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Ya está aquí de nuevo la campaña recurrente sobre “la crisis”, “las grandes dificultades” y “la insostenibilidad” de nuestro sistema público de pensiones. Está en los discursos de los políticos de la derecha, en los informes de las fundaciones de la derecha, en los medios más cercanos a la derecha…

El drama está bien servido. El déficit en las cuentas de la Seguridad Social se ha disparado en el ejercicio 2016 hasta los 19.000 millones de euros, el 1,7% del PIB, “el desfase más alto de la historia”. ¿Por qué? Se nos dice que el número de pensionistas y el gasto en pensiones “crecen a un ritmo insostenible”.

Y junto al déficit llega el otro dato terrible: “la hucha de las pensiones se vacía”. El Gobierno se ha visto “obligado” por la crisis a tirar de la hucha para las pagas extras y apenas llega el dinero para este año 2017.

El colofón es inevitable. Los grupos políticos deben ponerse de acuerdo en el Pacto de Toledo para reducir gastos, recortando las prestaciones públicas e incentivando la contratación de planes privados de pensiones.

Solo que todo es mentira.

El déficit de la Seguridad Social se ha disparado, sí. Pero no a causa de un aumento desaforado del número de pensionistas y del gasto en pensiones, cuyo crecimiento ha sido moderado y regular a lo largo de la última década. Entre 2011 y 2016 se han sumado medio millón de pensionistas, efectivamente. Pero también han llegado 600.000 ocupados más. Y las prestaciones han tenido el límite (injusto) de subida en el 0,25%.

El déficit se ha disparado desde 2011 (-487 ME) hasta 2016 (-19.000 ME) debido a la reforma laboral del PP que precariza contratos y devalúa salarios. Y se ha disparado por la suma interminable de las reducciones promovidas por el PP en las cotizaciones empresariales, al socaire de los incentivos indiscriminados a la contratación. Y se ha disparado porque se han perdido 15 puntos de cobertura pública a los parados, que también cotizaban.

No es cierto que el Gobierno del PP se haya visto obligado a vaciar la hucha de las pensiones como consecuencia de la crisis entre 2012 y 2016. De hecho, el Gobierno socialista incrementó su dotación en plena crisis, de 45.700 millones en 2007 a 66.800 millones en 2011. La han vaciado porque han querido.

También se falta a la verdad cuando se valora nuestro sistema público de pensiones como “insostenible”, a la luz de sus cuentas globales. La mejor referencia a este respecto es el gasto en pensiones sobre PIB. Mientras España no llega al 11%, algunos países de nuestro entorno están muy por encima: Italia 15,8%, Francia 13,8&, Portugal 13%, Austria 13,2%, Bélgica 11,8%…

Y, desde luego, la mejor manera de atajar este desequilibrio indeseable en las cuentas de la Seguridad Social no llegará por los gastos sino por los ingresos. Ahí está el problema y ahí están las soluciones de verdad.

Si derogamos la reforma laboral del PP, estabilizamos los contratos y mejoramos los salarios, crecerán las cotizaciones sociales y equilibraremos las finanzas del sistema de pensiones. Si eliminamos las reducciones indiscriminadas e inútiles de cotizaciones empresariales destinadas a estimular la contratación, ganaremos en ingresos.

Si “destopamos” las cotizaciones para que los salarios más altos colaboren más con la caja común, también acertaremos. Si procuramos que los autónomos más pudientes coticen según sus ingresos reales, y no se refugien en la base mínima, como hacen ahora de manera mayoritaria, seguro que ayudamos a equilibrar el sistema. Como también lo haremos al aumentar la cobertura pública a parados. E impidiendo que las cotizaciones sociales tengan que sostener los gastos administrativos de la Seguridad Social.

En el improbable caso de que el déficit persistiera a pesar de todas estas medidas, la solución no estará en recortar unas prestaciones ya exiguas, que este año perderán mucho poder adquisitivo, sino en aportar los fondos necesarios desde los presupuestos generales, vía fiscal. Porque hay margen para el incremento tanto del gasto como del ingreso público en España, si nos comparamos con el resto de Europa.

