Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Otros Partidos’ Category

La imagen del Presidente del Gobierno ante un Tribunal de Justicia dando cuentas de la financiación irregular de su partido es demoledora para la convivencia democrática. La “normalidad” con que el Gobierno ha pretendido despachar este episodio desgraciado resulta tan poco creíble como ofensiva para la gran mayoría de los españoles.

La primera obligación de quien lidera la institucionalidad democrática de un país es la de velar por su credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué crédito institucional puede ofrecer aquél que se ve obligado a testificar judicialmente por los delitos cometidos en una organización bajo su responsabilidad? ¿Cómo confiar mínimamente en quien lidera un partido cuyos tesoreros y secretarios generales desfilan día sí y día no ante policías, fiscales y jueces para dar cuenta sobre todo tipo de corruptelas?

Al tiempo que Mariano Rajoy respondía con suficiencia y cinismo ante el Tribunal a las preguntas de los letrados, millones de ciudadanos procuraban encajar las consecuencias de sus políticas de ajuste. ¿Qué pueden pensar los pensionistas con prestaciones congeladas o los parados que han perdido la cobertura pública cuando ven al responsable de su sufrimiento despachando con frivolidad las acusaciones de depredación fraudulenta en las arcas públicas? ¿Qué daño produce este contraste sobre la confianza en las instituciones?

Buena parte del crecimiento económico, frágil y socialmente injusto por otra parte, descansa en este tiempo sobre el sector exterior, el turismo nacional y las exportaciones. Y la imagen del Presidente español ante el Tribunal de Justicia en el marco de un caso de corrupción grave ha recorrido los noticiarios de medio mundo. ¿Qué efectos puede tener esta situación sobre el prestigio y la reputación de España? ¿Cómo afectará aquella imagen a las decisiones de los grandes inversores internacionales en nuestro país?

La solicitud de dimisión por parte del secretario general del PSOE puede interpretarse en el contexto del ejercicio de oposición más previsible. Sin embargo, en esta ocasión muy especialmente la llamada de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Rajoy “para que no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país” adquiere un alcance de interés muy general.

La sociedad española afronta en estos momentos retos de una envergadura extraordinaria. El más inminente tiene que ver nada menos que con una seria amenaza secesionista por parte de un gobierno autonómico en rebeldía. Pero los desafíos socio-económicos son también mayúsculos, desde la agenda digital hasta la transición ambiental de la economía, desde la lucha contra la pobreza hasta el rescate de los jóvenes parados, precarizados y emigrados. ¿Está Rajoy en condiciones de liderar estos cambios entre escándalo y escándalo de corrupción?

La propia corrupción se ha convertido ya en la segunda gran preocupación ciudadana tras el paro. El daño que produce la multiplicación de casos que afectan al partido del Gobierno, en su núcleo central y en cada uno de sus territorios, resulta incompatible ya con cualquier intento de darle carácter excepcional. Estamos ante un problema de corrupción estructural y sistémico en el Partido Popular. Y Rajoy no puede escudarse con credibilidad en el argumento de que desconocía los manejos económicos de todos sus subordinados durante las casi tres décadas en las que ha formado parte de la dirección de su partido.

Por último, existe una condición imprescindible para aquél llamado a liderar la organización del espacio público compartido. Es la libertad, el estar y el saberse libre de ataduras espurias. La falta de otras condiciones, como la sabiduría o la capacidad, pueden compensarse con buenos equipos. Pero ser y sentirse libre es fundamental para quien ha de hacerse cargo de la defensa del interés común. ¿Es libre Rajoy? ¿Libre de quienes han financiado irregularmente sus campañas y su partido? ¿Libre respecto a aquellos que han administrado estas irregularidades bajo su liderazgo?

Demasiados interrogantes.

Definitivamente, lo de Rajoy no es “normal”.

Por eso pedimos su dimisión, en interés de nuestra institucionalidad democrática y en interés del conjunto de la sociedad española.

Read Full Post »

El artículo 66 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.

Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.

Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.

Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.

Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.

El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.

Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.

Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.

Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.

El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.

El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.

Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.

La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.

El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno.

