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Archive for the ‘Otros Partidos’ Category

Si alguna ventaja puede extraerse del discurso del nuevo presidente electo en la comunidad catalana es su claridad meridiana. Ya no hay lugar a dudas o equívocos. El máximo representante del separatismo catalán promueve la ideología del supremacismo y el odio racial, y se declara dispuesto a quebrar la legalidad democrática para alcanzar sus metas.

Ahora bien, Quim Torra ha sido propuesto por el ex-presidente catalán Puigdemont, huido de la justicia por golpismo, pero ha sido elegido por una mayoría de diputados en el Parlamento autonómico. Hasta 66 diputados separatistas han votado a un presidente con un pensamiento y una trayectoria bien conocida por su xenofobia radical, anti-española, anti-francesa y anti-europea. Si comparten su pensamiento y sus planes, es terrible. Y si no lo comparten, también.

La mayoría de los representantes de la sociedad catalana han investido presidente a un individuo que proclama que “no es natural hablar español en Cataluña”, que “aquí no cabe todo el mundo”, que sobran “los que no asumen nuestras señas de identidad”, y que “los españoles son bestias, carroñeros y víboras”. Se trata de un señor que admira públicamente a la formación Estat Catalá, conocida por proclamar “la superioridad de la raza catalana” durante la Transición Democrática.

No hace falta recordar que fueron precisamente estas ideas enfermizas, con expresiones casi calcadas, las que fomentaron el odio criminal entre seres humanos, la quiebra de la convivencia y la confrontación civil entre españoles y entre europeos durante el siglo XX. No cabe relativizar su gravedad, ni poner paños calientes. Este señor es peligroso, porque sus ideas y sus intenciones son peligrosas. Y quienes le han elegido han asumido una gran responsabilidad.

Porque, además, Torra acaba de asegurar pública y solemnemente que sus referencias legitimadoras a la hora de gobernar no proceden del ordenamiento jurídico vigente. Sus únicas referencias explícitas son tres: la voluntad del ex-presidente golpista, el “mandato” del referéndum fraudulento del 1 de octubre, y el objetivo “irrenunciable” de constituir una República catalana al margen de la legalidad constitucional. No cabe mayor desafío a nuestra democracia y a nuestra convivencia en paz.

Y ante tamaño desafío, la democracia española solo puede reaccionar de una manera: con la firme determinación de hacer frente a la amenaza separatista y supremacista, con las herramientas que proporcionan la ley y la política. Con serenidad, con proporcionalidad y con contundencia.

No caben atajos preventivos. Los demócratas tenemos el amparo y la legitimidad de la ley. Mientras el desafío se limite a los discursos irracionales, y ojalá se quede ahí, hagámosle frente con el discurso de la razón. Y en cuanto el discurso de paso a la acción contraria al orden constitucional, si sucede, aplíquese la ley, con la proporción y la contundencia precisas, en defensa de los derechos y la libertades de todos los españoles, catalanes incluidos. Aplicando el artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, que para eso se promulgó.

Y en paralelo, hagamos política también. Porque resulta imposible asumir que más de un 40% de catalanes puedan sentirse representados en las ideas y en los hechos de Quim Torra y de quienes le han hecho presidente. No podemos admitir que más de un 40% de catalanes comparte el discurso del odio racial.

Por tanto, es necesario promover el diálogo y el entendimiento en torno al presente y al futuro del modelo territorial del Estado, al encaje de Cataluña en tal modelo y a la consideración que merece la identidad catalana, en el marco de una España y una Europa de identidades plurales, diversas y libres. Los socialistas hemos promovido un escenario parlamentario útil con este fin. Aprovechémoslo.

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El auge y caída de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid podría servir de argumento para una película acerca de una determinada concepción del poder político. De hecho, la etapa de gobierno del PP madrileño entre 1995 y hoy mismo daría para toda una serie, que rivalizaría claramente con los seriales más rentables de las factorías HBO o Netflix, en cuanto a la crueldad de los personajes o los giros dramáticos en el guion.

Para la gran mayoría de quienes dedicamos nuestro esfuerzo a la tarea política, quiero pensar, el poder político responde precisamente a aquello que establece el diccionario de la Real Academia: la facultad o potencia de hacer. Se trata, por tanto, de un instrumento habilitante y capacitador para llevar a la práctica unas ideas determinadas en búsqueda del bien común.

En democracia, por tanto, el poder constituye una oportunidad que concede temporal y condicionadamente la ciudadanía para llevar a cabo un programa político concreto, atendiendo al interés general y sometido a los controles legales. Y el poder es, al mismo tiempo, compromiso para con el resto de la sociedad y responsabilidad en el cumplimiento del cometido correspondiente.

Para cualquier responsable político sería absurdo abjurar del poder o rechazarlo de forma voluntaria. El poder de gobernar o de legislar, por ejemplo, permite adoptar decisiones que transformen la realidad en el sentido que indican las convicciones propias. La expresión y la reivindicación de las ideas, por interesante que resulte, siempre adolecerá de la recompensa que produce su plasmación práctica mediante el ejercicio democrático del poder. Los políticos aspiran, buscan y quieren, queremos, el poder, naturalmente.

