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Archive for the ‘Otros Partidos’ Category

La derecha debe una doble disculpa en estos días a los españoles. En primer lugar por haber frustrado la tramitación de unos presupuestos que mejoraban objetivamente la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas. Y en segundo lugar por haber quedado al descubierto sus embustes sobre un falso pacto del Gobierno socialista con el independentismo catalán para dar continuidad a la legislatura a cambio de cesiones contrarias a la Constitución.

Casado y Rivera han causado un daño grave a los españoles y españolas en sus condiciones de vida, sumando sus votos a los del soberanismo catalán contra el presupuesto del Gobierno de España. Y ambos dos, junto a su socio franquista, llevan meses procurando radicalizar los conflictos territoriales y acentuando los problemas de convivencia entre españoles, con el propósito mezquino de obtener un rendimiento político y electoral a corto plazo. Deben pedir perdón a los españoles.

A pesar del rechazo de derechistas e independentistas al proyecto del Gobierno, el Partido Socialista puede mirar a los ojos de los españoles con la confianza de haber hecho su trabajo con eficacia y honestidad, tal y como manifestó desde la tribuna del Congreso la portavoz Adriana Lastra.

España necesitaba unos presupuestos que impulsaran un crecimiento económico sólido, moderno, sostenible y justo. Necesitábamos unos presupuestos que revertieran los gravísimos recortes sociales impuestos por la derecha al socaire de la crisis. Necesitábamos unos presupuestos que recuperaran la justicia fiscal, para que pagaran más impuestos quienes más tienen, quienes más ganan y quienes más esconden. Y todo ello desde el rigor y el equilibrio en las cuentas públicas.

Estos son los presupuestos que ha presentado el Gobierno y ha defendido el Grupo Socialista en el Parlamento español. Los motivos de las derechas y los independentistas para rechazarlos nada han tenido que ver con los intereses de los españoles y las españolas. Los primeros los han votado en contra por el ansia de echar al PSOE del Gobierno. Los segundos han primado irresponsablemente sus propios intereses partidarios y las tácticas vinculadas a la ensoñación del proceso separatista.

La votación del día 13 de febrero en el Congreso de los Diputados ha dejado al descubierto también los engaños del PP y Ciudadanos sobre los supuestos pactos ocultos del Gobierno con el independentismo catalán para dar continuidad a esta legislatura. ¿Dónde están esos pactos? ¿Cómo pueden explicar ahora las derechas que los independentistas Tardá y Campuzano han votado junto a Casado y Rivera para tumbar los presupuestos del Gobierno socialista? ¿Cómo van a justificar tantas mentiras?

Las acusaciones, las infamias y las mentiras han sido múltiples y reiteradas por parte de PP y Ciudadanos, desde la propia moción de censura del primero de junio hasta el domingo de la foto de la vergüenza en Colón. Se ha tachado al Gobierno y a su Presidente de traidor, felón e ilegítimo; se les ha acusado falsamente de vender España, de alquilar la Moncloa con cesiones al soberanismo, de humillar a los españoles, de arrodillar a nuestra Constitución y hasta de “ponerse a cuatro patas ante los independentistas”, en frase memorablemente zafia y grosera de la derechista Arrimadas.

Se trataba de engaños flagrantes, dolosos e irresponsables. Han sido engaños porque no respondían a verdad alguna. Jamás el Gobierno de España entró ni tan siquiera a tener en cuenta o a negociar las reivindicaciones independentistas de reconocimiento del falso derecho de autodeterminación, o la celebración de un referéndum separatista, o la mediación internacional en el conflicto, o la injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Nunca.

Los engaños han sido dolosos porque Casado y Rivera eran perfectamente conscientes de sus mentiras. Ellos sabían cabalmente que el Gobierno no estaba haciendo cesión alguna. Y los engaños han sido irresponsables porque han contribuido a resquebrajar aún más la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas, en Cataluña y en el resto de España. Con el afán de zaherir al Gobierno y obtener rendimiento electoral, no han dudado en llamar a la movilización de la ciudadanía en defensa de España y de su unidad, cuando no eran sino ellos mismos quienes le causaban daño.

