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simancas040117

El Gobierno se ha apresurado a celebrar por todo lo alto las cifras oficiales de empleo correspondientes al año 2016. Cada español que abandona las listas del paro registrado, aunque sea por poco tiempo y de manera precaria, supone una buena noticia. Sin embargo, es un error grave celebrar unos datos que aún recogen 3,7 millones de parados registrados, más otro millón sin registrar, según la EPA. Y sobre todo, constituye todo un alarde de ceguera política e insensibilidad social lanzar las campanas al vuelo ante un panorama laboral cada día más inestable, precario y pobre.

Más del 95% de los contratos laborales firmados en 2016, de los que presume el Gobierno con alharacas y fuegos artificiales, han sido contratos con duración limitada y salarios muy reducidos. Solo el 4% de estos contratos fueron indefinidos a tiempo completo, y más de un tercio lo han sido por tiempo parcial, por días o por horas. De hecho, más de seis millones de los trabajadores españoles se ven obligados sostener sus familias con salarios inferiores a los 650 euros mensuales. Ese decir, son trabajadores pobres.

Este es el modelo de competitividad al que este Gobierno ha apostado el crecimiento económico en España: una competitividad basada en salarios de miseria y recortes de derechos laborales. Este es el país que nos ofrece la reforma laboral que el PP se empeña en mantener vigente: España, país de empleo basura.

El paro y la precariedad laboral se ceba especialmente en las mujeres. Contamos con 418.000 paradas más que parados, y durante el último año el paro se ha reducido entre los hombres hasta cinco puntos más que entre las mujeres. Durante el mes de diciembre de 2016, ellos firmaron 10.000 contratos indefinidos más que ellas.

Las consecuencias de la precariedad laboral creciente alcanzan dramáticamente a las cuentas de la Seguridad Social, como era de prever. A pesar de la disminución del paro registrado y del aumento de las afiliaciones, la tesorería de la Seguridad Social ha ingresado por cotizaciones sociales hasta 15.000 millones de euros menos respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2016, y el déficit anual quedará cerca de los 20.000 millones. ¿Por qué? Porque el empleo creado es de calidad ínfima y los salarios no cesan de disminuir.

El cuadro de la precariedad laboral se cierra con las cifras relativas a las prestaciones por desempleo. La cobertura bruta quedó en noviembre de 2016 en el 55,66%, casi 15 puntos menos que en 2011, con Gobierno socialista. Es decir, casi la mitad de los parados no cuenta con ayuda del Estado.

La calidad de las prestaciones tampoco para de caer: ya solo el 40% de las ayudas tiene carácter contributivo, por un 60% de ayudas asistenciales, más reducidas estas últimas. Entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2016, las solicitudes de prestación por desempleo crecieron, por haber crecido la necesidad entre los parados, mientras que el gasto se redujo de 1.671 millones de euros a 1.531 millones.

Más allá de las estadísticas oficiales, no hay nada que celebrar en el panorama laboral de nuestro país. Somos cada día más un país de empleos precarios y salarios bajos, que no invita a sus empresas a competir por la vía de la innovación y de la calidad. Este es el camino de las economías débiles e injustas.

La bandera de este modelo injusto de país es la reforma laboral del PP. Por eso nos empeñamos cada día en derogarla, de raíz. Por un país con buenos empleos.

simancas211216

Parece abrirse paso la convicción que invita a llevar a cabo algunos cambios en la Constitución Española, tras 38 años de vigencia y muchas menos modificaciones que otras cartas magnas en las democracias consolidadas de nuestro entorno. Sin embargo, los planteamientos en cuanto al alcance, los contenidos y las condiciones de tales cambios son muy diversos en unas y otras latitudes políticas.

Las distintas posiciones sobre las modificaciones en la Constitución pueden agregarse en dos grandes bloques: los que plantean reformas constitucionales y los que apuestan por un proceso constituyente. Las diferencias son de tal calado que invitan al pesimismo en cuanto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo mínimo de carácter general.

Los reformistas tienen como objetivo mejorar y actualizar el texto aprobado en el año 1978. Los liquidacionistas pretenden demoler la Constitución del 78 para elaborar otra distinta desde cero. El primer planteamiento implica reconocer las aportaciones del texto vigente a la convivencia y al desarrollo de la sociedad española, para construir sobre lo construido. La segunda opción, por el contrario, significa dar por fallido lo que llaman el “régimen del 78” para erigir un nuevo régimen sobre bases distintas.

