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Archive for the ‘Otros Partidos’ Category

Durante uno de los infinitos debates televisivos que hemos mantenido en estos días a propósito del conflicto en Cataluña, una diputada partidaria del referéndum separatista me espetó la conocida frase de “Hay que acabar con el régimen del 78”. En aquel momento y en aquel formato solo acerté a contestar lo siguiente: “Gracias al régimen del 78 estás hoy sentada aquí defendiendo tus ideas en libertad. Tenlo en cuenta antes de despreciarlo”.

Al cabo de las horas llegué a la conclusión de que aquella frase peyorativa sobre el 78 resumía en buena medida tanto el propósito como la estrategia de quienes hoy plantean el desafío independentista en Cataluña. Se trata efectivamente de liquidar el pacto de convivencia que los españoles alcanzamos durante la Transición Democrática.

El denostado por algunos “régimen del 78” constituye ciertamente una anomalía histórica en España. Durante los dos últimos siglos la norma ha sido el conflicto civil permanente, el cainismo político, el uso y abuso de pronunciamientos y golpes al margen de la ley…, cuando no directamente el intercambio de bombas y machetazos.

Y con todos sus defectos y limitaciones, aquel esfuerzo del 78 nos ha proporcionado durante cuarenta años un marco razonable para la convivencia en paz. Pero, al parecer, algunos han decidido que ya está bien, que es hora de volver a lo realmente nuestro, que toca cerrar el paréntesis del “régimen del 78” y reencontrarnos con nuestro auténtico ser histórico.

Aquello “del 78” supone nada menos que el reconocimiento a la soberanía popular, el respeto obligado al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la garantía de derechos y libertades homologables en Europa, la mayor descentralización territorial de nuestra historia y nuestro entorno…

Los separatistas y sus acólitos desprecian estos lugares comunes de la democracia con consignas tan primarias como peligrosas, tan falsas como contagiosas: “Las calles siempre serán nuestras”, “el pueblo está por encima de las leyes”, “el derecho a decidir es previo a cualquier Constitución”, “somos un solo pueblo”, “no nos moveremos ni un solo milímetro”, “que se vayan”…

Y la pregunta es: ¿con qué vamos a sustituir el despreciado régimen del 78? ¿Con el nacionalismo étnico de Puigdemont? ¿Con el patriotismo depredador de los herederos de Pujol? ¿Con la revolución inane de los rufianes? ¿Con el neo-anarquismo de las CUP? ¿Con el sálveme yo y que arda Roma de Colau? ¿Qué proyecto alternativo de convivencia ofrecen los enterradores del régimen del 78?

¡Claro que quedaron cosas por hacer! ¡Desde luego que aquel Título VIII de la Constitución del 78 es manifiestamente mejorable! Y sin duda está pendiente de redefinir el encaje de Cataluña en una España y en una Europa federal. Hay demandas justas pendientes de atender en el sentimiento identitario de los catalanes. Hay mucho por mejorar en la organización territorial, en el respeto al autogobierno, en la financiación justa…

Pero estos propósitos legítimos no pueden perseguirse mediante la voladura del Estado de Derecho y la convivencia democrática. Estos objetivos justificados no pueden servir de coartada para quienes simplemente pretenden subvertir las normas que protegen los derechos de todos y romper unilateralmente un país con mucha historia en común.

Tienen razón los que exigen “votem”, pero también la tienen quienes ofrecen “parlem”. Y puede que la única manera de resolver este conflicto pase por “parlem” antes que “votem”, por dialogar y acordar entre quienes tienen la voluntad honesta de superar las diferencias, y por votar todos juntos después el fruto del diálogo y del acuerdo.

La única mediación que hace falta es la de la buena voluntad, el diálogo sincero y el uso de la razón. La razón en democracia pasa siempre por respetar la ley. Y, por suerte para nuestra democracia y nuestros derechos, hoy la ley es la ley del 78.

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La situación política y social que se está viviendo en Cataluña como consecuencia del desafío separatista es tan indeseada como penosa para la gran mayoría de catalanes, piensen como piensen. El deterioro es evidente y grave para las instituciones democráticas y para la propia convivencia cívica en aquella tierra.

Pero solo hay que contemplar la sonrisa abierta de la dirigente independentista Ana Gabriel en estos días para comprobar que para algunos no está siendo ni tan indeseada ni tan penosa. Es más, pareciera que disfrutaran por haber alcanzado el escenario de radical confrontación pretendido desde el principio del procés.

