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Archive for the ‘Comunicación’ Category

Como actor institucional y como curioso del comportamiento político, me he mantenido atento en estos días a las explicaciones más o menos espontáneas que han ofrecido a través de los medios de comunicación aquellos votantes y abstencionistas que el domingo pasado propiciaron el éxito electoral del franquismo en Andalucía.

Porque me resisto a utilizar neologismos o extranjerismos para nombrar aquello que en este país conocemos dolorosamente bien desde hace mucho tiempo. Aquí, a los partidarios del recorte de libertades, del anti-europeísmo, del machismo y del racismo siempre se les ha llamado franquistas, y no veo por qué hay que cambiar ahora su denominación.

En esas explicaciones pueden identificarse varias líneas argumentales. Entre los que mejor justifican su conducta están los insatisfechos, decepcionados y “hartos” por la falta de soluciones o por las soluciones insatisfactorias a sus problemas cotidianos. Después están los que se manifiestan “aburridos de la política de siempre y de los políticos de siempre”, que buscan “animar el cotarro”. Están también quienes se sienten atraídos por los que “hablan distinto”, “más claro, sin medias tintas”, que no se atienen a “lo políticamente correcto” y que “emocionan”.

Otra línea de argumentación tiene que ver con las frustraciones que genera el funcionamiento de las instituciones democráticas y el comportamiento de sus protagonistas: las “peleas interminables” que parecen no solucionar nada, junto al aparentemente contradictorio “pactismo y chanchulleo de los políticos” y el “cada uno va a lo suyo, pero no a lo nuestro”. Por último, se dejan notar también las posturas directamente revanchistas del “que se fastidien”  o el “démosles donde más les duele”, dirigidas a las “élites” políticas y económicas.

La multiplicación de los apoyos electorales al franquismo resulta muy preocupante, como amenaza directa al régimen de derechos y libertades democráticas que celebramos precisamente en estas fechas con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. Y, desde luego, las propias instituciones democráticas y los partidos constitucionalistas han de hacer los correspondientes análisis autocríticos.

Ahora bien, no estoy de acuerdo con eximir de responsabilidad a aquellos electores que con su voto o con su abstención han abierto las puertas del Parlamento andaluz a los enemigos de nuestras libertades. No comparto esas actitudes “comprensivas” con quienes han actuado deliberada o inconscientemente mal. No me parece bien la “comprensión” por pura condescendencia paternalista (“En realidad, no saben lo que hacen”), ni por puro interés político (“Metámonos con los dirigentes, pero no con los votantes, para atraerlos a nuestras filas”).

Si muchos de estos ciudadanos nos requieren para que hablemos “claro”, hagámoslo. Aquellos que han votado al franquismo, conscientes de lo que representa y de lo que amenaza, están ocasionando un daño gravísimo a nuestra convivencia y a los derechos conquistados con mucho sacrificio, y merecen nuestro reproche por ello. Aquellos que votaron franquismo sin saber lo que votaban han actuado con una irresponsabilidad mayúscula, que deben corregir. Y los que favorecieron el éxito franquista mediante su abstención, se han equivocado gravemente.

Estos comportamientos colectivos de carácter irracional no son nuevos. No es la primera vez que las decisiones colectivas se decantan por opciones contrarias al propio interés colectivo. Los teóricos de la decisión racional y de la politología han estudiado a fondo estos fenómenos nocivos, desde el fracaso de la República de Weimar que dio lugar al nazismo en Alemania, por ejemplo.

El politólogo Bernard Crick escribió hace tiempo que “uno de los mayores riesgos que corren los hombres libres es aburrirse del sistema que les proporciona su libertad”. Daniel Innerarity ha escrito también con mucho acierto que “la democracia es el constante aprendizaje de la decepción”. Este autor nos recuerda que la democracia decepciona cuando fracasa (porque no satisface expectativas) y cuando acierta (porque facilita las críticas). Las propias pintadas del Mayo del 68 anticipaban algunos de estos sentimientos: “¡Basta de realidades! ¡Queremos promesas!”.

