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Archive for the ‘Otros Partidos’ Category

El acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, trasciende en su importancia y alcance a un mero pacto para aprobar una ley presupuestaria.

Este acuerdo proporciona al Gobierno socialista una hoja de ruta clara y un apoyo parlamentario muy significativo para llevarla a efecto. Los objetivos pactados son de suficiente enjundia y relevancia como para dar sentido a toda una legislatura

Los contenidos del pacto consolidan las razones que dieron vida a este Gobierno hace poco más de cuatro meses: la regeneración democrática y la reversión de los ajustes sociales emprendidos por las derechas de PP y Ciudadanos con la excusa de la crisis.

Pero, además, la consecución y la escenificación de un acuerdo tan importante envían un mensaje claro a los españoles con ideas progresistas. Las organizaciones políticas de la izquierda española se muestran capaces de simultanear sus legítimas diferencias con la unidad de acción que hace posibles los grandes cambios sociales. Es decir: vamos aprendiendo de la experiencia portuguesa.

Es preciso subrayar el calado de muchas de las medidas pactadas para la consecución de una sociedad más equitativa y más justa. La elevación del salario mínimo profesional y las reformas en el Estatuto de los Trabajadores corregirán en buena medida la precariedad de nuestro mercado laboral.

La mejora en los permisos de maternidad y paternidad, intransferibles ahora, junto al avance en la universalización de la enseñanza entre 0 y 3 años, contribuirán también al bienestar de las familias y a la igualdad real entre mujeres y hombres.

Se introducen igualmente mejoras importantes en la normativa sobre vivienda, a fin de evitar los efectos negativos que sobre muchas familias está teniendo la escalada en los precios de los alquileres. Se plantean nuevas herramientas para defender los intereses de los inquilinos y se promueve la vivienda social.

El acuerdo incluye otras medidas de impacto positivo sobre el bienestar social de los españoles, como la subida de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las becas, la reducción de las tasas universitarias, las nuevas ayudas a las personas en situación de dependencia…

Como es lógico, junto a las decisiones sobre el gasto se plantean también iniciativas relevantes sobre los ingresos públicos. La elevación del tipo efectivo en el impuesto de sociedades, el gravamen sobre las grandes rentas y fortunas, la imposición sobre transacciones financieras y el negocio tecnológico, la persecución del fraude…

Se trata de transformar la política fiscal en el sentido de la progresividad y la justicia tributaria. Sin subir impuestos a trabajadores, clases medias y autónomos modestos. Para que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden.

Tras la consecución de este acuerdo importante, aún quedará mucho por hacer. Tenemos que salvar el bloqueo de las derechas en la Mesa del Congreso, para eliminar a su vez la anomalía del veto senatorial sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hemos de aprobar después este nuevo margen financiero para disponer de 6000 millones de euros extras en el proyecto de presupuestos. Y hay que construir la mayoría necesaria para sacarlos adelante en las Cortes…

Nadie dijo que esto sería fácil. Pero el acuerdo suscrito entre el Gobierno socialista y Podemos ofrece esperanzas renovadas para seguir haciendo país, un país más justo.

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Cada vez que el Gobierno socialista ofrece una noticia relevante y positiva para los españoles, surge como por causalidad otra noticia negativa y no tan relevante que desvía la atención. Es automático y es reiterativo pero, desde luego, no es casual. Cuando el Gobierno anuncia la recuperación de la sanidad universal, el fin de los recortes educativos o el gasto añadido contra la pobreza infantil, “aparecen” falsas polémicas sobre tesis doctorales o charlas de sobremesa grabadas hace casi una década.

Es una constante y era previsible. El Partido Socialista sabía que la derecha no abandona nunca el poder de buena gana y suele hacer uso de prácticas torticeras para hacer oposición, tales como utilizar la lucha antiterrorista contra el Gobierno, azuzar conflictos territoriales o practicar la “caza al hombre”. Fue lo habitual durante los gobiernos de González y Zapatero. La derecha y sus cloacas siempre han tratado de tumbar a los gobiernos socialistas y, sobre todo, a sus políticas progresistas, por las buenas o por las malas. Al gobierno que yo mismo había de presidir en Madrid hace quince años ni tan siquiera le dejaron nacer.

Ahora bien, tal realidad no puede impedir, ni ralentizar, ni ocultar, el avance en las políticas que el Gobierno socialista pone en marcha a favor de la justicia social y la decencia en la vida pública. Ni lo lograron antes, ni lo van a lograr ahora.