Las contribuciones de la Constitución de 1978 al progreso de los españoles son de tal magnitud y evidencia, que su negación solo puede explicarse desde la ignorancia supina respecto a nuestra historia o desde prejuicios ideológicos afortunadamente minoritarios en nuestro país. Puede afirmarse con la rotundidad que aporta el análisis más objetivo que los 38 últimos años han sido los más positivos de la historia de España en prácticamente todos los órdenes, desde el progreso económico hasta el disfrute de derechos y libertades, desde el ejercicio de la democracia hasta la mismísima convivencia pacífica entre españoles.

Tal valoración no obsta para reconocer carencias y debilidades que aconsejan vivamente acometer reformas, incluso reformas de calado si se quiere. Pero tal reconocimiento no puede legitimar en modo alguno los planes de quienes buscan derribar este puntal de nuestro desarrollo para sustituirlo por nadie sabe qué.

Uno de los grandes valores del texto del 78 radica precisamente en aquello que los liquidacionistas más denuncian: el consenso entre diferentes. Sin embargo, ya hubo muchas experiencias de constituciones “puras” o “de parte” en nuestra historia, y todas ellas fracasaron por no aglutinar siquiera a las grandes mayorías en torno a unas reglas básicas para organizar el espacio público compartido.

En consecuencia, tiene sentido abordar el debate sobre los cambios pendientes en la Constitución a partir de eso que se está dando en llamar “el perímetro de la reforma”. Se trata de reformar a partir de lo establecido. Se trata de mejorar lo que requiere actualización y mejora. Se trata de dar nuevos pasos en el camino emprendido. Y esta tarea requiere de algunos acuerdos previos.

Los contenidos a explorar en una reforma constitucional han de referirse a tres grandes cuestiones. En primer lugar, la consolidación y el avance de los derechos de ciudadanía, como el derecho a la protección frente a la enfermedad, frente a las situaciones de dependencia y frente a la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar, la cualificación de nuestras instituciones y procedimientos democráticos. Y en tercer lugar, la vertebración territorial del Estado, clarificando competencias, distribuyendo financiación con criterios definitivos y asegurando la colaboración eficaz entre administraciones.

Frente a las estrategias liquidacionistas, el proceso de reforma no ha de poner en cuestión los fundamentos del consenso constitucional que asegura nuestra convivencia, tales como la garantía para la unidad del país, la igualdad de todos los españoles y su régimen democrático representativo.

España ya tuvo un proceso constituyente, que nos llevó de la dictadura a la democracia. Aquellos que ahora reclaman un nuevo proceso de este calado tendrán que aclarar hacia dónde quieren llevarnos,… o devolvernos.

simancas151216

El Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría una iniciativa destinada a derogar la reforma laboral del PP. Hay quienes sostienen que se trata tan solo de “un gesto simbólico”. No es así, ni por la condición de la institución actuante ni por el contenido de la acción.

El Congreso de los Diputados constituye la representación de la soberanía popular, y su posicionamiento contra la reforma laboral abre la puerta a cambios trascendentes para la calidad de los empleos y la dignificación de los salarios en nuestro país.

Tras la votación del Pleno del Congreso se inicia una secuencia de modificaciones legales de gran relevancia. La primera se refiere a la homologación de salarios y condiciones laborales entre los trabajadores subcontratados a través de empresas de servicios, y los trabajadores contratados directamente en las empresas matrices. Con esta medida combatimos la médula espinal de la explotación laboral en España.

La iniciativa aprobada en el Congreso a propuesta del PSOE llama a derogar el conjunto de normas que el PP ha impuesto unilateralmente durante los cinco últimos años, y que han ocasionado el recorte de derechos y el empobrecimiento de la mayoría de los trabajadores españoles.

Se plantea sustituir tales normas por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, acordado tanto en el ámbito social como en el ámbito político, que recupere derechos, calidad, estabilidad y salarios dignos para el empleo en nuestro país.

El objetivo consiste en pasar de un mercado de trabajo precario e injusto a otro más estable y más justo.Pasar de una economía débil y frágil a una economía más sólida y competitiva. Porque las economías más sólidas y competitivas no son las que tiran los salarios y precarizan los empleos, sino las que apuestan por la innovación, la digitalización, la formación, la modernización. Y las que cuidan a sus trabajadores como un activo fundamental para aportar valor a sus productos y servicios.

No es cierto que la reforma laboral del PP haya fracasado, como dicen algunos. La reforma laboral del PP ha fracasado para quienes queremos buenos empleos para los trabajadores españoles. Para quienes nunca aceptaremos un contrato de tres días o tres horas como un empleo justo y aceptable. Para quienes nunca consideraremos los dos euros con cincuenta por habitación hecha como un salario justo y aceptable.

