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Archive for the ‘Otros Partidos’ Category

Soy consciente de que dicho así, política para las personas, corro el riesgo de que el lector despache esta tribuna, incluso antes de leerla, como una obviedad, una tautología o una boutade más en este principio de año tan dado a los deseos buenos e improbables. Sin embargo, creo que no hay reivindicación más justa para la política de hoy, y creo que no habría consecución más revolucionaria para la política de mañana.

Cualquiera de los analistas conspicuos que pueblan las tertulias televisivas y radiofónicas ha podido probablemente constatar en estas fiestas hasta qué punto se produce un divorcio absoluto entre los titulares de la política protagónica y las preocupaciones de las personas de carne y hueso con las que ha compartido celebración. 

Ni la unidad del Estado amenazada, ni el sorpasso de Rivera a Rajoy, ni la depresión de Pablo Iglesias, ni la escalada del PIB o del IBEX, ni los misterios del Popular, han formado parte, muy probablemente, de las conversaciones de fuera del plató televisivo o del estudio radiofónico. Política y personas son hoy, por desgracia, auténticas realidades paralelas. Casi un oxímoron, por paradójico que resulte. 

Tomando los titulares que ha dado la política durante 2017, casi podemos anticipar los debates que la política dará durante 2018. Se hablará del bucle separatista en Cataluña, de su alter ego en Tabarnia, y de quién se llevará el gato al agua en la financiación de los gobiernos autonómicos. Se hablará de la competición entre partidos y, aún más jugoso, de la pelea intra partidos.

Se hablará de las conspiraciones en la corte de Rajoy, de la última encuesta/apuesta de los poderes financieros por su héroe naranja, del neo-estalinismo circular de Iglesias y sus confluencias a la baja, de los pulsos de Sánchez y sus barones a propósito de las candidaturas para 2019, del capítulo enésimo en la temporada enésima de las corruptelas de la derecha capitalina… 

Y se hablará del PIB recuperado, del IBEX musculado y de la EPA remontada. Tendremos presupuestos sí, presupuestos no, presupuestos depende, con pagos sí, pagos no, y pagos depende a los socios presupuestarios. Nos contarán que vendemos un trocito más de nuestra Bankia, un trocito más de nuestra AENA, y un trocito más de las autopistas que mal vendimos, que bien compramos y que volveremos a mal vender… 

Pero ni en uno solo de todos estos titulares más que probables aparecerá persona alguna, de las que necesitan de la política y de las que, por desgracia, poco esperan de la política. Esas personas son las que sufren desempleo con demasiada duración, y las que sufren empleos mal pagados, y las que sufren servicios públicos deteriorados, y las que sufren prestaciones y subsidios recortados… 

Son los mayores con pensiones que pierden año a año poder de subsistencia, mientras aumentan los copagos, se alargan las listas de espera en la sanidad y se multiplican las facturas de la luz. Son los jóvenes traicionados por el sistema que les prometió un proyecto de vida a cambio del esfuerzo en su formación, y que se ven forzados a elegir entre precariedad o exilio, sin plantearse siquiera un futuro más allá del próximo contrato de tres días… 

Son las mujeres convencidas de que las promesas de igualdad legal se han convertido en la trampa de la desigualdad letal. Porque el pronóstico de una vida emancipada respecto al deber del cuidado familiar se ha convertido en el diagnóstico de una vida multiplicada por el mismo deber del cuidado familiar y la creciente desventaja en el entorno laboral. Y mientras tanto siguen sufriendo desigualdad y discriminación, cuando no acoso, agresión y asesinato.

Y son los niños, a los que roba el futuro el empobrecimiento de sus padres. Y los propios pobres, desmentidos cada día por los titulares de la recuperación virtual, pero enterrados cada día en el pozo de la desigualdad real. Y los refugiados ignorados, y los inmigrantes encarcelados, y los diferentes discriminados… 

Pero qué aburrida puede resultar la política cuando habla de los problemas aburridos de las personas aburridas… 

Sí. Algunos estamos empeñados en eso, en la política de las personas, por insólito que resulte en los discursos celebrados de algunos políticos, en los titulares rutilantes de la prensa, en los totales exclusivos de la radio o en las tertulias-trifulcas de la televisión.