La mejor prueba de sus engaños y falsedades está en la votación del día 13: derechistas e independentistas coaligados contra los presupuestos del Gobiernos socialista, anteponiendo sus cálculos electorales a los intereses de los catalanes y del resto de los españoles.

¿Cuándo explicarán Casado y Rivera a cambio de qué han logrado que los independentistas voten sus enmiendas presupuestarias? ¿Han acordado mantener vivo un conflicto que perjudica a Cataluña y al conjunto de España pero beneficia a las expectativas electorales de unos y otros?

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Es una constante histórica: cada vez que España se la ha jugado de verdad como país, la derecha ha traicionado a los españoles. Ha sucedido así siempre bajo gobierno socialista. Y está ocurriendo nuevamente en estos días. Apenas 48 horas antes de dar comienzo el trascendental juicio a los presuntos delincuentes del separatismo catalán, las derechas de PP, Ciudadanos y Vox convocan concentraciones… contra el Gobierno de España.

Utilizando la burda excusa de un posible “relator” previsto para las reuniones entre los partidos catalanes, Casado, Rivera y Abascal se han lanzado a una demencial carrera de descalificaciones al Presidente del Gobierno: traidor, felón, peligro, ilegítimo… Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que el Gobierno socialista no ha hecho ni hará concesión alguna al separatismo fuera del ordenamiento constitucional. Saben que el Gobierno no quiere y no puede instar a la fiscalía para que cambie su posición en el juicio, y saben que el Gobierno no quiere y no puede negociar referéndum alguno de autodeterminación.

Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que la acción del Gobierno no solo es legítima, sino que es la única posible para afrontar con alguna eficacia el problema territorial en Cataluña. Primero, reestablecer la comisión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno autonómico catalán, tal y como mandata la ley, y sin “mediación” alguna. Y segundo, promover una mesa de partidos catalanes para buscar salidas políticas al conflicto, con los “relatores” o “coordinadores” que los partidos consideren de interés. Punto. Diálogo dentro de la ley.

Los españoles tienen cada día más claro dos cosas. Que este problema solo se soluciona dialogando, dentro de la ley, y que tanto en la política catalana como en la política española hay quienes quieren solucionar el problema y hay quienes quieren avivarlo para sacar partido electoral. Casado y Rivera han demostrado estar entre estos últimos, junto a Puigdemont. Están dispuestos a incendiar la convivencia en Cataluña aún más, con tal de obtener unos votos en el resto de España. Esto sí que es traicionar a los españoles.

Ha ocurrido siempre. El primer Gobierno socialista de Felipe González se enfrentó al reto de convencer al país sobre la conveniencia de mantenernos en la Alianza Atlántica, y la derecha traicionó a España llamando a la abstención en aquel referéndum. Años después, cuando el Gobierno de Zapatero peleaba por erradicar el terrorismo de ETA, la derecha traicionó a España haciendo uso electoral de la política antiterrorista, incluidas convocatorias infames en la plaza madrileña de Colón, otra vez.

Tras el triunfo socialista en las elecciones de 2004, la derecha promovió una infamante teoría conspiranoica acerca de la autoría del atentado yihadista del 11-M, acusando prácticamente al PSOE de complicidad con la matanza. En plena crisis financiera, con el país en riesgo de quiebra, y cuando el Gobierno Zapatero tuvo que adoptar las difíciles medidas que exigían los mercados de deuda para mantener nuestro crédito internacional, la derecha traicionó nuevamente a los españoles. Montoro lo explicó muy bien: “Que se hunda España”, aseguró a la diputada canaria Ana Oramas.

Ya en el Gobierno, y mientras imponía los recortes más brutales en materia de empleo, pensiones, educación, sanidad y dependencia, la derecha se entregó a la corrupción sistémica que tuvo que sentenciar la Justicia en el famoso caso Gurtel. Otra traición. Y hace pocas semanas consumaron la traición más dramática: cuarenta años después de muerto el dictador Franco, las derechas de PP y Ciudadanos normalizaban y blanqueaban a los herederos del franquismo, incorporando a las instituciones andaluzas a una fuerza política anti-constitucional, anti-europea, xenófoba y machista.

