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Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

 

El mundo vive un cambio de época que va mucho más allá de una simple época de cambios. La mayor parte de las actividades humanas, tanto en el espacio público como en el privado, mutan y se mundializan, abriendo todo tipo de oportunidades y de incertidumbres a la vez. Y el cambio afecta desde las relaciones económicas a la participación en los asuntos colectivos, pasando por la naturaleza de las instituciones familiares y religiosas o el disfrute de la cultura y el ocio. Lo solemos llamar proceso de globalización y revolución tecnológica.

Al mismo tiempo que se amplían los horizontes de progreso para la Humanidad en prácticamente todos los ámbitos, también se disparan las inseguridades y los miedos. Estos últimos devienen de la ausencia de reglas con que ajustar tales cambios a los límites del bien común. Sin normas y sin límites, las fuerzas que operan en la globalización y la revolución tecnológica tan solo se atienen a la ley del más fuerte. Y La ley del más fuerte siempre ocasiona desigualdades e injusticias por doquier.

La derecha ignora los miedos en su carrera por maximizar el beneficio económico en pocas manos, por lo que acrecienta sus causas y estimula sus consecuencias. Los populismos utilizan las injusticias para azuzar los miedos, prometer lo imposible y encaramarse rápidamente en un poder generalmente arbitrario y déspota.  La izquierda socialdemócrata debiera asumir la responsabilidad de responder a las nuevas incertidumbres con nuevas reglas transnacionales, con las que someter aquellos cambios a los valores, los intereses y la voluntad de las grandes mayorías. Pero la izquierda deambula entre la división y la desorientación.

Los populismos responden a aquellos miedos primarios con falsas soluciones igualmente primarias. Ante el miedo a la fuga de empresas propias, un muro. Ante el miedo a la llegada de productos foráneos más competitivos, un muro. Ante la amenaza de los migrantes económicos o refugiados, un muro. Ante el desafío del terrorismo internacional, un muro. Ante el desdibujamiento de las identidades propias, un muro. Ante el mestizaje cultural, un muro… El populismo promete resolver todo levantando nuevos muros, cuando el auténtico progreso para la Humanidad siempre llegó sobre los puentes.

Ese es el gran debate. O los muros populistas o los puentes progresistas. O los muros que aíslan y empobrecen, o los puentes que favorecen el encuentro y el mutuo enriquecimiento. Y el puente hoy es la política en la dimensión propia del siglo XXI de la globalización y la revolución tecnológica: la política global. Si el espacio público compartido se ha globalizado, las ideas, los planes, las reglas, las normas, la acción política y la ordenación de ese espacio debe ser también global.

Solo así podremos combatir con eficacia las desigualdades, las injusticias y los miedos. Solo así podremos promover una globalización para el progreso. Esta es la utopía socialista para el siglo XXI. Si consiguiéramos superar tanta división y tanta desorientación…

El discurso proteccionista avanza aparentemente imparable en voces ya no solo populistas, sino también de la derecha e incluso de la izquierda tradicional en buena parte del mundo.

El “América primero” ha sido el factor decisivo para hacer Presidente de los Estados Unidos a un personaje tan controvertido como Donald Trump. Las mismas tesis aislacionistas llevaron a millones de trabajadores británicos a apostar por la salida de la Unión Europea. Y son esas propuestas, aunque con diverso relato, intención y tono, las que impulsan en buena medida tanto a Hamon como a Le Pen y otros líderes extremistas en Europa.

El éxito de los planteamientos proteccionistas tiene una lógica simple y eficaz. La globalización sin reglas trae como consecuencias la fuga de las empresas propias en búsqueda de salarios más bajos, por una parte, y la entrada de productos a precios más competitivos, por otra. El resultado invariable es el de la pérdida de empleos domésticos y una tendencia a la baja en las condiciones propias de trabajo. ¿Cómo responder a estos desafíos? Primero, lo nuestro. Que las empresas no se vayan, bajo amenaza de graves sanciones fiscales. Y que los productos foráneos no entren, aplicando barreras arancelarias. Simple y eficaz.