Ese es nuestro improbable buen propósito para el año nuevo.

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Los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña devuelven el contencioso ocasionado por el desafío separatista al escenario previo al 6 de septiembre, cuando las fuerzas independentistas ejecutaron su golpe a la legalidad y a la convivencia democrática. Aquella ruptura unilateral generó un colapso social, económico e institucional cuyas consecuencias tardarán mucho tiempo en superarse. Las urnas legítimas y libres del 21-D ofrecen una nueva oportunidad a la conjunción PDCat-ERC-CUP para perseguir una nueva relación de Cataluña con el resto de España y de Europa, pero esta vez respetando las reglas del juego de nuestra democracia.

Desde la perspectiva del progresismo español, los resultados electorales en Cataluña son malos, sin apenas matices. El independentismo se vuelve a imponer en escaños sobre las opciones no independentistas; si bien pierde en votos frente al no independentismo, cede la primera plaza y retrocede tanto en diputados como en porcentaje de apoyos respecto a las elecciones de 2015 y, desde luego, respecto a la parodia de votación del 1 de octubre. A la vez, la derecha de Ciudadanos y la antigua Convergencia, coincidentes en el apoyo a la reforma laboral del PP y a sus políticas de recortes, se impone sobre la izquierda; si bien lo hace sobre una estrategia de voto útil en clave de rechazo y apoyo al proceso separatista, respectivamente.

La conclusión es un panorama político e institucional complejo, difícil de gestionar y plagado de riesgos, tanto para la gobernabilidad de Cataluña, como para el reto decisivo de la recuperación económica, en Cataluña y en el resto de España. En consecuencia, se entienden mal las expresiones de alborozo que mostraron algunos en la noche electoral. Ciudadanos es la primera fuerza, pero el independentismo mantiene todas las bazas para gobernar. Puigdemont queda por delante de Junqueras, pero el separatismo que ambos dos representan es derrotado en votos. El PSC avanza, pero poco. Los comunes podemitas pagan su tacticismo con un fuerte retroceso. La CUP se disuelve, porque su radicalidad ya no es nada original en el separatismo. Y el PP se hunde con la sensación de haberle hecho el trabajo sucio a sus rivales más directos.

Hay algo importante por celebrar, sin embargo. Las previsiones de una participación record se confirmaron, y la ciudadanía catalana participó como nunca antes en unas elecciones decisivas para su futuro. Y la jornada se celebró sin apenas incidentes de mención, a pesar de las sombras de duda que intentaron arrojar precisamente aquellos que hace solo unas semanas, el último 1 de octubre, protagonizaron un vodevil sonrojante de votaciones al margen de la ley, sin censo, sin junta electoral, sin resultados verificables y sin garantía democrática alguna.

¿Y ahora? Con toda probabilidad, PDCat-ERC-CUP intentarán hacer valer su exigua mayoría en escaños, que no en votos, para formar Gobierno. Y probablemente lo lograrán, a pesar de las contradicciones internas en ese mundo, que no son menores, en estrategia y en desencuentros personales. Procurarán desarrollar su programa de horizonte separatista pero, eso sí, habrán de hacerlo conforme a la legalidad y sin hurtar sus derechos a la mayoría de ciudadanos catalanes que no votan separatismo. Porque si vuelven a actuar como el 6 de septiembre y los días sucesivos, a la democracia española no le quedará más remedio que defenderse aplicando la Constitución, con toda legitimidad.

Por tanto, el futuro debiera desterrar la unilateralidad separatista de unos, por ilegal, al igual que la cerrazón inmovilista de otros, por contraproducente. Es tiempo de reformas en la organización territorial del Estado, y esas reformas deben acometerse en el marco de la legalidad, pero de manera abierta y valiente. Desde el diálogo, el encuentro y la voluntad de acuerdo. Ahí está la Comisión de Evaluación y Mejora de la Organización Territorial del Estado, propuesta por el PSOE y constituida ya en el Congreso de los Diputados, para albergar los debates. Ojalá funcione.

