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Archive for the ‘Comunicación’ Category

La imagen del Presidente del Gobierno ante un Tribunal de Justicia dando cuentas de la financiación irregular de su partido es demoledora para la convivencia democrática. La “normalidad” con que el Gobierno ha pretendido despachar este episodio desgraciado resulta tan poco creíble como ofensiva para la gran mayoría de los españoles.

La primera obligación de quien lidera la institucionalidad democrática de un país es la de velar por su credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué crédito institucional puede ofrecer aquél que se ve obligado a testificar judicialmente por los delitos cometidos en una organización bajo su responsabilidad? ¿Cómo confiar mínimamente en quien lidera un partido cuyos tesoreros y secretarios generales desfilan día sí y día no ante policías, fiscales y jueces para dar cuenta sobre todo tipo de corruptelas?

Al tiempo que Mariano Rajoy respondía con suficiencia y cinismo ante el Tribunal a las preguntas de los letrados, millones de ciudadanos procuraban encajar las consecuencias de sus políticas de ajuste. ¿Qué pueden pensar los pensionistas con prestaciones congeladas o los parados que han perdido la cobertura pública cuando ven al responsable de su sufrimiento despachando con frivolidad las acusaciones de depredación fraudulenta en las arcas públicas? ¿Qué daño produce este contraste sobre la confianza en las instituciones?

Buena parte del crecimiento económico, frágil y socialmente injusto por otra parte, descansa en este tiempo sobre el sector exterior, el turismo nacional y las exportaciones. Y la imagen del Presidente español ante el Tribunal de Justicia en el marco de un caso de corrupción grave ha recorrido los noticiarios de medio mundo. ¿Qué efectos puede tener esta situación sobre el prestigio y la reputación de España? ¿Cómo afectará aquella imagen a las decisiones de los grandes inversores internacionales en nuestro país?

La solicitud de dimisión por parte del secretario general del PSOE puede interpretarse en el contexto del ejercicio de oposición más previsible. Sin embargo, en esta ocasión muy especialmente la llamada de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Rajoy “para que no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país” adquiere un alcance de interés muy general.

La sociedad española afronta en estos momentos retos de una envergadura extraordinaria. El más inminente tiene que ver nada menos que con una seria amenaza secesionista por parte de un gobierno autonómico en rebeldía. Pero los desafíos socio-económicos son también mayúsculos, desde la agenda digital hasta la transición ambiental de la economía, desde la lucha contra la pobreza hasta el rescate de los jóvenes parados, precarizados y emigrados. ¿Está Rajoy en condiciones de liderar estos cambios entre escándalo y escándalo de corrupción?

La propia corrupción se ha convertido ya en la segunda gran preocupación ciudadana tras el paro. El daño que produce la multiplicación de casos que afectan al partido del Gobierno, en su núcleo central y en cada uno de sus territorios, resulta incompatible ya con cualquier intento de darle carácter excepcional. Estamos ante un problema de corrupción estructural y sistémico en el Partido Popular. Y Rajoy no puede escudarse con credibilidad en el argumento de que desconocía los manejos económicos de todos sus subordinados durante las casi tres décadas en las que ha formado parte de la dirección de su partido.

Por último, existe una condición imprescindible para aquél llamado a liderar la organización del espacio público compartido. Es la libertad, el estar y el saberse libre de ataduras espurias. La falta de otras condiciones, como la sabiduría o la capacidad, pueden compensarse con buenos equipos. Pero ser y sentirse libre es fundamental para quien ha de hacerse cargo de la defensa del interés común. ¿Es libre Rajoy? ¿Libre de quienes han financiado irregularmente sus campañas y su partido? ¿Libre respecto a aquellos que han administrado estas irregularidades bajo su liderazgo?

Demasiados interrogantes.

Definitivamente, lo de Rajoy no es “normal”.

Por eso pedimos su dimisión, en interés de nuestra institucionalidad democrática y en interés del conjunto de la sociedad española.

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El artículo 66 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.

Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.

Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.

Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.

Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.

El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.

Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.

Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.

Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.

El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.

El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.

Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.

La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.

El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno.

