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El profesor Álvarez Junco nos enseña que la historia la hacen los hombres y las mujeres, no su carácter. Sostiene el profesor que no existe determinismo histórico alguno en razón de supuestos rasgos constantes en el carácter de los seres humanos, ni en el ámbito global ni territorio a territorio. En definitiva, que nuestra historia es fruto de nuestra decisión y no de nuestros genes.

Sin embargo, nuestra memoria histórica a largo plazo es, en buena medida, un tener presente la sucesión constante de conflictos bélicos decisivos y emblemáticos. Las guerras médicas, pírricas y la guerra de Troya en la Grecia clásica. Las guerras púnicas, cartaginesas y dacias en el imperio romano. Nuestra invasión árabe y la posterior reconquista. Las permanentes guerras entre reinos europeos durante la Edad Media. Las revoluciones guerreras de Estados Unidos y de Francia.

Nuestro dos de mayo y la posterior guerra de la independencia. La guerra de secesión norteamericana. Nuestras guerras carlistas, de Cuba, de Filipinas y de Marruecos. La Primera Guerra Mundial. La revolución rusa. Nuestra guerra civil. La Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico árabe-israelí. Las guerras de Corea y de Vietnam. Las guerras de Afganistán, de Chechenia y del Golfo. Las Malvinas. La invasión de Irak. La guerra de Libia. La guerra de Siria…

Y así del tirón, casi sin detenernos a pensar. ¿Podríamos hacer el mismo ejercicio en relación a los grandes inventos, o los progresos de la Humanidad, o los personajes de bien? Lo dudo.

Al parecer, y aún a riesgo de contradecir al profesor Álvarez Junco, hay algo en nosotros que se siente atraído por el fragor de la batalla. Una especie de ardor guerrero, que diría Lorenzo Silva. Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto esos viejos resortes siguen funcionando? ¿Hasta qué punto podemos mirar al pasado con cierto aire de suficiencia para sostener que la Humanidad del siglo XXI se deja llevar antes por la razón que por los tambores de guerra?

Un vistazo a la actualidad de la última semana produce un efecto desasosegante. El inefable Trump siente el agobio de sus sonoros fracasos en materia migratoria y sanitaria. Y reacciona bombardeando un aeródromo sirio entre el aplauso del mundo “civilizado”. Como le sale bien, Trump sigue en la linde tirando “la madre de todas las bombas” (MOAB) sobre sus enemigos, ahora afganos. La contraparte rusa se siente aludida y amenaza con tirar ya no la madre sino “el padre de todas las bombas” (COAB), en cuanto acierte a decidir dónde y sobre quién dejarla caer.

Pero, claro está, la cosa no podía quedar ahí. Si las grandes potencias compiten alardeando del tamaño de sus genitales bélicos, ¿por qué no habrían de hacerlo los demás? Kim Jong Un, que asegura no tener nada que envidiar a Trump, festeja el cumpleaños de su abuelo con un gran desfile de misiles “que pueden llegar de Corea a Estados Unidos”.

El ejemplo cunde, como cabría esperar. El “moderado” Rohani desbragueta sus armas en las calles de Teherán y declara que “nuestro ejército defenderá todo el Oriente Medio ante cualquier amenaza”. Y en la fiesta no podía faltar Nicolás Maduro, desde luego. Mientras el pueblo venezolano sufre un desabastecimiento generalizado en lo más básico, su presidente promete “¡Quinientos mil milicianos bolivarianos más! ¡Con todos sus pertrechos!”, por supuesto. Hasta el flemático londinense Michael Howard no ha dudado en recordar la guerra de las Malvinas para referirse a las implicaciones del brexit sobre el estatus de Gibraltar. ¡Gibraltar!

En este contexto, solo a un excéntrico como el que esto escribe podría parecerle surrealista el último debate en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, con los embajadores de las potencias del mundo discutiendo con seriedad lo “salvaje” que resulta matar niños con gas sarín en Damasco, mientras legitiman sin pestañear los dronazos que también matan niños -muchos más incluso- en Afganistán o Yemen.