Pues bien, gracias a la labor de los Gobiernos socialistas se ganó aquel referéndum sobre la Alianza Atlántica, y ETA anunció que dejaba de matar, y España pasó página de la Gurtel, y se están revertiendo los recortes sociales… Y será con un Gobierno socialista en España con el que pueda abrirse paso, por fin, una esperanza de solución para el problema de convivencia que tenemos en Cataluña. Será con un Gobierno socialista, o no será, como siempre que España se la juega.

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En su intento de deslegitimar al Gobierno de Pedro Sánchez, la derecha critica ahora la utilización profusa del Decreto Ley como herramienta legislativa. Sin embargo, el uso de este instrumento durante los ocho meses de Gobierno socialista se ha atenido escrupulosamente a los límites y condiciones que establece la Constitución. Los decretos se justifican, además, por sus contenidos en cuanto a mejoras en los derechos y el bienestar de la ciudadanía. Y, por otra parte, el bloqueo que PP y Ciudadanos practican desde la Mesa del Congreso sobre las leyes más progresistas deja pocas opciones alternativas al Gobierno y sus apoyos parlamentarios.

El artículo 86 de la Constitución habilita al Gobierno para “dictar disposiciones legislativas provisionales”. La propia Carta Magna establece límites y condiciones tanto de contenido como de procedimiento. El objeto de un Decreto Ley ha de responder a una “extraordinaria y urgente necesidad”; no puede regular las instituciones básicas del Estado, ni los derechos del Título I, ni el régimen de las comunidades autónomas, ni el derecho electoral; además, ha de someterse en treinta días a la convalidación o derogación por parte del Congreso de los Diputados.

El debate lícito surge en relación al eventual abuso en la utilización de esta fórmula excepcional por parte de los distintos Gobiernos. El procedimiento normalizado para la elaboración y promulgación de una ley incluye garantías de información y participación de las que carece claramente el Decreto Ley. Y es preciso reconocer que, en ocasiones, Gobiernos de todos los colores han hecho uso injustificado de tal instrumento constitucional, como así ha sentenciado no pocas veces el Tribunal Constitucional.

No obstante, si hay un actor político inhabilitado por su historia para hacer tal denuncia, ese es el Partido Popular. Baste recordar, que en la primera legislatura presidida por Mariano Rajoy, el Gobierno del PP utilizó el Decreto Ley hasta en 73 ocasiones, cuando, además, le era innecesario a efectos de aritmética parlamentaria por contar entonces con mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado.

Los 26 Decretos Leyes auspiciados por el Gobierno socialista durante los ocho últimos meses cuentan con toda la legitimidad constitucional, como ya hemos indicado, además de hasta tres tipos distintos de justificación política: la urgencia social, la necesidad perentoria de transponer normas europeas, y la legislación derivada de la prórroga temporal de los Presupuestos Generales del Estado.

Entre los Decretos Leyes aprobados por el Gobierno socialista en clave de urgencia social cabe destacar los siguientes: la universalización de la sanidad pública; la revalorización de las pensiones públicas por encima del IPC; la subida del 22% en el salario mínimo; las mejoras en la cobertura social a los trabajadores autónomos; la aplicación de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género; el desarrollo de las ventajas sociales en el nuevo estatuto del artista; las alternativas de desarrollo en las comarcas mineras; el apoyo a las industrias electro-intensivas con riesgo de deslocalización; la atribución a los bancos en el pago del impuesto sobre las hipotecas; la regulación del Programa de Activación para el Empleo; la aplicación del bono social contra la pobreza energética; la ampliación de recursos para atender a asilados y refugiados…

Los Decretos Leyes más relevantes dictados para transponer directivas europeas de obligado cumplimiento, bajo amenaza de multa para el Estado español, son los que siguen: regulación del mercado ferroviario; regulación de marcas; regulación de viajes combinados; creación de herramientas macroprudenciales para prevenir crisis financieras; regulación de servicios de pago; regulación del mercado de valores; regulación de los sistemas de información y la seguridad en las redes; la protección de las pensiones de los trabajadores desplazados; la prevención del blanqueo de capitales; la adaptación de nuestra legislación a la legislación europea en materia de protección de datos…

Y los Decretos Leyes que vienen obligados por la prórroga presupuestaria son los relativos a las retribuciones de los funcionarios públicos, a las materias tributarias y catastral, etc.