El último éxito a subrayar ha sido el acuerdo suscrito por la gran mayoría de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, para garantizar la mejora anual de las pensiones con arreglo al aumento del coste de la vida. Un logro que debe apuntarse tanto a la movilización de los pensionistas, como al empuje del Gobierno y el buen trabajo de los diputados socialistas. (Permitan que cite a todos los integrantes de esa comisión: Merçé Perea, Carmen Cuello, Amalia Rodríguez, Salvador de la Encina, Jesús M. Fernández, Sonia Ferrer, Gema López, Margarita Pérez y Luis C. Sahuquillo y, especialmente, a su portavoz Adriana Lastra).

Tras varios años de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas, la representación parlamentaria de los españoles, liderada por el PSOE, ha recuperado el compromiso público con la dignidad de las pensiones. Volvemos así a la senda del consenso en la garantía de nuestro sistema de pensiones, que el PP rompió unilateralmente con su reforma-recorte del año 2013. Se termina de esta manera con la indignidad del 0,25% como subida límite anual, que arrojaba a nuestros pensionistas a la pobreza progresiva.

No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer. Para transformar este acuerdo parlamentario en una ley de presupuestos es preciso antes aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria negociada por la ministra Calviño en Bruselas. Esta nueva senda ofrece un margen de 2500 millones de euros más en las cuentas de la Seguridad Social, pero la derecha de PP y Ciudadanos la está bloqueando en la Mesa del Congreso, contra el Reglamento y contra el más elemental sentido de la responsabilidad.

Y a medio plazo es necesario definir una doble estrategia, en el Parlamento y mediante el diálogo social, en los gastos y en los ingresos del sistema de pensiones. Respecto a los primeros, además de comprometer la subida conforme al IPC, cabe trasladar gastos administrativos y de personal, hasta ahora sostenidos por la Seguridad Social, a los presupuestos de la administración central del Estado. Asimismo, habrá que revisar el cúmulo de reducciones y bonificaciones de dudosa eficacia que se aplica al albur de las políticas de promoción del empleo.

Respecto a los ingresos hay que ser honestos y valientes. Si queremos un Estado de Bienestar de primera y unas pensiones de primera, necesitaremos una fiscalidad de primera también. Pero aún estamos a más de ocho puntos de PIB en porcentaje de gasto público respecto a la media de la zona euro. Hará falta destopar cotizaciones y prever ingresos provenientes de los impuestos. ¿A quién cobrárselos? A quienes más tienen, a quienes más ganan y, sobre todo, a quienes más esconden…

Ellos a sus ruidos. Nosotros, a gobernar por el bien común. Pero que no nos despisten…

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El expresidente José María Aznar compareció el pasado 18 de septiembre ante la comisión que investiga la corrupción del PP en el Congreso de los Diputados. Más allá del ejercicio previsible de desmemoria y chulería, la evidencia más inquietante de esa comparecencia fue la competición impúdica entre Casado y Rivera, PP y Ciudadanos, derecha azul y derecha naranja, para hacerse con el patrocinio del famoso tercer hombre en la foto de las Azores.

Ver a Aznar entrando en la Comisión acompañado por la plana mayor del “nuevo PP” y escuchar al ex patrón de la derecha dedicando todo tipo de carantoñas al portavoz de Ciudadanos, resultó mucho más significativo y elocuente que la sarta de falsedades con que contestaba a sus auténticos interrogadores. El titular de la semana puede resumirse, por tanto, en un “vuelve el aznarismo”, con todo lo que ello conlleva.

El aznarismo es convivencia apacible y cómplice con la corrupción. Las investigaciones policiales y la Justicia han demostrado ya que durante los años de presidencia de Aznar en el PP se llevaron a cabo las mayores corruptelas: desde la famosa caja B acreditada en los papeles de Bárcenas hasta la generalización de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de financiación electoral o regalos personales, pasando por los sobresueldos en negro y otras fechorías.

La sentencia del caso Gürtel es diáfana: “…se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” (página 155). Doce de catorce de los ministros del primer Gobierno Aznar han pasado por imputaciones, procesos, condenas, o recibieron sobresueldos. Primeros espadas de sus equipos han sido encarcelados o condenados a cárcel, como Matas, Zaplana, Sepúlveda o el mismo Bárcenas. Todos sus tesoreros involucrados en casos de mordidas…

Pero el aznarismo es más, porque también equivale a hacer política con desprecio por los valores mayoritarios en la sociedad española. Lo hizo el propio Aznar llevándonos a una guerra ilegal e inmoral en Irak, de la mano de su amigo tejano. Y lo están volviendo a hacer sus discípulos en este pretendido “nuevo PP”, emulando a la extrema derecha europea mediante el discurso del miedo a la inmigración. Se equivocó el expresidente entonces y se equivocan ahora Casado y compañía. La llama de la xenofobia racista e intolerante no prenderá en nuestro país.