Por tanto, aquellos argumentos simples y equivocados deben ser respondidos, con eficacia y con prontitud, antes de que arraiguen como ya han hecho en otros países. A los insatisfechos por la eficacia limitada y el ritmo lento de las reformas hay que recordarles otra frase de Bernard Crick: “Frente a las opciones implacables e impecables, es preciso reivindicar la política democrática, como la actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes”. Porque la alternativa a la mala política (que no satisface debidamente el interés general) no puede ser la anti-política (del yo primero y a los demás que les zurzan), y porque la alternativa a la democracia insatisfactoria no puede ser la no-democracia sino la democracia mejor.

A los aburridos de la democracia y a los que quieren “animar el cotarro” hay que advertirles de que tengan cuidado con lo que desean, no vaya a hacerse realidad. Porque la historia nos demuestra que cuando se deja morir a la democracia previsible y “aburrida”, lo que suele llegar se asemeja más a nuestras pesadillas que a nuestros sueños. A los enemigos de “lo políticamente correcto” (por aburrido) hay que recordarles que “lo políticamente incorrecto” puede resultar entretenido pero letal.

A los nostálgicos de la política más “sencilla” expliquémosles que los problemas rara vez son sencillos de resolver y que, muy a menudo, las “soluciones” que se presentan como las más simples son en realidad falsas soluciones que agravan los problemas. Digámosles también que la razón suele ser mejor consejera que la emoción a la hora de atender las necesidades y los retos colectivos, aunque resulte más compleja, trabajosa y tediosa de seguir. Añadamos que los taumaturgos y machos alfa que nos hacen vibrar con su verbo suelen ser más ineficaces y peligrosos que los muy racionales, laboriosos y cargantes políticos de siempre.

Nuestro país, su democracia, sus instituciones y sus políticos tienen (tenemos) mucho que cambiar. Pero el sentido del cambio debe ser hacia más democracia, no menos. Hacia más derechos y libertades, no menos. Hacia más tolerancia, no menos. Hacia más regeneración, no menos. Hacia más Europa, no menos. Hacia más feminismo, no menos. Hacia el futuro. No hacia el pasado.

En estos días circula por la redes un mensaje “sencillo” pero esclarecedor en este caso: “Érase una vez una hormiga que, enojada con la cigarra, votó por el insecticida”.

Instituciones, partidos y políticos “de siempre” tenemos mucho que reflexionar(nos), criticar(nos) y corregir(nos). Muchos votantes (400.000 andaluces, como poco), también.

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Durante los últimos días he tenido que responder preguntas y apreciaciones de estudiantes universitarios, vecinos, viandantes y hasta compañeros de partido a propósito de la imagen que se ofrece del trabajo parlamentario.

Los hechos lamentables de estas jornadas han servido también para que algunos analistas y comentaristas, supuestamente mejor informados, promuevan los peores tópicos sobre el comportamiento de nuestros diputados y senadores.

Se generalizan las acusaciones acerca de un estatuto privilegiado que se corresponde mal con el trabajo generalmente escaso, de baja calidad, ineficaz, sectario, mal educado y moralmente reprochable.

Solo que no es así. Solo que se trata de un tópico falso, injusto y, para los que trabajamos duro cada día en el Parlamento, se trata de un tópico doloroso.

Porque la gran mayoría de los diputados y los senadores, junto a los cientos de trabajadores en ambas Cámaras, y junto a los miles de organizaciones y ciudadanos que colaboran voluntariamente, desarrollan una labor inmensa, intensa y encomiable para mejorar la vida de los españoles.

Cada cual, desde sus principios y convicciones, a veces con éxito y a veces sin éxito, pero casi siempre con la mejor voluntad, honestamente, y con una disposición para el diálogo y el acuerdo que resulta ignota y resultaría sorprendente para muchos de sus representados.

Es cierto que unos pocos actúan de forma reprochable. Por falta de ideas, por deshonestidad o por la voluntad manifiesta de emponzoñar la vida política y procurar daño colectivo. En algunos casos, incluso, se une la estulticia con la corrupción moral y el dolo. Pero no se puede juzgar al todo por la parte, especialmente por la parte ínfima y por la peor parte.

A modo de ilustración. Solo en la semana del 19 a 23 de noviembre. Solo en el Congreso. La actividad parlamentaria ha dado para todo lo siguiente.

En el pleno hemos tomado en consideración la Ley que aporta verdad, justicia y reparación a las víctimas de los bebés robados. Y hemos aprobado la Ley que mejora la protección de los ciclistas en carretera.