Pero la reforma del PP ha tenido éxito para los que piensan distinto. Para los que defienden un modelo de competitividad basado en los contratos basura, en la devaluación salarial y en el recorte de los derechos de los trabajadores. Para estos, la reforma laboral ha sido un éxito.

Los autores y los beneficiarios de la reforma laboral del PP aprovecharon la crisis para dar la vuelta como un calcetín a nuestro mercado de trabajo. Y así pasamos de un mercado laboral regulado a la desregulación y la ley del más fuerte, que siempre es la ley del empresario.

Del equilibrio en las relaciones de poder dentro de la empresa, a todo el poder para el patrón.De la negociación colectiva y garantista de las condiciones de trabajo a la negociación precaria empresa a empresa, trabajador a trabajador.

Del reparto más o menos equilibrado de las rentas generadas al abuso de los beneficios empresariales sobre las rentas del trabajo.De los buenos empleos a los empleos basura, de los salarios dignos a los salarios indignos, del trabajo como garantía de integración social y vida digna al trabajo que ya no protege de la pobreza y la marginalidad social.

El PP celebra el balance de la reforma laboral. La mayoría de los trabajadores, sin embargo, sufren y lamentan el balance de la reforma laboral.Bastan cuatro datos para explicar el por qué.

Hoy tenemos 380 mil parados más de larga duración que hace cinco años. Tenemos 350 mil empleos menos indefinidos a tiempo completo que en 2011. Hoy podemos contar hasta seis millones de trabajadores con salarios por debajo de los 650 euros.Hoy tenemos un millón de parados menos con cobertura pública que hace cinco años.

Este es el balance de la reforma laboral del PP para la mayoría de los trabajadores españoles: más paro de larga duración, más precariedad  laboral y más pobreza laboral.

De hecho, la mejor manera de evitar los horarios irracionales en el trabajo pasa precisamente por derogar la reforma laboral. Porque la reforma laboral se estableció precisamente para facilitar que los empresarios fijaran unilateralmente las jornadas laborales que quisieran, con el salario que quisieran.

Cuando hablamos de derogar la reforma laboral no pretendemos dejar en blanco de un plumazo todo el derecho del trabajo en España. Se trata de identificar y cambiar aquellos aspectos que han empobrecido a los trabajadores españoles. Los aspectos más dañinos serían los siguientes, entre otros:

El debilitamiento de la negociación colectiva a favor del poder unilateral del patrón para fijar salarios y jornadas.

La prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, siempre más garantistas de los derechos de los trabajadores.

La descausalización de contratos y de despidos, los falsos contratos temporales, los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios, que facilitan la explotación laboral.

La discriminación de los trabajadores subcontratados frente a los contratados directamente.

La eliminación del subsidio para parados mayores de 52 años y el recorte de la cobertura al desempleo.

Esto es lo que hay que derogar. Y hay que cambiarlo por un nuevo Estatuto de los Trabajadores con los siguientes contenidos, al menos también:

El reforzamiento de la negociación colectiva a la hora de establecer salarios y condiciones de trabajo.

Una simplificación de la planta de contratos, a fin de asegurar que los contratos temporales son para empleos temporales y los contratos a tiempo parcial son para empleos a tiempo parcial. Sin fraudes, sin explotación.

La elevación progresiva de los salarios mínimos, hasta el 60% del salario medio que nos mandata la Carta Social Europea.

La consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en derechos.

La conversión, por fin, de las políticas activas de empleo en una herramienta eficaz para ayudar a los jóvenes y a los parados de larga duración a encontrar un trabajo digno.

La recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, y la elevación de la cobertura al desempleo, al menos del 54% actual al 70% en que la dejamos en 2011.

Esto y más. Lo que se acuerde en el marco del diálogo social y político.

Si la X Legislatura fue la Legislatura de la reforma laboral para la precarización de los empleos, la nueva Legislatura ha de ser la Legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores para los buenos empleos y los salarios dignos. Este es el objetivo.

 simancas071216

Sostenía el politólogo John Dunn que la democracia es un viaje inacabado del ser al deber ser. De hecho, el inconformismo de la sociedad actual con la democracia vigente está alcanzando niveles de revuelta.

La tradicional democracia representativa se nos presenta por algunos como una vieja dama anticuada, merecedora de reconocimiento por los servicios prestados antaño, pero incapaz de dar respuestas satisfactorias a las exigencias de las nuevas generaciones, más informadas y capaces.