Dos errores a evitar, por último. Cometerían un error los independentistas incursos en causas judiciales si interpretan los votos como una exoneración de sus responsabilidades ante la ley. Ningún porcentaje de votos faculta a nadie en democracia para saltarse impunemente las normas. Y se equivocarían también los dirigentes de Ciudadanos si intentan cobrarse rápidamente, en cash y en el escenario nacional, el buen resultado obtenido en Cataluña. Aquello ha sido excepcional, porque estaba en juego algo tan relevante y tan previo a la política como la propia convivencia democrática. En España, Ciudadanos ha sido, es y será ante la gran mayoría, tan solo esa media naranja que acompaña dócil y alegremente al PP en sus políticas más injustas de recortes sociales y precariedad laboral.

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El término “soberanía” se esgrime de forma habitual desde posiciones nacionalistas y populistas como sinónimo de democracia avanzada. Nacionalistas e independentistas enfrentan la soberanía propia y legítima a las imposiciones ilegítimas y antidemocráticas de aquellos a los que rechazan como ajenos. Los populistas confrontan la soberanía legítima del pueblo con la casta que usurpa el poder, según ellos.

Es curioso, porque la “soberanía” y el “soberano” son términos con una tradición muy alejada de las reivindicaciones democráticas. Siempre se habló del rey soberano como aquel capaz de declarar la guerra y hacer la paz, de mandar sobre personas y sobre haciendas, de impartir justicia… Soberanía equivalía a poder concentrado y centralizado.

Durante el siglo XIX y parte del XX, la soberanía se asocia ya a la nación, pero no tanto al pueblo. Es aún soberanía nacional, no popular. Se reclama la soberanía propia frente a las potencias invasoras o coloniales, en nombre de la nación, no en nombre del demos, no de la gente.

Sin embargo, en este siglo XXI, la reivindicación permanente de la “soberanía” viene, por ejemplo, de los dictadores que disfrazan su autocracia de patriotismo, y que denuncian las reclamaciones internacionales de respeto a los derechos humanos como injerencias intolerables.

Asimismo, la extrema derecha comparte con algunos populismos el discurso eurofóbico, que denuncia las políticas comunitarias como agresiones que mancillan la soberanía, ahora no solo de la nación, sino también del pueblo inocente y maltratado.

Soberanía es igualmente lo que exigen nacionalismos, separatismos e independentismos, como el bálsamo redentor de todos los males. Sea cual sea la complejidad del problema a tratar. Sea cual sea el alcance del desafío al que responder. Sea cual sea el incumplimiento propio a justificar. La causa del mal estará siempre en la falta de soberanía. El culpable será siempre el que usurpa nuestra soberanía. Y la Arcadia feliz llegará siempre de la mano del ejercicio propio de la soberanía.

Solo que la soberanía de la que hablan no existe.

¿Qué es soberanía, más allá de discursos románticos y más allá de ejercicios de demagogia fútil? Soberanía equivale a poder. Soberanía hoy, en las sociedades modernas, es capacidad para organizar el espacio público compartido para alcanzar objetivos de interés general. Soberanía, en definitiva, es posibilidad de favorecer el ejercicio de derechos y libertades de ciudadanía, de propiciar bienestar para el pueblo.

Y en la era de la globalización esas capacidades hay que situarlas en su dimensión más eficaz. Porque la dimensión de los espacios públicos a organizar y a regular hoy para hacer efectivos los derechos y las libertades de ciudadanía ha trascendido las fronteras de cualquier soberanía nacional.

Las relaciones económicas a regular escapan de las soberanías alicortas que nacionalistas y populistas reclaman en sus discursos viejunos. Los grandes retos frente a la elusión fiscal, el dumping laboral, el cambio climático, las crisis de refugiados o el terrorismo yihadista, por citar solo algunos, se ganarán desde soberanías amplias y compartidas, o se perderán.

Reclamar la soberanía del pueblo español ya se va quedando viejo. Exigir la soberanía de la nación catalana, o del pueblo vasco, o del murciano, es ya, sencillamente, una “paletada”.