Y hemos convalidado dos Reales Decretos Leyes que adjudican el pago del impuesto de las hipotecas a los bancos, y que aumenta las multas a las concesionarias de autopistas que no dedican suficientes recursos para evitar los colapsos durante las nevadas.

Y hemos superado las enmiendas a la totalidad para las leyes que regulan las prácticas universitarias, las reglas de gasto en la financiación municipal y la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aportará 6000 millones de euros extras en el gasto social.

Y hemos tratado dos declaraciones institucionales muy trabajadas sobre la lucha contra la violencia de género (por la celebración el próximo 25 de noviembre del día contra este tipo de violencia) y sobre las manifestaciones de cultura popular que propondremos como patrimonio inmaterial de la Humanidad en la UNESCO.

Además, se han celebrado reuniones de varias ponencias para avanzar en las leyes que regulan los créditos inmobiliarios (para que los hipotecados solo tengan que pagar la tasación), que mejoran la transparencia en los secretos empresariales, que previenen la financiación de actividades terroristas, que combaten la discriminación por orientación sexual, que conceden la nacionalidad española a descendientes en el extranjero, que facilitará el voto para los españoles residentes fuera de España, que compensan a las víctimas del amianto… En estos días se trabaja sobre más de 40 iniciativas de ley en ponencia y otras 40 en fase de elaboración de enmiendas.

También se ha trabajado en comisiones legislativas, comisiones de investigación y subcomisiones. La Comisión de Ciencia y Tecnología ha debatido 10 propuestas no de ley sobre competencias digitales y ayudas a investigadores. La Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del PP ha sustanciado las comparecencias de Trillo y Matas. La Comisión de Seguridad Nacional ha recibido a un experto en ciberseguridad.

La Comisión de Defensa ha trabajado con INDRA en materia de seguridad y tecnología. La Comisión de Transición Ecológica ha tratado la comparecencia del Secretario de Estado para el Cambio Climático y ocho preguntas sobre seguridad nuclear y contaminación. La Comisión de Seguridad Vial ha visto una decena de propuestas sobre vehículos no contaminantes, el carnet por puntos y la señalética viaria. La Subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha comenzado a trabajar en su informe sobre cotizaciones y prestaciones.

La Comisión de Educación ha recibido informes orales de las asociaciones Save the Children y Secretariado Gitano. La Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad ha atendido las reivindicaciones de cuatro entidades del sector. La Comisión que investiga el accidente de Angrois ha tratado nuevas comparecencias para esclarecer hechos y responsabilidades. La Comisión de Infancia y Adolescencia ha debatido y votado seis proposiciones no de ley sobre derechos de niños y niñas.

La Comisión de Evaluación del Estado Autonómico ha tratado las comparecencias de dos expertos constitucionalistas. La Comisión de Fomento ha formulado y contestado una veintena de preguntas sobre infraestructuras y sistemas de transporte en todos los territorios de España. La Comisión de la Unión Europea ha recibido la comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea en un debate sobre el Brexit, el Consejo Europeo del día 25 y la situación de Gibraltar.

Además, se han celebrado jornadas sobre industrias culturales, mujeres juristas y servicios sociales. Se han presentado libros a propósito de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. Y cada diputado y diputada ha celebrado decenas de reuniones sectoriales y ha realizado decenas de actuaciones propias de su circunscripción…

Solo en el Congreso. Solo en cinco días.

El trabajo parlamentario debe valorarse por algo más que unos cuantos insultos y un escupitajo.

Por favor.

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El brasileño Bolsonaro constituye el último ejemplo de campaña exitosa basada en la priorización del trabajo político a través las redes sociales. El estadounidense Trump mantiene tal estrategia desde hace años, al igual Salvini en Italia, Le Pen en Francia, y otros referentes autoritarios en el mundo. El triunfo del brexit puede atribuirse en buena medida también a una campaña muy centrada en internet. 

Las redes proporcionan un instrumento aparentemente positivo para la divulgación y la influencia política y electoral. Se trata de una vía de incidencia masiva, instantánea, sin filtro ajeno y con posibilidad cierta de valorar reacciones o feedbacks. En principio todo apunta a favor. Sin embargo, la experiencia demuestra que existen contraindicaciones importantes para el sistema democrático. 