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  • Artículo publicado en Infolibre.es el 23-07-2017

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La constante sucesión de casos de corrupción vinculados al Partido Popular está ocasionando graves daños sobre la institucionalidad pública española. La consecuencia más directa y evidente tiene que ver con los propios fondos públicos desviados de su destino legítimo a favor del interés general. Sin embargo, quizás el daño cualitativamente más relevante se ha producido sobre  la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento limpio de las instituciones democráticas.

El crédito de la Justicia de nuestro país ante la ciudadanía se ha visto gravemente mermado por comportamientos inadecuados, irregulares o puede que directamente delictivos de algunos de los principales protagonistas institucionales.

El ministro intercambia mensajes de ánimo con alguno de los hoy encarcelados. El Fiscal General promociona como Fiscal Jefe Anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta especialidad. El propio Moix se estrena enfrentándose a sus subordinados tras el intento de obstaculizar las investigaciones sobre alguno de los principales encausados. Y finalmente la Presidenta de la Comunidad de Madrid desliza la sospecha de que la mismísima Guardia Civil está siendo manipulada a cuenta de las querellas internas en el PP.

Gran parte de los españoles tienen hoy la convicción, bien fundada, de que estos responsables institucionales en la Justicia de nuestro país están actuando antes como defensores de los corruptos que como garantes del Estado de Derecho. Y esta convicción resulta demoledora para la imprescindible legitimación de las instituciones públicas ante la sociedad a la que sirve.

El nombramiento de Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción concita todas las sospechas. Porque resulta muy plausible pensar que si las razones de nombrar a Moix no fueron las de experiencia y capacidad, quizás el Ministro de Justicia y su Fiscal General se fijaron en otros hitos significativos de su historial.

Moix fue el Fiscal Jefe de Madrid nombrado apenas unas semanas después del “tamayazo” y que se aseguró de evitar cualquier investigación al respecto. Durante doce años, entre 2003 y 2015 no vio o no quiso ver, no denunció o no quiso denunciar el saqueo que algunos dirigentes del PP cometían sobre las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. Hasta por tres veces rechazó las denuncias vecinales sobre irregularidades en el Canal de Isabel II, que después se ha evidenciado como epicentro de la corrupción en el PP madrileño. El propio expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy en la cárcel, se ha referido a él como “un tío serio y bueno”.

Para recuperar un mínimo de confianza ciudadana en las instituciones de nuestra Justica es preciso que los procedimientos penales culminen con garantías del castigo debido para los criminales corruptos. Es imprescindible que los ladrones devuelvan el dinero robado.

Y, sobre todo, resulta absolutamente necesario que todos estos referentes institucionales dimitan o sean cesados, para asegurar el funcionamiento eficaz de nuestro Estado de Derecho, para preservar su prestigio ante la ciudadanía, y por coherencia democrática, porque tanto el Ministro como el Fiscal General y el Fiscal Jefe Anticorrupción han sido reprobados por la mayoría de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados.

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El profesor Álvarez Junco nos enseña que la historia la hacen los hombres y las mujeres, no su carácter. Sostiene el profesor que no existe determinismo histórico alguno en razón de supuestos rasgos constantes en el carácter de los seres humanos, ni en el ámbito global ni territorio a territorio. En definitiva, que nuestra historia es fruto de nuestra decisión y no de nuestros genes.

Sin embargo, nuestra memoria histórica a largo plazo es, en buena medida, un tener presente la sucesión constante de conflictos bélicos decisivos y emblemáticos. Las guerras médicas, pírricas y la guerra de Troya en la Grecia clásica. Las guerras púnicas, cartaginesas y dacias en el imperio romano. Nuestra invasión árabe y la posterior reconquista. Las permanentes guerras entre reinos europeos durante la Edad Media. Las revoluciones guerreras de Estados Unidos y de Francia.