Ahora bien, lo que la ciudadanía madrileña lleva más de veinte años contemplando en el gobierno de su Comunidad no tiene nada que ver con esta noción democrática del poder. El núcleo de dirigentes del PP que han protagonizado la política madrileña en este tiempo concibe el poder como un atributo al servicio de la voluntad personal y de los intereses propios. Se trata, además, de un poder desnudo del ropaje de la moralidad y factualmente ajeno a los controles democráticos.

Este poder se ejerce en beneficio propio, reclamando comisiones por la concesión de obra pública o usurpando un título académico para el que no se han reunido los méritos debidos. Es un poder para provecho de la camarilla propia, sean compañeros de partido, socios de empresa, familiares o amiguetes. Y se trata de un poder que faculta también para controlar, chantajear o fulminar al enemigo político, sea del partido opositor o, mucho más frecuente, sea del partido propio, mediante seguimientos policiales, “gestapillos” o dosieres.

Quienes participan de esta concepción del poder no contemplan límites legales ni éticos para alcanzarlo. Por ejemplo, corrompiendo a dos diputados para dar un golpe antidemocrático e impedir la formación del gobierno que ha ganado limpiamente las elecciones. Y si hacen lo necesario para llegar, tampoco muestran escrúpulo alguno en sus maniobras para mantenerse. Por ejemplo, acudiendo al dopaje financiero con dinero negro en las campañas electorales. Pero donde las dan, las toman, y quienes ejercen de este modo el poder suelen acabar muertos políticamente por fuego amigo. Por ejemplo, con la difusión de un vídeo personalmente humillante.

Importa mucho identificar claramente a esa minoría que ejerce el poder cual si se tratara de una mafia, para distinguirla claramente de la mayoría que concibe el poder como el ejercicio de una responsabilidad democrática y ética. Porque esto último es hacer política. Lo primero, no. Lo primero es otra cosa. Es algo contra lo que algunos llevamos dos décadas luchando en Madrid. Es algo que la sociedad madrileña no se merece y que debemos erradicar. De una vez por todas.

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Madrid es la Comunidad capital de España y una de las regiones más importantes de Europa, en términos políticos, económicos y culturales. En esta Comunidad trabajan, estudian, se esfuerzan y viven cada día cerca de seis millones y medio de hombres y mujeres. Ni la Comunidad de Madrid ni esos hombres y mujeres se merecen el bochorno al que les están sometiendo precisamente aquellos que son responsables de velar por su bienestar.

El prestigio y la credibilidad de las instituciones que organizan el espacio público son factores claves para fundamentar el desarrollo colectivo y la propia convivencia. Y cuando ese prestigio y esa credibilidad se ven vituperados hasta la indignidad, como es el caso de la Comunidad de Madrid en estos momentos, el daño infringido desborda a gobiernos, parlamentos y partidos, hasta alcanzar al corazón de la sociedad misma.

El crédito de las instituciones madrileñas viene siendo arrastrado por el lodo de la corrupción y la mentira desde hace muchos años. El faraonismo dolosamente despilfarrador de Gallardón, el latrocinio sin límite de las ranas de Esperanza Aguirre, y ahora la vergüenza de los títulos usurpados por Cifuentes, han deteriorado la confianza ciudadana en la política y en los políticos más allá de los límites de la ira y el desprecio.

El largo brazo de la corrupción ha alcanzado incluso a un ámbito hasta ahora incólume: la universidad pública madrileña. La pretensión indigna de unos por engordar fraudulentamente su currículum, y el afán no menos indigno de otros por congraciarse con el poder a toda costa, está ocasionando un deterioro brutal en el crédito de la institución universitaria en general.

Centenares de miles de estudiantes y profesores se ven ahora sometidos a una sospecha y una desconsideración tan infundadas como injustas, porque en la universidad pública madrileña se trabaja mucho, se trabaja bien y, sobre todo, se trabaja desde la honestidad general. Personalmente he visto en estos días a profesores humillados y a estudiantes deprimidos hasta el llanto, a causa de la sucesión inacabable de las noticias vergonzosas que se suceden día tras día en medios de comunicación, con alcance en Madrid, en España y en todo el mundo.

La situación es insostenible. Cifuentes debería haber dimitido hace tiempo. El PP debería haber forzado su marcha hace semanas. Ciudadanos debiera haberle retirado su apoyo el mismo día en que estalló este escándalo último y definitivo. Pero no lo han hecho.

Por eso es de reconocer y de agradecer el paso adelante dado por Ángel Gabilondo, el Grupo Parlamentario Socialista y la dirección del PSOE de Madrid. Los socialistas no somos dados a iniciativas testimoniales ni a decisiones sin fruto positivo y cierto. No sabemos si la moción de censura prosperará o no prosperará, porque la aritmética parlamentaria sitúa hoy tal decisión en las manos de Albert Rivera y el grupo de Ciudadanos. Pero un elemental sentido de la responsabilidad nos ha llevado a adoptar esa medida extrema.