Y aznarismo en política es, sobre todo, el “todo vale” para alcanzar el poder. En los años 90 fue la guerra sucia del “sindicato del crimen” contra los gobiernos de Felipe Gonzalez, y la utilización inmoral de la lucha antiterrorista para desgastar al ejecutivo. Y hoy es la caza al hombre emprendida contra Pedro Sánchez y la deslealtad absoluta en el conflicto del Estado con los independentistas catalanes.

El último episodio de este “todo vale” consiste en obstaculizar de manera fraudulenta los intentos legítimos del Gobierno socialista para aprobar una nueva senda de estabilidad y unos nuevos presupuestos. Lo hacen a dos manos, PP y Ciudadanos, azules y naranjas.

Más de 180 diputados, la mayoría absoluta, votaron el 18 de septiembre a favor de las reformas que podrían sortear el veto de la derecha en el Senado, la suma de 6000 millones de euros extras para políticas sociales, y un presupuesto para 2019 con verdadera justicia social. Pero PP y Ciudadanos intentan valerse de su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de las reformas y frustrar los presupuestos llamados a revertir los recortes aplicados desde 2012.

La derecha española salió de Rajoy para acabar volviendo a Aznar. No es una buena noticia para ellos. Para los españoles tampoco.

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El debate político sobre Cataluña parece haber atrapado a varios de sus protagonistas en una especie de jaula para hámsters. Tanto los actores independentistas -sin tener razón- como los actores de la derecha constitucionalista -aún teniendo razón- se limitan a dar pasos acelerados hacia… ninguna parte. Unos y otros actúan tal que presos de un bucle autoreferencial sin salida. 

No cabe equiparar legitimidades ni conductas, porque unos desafían la legalidad quebrando la convivencia, mientras otros reclaman la vigencia de la ley como fundamento de la convivencia democrática. Sin embargo, la realidad es que en ambos bandos prevalecen aquellos que, bien por cálculo electoralista o bien por temor a ser tachados como traidores, se limitan a reiterar una y otra vez los argumentos ya conocidos sin procurar solución alguna. 

Pero, ¿dónde nos lleva esta dinámica? La responsabilidad de quienes nos dedicamos a la representación de la ciudadanía en las instituciones políticas no consiste en evidenciar una y otra vez cuánta razón tenemos nosotros y cuán poca razón tienen ellos.

Nuestra responsabilidad pasa por avanzar al menos alguna contribución para resolver los problemas. ¿Avanzar hacia dónde? Lo urgente, desde luego, es recuperar la convivencia entre catalanes. Y lo importante, sin duda, es encontrar un nuevo encaje institucional para el autogobierno de Cataluña en España y en Europa. 

Este camino tiene algunas condiciones, de forma y de fondo.

Las condiciones de forma pasan por el reconocimiento mutuo de las diversas posturas y de quienes las representan, para hacer viable el diálogo y para hacer posible el acuerdo. Además, como imperativo democrático previo, deben respetarse las instituciones y los procedimientos del ordenamiento legal vigente. E, indudablemente, cualquier resultado de aquel entendimiento ha de someterse a la votación de los catalanes y del conjunto de los españoles. 

¿Cuál es el fondo del debate a resolver? Se trata de acordar un nuevo marco institucional que ofrezca satisfacción a las demandas identitarias y de autogobierno en la sociedad catalana. Este acuerdo ha de enmarcarse, por una parte, en la necesaria actualización del modelo territorial de España y, por otra parte, en el proceso paralelo de construcción de la unidad europea. 

Y en estos contextos propios de nuestro tiempo perderán razón y vigencia esos viejos conceptos de patria, soberanía, frontera, independencia y autodeterminación, que tanta emocionalidad negativa y tanto conflicto político han ocasionado hasta ahora.

El nuevo gobierno socialista ha sido valiente. Ha salido de la noria del hámster y ha llamado a un diálogo abierto, con la sola condición del respeto a la legalidad democrática. Se trata de una buena oportunidad para superar la fase de conflicto y afrontar una solución acordada.

Primero, una reforma constitucional que alumbre un nuevo modelo territorial, negociada con todos los actores políticos, sociales y territoriales de España, y votada por todos los españoles. Y, después, un nuevo Estatuto de autogobierno en Cataluña, votado por todos los catalanes y refrendado en el Parlamento español. 