En este siglo XXI de la globalización y la revolución tecnológica, las únicas soberanías viables, eficaces y, por tanto, deseables, son las soberanías que se comparten en espacios públicos cada vez más amplios. Con el propósito, no de agitar banderas al viento, sino de hacer realidad los derechos y las libertades, el progreso y la justicia social, para todos, se emocionen con la bandera que se emocionen…

¿Soberanía? Hoy, la del pueblo europeo. Mañana, la compartida con toda la Humanidad.

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El próximo martes 12 de diciembre subiré una vez más al estrado de oradores del Congreso de los Diputados con objeto de reclamar medidas para combatir la desigualdad y la pobreza crecientes en nuestra sociedad. En esta ocasión se trata de exigir el aumento de las pensiones que cobran las viudas más pobres.

Lo haré con la satisfacción del cumplimiento de un deber político y moral. Pero lo haré también consciente de que el rechazo previsible a estas demandas seguirá acrecentando el número de quienes se sienten cada vez más alejados de un sistema que consolida y profundiza las injusticias.

La cuestión es como sigue. Una disposición adicional de la ley de pensiones del año 2011 mandataba al Gobierno para incrementar progresivamente la cuantía de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años en riesgo de pobreza. La llegada del PP al Gobierno supuso el aplazamiento de tal medida por razones de equilibrio presupuestario en un contexto de crisis.

Aun siendo discutible la paralización de esta medida en los años duros de recesión económica, lo que resulta absolutamente inaceptable es que las viudas más pobres sigan esperando su aplicación tras varios años de crecimiento económico. Pero así ha sido durante los seis últimos ejercicios. Y el caso es que las viudas más necesitadas cobran hoy casi un 12% menos en sus pensiones de lo que les corresponde según aquella ley de 2011.

Por tanto, la exigencia que planteamos al Gobierno tiene varias razones. La primera es de justicia social, porque los pensionistas en general y las viudas en particular están empobreciéndose gravemente desde que gobierna el PP.

A la inaplicación de la medida mencionada hay que añadir un índice limitado de revalorización anual de pensiones, el 0,25%, que sistemáticamente se queda por debajo de la subida de los precios. Y a esto hay que sumar los copagos farmacéuticos, y la retirada de 400 medicamentos del sistema nacional de salud, y la subida del recibo de la luz un 7%…

La segunda razón tiene que ver con el Estado de Derecho. Si exigimos a la ciudadanía el sometimiento al imperio de la ley, no cabe que el Gobierno se lo salte, por razones espurias además.

Hace escasos días, PP y Ciudadanos respaldaron al Gobierno vetando la tramitación de una propuesta de Ley socialista que obligaba a la Seguridad Social a aplicar inmediatamente la subida de las pensiones de viudedad más bajas. El argumento era el del coste. Al parecer, el coste de 800 millones de euros que podría tener esta medida desequilibraba de una manera insoportable el presupuesto de un Estado que ha rescatado a los bancos con 40.000 millones y que aflorado otros 40.000 millones de dinero negro con una amnistía fiscal vergonzosa.

Y esto me lleva a la razón definitiva para la defensa de la moción del martes 12: la razón de la defensa del sistema democrático. Porque los poderes públicos no pueden adoptar decisiones que sus responsables son incapaces de explicar. ¿Cómo explicar que el Gobierno de una economía que crece a más del 3%, y que rescata autopistas de peaje con miles de millones de recursos públicos, se niega a financiar con 800 millones una subida mínima en las pensiones de las viudas más pobres?

Cuidado con seguir estirando la cuerda de la desigualdad. Un día puede romperse.

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Eran exactamente las 19 horas, 59 minutos y 34 segundos del 20 de noviembre, cuando el Registro General de las Cortes recibió el escrito del Gobierno por el que se vetaba la tramitación de la Proposición de Ley de mejora de la pensión de viudedad. Exactamente 26 segundos antes de expirar el plazo legal.

