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Archive for the ‘Comunicación’ Category

 

La constante sucesión de casos de corrupción vinculados al Partido Popular está ocasionando graves daños sobre la institucionalidad pública española. La consecuencia más directa y evidente tiene que ver con los propios fondos públicos desviados de su destino legítimo a favor del interés general. Sin embargo, quizás el daño cualitativamente más relevante se ha producido sobre  la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento limpio de las instituciones democráticas.

El crédito de la Justicia de nuestro país ante la ciudadanía se ha visto gravemente mermado por comportamientos inadecuados, irregulares o puede que directamente delictivos de algunos de los principales protagonistas institucionales.

El ministro intercambia mensajes de ánimo con alguno de los hoy encarcelados. El Fiscal General promociona como Fiscal Jefe Anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta especialidad. El propio Moix se estrena enfrentándose a sus subordinados tras el intento de obstaculizar las investigaciones sobre alguno de los principales encausados. Y finalmente la Presidenta de la Comunidad de Madrid desliza la sospecha de que la mismísima Guardia Civil está siendo manipulada a cuenta de las querellas internas en el PP.

Gran parte de los españoles tienen hoy la convicción, bien fundada, de que estos responsables institucionales en la Justicia de nuestro país están actuando antes como defensores de los corruptos que como garantes del Estado de Derecho. Y esta convicción resulta demoledora para la imprescindible legitimación de las instituciones públicas ante la sociedad a la que sirve.

El nombramiento de Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción concita todas las sospechas. Porque resulta muy plausible pensar que si las razones de nombrar a Moix no fueron las de experiencia y capacidad, quizás el Ministro de Justicia y su Fiscal General se fijaron en otros hitos significativos de su historial.

Moix fue el Fiscal Jefe de Madrid nombrado apenas unas semanas después del “tamayazo” y que se aseguró de evitar cualquier investigación al respecto. Durante doce años, entre 2003 y 2015 no vio o no quiso ver, no denunció o no quiso denunciar el saqueo que algunos dirigentes del PP cometían sobre las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. Hasta por tres veces rechazó las denuncias vecinales sobre irregularidades en el Canal de Isabel II, que después se ha evidenciado como epicentro de la corrupción en el PP madrileño. El propio expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy en la cárcel, se ha referido a él como “un tío serio y bueno”.

Para recuperar un mínimo de confianza ciudadana en las instituciones de nuestra Justica es preciso que los procedimientos penales culminen con garantías del castigo debido para los criminales corruptos. Es imprescindible que los ladrones devuelvan el dinero robado.

Y, sobre todo, resulta absolutamente necesario que todos estos referentes institucionales dimitan o sean cesados, para asegurar el funcionamiento eficaz de nuestro Estado de Derecho, para preservar su prestigio ante la ciudadanía, y por coherencia democrática, porque tanto el Ministro como el Fiscal General y el Fiscal Jefe Anticorrupción han sido reprobados por la mayoría de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados.

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El profesor Álvarez Junco nos enseña que la historia la hacen los hombres y las mujeres, no su carácter. Sostiene el profesor que no existe determinismo histórico alguno en razón de supuestos rasgos constantes en el carácter de los seres humanos, ni en el ámbito global ni territorio a territorio. En definitiva, que nuestra historia es fruto de nuestra decisión y no de nuestros genes.

Sin embargo, nuestra memoria histórica a largo plazo es, en buena medida, un tener presente la sucesión constante de conflictos bélicos decisivos y emblemáticos. Las guerras médicas, pírricas y la guerra de Troya en la Grecia clásica. Las guerras púnicas, cartaginesas y dacias en el imperio romano. Nuestra invasión árabe y la posterior reconquista. Las permanentes guerras entre reinos europeos durante la Edad Media. Las revoluciones guerreras de Estados Unidos y de Francia.

Nuestro dos de mayo y la posterior guerra de la independencia. La guerra de secesión norteamericana. Nuestras guerras carlistas, de Cuba, de Filipinas y de Marruecos. La Primera Guerra Mundial. La revolución rusa. Nuestra guerra civil. La Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico árabe-israelí. Las guerras de Corea y de Vietnam. Las guerras de Afganistán, de Chechenia y del Golfo. Las Malvinas. La invasión de Irak. La guerra de Libia. La guerra de Siria…

Y así del tirón, casi sin detenernos a pensar. ¿Podríamos hacer el mismo ejercicio en relación a los grandes inventos, o los progresos de la Humanidad, o los personajes de bien? Lo dudo.