Para empezar, los universos de seguidores se vinculan generalmente a personajes antes que a organizaciones. En las redes se sigue más al líder que al proyecto político que representa. Y la referencia individual siempre es más pobre que la referencia colectiva. 

Tales universos, además, funcionan en modo burbuja, de tal modo que los seguidores en redes de un líder no son seguidores de los demás, salvo en clave trol o saboteador. Solo escuchan a un personaje, el “suyo”. Esto resulta un problema, porque la calidad de un sistema democrático se mide, entre otros parámetros, por su capacidad para generar encuentro, diálogo, argumentación, contraste enriquecedor y, eventualmente, acuerdo entre diferentes. La red favorece el sectarismo. 

Por otra parte, los liderazgos en política se valoran fundamentalmente por su capacidad para enfrentarse a las agendas incómodas. A un proyecto y a su líder se le debe analizar por sus respuestas a los retos complejos y a las preguntas difíciles. Sin embargo, en el universo de la red social propia, el líder fabrica su propia agenda, con los temas que le son propicios y sin riesgo de ser interrogado por aquello de lo que no sabe o a lo que no quiere contestar. 

En la misma línea, la democracia es debate. Hoy no se concibe una campaña electoral en una democracia madura sin, al menos, un debate entre los principales contendientes. La generalización de las campañas en las redes sociales permite a los candidatos obviar esta condición democrática esencial. Bolsonaro, por ejemplo, se ha permitido el lujo de no hacer un solo debate con sus rivales. 

Finalmente, por no agotar los argumentos, el formato de campaña en red favorece la dinámica de las fake, de las mentiras en campaña. Un candidato en un medio tradicional no puede engañar a su público sin que un periodista se lo afee en una entrevista o un rival se lo reproche en un debate. Por el contrario, el líder puede volcar hechos, datos o argumentos puramente falsos bajo su perfil en la red, sin posibilidad práctica de contraste o desmentido eficaz. Es el método mediante el cual Trump miente habitualmente, por ejemplo. 

En consecuencia, las redes sociales suponen una oportunidad muy interesante para fortalecer y mejorar la eficacia en el trabajo político y electoral, pero siempre y cuando se utilice con honestidad y no sustituya a otros factores claves para la garantía de calidad democrática en un sistema político. Redes sí, pero que no sustituyan al diálogo entre diferentes, a los debates entre adversarios y a la sana intermediación de los medios periodísticos independientes. 

Eso sí, estos medios periodísticos, que están siendo barridos literalmente en su papel de intermediarios en la comunicación política, debieran tomar nota de que solo sobrevivirán en tal función si renuncian a actuar como simples forofos de una u otra opción política. Hay un lugar en el sistema para la prensa tradicional, veraz, crítica e independiente. Para el “forofeo”, las redes se bastan y se sobran.

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Durante los últimos meses, una parte de la izquierda española insiste en la crítica a la institución monárquica con una intensidad y una recurrencia difíciles de entender. Sea cual sea el asunto a tratar, desde la eliminación de los aforamientos a la regulación de la libertad de expresión, desde el comercio de armas al caso Villarejo o el conflicto catalán, los portavoces de Podemos, Izquierda Unida y ERC, entre otros, insisten en la estéril descalificación al monarca.

El debate doctrinal en torno a la forma de la Jefatura del Estado resulta indudablemente interesante. Las ventajas y los inconvenientes de contar con un Rey o un Presidente dan lugar, de hecho, a centenares de tesis y libros del mayor interés. La regulación de sus funciones y prerrogativas también estimula con toda lógica el trabajo de juristas y politólogos. Se entiende, incluso, el seguimiento singular de las actividades del Rey por una parte de los medios de comunicación, y la curiosidad general por las idas y venidas de su notoria familia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la forma de la Jefatura de Estado es parte fundamental del Pacto Constitucional, y sabiendo que su eventual revisión jamás contaría con el apoyo imprescindible de la derecha, ¿qué es lo que se pretende en realidad? ¿De verdad resulta relevante a día de hoy el debate sobre la monarquía en la izquierda española? ¿No hay prioridades de mayor interés para centrar la atención y el trabajo de quienes aspiran a ensanchar el campo de los derechos, las libertades y el bienestar social de los españoles? ¿Y dónde conduce este debate?