_________________________

  • Artículo publicado en Infolibre.es el 23-07-2017

Read Full Post »

Los secesionistas no tienen derecho a secesionar territorio alguno, desde luego. Pero tampoco tienen derecho a conducir a la sociedad catalana al callejón sin salida de la insurrección legal. Y menos aún tienen derecho para forzar a catalanes y demás españoles a malgastar las energías que debiéramos dedicar a los auténticos desafíos de nuestro tiempo, como la globalización sin reglas, la economía sin justicia y el recorte generalizado de derechos.

No hay mejor aliado para Rajoy en estos momentos que el desvarío secesionista. ¿Qué mejor argumento que la amenaza separatista para desviar la atención de la pobreza laboral creciente, de los jóvenes sin futuro o de las corruptelas por doquier? Cuánto más grande sea el esperpento independentista, más se reivindicará Rajoy como defensor del imperio de la ley y de la unidad de la patria.

Ensoñadores independentistas aparte, la mayoría de quienes hoy dirigen el procés catalán se apuntaron a la aventura por pura estrategia herestética. Se trataba de dar la vuelta a un escenario con la recesión económica y la corrupción política como protagonistas inevitables. Elevemos la mirada de la gente hacia las banderas esteladas para que no se fijen en el piso del deterioro social y moral.

Pero la escapada se les ha ido de las manos, y ahora no saben cómo parar un procés absolutamente desbocado. Quizás confiaron ingenuamente en que el PP les daría una salida tarde o temprano. Ignoraban quizás que las amenazas de secesión sonaban como música celestial en un Gobierno deseoso de sustituir la imagen de la madrastra recortadora por la del príncipe rescatador, al menos de cuando en cuando.

Los secesionistas están atrapados en su propia trampa. Ya han renegado de la Constitución, de las leyes y de las sentencias judiciales. Escriben leyes de transitoriedad que no se atreven a registrar siquiera. Anuncian proclamas de república independiente que no se creen ni sus propios consejeros. Fulminan al disidente por dudar, mostrando la debilidad más cruda.

Pero su trampa es en buena medida la de todos, catalanes y demás españoles incluidos. Porque será inevitable ocupar tiempo, titulares y trabajo a desenredar el lío que están provocando. Porque el descrédito internacional nos mancha a todos. Y porque Puigdemont, Junqueras y compañía están trabajando duramente para construir este otoño una sensacional vía de escape a un Gobierno español acorralado por la pobreza y la corrupción ¿Quién se atreverá a cuestionar a aquellos que están llamados a salvar España de la secesión?

No tienen derecho.

Read Full Post »

Con motivo de las celebraciones por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en 1977, algunas formaciones populistas y separatistas han aprovechado para insistir en sus descalificaciones falaces hacia la Transición Democrática, la Constitución Española y el “régimen” que se instauró a partir de entonces en nuestro país.

Descartada la ignorancia como causa de tal ejercicio de falsificación de la historia, hemos de entender que se trata de una estrategia orientada a deslegitimar este “régimen” para sustituirlo por otro. La gran pregunta es ¿qué otro régimen?

Representantes de Podemos, Izquierda Unida, ERC y En Común Podem han asegurado en estos días que la Constitución de 1978 no fue fruto del consenso político en una sociedad libre, sino una especie de “carta otorgada” por los herederos de la dictadura a una sociedad sometida “al miedo, la censura y el chantaje”. Es el “candado” que supuestamente impide a los españoles el disfrute de la democracia “auténtica”.

Basta acudir a la evidencia histórica para refutar esta fabulación interesada. La Transición hacia la democracia tuvo lugar por la demanda mayoritaria y exigente de la ciudadanía española, y por el acierto de una generación de dirigentes políticos que, por una vez, supieron anteponer el interés común del entendimiento a la tentación particular del enfrentamiento.

Y más allá de los errores y las insuficiencias, que los hubo, el resultado de aquel episodio fue inequívocamente positivo para la sociedad española. Desde la consecución de la democracia hasta el disfrute de derechos y libertades equiparables a los propios de las naciones de nuestro entorno. Desde la entrada en Europa, hasta el sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil, la separación Estado-Iglesia o el autogobierno de nacionalidades y regiones.

Entonces, ¿por qué esa insistencia en descalificar tan gravemente uno de los pocos hechos históricos colectivos de los que podemos sentirnos razonablemente orgullosos? Evidentemente para socavar el apoyo ciudadano al sistema político vigente, propiciar su caída y alentar su sustitución por otro “régimen”.

