¿MONARQUÍA?¿INDEPENDENCIA?¿Y SI DEBATIMOS SOBRE LO IMPORTANTE?

Estamos ante la encrucijada política más trascendente de esta generación. La pandemia ha convertido en dramáticos e inaplazables algunos de los grandes retos colectivos, como la fortaleza de los sistemas sanitarios, la actualización del capitalismo global, la lucha contra las desigualdades, o la naturaleza del proyecto europeo.

Estos son los grandes debates del tiempo presente. Serán debates que trascenderán las fronteras territoriales e ideológicas. Y de sus conclusiones dependerá el futuro de gran parte de la Humanidad, también de los españoles.

Por eso se entiende poco el empeño de algunos por reemprender ahora los debates que protagonizaban el escenario político pre-Covid. ¿La vigencia de la monarquía como forma de Estado? ¿La autodeterminación y la independencia en un mundo cada día más interdependiente? ¿Quién tiene la bandera más grande? ¿La “amenaza comunista” en el siglo XXI? ¿Gibraltar español?

¿De verdad vamos a perder tiempo y energías en polémicas interminables y estériles que nos sitúan a años luz de las grandes decisiones sobre las que el resto del mundo está edificando el futuro de todos? ¿Por qué no empleamos nuestras probadas capacidades para el análisis incisivo y la propuesta creativa en algo más productivo que zaherir al vecino con las viejas controversias arrastradas desde el siglo pasado? 

¿Y si los españoles decidimos de una vez poner el reloj en hora?

Ya vivimos a contrapié buena parte del siglo XX. Llegamos tarde a la industrialización, a la democracia, a la universalización de la enseñanza, a la integración europea, a la modernización de la economía… ¿También ahora vamos a entretenernos en porfías anacrónicas mientras otros construyen la era post-Covid?

¿Alguien se imagina a los alemanes discutiendo ahora sobre la duración del mandato de su Jefe de Estado o sobre la independencia de Baviera? No. Están pensando en otras cosas. Piensan en cómo mantener y mejorar su liderazgo económico, la resiliencia de su aparato productivo, su envidiable Estado de Bienestar, su papel en una Europa por definir, su influencia en un planeta multipolar… ¿Y nosotros con los borbones sí o borbones no? ¿En si mi bandera es más roja que la tuya?

Los sistemas sanitarios no están preparados para protegernos de una nueva pandemia como la sufrida durante los últimos meses. Seamos realistas. La economía global está varada, y carece de la regulación que ha de impedir crisis periódicas, sistémicas y devastadoras como las vividas antes, durante y, nos tememos, después del desastre Covid.

Están por definir y levantar los escudos sociales que protejan a la población más vulnerable de la amenaza del paro, la pobreza y la desigualdad. Y el proyecto europeo es, aún hoy, una página en blanco en la que unos quieren dibujar un simple mercado abierto y otros pretendemos rellenar con un gran proyecto de unidad, solidaridad, progreso, civilización y derechos de ciudadanía.

Los grandes avances sociales llegarán de la mano de grandes objetivos y grandes constructos políticos como la igualdad real entre hombres y mujeres, la transición ecológica justa, la transformación digital, la universalización equitativa de la educación, el reparto del trabajo, las rentas de ciudadanía… Ahí están los grandes temas de este tiempo.

Si un ciudadano o una ciudadana, haya sido rey o no, ha cometido delitos, que la justicia le investigue, le juzgue y le condene, como a todos los demás, desde luego, independientemente de cuál haya sido su estatus, su historia y su contribución a la democracia. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Pero de ahí a abrir un debate nacional sobre la revisión del pacto constitucional hay un trecho que puede resultar tan inoportuno como intrascendente.

Y recuperar la dialéctica soberanista, cuando la crisis de la Covid ha demostrado cuan irrelevantes son las fronteras a la hora de la verdad, y cuan dependientes somos en realidad unos de otros, puede convertir a los políticos en auténticos extraterrestres a los ojos de millones de ciudadanos preocupados por su salud, su familia, su empleo, su salario, su alquiler, su futuro…

Démosle una vuelta a las prioridades de la política española durante las próximas semanas estivales, e inauguremos el nuevo curso con la mayor coherencia posible entre nuestros debates y los auténticos retos a los que se enfrentan aquellos a los que hemos de representar y servir.

NO ES CRISPACIÓN, ES DESESTABILIZACIÓN

Lo expresó con claridad la portavoz socialista Adriana Lastra en el Pleno del Congreso: “Han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España. Esta es su estrategia y ya es hora de decirlo abiertamente”.

La Vicepresidenta Calvo lo planteó también con igual rotundidad: “¿En qué andan ustedes contra el Gobierno constitucional de España, en el peor momento para este país?”.

Durante las últimas semanas, el debate público ha tratado sobre la “crispación” de la vida política española, generalmente en términos de espontaneidad, como si tal conducta se hubiera generalizado en toda la “clase política”, y como si “todos los políticos” fueran responsables por igual de las consecuencias negativas de tal conducta.

