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Archive for the ‘Comunicación’ Category

La gran mayoría de los analistas que han tratado sobre el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centraron su atención tan solo en los datos relativos a la intención de voto. Sin embargo, el informe del CIS ofrece resultados de gran interés social y político en torno a la problemática de la vivienda en España.

El acceso a la vivienda forma parte de los siete problemas más graves del país, según opina la población española en general. Entre los jóvenes de 25 a 34 años constituye, además, el primer problema tras el paro y la precariedad laboral.

De hecho, la dificultad para acceder a una vivienda digna se encuentra en la raíz de otras graves problemáticas que afectan a nuestra juventud, y que han sido objeto de tratamiento científico durante los últimos tiempos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el último informe FOESSA sobre la creciente exclusión social entre los jóvenes, así como en los recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística acerca del retraso paulatino en la emancipación, la nupcialidad y la paternidad/maternidad de la juventud española.

La problemática juvenil en relación a la vivienda tiene consecuencias que van más allá, incluso, de las graves limitaciones económicas, de la precariedad social lastimosa o de la muy preocupante evolución de la pirámide demográfica en España. La imposibilidad práctica de acceder a una vivienda digna, y la consiguiente dificultad extrema para iniciar una vida autónoma, están conduciendo inexorablemente a muchos jóvenes a la desafección hacia el propio sistema político democrático.

En consecuencia, el conjunto de las instituciones públicas -desde los partidos hasta las organizaciones empresariales y sindicales, desde el Gobierno nacional hasta el Parlamento, pasando por autonomías y ayuntamientos-, debieran implicarse en un gran acuerdo social y político para mejorar el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna. Este acuerdo ha de implicar iniciativa política, legislación adecuada y recursos suficientes para lograr efectos positivos a corto plazo. La legislatura que comienza debiera ser la legislatura del derecho a la vivienda.

Los datos de CIS son concluyentes: el 90,2% de la población española -que se eleva al 93,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años, y al 94,3% entre los que suman entre 25 y 34 años-, opinan que la vivienda es un derecho de la ciudadanía a proteger de manera activa por el Gobierno.

El propio estudio avanza las soluciones que cuentan con mayor respaldo social: la construcción de un parque público de viviendas en alquiler; la disposición de créditos públicos ventajosos para la compra de vivienda; la limitación de los precios de los alquileres; las ayudas públicas directas para los inquilinos de viviendas en alquiler; el establecimiento de ventajas fiscales para esos mismos inquilinos…

En una de sus últimas medidas antes de disolver las Cortes, el Gobierno socialista logró aprobar un decreto ley que promovía medidas muy interesantes, como la ampliación de los periodos de vigencia en los contratos de alquiler y la limitación de las fianzas impuestas por los arrendadores.  Sin embargo, afrontar esta grave problemática con auténtica ambición exigirá de medidas añadidas, que han de implicar necesariamente a otras administraciones.

El imprescindible acuerdo nacional para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda requerirá de la habilitación de suelo público para construir vivienda social, así como del concurso de las administraciones municipales y autonómicas para modificar en este sentido los planeamientos urbanísticos. Será necesaria la complicidad de parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y administraciones municipales para adaptar leyes, ordenanzas y presupuestos a este fin. Habremos de priorizar las políticas de vivienda en los presupuestos generales del Estado para los próximos ejercicios…

La resolución de este problema está muy relacionada con la solución debida para otras dificultades tan o más relevantes, como los niveles insoportables de desempleo juvenil, la precariedad de los contratos laborales de los jóvenes, la alta temporalidad, los salarios insuficientes…

Y tendremos que enfrentarnos con determinación a los poderes económicos que aún hacen de la especulación urbanística y del mercado libre de la vivienda una veta formidable de negocio, en demasiadas ocasiones a costa del bienestar y los legítimos proyectos vitales de millones de jóvenes.