Esos 26 segundos marcan la diferencia entre dar curso o mandar a la papelera una propuesta de ley presentada por un Grupo de 84 diputados elegidos por la ciudadanía española. Es cierto que el Constituyente otorgó al Gobierno la facultad de evitar la tramitación de iniciativas que desequilibraran la balanza de gastos e ingresos públicos. Y es igual de cierto que este Gobierno hace uso abusivo y fraudulento de tal facultad.

El documento que el Gobierno registró con apenas 26 segundos de margen esgrime un coste presuntamente inasumible y desequilibrante de 858,42 millones de euros para aplicar la medida propuesta. Asegurar, como hace el Gobierno, que un gasto de 858 millones descabalga de manera insuperable un presupuesto de más de 400.000 millones es un insulto a la inteligencia de los españoles. Y frustrar con tal falacia la subida de las pensiones a las viudas con menos recursos constituye una injusticia muy lamentable.

Los demócratas sabemos que la democracia también es aritmética, y sabemos que por muy justa que sea tu idea, si hay más partidarios de rechazarla que de aceptarla, la buena idea no saldrá adelante. Lo que resulta difícilmente asumible desde una cultura democrática es que un Gobierno en minoría logre impedir vez tras vez la tramitación y el debate siquiera de aquellas iniciativas con las que no está de acuerdo.

En el  año escaso que ha transcurrido desde el inicio de esta Legislatura, el Gobierno ha hecho uso del veto a las propuestas de leyes de la oposición en 50 ocasiones, si bien surtió efecto sobre 44 iniciativas. Debe añadirse a esta denuncia, por cierto, la complicidad permanente del grupo parlamentario de Ciudadanos, que martes tras martes, en cada reunión de la Mesa del Congreso, hace paréntesis en su discurso acerca de la regeneración democrática para respaldar los abusos antidemocráticos del Gobierno del PP.

A esta dinámica perversa de los vetos presupuestarios hay que sumar también la táctica dilatoria que PP y Ciudadanos aplican a la limón para ampliar los plazos de presentación de enmiendas en determinadas propuestas de Ley que ya han salvado los demás obstáculos. Algunas de estas dilaciones indebidas superan el año y, además, pueden ir seguidas por las oportunas sesiones de comparecencias y solicitudes de informes varios, que retrasan aún más, e innecesariamente, el trabajo legislativo.

Esto último es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la trascendental iniciativa popular para el establecimiento de una prestación de ingreso mínimo para parados que han agotado las ayudas públicas. Un retraso injustificable.

Finalmente, el fraude se completa con el abuso tradicional que los Gobiernos hacen de su facultad para aprobar Decretos Leyes, y que la doctrina constitucional limita a casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Como es sabido, los Decretos Leyes recortan drásticamente la capacidad de los grupos parlamentarios para influir en la redacción de las normas que entran en vigor.

En poco más de un año, el Gobierno del PP ha llevado al Congreso hasta 25 Decretos Leyes, mientras que tan solo ha tramitado con normalidad y garantías de participación 15 Proyectos de Ley, de los que solo se han terminado de aprobar cinco: los presupuestos generales del Estado y cuatro transposiciones de directivas europeas. Por tanto, cero en iniciativa legal propia bien tramitada.

Estos son tiempos procelosos para la defensa del Estado de Derecho, la legalidad y nuestra Constitución. Y, desde luego, el Gobierno no ofrece precisamente buen ejemplo con tanto veto y tanto decreto injustificado.

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De los papeles de Panamá a los papeles de la Castellana, y ahora los papeles del Paraíso. Los escándalos sobre elusión y fraude fiscal a gran escala se suceden alumbrando cifras cada vez más astronómicas y protagonistas de relevancia social creciente. Pero más allá del análisis superficial y el comentario frívolo, estos comportamientos merecen una valoración contundente, porque socavan gravemente el crédito de las instituciones democráticas y alimentan el monstruo devastador del populismo.

El último episodio denunciado por una plataforma internacional de periodistas de investigación saca a la luz más de 13 millones de documentos que afectan a más de 120 mil personas físicas y jurídicas. Los ciudadanos y las empresas en cuestión contrataron los servicios offshore de un par de bufetes especializados en administrar recursos en hasta 19 paraísos fiscales situados en todo el mundo, desde Malta a Panamá pasando por Singapur. La singularidad de estos paraísos está en la garantía de secretismo para los depósitos y en los impuestos muy reducidos.

