y las almenas plagadas de arqueros, para defender este y el otro castillo, para enarbolar la bandera más alta. Pero si el futuro pasa por dialogar y acordar la convivencia en común, Iceta y el PSC son la garantía de que habrá puentes en los que encontrarse para dar una oportunidad al diálogo y al acuerdo. Porque la opción socialista en Cataluña no es una opción a la contra de nadie, sino a favor del interés común.

La ciencia política está hablando en estos días, por ejemplo, de la posición del autogobierno catalán y del resto de gobiernos autonómicos españoles en un interesante Índice de Autonomía Regional, con indicadores muy mejorables tanto en lo relativo a la self-rule (autonomía institucional) como en lo relativo a la share-rule (co-determinación de normativas). Profundicemos en lo que es mejor para todos a este respecto. Hay margen, dentro de la legalidad y la garantía de la igualdad de derechos de todos los españoles.

Y no solo cabe hablar de autogobierno en unas elecciones autonómicas. Unos y otros debieran exponer sus programas para hacer frente a los graves problemas que la ciudadanía catalana comparte con el resto de la ciudadanía española, como la precariedad laboral, el aumento de las desigualdades o el deterioro de los servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas. Una parte de la izquierda catalana ha renunciado a sus valores de justicia social para abrazar el secesionismo. No es el caso del PSC, cuyo programa social es coherente, justo y moderno.

Las coaliciones previas que están planteando algunos tan solo servirían para prolongar el clima de confrontación identitaria. Solo se sentirían cómodos los más radicales. Dejemos que los catalanes elijan y acierten en libertad. Y tras la desolación de estos últimos años, ojalá el escenario del 22-D invite a reconstruir consensos, bienestar y futuro para todos los catalanes.

El pensamiento nacionalista es por definición un pensamiento excluyente. Antes que por afirmar la identidad propia, se caracteriza por negársela a los demás, a los distintos, a “los de fuera”. Cuando este pensamiento es minoritario, la convivencia se tensa. Cuando se extiende por contagio emocional, la convivencia se rompe. De ahí la contundencia de aquella frase de Stefan Zweig sobre “la peste” de Europa, tan oportunamente reproducida en estos días.

La acción política que se deriva del pensamiento nacionalista no subraya los valores de la sociedad o la cultura propia, sino que se afana por distinguir esta de las demás. Yo soy catalán y tú no lo eres. El nacionalismo político amplifica los agravios cuando los hay y los inventa cuando no los hay, porque la victimización es el combustible emocional con el que alimenta el afecto entre los supuestos asediados y el desafecto ante los falsos asediadores.

La utilidad electoral de este clima inflamable es evidente. La dialéctica entre el nosotros y el ellos es tan clara como falsa. Nosotros somos los de aquí y ellos son los de allí. Y todos los que veis aquí que no comulgan con mis ideas en realidad trabajan para los de allí. Son falsos catalanes, malos patriotas, traidores o fascistas. Eso sí, la defensa de la patria exige adhesión incondicional y acrítica hacia quienes la lideramos, porque lo contrario supone ponerse de lado de los falsos catalanes, de los malos patriotas, de los traidores y de los fascistas.

El pensamiento nacionalista es a la vez simple y peligroso. Pero también resulta cansinamente anacrónico y reaccionario. En un mundo que globaliza sus relaciones económicas, su fenomenología social y su acervo cultural, restringir los espacios públicos y limitar las identidades es como poner puertas al campo. Las identidades son cada vez más libres, más compatibles y más compartidas. El futuro es el mestizaje. La pureza nacional, como la racial, son conceptos y expresiones de un pasado que no volverá, que no ha de volver.

Yo soy leganense, y soy madrileño, y son castellano, y soy español, y soy europeo, y soy todo a la vez. Unos días me levanto más madrileño que español, pero me acuesto encendidamente europeo. Otros días me siento ciudadano del mundo o no siento más identidad que la que me une a todos aquellos que sufren injusticias, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y tengan la nacionalidad que tengan.

Mi identidad es algo propio, que forma parte de mi libertad, y sobre la que nadie tiene derecho a imponer o a recortar. Y lo catalán forma parte de mi identidad, porque ese es mi sentimiento y esa es mi voluntad. Las romanzas de Albéniz y las Paraules D’Amor de Serrat son carne de mi carne musical. Las poesies de Maragall, El caso Savolta de Mendoza o El embrujo chino de Marsé fueron parte de mi despertar a las letras. El park Guell de Gaudí es paisaje de mi memoria infantil, como lo es el Pirineo leridano o la Costa Brava. El éxito de Barcelona 92 lo viví como mi éxito, el éxito de mi patria…

Pero, ¿quiénes son Puigdemont, Forcadell o Junqueras para amputar mi identidad? ¿Quiénes son los de las esteladas para negar esa parte de mí? ¿Cómo se atreven a llamarme extranjero en mi propio país? ¿Cómo pretenden hasta negarme el derecho a opinar y a votar si mi país sigue siendo mi país o si lo rompen, lo fraccionan y separan la parte que ellos quieren para sí solos?

Europa nació precisamente para superar la barbarie nacionalista. El nacionalismo es excluir y Europa es compartir. El nacionalismo es frontera, separación y debilidad, mientras Europa es la fuerza de la unidad. El nacionalismo es pasado y Europa es el futuro.