Nuestro dos de mayo y la posterior guerra de la independencia. La guerra de secesión norteamericana. Nuestras guerras carlistas, de Cuba, de Filipinas y de Marruecos. La Primera Guerra Mundial. La revolución rusa. Nuestra guerra civil. La Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico árabe-israelí. Las guerras de Corea y de Vietnam. Las guerras de Afganistán, de Chechenia y del Golfo. Las Malvinas. La invasión de Irak. La guerra de Libia. La guerra de Siria…

Y así del tirón, casi sin detenernos a pensar. ¿Podríamos hacer el mismo ejercicio en relación a los grandes inventos, o los progresos de la Humanidad, o los personajes de bien? Lo dudo.

Al parecer, y aún a riesgo de contradecir al profesor Álvarez Junco, hay algo en nosotros que se siente atraído por el fragor de la batalla. Una especie de ardor guerrero, que diría Lorenzo Silva. Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto esos viejos resortes siguen funcionando? ¿Hasta qué punto podemos mirar al pasado con cierto aire de suficiencia para sostener que la Humanidad del siglo XXI se deja llevar antes por la razón que por los tambores de guerra?

Un vistazo a la actualidad de la última semana produce un efecto desasosegante. El inefable Trump siente el agobio de sus sonoros fracasos en materia migratoria y sanitaria. Y reacciona bombardeando un aeródromo sirio entre el aplauso del mundo “civilizado”. Como le sale bien, Trump sigue en la linde tirando “la madre de todas las bombas” (MOAB) sobre sus enemigos, ahora afganos. La contraparte rusa se siente aludida y amenaza con tirar ya no la madre sino “el padre de todas las bombas” (COAB), en cuanto acierte a decidir dónde y sobre quién dejarla caer.

Pero, claro está, la cosa no podía quedar ahí. Si las grandes potencias compiten alardeando del tamaño de sus genitales bélicos, ¿por qué no habrían de hacerlo los demás? Kim Jong Un, que asegura no tener nada que envidiar a Trump, festeja el cumpleaños de su abuelo con un gran desfile de misiles “que pueden llegar de Corea a Estados Unidos”.

El ejemplo cunde, como cabría esperar. El “moderado” Rohani desbragueta sus armas en las calles de Teherán y declara que “nuestro ejército defenderá todo el Oriente Medio ante cualquier amenaza”. Y en la fiesta no podía faltar Nicolás Maduro, desde luego. Mientras el pueblo venezolano sufre un desabastecimiento generalizado en lo más básico, su presidente promete “¡Quinientos mil milicianos bolivarianos más! ¡Con todos sus pertrechos!”, por supuesto. Hasta el flemático londinense Michael Howard no ha dudado en recordar la guerra de las Malvinas para referirse a las implicaciones del brexit sobre el estatus de Gibraltar. ¡Gibraltar!

En este contexto, solo a un excéntrico como el que esto escribe podría parecerle surrealista el último debate en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, con los embajadores de las potencias del mundo discutiendo con seriedad lo “salvaje” que resulta matar niños con gas sarín en Damasco, mientras legitiman sin pestañear los dronazos que también matan niños -muchos más incluso- en Afganistán o Yemen.

Tan surrealista como comprobar que todas las naciones socias de la OTAN convienen en elevar sus presupuestos de defensa hasta el 2% del PIB en lugar de convenir reducirlos. O tan surrealista como saber que el alumno más aventajado en esta lección del gran presupuesto bélico para Europa es el “progresista” Tsipras, con un 2,3% en la castigada Grecia.

No sé si el sabio Álvarez Junco está o no en lo cierto respecto al determinismo histórico, pero a mí no me cuesta casi nada imaginar a algunos de los grandes líderes mundiales que veo cada noche en el telediario ataviados con cota de malla y sus correspondientes gladius y pugios. Casi nada.

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El populismo que amenaza nuestros derechos y libertades de manera creciente en el mundo no es la enfermedad a curar, sino su síntoma. Sin embargo proliferan análisis y tratamientos para la fiebre, mientras se permite crecer sin límite al virus causante.

Los diversos populismos liquidacionistas, los hiper-nacionalismos exacerbados, las fuerzas eurofóbicas, el proteccionismo visceral, las plataformas abiertamente xenófobas, los neo-fascismos que resurgen por doquier, los taumaturgos salvadores… Todos ellos constituyen en buena medida la reacción defensiva de millones de seres humanos amenazados por el incremento global de las desigualdades y la precarización social.