Al parecer, y aún a riesgo de contradecir al profesor Álvarez Junco, hay algo en nosotros que se siente atraído por el fragor de la batalla. Una especie de ardor guerrero, que diría Lorenzo Silva. Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto esos viejos resortes siguen funcionando? ¿Hasta qué punto podemos mirar al pasado con cierto aire de suficiencia para sostener que la Humanidad del siglo XXI se deja llevar antes por la razón que por los tambores de guerra?

Un vistazo a la actualidad de la última semana produce un efecto desasosegante. El inefable Trump siente el agobio de sus sonoros fracasos en materia migratoria y sanitaria. Y reacciona bombardeando un aeródromo sirio entre el aplauso del mundo “civilizado”. Como le sale bien, Trump sigue en la linde tirando “la madre de todas las bombas” (MOAB) sobre sus enemigos, ahora afganos. La contraparte rusa se siente aludida y amenaza con tirar ya no la madre sino “el padre de todas las bombas” (COAB), en cuanto acierte a decidir dónde y sobre quién dejarla caer.

Pero, claro está, la cosa no podía quedar ahí. Si las grandes potencias compiten alardeando del tamaño de sus genitales bélicos, ¿por qué no habrían de hacerlo los demás? Kim Jong Un, que asegura no tener nada que envidiar a Trump, festeja el cumpleaños de su abuelo con un gran desfile de misiles “que pueden llegar de Corea a Estados Unidos”.

El ejemplo cunde, como cabría esperar. El “moderado” Rohani desbragueta sus armas en las calles de Teherán y declara que “nuestro ejército defenderá todo el Oriente Medio ante cualquier amenaza”. Y en la fiesta no podía faltar Nicolás Maduro, desde luego. Mientras el pueblo venezolano sufre un desabastecimiento generalizado en lo más básico, su presidente promete “¡Quinientos mil milicianos bolivarianos más! ¡Con todos sus pertrechos!”, por supuesto. Hasta el flemático londinense Michael Howard no ha dudado en recordar la guerra de las Malvinas para referirse a las implicaciones del brexit sobre el estatus de Gibraltar. ¡Gibraltar!

En este contexto, solo a un excéntrico como el que esto escribe podría parecerle surrealista el último debate en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, con los embajadores de las potencias del mundo discutiendo con seriedad lo “salvaje” que resulta matar niños con gas sarín en Damasco, mientras legitiman sin pestañear los dronazos que también matan niños -muchos más incluso- en Afganistán o Yemen.

Tan surrealista como comprobar que todas las naciones socias de la OTAN convienen en elevar sus presupuestos de defensa hasta el 2% del PIB en lugar de convenir reducirlos. O tan surrealista como saber que el alumno más aventajado en esta lección del gran presupuesto bélico para Europa es el “progresista” Tsipras, con un 2,3% en la castigada Grecia.

No sé si el sabio Álvarez Junco está o no en lo cierto respecto al determinismo histórico, pero a mí no me cuesta casi nada imaginar a algunos de los grandes líderes mundiales que veo cada noche en el telediario ataviados con cota de malla y sus correspondientes gladius y pugios. Casi nada.

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El populismo que amenaza nuestros derechos y libertades de manera creciente en el mundo no es la enfermedad a curar, sino su síntoma. Sin embargo proliferan análisis y tratamientos para la fiebre, mientras se permite crecer sin límite al virus causante.

Los diversos populismos liquidacionistas, los hiper-nacionalismos exacerbados, las fuerzas eurofóbicas, el proteccionismo visceral, las plataformas abiertamente xenófobas, los neo-fascismos que resurgen por doquier, los taumaturgos salvadores… Todos ellos constituyen en buena medida la reacción defensiva de millones de seres humanos amenazados por el incremento global de las desigualdades y la precarización social.

¿Por qué personajes tan controvertidos y limitados como Trump, Le Pen, Wilders, Farage, Grillo o Iglesias logran el apoyo de millones de ciudadanos? No es debido a su catálogo de soluciones bien fundamentadas para afrontar los problemas de la gente, desde luego. Tampoco es por la credibilidad de sus trayectorias o por la calidad de sus equipos.