Pudiera pensarse que tal práctica es propia fundamentalmente de personajes asociados al terrorismo internacional, a la corrupción, al narcotráfico o al lavado de dinero procedente de actividades criminales. Pero no es así. Muchos de los clientes detectados en estos servicios son grandes empresas muy conocidas y personajes de aparente prestigio procedentes de la política, el deporte, la cultura e, incluso, la realeza europea.

El daño que ocasionan estos escándalos en nuestras sociedades es tremendamente grave. No solo por los recursos que se hurtan a las correspondientes agencias tributarias, con los que han de financiarse las políticas y los servicios públicos. La plena conciencia sobre la generalización de estas conductas mina lo que los economistas llaman “moral fiscal”, esto es, la disposición de los ciudadanos para cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales.

Si las grandes empresas con grandes beneficios y los grandes personajes públicos se las arreglan para no pagar lo que deben, ¿cómo concienciar a los ciudadanos de a pie para pagar sus facturas con IVA y no buscar triquiñuelas en el IRPF?

En España, además, a estos escándalos internacionales hay que sumarles el escándalo doméstico de la amnistía fiscal del PP, mediante la que se lavaron más de 40.000 millones de euros en dinero negro, al módico precio del 3%. La moraleja está clara: si cumples con Hacienda, pagas entre el 19% y el 45% de tu renta; si escondes tu dinero y te acoges a la amnistía de Montoro, tan solo pagas el 3%. Resulta demoledor comprobar que muchos de los implicados en los principales casos de corrupción han utilizado esta vía para aflorar sus botines: Rato, Bárcenas, Granados, Marjaliza, López Viejo…

La aparición de Xavier Trias en los papeles del Paraíso es particularmente grotesca. Tras encabezar todas las manifestaciones en defensa de la patria catalana y esgrimir todo tipo de falsos agravios por parte del resto de España, resulta que tanto patriotismo no impedía al portavoz secesionista en Barcelona ocultar su patrimonio en paraísos fiscales, a fin de no pagar los impuestos que requería el sostenimiento de su patria.

Sin embargo, la ciudadanía está harta de estar harta, si vale la expresión. El recorrido de estos escándalos siempre es parecido. Gran impacto, grandes declaraciones de condena, golpes de pecho, promesas de remedio. Y después nada. Porque los intereses en juego son relevantes e influyentes. Por parte de los clientes directamente beneficiados, y por parte de los propios Estados-Paraíso que obtienen un rendimiento tan importante como ilegítimo.

¿Hay solución? Desde luego, pero implica la adopción de decisiones valientes. Se pueden prohibir y erradicar los paraísos fiscales que existen de facto en la propia Unión Europea y que contravienen los mismísimos principios fundacionales de igualdad y solidaridad: Malta, Luxemburgo, Irlanda, Gibraltar… Se pueden generalizar y homogeneizar las obligaciones relativas a la transparencia financiera y tributaria, además de establecer horquillas comunes y debidamente estrechas en los tipos impositivos, para que no se compita con los impuestos de forma desleal. Y se puede castigar duramente a aquellas empresas y particulares que hagan operaciones con los paraísos fiscales aún no erradicados.

Puestos a identificar aquellas conductas que deterioran nuestro sistema democrático y nuestra convivencia de manera más grave, la elusión y el fraude fiscal han de situarse sin duda a la altura del terrorismo.

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Algunos de los actores más recientes en la política española se empeñan en distinguir lo que llaman “vieja política” o “régimen del 78” de la “nueva política”, que representarían presuntamente ellos mismos. En esta descalificación peyorativa suelen coincidir, desde perspectivas distintas, tanto los dirigentes de Podemos como los de Ciudadanos y buena parte del universo separatista catalán.

Estos discursos suelen desechar las formas propias de los protagonistas de la Transición como demasiado pactistas y claudicantes, bien con el pasado franquista, bien con los nacionalismos periféricos. La voluntad de encuentro se tacha de complicidad y el propósito del consenso se explica como traición. Se trata de subrayar los méritos supuestos de la “nueva” política desde la autenticidad pura, insobornable, innegociable y no mestiza.