Si queremos que los jóvenes sientan respeto, apego y complicidad con el sistema socioeconómico y político que les ofrecemos, hemos de atender a su llamada de auxilio en relación a la vivienda. Tal llamada está al alcance de los ojos y los oídos de todos los que se aproximen al último estudio del CIS con ánimo de ir más allá de los atractivos datos de intención de voto.

Una razón más que constituir el Gobierno que han votado los españoles. Cuanto antes.

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El símil con aquella campaña institucional destinada a fomentar el ahorro energético no es mío. Es de Iñaki Gabilondo y se lo escuché en la cadena SER, pero sirve para ilustrar de manera precisa el momento político que vivimos en relación a la investidura del Presidente del Gobierno.

Y es que da la sensación de que algunos actores pretenden alargar el proceso que ha de investir al único Presidente posible, por motivos puramente tácticos y egoístas. Y puede que a ellos les convenga esperar, pero España, efectivamente, no puede.

La paradoja del momento es la siguiente. La ciudadanía ha cumplido con su responsabilidad democrática, acudiendo repetidamente a las urnas y arrojando un veredicto muy claro. El PSOE ha ganado de largo las elecciones generales, las europeas, las municipales y en diez de las doce elecciones autonómicas llamadas a votar.

Ha cumplido son su responsabilidad constitucional el Jefe del Estado que, tras la ronda preceptiva con los representantes políticos, ha propuesto un candidato a la presidencia del Gobierno. Y, finalmente, ha cumplido con su responsabilidad el propio candidato, Pedro Sánchez, que ha compartido sus planes con los dirigentes de diez fuerzas políticas con presencia en el Parlamento.

Ya solo queda que también asuman su responsabilidad el resto de los actores políticos con capacidad de decisión y voto en la sesión de investidura. Y tienen tres opciones legítimas: o apoyan al candidato propuesto, o intentan forjar una alternativa (que no es posible), o se hacen a un lado sin bloquear la única investidura posible. Estas son opciones legítimas, porque no resulta legítimo optar por el boicot a las instituciones, el bloqueo y la ingobernabilidad. Quizás ellos se puedan permitir ciertos tacticismos interesados, pero España no puede.

Quizás unos jueguen a presionar al candidato, intentando llevarle hasta el extremo con la intención de que varíe sus planteamientos en un acuerdo programático, parlamentario e institucional muy razonable. Puede que otros jueguen simplemente a retrasar la investidura para provocar el desgaste político del candidato y fomentar la sensación de inestabilidad. Incluso puede haber quienes jueguen a repetir elecciones, por si les fuera mejor en una nueva cita con las urnas.

Se trata de juegos tácticos tan comprensibles como evidentes, pero absolutamente inaceptables desde la perspectiva del interés general. Los cálculos partidistas son inevitables, pero han de subordinarse al bien común porque, de lo contrario, se subvierte claramente el mandato representativo.

En concreto, puede que algunos actores políticos estén apostando a hacer fracasar la investidura del único Presidente posible en julio, para irse de vacaciones en agosto y continuar el juego táctico en septiembre. Sería una irresponsabilidad.

Hay asuntos pendientes que no pueden esperar al juego táctico de ningún partido. El último informe FOESSA alerta sobre la existencia de más de ocho millones de excluidos sociales en España. Estamos pagando la extra de las pensiones con préstamos. La precarización de muchos empleos exige un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma urgente. Tenemos pendiente el nuevo sistema de financiación autonómica desde hace años. El cambio climático requiere respuestas legales y estructurales ya. En Europa nos esperan para afrontar el brexit, el presupuesto del euro, la armonización fiscal…

Además, aún tenemos por renovar el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE…

Definitivamente, no. España no puede esperar. Necesitamos un Gobierno estable ya. Los ciudadanos han hecho su trabajo. Ahora corresponde a diputados y diputada actuar con responsabilidad.

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En estos días previos a la sesión de investidura que tendremos pronto en el Congreso de los Diputados, se habla mucho del “con quién” saldría adelante la elección de Pedro Sánchez, del “cómo” explicarán unos y otros su voto, incluso del “cuándo” se producirá la votación definitiva. Pero siendo tales incógnitas de gran interés, resulta extraño que se centre tan escasa atención sobre algo tan fundamental como el “para qué” está reclamando la investidura Pedro Sánchez y el partido ganador de las elecciones generales.