Sencillamente, estos personajes aciertan al expresar el enfado de millones de votantes. Señalan con el dedo a un culpable creíble y fácilmente identificable, sean inmigrantes, islamistas o miembros de la casta. Y plantean un recetario de soluciones tan simples como falsas, desde la salida de Europa a la construcción de un muro infranqueable, pasando por la expulsión de los inmigrantes, el impago de las deudas públicas o el establecimiento inmediato de una renta universal.

¿Y de dónde viene tanto enfado para alimentar reacciones tan puramente emocionales y tan peligrosas? De las consecuencias de la globalización sin reglas y del imperio del capitalismo salvaje.

Si la globalización se construye bajo la ley de maximizar el beneficio de unos pocos. Si la integración de Europa se rige prioritariamente por la austeridad implacable y el control draconiano de los déficits. Si la economía de cada Estado se somete ante todo al criterio de ganar competitividad a toda costa, los sacrificados son las clases medias y trabajadoras que pierden derechos y bienestar a gran velocidad.

Esto es lo que ha ocurrido. La globalización y el avance tecnológico han traído grandes ventajas para unas minorías y grandes desventajas a las mayorías. Mayores niveles de paro, empleos más precarios, salarios más bajos, mayor desigualdad, más marginalidad, más exclusión, más pobreza. Los excluidos lo siguen siendo. Pero los antes pobres caen en la exclusión. Los precarios caen en la pobreza. Las clases medias bajas se precarizan. Las clases medias altas pierden posiciones.

Los ascensores sociales propios del modelo social que pactaron socialdemócratas y demócratas cristianos en la segunda mitad del siglo XX europeo ya solo funcionan para la bajada. Los jóvenes no ven futuro. Los padres temen por sus hijos. Los mayores que pierden el trabajo se ven arrojados a la exclusión. Las mujeres ven frustradas sus expectativas de igualdad. Crece la incertidumbre, el miedo al futuro, la desesperanza.

Mientras tanto, los medios de comunicación y las redes sociales muestran los signos del éxito y la opulencia de los ganadores de la globalización.

Entonces llega Trump, o Le Pen, o Iglesias, y a todos estos perdedores les dicen que sí, que tienen razones para enfadarse, que los culpables están ahí delante, que hay que echarlos, y que hay que hacer lo que hay que hacer, porque ya está bien. Y muchos les escuchan, y muchos hasta les votan…

Y podemos desgañitarnos para desenmascararlos. Y podemos convencer a muchos de que en realidad estos salvadores solo son unos aprovechados de la desesperación ajena, y que no tienen capacidad ni voluntad de solucionar nada.

Pero mientras el problema de fondo siga ahí, los salvadores seguirán apareciendo, sembrando odio y recogiendo sus cosechas de confianza inmerecida.

Por eso es importante atender a la enfermedad en lugar de aminorar tan solo los síntomas.

La globalización debe reglarse, integrando los espacios públicos, armonizando sus normas. Los rendimientos de la prosperidad deben distribuirse con equidad. Los beneficios del avance tecnológico deben repartirse con justicia. El mercado libre debe convivir con la garantía del derecho de los trabajadores a vivir de su esfuerzo con dignidad. Las expectativas de desarrollo deben contemplar las seguridades inherentes al Estado de Bienestar, y cubrir las necesidades básicas de toda la población, y combatir la desigualdad y la pobreza.

Los ascensores sociales deben funcionar también hacia arriba, premiando el esfuerzo. Los jóvenes deben creer nuevamente en el pacto que retribuye la formación y el trabajo duro. Las mujeres deben tener la certeza de que la igualdad legal no tropezará con la discriminación de facto. Y los mayores deben confiar en una retirada sin penurias.

Solo así convertiremos a los Trump de nuestro mundo en una pesadilla pasajera.

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Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

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El discurso proteccionista avanza aparentemente imparable en voces ya no solo populistas, sino también de la derecha e incluso de la izquierda tradicional en buena parte del mundo.

El “América primero” ha sido el factor decisivo para hacer Presidente de los Estados Unidos a un personaje tan controvertido como Donald Trump. Las mismas tesis aislacionistas llevaron a millones de trabajadores británicos a apostar por la salida de la Unión Europea. Y son esas propuestas, aunque con diverso relato, intención y tono, las que impulsan en buena medida tanto a Hamon como a Le Pen y otros líderes extremistas en Europa.