En realidad, lo que algunos llaman contraste entre vieja y nueva política no es sino una reedición en formato actualizado de contrastes muy gastados en la historia española de los dos últimos siglos: el diálogo frente a la discusión; la empatía frente al sectarismo; la concordia frente al cainismo; el consenso frente al disenso; y, en definitiva, la vocación de unir frente a la vocación de dividir. 

¿Por qué aquel valor mayoritario en favor del diálogo y el acuerdo entre diferentes que triunfaba en la Transición cotiza menos en el tiempo actual? Quizás porque se ha atenuado el temor a la repetición de los episodios guerracivilistas. Quizás queda lejos ya el miedo a perder las libertades democráticas que las nuevas generaciones perciben como irreversibles. 

Pero hay motivaciones más prosaicas en el manejo político cotidiano. La crisis económica ha provocado frustraciones y enfados que algunos han decidido rentabilizar antes que atemperar derogando sus causas. Y la ira ciudadana se rentabiliza mejor a corto plazo señalando culpables que proponiendo soluciones.

Además, la representación política se ha fragmentado sobremanera, y los cuarentas por ciento que antes se requerían para influir, ahora se han reducido a unos más asequibles veintitantos por cientos. Para obtener más del 40% de los votos hay que hacer discursos integradores. Para sumar algo más del 20% basta con tener movilizada a la propia parroquia. 

Algunos se preguntan por las razones que llevan, por ejemplo, a Donald Trump a mantener una estrategia de permanente radicalización en la política de su país. De hecho, con solo un 40% de apoyos se ha convertido en el presidente americano más impopular durante el primer año de gestión. Sus cálculos son tan lamentables como efectivos. Simplemente renuncia a sumar más voluntades de las que le bastan para ganar la previsible batalla por la reelección. 

Salvando las distancias geográficas e ideológicas, algo parecido ocurre con los “nuevos” actores políticos en España. A Iglesias, a Rivera y a Puigdemont parecen bastarles los apoyos muy movilizados de sus acólitos para cumplir objetivos de táctica electoral. Si la radicalización les va bien, ¿por qué apostar por el diálogo o el acuerdo? 

El maestro Ignatieff escribió que “los políticos deben descubrir formas de articular lo que nos es común y después impregnar con esa vida en común el tejido de las instituciones”. Porque hacer política honesta es eso, velar por un proyecto común para una ciudadanía compartida. Hacer política de verdad, más nueva o más vieja, consiste en anteponer y cuidar lo que afortunadamente nos une sobre lo que legítimamente nos separa. Y evitar que las ideas diferentes se conviertan en muros insalvables para el afán de una convivencia democrática y saludable. 

El auténtico liderazgo en política no consiste en exacerbar el ánimo de una facción para enfrentarse a otra facción en el seno de una misma sociedad, con los mismos problemas de presente y los mismos desafíos de futuro. Liderar es hacerse con el estado de ánimo del conjunto y, desde las propias ideas, tratar honestamente de conducirlo por el camino del progreso común.

Ese fue el propósito de aquellos grandes hombres y de aquellas grandes mujeres que hicieron posible la maravillosa rareza histórica de la Transición Democrática Española y la Constitución de 1978. Ojalá el carácter de aquella “vieja” política perviviera en mayor medida entre los protagonistas de la política supuestamente “nueva”. 

Este propósito honesto pervive, por cierto, en iniciativas actuales como la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico que el PSOE ha propuesto en el Congreso, con ánimo de fomentar el encuentro y el acuerdo en torno a las reformas pendientes en la organización territorial del Estado.

Y ese mismo propósito anima en estos días a los socialistas catalanes en su discurso, en sus propuestas y en sus alianzas, para hacer del 21-D una oportunidad de encuentro y no un nuevo motivo para el frentismo, el desencuentro y el conflicto. 

¿Sobra la vieja política? No. Los que sobran son los viejos vicios cainitas, demasiado presentes siempre en la historia de la política española.

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