Tan surrealista como comprobar que todas las naciones socias de la OTAN convienen en elevar sus presupuestos de defensa hasta el 2% del PIB en lugar de convenir reducirlos. O tan surrealista como saber que el alumno más aventajado en esta lección del gran presupuesto bélico para Europa es el “progresista” Tsipras, con un 2,3% en la castigada Grecia.

No sé si el sabio Álvarez Junco está o no en lo cierto respecto al determinismo histórico, pero a mí no me cuesta casi nada imaginar a algunos de los grandes líderes mundiales que veo cada noche en el telediario ataviados con cota de malla y sus correspondientes gladius y pugios. Casi nada.

 

El Gobierno del PP y el grupo parlamentario de Ciudadanos han acordado dedicar 500 millones de euros del erario público para lo que llaman “complementos salariales”, destinados a trabajadores jóvenes con salarios más reducidos. Además, plantean obtener estos recursos de los fondos que la Comisión Europea transfiere a nuestro país en el marco del programa “Garantía Juvenil”, cuyo objetivo es mejorar la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los más jóvenes.

No es una buena idea. Por tres razones, al menos. El primer error es recurrente en la regulación del mercado laboral por parte de la derecha española, porque limita sus políticas activas de empleo a subvencionar a los empresarios contratantes, bien con reducciones en las cotizaciones sociales, bien con rebajas fiscales o bien con ayudas casi directas como las que se plantean con estos complementos.

Pero es que estas políticas de subvención no funcionan, porque está comprobado que un empresario no contrata a un joven tan solo ni fundamentalmente en razón a lo barato que le resulte su salario. Le contratará, en primer lugar, si le necesita. Y le contratará, en segundo lugar, si el joven referido cuenta con la formación y las habilidades que le son útiles en su empresa.

El segundo error es grave. Porque esta medida premia precisamente a los empleadores más cicateros, a aquellos que pagan salarios más bajos a sus trabajadores jóvenes. Incluso se incentivan los acuerdos espurios para rebajar el salario a aportar por la empresa a fin de obtener la compensación pública. Resulta injusto sufragar con dinero público el salario que no está dispuesto a pagar el empresario que se está beneficiando del esfuerzo del trabajador joven.

Y el tercer error tiene que ver con el fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos precisamente con los recursos que Europa destina a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españoles. Porque estos fondos que nos envía la Comisión Europea no tienen como objeto ahorrar a unos cuantos empleadores los salarios que debieran salir de sus empresas, sino invertir los recursos que el Gobierno español regatea para que nuestros jóvenes mejoren sus capacidades y habilidades de cara a su integración en el mercado laboral.

La derecha española está haciendo el camino que los conservadores británicos en el Gobierno ya están desandando, en virtud de su experiencia. Una de las últimas medidas del Primer Ministro Camerón antes de su dimisión fue precisamente la de elevar el salario mínimo para reducir la factura desmesurada y abusiva que el erario público del Reino Unido estaba pagando en materia de complementos salariales. Iban ya por encima de los 7.000 millones de libras anuales, y los resultados no estaban siendo eficaces en modo alguno.

En algo tienen razón los autores de esta propuesta. Las políticas activas de empleo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la integración laboral de los jóvenes, llevan mucho tiempo fracasando en nuestro país. De hecho, el Tribunal de Cuentas europeo acaba de denunciar en un informe muy duro que el Estado español está resultando el más ineficiente en la aplicación de los fondos destinados a garantizar un contrato laboral o una acción formativa a los jóvenes menores de 25 años.

Los fondos europeos deben asignarse a políticas eficaces para la mejora de la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los jóvenes, y no a premiar con recursos públicos a aquellos empleadores menos dispuestos a pagar salarios justos a los trabajadores más vulnerables de nuestro país.

 

El populismo que amenaza nuestros derechos y libertades de manera creciente en el mundo no es la enfermedad a curar, sino su síntoma. Sin embargo proliferan análisis y tratamientos para la fiebre, mientras se permite crecer sin límite al virus causante.