Las responsabilidades por haber llegado hasta este punto crítico son diversas y compartidas en algún extremo. Ahora bien, no sería justo ni veraz atribuir responsabilidades en igual grado a unos y a otros.

Claro que son responsables quienes callaron y otorgaron ante la embestida independentista, por comodidad, por resignación o por tacticismo. Claro que tienen responsabilidad aquellos que en Madrid y en Barcelona han alimentado el frentismo por puro cálculo electoral. Claro que cabe señalar a quienes en este tiempo han sobreactuado alimentando el victimario separatista. Y claro que aquella reforma del Estatuto catalán pudo gestionarse mucho mejor.

Pero siendo todo esto cierto, es preciso subrayar que la responsabilidad primera y máxima en este drama la tienen aquellos que han decidido finiquitar unilateralmente la Constitución, el Estatuto vigente y el mismísimo Estado de Derecho que garantiza nuestra democracia y nuestras libertades.

La responsabilidad primera y máxima de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre y de lo que pueda ocurrir la tienen los dirigentes independentistas que han sembrado sectarismo, división y rencor a base de manipulaciones y embustes. No nos equivoquemos.

Por eso resulta tan denunciable la estrategia de la victimización que utilizan ahora los gobernantes separatistas en Cataluña y sus aliados más o menos explícitos en el procés. Ellos podían prever y previeron que sus leyes inconstitucionales iban a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional. Podían prever y previeron que la Justicia cumpliría con su deber de perseguir el delito y a los delincuentes. Podían prever y previeron que las instituciones democráticas se defenderían ante un golpe antidemocrático.

¿Qué esperaban? Exactamente esto. Lo que está ocurriendo. Que la democracia se defendiera, para utilizar tal defensa a modo de falsa victimización y alimentar el discurso separatista de cara a la siguiente batalla. Poco les ha importado llevarse por delante la credibilidad de las instituciones que gobiernan, de la Generalidad al Ayuntamiento de Barcelona, y la misma convivencia entre catalanes.

Pero las víctimas en este drama no son los independentistas. Ellos son los verdugos. Porque las auténticas víctimas son aquellas instituciones y aquella convivencia sacrificadas en una estrategia irresponsable y suicida. Las víctimas son los alcaldes y alcaldesas respetuosos de la legalidad que soportan insultos y amenazas. Y son víctimas reales la gran mayoría de catalanes de bien que contemplan estupefactos cómo en nombre de la patria algunos están tirando todo lo bueno logrado para la patria en cuarenta años de democracia.

¿Qué hacer? En primer lugar es necesario preservar el imperio de la ley ante la amenaza golpista. Ojalá se logre por desistimiento de los separatistas. Si no es así, tendrá que hacerse mediante los instrumentos previstos por el Estado de Derecho, de manera proporcionada e inteligente.

Y tras el primero de octubre resulta tan deseable como inevitable sentarse a dialogar y a acordar. Exigiendo respeto a las normas que nos hemos dado. Pero haciendo política. Los marcos de convivencia no se pueden reventar unilateralmente, pero tampoco se pueden imponer indefinidamente contra la voluntad y el sentimiento de una parte importante de la población.

Hay que hablar, hay que escuchar y hay que entenderse. ¿Sobre qué? Sobre el encaje constitucional de Cataluña en España; sobre el reconocimiento a su singularidad y a las singularidades de los demás territorios de España; sobre la reforma constitucional que ha de abrir paso a una nueva estructura territorial, que respete la soberanía del conjunto de los españoles, que asegure la igualdad de derechos, y que establezca un régimen de competencias, de financiación y de colaboración federal eficiente.

Y este es el acuerdo que hemos de votar. Todos nosotros y no solo una parte de nosotros. Con el propósito del acuerdo y no para mantener el conflicto. Acordar antes que votar. Sin ganadores ni perdedores. Sin verdugos ni víctimas.

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El hispanista Paul Preston suele reiterar que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Por eso preocupa tanto que los protagonistas de la algarada separatista en Cataluña parezcan ignorar las gravísimas consecuencias que el nacionalismo exacerbado produjo en el conjunto de Europa a lo largo del siglo pasado.

El nacionalismo busca excitar los sentimientos de pertenencia y de exclusión, manipulando para ello la historia, inventando agravios, enfrentando civilmente a buenos y malos patriotas, prometiendo quimeras… Hasta este momento, la estrategia separatista en Cataluña ya ha situado a las principales instituciones catalanas fuera de la ley y del sistema democrático. El riesgo está ahora en la quiebra de la convivencia pacífica.