La autarquía, sin embargo, no es una idea nueva. En el pasado la abrazaron tanto la derecha franquista aquí, como el comunismo en el campo soviético. El resultado invariable siempre fue el empobrecimiento generalizado. En el ámbito de la izquierda, además, choca de manera frontal con los principios ideológicos y morales más básicos. Porque la izquierda siempre fue internacionalista y siempre promovió la solidaridad y la justicia universal, por encima de fronteras, sin desentenderse de los derechos y condiciones del resto de los trabajadores del mundo.

Y si el proteccionismo autárquico confronta con los valores, resulta absolutamente incompatible con la experiencia práctica de las políticas económicas y sociales en el campo progresista. Hace tiempo aprendimos que la apertura comercial equivale generalmente a competitividad, crecimiento y desarrollo. Las sociedades diversas se enriquecen con el contacto, con el intercambio y el mestizaje. Y las relaciones transfronterizas fomentan el diálogo, la empatía y el entendimiento y, por tanto, ayudan a preservar la paz y la cooperación entre los pueblos. La autarquía, por el contrario, genera retroceso, desconfianza y riesgo de conflicto.

Ahora bien, es preciso hacer un análisis crítico y con propósito de enmienda sobre las condiciones en que se ha desarrollado hasta ahora la globalización liberal y el comercio abierto sin reglas. Porque han sido tales condiciones y sus consecuencias, en términos de pérdida de derechos para la mayoría, de paro y pobreza para millones, y desigualdad insoportable para el conjunto, las que han arrojado a muchos votantes trabajadores a los brazos de populistas, ultranacionalistas y extremistas peligrosos.

Globalización sí, pero sometida a las reglas de la democracia y la justicia. Unas relaciones económicas abiertas, pero gobernadas desde la política que asegura el bien común. Comercio abierto al juego de la competencia, pero con normas de obligado cumplimiento, que impidan competir mediante bajadas brutales de salarios o recortes de derechos sociales y laborales.

La izquierda debe ser inconformista y radical. Pero no en los discursos del proteccionismo añejo, empobrecedor e ineficaz, sino en la exigencia de un Estatuto global de los Trabajadores, con derechos garantizados e iguales, primero en Europa, después en el mundo. La izquierda ha de gobernar para establecer una fiscalidad valiente y justa sobre los beneficios empresariales, sobre todo los beneficios financieros que hoy escapan a las contribuciones para el bien común. Para financiar el ejercicio de derechos de ciudadanía, como un seguro europeo de desempleo y un Ingreso mínimo europeo, que protejan de la pobreza y la exclusión social a quienes van quedando en la cuneta del camino de la globalización.

Contra la globalización injusta, sí. Pero no para volver a la autarquía, no para ir hacia atrás. Contra la globalización injusta, para conquistar una globalización justa, en los negocios y en los derechos.

La crisis financiera que se desencadenó en buena parte del mundo a partir del año 2008 devino, como sabemos, en una quiebra muy generalizada de la confianza en el propio sistema democrático. Una de las grandes paradojas de nuestros días consiste precisamente en que aquellos movimientos del “No nos representan”, que surgieron por doquier exigiendo una democracia más participativa, han acabado dando lugar a una especie de “internacional autoritaria” con el dueto Trump-Putin como exponente más significativo.

El histriónico Trump inicia su mandato presidencial en Estados Unidos nombrando a grandes oligarcas financieros como responsables de las instituciones económicas que deben velar por el bien común. Vladimir Putin, fiel continuador del estilo de los Románov al frente de la gran Rusia, aumenta su influencia en el este de Europa, el sur de Asia y Oriente próximo. Personajes de gatillo fácil como Duterte, Orbán o Maduro se consolidan al frente del poder en grandes naciones como Filipinas, Hungría o Venezuela. La hija consecuente del fascista Le Pen encabeza las encuestas presidenciales en Francia…

Putin ha sido el más explícito a la hora de describir las coincidencias en los representantes de esta nueva internacional. El nuevo zar ruso habla del “apego a los valores tradicionales”, y por tales valores refiere la defensa de la identidad nacional (militarista y xenófoba), el sostén de la institución familiar (machista y homófoba), la influencia religiosa en la vida pública (sectaria y clerical), la unidad en torno a la dirigencia (desprecio a la pluralidad y recorte de libertades)..