Ignorar esta información equivaldría a dar por hecho que el comportamiento de los grupos parlamentarios en la sesión de investidura tendrá más que ver con sus estrategias partidarias que con los intereses de la ciudadanía española. Sin embargo, lo cierto es que los facilitadores de la investidura estarán abriendo la puerta a la consecución de unos objetivos de país que han sido perfectamente explicitados por el candidato Sánchez. Y, a la inversa, quienes dificulten la investidura serán responsables de obstaculizar el alcance de tales metas de interés general.

El primero de los grandes propósitos del Gobierno socialista que Pedro Sánchez aspira a formar en breve consiste combatir eficazmente las desigualdades que se han disparado en España desde la crisis de 2008, y como consecuencia de su gestión injusta por parte de la derecha gobernante entre 2011 y 2018.

Varias noticias en estos días lo han puesto de manifiesto, comenzando por la publicación del prestigioso informe FOESSA, el cual prueba que 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, forma parte ya de la categoría de los excluidos sociales, 1,2 millones más que hace una década. Además, casi la mitad, más de 4 millones de españoles, sufren exclusión severa.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer también el dato de la caída de los nacimientos en casi un 30% durante los últimos diez años, habiéndose elevado a 31 la edad media en el nacimiento del primer hijo. Los jóvenes españoles tienen muchísimas dificultades para emprender un proyecto vital de manera digna y estable.

Simultáneamente a esto, se han producido en nuestro país sendos debates interesantes acerca de las repercusiones de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo, y acerca de las consecuencias de una eventual bajada drástica de los impuestos, tal y como proponen las formaciones políticas de la derecha. Un hecho luctuoso, el fallecimiento de un trabajador explotado en la llamada economía colaborativa o digital, ha reverdecido también la discusión pública sobre la necesidad de revertir la reforma laboral precarizadora del PP.

Pues bien, este es el primer objetivo: combatir las desigualdades con políticas públicas redistribuidoras, fortaleciendo el Estado de Bienestar, recuperando derechos para los trabajadores, y cobrando impuestos justos a quienes más ganan, más tienen y más esconden.

Pero hay otras metas, tan relevantes como esta. Se trata de modernizar nuestro sistema productivo, poniéndonos al día en el reto de la digitalización de la economía y en la apuesta por la innovación para la mejora de la productividad. Tenemos pendiente también acelerar nuestra transición ecológica justa para combatir con determinación y eficacia el cambio climático.

Nuestro país necesita un nuevo impulso regenerador para mejorar la calidad de nuestra democracia, su funcionamiento y sus instituciones. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye el primer objetivo estratégico y transversal en este capítulo. Pero interesa mucho, igualmente, la lucha contra la corrupción y la garantía de limpieza en todas las instituciones democráticas.

Fomentar la convivencia territorial, avanzando en el perfeccionamiento federal de nuestro Estado de las Autonomías, acordando un sistema estable de financiación territorial, garantizando un marco competencial y financiero consensuado en el ámbito local, también son finalidades de interés común.

La integración progresiva en la Unión Europea hacia los inevitables Estados Unidos de Europa, la consecución de una administración europea más social y el fortalecimiento del papel de España en esa construcción, constituyen asimismo intenciones susceptibles de generar amplios consensos políticos y sociales.

Todo esto requerirá, por cierto, de una voluntad concertada para cortar el paso a la influencia de los enemigos de nuestra democracia y de los valores que la sustentan. En la Europa más avanzada en derechos y libertades, las fuerzas democráticas y europeístas se conjuran para aislar a la extrema derecha xenófoba, machista y antieuropea. Ojalá aquí PP y Ciudadanos participaran de ese propósito político y moral, y dejaran de blanquear y normalizar la influencia de Vox en nuestras instituciones.