Ahora bien, teniendo en cuenta las militancias y las trayectorias de quienes protagonizan tal estrategia, las conclusiones pueden resultar inquietantes. ¿Cuál es la alternativa? El régimen comunista que abrazan algunos ya fracasó en el siglo pasado. Los populismos bolivarianos que asesoran otros están sumiendo a millones de criaturas en la pobreza, la violencia y la represión. Los separatismos socavan la convivencia, enfrentan a los ciudadanos y achican los espacios de solidaridad…

El auténtico “candado” no es el régimen del 78 y la Constitución que ampara la libertad de la que disfrutan sus descalificadores. El auténtico “candado” es el revisionismo que falsea la historia con el propósito de liquidar lo mejor que ha dado el esfuerzo común de los españoles, para llevarnos a un futuro incierto, en el mejor de los casos…

Read Full Post »

Pedro Sánchez acierta al establecer el “rescate” de los jóvenes españoles como prioridad estratégica en la acción política de los socialistas. La metáfora es adecuada, porque el colectivo de jóvenes se siente atrapado en un agujero negro de precariedad y marginación.

El problema de los jóvenes precarizados y marginados es ya el problema principal de presente y de futuro para el conjunto de la sociedad española. Y debiera ser también el principal objeto de atención y decisión política, con permiso de los inacabables escándalos de corrupción y las ensoñaciones independentistas.

El problema de los jóvenes presenta tres vertientes, a cual más alarmante. Es un problema de deterioro social evidente para una parte significativa de la población. Es un problema de índole económica, por cuanto excluye del circuito de producción y consumo a lo más dinámico de la sociedad. Y es un problema de legitimidad democrática, porque divorcia del sistema a quienes están llamados inexorablemente a protagonizarlo.

Los índices de desempleo juvenil rozan el 50% y los niveles de precariedad laboral son simplemente insoportables entre los más jóvenes. Los falsos becarios, falsos contratados a tiempo parcial y falsos autónomos son mayoritariamente jóvenes. Los contratos de formación y los contratos en prácticas que se derivan de la reforma laboral del PP condenan a los jóvenes a empleos indignos con jornadas abusivas y salarios del todo insuficientes.

Las brechas de desigualdad creciente en el acceso a la educación superior, a la formación digital y al aprendizaje de idiomas profundizan la injusticia y el malestar fundado. Y a esto debe añadirse la dificultad para acceder a una vivienda digna, dados los altos precios en el mercado libre de compra-venta y alquiler, y dada la falta injustificable de una política pública de vivienda social, como sí existe en otros países de nuestro entorno.

La marginación de los jóvenes de los procesos de producción, de empleo  y de consumo genera a su vez un grave problema de desequilibrio para el sistema económico, con graves repercusiones tanto en el entramado fiscal como en la propia Seguridad Social. Los jóvenes no ganan para pagar impuestos, y no trabajan para generar ingresos en la tesorería de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el nuestro, el panorama es preocupante.

Y todos estos problemas desembocan en un distanciamiento creciente de buena parte de la juventud respecto al sistema democrático. ¿Cómo pedir responsabilidad y compromiso con el sistema a aquello que se sienten maltratados injustamente? Los jóvenes ignorados y marginados son carne de cañón para los discursos populistas y antisistema, que nada resuelven en la problemática juvenil, pero que ofrecen un cauce sugerente para expresar frustración e ira.

Para ilustrar todos estos argumentos resulta muy útil la lectura del libro “La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?” de los profesores José Félix Tezanos y Verónica Díaz.

En consecuencia, resulta muy apropiado que el PSOE coloque la problemática juvenil en el frontispicio de su estrategia para esta nueva etapa. Una estrategia que deberá combinar denuncia y propuesta. Y que deberá contar con iniciativas de oposición allí donde no se gobierna, así como con iniciativas coherentes de gobierno allí donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de convertir su discurso en hechos comprobables.

Read Full Post »

El PSOE salió mal del Gobierno en el año 2011. Al Gobierno de Zapatero le tocó bregar con lo más duro de la crisis, se adoptaron decisiones alejadas del programa electoral y muchos votantes se sintieron defraudados.

En consecuencia, durante los años duros de austeridad y recortes por parte del PP, el Partido Socialista no lo tuvo fácil para erigirse como alternativa creíble.