Los diversos populismos liquidacionistas, los hiper-nacionalismos exacerbados, las fuerzas eurofóbicas, el proteccionismo visceral, las plataformas abiertamente xenófobas, los neo-fascismos que resurgen por doquier, los taumaturgos salvadores… Todos ellos constituyen en buena medida la reacción defensiva de millones de seres humanos amenazados por el incremento global de las desigualdades y la precarización social.

¿Por qué personajes tan controvertidos y limitados como Trump, Le Pen, Wilders, Farage, Grillo o Iglesias logran el apoyo de millones de ciudadanos? No es debido a su catálogo de soluciones bien fundamentadas para afrontar los problemas de la gente, desde luego. Tampoco es por la credibilidad de sus trayectorias o por la calidad de sus equipos.

Sencillamente, estos personajes aciertan al expresar el enfado de millones de votantes. Señalan con el dedo a un culpable creíble y fácilmente identificable, sean inmigrantes, islamistas o miembros de la casta. Y plantean un recetario de soluciones tan simples como falsas, desde la salida de Europa a la construcción de un muro infranqueable, pasando por la expulsión de los inmigrantes, el impago de las deudas públicas o el establecimiento inmediato de una renta universal.

¿Y de dónde viene tanto enfado para alimentar reacciones tan puramente emocionales y tan peligrosas? De las consecuencias de la globalización sin reglas y del imperio del capitalismo salvaje.

Si la globalización se construye bajo la ley de maximizar el beneficio de unos pocos. Si la integración de Europa se rige prioritariamente por la austeridad implacable y el control draconiano de los déficits. Si la economía de cada Estado se somete ante todo al criterio de ganar competitividad a toda costa, los sacrificados son las clases medias y trabajadoras que pierden derechos y bienestar a gran velocidad.

Esto es lo que ha ocurrido. La globalización y el avance tecnológico han traído grandes ventajas para unas minorías y grandes desventajas a las mayorías. Mayores niveles de paro, empleos más precarios, salarios más bajos, mayor desigualdad, más marginalidad, más exclusión, más pobreza. Los excluidos lo siguen siendo. Pero los antes pobres caen en la exclusión. Los precarios caen en la pobreza. Las clases medias bajas se precarizan. Las clases medias altas pierden posiciones.

Los ascensores sociales propios del modelo social que pactaron socialdemócratas y demócratas cristianos en la segunda mitad del siglo XX europeo ya solo funcionan para la bajada. Los jóvenes no ven futuro. Los padres temen por sus hijos. Los mayores que pierden el trabajo se ven arrojados a la exclusión. Las mujeres ven frustradas sus expectativas de igualdad. Crece la incertidumbre, el miedo al futuro, la desesperanza.

Mientras tanto, los medios de comunicación y las redes sociales muestran los signos del éxito y la opulencia de los ganadores de la globalización.

Entonces llega Trump, o Le Pen, o Iglesias, y a todos estos perdedores les dicen que sí, que tienen razones para enfadarse, que los culpables están ahí delante, que hay que echarlos, y que hay que hacer lo que hay que hacer, porque ya está bien. Y muchos les escuchan, y muchos hasta les votan…

Y podemos desgañitarnos para desenmascararlos. Y podemos convencer a muchos de que en realidad estos salvadores solo son unos aprovechados de la desesperación ajena, y que no tienen capacidad ni voluntad de solucionar nada.

Pero mientras el problema de fondo siga ahí, los salvadores seguirán apareciendo, sembrando odio y recogiendo sus cosechas de confianza inmerecida.

Por eso es importante atender a la enfermedad en lugar de aminorar tan solo los síntomas.

La globalización debe reglarse, integrando los espacios públicos, armonizando sus normas. Los rendimientos de la prosperidad deben distribuirse con equidad. Los beneficios del avance tecnológico deben repartirse con justicia. El mercado libre debe convivir con la garantía del derecho de los trabajadores a vivir de su esfuerzo con dignidad. Las expectativas de desarrollo deben contemplar las seguridades inherentes al Estado de Bienestar, y cubrir las necesidades básicas de toda la población, y combatir la desigualdad y la pobreza.

