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Como actor institucional y como curioso del comportamiento político, me he mantenido atento en estos días a las explicaciones más o menos espontáneas que han ofrecido a través de los medios de comunicación aquellos votantes y abstencionistas que el domingo pasado propiciaron el éxito electoral del franquismo en Andalucía.

Porque me resisto a utilizar neologismos o extranjerismos para nombrar aquello que en este país conocemos dolorosamente bien desde hace mucho tiempo. Aquí, a los partidarios del recorte de libertades, del anti-europeísmo, del machismo y del racismo siempre se les ha llamado franquistas, y no veo por qué hay que cambiar ahora su denominación.

En esas explicaciones pueden identificarse varias líneas argumentales. Entre los que mejor justifican su conducta están los insatisfechos, decepcionados y “hartos” por la falta de soluciones o por las soluciones insatisfactorias a sus problemas cotidianos. Después están los que se manifiestan “aburridos de la política de siempre y de los políticos de siempre”, que buscan “animar el cotarro”. Están también quienes se sienten atraídos por los que “hablan distinto”, “más claro, sin medias tintas”, que no se atienen a “lo políticamente correcto” y que “emocionan”.

Otra línea de argumentación tiene que ver con las frustraciones que genera el funcionamiento de las instituciones democráticas y el comportamiento de sus protagonistas: las “peleas interminables” que parecen no solucionar nada, junto al aparentemente contradictorio “pactismo y chanchulleo de los políticos” y el “cada uno va a lo suyo, pero no a lo nuestro”. Por último, se dejan notar también las posturas directamente revanchistas del “que se fastidien”  o el “démosles donde más les duele”, dirigidas a las “élites” políticas y económicas.

La multiplicación de los apoyos electorales al franquismo resulta muy preocupante, como amenaza directa al régimen de derechos y libertades democráticas que celebramos precisamente en estas fechas con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. Y, desde luego, las propias instituciones democráticas y los partidos constitucionalistas han de hacer los correspondientes análisis autocríticos.

Ahora bien, no estoy de acuerdo con eximir de responsabilidad a aquellos electores que con su voto o con su abstención han abierto las puertas del Parlamento andaluz a los enemigos de nuestras libertades. No comparto esas actitudes “comprensivas” con quienes han actuado deliberada o inconscientemente mal. No me parece bien la “comprensión” por pura condescendencia paternalista (“En realidad, no saben lo que hacen”), ni por puro interés político (“Metámonos con los dirigentes, pero no con los votantes, para atraerlos a nuestras filas”).

Si muchos de estos ciudadanos nos requieren para que hablemos “claro”, hagámoslo. Aquellos que han votado al franquismo, conscientes de lo que representa y de lo que amenaza, están ocasionando un daño gravísimo a nuestra convivencia y a los derechos conquistados con mucho sacrificio, y merecen nuestro reproche por ello. Aquellos que votaron franquismo sin saber lo que votaban han actuado con una irresponsabilidad mayúscula, que deben corregir. Y los que favorecieron el éxito franquista mediante su abstención, se han equivocado gravemente.

Estos comportamientos colectivos de carácter irracional no son nuevos. No es la primera vez que las decisiones colectivas se decantan por opciones contrarias al propio interés colectivo. Los teóricos de la decisión racional y de la politología han estudiado a fondo estos fenómenos nocivos, desde el fracaso de la República de Weimar que dio lugar al nazismo en Alemania, por ejemplo.

El politólogo Bernard Crick escribió hace tiempo que “uno de los mayores riesgos que corren los hombres libres es aburrirse del sistema que les proporciona su libertad”. Daniel Innerarity ha escrito también con mucho acierto que “la democracia es el constante aprendizaje de la decepción”. Este autor nos recuerda que la democracia decepciona cuando fracasa (porque no satisface expectativas) y cuando acierta (porque facilita las críticas). Las propias pintadas del Mayo del 68 anticipaban algunos de estos sentimientos: “¡Basta de realidades! ¡Queremos promesas!”.