Por tanto, el debate sobre la legitimidad y la licitud de la legislación mediante Decretos Leyes no tiene una respuesta simple, de sí o no. Los Decretos son legítimos y lícitos cuando se ajustan a las condiciones establecidas en la Constitución y responden al interés general. Y ese es el caso de todos y cada uno de los aprobados por el Gobierno socialista y convalidados luego por el Congreso de los Diputados.

El Congreso solo ha derogado uno de los 26 Decretos presentados en estos ocho meses: el relativo a los alquileres de viviendas. También en este caso había razones de extraordinaria y urgente necesidad para dictar esta norma. Y su rechazo, con los votos de PP, Ciudadanos, Podemos y ERC, no perjudica tan solo al Gobierno que lo dictó de buena fe, sino también y sobre todo, a los seis millones de españoles y españolas que viven de alquiler.

Las razones del voto de la derecha están claras: defienden los intereses de los grandes fondos propietarios de viviendas que especulan con su precio. Los argumentos de Podemos y ERC son, sin embargo, incomprensibles. Hablan de que los beneficios para los inquilinos son insuficientes, pero obvian dos hechos evidentes. Primero: un Decreto con medidas limitativas del precio de alquiler no hubiera contado con votos suficientes para aprobarse. Y segundo: la consecuencia práctica de su voto negativo es que sigue en vigor la legislación precaria que aprobó el PP en 2013.

Por tanto, se han perdido las claras ventajas que el Decreto socialista proporcionaba a los inquilinos: ampliar la duración de contratos de 3 a 5 y 7 años; limitar a dos mensualidades la cuantía de las fianzas; facultar a los ayuntamientos para destinar superávit a vivienda social; posibilitar que las comunidades de vecinos limiten la proliferación de pisos turísticos; paralizar los desahucios de personas socialmente vulnerables…

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El año 2019 que comienza promete debates y contiendas políticas de primer orden en España. Comenzamos con los Presupuestos Generales del Estado y la formación de gobierno en Andalucía. Seguiremos con unas elecciones municipales, autonómicas y europeas absolutamente decisivas. Y en el horizonte de este año o del que viene asoman también las elecciones generales.

La gran pregunta es la siguiente: ¿cuáles serán los ejes determinantes en estos debates y en estas campañas electorales? Existen dos grandes tendencias, que responden a valores e intereses distintos y contrapuestos.

Una tendencia procurará centrar debates y campañas en la cuestión territorial, en los conflictos identitarios y en los agravios reales o supuestos entre territorios. La otra tendencia pretenderá tratar sobre las personas, ofreciendo respuestas a sus problemas, necesidades y retos. Los primeros llamarán a la emoción y a las gónadas. Los segundos, a la razón y la convivencia. ¿Cuál se impondrá? El resultado de las elecciones sucesivas y el futuro del bienestar de los españoles dependerán en buena medida de la respuesta a esta pregunta.

La derecha nacional y periférica insiste en la primera opción. A juicio de Casado y Rivera, la gran cuestión a dilucidar en el año que entra consiste en determinar cuan españoles seremos los españoles. A juicio de Puigdemont y Torra se trata de establecer cuan catalanes serán los catalanes. Las derechas azul, naranja y amarilla, en definitiva, competirán por diferenciar a los muy españoles o muy catalanes respecto a los demás, que serán, según su criterio, menos españoles o menos catalanes.

Las derechas promueven continuamente controversias que enfrentan a unos territorios con otros territorios y a unos españoles con otros españoles. Nos dicen y dirán que los poco españoles favorecen a unos territorios, que son menos españoles (o catalanes), en detrimento de otros territorios, que son más españoles (o catalanes). Y que ellos lo harían a la inversa, signifique esto lo que signifique.