Los republicanos catalanes son, por definición, contrarios a la institución monárquica. Se entiende, pues, su rechazo doctrinario a todo lo que representa tal institución. Sin embargo, se entienden mucho menos sus ataques furibundos y pertinaces al Rey, al de antes y al de ahora. En primer lugar, porque quienes aspiran a entenderse con la institucionalidad española harían bien en respetar la forma de Estado que los españoles nos hemos dado democráticamente desde 1978, con amplia mayoría de apoyos en Cataluña, por cierto.

Y, en segundo lugar, porque solo los interlocutores institucionalmente fuertes son capaces de llegar a acuerdos relevantes. En consecuencia, no les conviene el debilitamiento del Estado, sino más bien lo contrario, paradójicamente. El reproche por el discurso de Felipe VI en el día 3 de octubre de 2017 no puede justificar tal beligerancia, porque el Rey hizo lo que le correspondía como “símbolo” constitucional de la unidad de España -¿alguien esperaba cosa distinta?-, y porque, en realidad, los ataques de ERC a “los borbones” vienen de mucho antes.

Resulta igual de legítimo el cuestionamiento intelectual de Unidos Podemos a la figura del Rey y a todo lo que ello implica. La tradición mayoritaria de la izquierda es una tradición indudablemente republicana. El PSOE, por cierto, oficialmente fue siempre “accidentalista”, es decir: partidario de la forma de Estado que mejor conviniera a la consecución de sus objetivos prioritarios de justicia social y de emancipación de las clases trabajadoras. Y hoy esos objetivos pasan por aplicar programas de progreso desde las instituciones democráticas que legitima la Constitución de 1978, una Constitución que se acordó estableciendo la monarquía parlamentaria como forma de Estado.

Pero más allá de este cuestionamiento doctrinal, legítimo y respetable, resulta menos lógico el ataque permanente a la Jefatura del Estado y a su titular. Por tres razones, al menos. Uno, porque su neutralidad política está asegurada por el Título Segundo de la Constitución, por el refrendo gubernamental obligado para sus actos, y por la propia vocación contrastada del Rey, del de ahora y del de antes.

Dos, porque ni la monarquía ni el monarca constituyen obstáculo alguno a la hora de aplicar las políticas propias de la izquierda, y que vienen acordando últimamente PSOE y Unidos Podemos. Y tres, porque, en todo caso, el cuestionamiento permanente de la Jefatura del Estado conduce al cuestionamiento en buena medida de todo el sistema político, y a la consiguiente desafección de la ciudadanía hacia las instituciones de las depende la aplicación de aquellas políticas.

En consecuencia, antes que proseguir en la estéril diatriba antimonárquica, resultaría mucho más coherente y, desde luego, bastante más eficaz, que la izquierda destinara sus esfuerzos a promover los valores progresistas y a combatir los populismos y radicalidades que hoy amenazan los pilares de la convivencia democrática en toda Europa.

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La mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados decidieron el pasado primero de junio censurar a un Gobierno agotado y promover un Gobierno nuevo y distinto. Se trata de un procedimiento excepcional, pero perfectamente constitucional y legítimo.

La derecha, sin embargo, nunca lo aceptó. El PP interpreta su salida del poder como si de una usurpación se tratara, y Ciudadanos evidencia cada día la frustración de quienes ya se veían aupados a la Moncloa por algunas encuestas favorables.

Unos y otros, la derecha azul y la derecha naranja, tienen derecho a expresar enojos y frustraciones. Ambas tienen incluso el deber de ejercer una oposición exigente y dura. Pero ni el PP ni Ciudadanos tienen derecho a bloquear y boicotear la acción de un Gobierno legítimo en aras del bien común.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nació con tres propósitos prioritarios: revertir los recortes sociales aplicados por los Gobiernos de Mariano Rajoy; promover medidas de regeneración democrática que devuelvan la confianza ciudadana en sus instituciones; y “normalizar” la situación política en Cataluña.

El presidente Sánchez y sus ministros están acometiendo estos objetivos con iniciativa y determinación. Más allá de la valoración que cada cual quiera hacer de los resultados hasta ahora, esta voluntad no puede negarse honestamente.

Sin embargo, la actitud de la oposición de derechas no es ni de colaboración ni de crítica, sino de puro obstruccionismo. Se trata de un comportamiento desleal, no ya hacia el Gobierno, sino hacia la sociedad española, que espera y merece algo distinto de PP y Ciudadanos.