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Las elecciones del 28 de abril no son unas elecciones más. No está en juego tan solo el nombre de un Presidente o el color político de un Gobierno. Estas serán las elecciones más decisivas desde 1982. Porque nos jugamos la consolidación o la reversión de buena parte de los derechos conquistados durante los últimos cuarenta años. Nada menos.

Las derechas que representan Casado, Rivera y Abascal tienen poco que ver con las derechas gobernantes en Alemania, Francia o Reino Unido, por ejemplo. Son más peligrosas, incluso, que la derecha corrupta de Rajoy y la derecha sectaria de Aznar, que tan triste legado dejaron en nuestro país. VOX marca el discurso y la estrategia en esta tríada, y los demás le siguen “sin complejos”. Ya ocurrió en Andalucía.

El franquismo nunca desapareció del todo en España. Se mantenía agazapado en el seno del PP y afilando armas en sectores claves de nuestra economía, nuestro funcionariado o nuestro ejército. Ahora han decidido que ya pasó tiempo suficiente desde la desaparición del dictador. Que son muchos los que, por edad, ya no tienen presente la brutalidad de aquel régimen. Que los vientos del neofascismo en Europa les favorecen. Que cuarenta años después, ha llegado otra vez su hora. 

Abascal ha fichado a las claras a militares franquistas en la reserva para llevarlos al poder, como en los viejos tiempos de la camisa azul, los correajes y los saludos romanos. Habla de volver a armar a “los españoles de bien”, para someter a los “malos españoles”, hemos de entender. En Andalucía reclama listas negras de feministas; pronto de rojos y maricas. Los suyos ya exigen ilegalizar a los partidos “marxistas” y “enemigos de España”, es decir, todos menos ellos. Una patria, un Dios, un pueblo, un partido. No son nuevos. Son lo más viejo de este país. 

Casado se deja llevar, por miedo, por convicción, o por ambas razones. Y amenaza a las mujeres “que no saben lo que llevan dentro” con arrebatarles el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Si además de mujeres, también son culpables de inmigración, les pide a sus hijos en adopción a cambio de no echarlas de España, por el momento. Promete una revolución fiscal a la baja para acabar con ese Estado benefactor que siempre les pareció fábrica de gandules y perdedores. Que se salve el que pueda pagar, ¿o es que vamos a ser todos iguales? Por eso su candidata en Madrid adelanta nuevas privatizaciones en la sanidad y la generalización del cheque escolar. 

Rivera se ha quitado definitivamente la máscara de hombre centrado y moderno, y ahora abraza sin rubor los postulados y hasta los tics de la derecha más extrema. Su anti-feminismo, disfrazado de liberal, le lleva a promover el alquiler de los vientres de las mujeres -lo llaman gestación subrogada- y de sus propios cuerpos en el mercado del sexo -lo llaman prostitución regulada-. El “fichaje estrella” de un antiguo directivo de Coca-Cola evidencia sus planes en materia laboral y hacendística, mejor que cualquier programa electoral: despedir trabajadores en España y pagar impuestos fuera de España.

Como en los viejos tiempos, este programa demoledor para nuestros derechos y libertades llega envuelto en banderas kilométricas y amenizado por himnos militares. Pero detrás de los colores y las músicas, esconden lo de siempre: la bota, el palo y el tentetieso para todos aquellos a los que consideran malos españoles. 

Como antaño, dicen venir para salvarnos de comunistas y rompepatrias. 

Pero ahora tenemos una ventaja. Les conocemos y les vemos venir. 

Que no nos pase como en Andalucía. 

Movilización máxima el 28 de abril, para defender la España que quieres. 

Porque si tú no vas a votar, ellos vuelven.

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Desde que Pedro Sánchez fue investido Presidente del Gobierno de España, el partido Ciudadanos y su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados han hecho todo lo posible por impedir que desarrollara su labor de Gobierno con normalidad. A fin de cumplir tal propósito ha sumado sus votos a los del PP para utilizar la Mesa del Congreso una y otra vez de forma fraudulenta, sectaria y partidista.