Además, insistirán en la suma importancia de conceptos tan anacrónicos y propios del siglo pasado como el patriotismo excluyente, o el soberanismo, o la autodeterminación, o la independencia. Cuando, en realidad, el patriotismo del siglo XXI es el patriotismo ciudadano y democrático, abierto y cada día más global. Y cuando soberanismo, autodeterminación e independencia son objetivos que han sido felizmente superados por la era de la globalización, el multilateralismo y la interdependencia.

En un mundo que globaliza su fenomenología económica, social, cultural y cívica, la meta no es levantar fronteras y segregar espacios políticos, sino derribar muros e integrar espacios públicos para el desarrollo global, próspero, solidario y democrático. Y ese camino para nosotros se llama Europa.

El franquismo revivido y blanqueado en estos días por Casado y Rivera, por su parte, intentará también quebrar algunos de los consensos que han fundamentado la convivencia democrática desde la muerte del dictador hace cuarenta y tres años. Al grito de “nosotros primero” fomentarán el miedo y el rechazo al diferente, al extranjero y a la propia construcción europea. Y con la llamada a los valores de lo que ellos llaman la familia “tradicional”, intentarán revertir las conquistas sociales logradas en estos años de democracia, muy especialmente las que tienen que ver con los derechos de las mujeres.

Pero hay otra manera de afrontar los debates en este tiempo que se abre. Podemos hablar de las personas en lugar de centrarnos tan solo en los territorios. Podemos debatir sobre cómo resolver los conflictos en lugar de agravarlos para mejorar su rendimiento electoral. Y podemos trabajar con la razón y el diálogo en lugar de con la pura emocionalidad y el enfrentamiento permanente.

Tanto en el debate presupuestario como en las citas electorales previstas cabe plantear tres temas relevantes sobre los que habrían de pronunciarse las distintas fuerzas políticas. ¿Qué Estado del Bienestar queremos para nuestras familias y qué esfuerzo fiscal estamos dispuestos a establecer para financiarlo? ¿Cómo hemos de modernizar nuestra economía para asegurar a la vez desarrollo, preservación ambiental y empleos de calidad? ¿Y qué reformas hemos de emprender en el funcionamiento de nuestras instituciones para contar con una democracia más abierta, transparente, limpia y participativa, en España y en el conjunto de Europa?

Este sí sería un debate inteligible y eficaz para el interés de la ciudadanía a la que nos debemos sus representantes políticos.

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Los pactos suscritos por el PP de Pablo Casado y el partido Ciudadanos de Albert Rivera con la formación franquista VOX constituyen una de las agresiones más graves infligidas sobre la joven democracia española en sus cuarenta años de vida.

Cuarenta y tres años después de muerto el dictador Franco, Casado y Rivera han decidido normalizar la reentrada del franquismo en las instituciones españolas a cambio de su participación en el reparto de cargos tras las elecciones andaluzas.

Hace cuarenta y tres años, en España se encarcelaba a los ciudadanos por sus ideas políticas, no existían los derechos de reunión y asociación, y las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos o a sus padres para solicitar el pasaporte o abrir una cuenta bancaria. Con su pacto en Andalucía, PP y Ciudadanos blanquean a los herederos de franquismo, enemigos de la democracia española y amenaza para los derechos y las libertades de los españoles. Se trata de una auténtica traición a España y a los españoles de hoy y de mañana.

Con el pacto que busca rehabilitar al franquismo en la política española se rompen los grandes consensos que han cimentado nuestra convivencia democrática, a la vez que se abre una brecha profunda en nuestro régimen de derechos y libertades.

Además, con este acuerdo vergonzante, PP y Ciudadanos arrojan a nuestro país al lado más oscuro de Europa, ese lado en el que se promueven los sentimientos antieuropeos de la xenofobia, el machismo y el ultranacionalismo. Mientras las fuerzas democráticas europeas tratan de contener y aislar a la extrema derecha, Casado y Rivera se desmarcan de sus compañeros Merkel y Macron dando alas a los socios españoles de Le Pen y Salvini.

El franquismo de VOX reivindica hoy la vuelta al “Estado unitario” vigente entre 1939 y 1975, durante la dictadura del general Franco, mientras rechaza la España de las Autonomías que, pese a sus dificultades, ha conllevado desarrollo, autogobierno y libertad de identidades en todos los territorios de nuestro país.