En realidad, cuando los críticos de las democracias representativas reprochaban el excesivo poder de la política, el problema era el inverso. La política democrática, el poder de las instituciones que representan a la ciudadanía, sus intereses y su voluntad, perdían influencia ante el empuje de otros poderes, fundamentalmente el financiero, el mediático, el de las grandes empresas transnacionales… Pero la reacción ha sido la de empoderar a políticos autoritarios, que se han valido de la frustración y el enfado de las mayorías para asumir el control de las instituciones públicas, en beneficio propio.

Muchas de las críticas que se vertieron y se vierten contra la democracia representativa tienen un fundamento racional y justo. La democracia vive una crisis de eficacia, porque no resuelve los problemas de las mayorías. Una crisis de justicia, porque no corrige las grandes desigualdades crecientes. Una crisis de legitimidad, porque prolifera la corrupción impune. Una crisis de dimensión, porque las instituciones democráticas son de influencia local mientras los desafíos trascienden las fronteras. Una crisis de participación, porque la demanda de participación democrática ya no puede circunscribirse al llenado de las urnas cada cuatro años.

Pero la respuesta al contrasentido de la internacional autoritaria no puede ser la mera denuncia. Tampoco cabe reivindicar el statu quo o la resignación ante las limitaciones de las democracias vigentes porque “lo otro es peor”. Las democracias representativas deben evolucionar al ritmo de las nuevas demandas y de los nuevos desafíos. Una democracia más global, más participativa, más eficaz y más justa. Este es el reto. Solo así lograremos que los Trump y los Putin se conviertan en una enfermedad pasajera para el mundo.

Como viene siendo habitual en nuestro país, la controversia sobre lo irrelevante oculta el debate sobre lo auténticamente relevante. Durante estos días se está tramitando en el Congreso de los Diputados una iniciativa Legislativa Popular firmada por los sindicatos UGT y CCOO, con el propósito de instaurar un Ingreso Mínimo para personas en situación de vulnerabilidad social. En Finlandia una experiencia mucho más modesta monopoliza la atención de la opinión pública. Aquí apenas nos enteramos unos pocos.

La iniciativa sobre el Ingreso Mínimo responde a dos escenarios relativamente nuevos. El primero es el de las dramáticas consecuencias de la crisis iniciada en 2008, y de la gestión injusta de la crisis, en términos de paro masivo y empobrecimiento muy generalizado. El segundo tiene más fondo y está relacionado con las derivadas de una revolución tecnológica que augura economías con menos necesidad de trabajo para producir y, por tanto, con sociedades cada vez más alejadas del pleno empleo.

La gestión que los Gobiernos del PP han hecho de la crisis nos ha conducido a unos niveles insoportables de desempleo cronificado, de devaluación salarial y de recortes de derechos sociales. La expulsión de millones de familias a la marginalidad social ha coincidido además con un debilitamiento relevante en los mecanismos de protección social a cargo de las administraciones públicas, merced a las políticas de austeridad y al control draconiano de los déficits. Esta iniciativa ayudará a sobrevivir a los integrantes de más de 700.000 hogares que carecen hoy de cualquier tipo de ingresos.

Al mismo tiempo hemos de atender a la realidad de una revolución tecnológica en marcha que, al parecer y por vez primera, conllevará un balance neto de empleo negativo. Es decir, la robotización de los procesos productivos destruirá más empleos de los que creará. El problema es evidente para las sociedades que han hecho del empleo un factor clave de socialización. Y la dificultad también es importante para la izquierda, que siempre vinculó renta a empleo, y pobreza a falta de empleo.

¿Habrá que ir pensando en romper este vínculo tradicional? ¿Deberemos articular mecanismos públicos para asegurar una renta a todas las personas, al margen de la situación de empleo o desempleo? La iniciativa de los sindicatos apuesta por mantener la relación entre renta y empleo, acertadamente a mi juicio. La productividad extra que proporcionan los robots debe contribuir a financiar un nuevo reparto de los tiempos de trabajo disponible, así como las actividades intensivas en mano de obra para el cuidado de las personas y el medio ambiente. Y tiene que financiar también, vía fiscal, los ingresos mínimos que han de asegurar una vida digna a quienes se queden fuera del mercado laboral.