Por tanto, aquellos argumentos simples y equivocados deben ser respondidos, con eficacia y con prontitud, antes de que arraiguen como ya han hecho en otros países. A los insatisfechos por la eficacia limitada y el ritmo lento de las reformas hay que recordarles otra frase de Bernard Crick: “Frente a las opciones implacables e impecables, es preciso reivindicar la política democrática, como la actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes”. Porque la alternativa a la mala política (que no satisface debidamente el interés general) no puede ser la anti-política (del yo primero y a los demás que les zurzan), y porque la alternativa a la democracia insatisfactoria no puede ser la no-democracia sino la democracia mejor.

A los aburridos de la democracia y a los que quieren “animar el cotarro” hay que advertirles de que tengan cuidado con lo que desean, no vaya a hacerse realidad. Porque la historia nos demuestra que cuando se deja morir a la democracia previsible y “aburrida”, lo que suele llegar se asemeja más a nuestras pesadillas que a nuestros sueños. A los enemigos de “lo políticamente correcto” (por aburrido) hay que recordarles que “lo políticamente incorrecto” puede resultar entretenido pero letal.

A los nostálgicos de la política más “sencilla” expliquémosles que los problemas rara vez son sencillos de resolver y que, muy a menudo, las “soluciones” que se presentan como las más simples son en realidad falsas soluciones que agravan los problemas. Digámosles también que la razón suele ser mejor consejera que la emoción a la hora de atender las necesidades y los retos colectivos, aunque resulte más compleja, trabajosa y tediosa de seguir. Añadamos que los taumaturgos y machos alfa que nos hacen vibrar con su verbo suelen ser más ineficaces y peligrosos que los muy racionales, laboriosos y cargantes políticos de siempre.

Nuestro país, su democracia, sus instituciones y sus políticos tienen (tenemos) mucho que cambiar. Pero el sentido del cambio debe ser hacia más democracia, no menos. Hacia más derechos y libertades, no menos. Hacia más tolerancia, no menos. Hacia más regeneración, no menos. Hacia más Europa, no menos. Hacia más feminismo, no menos. Hacia el futuro. No hacia el pasado.

En estos días circula por la redes un mensaje “sencillo” pero esclarecedor en este caso: “Érase una vez una hormiga que, enojada con la cigarra, votó por el insecticida”.

Instituciones, partidos y políticos “de siempre” tenemos mucho que reflexionar(nos), criticar(nos) y corregir(nos). Muchos votantes (400.000 andaluces, como poco), también.

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En estos días todos los españoles conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución de 1978 y la gran mayoría, además, la celebramos. Solo desde la ignorancia o desde un interés muy parcial y espúreo puede negarse el servicio extraordinario que la Constitución vigente ha prestado al conjunto de los españoles, tanto en términos de desarrollo social, económico y cultural como en garantía de derechos y libertades. En una perspectiva histórica, además, puede afirmarse sin temor a exagerar que esta Constitución supone el mayor logro colectivo de los dos últimos siglos en nuestro país.

Junto a la conmemoración y la celebración, durante estas jornadas cabe expresar el propósito firme de defender la Constitución y el pacto de convivencia en paz y en libertad que conlleva. Sin embargo, frente a lo que expresan algunos, el mejor modo de defender la Constitución Española no es petrificarla y blindarla ante cualquier análisis crítico o propuesta de modificación. Por el contrario, la experiencia demuestra que la manera más eficaz de asegurar la vigencia, la continuidad y la estabilidad de un texto constitucional consiste precisamente en promover su adaptación flexible a la realidad social de cada momento histórico.

Por lo tanto, entre las opciones de “mutación” o modificación constitucional, cabe apostar por la segunda, porque la simple interpretación abierta de su contenido no satisface ya las muchas y bien fundamentadas demandas de cambio. Entre la rectificación menor o la reforma mayor de la Constitución, es preciso seguir el camino más ambicioso y eficaz de la reforma. Ahora bien, entre la reforma de la Carta Magna y la apertura de un proceso constituyente, que parta de cero, ignorando lo acordado, lo vivido y lo logrado con el texto vigente, resulta mucho más inteligente optar por la reforma derivada del pacto de 1978 y limitada por el respeto a sus cimientos más firmes.