Los franquistas de VOX cuestionan los fundamentos de nuestro Estado de Bienestar, promoviendo la abolición del sistema público de pensiones, los recortes en la cartera de servicios de la sanidad pública y la generalización de los cheques escolares, en detrimento de la enseñanza pública. La bajada de impuestos a los sectores sociales más pudientes que propone el partido de Santiago Abascal resulta incompatible con la financiación suficiente del gasto social.

VOX retoma la ideología franquista anti-igualitaria en relación a los derechos de la mujer, arremetiendo contra las organizaciones feministas y proponiendo la derogación de la ley que establece medidas contra la violencia de género.

El franquismo de VOX cuestiona la vocación europeísta de la democracia española, reivindicando la vuelta a las relaciones internacionales de carácter bilateral y negando la participación de nuestro país en las instituciones europeas.

Los dirigentes de VOX promueven los valores de odio al diferente y al extranjero que sustentaron la dictadura franquista durante cuarenta años, frente a los valores de igualdad, libertad, solidaridad y tolerancia que establece la Constitución de 1978 y que conmemoramos en estos días.

Muchos votantes y militantes de PP Y Ciudadanos se avergüenzan hoy de los pactos que estos partidos han suscrito con los herederos del franquismo. Han de pagarlo en las urnas.

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En la vida política española se está normalizando el conflicto radicalizado y extremo. No se trata de la diferencia legítima y saludable de pareceres. No se trata tampoco del debate, la polémica o la controversia lógicas en una sociedad plural y democrática. Estamos asumiendo como normal una dinámica de conflictos de gran intensidad, que imposibilita el ejercicio de la política para organizar el espacio público y socava la mismísima convivencia democrática.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por normalizar el debate en torno al problema territorial en Cataluña, los partidarios de la radicalización del conflicto lanzan a diario expresiones como fascistas, golpistas, traidores, opresores, vendidos, presos políticos, expolios… Las sesiones parlamentarias de control al Gobierno se han convertido en un concurso de descalificaciones en las que cada dos minutos y medio se acusa falsamente al ejecutivo de “pactar con filoetarras”, “arrodillarse ante los separatistas” y “vender España”.

El crimen machista sobre la joven Laura Luelmo ha sido utilizado sin ambages ni escrúpulos como arma reprochatoria contra el PSOE por su oposición a la cadena perpetua. Y un debate parlamentario sobre los métodos de estimación de voto en las encuestas del CIS, que debía  transcurrir entre argumentos de carácter científico y técnico, se ha convertido en una cacería con tal ensañamiento hacia su presidente, que el diputado proponente llegó a verter hasta 24 insultos en apenas cinco minutos de intervención en tribuna.

¿Cuál ha sido el proceso que nos ha llevado hasta aquí?

Las ideas se han ido sustituyendo por las identidades. Las ideas son compatibles, complementarias, maleables, perfeccionables, modificables. Las identidades no, al parecer. Las identidades son exclusivas y excluyentes. Una idea se mejora con otra idea. Una identidad se afirma contra otra identidad.

La argumentación se sustituye por la propaganda, y los documentos o las exposiciones por los tuits o los pantallazos de Instagram. Tenemos acceso al mayor caudal de comunicación de la historia, pero cada cual solo habla a su parroquia y solo escucha a su parroquia. Y en cada parroquia se abomina de todos los que no son de la parroquia.

El debate se sustituye por la diatriba, porque el primero requiere conocer y entender al otro para responderle, mientras que la segunda tan solo exige voluntad. Y ya no se rebate la perspectiva del otro, sino a la persona del otro. La política consiste hoy en negar al otro el derecho a ser escuchado.

Los frentes sustituyen a las posiciones. Las posiciones son relativas, cambiantes, intercambiables en función de los hechos y del aprendizaje. Los frentes son férreos, concebidos para la confrontación. El que sabe adaptar su posición es un actor flexible e inteligente. El que se sale del frente es un traidor.