¿Por qué personajes tan controvertidos y limitados como Trump, Le Pen, Wilders, Farage, Grillo o Iglesias logran el apoyo de millones de ciudadanos? No es debido a su catálogo de soluciones bien fundamentadas para afrontar los problemas de la gente, desde luego. Tampoco es por la credibilidad de sus trayectorias o por la calidad de sus equipos.

Sencillamente, estos personajes aciertan al expresar el enfado de millones de votantes. Señalan con el dedo a un culpable creíble y fácilmente identificable, sean inmigrantes, islamistas o miembros de la casta. Y plantean un recetario de soluciones tan simples como falsas, desde la salida de Europa a la construcción de un muro infranqueable, pasando por la expulsión de los inmigrantes, el impago de las deudas públicas o el establecimiento inmediato de una renta universal.

¿Y de dónde viene tanto enfado para alimentar reacciones tan puramente emocionales y tan peligrosas? De las consecuencias de la globalización sin reglas y del imperio del capitalismo salvaje.

Si la globalización se construye bajo la ley de maximizar el beneficio de unos pocos. Si la integración de Europa se rige prioritariamente por la austeridad implacable y el control draconiano de los déficits. Si la economía de cada Estado se somete ante todo al criterio de ganar competitividad a toda costa, los sacrificados son las clases medias y trabajadoras que pierden derechos y bienestar a gran velocidad.

Esto es lo que ha ocurrido. La globalización y el avance tecnológico han traído grandes ventajas para unas minorías y grandes desventajas a las mayorías. Mayores niveles de paro, empleos más precarios, salarios más bajos, mayor desigualdad, más marginalidad, más exclusión, más pobreza. Los excluidos lo siguen siendo. Pero los antes pobres caen en la exclusión. Los precarios caen en la pobreza. Las clases medias bajas se precarizan. Las clases medias altas pierden posiciones.

Los ascensores sociales propios del modelo social que pactaron socialdemócratas y demócratas cristianos en la segunda mitad del siglo XX europeo ya solo funcionan para la bajada. Los jóvenes no ven futuro. Los padres temen por sus hijos. Los mayores que pierden el trabajo se ven arrojados a la exclusión. Las mujeres ven frustradas sus expectativas de igualdad. Crece la incertidumbre, el miedo al futuro, la desesperanza.

Mientras tanto, los medios de comunicación y las redes sociales muestran los signos del éxito y la opulencia de los ganadores de la globalización.

Entonces llega Trump, o Le Pen, o Iglesias, y a todos estos perdedores les dicen que sí, que tienen razones para enfadarse, que los culpables están ahí delante, que hay que echarlos, y que hay que hacer lo que hay que hacer, porque ya está bien. Y muchos les escuchan, y muchos hasta les votan…

Y podemos desgañitarnos para desenmascararlos. Y podemos convencer a muchos de que en realidad estos salvadores solo son unos aprovechados de la desesperación ajena, y que no tienen capacidad ni voluntad de solucionar nada.

Pero mientras el problema de fondo siga ahí, los salvadores seguirán apareciendo, sembrando odio y recogiendo sus cosechas de confianza inmerecida.

Por eso es importante atender a la enfermedad en lugar de aminorar tan solo los síntomas.

La globalización debe reglarse, integrando los espacios públicos, armonizando sus normas. Los rendimientos de la prosperidad deben distribuirse con equidad. Los beneficios del avance tecnológico deben repartirse con justicia. El mercado libre debe convivir con la garantía del derecho de los trabajadores a vivir de su esfuerzo con dignidad. Las expectativas de desarrollo deben contemplar las seguridades inherentes al Estado de Bienestar, y cubrir las necesidades básicas de toda la población, y combatir la desigualdad y la pobreza.

Los ascensores sociales deben funcionar también hacia arriba, premiando el esfuerzo. Los jóvenes deben creer nuevamente en el pacto que retribuye la formación y el trabajo duro. Las mujeres deben tener la certeza de que la igualdad legal no tropezará con la discriminación de facto. Y los mayores deben confiar en una retirada sin penurias.