Una de las consecuencias de esta deriva irracional y peligrosa está en el soslayo de los problemas reales que sufren los catalanes, y que no tienen nada que ver con la supuesta falta de reconocimiento a sus singularidades identitarias. Por ejemplo: una encuesta reciente refleja que más de un tercio de los trabajadores barceloneses recibe salarios por debajo de los 1000 euros.

Este sí es un problema real, que los catalanes comparten con el resto de españoles. Y, por cierto, ¿cómo se ha ocasionado? Fundamentalmente a causa de la reforma laboral que la derecha española aprobó hace apenas un lustro con el apoyo parlamentario de… la derecha catalana que ahora lidera la escapada separatista. Esta es la verdad.

Por eso los socialistas estamos contra la estéril ilegalidad separatista, y por eso esta misma semana hemos propuesto un gran Pacto de Rentas con el que dignificar el empleo y adecentar los salarios. También para todos los catalanes.

El problema consiste en que las derechas, española y catalana, buscan consolidar un modelo de recuperación económica que cronifica los problemas de precariedad laboral y desigualdad social.

Lo hace por dos vías: por una parte, la reforma laboral facilita la mejora de la competitividad mediante el recorte de salarios y derechos de los trabajadores; y por otra parte, la política fiscal de redistribución inversa drena recursos de las rentas bajas a las rentas altas subiendo impuestos indirectos, bajando los directos y devaluando el Estado de Bienestar.

Los resultados son evidentes. Desde el inicio de la crisis, las rentas salariales han perdido más de 40.000 millones de euros a favor de las rentas del capital o excedentes de explotación en las empresas. Del 12,5% de aumento de la productividad experimentado en este mismo tiempo, los salarios se han beneficiado de apenas un 0,8% y todo lo demás ha engrosado el beneficio empresarial.

La desigualdad salarial no solo no se corrige con la recuperación económica sino que se acentúa. Según el índice de Gini salarial, en el periodo de crisis los salarios del 10% de trabajadores menos favorecidos han caído un 25%, mientras que en el periodo de recuperación (desde 2013) los salarios del 10% más favorecido están creciendo el doble que los salarios del 10% más pobre. Ocho millones de españoles se consideran trabajadores pobres. Y el porcentaje de españoles bajo el umbral de la pobreza ha sobrepasado ya el 22%.

El resultado puede valorarse muy negativamente en términos de justicia social. Pero también resulta un fracaso en términos de eficacia económica. La devaluación salarial hace caer el consumo y la tasa de ahorro de las familias. Si las empresas compiten bajando salarios no se ven impelidas a invertir en innovación, tecnología o formación. Los modelos de recuperación que apuestan por la desigualdad no son solo más injustos; también son más débiles y vulnerables.

El Pacto de Rentas que propone el PSOE a los interlocutores sociales y políticos pasa por cinco medidas:

  • Recuperar los salarios dignos, elevando el salario mínimo hasta 1000 euros mensuales en 2020, promoviendo la generalización de las cláusulas de revisión salarial en los convenios, y proponiendo a empresarios y sindicatos una subida de salarios de entre 2-3% en 2018 y de entre 2,5-3,5% para el periodo 2019-2021.
  • Elevar los salarios de los empleados públicos, al menos conforme al aumento de la inflación, y generalizar la jornada de 35 horas semanales sin merma en la retribución económica.
  • Derogar la reforma laboral del PP y acordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el equilibrio entre los poderes en el seno de la empresa y refuerce la negociación colectiva. Se trata de luchar contra la explotación de los trabajadores subcontratados, y se trata de corregir la legislación que posibilita la explotación de los falsos contratos a tiempo parcial, de los falsos autónomos, de los falsos contratos de formación, de los falsos becarios…
  • Un plan de choque para mejorar la inserción laboral digna de los jóvenes, revisando y promoviendo contratos de relevo y de prácticas.
  • Una ley de igualdad salarial que acabe con la brecha de género que discrimina a las mujeres con peores retribuciones por igual trabajo.

Estos son los problemas reales, ensoñaciones nacionalistas aparte. Y estas son las soluciones viables, para los catalanes también.

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La imagen del Presidente del Gobierno ante un Tribunal de Justicia dando cuentas de la financiación irregular de su partido es demoledora para la convivencia democrática. La “normalidad” con que el Gobierno ha pretendido despachar este episodio desgraciado resulta tan poco creíble como ofensiva para la gran mayoría de los españoles.