La diferencia entre la reforma constitucional que defendemos muchos y el proceso constituyente que reclaman algunos consiste en que la primera vía, a diferencia de la segunda, respeta y no pone en riesgo los elementos identitarios de la comunidad política que hemos construido exitosamente en este país durante los cuarenta últimos años: la democracia, el Estado Social y Democrático de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la pluralidad ideológica, la unidad territorial y la descentralización política… En consecuencia, cualquier propuesta válida de reforma constitucional debe condicionarse a la búsqueda de cambios limitados, bien justificados en una amplia demanda social, y con el firme propósito de alcanzar consensos de cuantificación asimilable al alcanzado en 1978.

Los planteamientos radicales que algunas fuerzas políticas están llevando a cabo durante estos días ignoran estas prudentes condiciones y alejan cualquier posibilidad de reforma constitucional. La reclamación de Podemos respecto al cambio en la forma de Estado y la abolición de la monarquía parlamentaria afecta de lleno a uno de los fundamentos básicos del pacto constitucional, además de alejarse de los objetivos realmente estratégicos para la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Algo parecido ocurre con las últimas propuestas de Pablo Casado al frente del PP sobre la recentralización del Estado y la marcha atrás en la España de las Autonomías. Y, desde luego, las exigencias de autodeterminación en las formaciones separatistas o la ignorancia de los más elementales derechos humanos por parte de la extrema derecha, se sitúan en las antípodas de una reforma viable para la Constitución de 1978.

No obstante, ¿hay que tirar la toalla ante el objetivo de mejorar nuestra Constitución? Desde luego que no. Habría, al menos, cinco grandes vectores de reforma constitucional perfectamente alineados con el bien común y susceptibles de lograr grandes consensos.

  1. La máxima protección constitucional para algunos derechos de ciudadanía, como la atención sanitaria o las pensiones.
  2. Medidas para la regeneración y el mejor funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, como la limitación de los aforamientos o el cambio en el método de elección del presidente o presidenta del Gobierno, para evitar bloqueos.
  3. Atención constitucional a objetivos de gran sensibilidad social, como la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra el cambio climático.
  4. La constitucionalización del compromiso de la sociedad española con la integración europea.
  5. La reforma del Título VIII para construir un modelo territorial en nuestro Estado que conjugue unidad territorial y autogobierno efectivo en los territorios, igualdad de derechos y derecho a la diferencia, descentralización y lealtad hacia el bien común, subsidiaridad y eficacia. Para este último objetivo hará falta clarificar competencias, constitucionalizar principios de financiación territorial, diseñar mecanismos útiles de colaboración y cooperación territorial, hacer del Senado una cámara interesante de representación territorial…

Conmemoremos todos juntos la Constitución, celebremos sus logros con la gran mayoría de españoles constitucionalistas, y propongámonos defenderla mediante una reforma ambiciosa y consensuada que nos proporcione, al menos, otros cuarenta años desarrollo y convivencia en libertad.

Durante los últimos días he tenido que responder preguntas y apreciaciones de estudiantes universitarios, vecinos, viandantes y hasta compañeros de partido a propósito de la imagen que se ofrece del trabajo parlamentario.

Los hechos lamentables de estas jornadas han servido también para que algunos analistas y comentaristas, supuestamente mejor informados, promuevan los peores tópicos sobre el comportamiento de nuestros diputados y senadores.

Se generalizan las acusaciones acerca de un estatuto privilegiado que se corresponde mal con el trabajo generalmente escaso, de baja calidad, ineficaz, sectario, mal educado y moralmente reprochable.