Porque no se trata de adaptar el gasto en pensiones a la estructura del presupuesto público que impone la ortodoxia económica neoliberal, sino de adaptar esa ortodoxia al objetivo social irrenunciable de contar con un sistema suficiente y justo de pensiones públicas.

Por eso los socialistas nos oponemos al índice de revalorización y al factor de sostenibilidad de las pensiones que el PP impuso unilateralmente en su reforma de 2013. Y por eso condicionamos cualquier acuerdo en el seno del Pacto de Toledo a su derogación, a la vinculación entre las prestaciones y el coste de la vida, y al reequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social vía mejora de los ingresos.

Hay mucho por estudiar, por reflexionar, por acordar y por decidir, para asegurar ese sistema estable y justo de pensiones que nos merecemos. Pero hagámoslo de manera honesta y veraz.

NOSOTROS PRIMERO

El lema más recurrente del ultraderechista Wilders en la reciente campaña para las elecciones parlamentarias en los Países Bajos ha sido “los holandeses primero”. Coincide de manera literal con sus correligionarios Trump, -América primero-, Le Pen –los franceses primero-, Farage –los británicos primero-, Hofer –los austríacos primero-, y así en otros muchos países.

Más allá de la falta de originalidad que muestran en sus discursos, todos estos aspirantes a caudillo constituyen a la vez un reflejo soez y un acelerante notorio para el deterioro que vive una buena parte de la política global.

El recurso exitoso al “nosotros primero” evidencia, en primer lugar, una perversión clara en los valores colectivos. Se trata de anteponer groseramente los intereses propios a cualesquiera otros, relegando o despreciando algunos de los principios que han fundamentado nuestra civilización, como la solidaridad, la fraternidad o la búsqueda de la equidad.

Este “nosotros primero” puede plasmarse en un egoísmo primario, o en el rechazo al diferente, o incluso en las actitudes más xenófobas. No es un recurso nuevo para los populismos fascistoides. Señalar al distinto como falso culpable de los males propios constituye una fórmula habitual tanto en el nazismo de los años 30 como en los nacionalismos exacerbados de cualquier época.

El planteamiento es en este siglo XXI, además, de un anacronismo absurdo. Esgrimir un “nosotros” idílicamente puro, sin mezclas ni mestizajes, a salvo de contaminaciones externas, resulta una quimera increíble en la era de la globalización de las relaciones sociales, la interdependencia de las naciones y el uso masivo de internet. Si hay algo que caracteriza al siglo XXI es el mestizaje imparable, y positivo, entre los seres humanos.

Y aparte de pervertido en términos de valores y anacrónico en su concepción, aquello del “nosotros primero” es empobrecedor. Porque la autarquía es empobrecedora. El desarrollo económico y el progreso social no llegan de la mano del aislamiento, sino del intercambio y del enriquecimiento mutuo. Las economías más competitivas y las sociedades más exitosas no son las que levantan muros y cierran fronteras, sino las que más conocen, más aprenden y más se interrelacionan con las demás.

Pero también es contraproducente. ¿Alguien piensa realmente que alguna frontera o algún muro podrán detener a los miles de millones de perdedores de la globalización en su voluntad de participar de la fiesta de los ganadores? Nadie podrá levantar un muro tan alto. O hay un reparto más o menos equitativo de los canapés, o los hambrientos saltarán las vallas y arrancarán las bandejas de las manos más pudientes. Y puede ser pacífico. O no.

Finalmente, aquel “nosotros primero” resulta peligroso. Porque al parecer ya son pocos los que tienen presente la motivación más relevante que llevó a los líderes de las naciones vencedoras de la segunda gran guerra a inventarse la integración europea.

El motivo más crucial no tenía un carácter económico, como parece pensarse ahora. No se trataba solo, ni siquiera principalmente, de abrir mercados comunes para dinamizar el comercio mutuo y generar prosperidad. Se trataba ante todo de asegurar la paz. Evitando precisamente la tentación del “Alemania primero”, el “Italia primero”, el “Rusia primero” o el “Gran Bretaña primero” que nos llevó a donde nos llevó.

Combatamos por tanto la peligrosa regresión del “nosotros primero” que se enarbola exitosamente en buena parte de Europa. Con los mejores valores, con mucho sentido común. Y con una buena lección de historia.