Casado y Rivera no están ejerciendo la crítica sobre los planes presupuestarios del Gobierno socialista para atender las necesidades sociales de la ciudadanía española. Esto sería perfectamente lícito y entendible en los partidos que han protagonizado durante los últimos años los mayores recortes en bienestar social de nuestra historia democrática. PP y Ciudadanos se limitan a impedir por medios arteros que el Gobierno pueda proponer su proyecto de presupuestos.

PP y Ciudadanos bloquean, contra el reglamento y los precedentes parlamentarios, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido votada por 181 frente 164 diputados. De esta manera impiden que el Gobierno pueda contar con los 6000 millones de euros extras que ha negociado con la Comisión Europea. ¿A quiénes perjudica este comportamiento? No solo al Gobierno, sino a los millones de españoles que necesitan y reclaman mejoras en las pensiones, en el empleo, y en los servicios educativos y sanitarios.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado los trámites legales para reformar la Constitución y acabar con el aforamiento de diputados y senadores. Se trata de una medida de regeneración democrática ampliamente demandada por la ciudadanía. Pero la derecha se ha precipitado a denostarla y a anunciar su oposición.

En relación a Cataluña, PP y Ciudadanos practican la estrategia del “cuanto peor, mejor”. Lejos de seguir el ejemplo practicado por el PSOE cuando estaba en la oposición, colaborando lealmente con el Gobierno en sus iniciativas frente al separatismo, acusan falsamente al ejecutivo de entreguismo y complicidad con los partidarios de la independencia. En lugar de buscar conjuntamente con el Gobierno una solución al problema, se limitan a alimentar el conflicto con la esperanza de obtener un rendimiento político y electoral espúreo.

Los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Y este Gobierno merece que le dejen gobernar.

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El expresidente José María Aznar compareció el pasado 18 de septiembre ante la comisión que investiga la corrupción del PP en el Congreso de los Diputados. Más allá del ejercicio previsible de desmemoria y chulería, la evidencia más inquietante de esa comparecencia fue la competición impúdica entre Casado y Rivera, PP y Ciudadanos, derecha azul y derecha naranja, para hacerse con el patrocinio del famoso tercer hombre en la foto de las Azores.

Ver a Aznar entrando en la Comisión acompañado por la plana mayor del “nuevo PP” y escuchar al ex patrón de la derecha dedicando todo tipo de carantoñas al portavoz de Ciudadanos, resultó mucho más significativo y elocuente que la sarta de falsedades con que contestaba a sus auténticos interrogadores. El titular de la semana puede resumirse, por tanto, en un “vuelve el aznarismo”, con todo lo que ello conlleva.

El aznarismo es convivencia apacible y cómplice con la corrupción. Las investigaciones policiales y la Justicia han demostrado ya que durante los años de presidencia de Aznar en el PP se llevaron a cabo las mayores corruptelas: desde la famosa caja B acreditada en los papeles de Bárcenas hasta la generalización de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de financiación electoral o regalos personales, pasando por los sobresueldos en negro y otras fechorías.

La sentencia del caso Gürtel es diáfana: “…se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” (página 155). Doce de catorce de los ministros del primer Gobierno Aznar han pasado por imputaciones, procesos, condenas, o recibieron sobresueldos. Primeros espadas de sus equipos han sido encarcelados o condenados a cárcel, como Matas, Zaplana, Sepúlveda o el mismo Bárcenas. Todos sus tesoreros involucrados en casos de mordidas…

Pero el aznarismo es más, porque también equivale a hacer política con desprecio por los valores mayoritarios en la sociedad española. Lo hizo el propio Aznar llevándonos a una guerra ilegal e inmoral en Irak, de la mano de su amigo tejano. Y lo están volviendo a hacer sus discípulos en este pretendido “nuevo PP”, emulando a la extrema derecha europea mediante el discurso del miedo a la inmigración. Se equivocó el expresidente entonces y se equivocan ahora Casado y compañía. La llama de la xenofobia racista e intolerante no prenderá en nuestro país.

Y aznarismo en política es, sobre todo, el “todo vale” para alcanzar el poder. En los años 90 fue la guerra sucia del “sindicato del crimen” contra los gobiernos de Felipe Gonzalez, y la utilización inmoral de la lucha antiterrorista para desgastar al ejecutivo. Y hoy es la caza al hombre emprendida contra Pedro Sánchez y la deslealtad absoluta en el conflicto del Estado con los independentistas catalanes.