Solo que no es así. Solo que se trata de un tópico falso, injusto y, para los que trabajamos duro cada día en el Parlamento, se trata de un tópico doloroso.

Porque la gran mayoría de los diputados y los senadores, junto a los cientos de trabajadores en ambas Cámaras, y junto a los miles de organizaciones y ciudadanos que colaboran voluntariamente, desarrollan una labor inmensa, intensa y encomiable para mejorar la vida de los españoles.

Cada cual, desde sus principios y convicciones, a veces con éxito y a veces sin éxito, pero casi siempre con la mejor voluntad, honestamente, y con una disposición para el diálogo y el acuerdo que resulta ignota y resultaría sorprendente para muchos de sus representados.

Es cierto que unos pocos actúan de forma reprochable. Por falta de ideas, por deshonestidad o por la voluntad manifiesta de emponzoñar la vida política y procurar daño colectivo. En algunos casos, incluso, se une la estulticia con la corrupción moral y el dolo. Pero no se puede juzgar al todo por la parte, especialmente por la parte ínfima y por la peor parte.

A modo de ilustración. Solo en la semana del 19 a 23 de noviembre. Solo en el Congreso. La actividad parlamentaria ha dado para todo lo siguiente.

En el pleno hemos tomado en consideración la Ley que aporta verdad, justicia y reparación a las víctimas de los bebés robados. Y hemos aprobado la Ley que mejora la protección de los ciclistas en carretera.

Y hemos convalidado dos Reales Decretos Leyes que adjudican el pago del impuesto de las hipotecas a los bancos, y que aumenta las multas a las concesionarias de autopistas que no dedican suficientes recursos para evitar los colapsos durante las nevadas.

Y hemos superado las enmiendas a la totalidad para las leyes que regulan las prácticas universitarias, las reglas de gasto en la financiación municipal y la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aportará 6000 millones de euros extras en el gasto social.

Y hemos tratado dos declaraciones institucionales muy trabajadas sobre la lucha contra la violencia de género (por la celebración el próximo 25 de noviembre del día contra este tipo de violencia) y sobre las manifestaciones de cultura popular que propondremos como patrimonio inmaterial de la Humanidad en la UNESCO.

Además, se han celebrado reuniones de varias ponencias para avanzar en las leyes que regulan los créditos inmobiliarios (para que los hipotecados solo tengan que pagar la tasación), que mejoran la transparencia en los secretos empresariales, que previenen la financiación de actividades terroristas, que combaten la discriminación por orientación sexual, que conceden la nacionalidad española a descendientes en el extranjero, que facilitará el voto para los españoles residentes fuera de España, que compensan a las víctimas del amianto… En estos días se trabaja sobre más de 40 iniciativas de ley en ponencia y otras 40 en fase de elaboración de enmiendas.

También se ha trabajado en comisiones legislativas, comisiones de investigación y subcomisiones. La Comisión de Ciencia y Tecnología ha debatido 10 propuestas no de ley sobre competencias digitales y ayudas a investigadores. La Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del PP ha sustanciado las comparecencias de Trillo y Matas. La Comisión de Seguridad Nacional ha recibido a un experto en ciberseguridad.

La Comisión de Defensa ha trabajado con INDRA en materia de seguridad y tecnología. La Comisión de Transición Ecológica ha tratado la comparecencia del Secretario de Estado para el Cambio Climático y ocho preguntas sobre seguridad nuclear y contaminación. La Comisión de Seguridad Vial ha visto una decena de propuestas sobre vehículos no contaminantes, el carnet por puntos y la señalética viaria. La Subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha comenzado a trabajar en su informe sobre cotizaciones y prestaciones.

La Comisión de Educación ha recibido informes orales de las asociaciones Save the Children y Secretariado Gitano. La Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad ha atendido las reivindicaciones de cuatro entidades del sector. La Comisión que investiga el accidente de Angrois ha tratado nuevas comparecencias para esclarecer hechos y responsabilidades. La Comisión de Infancia y Adolescencia ha debatido y votado seis proposiciones no de ley sobre derechos de niños y niñas.