Primero la paz. Primero la fraternidad. Primero la solidaridad. Primero el progreso colectivo. Oiga.

Cada celebración anual del día internacional en el que se reivindica la igualdad entre mujeres y hombres se dan dos factores que llaman la atención. Siendo un día de reivindicación internacional, en nuestro país al menos predominan con mucho las reivindicaciones propias del escenario nacional o, como mucho, del escenario europeo, cuando la situación del resto de mujeres del mundo es mucho peor en buena parte.

Además, a la hora de esgrimir argumentos de contundencia para evidenciar las situaciones de desigualdad real a combatir, suele hablarse de forma recurrente sobre el escaso número de mujeres que forman parte de las plataformas de poder en la política, en la empresa, en la judicatura, en los rectorados universitarios, etc. Pero siendo esta una realidad tan rechazable como incontrovertible, lo cierto es que resulta tan solo un síntoma más de una enfermedad, la enfermedad del machismo, cuya curación debiera ser el objetivo primordial.

La igualdad definitiva entre hombres y mujeres constituye sin duda la principal revolución social de nuestro siglo. Una revolución que tendrá altibajos, aceleraciones y deceleraciones en su transcurso, seguramente, pero que resulta ya imparable. Es importante porque afecta nada menos que a la mitad de la población. Es histórica porque persigue acabar con una injusticia con raíces multi-milenarias. Y es positiva porque permitirá que el motor del progreso de la Humanidad duplique su fuerza creativa y motriz.

Pero no hay que perder de vista el hecho de que siendo aún muy relevantes las discriminaciones y violencias que sufren colectivamente las 250 millones mujeres en Europa, el resto de las más de 3.000 millones de mujeres que habitan otros continentes soportan situaciones bastante peores en muchos casos. Por tanto, cada 8 de marzo es importante destacar la tabla reivindicativa de las mujeres españolas y europeas, pero a mi juicio tenemos que hacer un hueco mayor en nuestras denuncias públicas para esas mujeres que en África, en Asia y en Latinoamérica son mayoritariamente privadas de los derechos y las libertades más elementales. Sobre todo desde la izquierda que presume de internacionalismo.

En el otro aspecto mencionado, el de los síntomas y las enfermedades, cabe prescribir dos tipos de tratamientos. Uno de carácter analgésico para los síntomas de las desigualdades más evidentes en los ámbitos públicos y privados de decisión, mediante la lucha contra la discriminación negativa y la aplicación de medidas de discriminación positiva. Pero más relevante es el tratamiento antibiótico contra la enfermedad que provoca este y otros síntomas aún más dolorosos por su afección al día a día de muchas mujeres, en la violencia, en la relegación profesional y salarial, en la adjudicación exclusiva de funciones domésticas y de cuidado, en los mayores riesgos de empobrecimiento y exclusión social…

La enfermedad se llama machismo y tiene dos vías claras de curación: la educación y el empleo en igualdad. Solo mediante la educación podrán extirparse esos prejuicios que otorgan la primacía social al hombre y subordinan el papel social de la mujer. Y solo con el igual acceso, la igual retribución y la igual promoción laboral podrán las mujeres alcanzar el grado de autonomía y reconocimiento que se requiere para establecer sus relaciones personales, familiares y sociales con los hombres en situación de equilibrio, de igual a igual.

 

Durante estos días se tramita en el Congreso de los Diputados una de esas leyes que afectan decisivamente a las condiciones de vida de millones de personas, pero que no son objeto de gran atención pública, por carecer de los habituales resortes de controversia en los medios de comunicación. Es la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, categoría en la que participan más de 3,2 millones de españoles, debidamente dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social.

La derecha económica y política ha construido toda una épica en torno al “emprendimiento”, a los “emprendedores”, al “háztelo tú mismo”, al “sé tu propio jefe”, al “triunfa desde tu garaje como Gates o como Jobs”… Cuantos más parados se animen a desinflar las cifras del desempleo, mejor, aunque no siempre se “emprenda” en las condiciones mínimas debidas.

De hecho, la realidad cotidiana para la gran mayoría de los “emprendedores” españoles de verdad tiene poco de épica y mucho de obstáculos, de precariedad y de discriminación en el ejercicio de derechos que consideramos básicos para otros tipos de trabajadores.