La primera obligación de quien lidera la institucionalidad democrática de un país es la de velar por su credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué crédito institucional puede ofrecer aquél que se ve obligado a testificar judicialmente por los delitos cometidos en una organización bajo su responsabilidad? ¿Cómo confiar mínimamente en quien lidera un partido cuyos tesoreros y secretarios generales desfilan día sí y día no ante policías, fiscales y jueces para dar cuenta sobre todo tipo de corruptelas?

Al tiempo que Mariano Rajoy respondía con suficiencia y cinismo ante el Tribunal a las preguntas de los letrados, millones de ciudadanos procuraban encajar las consecuencias de sus políticas de ajuste. ¿Qué pueden pensar los pensionistas con prestaciones congeladas o los parados que han perdido la cobertura pública cuando ven al responsable de su sufrimiento despachando con frivolidad las acusaciones de depredación fraudulenta en las arcas públicas? ¿Qué daño produce este contraste sobre la confianza en las instituciones?

Buena parte del crecimiento económico, frágil y socialmente injusto por otra parte, descansa en este tiempo sobre el sector exterior, el turismo nacional y las exportaciones. Y la imagen del Presidente español ante el Tribunal de Justicia en el marco de un caso de corrupción grave ha recorrido los noticiarios de medio mundo. ¿Qué efectos puede tener esta situación sobre el prestigio y la reputación de España? ¿Cómo afectará aquella imagen a las decisiones de los grandes inversores internacionales en nuestro país?

La solicitud de dimisión por parte del secretario general del PSOE puede interpretarse en el contexto del ejercicio de oposición más previsible. Sin embargo, en esta ocasión muy especialmente la llamada de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Rajoy “para que no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país” adquiere un alcance de interés muy general.

La sociedad española afronta en estos momentos retos de una envergadura extraordinaria. El más inminente tiene que ver nada menos que con una seria amenaza secesionista por parte de un gobierno autonómico en rebeldía. Pero los desafíos socio-económicos son también mayúsculos, desde la agenda digital hasta la transición ambiental de la economía, desde la lucha contra la pobreza hasta el rescate de los jóvenes parados, precarizados y emigrados. ¿Está Rajoy en condiciones de liderar estos cambios entre escándalo y escándalo de corrupción?

La propia corrupción se ha convertido ya en la segunda gran preocupación ciudadana tras el paro. El daño que produce la multiplicación de casos que afectan al partido del Gobierno, en su núcleo central y en cada uno de sus territorios, resulta incompatible ya con cualquier intento de darle carácter excepcional. Estamos ante un problema de corrupción estructural y sistémico en el Partido Popular. Y Rajoy no puede escudarse con credibilidad en el argumento de que desconocía los manejos económicos de todos sus subordinados durante las casi tres décadas en las que ha formado parte de la dirección de su partido.

Por último, existe una condición imprescindible para aquél llamado a liderar la organización del espacio público compartido. Es la libertad, el estar y el saberse libre de ataduras espurias. La falta de otras condiciones, como la sabiduría o la capacidad, pueden compensarse con buenos equipos. Pero ser y sentirse libre es fundamental para quien ha de hacerse cargo de la defensa del interés común. ¿Es libre Rajoy? ¿Libre de quienes han financiado irregularmente sus campañas y su partido? ¿Libre respecto a aquellos que han administrado estas irregularidades bajo su liderazgo?

Demasiados interrogantes.

Definitivamente, lo de Rajoy no es “normal”.

Por eso pedimos su dimisión, en interés de nuestra institucionalidad democrática y en interés del conjunto de la sociedad española.

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El artículo 66 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.

Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.

Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.

Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.

Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.

El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.

Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.

Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.

Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.

El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.

El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.

Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.

La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.

El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno.

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  • Artículo publicado en Infolibre.es el 23-07-2017

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Los secesionistas no tienen derecho a secesionar territorio alguno, desde luego. Pero tampoco tienen derecho a conducir a la sociedad catalana al callejón sin salida de la insurrección legal. Y menos aún tienen derecho para forzar a catalanes y demás españoles a malgastar las energías que debiéramos dedicar a los auténticos desafíos de nuestro tiempo, como la globalización sin reglas, la economía sin justicia y el recorte generalizado de derechos.

No hay mejor aliado para Rajoy en estos momentos que el desvarío secesionista. ¿Qué mejor argumento que la amenaza separatista para desviar la atención de la pobreza laboral creciente, de los jóvenes sin futuro o de las corruptelas por doquier? Cuánto más grande sea el esperpento independentista, más se reivindicará Rajoy como defensor del imperio de la ley y de la unidad de la patria.

