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Archive for the ‘Comunicación’ Category

La mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados decidieron el pasado primero de junio censurar a un Gobierno agotado y promover un Gobierno nuevo y distinto. Se trata de un procedimiento excepcional, pero perfectamente constitucional y legítimo.

La derecha, sin embargo, nunca lo aceptó. El PP interpreta su salida del poder como si de una usurpación se tratara, y Ciudadanos evidencia cada día la frustración de quienes ya se veían aupados a la Moncloa por algunas encuestas favorables.

Unos y otros, la derecha azul y la derecha naranja, tienen derecho a expresar enojos y frustraciones. Ambas tienen incluso el deber de ejercer una oposición exigente y dura. Pero ni el PP ni Ciudadanos tienen derecho a bloquear y boicotear la acción de un Gobierno legítimo en aras del bien común.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nació con tres propósitos prioritarios: revertir los recortes sociales aplicados por los Gobiernos de Mariano Rajoy; promover medidas de regeneración democrática que devuelvan la confianza ciudadana en sus instituciones; y “normalizar” la situación política en Cataluña.

El presidente Sánchez y sus ministros están acometiendo estos objetivos con iniciativa y determinación. Más allá de la valoración que cada cual quiera hacer de los resultados hasta ahora, esta voluntad no puede negarse honestamente.

Sin embargo, la actitud de la oposición de derechas no es ni de colaboración ni de crítica, sino de puro obstruccionismo. Se trata de un comportamiento desleal, no ya hacia el Gobierno, sino hacia la sociedad española, que espera y merece algo distinto de PP y Ciudadanos.

Casado y Rivera no están ejerciendo la crítica sobre los planes presupuestarios del Gobierno socialista para atender las necesidades sociales de la ciudadanía española. Esto sería perfectamente lícito y entendible en los partidos que han protagonizado durante los últimos años los mayores recortes en bienestar social de nuestra historia democrática. PP y Ciudadanos se limitan a impedir por medios arteros que el Gobierno pueda proponer su proyecto de presupuestos.

PP y Ciudadanos bloquean, contra el reglamento y los precedentes parlamentarios, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido votada por 181 frente 164 diputados. De esta manera impiden que el Gobierno pueda contar con los 6000 millones de euros extras que ha negociado con la Comisión Europea. ¿A quiénes perjudica este comportamiento? No solo al Gobierno, sino a los millones de españoles que necesitan y reclaman mejoras en las pensiones, en el empleo, y en los servicios educativos y sanitarios.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado los trámites legales para reformar la Constitución y acabar con el aforamiento de diputados y senadores. Se trata de una medida de regeneración democrática ampliamente demandada por la ciudadanía. Pero la derecha se ha precipitado a denostarla y a anunciar su oposición.

En relación a Cataluña, PP y Ciudadanos practican la estrategia del “cuanto peor, mejor”. Lejos de seguir el ejemplo practicado por el PSOE cuando estaba en la oposición, colaborando lealmente con el Gobierno en sus iniciativas frente al separatismo, acusan falsamente al ejecutivo de entreguismo y complicidad con los partidarios de la independencia. En lugar de buscar conjuntamente con el Gobierno una solución al problema, se limitan a alimentar el conflicto con la esperanza de obtener un rendimiento político y electoral espúreo.

Los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Y este Gobierno merece que le dejen gobernar.

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El expresidente José María Aznar compareció el pasado 18 de septiembre ante la comisión que investiga la corrupción del PP en el Congreso de los Diputados. Más allá del ejercicio previsible de desmemoria y chulería, la evidencia más inquietante de esa comparecencia fue la competición impúdica entre Casado y Rivera, PP y Ciudadanos, derecha azul y derecha naranja, para hacerse con el patrocinio del famoso tercer hombre en la foto de las Azores.