Solo que no hay espontaneidad alguna en los comportamientos crispadores, y no son en absoluto achacables por igual a todos los representantes públicos y, desde luego, los responsables de su promoción son perfectamente identificables.

Estamos, efectivamente, ante una estrategia premeditada de las derechas españolas para desestabilizar las instituciones democráticas, y así promover la caída del Gobierno constitucional de nuestro país.

Nadie va a quejarse de que la oposición haga oposición. Faltaría más. Toda la oposición que haga falta. Tampoco nos quejaremos de que la oposición se limite a criticar todo lo que hace el Gobierno, sin reconocer jamás acierto alguno, y sin plantear propuesta alternativa alguna. Están en su derecho.

Ni tan siquiera lamentaremos que utilicen sistemáticamente un tono desabrido, insultante, exagerado, plagado de adjetivos descalificadores… Estamos acostumbrados al mal estilo de la derecha. Nada que objetar.

No. Lo que denunciamos es otra cosa, y nada tiene que ver con el ejercicio legítimo y constitucional de la oposición democrática. Denunciamos el intento de dañar dolosamente a las instituciones de nuestra democracia para tumbar al Gobierno de la nación.

Y no es la primera vez. Ya lo confesó Luis María Ansón respecto a otros tiempos: “Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado”.

No estamos ante el problema de un tono incómodo e inconveniente en el debate político normalizado. Estamos ante un problema para la democracia española, en un momento muy delicado de nuestro país, cuando hemos de hacer frente a una terrible crisis sanitaria y cuando hemos de afrontar una no menos dramática reconstrucción social y económica.

“Les avisamos de que no podrían gobernar”, espetó Pablo Casado al Gobierno en el Congreso. “Pretenden gobernar sin permiso”, le siguió inmediatamente una de las portavoces populares. Como si hubiera de tratarse como usurpador a cualquier Gobierno en España no conformado por las derechas.

“Este Gobierno es una dictadura”, “una dictadura constitucional”, “una alarma dictatorial”, “un Gobierno despótico”, “un estado de excepción encubierto”, “una agenda autoritaria”, “planes totalitarios”, “un Gobierno aliado de narco-tiranías asesinas”, “Gobierno ilegítimo”… Buena parte de las descalificaciones que vierten Casado, Abascal, Álvarez de Toledo, Olona, García Egea y demás portavoces, no tratan tan solo de criticar al Gobierno, sino de deslegitimarle, legitimando así las acciones encaminadas a tumbarle.

Hablan falsamente de “Parlamento cerrado” y de “Parlamento secuestrado”, y ¡lo hacen desde la propia tribuna del Parlamento perfectamente abierto! Pretenden, incluso, escenificar un falso enfrentamiento del Gobierno con instituciones emblemáticas de nuestra democracia, como la Guardia Civil, respecto a las que el ejecutivo muestra cada día la máxima consideración y respeto por su labor al servicio del bien común.

De hecho, la estrategia de la desestabilización por parte de las derechas ha quedado al descubierto al reclamar abiertamente algunos de sus portavoces la constitución de un “Gobierno de concentración”. Abascal y compañía proponen, por tanto, derrocar al Gobierno legítimo salido de las urnas, y poner al frente del país otro Gobierno, por voluntad de aquellos que perdieron las elecciones.

Para facilitar las cosas, y por si acaso hubiera resistencias, esas mismas derechas ya promueven el paso de los gobernantes legítimos a la cárcel, previo trámite engorrosamente preceptivo por los tribunales de Justicia. “Por autorizar las manifestaciones del 8-M”, dicen, y se traicionan a sí mismos exponiendo, puede que inconscientemente, algunos de sus planes. Con la Constitución de 1978, y con este Gobierno vigente, el derecho de manifestación no está sujeto a autorización gubernativa alguna. Podemos adivinar qué nos reservan aquellos otros para el futuro.

Se apropian de los símbolos de todos, bandera constitucional incluida, para arrojarla como un arma contra sus enemigos políticos. Provocan riesgos para la salud de miles de personas, convocando manifestaciones sin seguridad sanitaria, en plena pandemia. Insultan e injurian gravemente a las familias de los gobernantes, para después denunciar la respuesta de los insultados e injuriados. Utilizan las instituciones donde gobiernan, para sustituir la colaboración leal exigible por la confrontación gratuita y esterilizante…

No es crispación. Es desestabilización. Y hacen daño. Al Estado, a la democracia, al interés general. En el peor momento. Cuando nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestras vidas.

Buscan desestabilizar las instituciones y tumbar al Gobierno, pero no van a conseguir ni una cosa ni la otra.

La democracia española es una democracia madura. Nuestras instituciones son instituciones fuertes, a prueba de agresiones desestabilizadoras. El pueblo de España es un pueblo con sólidas convicciones democráticas. No nos llevarán atrás, aunque lo intenten.

Y hay Gobierno progresista para rato. Para cuatro años. Se llama democracia.

EL LEGADO DE FERNANDO MORÁN

Con Fernando Morán desaparece uno de aquellos hombres de la Transición que sacaron a España de las tinieblas del franquismo para situarla entre las democracias más respetadas del mundo.