La Comisión de Evaluación del Estado Autonómico ha tratado las comparecencias de dos expertos constitucionalistas. La Comisión de Fomento ha formulado y contestado una veintena de preguntas sobre infraestructuras y sistemas de transporte en todos los territorios de España. La Comisión de la Unión Europea ha recibido la comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea en un debate sobre el Brexit, el Consejo Europeo del día 25 y la situación de Gibraltar.

Además, se han celebrado jornadas sobre industrias culturales, mujeres juristas y servicios sociales. Se han presentado libros a propósito de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. Y cada diputado y diputada ha celebrado decenas de reuniones sectoriales y ha realizado decenas de actuaciones propias de su circunscripción…

Solo en el Congreso. Solo en cinco días.

El trabajo parlamentario debe valorarse por algo más que unos cuantos insultos y un escupitajo.

Por favor.

Las derechas de PP y Ciudadanos llevan meses intentando situar en el primer plano de la actualidad política el supuesto ultraje permanente a los símbolos patrios y la necesidad perentoria de protegerlos de sus muchos enemigos.

La portavoz del PP en el Congreso ha llevado tal estrategia al paroxismo de proponer una nueva Ley, que castigue a quienes cometan “demérito” o “desprestigio” de los símbolos nacionales con cese e inhabilitación de hasta diez años para ejercer cualquier cargo público.

Evidentemente, los símbolos de la nación constituyen un factor importante para ensalzar los principios que fundamentan nuestra convivencia en democracia. Y la ofensa a tales símbolos equivale a una ofensa a la colectividad, por lo que merece reproche social, incluso jurídico.

De hecho, el Código Penal ya castiga con penas muy relevantes a quienes cometan ultraje a la nación, a su unidad y a sus símbolos. Se trata de fuertes multas aplicadas sobre aquellos que injurian o desprecian públicamente, de palabra o con hechos, a tales símbolos y lo que ellos representan. Si el “símbolo” afectado es el Rey, además, las penas son de cárcel.

Y si los símbolos ya están protegidos ante sus eventuales ultrajadores, incluso penalmente protegidos, ¿por qué esa insistencia?

Debe añadirse que estos tipos penales no son pacíficos, ni en el debate social ni en la doctrina jurídica. Si la tipificación actual ya supone un riesgo apreciable para el ejercicio de la libertad de expresión, garantizada en la Constitución, ¿qué se pretende con la propuesta para su agravamiento?

En realidad, no hay nada más inconstitucional que la utilización de la Constitución como arma arrojadiza contra el adversario político. Y no hay nada más anti español que intentar apropiarse de los símbolos colectivos para deteriorar al contrincante político y obtener alguna baza electoral.

El pacto constitucional que ahora conmemoramos sirvió precisamente para acabar con siglos de enfrentamiento cainita, y la Constitución es la herramienta que sostiene la convivencia en libertad. Erigirse falsamente en defensor único de la Constitución y acusar al adversario político, con igual falsedad, de ignorarla o despreciarla, supone en sí mismo la mayor traición posible a nuestra Carta Magna.

Hacer este tipo de acusaciones sobre los dirigentes independentistas puede entenderse en algunos extremos, pero intentar sumar al PSOE en el totum revolutum de los enemigos del constitucionalismo, representa una falacia y una ofensa absolutamente intolerables.

Ni tan siquiera la ansiedad de las derechas por la reciente pérdida del poder, o el contexto de campaña electoral, justifica acusar de beligerancia contra la Constitución al único partido del actual espectro político que tuvo una participación protagonista en su elaboración y aprobación.

Por otra parte, la mejor manera de promocionar el apego de los españoles al proyecto colectivo y a sus símbolos nacionales no consiste en aumentar las penas para sus ofensores, sino en aumentar las motivaciones para tal apego.