El éxito de los planteamientos proteccionistas tiene una lógica simple y eficaz. La globalización sin reglas trae como consecuencias la fuga de las empresas propias en búsqueda de salarios más bajos, por una parte, y la entrada de productos a precios más competitivos, por otra. El resultado invariable es el de la pérdida de empleos domésticos y una tendencia a la baja en las condiciones propias de trabajo. ¿Cómo responder a estos desafíos? Primero, lo nuestro. Que las empresas no se vayan, bajo amenaza de graves sanciones fiscales. Y que los productos foráneos no entren, aplicando barreras arancelarias. Simple y eficaz.

La autarquía, sin embargo, no es una idea nueva. En el pasado la abrazaron tanto la derecha franquista aquí, como el comunismo en el campo soviético. El resultado invariable siempre fue el empobrecimiento generalizado. En el ámbito de la izquierda, además, choca de manera frontal con los principios ideológicos y morales más básicos. Porque la izquierda siempre fue internacionalista y siempre promovió la solidaridad y la justicia universal, por encima de fronteras, sin desentenderse de los derechos y condiciones del resto de los trabajadores del mundo.

Y si el proteccionismo autárquico confronta con los valores, resulta absolutamente incompatible con la experiencia práctica de las políticas económicas y sociales en el campo progresista. Hace tiempo aprendimos que la apertura comercial equivale generalmente a competitividad, crecimiento y desarrollo. Las sociedades diversas se enriquecen con el contacto, con el intercambio y el mestizaje. Y las relaciones transfronterizas fomentan el diálogo, la empatía y el entendimiento y, por tanto, ayudan a preservar la paz y la cooperación entre los pueblos. La autarquía, por el contrario, genera retroceso, desconfianza y riesgo de conflicto.

Ahora bien, es preciso hacer un análisis crítico y con propósito de enmienda sobre las condiciones en que se ha desarrollado hasta ahora la globalización liberal y el comercio abierto sin reglas. Porque han sido tales condiciones y sus consecuencias, en términos de pérdida de derechos para la mayoría, de paro y pobreza para millones, y desigualdad insoportable para el conjunto, las que han arrojado a muchos votantes trabajadores a los brazos de populistas, ultranacionalistas y extremistas peligrosos.

Globalización sí, pero sometida a las reglas de la democracia y la justicia. Unas relaciones económicas abiertas, pero gobernadas desde la política que asegura el bien común. Comercio abierto al juego de la competencia, pero con normas de obligado cumplimiento, que impidan competir mediante bajadas brutales de salarios o recortes de derechos sociales y laborales.

La izquierda debe ser inconformista y radical. Pero no en los discursos del proteccionismo añejo, empobrecedor e ineficaz, sino en la exigencia de un Estatuto global de los Trabajadores, con derechos garantizados e iguales, primero en Europa, después en el mundo. La izquierda ha de gobernar para establecer una fiscalidad valiente y justa sobre los beneficios empresariales, sobre todo los beneficios financieros que hoy escapan a las contribuciones para el bien común. Para financiar el ejercicio de derechos de ciudadanía, como un seguro europeo de desempleo y un Ingreso mínimo europeo, que protejan de la pobreza y la exclusión social a quienes van quedando en la cuneta del camino de la globalización.

Contra la globalización injusta, sí. Pero no para volver a la autarquía, no para ir hacia atrás. Contra la globalización injusta, para conquistar una globalización justa, en los negocios y en los derechos.

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 simancas071216

Sostenía el politólogo John Dunn que la democracia es un viaje inacabado del ser al deber ser. De hecho, el inconformismo de la sociedad actual con la democracia vigente está alcanzando niveles de revuelta.

La tradicional democracia representativa se nos presenta por algunos como una vieja dama anticuada, merecedora de reconocimiento por los servicios prestados antaño, pero incapaz de dar respuestas satisfactorias a las exigencias de las nuevas generaciones, más informadas y capaces.

El viaje inevitable hacia el perfeccionamiento de la democracia, sin embargo, nos está llevando por caminos diversos, a veces hacia delante y a veces también hacia atrás. Por ejemplo, hay quienes interpretan la mejora de la calidad de la democracia exclusivamente en términos de sufragio directo y de mayoritarismo. Cuanto más se vote, mejor. Y cuanto más se hagan valer las mayorías, mejor también.