Ver a Aznar entrando en la Comisión acompañado por la plana mayor del “nuevo PP” y escuchar al ex patrón de la derecha dedicando todo tipo de carantoñas al portavoz de Ciudadanos, resultó mucho más significativo y elocuente que la sarta de falsedades con que contestaba a sus auténticos interrogadores. El titular de la semana puede resumirse, por tanto, en un “vuelve el aznarismo”, con todo lo que ello conlleva.

El aznarismo es convivencia apacible y cómplice con la corrupción. Las investigaciones policiales y la Justicia han demostrado ya que durante los años de presidencia de Aznar en el PP se llevaron a cabo las mayores corruptelas: desde la famosa caja B acreditada en los papeles de Bárcenas hasta la generalización de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de financiación electoral o regalos personales, pasando por los sobresueldos en negro y otras fechorías.

La sentencia del caso Gürtel es diáfana: “…se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” (página 155). Doce de catorce de los ministros del primer Gobierno Aznar han pasado por imputaciones, procesos, condenas, o recibieron sobresueldos. Primeros espadas de sus equipos han sido encarcelados o condenados a cárcel, como Matas, Zaplana, Sepúlveda o el mismo Bárcenas. Todos sus tesoreros involucrados en casos de mordidas…

Pero el aznarismo es más, porque también equivale a hacer política con desprecio por los valores mayoritarios en la sociedad española. Lo hizo el propio Aznar llevándonos a una guerra ilegal e inmoral en Irak, de la mano de su amigo tejano. Y lo están volviendo a hacer sus discípulos en este pretendido “nuevo PP”, emulando a la extrema derecha europea mediante el discurso del miedo a la inmigración. Se equivocó el expresidente entonces y se equivocan ahora Casado y compañía. La llama de la xenofobia racista e intolerante no prenderá en nuestro país.

Y aznarismo en política es, sobre todo, el “todo vale” para alcanzar el poder. En los años 90 fue la guerra sucia del “sindicato del crimen” contra los gobiernos de Felipe Gonzalez, y la utilización inmoral de la lucha antiterrorista para desgastar al ejecutivo. Y hoy es la caza al hombre emprendida contra Pedro Sánchez y la deslealtad absoluta en el conflicto del Estado con los independentistas catalanes.

El último episodio de este “todo vale” consiste en obstaculizar de manera fraudulenta los intentos legítimos del Gobierno socialista para aprobar una nueva senda de estabilidad y unos nuevos presupuestos. Lo hacen a dos manos, PP y Ciudadanos, azules y naranjas.

Más de 180 diputados, la mayoría absoluta, votaron el 18 de septiembre a favor de las reformas que podrían sortear el veto de la derecha en el Senado, la suma de 6000 millones de euros extras para políticas sociales, y un presupuesto para 2019 con verdadera justicia social. Pero PP y Ciudadanos intentan valerse de su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de las reformas y frustrar los presupuestos llamados a revertir los recortes aplicados desde 2012.

La derecha española salió de Rajoy para acabar volviendo a Aznar. No es una buena noticia para ellos. Para los españoles tampoco.

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El debate político sobre Cataluña parece haber atrapado a varios de sus protagonistas en una especie de jaula para hámsters. Tanto los actores independentistas -sin tener razón- como los actores de la derecha constitucionalista -aún teniendo razón- se limitan a dar pasos acelerados hacia… ninguna parte. Unos y otros actúan tal que presos de un bucle autoreferencial sin salida. 

No cabe equiparar legitimidades ni conductas, porque unos desafían la legalidad quebrando la convivencia, mientras otros reclaman la vigencia de la ley como fundamento de la convivencia democrática. Sin embargo, la realidad es que en ambos bandos prevalecen aquellos que, bien por cálculo electoralista o bien por temor a ser tachados como traidores, se limitan a reiterar una y otra vez los argumentos ya conocidos sin procurar solución alguna. 

Pero, ¿dónde nos lleva esta dinámica? La responsabilidad de quienes nos dedicamos a la representación de la ciudadanía en las instituciones políticas no consiste en evidenciar una y otra vez cuánta razón tenemos nosotros y cuán poca razón tienen ellos.