A estas dificultades se añadió mientras tanto la desorientación general de la socialdemocracia europea, atrapada en la disyuntiva de defender a un sistema injusto frente a los populismos o de defender a los populismos estériles frente al sistema.

Y la falta de iniciativa provocó huecos y los huecos se llenaron con otras alternativas, como Podemos y sus confluencias, que no proporcionaban respuestas viables, ni tan siquiera bienintencionadas, pero que encauzaban con eficacia la frustración de buena parte del electorado más joven y progresista.

Los malos resultados en las elecciones sirvieron de acelerante para las divisiones internas y la imagen de contestación interna permanente acabó por situar al PSOE ante su crisis más grave desde la recuperación de la democracia.

En el día de su convocatoria, las elecciones internas a la secretaría general situaban al Partido Socialista en un escenario de riesgo, por cuanto la disputa auguraba grandes dosis de dramatismo y el resultado no se adivinaba concluyente.

Sin embargo, la conclusión de este proceso democrático se ha saldado de una manera positiva, tanto en lo interno como en lo externo. Internamente ha provocado un estado de movilización y buenas expectativas como hacía tiempo que no se experimentaba. Y ante el resto de la sociedad, el PSOE aparece como una opción reforzada en su crédito político y en sus expectativas.

Pedro Sánchez ha adquirido unos atributos muy positivos como consecuencia de este proceso accidentado. A los ojos de la mayoría social progresista en nuestro país, el otra vez secretario general del PSOE es un hombre valiente, que no se arredra ante los obstáculos y que defiende con convicción y firmeza la causa justa de los más débiles. Además, es un ganador, que no es un atributo baladí en esta sociedad de la imagen.

Por tanto, se trata de una buena oportunidad para el Partido Socialista y para España. El PSOE dispone ahora probablemente de la mejor oportunidad desde 2011 para presentarse ante la ciudadanía española con un proyecto que merece atención, crédito y apoyo como alternativa progresista al PP. Se trata de aprovechar esta oportunidad.

¿Cómo? Definiendo y defendiendo una opción de izquierda valiente y de gobierno, de gobierno pero valiente, como acaba de manifestar José Luis Abalos desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Una izquierda dispuesta a romper algunos moldes, a desmentir algunos tópicos establecidos en el sistema, a desautorizar algunas ortodoxias tramposas. Dispuesta a pisar algunos callos en nombre de la igualdad y la justicia. Pero dejando muy claro que el PSOE no se limita a la protesta inteligente, sino que busca inequívocamente el respaldo de las mayorías para reformar el país desde el Gobierno.

Este propósito requiere identificar algunas prioridades, que sintonicen bien con las prioridades de esa ciudadanía progresista a la espera de respuestas valientes y viables. Primero, un nuevo modelo económico subordinado a los objetivos políticos de la igualdad y la justicia, centrado en los buenos empleos. Segundo, una moralización de la vida pública que destierre corruptelas, fraudes y trampas fiscales. Y tercero, una apuesta decidida por la Europa unida y social, como la mejor esperanza de futuro para cerca de 400 millones de europeos.

Pero la oportunidad es positiva también para España, porque los españoles ven alejarse definitivamente el riesgo tenebroso de tener que elegir entre lo malo y lo peor, entre la derecha corrupta y una alternativa populista y estéril. Entre dejar el sistema como está y cargarse el sistema al completo, lo bueno y lo malo, resurge con fuerza una alternativa reformista de alcance. Es una buena noticia.

Y es una buena oportunidad, para el PSOE y para España. Aprovechémosla.

Read Full Post »

Los titulares sobre el último estudio del CIS solo reseñan la creciente preocupación de los españoles por la corrupción. Más de un 54% de los encuestados sitúa este problema entre los principales del país. Son muchos. Sin embargo, el problema principal que señalan los españoles mes tras mes en primer lugar es otro: el paro. De hecho, el porcentaje de españoles cuya preocupación principal tiene que ver con el empleo y la falta de empleo se ha incrementado entre abril y mayo del 69,6% al 71,3%.

No cabe hacer análisis reduccionistas o simples en torno a la crisis de credibilidad que sufren las que hemos considerado democracias avanzadas en Europa y norteamérica. Son varios los factores que contribuyen a las disfunciones del sistema, a la desafección creciente en amplias capas de la población y al auge de populismos y extremismos. Pero hay una constante a tener en cuenta: la preocupación, el miedo y el enfado de muchos por la pérdida progresiva de derechos en el ámbito del empleo.