El viaje inevitable hacia el perfeccionamiento de la democracia, sin embargo, nos está llevando por caminos diversos, a veces hacia delante y a veces también hacia atrás. Por ejemplo, hay quienes interpretan la mejora de la calidad de la democracia exclusivamente en términos de sufragio directo y de mayoritarismo. Cuanto más se vote, mejor. Y cuanto más se hagan valer las mayorías, mejor también.

Cuando hay un problema que resolver, votemos. Cuando hay una decisión que adoptar, votemos. Cuando hay un liderazgo por dirimir, votemos. Votar cuanto más mejor, y votar cuanto antes mejor. Da igual lo complejo que sea el problema. Da lo mismo cuántas sean las alternativas a considerar en la decisión. Nada hay más estimulante que contemplar el espectáculo de los líderes peleando en la arena por el voto inmediato.

No perdamos el tiempo en diagnósticos que dan dolor de cabeza. Para qué entretenerse en estudiar lo que se hizo antes, lo que se hace en otros sitios, lo que se puede hacer para mejorar. Por qué intentar la suma, el acuerdo, el consenso, cuando resulta más fácil, más atractivo y más “democrático” votar ya. Ante la duda, votemos. Y si nos surgen más dudas, pues votemos más. Que brinden los ganadores y que sufran los perdedores. Hasta la próxima votación.

Han votado los italianos contra su reforma constitucional en referéndum. Y antes votaron los colombianos contra el acuerdo de paz con la guerrilla. Y votaron los británicos contra su pertenencia a la Unión. Y antes aún votaron los franceses contra la Constitución Europea.

Todos estos votos parecen emitidos contra la razón. ¿Por qué? Porque no es razonable reducir toda la complejidad de la política a una dicotomía tramposa. Porque casi todos los referéndums esconden un plebiscito falaz. Y porque casi todos los referéndums invitan a conformar coaliciones negativas igualmente falaces.

Resulta absurdo reducir la complejidad de una toda una reforma institucional en un gran Estado como Italia a la dualidad entre el sí o el no propuesto por Renzi. Como resultaba inconcebible decidir en torno a las complejas relaciones de la Gran Bretaña con el resto de Europa en un simple yes/no. Igual que resulta irracionalmente simplificador establecer las condiciones de la normalización institucional de la guerrilla colombiana mediante la sencilla elección entre solo dos papeletas.

El atractivo irresistible de poner una papeleta en la mano de la ciudadanía lleva a muchos líderes a jugar con fuego. Y después nos extraña que se acaben quemando. Es más fácil y tentador tumbar al adversario en un referéndum que dialogar y acordar con él en una mesa de negociación. O mando yo o manda él. O yo o el caos. Pero el juego plebiscitario sale a la luz, y el votante lo castiga. Porque siempre resulta más fácil sumar coaliciones a la contra que a favor. Siempre fue más sencillo destruir que construir.

Y es que quizás el viaje hacia la mejor democracia no sea tan sencillo como poner más urnas y ejercitar el mayoritarismo hasta la extenuación. Puede que una democracia mejor requiera de un poquito más de esfuerzo por parte de quienes la integran. Es posible que resolver democráticamente un desafío complejo exija un trabajo riguroso de análisis, una labor insistente de diálogo, una tarea esforzada de encuentro y de acuerdo… Puede incluso que hayamos de confiar en nuestros representantes democráticos durante un tiempo para desbrozar ese camino, antes de votar todos.

Algunos de estos “votacionistas” y “mayoritaristas” hubieran preferido votar inmediatamente tras la muerte del dictador en 1975. Votar entre monarquía y república. Votar entre capitalismo y marxismo. Votar entre clericalismo y laicismo. Votar entre Estado nacional o confederal. Votar entre ejército sometido o disuelto… Sin embargo, aquella generación decidió contener las ansias “votacionistas” y “mayoritaristas”, para ponerse primero a trabajar, a dialogar, a acordar un marco de convivencia para todos. Y votar después.

¿Fueron poco demócratas aquellos españoles de la Transición? ¿O en realidad fueron más y mejores demócratas que quienes hoy plantean liquidar la Constitución de 1978 para votar y “mayoritear” a gusto?

Cuando se busca el bien común, la democracia es mucho más que votar y ejercer el poder de las mayorías inmediatas. Claro que siempre hay otros objetivos…

simancas241116

El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración una proposición de ley con el objeto de subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, tal y como obliga la Carta Social Europea que nuestro país suscribe. Salió adelante con los 173 votos de PSOE (que tiene registrada la propuesta), Podemos (que la incluyó en orden del día) y otros grupos, a pesar del voto contrario del PP (137) y la abstención de Ciudadanos (30).