Los ascensores sociales deben funcionar también hacia arriba, premiando el esfuerzo. Los jóvenes deben creer nuevamente en el pacto que retribuye la formación y el trabajo duro. Las mujeres deben tener la certeza de que la igualdad legal no tropezará con la discriminación de facto. Y los mayores deben confiar en una retirada sin penurias.

Solo así convertiremos a los Trump de nuestro mundo en una pesadilla pasajera.

Ya está aquí de nuevo la campaña recurrente sobre “la crisis”, “las grandes dificultades” y “la insostenibilidad” de nuestro sistema público de pensiones. Está en los discursos de los políticos de la derecha, en los informes de las fundaciones de la derecha, en los medios más cercanos a la derecha…

El drama está bien servido. El déficit en las cuentas de la Seguridad Social se ha disparado en el ejercicio 2016 hasta los 19.000 millones de euros, el 1,7% del PIB, “el desfase más alto de la historia”. ¿Por qué? Se nos dice que el número de pensionistas y el gasto en pensiones “crecen a un ritmo insostenible”.

Y junto al déficit llega el otro dato terrible: “la hucha de las pensiones se vacía”. El Gobierno se ha visto “obligado” por la crisis a tirar de la hucha para las pagas extras y apenas llega el dinero para este año 2017.

El colofón es inevitable. Los grupos políticos deben ponerse de acuerdo en el Pacto de Toledo para reducir gastos, recortando las prestaciones públicas e incentivando la contratación de planes privados de pensiones.

Solo que todo es mentira.

El déficit de la Seguridad Social se ha disparado, sí. Pero no a causa de un aumento desaforado del número de pensionistas y del gasto en pensiones, cuyo crecimiento ha sido moderado y regular a lo largo de la última década. Entre 2011 y 2016 se han sumado medio millón de pensionistas, efectivamente. Pero también han llegado 600.000 ocupados más. Y las prestaciones han tenido el límite (injusto) de subida en el 0,25%.

El déficit se ha disparado desde 2011 (-487 ME) hasta 2016 (-19.000 ME) debido a la reforma laboral del PP que precariza contratos y devalúa salarios. Y se ha disparado por la suma interminable de las reducciones promovidas por el PP en las cotizaciones empresariales, al socaire de los incentivos indiscriminados a la contratación. Y se ha disparado porque se han perdido 15 puntos de cobertura pública a los parados, que también cotizaban.

No es cierto que el Gobierno del PP se haya visto obligado a vaciar la hucha de las pensiones como consecuencia de la crisis entre 2012 y 2016. De hecho, el Gobierno socialista incrementó su dotación en plena crisis, de 45.700 millones en 2007 a 66.800 millones en 2011. La han vaciado porque han querido.

También se falta a la verdad cuando se valora nuestro sistema público de pensiones como “insostenible”, a la luz de sus cuentas globales. La mejor referencia a este respecto es el gasto en pensiones sobre PIB. Mientras España no llega al 11%, algunos países de nuestro entorno están muy por encima: Italia 15,8%, Francia 13,8&, Portugal 13%, Austria 13,2%, Bélgica 11,8%…

Y, desde luego, la mejor manera de atajar este desequilibrio indeseable en las cuentas de la Seguridad Social no llegará por los gastos sino por los ingresos. Ahí está el problema y ahí están las soluciones de verdad.

Si derogamos la reforma laboral del PP, estabilizamos los contratos y mejoramos los salarios, crecerán las cotizaciones sociales y equilibraremos las finanzas del sistema de pensiones. Si eliminamos las reducciones indiscriminadas e inútiles de cotizaciones empresariales destinadas a estimular la contratación, ganaremos en ingresos.