Y, desde luego, la insistencia de PP y Ciudadanos para que naufraguen unos presupuestos que conllevan subidas salariales, mejora de las pensiones y el fin de los copagos farmacéuticos, no ayuda a que los españoles se despierten cada día más orgullosos de serlo.

JUECES INDEPENDIENTES

El episodio lamentable de las sentencias contradictorias en el Tribunal Supremo ha reverdecido dos debates interesantes para determinar la calidad de nuestra democracia: la libertad de crítica a los jueces y la garantía de su independencia. 

La estabilidad y la calidad de la democracia no se resiente cuando la ciudadanía ejerce la crítica sobre las actuaciones de sus poderes, se trate del ejecutivo, del legislativo o del judicial. En ocasiones, los jueces, como los ministros y los diputados, actúan de manera anómala, incorrecta o irregular, y la ciudadanía tiene derecho a manifestar su disconformidad y su reproche.

El daño a la democracia y a la Justicia no deviene de la crítica legítima sino de la influencia ilegítima y del desacato explícito o disimulado. A la democracia y a la Justicia se la daña también cuando se la mal utiliza y se la manipula. Se la daña incluso cuando, sin serlo, la Justicia aparece como influenciable, manipulable e injusta. Pero no cuando se critica a los jueces. 

El otro debate, el relativo a la independencia de los jueces, ha dado un giro inesperado e interesante a propósito del posicionamiento del Supremo en favor de los intereses bancarios.

Mientras Ciudadanos (el partido) y otros grupos derechistas intentaban situar el debate sobre la independencia judicial en la crítica a la elección parlamentaria (y democrática) de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, millones de ciudadanos (de a pie) caían en la cuenta de que lo realmente importante es garantizar que los jueces sean independientes respecto a otros poderes no democráticos, como los poderes financieros. 

Realmente es preciso asegurar que tanto los miembros del gobierno de los jueces como los propios detentadores del poder jurisdiccional ejercen sus funciones con independencia. Pero esto no quiere decir que unos y otros deban ser personas sin atisbo de inclinación ideológica o de convicción política. Fundamentalmente porque esas personas no existen. Se trata simplemente de lograr que actúen en el ejercicio de sus responsabilidades con honestidad, con rigor, con imparcialidad, y con independencia respecto a interés parcial o partidario alguno. 

Los vocales del CGPJ ejercen tareas muy relevantes, como la inspección, la formación, los nombramientos o las sanciones a los jueces. Deciden, por ejemplo, si hay que reforzar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia de género y cómo hacerlo. Y aún contando con su comportamiento honesto e independiente, importa su ideología, su trayectoria, su pensamiento.

¿Quién ha de determinar en una democracia de calidad el perfil de esos vocales? ¿La voluntad corporativa de los propios jueces, como plantea Ciudadanos, o la voluntad de la ciudadanía española a través de sus representantes legítimos en el Parlamento? ¿Y quién dice que los vocales elegidos por los representantes democráticos (e ideológicos) de los españoles serán menos independientes que los vocales eventualmente elegidos por las asociaciones profesionales (e igualmente ideológicas) de los propios jueces? 

Las funciones jurisdiccionales de los jueces y su papel en el control de legalidad resultan igualmente determinantes para la vigencia del Estado democrático de derecho. En consecuencia, también resulta prioritario garantizar su ejercicio en condiciones estrictas de independencia e imparcialidad. Independencia e imparcialidad respecto a los otros poderes democráticos, desde luego, pero también respecto a los demás poderes, en la economía o en los medios de comunicación, por ejemplo. Y esta garantía quizás exija adoptar respecto a la judicatura algunas de las medidas de transparencia que ya se aplican en el ámbito de los poderes ejecutivo y legislativo.

En conclusión, los jueces y las juezas deben ser independientes, respecto a los intereses políticos y respecto a otros intereses también. Además, deben parecerlo. Y esta es una tarea en la que quizás haya que ayudarles desde una sociedad cada día más exigente con la calidad de su democracia.