Se trata de una medida muy relevante, con una gran repercusión social, que adelanta en buena medida las posibilidades que ofrecen las mayorías alternativas al acuerdo PP-Ciudadanos en las Cortes Generales.

Para justificar su oposición a la subida salarial, el PP amenazó con la llegada de los cuatro jinetes del Apocalipsis, desde la inflación desatada y los despidos masivos, al cierre de empresas y la pérdida dramática de ingresos públicos. La realidad, sin embargo, es que el apocalipsis lo están sufriendo ya, merced a las políticas del PP, el 13,2% de trabajadores pobres con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

La subida del salario mínimo resulta indispensable para recuperar la grave devaluación salarial que se ha producido durante los cinco últimos años, a causa de la reforma laboral del PP y su estrategia para ganar competitividad de la peor manera posible, mediante la rebaja de los sueldos y los derechos de los trabajadores. Porque un país que apuesta su desarrollo a los salarios bajos es un país socialmente injusto, económicamente débil y democráticamente enfermo.

La fijación del salario mínimo es un instrumento clave para las políticas de cohesión social, para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores y para prevenir y combatir, por tanto, la pobreza y la exclusión social. De hecho, la Agencia Tributaria nos dice que en 2015 el 34% de los trabajadores, más de 5,5 millones, cobró salarios por debajo de los 655 euros mensuales del mínimo vigente, a causa de los contratos precarios.

La evolución del salario mínimo durante los cinco últimos años constituye la secuencia más empobrecedora desde su instauración durante la dictadura franquista. En 2012 y 2014 se congeló, y las subidas mínimas de 2013, 2015 y 2016 no recuperaron lo perdido. Por el contrario, durante los gobiernos socialistas entre 2004 y 2011, el salario mínimo pasó de 460 a 641 euros al mes, un 40% de incremento, a pesar de los años de crisis a partir de 2008.

Los salarios bajos, la precariedad laboral y el aumento de la pobreza son fenómenos que sedan la mano en nuestro país: un 28,6% de españoles viven bajo el umbral de la pobreza, según Intermón-Oxfam. El Índice de Precios del Trabajo refleja una caída de la capacidad de compra de los salarios del 9% entre 2008 y 2014. Los salarios por debajo de 655 euros se redujeron en un 15% entre 2011 y 2014, por una subida del 10,4% en los salarios por encima de 3.353 euros.

La participación de las rentas del trabajo en la renta nacional retrocedió desde el 51,6% en 2008 hasta el 47,7% en 2015. Los salarios vinculados a contratos temporales se situaron en 2014 un 31% por debajo del salario medio… Y a todo esto, España mantiene un salario mínimo a la mitad de los salarios mínimos de nuestros vecinos europeos: 764 euros en 12 pagas en España, por 1.343 en Reino Unido, 1.440 en Alemania, 1.446 en Francia y 1.531 en Bélgica.

Si existen razones de justicia social para subir el salario mínimo, también son relevantes los argumentos de racionalidad económica. La derecha aplica la doctrina liberal que confía la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de la economía a la flexibilidad en el mercado de trabajo y a los bajos salarios. Pero es que, además de provocar desigualdad, empobrecimiento e injusticias, la fórmula no funciona.

Los modelos económicos que basan su crecimiento en salarios bajos acaban desincentivando la adopción de decisiones que sí generan competitividad y sí fortalecen la economía, como la innovación, la investigación, la formación y la internacionalización. Estos modelos siempre acaban encontrando, además, competidores dispuestos a rebajar aún más los salarios de sus trabajadores.

¿Alguien puede sostener que la economía española es, con 655 euros de salario mínimo, una economía más competitiva que la alemana, con 1.440? Hasta el FMI alerta ya de los riesgos inherentes a estos modelos errados de competitividad: caída en los estímulos a la formación, caída del consumo y la demanda interna, descrédito institucional…

Las economías más fuertes y competitivas son precisamente las economías más justas y equitativas, las que apuestan por la formación, la calidad de los empleos y los salarios dignos.

Un argumento más: el puramente democrático. La desigualdad es el principal enemigo de la democracia. No hay mayor disolvente en la credibilidad y la estabilidad de la democracia que las desigualdades crecientes y la desesperanza de la mayoría por su propio futuro y el de sus hijos. Desigualdad, populismo y riesgo para la democracia son caras de la misma moneda.

Cuando el ciudadano desesperado acude al médico y el médico no le escucha o no le resuelve sus problemas, el ciudadano acude al curandero, o al brujo, o al chamán o al taumaturgo. No le resolverá los problemas. Se los agravará, incluso, pero le proporcionará una manera de encauzar su frustración y su enfado.