Si “destopamos” las cotizaciones para que los salarios más altos colaboren más con la caja común, también acertaremos. Si procuramos que los autónomos más pudientes coticen según sus ingresos reales, y no se refugien en la base mínima, como hacen ahora de manera mayoritaria, seguro que ayudamos a equilibrar el sistema. Como también lo haremos al aumentar la cobertura pública a parados. E impidiendo que las cotizaciones sociales tengan que sostener los gastos administrativos de la Seguridad Social.

En el improbable caso de que el déficit persistiera a pesar de todas estas medidas, la solución no estará en recortar unas prestaciones ya exiguas, que este año perderán mucho poder adquisitivo, sino en aportar los fondos necesarios desde los presupuestos generales, vía fiscal. Porque hay margen para el incremento tanto del gasto como del ingreso público en España, si nos comparamos con el resto de Europa.

Porque no se trata de adaptar el gasto en pensiones a la estructura del presupuesto público que impone la ortodoxia económica neoliberal, sino de adaptar esa ortodoxia al objetivo social irrenunciable de contar con un sistema suficiente y justo de pensiones públicas.

Por eso los socialistas nos oponemos al índice de revalorización y al factor de sostenibilidad de las pensiones que el PP impuso unilateralmente en su reforma de 2013. Y por eso condicionamos cualquier acuerdo en el seno del Pacto de Toledo a su derogación, a la vinculación entre las prestaciones y el coste de la vida, y al reequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social vía mejora de los ingresos.

Hay mucho por estudiar, por reflexionar, por acordar y por decidir, para asegurar ese sistema estable y justo de pensiones que nos merecemos. Pero hagámoslo de manera honesta y veraz.

NOSOTROS PRIMERO

El lema más recurrente del ultraderechista Wilders en la reciente campaña para las elecciones parlamentarias en los Países Bajos ha sido “los holandeses primero”. Coincide de manera literal con sus correligionarios Trump, -América primero-, Le Pen –los franceses primero-, Farage –los británicos primero-, Hofer –los austríacos primero-, y así en otros muchos países.

Más allá de la falta de originalidad que muestran en sus discursos, todos estos aspirantes a caudillo constituyen a la vez un reflejo soez y un acelerante notorio para el deterioro que vive una buena parte de la política global.

El recurso exitoso al “nosotros primero” evidencia, en primer lugar, una perversión clara en los valores colectivos. Se trata de anteponer groseramente los intereses propios a cualesquiera otros, relegando o despreciando algunos de los principios que han fundamentado nuestra civilización, como la solidaridad, la fraternidad o la búsqueda de la equidad.

Este “nosotros primero” puede plasmarse en un egoísmo primario, o en el rechazo al diferente, o incluso en las actitudes más xenófobas. No es un recurso nuevo para los populismos fascistoides. Señalar al distinto como falso culpable de los males propios constituye una fórmula habitual tanto en el nazismo de los años 30 como en los nacionalismos exacerbados de cualquier época.

El planteamiento es en este siglo XXI, además, de un anacronismo absurdo. Esgrimir un “nosotros” idílicamente puro, sin mezclas ni mestizajes, a salvo de contaminaciones externas, resulta una quimera increíble en la era de la globalización de las relaciones sociales, la interdependencia de las naciones y el uso masivo de internet. Si hay algo que caracteriza al siglo XXI es el mestizaje imparable, y positivo, entre los seres humanos.

Y aparte de pervertido en términos de valores y anacrónico en su concepción, aquello del “nosotros primero” es empobrecedor. Porque la autarquía es empobrecedora. El desarrollo económico y el progreso social no llegan de la mano del aislamiento, sino del intercambio y del enriquecimiento mutuo. Las economías más competitivas y las sociedades más exitosas no son las que levantan muros y cierran fronteras, sino las que más conocen, más aprenden y más se interrelacionan con las demás.