Nuestra responsabilidad pasa por avanzar al menos alguna contribución para resolver los problemas. ¿Avanzar hacia dónde? Lo urgente, desde luego, es recuperar la convivencia entre catalanes. Y lo importante, sin duda, es encontrar un nuevo encaje institucional para el autogobierno de Cataluña en España y en Europa. 

Este camino tiene algunas condiciones, de forma y de fondo.

Las condiciones de forma pasan por el reconocimiento mutuo de las diversas posturas y de quienes las representan, para hacer viable el diálogo y para hacer posible el acuerdo. Además, como imperativo democrático previo, deben respetarse las instituciones y los procedimientos del ordenamiento legal vigente. E, indudablemente, cualquier resultado de aquel entendimiento ha de someterse a la votación de los catalanes y del conjunto de los españoles. 

¿Cuál es el fondo del debate a resolver? Se trata de acordar un nuevo marco institucional que ofrezca satisfacción a las demandas identitarias y de autogobierno en la sociedad catalana. Este acuerdo ha de enmarcarse, por una parte, en la necesaria actualización del modelo territorial de España y, por otra parte, en el proceso paralelo de construcción de la unidad europea. 

Y en estos contextos propios de nuestro tiempo perderán razón y vigencia esos viejos conceptos de patria, soberanía, frontera, independencia y autodeterminación, que tanta emocionalidad negativa y tanto conflicto político han ocasionado hasta ahora.

El nuevo gobierno socialista ha sido valiente. Ha salido de la noria del hámster y ha llamado a un diálogo abierto, con la sola condición del respeto a la legalidad democrática. Se trata de una buena oportunidad para superar la fase de conflicto y afrontar una solución acordada.

Primero, una reforma constitucional que alumbre un nuevo modelo territorial, negociada con todos los actores políticos, sociales y territoriales de España, y votada por todos los españoles. Y, después, un nuevo Estatuto de autogobierno en Cataluña, votado por todos los catalanes y refrendado en el Parlamento español. 

Este era, a mi juicio, el sentido de la moción que el pasado miércoles 12 de septiembre acordamos en el Congreso los representantes del PDCat y del grupo socialista. Apenas unas horas después, alguien decidió frustrar el intento desde Barcelona. Para seguir corriendo hacia ninguna parte…

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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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En el discurso pronunciado en Johannesburgo con motivo del centenario de Mandela, Barack Obama ha alertado sobre “la política del hombre fuerte, que se encuentra en pleno desarrollo en el mundo”. Se trata de una advertencia oportuna ante uno de los riesgos más graves y evidentes que se ciernen en nuestros días sobre las sociedades democráticas.

Probablemente Obama estaba pensando en su sucesor en la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, pero los ejemplos de esa figura emergente proliferan en los cinco continentes: desde Putin en Rusia hasta Erdogán en Turquía o Duterte en Filipinas, pasando por Salvini en Italia u Orbán en Hungría.

En las etapas históricas marcadas por las crisis económicas, el crecimiento de las desigualdades y la desorientación ideológica generalizada, suelen surgir supuestos libertadores, que a modo de falsos taumaturgos prometen grandes soluciones inmediatas a cambio de un poder cuasi absoluto e incuestionado.

Podemos hablar de una constante histórica que invariablemente termina con mayor deterioro social y graves retrocesos en términos de derechos y libertades democráticas.

Estos “hombres fuertes” arremeten contra las convenciones sociales y las instituciones democráticas más tradicionales, que suelen tachar de refugios para las castas de los instalados y los poderosos, que traicionan a las buenas gentes del pueblo llano. Pero en realidad están cuestionando las reglas y las instancias que se crearon precisamente para frenar los poderes totalitarios y arbitrarios que amenazan la convivencia democrática.