En las instituciones políticas no hay compañeros de distintas filiaciones. Ni tan siquiera existen ya los adversarios políticos que confrontan ideas y posiciones. Ahora hay enemigos. Con el adversario, el diálogo es obligado y el entendimiento es aconsejable. Con el enemigo no vale ni el diálogo ni el entendimiento. O muere él o mueres tú.

Como dijera Unamuno en otro contexto histórico, ya no se trata de convencer, sino de vencer. No se persigue compartir ideas o posiciones con el de enfrente. Ni siquiera se procura ya que el de enfrente asuma tus ideas o posiciones. Se trata de hundir al otro, de borrarlo del mapa político.

No vamos pues hacia sociedades integradas sino hacia sociedades crispadas y fracturadas, y no nos conducimos por la senda de la mejora de la calidad democrática en nuestras instituciones y en nuestros comportamientos. Cada día damos pasos hacia atrás.

No es la primera vez que este escenario se produce en el seno de las democracias occidentales. Durante los años treinta del siglo pasado vivimos episodios semejantes. ¿Y qué nos dice la historia sobre lo que viene después?

Vienen los salvadores y taumaturgos, promoviendo la anti-política, el desmantelamiento de las aburridas instituciones democráticas, el fin de los partidos que solo piensan en ellos mismos, el cuestionamiento de los medios de comunicación que forman parte del sistema, la eliminación de intermediarios y contrapesos estériles, tantos Parlamentos, tantas televisiones públicas…

Entonces llegan los que “hablan claro” aunque no digan nada sensato, los que “mueven el cotarro” aunque no resuelvan ningún problema, los que señalan a los “culpables evidentes” aunque sean falsos culpables, los que plantean “soluciones sencillas” aunque las dificultades sean complejas, los que “dicen aquello que la gente quiere oír” aunque aquello solo procure retrocesos…

¿Y si nos lo pensamos un poco antes de que lleguen los que ya están llegando?

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Como actor institucional y como curioso del comportamiento político, me he mantenido atento en estos días a las explicaciones más o menos espontáneas que han ofrecido a través de los medios de comunicación aquellos votantes y abstencionistas que el domingo pasado propiciaron el éxito electoral del franquismo en Andalucía.

Porque me resisto a utilizar neologismos o extranjerismos para nombrar aquello que en este país conocemos dolorosamente bien desde hace mucho tiempo. Aquí, a los partidarios del recorte de libertades, del anti-europeísmo, del machismo y del racismo siempre se les ha llamado franquistas, y no veo por qué hay que cambiar ahora su denominación.

En esas explicaciones pueden identificarse varias líneas argumentales. Entre los que mejor justifican su conducta están los insatisfechos, decepcionados y “hartos” por la falta de soluciones o por las soluciones insatisfactorias a sus problemas cotidianos. Después están los que se manifiestan “aburridos de la política de siempre y de los políticos de siempre”, que buscan “animar el cotarro”. Están también quienes se sienten atraídos por los que “hablan distinto”, “más claro, sin medias tintas”, que no se atienen a “lo políticamente correcto” y que “emocionan”.

Otra línea de argumentación tiene que ver con las frustraciones que genera el funcionamiento de las instituciones democráticas y el comportamiento de sus protagonistas: las “peleas interminables” que parecen no solucionar nada, junto al aparentemente contradictorio “pactismo y chanchulleo de los políticos” y el “cada uno va a lo suyo, pero no a lo nuestro”. Por último, se dejan notar también las posturas directamente revanchistas del “que se fastidien”  o el “démosles donde más les duele”, dirigidas a las “élites” políticas y económicas.

La multiplicación de los apoyos electorales al franquismo resulta muy preocupante, como amenaza directa al régimen de derechos y libertades democráticas que celebramos precisamente en estas fechas con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. Y, desde luego, las propias instituciones democráticas y los partidos constitucionalistas han de hacer los correspondientes análisis autocríticos.

Ahora bien, no estoy de acuerdo con eximir de responsabilidad a aquellos electores que con su voto o con su abstención han abierto las puertas del Parlamento andaluz a los enemigos de nuestras libertades. No comparto esas actitudes “comprensivas” con quienes han actuado deliberada o inconscientemente mal. No me parece bien la “comprensión” por pura condescendencia paternalista (“En realidad, no saben lo que hacen”), ni por puro interés político (“Metámonos con los dirigentes, pero no con los votantes, para atraerlos a nuestras filas”).