Ensoñadores independentistas aparte, la mayoría de quienes hoy dirigen el procés catalán se apuntaron a la aventura por pura estrategia herestética. Se trataba de dar la vuelta a un escenario con la recesión económica y la corrupción política como protagonistas inevitables. Elevemos la mirada de la gente hacia las banderas esteladas para que no se fijen en el piso del deterioro social y moral.

Pero la escapada se les ha ido de las manos, y ahora no saben cómo parar un procés absolutamente desbocado. Quizás confiaron ingenuamente en que el PP les daría una salida tarde o temprano. Ignoraban quizás que las amenazas de secesión sonaban como música celestial en un Gobierno deseoso de sustituir la imagen de la madrastra recortadora por la del príncipe rescatador, al menos de cuando en cuando.

Los secesionistas están atrapados en su propia trampa. Ya han renegado de la Constitución, de las leyes y de las sentencias judiciales. Escriben leyes de transitoriedad que no se atreven a registrar siquiera. Anuncian proclamas de república independiente que no se creen ni sus propios consejeros. Fulminan al disidente por dudar, mostrando la debilidad más cruda.

Pero su trampa es en buena medida la de todos, catalanes y demás españoles incluidos. Porque será inevitable ocupar tiempo, titulares y trabajo a desenredar el lío que están provocando. Porque el descrédito internacional nos mancha a todos. Y porque Puigdemont, Junqueras y compañía están trabajando duramente para construir este otoño una sensacional vía de escape a un Gobierno español acorralado por la pobreza y la corrupción ¿Quién se atreverá a cuestionar a aquellos que están llamados a salvar España de la secesión?

No tienen derecho.

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Con motivo de las celebraciones por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en 1977, algunas formaciones populistas y separatistas han aprovechado para insistir en sus descalificaciones falaces hacia la Transición Democrática, la Constitución Española y el “régimen” que se instauró a partir de entonces en nuestro país.

Descartada la ignorancia como causa de tal ejercicio de falsificación de la historia, hemos de entender que se trata de una estrategia orientada a deslegitimar este “régimen” para sustituirlo por otro. La gran pregunta es ¿qué otro régimen?

Representantes de Podemos, Izquierda Unida, ERC y En Común Podem han asegurado en estos días que la Constitución de 1978 no fue fruto del consenso político en una sociedad libre, sino una especie de “carta otorgada” por los herederos de la dictadura a una sociedad sometida “al miedo, la censura y el chantaje”. Es el “candado” que supuestamente impide a los españoles el disfrute de la democracia “auténtica”.

Basta acudir a la evidencia histórica para refutar esta fabulación interesada. La Transición hacia la democracia tuvo lugar por la demanda mayoritaria y exigente de la ciudadanía española, y por el acierto de una generación de dirigentes políticos que, por una vez, supieron anteponer el interés común del entendimiento a la tentación particular del enfrentamiento.

Y más allá de los errores y las insuficiencias, que los hubo, el resultado de aquel episodio fue inequívocamente positivo para la sociedad española. Desde la consecución de la democracia hasta el disfrute de derechos y libertades equiparables a los propios de las naciones de nuestro entorno. Desde la entrada en Europa, hasta el sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil, la separación Estado-Iglesia o el autogobierno de nacionalidades y regiones.

Entonces, ¿por qué esa insistencia en descalificar tan gravemente uno de los pocos hechos históricos colectivos de los que podemos sentirnos razonablemente orgullosos? Evidentemente para socavar el apoyo ciudadano al sistema político vigente, propiciar su caída y alentar su sustitución por otro “régimen”.

Ahora bien, teniendo en cuenta las militancias y las trayectorias de quienes protagonizan tal estrategia, las conclusiones pueden resultar inquietantes. ¿Cuál es la alternativa? El régimen comunista que abrazan algunos ya fracasó en el siglo pasado. Los populismos bolivarianos que asesoran otros están sumiendo a millones de criaturas en la pobreza, la violencia y la represión. Los separatismos socavan la convivencia, enfrentan a los ciudadanos y achican los espacios de solidaridad…

El auténtico “candado” no es el régimen del 78 y la Constitución que ampara la libertad de la que disfrutan sus descalificadores. El auténtico “candado” es el revisionismo que falsea la historia con el propósito de liquidar lo mejor que ha dado el esfuerzo común de los españoles, para llevarnos a un futuro incierto, en el mejor de los casos…

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