Trump, Erdogán y Salvini desprecian a los parlamentos, a los partidos, a los sindicatos y a los medios de comunicación más objetivos, porque se trata de las instituciones con que cuentan las sociedades democráticas para organizar el espacio público mediante la participación cívica y el equilibrio entre los diversos poderes. A los “hombres fuertes” les estorban todas las instancias que se interponen entre el líder y la masa informe, indistinta y manipulable.

Tales personajes suelen descalificar todo lo que aluda a “lo políticamente correcto”, asumiendo poses y discursos de pura arrogancia, que disfrazan de singularidad, valentía y liderazgo. Si lo que ellos entienden como  “políticamente correcto” consiste en tratar con respeto al diferente aunque sea adversario, Trump y compañía hacen gala de un comportamiento matonista y amedrentador, con insultos gruesos y zafios hacia todos los que se atreven a denunciarles y contradecirles.

Otra característica habitual en estos “hombres fuertes” es el desprecio por la verdad y los hechos en sus discursos y en sus propuestas. Amparados en la impunidad que las redes sociales otorgan a quienes mienten y manipulan la información, acostumbran a argumentar con datos falsos y ejemplos inventados. Cuando alguien les desmiente con información veraz, invariablemente le acusan de formar parte de una conspiración malintencionada y de servir a lo establecido.

La advertencia de Obama debiera tomarse muy en serio. No cabe ya sonreír ante las salidas de tono o despreciar con la indiferencia a estos personajes excéntricos. Son peligrosos. Cada vez más. Pensemos en aquellos personajes que surgieron en Europa tras la crisis de los años veinte en el siglo pasado.

Al principio, todos se reían también de las excentricidades de Hitler, Mussolini o Franco. Hasta que las risas tornaron en llanto.

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Dicen los manuales tácticos de la política que cuando una apuesta necesita explicación es que se está perdiendo. No es este el caso, como lo prueban las últimas votaciones en el Congreso. Sin embargo, el proceso de renovación de RTVE está resultando tan complejo que resulta muy importante informar a la ciudadanía con mucha transparencia sobre intenciones y decisiones.

El Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión con la regeneración democrática como primera prioridad. Y unos medios públicos de comunicación independientes y plurales forman parte fundamental de todo programa de cualificación de la democracia.

El propósito clave de todas las decisiones que se están adoptando respecto a RTVE es, por tanto, el de ofrecer a la sociedad española una radio televisión pública objetiva, veraz, autónoma y respetuosa con sus propios profesionales. Es decir, todo lo contrario de lo que RTVE ha sido durante los seis últimos años de gobierno del PP.

Se trataba y se trata de poner fin cuanto antes a la gestión de José Antonio Sánchez al frente de RTVE. Porque las constantes de esta gestión han sido el control político de la información a favor de los intereses del PP, la contratación de afines y la dilapidación de los recursos públicos. Las denuncias de los propios profesionales de la casa y sus apariciones “en negro” viernes tras viernes son buena muestra de lo insostenible de la situación.

¿Se podía haber logrado este objetivo de otra manera? Ojalá, pero no.

Para entender este momento hace falta un poco de historia. El gobierno socialista estableció la obligación legal del consenso y la independencia de RTVE en el año 2006, mediante la elección de su dirección con una mayoría cualificada de dos tercios en las Cortes. Aquel fue el tiempo de la radio y la televisión públicas con éxito de credibilidad, de audiencia y de premios internacionales.

El gobierno del PP recuperó la RTVE sometida al poder político con el cambio legal de 2012. La dirección volvía a elegirse con una mayoría a absoluta, a la medida del número de diputados del PP por aquel entonces. En el mes de septiembre del año 2017, perdida ya la mayoría absoluta del PP, los tres principales partidos de la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos- impulsan una ley que vuelve a reclamar la elección consensuada de los regidores de RTVE.

Sin embargo, la aplicación de esta última ley, aún en vigor, requería la celebración de un concurso público para asegurar la elección de perfiles meritorios en el consejo de administración. El reglamento que habría de regular tal concurso contaba con una fecha límite en la propia ley: el 31 de diciembre de 2017. No obstante, la mayoría con que cuentan PP y Ciudadanos en las Mesas del Congreso y el Senado ha logrado que siete meses después del cumplimiento del plazo legal, aquel concurso siga sin celebrarse.