En esta preocupación, en estos miedos y en estos enfados coinciden desde los millennials explotados hasta los cincuentones que alimentan las listas de parados de larga duración. Aquí convergen los empleados digitales a cinco euros la hora con los obreros industriales que sufren la deslocalización de sus empresas. En la angustia por el trabajo comparten trinchera las mujeres obligadas a elegir entre profesión o familia, junto con los falsos becarios, los falsos aprendices, los falsos autónomos y los falsos contratados a tiempo parcial, que sirven cervezas o limpian habitaciones a tiempo total.

¿Cuál es el origen del problema? La globalización y el avance tecnológico han cambiado por completo el papel del factor trabajo en los procesos productivos, relegándolo, precarizándolo, empobreciéndolo. La economía produce el empleo, pero el empleo cada vez es menos relevante para la economía. Sin embargo, nuestras sociedades siguen fundamentándose en el protagonismo del trabajo, como factor de socialización, como fuente de rentas, como vía de participación social, como base de la autoestima personal….

Por ahora, el balance neto de la revolución tecnológica presente es un balance negativo en términos de empleo. El avance tecnológico, por ahora, destruye más empleos de los que crea. Las actividades económicas más tecnificadas y más lucrativas necesitan cada vez menos mano de obra. Los demandantes de empleo son muchos y las reglas para determinar salarios y condiciones de empleo son pocas, por lo que el empleo se precariza y se paga mal.

Más cambios. El viejo esquema de formación-trabajo-jubilación ha dado paso al nuevo esquema formación-trabajo-formación-trabajo-jubilación, pero las políticas de formación y de empleo aún no se han adaptado. Los nuevos modelos de competitividad demandan un trabajo que la sociedad no ofrece. Esta disfunción agrava el problema.

Por tanto, si admitimos que el factor trabajo es un factor clave para la convivencia en sociedad y para la legitimación de la mismísima democracia, no podemos dejar su evolución al albur del mercado, al libre juego de la oferta y la demanda. Porque el trabajo no es una estadística más. El empleo no puede tratarse como una mercancía más, que se compra y que se vende conforme a las condiciones que marca el zoco de la globalización desregulada.

En primer lugar hay que asegurar el gobierno de la política sobre la economía, adoptando decisiones que ayuden a distribuir justamente las ganancias extras de la productividad que llegan vía tecnológica. Si hasta ahora esas ganancias han retribuido sobre todo al capital, asegurémonos de que una buena parte contribuye a financiar buenos empleos.

Hará falta un Estatuto Europeo de los Trabajadores que garantice contratos dignos y que evite deslocalizaciones y dumpings. Se necesitarán nuevas legislaciones que repartan los tiempos de trabajo, y que reduzcan por tanto la jornada laboral. Habrá que reforzar la negociación colectiva para lograr subidas salariales y conquistar nuevos derechos, en el ámbito de la conciliación, por ejemplo.

En segundo lugar hay que apostar por políticas activas de empleo más efectivas, en la formación, en la orientación, en la ayuda para la incorporación y para la promoción en el mercado laboral.

En tercer lugar es preciso establecer políticas pasivas que protejan debidamente al trabajador del riesgo del desempleo. Con índices de paro por encima del 15% y tasas de desempleo de larga duración por encima del 8% ya no sirven los viejos esquemas de prestación pública limitada en el tiempo. Resulta inevitable establecer un ingreso mínimo permanente para las personas que no logran incorporarse al trabajo, y mientras no logran incorporarse al trabajo.

Y en cuarto lugar, si la primera demanda de la ciudadanía es el buen empleo, el propio Estado debe ocuparse de su generación, en la medida de sus posibilidades, que no son pocas. Una fiscalidad exigente y globalmente armonizada puede contribuir a la financiación de actividades intensivas en empleo y de gran interés social, como el cuidado de las personas dependientes y la preservación ambiental.

Si la socialdemocracia europea quiere recuperar crédito social y apoyo electoral, debe atender prioritariamente las demandas prioritarias de quienes pueden apoyarla y votarla. Y la primera prioridad de esa mayoría hoy son los buenos empleos. Sin ninguna duda.

Read Full Post »

Older Posts »