Pero también es contraproducente. ¿Alguien piensa realmente que alguna frontera o algún muro podrán detener a los miles de millones de perdedores de la globalización en su voluntad de participar de la fiesta de los ganadores? Nadie podrá levantar un muro tan alto. O hay un reparto más o menos equitativo de los canapés, o los hambrientos saltarán las vallas y arrancarán las bandejas de las manos más pudientes. Y puede ser pacífico. O no.

Finalmente, aquel “nosotros primero” resulta peligroso. Porque al parecer ya son pocos los que tienen presente la motivación más relevante que llevó a los líderes de las naciones vencedoras de la segunda gran guerra a inventarse la integración europea.

El motivo más crucial no tenía un carácter económico, como parece pensarse ahora. No se trataba solo, ni siquiera principalmente, de abrir mercados comunes para dinamizar el comercio mutuo y generar prosperidad. Se trataba ante todo de asegurar la paz. Evitando precisamente la tentación del “Alemania primero”, el “Italia primero”, el “Rusia primero” o el “Gran Bretaña primero” que nos llevó a donde nos llevó.

Combatamos por tanto la peligrosa regresión del “nosotros primero” que se enarbola exitosamente en buena parte de Europa. Con los mejores valores, con mucho sentido común. Y con una buena lección de historia.

Primero la paz. Primero la fraternidad. Primero la solidaridad. Primero el progreso colectivo. Oiga.

Cada celebración anual del día internacional en el que se reivindica la igualdad entre mujeres y hombres se dan dos factores que llaman la atención. Siendo un día de reivindicación internacional, en nuestro país al menos predominan con mucho las reivindicaciones propias del escenario nacional o, como mucho, del escenario europeo, cuando la situación del resto de mujeres del mundo es mucho peor en buena parte.

Además, a la hora de esgrimir argumentos de contundencia para evidenciar las situaciones de desigualdad real a combatir, suele hablarse de forma recurrente sobre el escaso número de mujeres que forman parte de las plataformas de poder en la política, en la empresa, en la judicatura, en los rectorados universitarios, etc. Pero siendo esta una realidad tan rechazable como incontrovertible, lo cierto es que resulta tan solo un síntoma más de una enfermedad, la enfermedad del machismo, cuya curación debiera ser el objetivo primordial.

La igualdad definitiva entre hombres y mujeres constituye sin duda la principal revolución social de nuestro siglo. Una revolución que tendrá altibajos, aceleraciones y deceleraciones en su transcurso, seguramente, pero que resulta ya imparable. Es importante porque afecta nada menos que a la mitad de la población. Es histórica porque persigue acabar con una injusticia con raíces multi-milenarias. Y es positiva porque permitirá que el motor del progreso de la Humanidad duplique su fuerza creativa y motriz.

Pero no hay que perder de vista el hecho de que siendo aún muy relevantes las discriminaciones y violencias que sufren colectivamente las 250 millones mujeres en Europa, el resto de las más de 3.000 millones de mujeres que habitan otros continentes soportan situaciones bastante peores en muchos casos. Por tanto, cada 8 de marzo es importante destacar la tabla reivindicativa de las mujeres españolas y europeas, pero a mi juicio tenemos que hacer un hueco mayor en nuestras denuncias públicas para esas mujeres que en África, en Asia y en Latinoamérica son mayoritariamente privadas de los derechos y las libertades más elementales. Sobre todo desde la izquierda que presume de internacionalismo.

En el otro aspecto mencionado, el de los síntomas y las enfermedades, cabe prescribir dos tipos de tratamientos. Uno de carácter analgésico para los síntomas de las desigualdades más evidentes en los ámbitos públicos y privados de decisión, mediante la lucha contra la discriminación negativa y la aplicación de medidas de discriminación positiva. Pero más relevante es el tratamiento antibiótico contra la enfermedad que provoca este y otros síntomas aún más dolorosos por su afección al día a día de muchas mujeres, en la violencia, en la relegación profesional y salarial, en la adjudicación exclusiva de funciones domésticas y de cuidado, en los mayores riesgos de empobrecimiento y exclusión social…

La enfermedad se llama machismo y tiene dos vías claras de curación: la educación y el empleo en igualdad. Solo mediante la educación podrán extirparse esos prejuicios que otorgan la primacía social al hombre y subordinan el papel social de la mujer. Y solo con el igual acceso, la igual retribución y la igual promoción laboral podrán las mujeres alcanzar el grado de autonomía y reconocimiento que se requiere para establecer sus relaciones personales, familiares y sociales con los hombres en situación de equilibrio, de igual a igual.