El último episodio de gravedad tuvo lugar el martes 13 de marzo, cuando Ciudadanos impidió junto al PP la calificación de un Real Decreto Ley aprobado legítimamente por el Gobierno para impulsar los planes de igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, y para ampliar progresivamente el permiso de paternidad hasta las 16 semanas. Arguyendo falsamente que podría existir una contradicción con la Constitución Española, Ciudadanos y PP forzaron una absurda consulta jurídica a los letrados del Congreso.

Como era de esperar, los letrados establecieron de manera contundente la constitucionalidad de la norma y la obligación inexcusable de la Mesa para someter su convalidación a la Diputación Permanente del Congreso. Solo 24 horas después, Ciudadanos hubo de rectificar y admitir a trámite este y cada uno de los Reales Decretos Leyes pendientes de ratificación. Cayeron en el ridículo, pero el daño estaba hecho, sobre el crédito de las instituciones democráticas y sobre el ánimo y la zozobra de miles de españoles.

La estrategia de obstaculización fraudulenta por parte de Ciudadanos comenzó con su apoyo a los vetos presupuestarios del Gobierno Rajoy hacia cada una de las iniciativas de ley que impulsaba el Grupo Socialista. El propio Tribunal Constitucional ha reprochado tal comportamiento, socorriendo al Grupo Socialista en amparo.

Con el PSOE ya en el Gobierno, las maniobras arteras se centraron en la ampliación sistemática y arbitraria de los plazos de presentación de enmiendas en las principales iniciativas de ley. Con trampas impidieron también la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, crucial para sacar adelante los Presupuestos más sociales de la última década.

Con las Cortes disueltas, ya no hay posibilidad de crear problemas con los vetos presupuestarios o los plazos eternizados para las enmiendas, por lo que Ciudadanos decidió innovar. El día 13 inventó el “recurso previo de inconstitucionalidad a resolver por los letrados del Congreso”. Sabían que no había reproche posible a la conducta del Gobierno y sabían que su maniobra no llegaría a ningún sitio, pero no dudaron en generar dudas sobre la licitud de las normas aprobadas, involucrando irresponsablemente a los letrados del Congreso.

La profesionalidad de los servicios jurídicos del Congreso salvaron la situación. Los letrados emitieron un informe taxativo, que tumbaba punto por punto el intento artero de Ciudadanos para establecer dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto Ley. Todos los Decretos serán sometidos a convalidación de la Diputación Permanente, como establece la Constitución en sus artículos 78 y 86.

No obstante, el daño ocasionado es evidente. La utilización sectaria de la Mesa de la Cámara, una vez más, desprestigia esta institución, tan importante para el funcionamiento normalizado de nuestra democracia.

Y miles de españoles han sentido en estos días incertidumbres e inseguridades, de manera innecesaria e injusta. Se han sentido así los españoles cuyos derechos se verán reforzados con los decretos del Gobierno: aquellos que esperan la ampliación de los permisos de paternidad; quienes tramitan el subsidio para parados mayores de 52 años; los inquilinos que se beneficiarán por la ampliación del plazo en sus contratos de alquiler; los afectados por el brexit que requieren seguridad y rigor en las actuaciones de su Gobierno…

Al parecer, a Ciudadanos ya no le basta con los chanchullos y pucherazos de sus procedimientos internos de elección de cargos. Pretenden exportar estas malas prácticas a las propias instituciones democráticas del país. Pero no se lo vamos a permitir.

El Gobierno tiene el derecho y la obligación de gobernar, ampliando derechos y libertades para cuantos más españoles y españolas mejor. Y lo va a seguir haciendo, conforme a las leyes y el interés general. Aunque le pese a Rivera y los suyos.

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Es una constante histórica: cada vez que España se la ha jugado de verdad como país, la derecha ha traicionado a los españoles. Ha sucedido así siempre bajo gobierno socialista. Y está ocurriendo nuevamente en estos días. Apenas 48 horas antes de dar comienzo el trascendental juicio a los presuntos delincuentes del separatismo catalán, las derechas de PP, Ciudadanos y Vox convocan concentraciones… contra el Gobierno de España.