La fórmula elegida por los sindicatos para incorporar este Ingreso Mínimo al sistema vigente de protección pública se asemeja mucho al planteado por el PSOE en su programa electoral. Se trataría de una nueva prestación no contributiva en el ámbito de la Seguridad Social, financiada por los Presupuestos Generales del Estado. La cuantía tendría como referencia el 80% del IPREM, con complementos según las cargas familiares. Los requisitos serían la carencia de recursos (por debajo del 75% del SMI) y la demanda de empleo. La duración, mientras dure la necesidad. Como vocación última, la reinserción laboral del beneficiario, mediante políticas activas de empleo.

Hay otras fórmulas, pero son peores. La renta universal desvincula ingresos desempleo. El complemento salarial subvenciona los recortes en los sueldos.

Esta no puede ser una medida aislada. Para alcanzar una salida justa de la crisis y para construir una sociedad más justa hace falta adoptar otras muchas medidas, como derogar la reforma laboral, como ampliar nuestro incipiente Estado de Bienestar, como mejorar la cobertura pública de las prestaciones contributivas por desempleo…

Se trata, no obstante, de una buena iniciativa. Porque una sociedad que combate decididamente la pobreza es una sociedad más justa. Pero también es una sociedad más equilibrada, y más eficiente, y más exitosa. Y más digna. Y a quienes no convenzan estos argumentos, que atiendan uno último y más perentorio: o hacemos viable nuestra sociedad, o acabará reventando.

simancas040117

El Gobierno se ha apresurado a celebrar por todo lo alto las cifras oficiales de empleo correspondientes al año 2016. Cada español que abandona las listas del paro registrado, aunque sea por poco tiempo y de manera precaria, supone una buena noticia. Sin embargo, es un error grave celebrar unos datos que aún recogen 3,7 millones de parados registrados, más otro millón sin registrar, según la EPA. Y sobre todo, constituye todo un alarde de ceguera política e insensibilidad social lanzar las campanas al vuelo ante un panorama laboral cada día más inestable, precario y pobre.

Más del 95% de los contratos laborales firmados en 2016, de los que presume el Gobierno con alharacas y fuegos artificiales, han sido contratos con duración limitada y salarios muy reducidos. Solo el 4% de estos contratos fueron indefinidos a tiempo completo, y más de un tercio lo han sido por tiempo parcial, por días o por horas. De hecho, más de seis millones de los trabajadores españoles se ven obligados sostener sus familias con salarios inferiores a los 650 euros mensuales. Ese decir, son trabajadores pobres.

Este es el modelo de competitividad al que este Gobierno ha apostado el crecimiento económico en España: una competitividad basada en salarios de miseria y recortes de derechos laborales. Este es el país que nos ofrece la reforma laboral que el PP se empeña en mantener vigente: España, país de empleo basura.

El paro y la precariedad laboral se ceba especialmente en las mujeres. Contamos con 418.000 paradas más que parados, y durante el último año el paro se ha reducido entre los hombres hasta cinco puntos más que entre las mujeres. Durante el mes de diciembre de 2016, ellos firmaron 10.000 contratos indefinidos más que ellas.

Las consecuencias de la precariedad laboral creciente alcanzan dramáticamente a las cuentas de la Seguridad Social, como era de prever. A pesar de la disminución del paro registrado y del aumento de las afiliaciones, la tesorería de la Seguridad Social ha ingresado por cotizaciones sociales hasta 15.000 millones de euros menos respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2016, y el déficit anual quedará cerca de los 20.000 millones. ¿Por qué? Porque el empleo creado es de calidad ínfima y los salarios no cesan de disminuir.

El cuadro de la precariedad laboral se cierra con las cifras relativas a las prestaciones por desempleo. La cobertura bruta quedó en noviembre de 2016 en el 55,66%, casi 15 puntos menos que en 2011, con Gobierno socialista. Es decir, casi la mitad de los parados no cuenta con ayuda del Estado.

La calidad de las prestaciones tampoco para de caer: ya solo el 40% de las ayudas tiene carácter contributivo, por un 60% de ayudas asistenciales, más reducidas estas últimas. Entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2016, las solicitudes de prestación por desempleo crecieron, por haber crecido la necesidad entre los parados, mientras que el gasto se redujo de 1.671 millones de euros a 1.531 millones.