 

Durante estos días se tramita en el Congreso de los Diputados una de esas leyes que afectan decisivamente a las condiciones de vida de millones de personas, pero que no son objeto de gran atención pública, por carecer de los habituales resortes de controversia en los medios de comunicación. Es la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, categoría en la que participan más de 3,2 millones de españoles, debidamente dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social.

La derecha económica y política ha construido toda una épica en torno al “emprendimiento”, a los “emprendedores”, al “háztelo tú mismo”, al “sé tu propio jefe”, al “triunfa desde tu garaje como Gates o como Jobs”… Cuantos más parados se animen a desinflar las cifras del desempleo, mejor, aunque no siempre se “emprenda” en las condiciones mínimas debidas.

De hecho, la realidad cotidiana para la gran mayoría de los “emprendedores” españoles de verdad tiene poco de épica y mucho de obstáculos, de precariedad y de discriminación en el ejercicio de derechos que consideramos básicos para otros tipos de trabajadores.

El Partido Popular y, sobre todo, Ciudadanos han creído descubrir en el colectivo de trabajadores por cuenta propia un caladero privilegiado de votos, y campaña tras campaña se vuelcan en discursos, eslóganes, fotos y promesas de todo tipo. La realidad, sin embargo, es que desde la promulgación de la vigente ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en el año 2006 y con gobierno socialista, pocos avances reales se han producido para mejorar las condiciones de trabajo y de vida para estas personas.

En el inicio de la presente legislatura Ciudadanos y PP pactaron una doble iniciativa relacionada con los trabajadores autónomos: una ley de medidas urgentes y una subcomisión parlamentaria de estudio. No obstante, y más allá de toda la propaganda habitual, el resultado tiene visos de ser un fiasco.

Primero por el orden curioso con que han decidido afrontar el trabajo. Este será el primer proceso legislativo en el que primero se hace la ley y después se abre una comisión de estudio y propuesta. ¿Por qué lo hacen así? Para incluir en la ley las medidas fáciles y baratas, derivando las difíciles y costosas al estudio sin mayores consecuencias. La segunda frustración tiene que ver con el contenido, porque la propuesta a discutir solo contiene seis artículos de alcance menor. Y porque la mayor parte de los compromisos suscritos por Ciudadanos con PP y con PSOE han sido vetados por el grupo que apoya al Gobierno.

En consecuencia, el proyecto en tramitación habla de la modulación de recargos por ingresos fuera de plazo en la Seguridad Social, por poner un ejemplo ilustrativo, pero obvia las soluciones a todos los grandes problemas que de verdad sufren los trabajadores autónomos. No hay ni rastro de ayudas a la financiación. Nada sobre cómo afrontar la morosidad excesiva, en lo público y en lo privado. Nada sobre la mejora de la fiscalidad que se demanda vivamente. Nada sobre el fraude creciente de los falsos autónomos explotados. Muy poco sobre la equiparación de prestaciones sociales con el régimen general de la Seguridad Social, en cese de actividad, en accidentes de trabajo, en formación profesional.

Y ahí es donde están los auténticos desafíos. Los autónomos no necesitan más ánimo o más alabanza a su valentía y su esfuerzo. Lo que necesitan son ayudas para financiar sus proyectos, y reglas claras para que les paguen las facturas pendientes, y facilidades para optar a los concursos públicos en igualdad de condiciones con las grandes empresas, y trámites administrativos más simples,  y una legislación que no les empobrezca cuando caen enfermos o han de jubilarse…

Nuestro propósito será el de atender estos retos auténticos durante la tramitación de la ley. Menos jabón y más solución.