Utilizando la burda excusa de un posible “relator” previsto para las reuniones entre los partidos catalanes, Casado, Rivera y Abascal se han lanzado a una demencial carrera de descalificaciones al Presidente del Gobierno: traidor, felón, peligro, ilegítimo… Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que el Gobierno socialista no ha hecho ni hará concesión alguna al separatismo fuera del ordenamiento constitucional. Saben que el Gobierno no quiere y no puede instar a la fiscalía para que cambie su posición en el juicio, y saben que el Gobierno no quiere y no puede negociar referéndum alguno de autodeterminación.

Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que la acción del Gobierno no solo es legítima, sino que es la única posible para afrontar con alguna eficacia el problema territorial en Cataluña. Primero, reestablecer la comisión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno autonómico catalán, tal y como mandata la ley, y sin “mediación” alguna. Y segundo, promover una mesa de partidos catalanes para buscar salidas políticas al conflicto, con los “relatores” o “coordinadores” que los partidos consideren de interés. Punto. Diálogo dentro de la ley.

Los españoles tienen cada día más claro dos cosas. Que este problema solo se soluciona dialogando, dentro de la ley, y que tanto en la política catalana como en la política española hay quienes quieren solucionar el problema y hay quienes quieren avivarlo para sacar partido electoral. Casado y Rivera han demostrado estar entre estos últimos, junto a Puigdemont. Están dispuestos a incendiar la convivencia en Cataluña aún más, con tal de obtener unos votos en el resto de España. Esto sí que es traicionar a los españoles.

Ha ocurrido siempre. El primer Gobierno socialista de Felipe González se enfrentó al reto de convencer al país sobre la conveniencia de mantenernos en la Alianza Atlántica, y la derecha traicionó a España llamando a la abstención en aquel referéndum. Años después, cuando el Gobierno de Zapatero peleaba por erradicar el terrorismo de ETA, la derecha traicionó a España haciendo uso electoral de la política antiterrorista, incluidas convocatorias infames en la plaza madrileña de Colón, otra vez.

Tras el triunfo socialista en las elecciones de 2004, la derecha promovió una infamante teoría conspiranoica acerca de la autoría del atentado yihadista del 11-M, acusando prácticamente al PSOE de complicidad con la matanza. En plena crisis financiera, con el país en riesgo de quiebra, y cuando el Gobierno Zapatero tuvo que adoptar las difíciles medidas que exigían los mercados de deuda para mantener nuestro crédito internacional, la derecha traicionó nuevamente a los españoles. Montoro lo explicó muy bien: “Que se hunda España”, aseguró a la diputada canaria Ana Oramas.

Ya en el Gobierno, y mientras imponía los recortes más brutales en materia de empleo, pensiones, educación, sanidad y dependencia, la derecha se entregó a la corrupción sistémica que tuvo que sentenciar la Justicia en el famoso caso Gurtel. Otra traición. Y hace pocas semanas consumaron la traición más dramática: cuarenta años después de muerto el dictador Franco, las derechas de PP y Ciudadanos normalizaban y blanqueaban a los herederos del franquismo, incorporando a las instituciones andaluzas a una fuerza política anti-constitucional, anti-europea, xenófoba y machista.

Pues bien, gracias a la labor de los Gobiernos socialistas se ganó aquel referéndum sobre la Alianza Atlántica, y ETA anunció que dejaba de matar, y España pasó página de la Gurtel, y se están revertiendo los recortes sociales… Y será con un Gobierno socialista en España con el que pueda abrirse paso, por fin, una esperanza de solución para el problema de convivencia que tenemos en Cataluña. Será con un Gobierno socialista, o no será, como siempre que España se la juega.

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El año 2019 que comienza promete debates y contiendas políticas de primer orden en España. Comenzamos con los Presupuestos Generales del Estado y la formación de gobierno en Andalucía. Seguiremos con unas elecciones municipales, autonómicas y europeas absolutamente decisivas. Y en el horizonte de este año o del que viene asoman también las elecciones generales.