Morán representa perfectamente a esa generación que desplegó esfuerzo, inteligencia y capacidad de entendimiento para legarnos un país homologable al de nuestros vecinos europeos. El país que entonces soñaban muchos españoles y que hoy disfrutamos.

El legado de Fernando Morán, sin embargo, va bastante más allá del éxito en sus desempeños institucionales. Su bonhomía, su extraordinario bagaje cultural, su trato exquisito con aliados y adversarios, marcaron un estilo propio, ya celebrado entonces, y muy envidiado hoy.

Este asturiano afincado en Madrid fue protagonista de algunos de los hitos más relevantes y determinantes de la historia de la diplomacia española. Él negoció y suscribió, junto al Presidente González, el acuerdo para la entrada de España en las comunidades europeas en 1986.

Fue artífice también de la apertura de la verja hasta entonces cerrada en Gibraltar, así como de la recuperación del entendimiento con el vecino francés, que tan bien vino a los españoles en la lucha contra el terrorismo etarra. Y fue impulsor clave para la renovada influencia española en el continente latinoamericano.

Su paso por distintas instituciones dejó siempre huella, positiva y duradera. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la embajada española ante Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, y en el Ayuntamiento de Madrid, donde terminó su carrera política.

En este último destino municipal tuve la ocasión de trabajar de cerca con Fernando Morán. En los despachos del Grupo Socialista en la Plaza de la Villa fui testigo directo de su vasto conocimiento sobre la historia de España y de Madrid, de su fina inteligencia para afrontar problemas complejos, y de un sentido del humor desconocido para muchos extraños.

Muchos saben de la infinidad de chistes que se contaron a su costa, algunos con mejor intención que otros. Lo que no sabe la mayoría es que Morán era el que los celebraba con más risas.

De hecho, presumía que, con el tiempo y sus viajes, había adquirido una prestancia personal cuasi anglosajona que le servía para blindarse ante agresiones y fatalidades. Aún recuerdo cómo se limitaba a enarcar una ceja, sobre su ejemplar diario de Le Monde, cuando algún concejal de la derecha se atrevía a descalificarle durante el desarrollo de un pleno municipal.

Se van los mejores de nosotros… Aprendamos, al menos, de su ejemplo.

AGENDAS REALES Y FICTICIAS

La disociación entre la agenda de preocupaciones de los actores políticos y la agenda de preocupaciones de la ciudadanía forma parte de los tópicos habituales en la crítica al funcionamiento de las instituciones públicas. En el comienzo de esta legislatura, no obstante, esta disociación está adquiriendo carácter exagerado, incluso grotesco.

La derecha política y mediática se empeña en colocar en primer término de la actualidad política el supuesto escándalo protagonizado por el ministro de Transportes al saludar en el aeropuerto de Barajas a una mandataria extranjera en tránsito. Se han dedicado tertulias enteras y portadas varias a elucubrar sobre si el saludo fue en el avión, en su escalerilla o en la zona VIP de la terminal, sobre si duró cinco, diez o veinte minutos…

Esa misma derecha ha logrado que los medios de comunicación hablaran y escribieran profusamente sobre los procedimientos drásticos a establecer para evitar un supuesto adoctrinamiento ideológico de los escolares españoles, cuya existencia niegan los propios gestores derechistas de la educación pública.

También se emplean grandes titulares acerca de las idas y venidas sobre los días y las horas en los que podrán tener lugar los próximos encuentros previstos entre el gobierno de España y el gobierno catalán. Las informaciones ni tan siquiera se centran ya en los contenidos de tales encuentros, sino en los cambios que se producen respecto a las agendas de unos y otros.

Podemos imaginar cuan extraños y lejanos resultan estos debates mediáticos para la gran mayoría de los españoles y las españolas, que han de afrontar cada día problemas y desafíos acuciantes en relación a sus puestos de trabajo, sus salarios, sus pensiones, sus viviendas, los estragos climáticos, etc.

En sus primeros diez días de gestión, el gobierno de España ha adoptado decisiones muy relevantes para esa agenda real: la actualización de las pensiones, el acuerdo para elevar el salario mínimo, la subida de salario de los trabajadores públicos, la declaración de emergencia climática, las ayudas a los afectados por los temporales… Incluso se ha dado a conocer públicamente una sentencia del Tribunal Constitucional que respalda las decisiones del gobierno en materia de alquileres.

En este tiempo, además, el gobierno y los grupos que lo sustentan, han anunciado medidas importantes para promulgar una nueva ley educativa, una nueva legislación contra el cambio climático, el cambio en el código penal para proteger la libertad sexual de la mujer, la derogación de la reforma laboral, el impulso al Pacto de Toledo sobre pensiones…

Sin embargo, hay una decisión evidente, y ridícula, para tratar de esconder todos estos asuntos que forman parte de la agenda real de preocupaciones de la ciudadanía española.

La disociación entre aquella agenda ficticia y esta agenda real responde a la estrategia de las derechas y sus operadores mediáticos de generar un falso clima de crispación y desgobierno coincidente con los primeros pasos del gobierno de coalición progresista.

No consiguen su propósito de opacar la gestión del Gobierno, desde luego, pero sí contribuyen con sus ruidos a crispar y deteriorar la convivencia.