No se combate el populismo negando los problemas, o esgrimiendo inmovilismo o resignación frente al liquidacionismo, o rechazando propuestas sensatas como la de subir el salario mínimo. El populismo se combate cambiando la realidad en el sentido de la equidad y la justicia.

En eso estamos.

simancas171116

El debate sobre la viabilidad del sistema de las pensiones públicas es un debate tan importante como recurrente en la sociedad española. Y generalmente se dan dos constantes.

Primera constante. Los riesgos para el equilibrio del sistema suelen llegar de la mano de la gestión de la derecha. Ahora por la vía del vaciamiento del Fondo de Reserva, para compensar los regalos fiscales a los más pudientes, y por el camino de la precarización dramática en contratos y salarios.

Y segunda constante. La derecha suele lanzar globos sonda para reequilibrar el sistema aminorando los gastos. Es decir, recortando las prestaciones. Ahora les ha tocado a las viudas, porque el sondeo apunta a excluir sus pensiones del ámbito contributivo de la Seguridad Social, con los riesgos consiguientes de precarización.

La derecha política y económica lleva algún tiempo planteando la posibilidad de excluir la cobertura financiera de las pensiones de “muerte y supervivencia” (viudedad y orfandad fundamentalmente) del ámbito de las cotizaciones sociales, para que sean financiadas con cargo a las transferencias del presupuesto del Estado a la Seguridad Social.

Hablamos de 2.742.219 pensionistas, de los que 2.359.827 lo son por viudedad. Se trata de mujeres en más del 92% de los casos, que cobran como media poco más de 530 euros al mes. El gasto mensual en este capítulo alcanza los 1.658 millones de euros, y en este año 2016 el gasto total no llegará a los 23.200 millones de euros. De este gasto, más de 20.000 millones saldrán de las cuentas de la Seguridad Social, y los 3.000 millones restantes saldrán de las cuentas del Estado, por tratarse de complementos de mínimos.

El cambio que se apunta no es baladí, ni para los perceptores de las prestaciones, ni para el sistema de la Seguridad Social. Si las pensiones de viudedad no se financian desde la Seguridad Social, su consideración jurídica pasaría de prestaciones contributivas a prestaciones no contributivas. La cuantía de las prestaciones contributivas mantiene una relación directa y lógica con lo cotizado por el trabajador fallecido. La cuantía de las prestaciones no contributivas no ha de mantener tal relación, también por pura lógica. ¿Por qué pagar pensiones diferenciadas, en función del salario del causante fallecido, si las pensiones se pagan con los impuestos de todos?

Además, las prestaciones no contributivas, aunque sigan formando parte del sistema de la Seguridad Social, son gestionadas por las Comunidades Autónomas, que son competentes en materia de servicios sociales. Parece razonable anticipar, por tanto, que los gobiernos autonómicos reivindicarían gestionar estas pensiones. Y teniendo en cuenta el principio de auto-organización de los servicios públicos reconocido a las Comunidades Autónomas en sus Estatutos, ¿quién puede garantizar que todos los españoles con derechos recibirían sus prestaciones con las mismas cuantías y en las mismas condiciones? ¿Qué sería de la igualdad requerida al sistema? ¿Acabaríamos teniendo 17 sistemas distintos y desiguales en las pensiones de viudedad, como ya ocurre en otros servicios sociales o en la asistencia sanitaria?

También habría repercusiones para la propia Seguridad Social, porque desgajar de su sistema contributivo unas prestaciones tan relevantes como estas, centraría el sistema público de pensiones casi exclusivamente en las pensiones de jubilación. Lo cual, a su vez, favorecería cualquier estrategia a favor de la transformación de la naturaleza del sistema. Del reparto a la capitalización, por ejemplo.

Además, ¿por qué las viudas? ¿Por qué poner en riesgo precisamente las prestaciones que reciben muchas mujeres con recursos escasos y que han de sostener familias necesitadas a su vez? ¿Por qué no apuntar al capítulo de los ingresos en el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema?

Hay muchas ideas alternativas al riesgo de las pensiones de viudedad para mejorar los presupuestos de la Seguridad Social. Algunas son de fondo, como mejorar la calidad de los contratos laborales, o elevar el salario mínimo (y, por tanto, las cotizaciones), o aumentar la cobertura pública de los parados (con las correspondientes cotizaciones). Otras son más prácticas, como aplicar un impuesto finalista para contribuir a la financiación del conjunto del sistema, o como “destopar” las cotizaciones a pagar por los salarios más altos, o como cubrir con presupuestos generales los gastos administrativos del sistema.