Apenas tres semanas después de la investidura de Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno se encuentra ante la situación siguiente: el día 22 de junio culmina su mandato legal el presidente y los consejeros de la RTVE dominada por el PP; el presidente saliente ha asegurado el control sin plazo temporal de la radio y la televisión pública firmando unos poderes legalmente cuestionables a favor de los directivos de su confianza; y el concurso que debiera elegir al nuevo consejo de administración se encuentra bloqueado y sujeto a la mayoría de control que forman PP y Ciudadanos.

El Gobierno socialista solo tenía dos opciones. O se cruzaba de brazos permitiendo que la RTVE que pagamos todos los españoles siguiera manipulando la información y acosando a sus profesionales independientes, sin un horizonte temporal claro. O adoptaba las decisiones precisas para reestablecer una radio televisión pública al servicio de toda la sociedad. Se decidió por la segunda opción, que no era la más fácil ni la más cómoda.

En consecuencia, el mismo día 22 de junio el Gobierno aprueba un Real Decreto Ley con el objetivo de que, en solo 15 días, las Cortes Generales eligieran un nuevo consejo de administración y un nuevo presidente de RTVE, que ejercería sus funciones de forma provisional hasta que se celebrara con éxito el concurso público previsto en la ley vigente de 2017.

El decreto podría haber establecido cualquier fórmula de elección para estos cargos, pero el Gobierno optó acertadamente por plantear la misma exigencia democrática prevista en la ley de 2017 para el consejo definitivo: dos tercios de diputados en primera votación, y mayoría absoluta con apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios en segunda votación.

Poner de acuerdo a la mayoría de los representantes de la ciudadanía no ha sido fácil. En el acuerdo votado con éxito el día 4 de julio participaron hasta cinco grupos parlamentarios y más de una decena de partidos políticos: PSOE, Podemos y sus confluencias, ERC, PNV, PDCat, Compromís, Nueva Canaria, Coalición Canaria… Entre fuerza tan dispares, llegar a una decisión conjunta es difícil, pero acordar nombres para cargos concretos resulta extraordinariamente complejo. De ahí lo accidentado del proceso durante los últimos días.

No obstante, el buen hacer negociador de la portavoz socialista Adriana Lastra, la disposición positiva y comprometida de Podemos, y la colaboración de todos los demás grupos en beneficio del objetivo común, han dado como resultado el primer paso para el fin de la época más negra en la historia reciente de RTVE. Es una lástima que PP y Ciudadanos se hayan negado a participar en este consejo provisional. Se les ofreció proponer hasta un 40% de su composición, pero exigían una mayoría que no tienen en el Congreso que representa a los españoles.

¿Y ahora qué? El Congreso ya ha elegido seis consejeros. Entre el 8 y el 18 de julio se elegirá a los cuatro consejeros restantes y a un presidente realmente independiente. A partir de entonces procuraremos que el concurso público previsto en le ley vigente se desarrolle con rapidez, transparencia y eficacia, para que RTVE disponga enseguida de la dirección profesional, autónoma y decente que están esperando la gran mayoría de los españoles.

Esta es la explicación, compleja, sí, pero diáfana y honesta.

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El eje predominante en el debate político de las democracias europeas se está desplazando claramente desde el comienzo de este siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la confrontación política se producía generalmente en torno al eje izquierda-derecha. Sin embargo, la globalización acelerada, los cambios tecnológicos y el auge populista están favoreciendo un esquema distinto y más peligroso, determinado sobre todo por la exacerbación y el conflicto entre identidades.

El debate izquierda-derecha ha alimentado fuertes pasiones en uno y otro bando, pero casi siempre contó con una base racional muy elaborada. La izquierda y la derecha han representado los valores tradicionales de la igualdad y la libertad; del énfasis en los derechos colectivos y los derechos individuales; de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, en expresión de Constant. La izquierda busca generalmente la redistribución solidaria mientras la derecha persigue garantías para el libre albedrío.