GOBIERNO YA

La aparición de nuevos actores políticos relevantes y la consiguiente fragmentación de la representación ciudadana en las instituciones no han traído consigo los grandes avances prometidos en materia de regeneración y calidad democrática. Antes al contrario, las nuevas formaciones políticas han asumido a gran velocidad algunos de los peores defectos de la política de siempre, como el sectarismo.

Sin embargo, la atomización de los Parlamentos, tanto en el ámbito nacional como en las distintas Comunidades Autónomas, sí ha confirmado algunos de los peores pronósticos respecto al agravamiento en los problemas para la gobernabilidad y la articulación de mayorías legislativas. Las dificultades que sufrimos ahora para investir a un Presidente que ha ganado las elecciones generales con claridad tuvo su antecedente hace solo tres años, cuando hubo de repetirse la llamada a las urnas para desbloquear la situación. 

Resulta evidente que los partidos políticos y sus dirigencias deben mejorar mucho en sus actitudes y capacidades para resolver estas situaciones de bloqueo mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo. Pero también es imperativo que vayamos pensando en acometer reformas legales y constitucionales que nos ayuden a evitar en lo posible estos escenarios contraproducentes para el interés general.

A este respecto, se hace imprescindible la reforma del artículo 99 de la Constitución, tomando como referencia, por ejemplo, los procedimientos de elección de Presidente en los Parlamentos de Asturias y Euskadi, donde no es posible votar en contra de una investidura y se facilita la formación pronta de Gobierno, con todas las garantías democráticas. 

No obstante, en estos momentos debemos afrontar los problemas de bloqueo institucional con las reglas vigentes. Por esta razón, desde el PSOE estamos reclamando al resto de las formaciones políticas con representación parlamentaria un doble ejercicio de realismo y responsabilidad. 

Pedimos un ejercicio de realismo para que el resto de los partidos políticos sean conscientes de que el pronunciamiento de la ciudadanía española respecto a quiénes quieren que les gobierne ha sido claro y recurrente en los últimos tiempos. Entre el 28 de abril y el 26 de mayo, los españoles han hecho ganar al PSOE las elecciones generales, la autonómicas, las municipales y las europeas. Además, sondeo tras sondeo, los del CIS y los privados, arrojan siempre el mismo resultado: los españoles quieren un Gobierno progresista, liderado por el PSOE y presidido por Pedro Sánchez.

La asunción del principio de realidad implica también tener en cuenta que no hay alternativa viable a la investidura de Pedro Sánchez en la aritmética parlamentaria. Las tres derechas no suman suficientes escaños para ello, y la alianza entre las tres derechas y Unidas Podemos o los nacionalismos periféricos resulta políticamente impracticable.

El segundo ejercicio que reivindicamos de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos es el de la responsabilidad. Si no existe una investidura alternativa, solo quedan dos opciones para el Gobierno de España: o se facilita la investidura de Pedro Sánchez o se bloquea el Gobierno y el país. Pero esta segunda opción no es una posibilidad legítima para los representantes de la ciudadanía en el Congreso. 

De mantener PP, Ciudadanos y Unidas Podemos su actitud vigente de bloqueo, España seguirá sin Gobierno plenamente constituido durante los dos próximos meses. Y si tal comportamiento persiste más allá del 23 de septiembre próximo, tendrán que repetirse las elecciones generales. Y no hay derecho a que estos partidos bloqueen la formación del único Gobierno posible, que es el que han votado, el que necesitan y merecen los españoles. Y no sería justo que los españoles fueran llamados de nuevo a las urnas, tras haberse pronunciado con rotunda claridad en las cuatro últimas ocasiones. 

¿Qué están ofreciendo a los españoles en estos momentos los señores Casado, Rivera e Iglesias? ¿El bloqueo infinito, la ingobernabilidad del país, la llamada en bucle a las urnas? ¿Quieren que España carezca de Gobierno cuando se materialice el brexit salvaje? ¿O cuando tengamos que afrontar una eventual escalada secesionista? ¿Quieren que tengamos que prorrogar para 2020 los presupuestos obsoletos ya prorrogados en 2019? ¿Quieren que los Gobiernos autonómicos sigan careciendo de los recursos suficientes para financiar los servicios públicos en la sanidad, la educación y los servicios sociales? 

Desde el PSOE estamos pidiendo realismo y responsabilidad para que el conjunto de las formaciones políticas que representan el interés general posibiliten un Gobierno ya, progresista, coherente y sin depender de las fuerzas independentistas, porque esta es también la voluntad inequívoca de la ciudadanía española, expresada en elección tras elección y en sondeo tras sondeo. 

A Unidas Podemos les pedimos una reflexión respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo “a la portuguesa”, como están sugiriendo algunas de sus propias organizaciones integrantes, como Izquierda Unida, Anticapitalistas y los comunes catalanes. Un acuerdo programático para la investidura y la legislatura. Este es el modelo que funciona en Portugal y Dinamarca, y es el modelo que nos funcionó en España durante el último año. Con este modelo sacamos adelante la subida del salario mínimo, la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años y el proyecto de presupuestos más social de la historia de nuestra democracia. 