El último episodio de este “todo vale” consiste en obstaculizar de manera fraudulenta los intentos legítimos del Gobierno socialista para aprobar una nueva senda de estabilidad y unos nuevos presupuestos. Lo hacen a dos manos, PP y Ciudadanos, azules y naranjas.

Más de 180 diputados, la mayoría absoluta, votaron el 18 de septiembre a favor de las reformas que podrían sortear el veto de la derecha en el Senado, la suma de 6000 millones de euros extras para políticas sociales, y un presupuesto para 2019 con verdadera justicia social. Pero PP y Ciudadanos intentan valerse de su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de las reformas y frustrar los presupuestos llamados a revertir los recortes aplicados desde 2012.

La derecha española salió de Rajoy para acabar volviendo a Aznar. No es una buena noticia para ellos. Para los españoles tampoco.

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El debate político sobre Cataluña parece haber atrapado a varios de sus protagonistas en una especie de jaula para hámsters. Tanto los actores independentistas -sin tener razón- como los actores de la derecha constitucionalista -aún teniendo razón- se limitan a dar pasos acelerados hacia… ninguna parte. Unos y otros actúan tal que presos de un bucle autoreferencial sin salida. 

No cabe equiparar legitimidades ni conductas, porque unos desafían la legalidad quebrando la convivencia, mientras otros reclaman la vigencia de la ley como fundamento de la convivencia democrática. Sin embargo, la realidad es que en ambos bandos prevalecen aquellos que, bien por cálculo electoralista o bien por temor a ser tachados como traidores, se limitan a reiterar una y otra vez los argumentos ya conocidos sin procurar solución alguna. 

Pero, ¿dónde nos lleva esta dinámica? La responsabilidad de quienes nos dedicamos a la representación de la ciudadanía en las instituciones políticas no consiste en evidenciar una y otra vez cuánta razón tenemos nosotros y cuán poca razón tienen ellos.

Nuestra responsabilidad pasa por avanzar al menos alguna contribución para resolver los problemas. ¿Avanzar hacia dónde? Lo urgente, desde luego, es recuperar la convivencia entre catalanes. Y lo importante, sin duda, es encontrar un nuevo encaje institucional para el autogobierno de Cataluña en España y en Europa. 

Este camino tiene algunas condiciones, de forma y de fondo.

Las condiciones de forma pasan por el reconocimiento mutuo de las diversas posturas y de quienes las representan, para hacer viable el diálogo y para hacer posible el acuerdo. Además, como imperativo democrático previo, deben respetarse las instituciones y los procedimientos del ordenamiento legal vigente. E, indudablemente, cualquier resultado de aquel entendimiento ha de someterse a la votación de los catalanes y del conjunto de los españoles. 

¿Cuál es el fondo del debate a resolver? Se trata de acordar un nuevo marco institucional que ofrezca satisfacción a las demandas identitarias y de autogobierno en la sociedad catalana. Este acuerdo ha de enmarcarse, por una parte, en la necesaria actualización del modelo territorial de España y, por otra parte, en el proceso paralelo de construcción de la unidad europea. 

Y en estos contextos propios de nuestro tiempo perderán razón y vigencia esos viejos conceptos de patria, soberanía, frontera, independencia y autodeterminación, que tanta emocionalidad negativa y tanto conflicto político han ocasionado hasta ahora.

El nuevo gobierno socialista ha sido valiente. Ha salido de la noria del hámster y ha llamado a un diálogo abierto, con la sola condición del respeto a la legalidad democrática. Se trata de una buena oportunidad para superar la fase de conflicto y afrontar una solución acordada.

Primero, una reforma constitucional que alumbre un nuevo modelo territorial, negociada con todos los actores políticos, sociales y territoriales de España, y votada por todos los españoles. Y, después, un nuevo Estatuto de autogobierno en Cataluña, votado por todos los catalanes y refrendado en el Parlamento español. 

Este era, a mi juicio, el sentido de la moción que el pasado miércoles 12 de septiembre acordamos en el Congreso los representantes del PDCat y del grupo socialista. Apenas unas horas después, alguien decidió frustrar el intento desde Barcelona. Para seguir corriendo hacia ninguna parte…

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