El Partido Popular y, sobre todo, Ciudadanos han creído descubrir en el colectivo de trabajadores por cuenta propia un caladero privilegiado de votos, y campaña tras campaña se vuelcan en discursos, eslóganes, fotos y promesas de todo tipo. La realidad, sin embargo, es que desde la promulgación de la vigente ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en el año 2006 y con gobierno socialista, pocos avances reales se han producido para mejorar las condiciones de trabajo y de vida para estas personas.

En el inicio de la presente legislatura Ciudadanos y PP pactaron una doble iniciativa relacionada con los trabajadores autónomos: una ley de medidas urgentes y una subcomisión parlamentaria de estudio. No obstante, y más allá de toda la propaganda habitual, el resultado tiene visos de ser un fiasco.

Primero por el orden curioso con que han decidido afrontar el trabajo. Este será el primer proceso legislativo en el que primero se hace la ley y después se abre una comisión de estudio y propuesta. ¿Por qué lo hacen así? Para incluir en la ley las medidas fáciles y baratas, derivando las difíciles y costosas al estudio sin mayores consecuencias. La segunda frustración tiene que ver con el contenido, porque la propuesta a discutir solo contiene seis artículos de alcance menor. Y porque la mayor parte de los compromisos suscritos por Ciudadanos con PP y con PSOE han sido vetados por el grupo que apoya al Gobierno.

En consecuencia, el proyecto en tramitación habla de la modulación de recargos por ingresos fuera de plazo en la Seguridad Social, por poner un ejemplo ilustrativo, pero obvia las soluciones a todos los grandes problemas que de verdad sufren los trabajadores autónomos. No hay ni rastro de ayudas a la financiación. Nada sobre cómo afrontar la morosidad excesiva, en lo público y en lo privado. Nada sobre la mejora de la fiscalidad que se demanda vivamente. Nada sobre el fraude creciente de los falsos autónomos explotados. Muy poco sobre la equiparación de prestaciones sociales con el régimen general de la Seguridad Social, en cese de actividad, en accidentes de trabajo, en formación profesional.

Y ahí es donde están los auténticos desafíos. Los autónomos no necesitan más ánimo o más alabanza a su valentía y su esfuerzo. Lo que necesitan son ayudas para financiar sus proyectos, y reglas claras para que les paguen las facturas pendientes, y facilidades para optar a los concursos públicos en igualdad de condiciones con las grandes empresas, y trámites administrativos más simples,  y una legislación que no les empobrezca cuando caen enfermos o han de jubilarse…

Nuestro propósito será el de atender estos retos auténticos durante la tramitación de la ley. Menos jabón y más solución.

La última reunión de los países integrantes de la OTAN ha confirmado el compromiso general de situar el gasto nacional en materia de defensa sobre el umbral del 2% del PIB antes del año 2024. Tal compromiso se alcanzó inicialmente en la cumbre de Gales que tuvo lugar en 2014. La ministra española de defensa, Dolores de Cospedal, se ha apresurado a manifestar la intención de nuestro Gobierno para “cumplir su compromiso”.

La presión de los Estados Unidos de América para que los países europeos incrementen sus gastos de defensa viene siendo recurrente desde hace mucho tiempo, toda vez que soportan más del 70% del presupuesto de la alianza atlántica. Países como Reino Unido, Polonia, Grecia y Estonia superan ya ese porcentaje del 2% sobre la riqueza nacional. Alemania lleva cuatro años incrementando con fuerza su presupuesto defensivo. Y durante el ejercicio 2016 el incremento medio en los gastos de defensa de los países de la OTAN superó el 3%.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha generado una presión añadida sobre los 28 gobernantes aliados. Tras las críticas polémicas sobre lo “obsoleto” de la organización, el controvertido mandatario americano ha amenazado casi literalmente con relajar el crucial compromiso de su país con la defensa europea. Resulta lógica la preocupación en los departamentos de defensa de toda la Europa comunitaria.

Ahora bien, la contabilidad de la OTAN atribuye a España actualmente un gasto defensivo de 11.000 millones de euros, apenas un 0,9% del PIB. Para “cumplir el compromiso” de llegar al 2% nuestro país debiera más que duplicar su presupuesto de defensa durante los próximos siete años, pasando de esos 11.000 millones actuales a más de 22.000 millones.