Al Partido Popular, a Ciudadanos y al resto de los grupos parlamentarios tan solo les pedimos que se hagan a un lado. Si no quieren apoyar la investidura de Pedro Sánchez y no tienen alternativa, que no condenen al país al bloqueo, la paralización y la ingobernabilidad. No es necesario que voten a favor. Bastará con que se abstengan. 

Gobierno ya, en interés de los españoles y las españolas.

LA LEGISLATURA DEL DERECHO A LA VIVIENDA

La gran mayoría de los analistas que han tratado sobre el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centraron su atención tan solo en los datos relativos a la intención de voto. Sin embargo, el informe del CIS ofrece resultados de gran interés social y político en torno a la problemática de la vivienda en España.

El acceso a la vivienda forma parte de los siete problemas más graves del país, según opina la población española en general. Entre los jóvenes de 25 a 34 años constituye, además, el primer problema tras el paro y la precariedad laboral.

De hecho, la dificultad para acceder a una vivienda digna se encuentra en la raíz de otras graves problemáticas que afectan a nuestra juventud, y que han sido objeto de tratamiento científico durante los últimos tiempos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el último informe FOESSA sobre la creciente exclusión social entre los jóvenes, así como en los recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística acerca del retraso paulatino en la emancipación, la nupcialidad y la paternidad/maternidad de la juventud española.

La problemática juvenil en relación a la vivienda tiene consecuencias que van más allá, incluso, de las graves limitaciones económicas, de la precariedad social lastimosa o de la muy preocupante evolución de la pirámide demográfica en España. La imposibilidad práctica de acceder a una vivienda digna, y la consiguiente dificultad extrema para iniciar una vida autónoma, están conduciendo inexorablemente a muchos jóvenes a la desafección hacia el propio sistema político democrático.

En consecuencia, el conjunto de las instituciones públicas -desde los partidos hasta las organizaciones empresariales y sindicales, desde el Gobierno nacional hasta el Parlamento, pasando por autonomías y ayuntamientos-, debieran implicarse en un gran acuerdo social y político para mejorar el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna. Este acuerdo ha de implicar iniciativa política, legislación adecuada y recursos suficientes para lograr efectos positivos a corto plazo. La legislatura que comienza debiera ser la legislatura del derecho a la vivienda.

Los datos de CIS son concluyentes: el 90,2% de la población española -que se eleva al 93,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años, y al 94,3% entre los que suman entre 25 y 34 años-, opinan que la vivienda es un derecho de la ciudadanía a proteger de manera activa por el Gobierno.

El propio estudio avanza las soluciones que cuentan con mayor respaldo social: la construcción de un parque público de viviendas en alquiler; la disposición de créditos públicos ventajosos para la compra de vivienda; la limitación de los precios de los alquileres; las ayudas públicas directas para los inquilinos de viviendas en alquiler; el establecimiento de ventajas fiscales para esos mismos inquilinos…

En una de sus últimas medidas antes de disolver las Cortes, el Gobierno socialista logró aprobar un decreto ley que promovía medidas muy interesantes, como la ampliación de los periodos de vigencia en los contratos de alquiler y la limitación de las fianzas impuestas por los arrendadores.  Sin embargo, afrontar esta grave problemática con auténtica ambición exigirá de medidas añadidas, que han de implicar necesariamente a otras administraciones.

El imprescindible acuerdo nacional para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda requerirá de la habilitación de suelo público para construir vivienda social, así como del concurso de las administraciones municipales y autonómicas para modificar en este sentido los planeamientos urbanísticos. Será necesaria la complicidad de parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y administraciones municipales para adaptar leyes, ordenanzas y presupuestos a este fin. Habremos de priorizar las políticas de vivienda en los presupuestos generales del Estado para los próximos ejercicios…

La resolución de este problema está muy relacionada con la solución debida para otras dificultades tan o más relevantes, como los niveles insoportables de desempleo juvenil, la precariedad de los contratos laborales de los jóvenes, la alta temporalidad, los salarios insuficientes…

Y tendremos que enfrentarnos con determinación a los poderes económicos que aún hacen de la especulación urbanística y del mercado libre de la vivienda una veta formidable de negocio, en demasiadas ocasiones a costa del bienestar y los legítimos proyectos vitales de millones de jóvenes.

Si queremos que los jóvenes sientan respeto, apego y complicidad con el sistema socioeconómico y político que les ofrecemos, hemos de atender a su llamada de auxilio en relación a la vivienda. Tal llamada está al alcance de los ojos y los oídos de todos los que se aproximen al último estudio del CIS con ánimo de ir más allá de los atractivos datos de intención de voto.

Una razón más que constituir el Gobierno que han votado los españoles. Cuanto antes.

SI USTED PUEDE ESPERAR, ESPAÑA NO PUEDE

El símil con aquella campaña institucional destinada a fomentar el ahorro energético no es mío. Es de Iñaki Gabilondo y se lo escuché en la cadena SER, pero sirve para ilustrar de manera precisa el momento político que vivimos en relación a la investidura del Presidente del Gobierno.