El brasileño Bolsonaro constituye el último ejemplo de campaña exitosa basada en la priorización del trabajo político a través las redes sociales. El estadounidense Trump mantiene tal estrategia desde hace años, al igual Salvini en Italia, Le Pen en Francia, y otros referentes autoritarios en el mundo. El triunfo del brexit puede atribuirse en buena medida también a una campaña muy centrada en internet. 

Las redes proporcionan un instrumento aparentemente positivo para la divulgación y la influencia política y electoral. Se trata de una vía de incidencia masiva, instantánea, sin filtro ajeno y con posibilidad cierta de valorar reacciones o feedbacks. En principio todo apunta a favor. Sin embargo, la experiencia demuestra que existen contraindicaciones importantes para el sistema democrático. 

Para empezar, los universos de seguidores se vinculan generalmente a personajes antes que a organizaciones. En las redes se sigue más al líder que al proyecto político que representa. Y la referencia individual siempre es más pobre que la referencia colectiva. 

Tales universos, además, funcionan en modo burbuja, de tal modo que los seguidores en redes de un líder no son seguidores de los demás, salvo en clave trol o saboteador. Solo escuchan a un personaje, el “suyo”. Esto resulta un problema, porque la calidad de un sistema democrático se mide, entre otros parámetros, por su capacidad para generar encuentro, diálogo, argumentación, contraste enriquecedor y, eventualmente, acuerdo entre diferentes. La red favorece el sectarismo. 

Por otra parte, los liderazgos en política se valoran fundamentalmente por su capacidad para enfrentarse a las agendas incómodas. A un proyecto y a su líder se le debe analizar por sus respuestas a los retos complejos y a las preguntas difíciles. Sin embargo, en el universo de la red social propia, el líder fabrica su propia agenda, con los temas que le son propicios y sin riesgo de ser interrogado por aquello de lo que no sabe o a lo que no quiere contestar. 

En la misma línea, la democracia es debate. Hoy no se concibe una campaña electoral en una democracia madura sin, al menos, un debate entre los principales contendientes. La generalización de las campañas en las redes sociales permite a los candidatos obviar esta condición democrática esencial. Bolsonaro, por ejemplo, se ha permitido el lujo de no hacer un solo debate con sus rivales. 

Finalmente, por no agotar los argumentos, el formato de campaña en red favorece la dinámica de las fake, de las mentiras en campaña. Un candidato en un medio tradicional no puede engañar a su público sin que un periodista se lo afee en una entrevista o un rival se lo reproche en un debate. Por el contrario, el líder puede volcar hechos, datos o argumentos puramente falsos bajo su perfil en la red, sin posibilidad práctica de contraste o desmentido eficaz. Es el método mediante el cual Trump miente habitualmente, por ejemplo. 

En consecuencia, las redes sociales suponen una oportunidad muy interesante para fortalecer y mejorar la eficacia en el trabajo político y electoral, pero siempre y cuando se utilice con honestidad y no sustituya a otros factores claves para la garantía de calidad democrática en un sistema político. Redes sí, pero que no sustituyan al diálogo entre diferentes, a los debates entre adversarios y a la sana intermediación de los medios periodísticos independientes. 

Eso sí, estos medios periodísticos, que están siendo barridos literalmente en su papel de intermediarios en la comunicación política, debieran tomar nota de que solo sobrevivirán en tal función si renuncian a actuar como simples forofos de una u otra opción política. Hay un lugar en el sistema para la prensa tradicional, veraz, crítica e independiente. Para el “forofeo”, las redes se bastan y se sobran.

Durante los últimos meses, una parte de la izquierda española insiste en la crítica a la institución monárquica con una intensidad y una recurrencia difíciles de entender. Sea cual sea el asunto a tratar, desde la eliminación de los aforamientos a la regulación de la libertad de expresión, desde el comercio de armas al caso Villarejo o el conflicto catalán, los portavoces de Podemos, Izquierda Unida y ERC, entre otros, insisten en la estéril descalificación al monarca.