Cuando hay un problema que resolver, votemos. Cuando hay una decisión que adoptar, votemos. Cuando hay un liderazgo por dirimir, votemos. Votar cuanto más mejor, y votar cuanto antes mejor. Da igual lo complejo que sea el problema. Da lo mismo cuántas sean las alternativas a considerar en la decisión. Nada hay más estimulante que contemplar el espectáculo de los líderes peleando en la arena por el voto inmediato.

No perdamos el tiempo en diagnósticos que dan dolor de cabeza. Para qué entretenerse en estudiar lo que se hizo antes, lo que se hace en otros sitios, lo que se puede hacer para mejorar. Por qué intentar la suma, el acuerdo, el consenso, cuando resulta más fácil, más atractivo y más “democrático” votar ya. Ante la duda, votemos. Y si nos surgen más dudas, pues votemos más. Que brinden los ganadores y que sufran los perdedores. Hasta la próxima votación.

Han votado los italianos contra su reforma constitucional en referéndum. Y antes votaron los colombianos contra el acuerdo de paz con la guerrilla. Y votaron los británicos contra su pertenencia a la Unión. Y antes aún votaron los franceses contra la Constitución Europea.

Todos estos votos parecen emitidos contra la razón. ¿Por qué? Porque no es razonable reducir toda la complejidad de la política a una dicotomía tramposa. Porque casi todos los referéndums esconden un plebiscito falaz. Y porque casi todos los referéndums invitan a conformar coaliciones negativas igualmente falaces.

Resulta absurdo reducir la complejidad de una toda una reforma institucional en un gran Estado como Italia a la dualidad entre el sí o el no propuesto por Renzi. Como resultaba inconcebible decidir en torno a las complejas relaciones de la Gran Bretaña con el resto de Europa en un simple yes/no. Igual que resulta irracionalmente simplificador establecer las condiciones de la normalización institucional de la guerrilla colombiana mediante la sencilla elección entre solo dos papeletas.

El atractivo irresistible de poner una papeleta en la mano de la ciudadanía lleva a muchos líderes a jugar con fuego. Y después nos extraña que se acaben quemando. Es más fácil y tentador tumbar al adversario en un referéndum que dialogar y acordar con él en una mesa de negociación. O mando yo o manda él. O yo o el caos. Pero el juego plebiscitario sale a la luz, y el votante lo castiga. Porque siempre resulta más fácil sumar coaliciones a la contra que a favor. Siempre fue más sencillo destruir que construir.

Y es que quizás el viaje hacia la mejor democracia no sea tan sencillo como poner más urnas y ejercitar el mayoritarismo hasta la extenuación. Puede que una democracia mejor requiera de un poquito más de esfuerzo por parte de quienes la integran. Es posible que resolver democráticamente un desafío complejo exija un trabajo riguroso de análisis, una labor insistente de diálogo, una tarea esforzada de encuentro y de acuerdo… Puede incluso que hayamos de confiar en nuestros representantes democráticos durante un tiempo para desbrozar ese camino, antes de votar todos.

Algunos de estos “votacionistas” y “mayoritaristas” hubieran preferido votar inmediatamente tras la muerte del dictador en 1975. Votar entre monarquía y república. Votar entre capitalismo y marxismo. Votar entre clericalismo y laicismo. Votar entre Estado nacional o confederal. Votar entre ejército sometido o disuelto… Sin embargo, aquella generación decidió contener las ansias “votacionistas” y “mayoritaristas”, para ponerse primero a trabajar, a dialogar, a acordar un marco de convivencia para todos. Y votar después.

¿Fueron poco demócratas aquellos españoles de la Transición? ¿O en realidad fueron más y mejores demócratas que quienes hoy plantean liquidar la Constitución de 1978 para votar y “mayoritear” a gusto?

Cuando se busca el bien común, la democracia es mucho más que votar y ejercer el poder de las mayorías inmediatas. Claro que siempre hay otros objetivos…

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simancas220916

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que desautoriza claramente los fundamentos de la reforma laboral emprendida por el Gobierno del PP a partir del año 2012. Las implicaciones definitivas del fallo judicial están aún por establecer, pero el sentido de su argumentación resulta diáfano y su aplicación contribuirá necesariamente a paliar los peores efectos de las políticas laborales del Gobierno Rajoy, que han contribuido a precarizar los empleos en nuestro país y a recortar los derechos de nuestros trabajadores.

La resolución del Tribunal Europeo ayudará también a contener las tendencias crecientes en la opinión pública hacia el euroescepticismo. En esta ocasión, al menos, Europa ha cumplido un papel primordial en la defensa de los derechos de los trabajadores españoles.