¿Puede permitirse la sociedad española duplicar el gasto en defensa cuando su Gobierno acaba de vetar la tramitación de una ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones por “su coste excesivo”: 1.200 millones en este año? ¿Tiene sentido invertir 11.000 millones más en tanques y bombas cuando el partido del Gobierno se ha opuesto a la tramitación de una ley que asegura un ingreso mínimo a 700.000 familias sin recursos porque su coste podría alcanzar esa misma cifra?

Y una pregunta más: ¿quiénes se benefician de esta dinámica que lleva a todos los países de mundo a aumentar significativamente sus arsenales militares “para estar más seguros”? ¿Estaremos más seguros en un mundo que multiplica la disposición de armas destructivas?

No caben planteamientos ingenuos o poco realistas. La defensa es necesaria. Pero también 3es cierto que la lógica del interés general debiera llevar a todas las sociedades del mundo, especialmente las que se llaman a sí mismas como “más desarrolladas”, a incrementar los esfuerzos para la paz y la seguridad común en lugar de acumular más y más armas. Esa misma lógica debiera conducir a la OTAN y las grandes potencias del mundo a fortalecer instituciones como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para prevenir y solucionar conflictos.

Mejor invertir en paz que en armas.

Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

 

El mundo vive un cambio de época que va mucho más allá de una simple época de cambios. La mayor parte de las actividades humanas, tanto en el espacio público como en el privado, mutan y se mundializan, abriendo todo tipo de oportunidades y de incertidumbres a la vez. Y el cambio afecta desde las relaciones económicas a la participación en los asuntos colectivos, pasando por la naturaleza de las instituciones familiares y religiosas o el disfrute de la cultura y el ocio. Lo solemos llamar proceso de globalización y revolución tecnológica.

Al mismo tiempo que se amplían los horizontes de progreso para la Humanidad en prácticamente todos los ámbitos, también se disparan las inseguridades y los miedos. Estos últimos devienen de la ausencia de reglas con que ajustar tales cambios a los límites del bien común. Sin normas y sin límites, las fuerzas que operan en la globalización y la revolución tecnológica tan solo se atienen a la ley del más fuerte. Y La ley del más fuerte siempre ocasiona desigualdades e injusticias por doquier.

La derecha ignora los miedos en su carrera por maximizar el beneficio económico en pocas manos, por lo que acrecienta sus causas y estimula sus consecuencias. Los populismos utilizan las injusticias para azuzar los miedos, prometer lo imposible y encaramarse rápidamente en un poder generalmente arbitrario y déspota.  La izquierda socialdemócrata debiera asumir la responsabilidad de responder a las nuevas incertidumbres con nuevas reglas transnacionales, con las que someter aquellos cambios a los valores, los intereses y la voluntad de las grandes mayorías. Pero la izquierda deambula entre la división y la desorientación.

Los populismos responden a aquellos miedos primarios con falsas soluciones igualmente primarias. Ante el miedo a la fuga de empresas propias, un muro. Ante el miedo a la llegada de productos foráneos más competitivos, un muro. Ante la amenaza de los migrantes económicos o refugiados, un muro. Ante el desafío del terrorismo internacional, un muro. Ante el desdibujamiento de las identidades propias, un muro. Ante el mestizaje cultural, un muro… El populismo promete resolver todo levantando nuevos muros, cuando el auténtico progreso para la Humanidad siempre llegó sobre los puentes.

Ese es el gran debate. O los muros populistas o los puentes progresistas. O los muros que aíslan y empobrecen, o los puentes que favorecen el encuentro y el mutuo enriquecimiento. Y el puente hoy es la política en la dimensión propia del siglo XXI de la globalización y la revolución tecnológica: la política global. Si el espacio público compartido se ha globalizado, las ideas, los planes, las reglas, las normas, la acción política y la ordenación de ese espacio debe ser también global.

Solo así podremos combatir con eficacia las desigualdades, las injusticias y los miedos. Solo así podremos promover una globalización para el progreso. Esta es la utopía socialista para el siglo XXI. Si consiguiéramos superar tanta división y tanta desorientación…