Y es que da la sensación de que algunos actores pretenden alargar el proceso que ha de investir al único Presidente posible, por motivos puramente tácticos y egoístas. Y puede que a ellos les convenga esperar, pero España, efectivamente, no puede.

La paradoja del momento es la siguiente. La ciudadanía ha cumplido con su responsabilidad democrática, acudiendo repetidamente a las urnas y arrojando un veredicto muy claro. El PSOE ha ganado de largo las elecciones generales, las europeas, las municipales y en diez de las doce elecciones autonómicas llamadas a votar.

Ha cumplido son su responsabilidad constitucional el Jefe del Estado que, tras la ronda preceptiva con los representantes políticos, ha propuesto un candidato a la presidencia del Gobierno. Y, finalmente, ha cumplido con su responsabilidad el propio candidato, Pedro Sánchez, que ha compartido sus planes con los dirigentes de diez fuerzas políticas con presencia en el Parlamento.

Ya solo queda que también asuman su responsabilidad el resto de los actores políticos con capacidad de decisión y voto en la sesión de investidura. Y tienen tres opciones legítimas: o apoyan al candidato propuesto, o intentan forjar una alternativa (que no es posible), o se hacen a un lado sin bloquear la única investidura posible. Estas son opciones legítimas, porque no resulta legítimo optar por el boicot a las instituciones, el bloqueo y la ingobernabilidad. Quizás ellos se puedan permitir ciertos tacticismos interesados, pero España no puede.

Quizás unos jueguen a presionar al candidato, intentando llevarle hasta el extremo con la intención de que varíe sus planteamientos en un acuerdo programático, parlamentario e institucional muy razonable. Puede que otros jueguen simplemente a retrasar la investidura para provocar el desgaste político del candidato y fomentar la sensación de inestabilidad. Incluso puede haber quienes jueguen a repetir elecciones, por si les fuera mejor en una nueva cita con las urnas.

Se trata de juegos tácticos tan comprensibles como evidentes, pero absolutamente inaceptables desde la perspectiva del interés general. Los cálculos partidistas son inevitables, pero han de subordinarse al bien común porque, de lo contrario, se subvierte claramente el mandato representativo.

En concreto, puede que algunos actores políticos estén apostando a hacer fracasar la investidura del único Presidente posible en julio, para irse de vacaciones en agosto y continuar el juego táctico en septiembre. Sería una irresponsabilidad.

Hay asuntos pendientes que no pueden esperar al juego táctico de ningún partido. El último informe FOESSA alerta sobre la existencia de más de ocho millones de excluidos sociales en España. Estamos pagando la extra de las pensiones con préstamos. La precarización de muchos empleos exige un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma urgente. Tenemos pendiente el nuevo sistema de financiación autonómica desde hace años. El cambio climático requiere respuestas legales y estructurales ya. En Europa nos esperan para afrontar el brexit, el presupuesto del euro, la armonización fiscal…

Además, aún tenemos por renovar el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE…

Definitivamente, no. España no puede esperar. Necesitamos un Gobierno estable ya. Los ciudadanos han hecho su trabajo. Ahora corresponde a diputados y diputada actuar con responsabilidad.

INVESTIDURA: HABLEMOS DEL PARA QUÉ

En estos días previos a la sesión de investidura que tendremos pronto en el Congreso de los Diputados, se habla mucho del “con quién” saldría adelante la elección de Pedro Sánchez, del “cómo” explicarán unos y otros su voto, incluso del “cuándo” se producirá la votación definitiva. Pero siendo tales incógnitas de gran interés, resulta extraño que se centre tan escasa atención sobre algo tan fundamental como el “para qué” está reclamando la investidura Pedro Sánchez y el partido ganador de las elecciones generales.

Ignorar esta información equivaldría a dar por hecho que el comportamiento de los grupos parlamentarios en la sesión de investidura tendrá más que ver con sus estrategias partidarias que con los intereses de la ciudadanía española. Sin embargo, lo cierto es que los facilitadores de la investidura estarán abriendo la puerta a la consecución de unos objetivos de país que han sido perfectamente explicitados por el candidato Sánchez. Y, a la inversa, quienes dificulten la investidura serán responsables de obstaculizar el alcance de tales metas de interés general.

El primero de los grandes propósitos del Gobierno socialista que Pedro Sánchez aspira a formar en breve consiste combatir eficazmente las desigualdades que se han disparado en España desde la crisis de 2008, y como consecuencia de su gestión injusta por parte de la derecha gobernante entre 2011 y 2018.

Varias noticias en estos días lo han puesto de manifiesto, comenzando por la publicación del prestigioso informe FOESSA, el cual prueba que 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, forma parte ya de la categoría de los excluidos sociales, 1,2 millones más que hace una década. Además, casi la mitad, más de 4 millones de españoles, sufren exclusión severa.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer también el dato de la caída de los nacimientos en casi un 30% durante los últimos diez años, habiéndose elevado a 31 la edad media en el nacimiento del primer hijo. Los jóvenes españoles tienen muchísimas dificultades para emprender un proyecto vital de manera digna y estable.