El debate doctrinal en torno a la forma de la Jefatura del Estado resulta indudablemente interesante. Las ventajas y los inconvenientes de contar con un Rey o un Presidente dan lugar, de hecho, a centenares de tesis y libros del mayor interés. La regulación de sus funciones y prerrogativas también estimula con toda lógica el trabajo de juristas y politólogos. Se entiende, incluso, el seguimiento singular de las actividades del Rey por una parte de los medios de comunicación, y la curiosidad general por las idas y venidas de su notoria familia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la forma de la Jefatura de Estado es parte fundamental del Pacto Constitucional, y sabiendo que su eventual revisión jamás contaría con el apoyo imprescindible de la derecha, ¿qué es lo que se pretende en realidad? ¿De verdad resulta relevante a día de hoy el debate sobre la monarquía en la izquierda española? ¿No hay prioridades de mayor interés para centrar la atención y el trabajo de quienes aspiran a ensanchar el campo de los derechos, las libertades y el bienestar social de los españoles? ¿Y dónde conduce este debate?

Los republicanos catalanes son, por definición, contrarios a la institución monárquica. Se entiende, pues, su rechazo doctrinario a todo lo que representa tal institución. Sin embargo, se entienden mucho menos sus ataques furibundos y pertinaces al Rey, al de antes y al de ahora. En primer lugar, porque quienes aspiran a entenderse con la institucionalidad española harían bien en respetar la forma de Estado que los españoles nos hemos dado democráticamente desde 1978, con amplia mayoría de apoyos en Cataluña, por cierto.

Y, en segundo lugar, porque solo los interlocutores institucionalmente fuertes son capaces de llegar a acuerdos relevantes. En consecuencia, no les conviene el debilitamiento del Estado, sino más bien lo contrario, paradójicamente. El reproche por el discurso de Felipe VI en el día 3 de octubre de 2017 no puede justificar tal beligerancia, porque el Rey hizo lo que le correspondía como “símbolo” constitucional de la unidad de España -¿alguien esperaba cosa distinta?-, y porque, en realidad, los ataques de ERC a “los borbones” vienen de mucho antes.

Resulta igual de legítimo el cuestionamiento intelectual de Unidos Podemos a la figura del Rey y a todo lo que ello implica. La tradición mayoritaria de la izquierda es una tradición indudablemente republicana. El PSOE, por cierto, oficialmente fue siempre “accidentalista”, es decir: partidario de la forma de Estado que mejor conviniera a la consecución de sus objetivos prioritarios de justicia social y de emancipación de las clases trabajadoras. Y hoy esos objetivos pasan por aplicar programas de progreso desde las instituciones democráticas que legitima la Constitución de 1978, una Constitución que se acordó estableciendo la monarquía parlamentaria como forma de Estado.

Pero más allá de este cuestionamiento doctrinal, legítimo y respetable, resulta menos lógico el ataque permanente a la Jefatura del Estado y a su titular. Por tres razones, al menos. Uno, porque su neutralidad política está asegurada por el Título Segundo de la Constitución, por el refrendo gubernamental obligado para sus actos, y por la propia vocación contrastada del Rey, del de ahora y del de antes.

Dos, porque ni la monarquía ni el monarca constituyen obstáculo alguno a la hora de aplicar las políticas propias de la izquierda, y que vienen acordando últimamente PSOE y Unidos Podemos. Y tres, porque, en todo caso, el cuestionamiento permanente de la Jefatura del Estado conduce al cuestionamiento en buena medida de todo el sistema político, y a la consiguiente desafección de la ciudadanía hacia las instituciones de las depende la aplicación de aquellas políticas.

En consecuencia, antes que proseguir en la estéril diatriba antimonárquica, resultaría mucho más coherente y, desde luego, bastante más eficaz, que la izquierda destinara sus esfuerzos a promover los valores progresistas y a combatir los populismos y radicalidades que hoy amenazan los pilares de la convivencia democrática en toda Europa.