En términos estrictos, la sentencia tan solo obligaría a revisar las condiciones de despido para los trabajadores interinos, reconociéndoles la indemnización que en estos momentos le niega la legislación española. No obstante, la fundamentación del fallo incorpora un mandato de fondo: la indemnización por finalización de un contrato no puede depender de su duración. Por tanto, en un mismo empleo no cabe establecer diferentes indemnizaciones para contratos temporales y para contratos indefinidos Y esto es precisamente lo que ocurre ahora demasiado a menudo, a causa del abuso de la temporalidad que fomenta el Gobierno del PP.

Estamos, en consecuencia, ante una razón más, puede que una razón definitiva, para emprender el diálogo social que ha de conducir a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto vigente data de 1980. Demasiadas cosas han cambiado desde entonces, sobre todo durante los cinco últimos años de Gobierno del PP.

Es hora de poner al día la norma marco que regula el mercado laboral en nuestro país, fundamentalmente para recuperar los derechos y garantías que el PP ha fulminado en el altar de una competitividad mal entendida. El PSOE ha propuesto una subcomisión en el Congreso para acometer esta iniciativa, desde el diálogo social y político.

Más allá de la propaganda gubernamental, los datos de empleo y paro en nuestro país son de un dramatismo inocultable. Tras varios años de crecimiento significativo del PIB, gracias a la política expansiva de la UE, tenemos prácticamente el mismo número de ocupados que en el año 2011. Cerca de 18,3 millones ocupados en la EPA del segundo trimestre de este año, por en torno a los 18,2 millones en la última EPA de 2011.

Hay cerca de 700.000 parados menos, sí, pero no porque trabajen más españoles, sino porque más de 600.000 españoles se han borrado de las estadísticas de la población activa: 400.000 jóvenes han salido al extranjero para buscar trabajo, miles de inmigrantes han retornado a sus países y otros miles simplemente han desistido de seguir intentándolo.

4,6 millones de parados, con más de dos millones de larga duración, con una tasa de desempleo juvenil por encima del 46%, constituyen un panorama insoportable. Sobre todo si somos conscientes de que el trabajo que se crea es muy precario: un 91% de los nuevos contratos son temporales. Tenemos una de las tasas de temporalidad más altas de la UE. Además, los contratos a tiempo parcial alcanzan ya el 15%, de los que dos terceras partes son involuntarios. Y la duración media de los contratos se situó en 2015 en los 54 días.

La explotación laboral está a la orden del día, con falsos contratos a tiempo parcial que se trabajan a tiempo completo, con falsos autónomos y falsos becarios sometidos a condiciones indignas. Cada semana se trabajan más de tres millones de horas extraordinarias al margen de la ley, que ni se reconocen ni se cobran. Y el número de convenios colectivos llamados a defender los derechos del trabajador ha descendido un 30% en este tiempo.

Los salarios han caído una media del 4% en estos cinco últimos años, y su poder de compra se sitúa ya en equivalencia a los salarios de principios de los años noventa. Casi la mitad de los asalariados españoles no llega a los 900 euros al mes; ellas cobran un 24% menos por el mismo trabajo que ellos; y hasta 2,5 millones de trabajadores en general pueden considerarse trabajadores pobres.

La sentencia del Tribunal Europeo nos señala el camino hacia una revisión a fondo del marco laboral español, con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos para los trabajares y aporte calidad a los empleos. La primera medida a adoptar tiene que ver con el propio modelo productivo: compitamos en calidad y no en precio. Compitamos con la educación, con la formación y con la innovación antes que con la devaluación salarial, laboral y social.

Aumentemos el salario mínimo progresivamente hasta el 60% del salario medio, tal y como nos comprometimos en la Carta Social Europea. Impulsemos un plan eficaz contra la explotación laboral. Promulguemos una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Incrementemos la cobertura social a los parados del 57% actual hasta el 70%, al menos. Dupliquemos el esfuerzo presupuestario en políticas activas de empleo. Y pongamos en marcha cuanto antes el ingreso mínimo vital que prevenga la pobreza y la exclusión social.

Para cumplir esta sentencia europea y acometer las reformas que requiere la dignificación del empleo en España falta, sobre todo, un Gobierno que tenga voluntad y capacidad de cambio. Y volvemos a la madre del cordero…

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