Simultáneamente a esto, se han producido en nuestro país sendos debates interesantes acerca de las repercusiones de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo, y acerca de las consecuencias de una eventual bajada drástica de los impuestos, tal y como proponen las formaciones políticas de la derecha. Un hecho luctuoso, el fallecimiento de un trabajador explotado en la llamada economía colaborativa o digital, ha reverdecido también la discusión pública sobre la necesidad de revertir la reforma laboral precarizadora del PP.

Pues bien, este es el primer objetivo: combatir las desigualdades con políticas públicas redistribuidoras, fortaleciendo el Estado de Bienestar, recuperando derechos para los trabajadores, y cobrando impuestos justos a quienes más ganan, más tienen y más esconden.

Pero hay otras metas, tan relevantes como esta. Se trata de modernizar nuestro sistema productivo, poniéndonos al día en el reto de la digitalización de la economía y en la apuesta por la innovación para la mejora de la productividad. Tenemos pendiente también acelerar nuestra transición ecológica justa para combatir con determinación y eficacia el cambio climático.

Nuestro país necesita un nuevo impulso regenerador para mejorar la calidad de nuestra democracia, su funcionamiento y sus instituciones. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye el primer objetivo estratégico y transversal en este capítulo. Pero interesa mucho, igualmente, la lucha contra la corrupción y la garantía de limpieza en todas las instituciones democráticas.

Fomentar la convivencia territorial, avanzando en el perfeccionamiento federal de nuestro Estado de las Autonomías, acordando un sistema estable de financiación territorial, garantizando un marco competencial y financiero consensuado en el ámbito local, también son finalidades de interés común.

La integración progresiva en la Unión Europea hacia los inevitables Estados Unidos de Europa, la consecución de una administración europea más social y el fortalecimiento del papel de España en esa construcción, constituyen asimismo intenciones susceptibles de generar amplios consensos políticos y sociales.

Todo esto requerirá, por cierto, de una voluntad concertada para cortar el paso a la influencia de los enemigos de nuestra democracia y de los valores que la sustentan. En la Europa más avanzada en derechos y libertades, las fuerzas democráticas y europeístas se conjuran para aislar a la extrema derecha xenófoba, machista y antieuropea. Ojalá aquí PP y Ciudadanos participaran de ese propósito político y moral, y dejaran de blanquear y normalizar la influencia de Vox en nuestras instituciones.

VIENEN A POR NUESTROS DERECHOS

Las elecciones del 28 de abril no son unas elecciones más. No está en juego tan solo el nombre de un Presidente o el color político de un Gobierno. Estas serán las elecciones más decisivas desde 1982. Porque nos jugamos la consolidación o la reversión de buena parte de los derechos conquistados durante los últimos cuarenta años. Nada menos.

Las derechas que representan Casado, Rivera y Abascal tienen poco que ver con las derechas gobernantes en Alemania, Francia o Reino Unido, por ejemplo. Son más peligrosas, incluso, que la derecha corrupta de Rajoy y la derecha sectaria de Aznar, que tan triste legado dejaron en nuestro país. VOX marca el discurso y la estrategia en esta tríada, y los demás le siguen “sin complejos”. Ya ocurrió en Andalucía.

El franquismo nunca desapareció del todo en España. Se mantenía agazapado en el seno del PP y afilando armas en sectores claves de nuestra economía, nuestro funcionariado o nuestro ejército. Ahora han decidido que ya pasó tiempo suficiente desde la desaparición del dictador. Que son muchos los que, por edad, ya no tienen presente la brutalidad de aquel régimen. Que los vientos del neofascismo en Europa les favorecen. Que cuarenta años después, ha llegado otra vez su hora. 

Abascal ha fichado a las claras a militares franquistas en la reserva para llevarlos al poder, como en los viejos tiempos de la camisa azul, los correajes y los saludos romanos. Habla de volver a armar a “los españoles de bien”, para someter a los “malos españoles”, hemos de entender. En Andalucía reclama listas negras de feministas; pronto de rojos y maricas. Los suyos ya exigen ilegalizar a los partidos “marxistas” y “enemigos de España”, es decir, todos menos ellos. Una patria, un Dios, un pueblo, un partido. No son nuevos. Son lo más viejo de este país. 

Casado se deja llevar, por miedo, por convicción, o por ambas razones. Y amenaza a las mujeres “que no saben lo que llevan dentro” con arrebatarles el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Si además de mujeres, también son culpables de inmigración, les pide a sus hijos en adopción a cambio de no echarlas de España, por el momento. Promete una revolución fiscal a la baja para acabar con ese Estado benefactor que siempre les pareció fábrica de gandules y perdedores. Que se salve el que pueda pagar, ¿o es que vamos a ser todos iguales? Por eso su candidata en Madrid adelanta nuevas privatizaciones en la sanidad y la generalización del cheque escolar. 