Si muchos de estos ciudadanos nos requieren para que hablemos “claro”, hagámoslo. Aquellos que han votado al franquismo, conscientes de lo que representa y de lo que amenaza, están ocasionando un daño gravísimo a nuestra convivencia y a los derechos conquistados con mucho sacrificio, y merecen nuestro reproche por ello. Aquellos que votaron franquismo sin saber lo que votaban han actuado con una irresponsabilidad mayúscula, que deben corregir. Y los que favorecieron el éxito franquista mediante su abstención, se han equivocado gravemente.

Estos comportamientos colectivos de carácter irracional no son nuevos. No es la primera vez que las decisiones colectivas se decantan por opciones contrarias al propio interés colectivo. Los teóricos de la decisión racional y de la politología han estudiado a fondo estos fenómenos nocivos, desde el fracaso de la República de Weimar que dio lugar al nazismo en Alemania, por ejemplo.

El politólogo Bernard Crick escribió hace tiempo que “uno de los mayores riesgos que corren los hombres libres es aburrirse del sistema que les proporciona su libertad”. Daniel Innerarity ha escrito también con mucho acierto que “la democracia es el constante aprendizaje de la decepción”. Este autor nos recuerda que la democracia decepciona cuando fracasa (porque no satisface expectativas) y cuando acierta (porque facilita las críticas). Las propias pintadas del Mayo del 68 anticipaban algunos de estos sentimientos: “¡Basta de realidades! ¡Queremos promesas!”.

Por tanto, aquellos argumentos simples y equivocados deben ser respondidos, con eficacia y con prontitud, antes de que arraiguen como ya han hecho en otros países. A los insatisfechos por la eficacia limitada y el ritmo lento de las reformas hay que recordarles otra frase de Bernard Crick: “Frente a las opciones implacables e impecables, es preciso reivindicar la política democrática, como la actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes”. Porque la alternativa a la mala política (que no satisface debidamente el interés general) no puede ser la anti-política (del yo primero y a los demás que les zurzan), y porque la alternativa a la democracia insatisfactoria no puede ser la no-democracia sino la democracia mejor.

A los aburridos de la democracia y a los que quieren “animar el cotarro” hay que advertirles de que tengan cuidado con lo que desean, no vaya a hacerse realidad. Porque la historia nos demuestra que cuando se deja morir a la democracia previsible y “aburrida”, lo que suele llegar se asemeja más a nuestras pesadillas que a nuestros sueños. A los enemigos de “lo políticamente correcto” (por aburrido) hay que recordarles que “lo políticamente incorrecto” puede resultar entretenido pero letal.

A los nostálgicos de la política más “sencilla” expliquémosles que los problemas rara vez son sencillos de resolver y que, muy a menudo, las “soluciones” que se presentan como las más simples son en realidad falsas soluciones que agravan los problemas. Digámosles también que la razón suele ser mejor consejera que la emoción a la hora de atender las necesidades y los retos colectivos, aunque resulte más compleja, trabajosa y tediosa de seguir. Añadamos que los taumaturgos y machos alfa que nos hacen vibrar con su verbo suelen ser más ineficaces y peligrosos que los muy racionales, laboriosos y cargantes políticos de siempre.

Nuestro país, su democracia, sus instituciones y sus políticos tienen (tenemos) mucho que cambiar. Pero el sentido del cambio debe ser hacia más democracia, no menos. Hacia más derechos y libertades, no menos. Hacia más tolerancia, no menos. Hacia más regeneración, no menos. Hacia más Europa, no menos. Hacia más feminismo, no menos. Hacia el futuro. No hacia el pasado.

En estos días circula por la redes un mensaje “sencillo” pero esclarecedor en este caso: “Érase una vez una hormiga que, enojada con la cigarra, votó por el insecticida”.

Instituciones, partidos y políticos “de siempre” tenemos mucho que reflexionar(nos), criticar(nos) y corregir(nos). Muchos votantes (400.000 andaluces, como poco), también.

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