Solo así convertiremos a los Trump de nuestro mundo en una pesadilla pasajera.

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Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

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El discurso proteccionista avanza aparentemente imparable en voces ya no solo populistas, sino también de la derecha e incluso de la izquierda tradicional en buena parte del mundo.

El “América primero” ha sido el factor decisivo para hacer Presidente de los Estados Unidos a un personaje tan controvertido como Donald Trump. Las mismas tesis aislacionistas llevaron a millones de trabajadores británicos a apostar por la salida de la Unión Europea. Y son esas propuestas, aunque con diverso relato, intención y tono, las que impulsan en buena medida tanto a Hamon como a Le Pen y otros líderes extremistas en Europa.

El éxito de los planteamientos proteccionistas tiene una lógica simple y eficaz. La globalización sin reglas trae como consecuencias la fuga de las empresas propias en búsqueda de salarios más bajos, por una parte, y la entrada de productos a precios más competitivos, por otra. El resultado invariable es el de la pérdida de empleos domésticos y una tendencia a la baja en las condiciones propias de trabajo. ¿Cómo responder a estos desafíos? Primero, lo nuestro. Que las empresas no se vayan, bajo amenaza de graves sanciones fiscales. Y que los productos foráneos no entren, aplicando barreras arancelarias. Simple y eficaz.

La autarquía, sin embargo, no es una idea nueva. En el pasado la abrazaron tanto la derecha franquista aquí, como el comunismo en el campo soviético. El resultado invariable siempre fue el empobrecimiento generalizado. En el ámbito de la izquierda, además, choca de manera frontal con los principios ideológicos y morales más básicos. Porque la izquierda siempre fue internacionalista y siempre promovió la solidaridad y la justicia universal, por encima de fronteras, sin desentenderse de los derechos y condiciones del resto de los trabajadores del mundo.

Y si el proteccionismo autárquico confronta con los valores, resulta absolutamente incompatible con la experiencia práctica de las políticas económicas y sociales en el campo progresista. Hace tiempo aprendimos que la apertura comercial equivale generalmente a competitividad, crecimiento y desarrollo. Las sociedades diversas se enriquecen con el contacto, con el intercambio y el mestizaje. Y las relaciones transfronterizas fomentan el diálogo, la empatía y el entendimiento y, por tanto, ayudan a preservar la paz y la cooperación entre los pueblos. La autarquía, por el contrario, genera retroceso, desconfianza y riesgo de conflicto.

Ahora bien, es preciso hacer un análisis crítico y con propósito de enmienda sobre las condiciones en que se ha desarrollado hasta ahora la globalización liberal y el comercio abierto sin reglas. Porque han sido tales condiciones y sus consecuencias, en términos de pérdida de derechos para la mayoría, de paro y pobreza para millones, y desigualdad insoportable para el conjunto, las que han arrojado a muchos votantes trabajadores a los brazos de populistas, ultranacionalistas y extremistas peligrosos.

Globalización sí, pero sometida a las reglas de la democracia y la justicia. Unas relaciones económicas abiertas, pero gobernadas desde la política que asegura el bien común. Comercio abierto al juego de la competencia, pero con normas de obligado cumplimiento, que impidan competir mediante bajadas brutales de salarios o recortes de derechos sociales y laborales.

La izquierda debe ser inconformista y radical. Pero no en los discursos del proteccionismo añejo, empobrecedor e ineficaz, sino en la exigencia de un Estatuto global de los Trabajadores, con derechos garantizados e iguales, primero en Europa, después en el mundo. La izquierda ha de gobernar para establecer una fiscalidad valiente y justa sobre los beneficios empresariales, sobre todo los beneficios financieros que hoy escapan a las contribuciones para el bien común. Para financiar el ejercicio de derechos de ciudadanía, como un seguro europeo de desempleo y un Ingreso mínimo europeo, que protejan de la pobreza y la exclusión social a quienes van quedando en la cuneta del camino de la globalización.

Contra la globalización injusta, sí. Pero no para volver a la autarquía, no para ir hacia atrás. Contra la globalización injusta, para conquistar una globalización justa, en los negocios y en los derechos.

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