Este era, a mi juicio, el sentido de la moción que el pasado miércoles 12 de septiembre acordamos en el Congreso los representantes del PDCat y del grupo socialista. Apenas unas horas después, alguien decidió frustrar el intento desde Barcelona. Para seguir corriendo hacia ninguna parte…

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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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A juzgar por las primeras decisiones de calado adoptadas por el nuevo presidente del Partido Popular, los cambios que pueden esperarse en esta formación tras el congreso del 20 y 21 de julio se limitan al nombre de algunos de sus dirigentes y poco más. Pablo Casado ya ha anunciado el bloqueo de su grupo parlamentario a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que propone el Gobierno de España. En consecuencia, si Rajoy recortaba en educación y en sanidad desde el Gobierno, ya podemos asegurar que Casado también recorta en educación y en sanidad… desde la oposición.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 que el Gobierno socialista ha acordado con la Comisión Europea supone pasar de un déficit del 1,3% al 1,8% sobre PIB. Se trata de un margen de medio punto sobre PIB, cerca de 6.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de gasto de las administraciones públicas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó la distribución de estos recursos extraordinarios: dos décimas para el gasto de las comunidades autónomas (en torno a 2.500 millones), otras dos décimas para aliviar las cuentas de la Seguridad Social (2.500 millones) y una décima para el presupuesto de la administración central (sobre los 1.000 millones).

Las posiciones de unos y de otros responden a valores ideológicos diferentes y tienen consecuencias muy distintas también. El Gobierno socialista busca hacer compatible el propósito de la estabilidad presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos de bienestar y equidad social. Para ello persigue aumentar tanto los gastos como los ingresos fiscales del Estado, estableciendo, por ejemplo: un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades; una imposición justa para las empresas tecnológicas multinacionales que practican la elusión fiscal; una carga fiscal adecuada para el negocio bancario que ha recibido grandes recursos públicos en su reciente rescate financiero; así como un eficacia mejorada en la lucha contra el fraude fiscal.

Con este aumento equilibrado de gastos y de ingresos se puede comenzar a revertir los graves recortes en políticas sociales impuestos por los gobiernos del PP desde 2012, a la vez que se lograrán nuevas inversiones en investigación, innovación e infraestructuras destinadas a modernizar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar solidez a la economía española, al tiempo que se aporta equidad y justicia a la sociedad en su conjunto. Por eso, el aprovechamiento más importante del nuevo margen fiscal está destinado al gasto autonómico, que es responsable de los servicios públicos en educación, sanidad, empleo, vivienda y lucha contra la marginalidad social.

La posición del PP, como la de Ciudadanos, es igual de clara pero absolutamente contraria. La derecha azul y naranja priorizan la reducción acelerada del déficit, al tiempo que plantean nuevas bajadas de impuestos. Es decir, menos ingresos y aún menos gastos en el Estado. Solo hay una manera de cuadrar estas cuentas: con nuevos recortes sobre el gasto social y el gasto destinado a mejorar el modelo productivo. El modelo liberal del “cuanto menos Estado mejor” y el “sálvese quien pueda pagar” conduce a una economía frágil y a una sociedad desigual e injusta. Paradójicamente, las administraciones más perjudicadas por el veto del PP a la nueva senda de estabilidad presupuestaria son las comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por la propia derecha.

Las razones que llevan a Pablo Casado y al PP a esta posición contraria a la mejora del gasto social y productivo son de naturaleza tanto ideológica como estratégica. Los planteamientos ideológicos ya se han descrito. La estrategia de la derecha tampoco es nueva. Se reitera siempre desde la oposición. Consiste básicamente en aquella frase tan ilustrativa que el exministro Montoro dirigió a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canarias: “Que se hunda España, y ya llegaremos nosotros para salvar lo que se pueda”. Su prioridad es debilitar al Gobierno socialista por cualquier medio, aunque el medio pase por debilitar a la economía, al empleo y a los servicios públicos que atienden a la sociedad española.

La vigente ley de estabilidad presupuestaria otorga a la derecha una capacidad de veto en el Senado contraria a toda lógica. El funcionamiento habitual del poder legislativo prevé para el Senado la condición de cámara de segunda lectura, de tal modo que cualquier enmienda aprobada en la cámara territorial puede ser corregida en el Congreso, que representa la soberanía popular. Sin embargo, una modificación legal decidida unilateralmente por el PP en el año 2012 posibilita que la derecha, con poco más del 30% de los votos obtenidos en las últimas elecciones, imponga su criterio al 70% restante, gracias a su mayoría en el Senado. Parece razonable revisar esta incongruencia.

En conclusión. El primer debate político de alcance que ha tenido oportunidad de protagonizar el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se puede saldar con un nuevo recorte en las políticas de las que depende el bienestar de los españoles más vulnerables. Un comienzo muy significativo.

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