¿O es que el globo sonda no tiene nada que ver con el propósito de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social? ¿O es que estamos ante una nueva andanada para la credibilidad del sistema público de pensiones con objeto de favorecer la contratación de planes privados?

Dejemos a las viudas en paz, por favor.

La legislatura 2011-2015 ha sido la legislatura del fomento del empleo basura y la puesta en riesgo de nuestro sistema de pensiones. La legislatura que ahora se inicia ha de servir para recuperar la dignidad de los empleos y asegurar el futuro de las pensiones públicas.

Para ello, la reforma laboral del PP debe sustituirse por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos laborales. Y, a su vez, el vaciamiento de la hucha de la pensiones por parte del Gobierno de Rajoy debe superarse reequilibrando gastos e ingresos de la Seguridad Social en un renovado Pacto de Toledo.

El problema más importante que debe enfrentar la sociedad española es el del paro estructural, la precariedad de los contratos de trabajo y la pobreza laboral, una situación que la gestión de la derecha ha agravado sobremanera en estos últimos años.

Los altísimos niveles de paro en España castigan especialmente a los más jóvenes y a los parados de larga duración. La Encuesta de Población Activa refleja que los contratos de semanas, días u horas sustituyen a gran velocidad a los contratos indefinidos. Y la Encuesta de Estructura Salarial demuestra que temporalidad, bajos salarios y empobrecimiento son fenómenos que van de la mano. Mientras tanto, la legislación del PP ha otorgado al empresario todo el poder para imponer unilateralmente la cuantía de los sueldos y las condiciones laborales.

El Gobierno solo propone continuidad en la política de empleo. Las escasas novedades de los acuerdos del PP con Ciudadanos apuntan en dirección equivocada. El contrato único es en realidad el contrato único precario con despido barato. El llamado complemento salarial pretende compensar con dinero público los recortes salariales en las empresas. Algunas de las propuestas en materia de autónomos promueven la sustitución de contratos estables por cuenta ajena por contratos mercantiles precarios de falsos autónomos dependientes.

La respuesta adecuada está en la aplicación acordada de una nueva Estrategia por el Empleo Digno y en la promulgación acordada también de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el equilibrio de poder en el seno de la empresa y avance en derechos laborales.

Es necesario un plan de choque para crear empleo urgente, con iniciativa pública y con formación acelerada de ni-nis.

Buena parte de la nueva Estrategia en materia de empleo requiere medidas de largo alcance. La economía española ha de apostar por una competitividad fundamentada en la innovación y la formación antes que en la devaluación social y laboral. Las nuevas aplicaciones tecnológicas y la robotización de las empresas no deben traducirse necesariamente en más paro, sino en un reparto alternativo del trabajo existente y en la explotación de nuevas vetas de trabajo en los servicios a las personas y al medio ambiente, financiado todo ello con las evidentes ganancias de productividad.

En el corto plazo, es preciso emprender un decálogo de medidas urgentes. Uno, un plan de choque para crear empleo urgente, con iniciativa pública y con formación acelerada de ni-nisDos, el reforzamiento de la negociación colectiva en el establecimiento de salarios, estructuras y condiciones de trabajo. Tres, la simplificación de la planta de contratos mediante tres modalidades: indefinido, temporal limitado a un año (con excepciones acordadas) y formativo; adaptando nuestra normativa de indemnizaciones a la reciente sentencia europea. Cuatro, un Plan contra la Explotación Laboral, que adapte la Inspección de Trabajo, la normativa de sanciones y la legislación sobre contratos a tiempo parcial.

Cinco, la subida del salario mínimo con el horizonte comprometido en la Carta Social Europea de llegar al 60% del salario medio. Seis, un plan de igualdad laboral entre hombres y mujeres que cierre la brecha salarial y modifique el régimen de permisos de maternidad y paternidad. Siete, un impulso decidido a las políticas activas de empleo, duplicando sus recursos y fortaleciendo con personal los servicios públicos de empleo.

Ocho, una reforma pactada y útil de la fracasada Garantía Juvenil y los fallidos programas de activación. Nueve, una cobertura a parados que recupere los porcentajes pre-PP del 70%, con subsidios o rentas mínimas universales para parados mayores de 45 años o con responsabilidades familiares. Y diez, una nueva Ley de Autónomos que racionalice sus sistemas de cotización, sin riesgos añadidos para las cuentas de la Seguridad Social, y que homologue sus derechos sociales.