Rivera se ha quitado definitivamente la máscara de hombre centrado y moderno, y ahora abraza sin rubor los postulados y hasta los tics de la derecha más extrema. Su anti-feminismo, disfrazado de liberal, le lleva a promover el alquiler de los vientres de las mujeres -lo llaman gestación subrogada- y de sus propios cuerpos en el mercado del sexo -lo llaman prostitución regulada-. El “fichaje estrella” de un antiguo directivo de Coca-Cola evidencia sus planes en materia laboral y hacendística, mejor que cualquier programa electoral: despedir trabajadores en España y pagar impuestos fuera de España.

Como en los viejos tiempos, este programa demoledor para nuestros derechos y libertades llega envuelto en banderas kilométricas y amenizado por himnos militares. Pero detrás de los colores y las músicas, esconden lo de siempre: la bota, el palo y el tentetieso para todos aquellos a los que consideran malos españoles. 

Como antaño, dicen venir para salvarnos de comunistas y rompepatrias. 

Pero ahora tenemos una ventaja. Les conocemos y les vemos venir. 

Que no nos pase como en Andalucía. 

Movilización máxima el 28 de abril, para defender la España que quieres. 

Porque si tú no vas a votar, ellos vuelven.

CIUDADANOS PRETENDE QUE EL GOBIERNO NO GOBIERNE

Desde que Pedro Sánchez fue investido Presidente del Gobierno de España, el partido Ciudadanos y su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados han hecho todo lo posible por impedir que desarrollara su labor de Gobierno con normalidad. A fin de cumplir tal propósito ha sumado sus votos a los del PP para utilizar la Mesa del Congreso una y otra vez de forma fraudulenta, sectaria y partidista.

El último episodio de gravedad tuvo lugar el martes 13 de marzo, cuando Ciudadanos impidió junto al PP la calificación de un Real Decreto Ley aprobado legítimamente por el Gobierno para impulsar los planes de igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, y para ampliar progresivamente el permiso de paternidad hasta las 16 semanas. Arguyendo falsamente que podría existir una contradicción con la Constitución Española, Ciudadanos y PP forzaron una absurda consulta jurídica a los letrados del Congreso.

Como era de esperar, los letrados establecieron de manera contundente la constitucionalidad de la norma y la obligación inexcusable de la Mesa para someter su convalidación a la Diputación Permanente del Congreso. Solo 24 horas después, Ciudadanos hubo de rectificar y admitir a trámite este y cada uno de los Reales Decretos Leyes pendientes de ratificación. Cayeron en el ridículo, pero el daño estaba hecho, sobre el crédito de las instituciones democráticas y sobre el ánimo y la zozobra de miles de españoles.

La estrategia de obstaculización fraudulenta por parte de Ciudadanos comenzó con su apoyo a los vetos presupuestarios del Gobierno Rajoy hacia cada una de las iniciativas de ley que impulsaba el Grupo Socialista. El propio Tribunal Constitucional ha reprochado tal comportamiento, socorriendo al Grupo Socialista en amparo.

Con el PSOE ya en el Gobierno, las maniobras arteras se centraron en la ampliación sistemática y arbitraria de los plazos de presentación de enmiendas en las principales iniciativas de ley. Con trampas impidieron también la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, crucial para sacar adelante los Presupuestos más sociales de la última década.

Con las Cortes disueltas, ya no hay posibilidad de crear problemas con los vetos presupuestarios o los plazos eternizados para las enmiendas, por lo que Ciudadanos decidió innovar. El día 13 inventó el “recurso previo de inconstitucionalidad a resolver por los letrados del Congreso”. Sabían que no había reproche posible a la conducta del Gobierno y sabían que su maniobra no llegaría a ningún sitio, pero no dudaron en generar dudas sobre la licitud de las normas aprobadas, involucrando irresponsablemente a los letrados del Congreso.

La profesionalidad de los servicios jurídicos del Congreso salvaron la situación. Los letrados emitieron un informe taxativo, que tumbaba punto por punto el intento artero de Ciudadanos para establecer dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto Ley. Todos los Decretos serán sometidos a convalidación de la Diputación Permanente, como establece la Constitución en sus artículos 78 y 86.

No obstante, el daño ocasionado es evidente. La utilización sectaria de la Mesa de la Cámara, una vez más, desprestigia esta institución, tan importante para el funcionamiento normalizado de nuestra democracia.

Y miles de españoles han sentido en estos días incertidumbres e inseguridades, de manera innecesaria e injusta. Se han sentido así los españoles cuyos derechos se verán reforzados con los decretos del Gobierno: aquellos que esperan la ampliación de los permisos de paternidad; quienes tramitan el subsidio para parados mayores de 52 años; los inquilinos que se beneficiarán por la ampliación del plazo en sus contratos de alquiler; los afectados por el brexit que requieren seguridad y rigor en las actuaciones de su Gobierno…

Al parecer, a Ciudadanos ya no le basta con los chanchullos y pucherazos de sus procedimientos internos de elección de cargos. Pretenden exportar estas malas prácticas a las propias instituciones democráticas del país. Pero no se lo vamos a permitir.

El Gobierno tiene el derecho y la obligación de gobernar, ampliando derechos y libertades para cuantos más españoles y españolas mejor. Y lo va a seguir haciendo, conforme a las leyes y el interés general. Aunque le pese a Rivera y los suyos.