De un tiempo a esta parte, por el contrario, el pulso político no se discierne a partir de convicciones más o menos liberales o igualitaristas, sino muy a menudo desde la afirmación de la identidad propia frente a las demás. La identidad más comúnmente esgrimida es la identidad nacional, pero también se están abriendo rápidamente paso los programas políticos que hacen bandera de la identidad étnica o religiosa. La tesis a partir de la que se pretenden organizar el espacio compartido es la siguiente: nuestra identidad nacional, étnica o religiosa requiere defensa y predominio frente a la amenaza que representan las demás identidades nacionales, étnicas o religiosas.

¿Por qué avanzan estas ideas? Desde luego, no pueden presentarse como nuevas, ni pueden acreditar éxito alguno en la historia europea. Más bien al contrario: la confrontación irracional e identitaria se encuentra en el trasfondo causal de buena parte de los desastres que hemos sufrido los europeos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Estas ideas avanzan al calor de las desigualdades, las injusticias y las inseguridades vinculadas a los procesos de globalización desregulada y revolución tecnológica acelerada. El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza ocasionan temor, frustración e ira en amplios sectores de la población, muy receptivos a los mensajes simples que señalan culpables para su sufrimiento.

El discurso identitario, además, es puramente emocional y facilita la movilización en mayor medida que las construcciones racionales del discurso que defiende los derechos colectivos y la distribución solidaria. Es más fácil convencer al sufridor señalando a un culpable, aunque sea falso, que armando un análisis y una propuesta compleja para solucionar los problemas. La trinchera de la identidad sirve también para esconder la incapacidad y la incompetencia a la hora de elaborar programas realmente útiles para el bienestar colectivo. El “somos de los nuestros” y el “a por ellos” son argumentos muy socorridos y no requieren casi de esfuerzo intelectual alguno.

Ahora bien, las consecuencias de esta evolución están siendo muy negativas a la hora de afrontar los muchos desafíos de las sociedades europeas en el siglo XXI, desde la imprescindible integración en la Unión Europea hasta la administración del fenómeno migratorio y la articulación de políticas comunes en la lucha contra la pobreza o el cambio climático. El arrinconamiento del debate racional y la promoción constante de las emociones identitarias solo conducen a alimentar la confrontación, a dificultar la convivencia y a postergar las soluciones precisas a los problemas colectivos.

Es difícil ser optimista en el presente escenario político europeo. El discurso identitario avanza en muchos países, hasta el punto de que se afianza incluso en Gobiernos muy significativos. Ahí están los supremacistas del este europeo, el nuevo canciller austríaco, el ministro de interior alemán o el neofascista vicepresidente italiano, que un día niega auxilio humanitario a centenares de subsaharianos y otro día amenaza con expulsar a los gitanos de su país. También puede hablarse de la auténtica naturaleza del argumentario pro “brexit” o del avance del lepenismo entre las clases populares de buena parte de la Europa del sur.

Aquí, en el escenario doméstico, el independentismo catalán permanece anclado en las creencias pre-racionales del “nosotros y vosotros, mi tierra y tu tierra”. Ciudadanos cada día parece más proclive a responder al fuego identitario catalanista con fuego indentitario españolista. Y el episodio de la llegada al puerto valenciano de más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo ha destapado un buen número de reacciones muy lamentables, con expresiones relativas al falso “efecto llamada”, a las “avalanchas”, las “oleadas” o las “hordas” peligrosas de inmigrantes.

No hay salida positiva en los discursos y en las políticas que buscan afrontar los problemas con la exaltación emocional de la identidad propia y la incitación al temor o al odio hacia la identidad ajena. Al final de ese camino solo se encuentra el abismo. ¿O no hemos aprendido nada de la dramática historia europea del siglo XX?

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