La gran pregunta es la siguiente: ¿cuáles serán los ejes determinantes en estos debates y en estas campañas electorales? Existen dos grandes tendencias, que responden a valores e intereses distintos y contrapuestos.

Una tendencia procurará centrar debates y campañas en la cuestión territorial, en los conflictos identitarios y en los agravios reales o supuestos entre territorios. La otra tendencia pretenderá tratar sobre las personas, ofreciendo respuestas a sus problemas, necesidades y retos. Los primeros llamarán a la emoción y a las gónadas. Los segundos, a la razón y la convivencia. ¿Cuál se impondrá? El resultado de las elecciones sucesivas y el futuro del bienestar de los españoles dependerán en buena medida de la respuesta a esta pregunta.

La derecha nacional y periférica insiste en la primera opción. A juicio de Casado y Rivera, la gran cuestión a dilucidar en el año que entra consiste en determinar cuan españoles seremos los españoles. A juicio de Puigdemont y Torra se trata de establecer cuan catalanes serán los catalanes. Las derechas azul, naranja y amarilla, en definitiva, competirán por diferenciar a los muy españoles o muy catalanes respecto a los demás, que serán, según su criterio, menos españoles o menos catalanes.

Las derechas promueven continuamente controversias que enfrentan a unos territorios con otros territorios y a unos españoles con otros españoles. Nos dicen y dirán que los poco españoles favorecen a unos territorios, que son menos españoles (o catalanes), en detrimento de otros territorios, que son más españoles (o catalanes). Y que ellos lo harían a la inversa, signifique esto lo que signifique.

Además, insistirán en la suma importancia de conceptos tan anacrónicos y propios del siglo pasado como el patriotismo excluyente, o el soberanismo, o la autodeterminación, o la independencia. Cuando, en realidad, el patriotismo del siglo XXI es el patriotismo ciudadano y democrático, abierto y cada día más global. Y cuando soberanismo, autodeterminación e independencia son objetivos que han sido felizmente superados por la era de la globalización, el multilateralismo y la interdependencia.

En un mundo que globaliza su fenomenología económica, social, cultural y cívica, la meta no es levantar fronteras y segregar espacios políticos, sino derribar muros e integrar espacios públicos para el desarrollo global, próspero, solidario y democrático. Y ese camino para nosotros se llama Europa.

El franquismo revivido y blanqueado en estos días por Casado y Rivera, por su parte, intentará también quebrar algunos de los consensos que han fundamentado la convivencia democrática desde la muerte del dictador hace cuarenta y tres años. Al grito de “nosotros primero” fomentarán el miedo y el rechazo al diferente, al extranjero y a la propia construcción europea. Y con la llamada a los valores de lo que ellos llaman la familia “tradicional”, intentarán revertir las conquistas sociales logradas en estos años de democracia, muy especialmente las que tienen que ver con los derechos de las mujeres.

Pero hay otra manera de afrontar los debates en este tiempo que se abre. Podemos hablar de las personas en lugar de centrarnos tan solo en los territorios. Podemos debatir sobre cómo resolver los conflictos en lugar de agravarlos para mejorar su rendimiento electoral. Y podemos trabajar con la razón y el diálogo en lugar de con la pura emocionalidad y el enfrentamiento permanente.

Tanto en el debate presupuestario como en las citas electorales previstas cabe plantear tres temas relevantes sobre los que habrían de pronunciarse las distintas fuerzas políticas. ¿Qué Estado del Bienestar queremos para nuestras familias y qué esfuerzo fiscal estamos dispuestos a establecer para financiarlo? ¿Cómo hemos de modernizar nuestra economía para asegurar a la vez desarrollo, preservación ambiental y empleos de calidad? ¿Y qué reformas hemos de emprender en el funcionamiento de nuestras instituciones para contar con una democracia más abierta, transparente, limpia y participativa, en España y en el conjunto de Europa?

Este sí sería un debate inteligible y eficaz para el interés de la ciudadanía a la que nos debemos sus representantes políticos.

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