Más allá de las estadísticas oficiales, no hay nada que celebrar en el panorama laboral de nuestro país. Somos cada día más un país de empleos precarios y salarios bajos, que no invita a sus empresas a competir por la vía de la innovación y de la calidad. Este es el camino de las economías débiles e injustas.

La bandera de este modelo injusto de país es la reforma laboral del PP. Por eso nos empeñamos cada día en derogarla, de raíz. Por un país con buenos empleos.

simancas211216

Parece abrirse paso la convicción que invita a llevar a cabo algunos cambios en la Constitución Española, tras 38 años de vigencia y muchas menos modificaciones que otras cartas magnas en las democracias consolidadas de nuestro entorno. Sin embargo, los planteamientos en cuanto al alcance, los contenidos y las condiciones de tales cambios son muy diversos en unas y otras latitudes políticas.

Las distintas posiciones sobre las modificaciones en la Constitución pueden agregarse en dos grandes bloques: los que plantean reformas constitucionales y los que apuestan por un proceso constituyente. Las diferencias son de tal calado que invitan al pesimismo en cuanto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo mínimo de carácter general.

Los reformistas tienen como objetivo mejorar y actualizar el texto aprobado en el año 1978. Los liquidacionistas pretenden demoler la Constitución del 78 para elaborar otra distinta desde cero. El primer planteamiento implica reconocer las aportaciones del texto vigente a la convivencia y al desarrollo de la sociedad española, para construir sobre lo construido. La segunda opción, por el contrario, significa dar por fallido lo que llaman el “régimen del 78” para erigir un nuevo régimen sobre bases distintas.

Las contribuciones de la Constitución de 1978 al progreso de los españoles son de tal magnitud y evidencia, que su negación solo puede explicarse desde la ignorancia supina respecto a nuestra historia o desde prejuicios ideológicos afortunadamente minoritarios en nuestro país. Puede afirmarse con la rotundidad que aporta el análisis más objetivo que los 38 últimos años han sido los más positivos de la historia de España en prácticamente todos los órdenes, desde el progreso económico hasta el disfrute de derechos y libertades, desde el ejercicio de la democracia hasta la mismísima convivencia pacífica entre españoles.

Tal valoración no obsta para reconocer carencias y debilidades que aconsejan vivamente acometer reformas, incluso reformas de calado si se quiere. Pero tal reconocimiento no puede legitimar en modo alguno los planes de quienes buscan derribar este puntal de nuestro desarrollo para sustituirlo por nadie sabe qué.

Uno de los grandes valores del texto del 78 radica precisamente en aquello que los liquidacionistas más denuncian: el consenso entre diferentes. Sin embargo, ya hubo muchas experiencias de constituciones “puras” o “de parte” en nuestra historia, y todas ellas fracasaron por no aglutinar siquiera a las grandes mayorías en torno a unas reglas básicas para organizar el espacio público compartido.

En consecuencia, tiene sentido abordar el debate sobre los cambios pendientes en la Constitución a partir de eso que se está dando en llamar “el perímetro de la reforma”. Se trata de reformar a partir de lo establecido. Se trata de mejorar lo que requiere actualización y mejora. Se trata de dar nuevos pasos en el camino emprendido. Y esta tarea requiere de algunos acuerdos previos.

Los contenidos a explorar en una reforma constitucional han de referirse a tres grandes cuestiones. En primer lugar, la consolidación y el avance de los derechos de ciudadanía, como el derecho a la protección frente a la enfermedad, frente a las situaciones de dependencia y frente a la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar, la cualificación de nuestras instituciones y procedimientos democráticos. Y en tercer lugar, la vertebración territorial del Estado, clarificando competencias, distribuyendo financiación con criterios definitivos y asegurando la colaboración eficaz entre administraciones.

Frente a las estrategias liquidacionistas, el proceso de reforma no ha de poner en cuestión los fundamentos del consenso constitucional que asegura nuestra convivencia, tales como la garantía para la unidad del país, la igualdad de todos los españoles y su régimen democrático representativo.

España ya tuvo un proceso constituyente, que nos llevó de la dictadura a la democracia. Aquellos que ahora reclaman un nuevo proceso de este calado tendrán que aclarar hacia dónde quieren llevarnos,… o devolvernos.