El segundo gran desafío de esta legislatura tiene que ver con la garantía de nuestro sistema Seguridad Social y de pensiones públicas como puntales básicos del Estado de bienestar. La precarización ya denunciada en los empleos ha provocado a su vez un déficit creciente y peligroso en las cuentas de la Seguridad Social.

El Fondo de Reserva de las Pensiones, ideado y dotado para compensar los desequilibrios demográficos a largo plazo ha sido esquilmado por el Gobierno para compensar sus regalos fiscales a las rentas y patrimonios más altos.

El Fondo de Reserva de las Pensiones, ideado y dotado para compensar los desequilibrios demográficos a largo plazo ha sido esquilmado por el Gobierno para compensar sus regalos fiscales a las rentas y patrimonios más altos. Y, mientras tanto, el PP ha limitado legalmente en este tiempo la subida de las pensiones en un raquítico 0,25%, que supondrá una grave pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas el próximo año 2017.

Una vez más, el planteamiento del Gobierno de Rajoy ante estos retos es el de perseverar en su estrategia errónea e injusta. El PP no admite revisar la reforma laboral que precariza los empleos y reduce los ingresos de la Seguridad Social. La derecha persiste en su intención de financiar el pago regular de las pensiones con la hucha de la pensiones, ignorando las previsiones de aumento del PIB y malgastando la garantía última para los malos tiempos que puedan llegar.

Y las ideas novedosas que transmite la ministra del ramo resultan inquietantes: sacar las pensiones de viudedad del sistema contributivo puede ser el primer paso para su aminoración o supresión, autonomía a autonomía; compatibilizar trabajo y 100% de la pensión no ayuda, desde luego, a mejorar las cuentas de la Seguridad Social, y podría entorpecer la incorporación de nuevas generaciones al empleo; y perseverar en la línea de estimular la creación de empleo por cuenta ajena o propia mediante la reducción o bonificación de las cotizaciones sociales, que ya se ha demostrado ineficaz, a la par que contraproducente para el equilibrio financiero del sistema.

La respuesta está en la renovación del Pacto de Toledo, con el objetivo de reequilibrar gastos e ingresos en la Seguridad Social, al tiempo que se garantizan y se mejoran las prestaciones en la medida de lo posible. A iniciativa de las centrales sindicales, la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso ya hemos registrado una propuesta de ley para eliminar el límite del 0,25% y para que las pensiones, especialmente las mínimas, suban el año próximo lo mismo que suba la inflación, al menos.

También con el acuerdo de la representación de los trabajadores, los socialistas hemos propuesto acabar con la capacidad del Gobierno para cubrir sus dádivas fiscales detrayendo recursos del Fondo de Reserva de las pensiones. Esperemos que el Gobierno no pretenda vetar la tramitación parlamentaria de estas iniciativas.

Y el reto de más alcance que conseguir por acuerdo ha de ser el del equilibrio financiero del sistema. La derecha suele buscar la reducción de los gastos. Desde la izquierda preferimos sondear la ampliación de los ingresos. Estamos dispuestos a contemplar propuestas de fondo, como la mejora de la calidad de los contratos de trabajo, la subida del salario mínimo, la lucha contra la explotación laboral y la ampliación de la cobertura a los parados.

Resulta cada día más inexorable contemplar la posibilidad de un impuesto específico o una cesta de impuestos que complementen la recaudación por cotizaciones.

También han de considerarse otras medidas, como la revisión de reducciones y bonificaciones ineficientes en las cotizaciones sociales, la asunción por el Estado de los gastos administrativos y de gestión del sistema, o el destope de cotizaciones para las rentas de los trabajos mejor remunerados. Y resulta cada día más inexorable contemplar la posibilidad de un impuesto específico o una cesta de impuestos que complementen la recaudación por cotizaciones.

En definitiva, frente a la complacencia y el conformismo del Gobierno respecto a la vigente situación de nuestro empleo y nuestras pensiones, nosotros planteamos la disconformidad y la alarma. Frente al continuismo de la propuesta gubernamental, nosotros proponemos un cambio a fondo en los objetivos, en las estrategias y en las medidas a aplicar.

Y frente al método juan palomo, aquel del “yo me lo guiso y yo me lo como”, al que es tan aficionado el Gobierno Rajoy-Báñez, la representación de la ciudadanía en el nuevo Parlamento impone diálogo, pacto y consenso. En lo político y en lo social. Con los partidos y con los interlocutores sociales, sindicatos y patronales.

Ese es el reto.

Artículo publicado el 17-11-2016 en El Haffington Post http://www.huffingtonpost.es/rafael-simancas/empleos-dignos-y-pensione_b_13009464.html?utm_hp_ref=spain