Es cierto que apenas queda un año de legislatura en la Comunidad de Madrid. También es verdad que en doce meses no hay tiempo suficiente para desarrollar un programa de cambios profundos, como necesita y demanda ya una mayoría en la sociedad madrileña. Y, desde luego, somos conscientes de que la decisión última en orden a impulsar un desarrollo justo en Madrid y regenerar sus instituciones ha de dilucidarse en las urnas, con el voto de la ciudadanía.

Pero estamos en una situación de emergencia democrática. Urge rescatar la dignidad de las instituciones madrileñas, universidad incluida. Resulta imprescindible garantizar que la presidencia de la Comunidad de Madrid y cada uno de sus centros de decisión se ponen al servicio de la sociedad y no a la orden de intereses particulares y espurios. Y la recuperación del crédito de la democracia española no puede esperar un año. No puede esperar ni un día más.

Ángel Gabilondo es, además, una garantía absoluta en la formación de un Gobierno para superar esta emergencia democrática y recuperar la dignidad de las instituciones madrileñas.

Ha de reconocerse también la disposición positiva del grupo parlamentario de Podemos, con un comportamiento muy alejado de eso que Rivera llama “el reparto de sillones”.

Ahora, la clave está en Ciudadanos, y su decisión es tan simple como relevante. O contribuyen a dignificar la vida política en Madrid, o siguen intentando administrar a una Cifuentes agónica en puro cálculo electoralista. O actúan en interés de la ciudadanía madrileña, o actúan en interés propio. O dignidad, o indignidad. O Gabilondo o Cifuentes. Ya no hay postureos o máscaras que valgan. En esta decisión se retratarán, para Madrid y para el conjunto de España. Para hoy y para mañana.

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En la ceremonia de la confusión que tiene lugar en la política catalana de estos días, algunos pretenden hacer pasar a las víctimas por agresores y a los agresores por víctimas. Sin embargo, el engaño cada día es más evidente y los dispuestos a dejarse embaucar son cada vez menos, en Cataluña, en el resto de España y, como están comprobando dolorosamente, también en el conjunto de Europa.

Las víctimas son, por este orden, la ciudadanía catalana y del conjunto de España, así como las instituciones democráticas que en Cataluña y en el resto de España están llamadas a asegurar su convivencia, sus libertades y el desarrollo colectivo. Los agresores son, sin lugar a la duda, aquellos que pretenden imponer sus ambiciones sobre la legalidad democrática. Y aquellos que buscan imponer sus ensoñaciones por encima del derecho de catalanes, españoles y europeos a vivir en paz, ajenos a la amenaza del nacionalismo populista y supremacista que tantos dramas ocasionó durante el siglo pasado.

La democracia española se defiende de sus agresores, claro. Está en su legítimo derecho. Cuando se subvierte la ley democrática, cuando se socavan los cimientos del Estado de Derecho, cuando se proclama la sedición y la ruptura del orden constitucional que garantiza los derechos y las libertades, la sociedad organizada se defiende. Y quienes la amenazan son obligados a comparecer ante la Justicia y asumir sus responsabilidades. Claro. Lo sorprendente es que se sorprendan. ¿Qué pensaban?

La historia moderna de España es una historia trágica. Durante los dos últimos siglos los españoles fuimos incapaces de entendernos para establecer siquiera unas reglas básicas de convivencia. Las desigualdades sociales, las diferencias religiosas, el papel del ejército, la forma del Estado, las identidades territoriales… Cualquier motivo, o todos los motivos a la vez, eran buenos para exacerbar las diferencias, generar conflictos y frustrar cualquier oportunidad de desarrollo común.

Hasta 1978. Para sorpresa de muchos, y para satisfacción y agradecimiento de las generaciones presentes, los españoles de la Transición fueron capaces de superar siglos de desencuentros y violencias para alcanzar un pacto. El pacto constitucional no resolvía de un plumazo todas las diferencias y todos los problemas endémicos del país, pero establecía unos fundamentos comúnmente aceptados, para posibilitar un proyecto colectivo en paz, junto al resto de los pueblos de Europa.

Ese pacto incluía un modelo territorial que, al modo federal de otras naciones de conformación plural, aseguraba a un tiempo unidad y respeto a la diversidad, igualdad de derechos y descentralización política. Y el pacto fue votado muy mayoritariamente en toda España, y muy especialmente en Cataluña. Es un pacto perfectible, desde luego. Es un pacto a perfeccionar, de hecho, pero a perfeccionar desde el mismo consenso que le dio vida.

Sin embargo, ahora unos cuantos han decidido que ya está bien de Constitución, de pacto, de consensos y de convivencia. Han decidido que hay que volver a las andadas, al desencuentro y al conflicto. Han decidido que, pese a estos cuarenta años de convivencia en paz, de desarrollo próspero y de descentralización máxima, es hora de romper los cimientos del pacto constitucional. Han decidido fracturar un país, España. Hacerlo desaparecer, sin más. Y han decidido hacerlo por la bravas, porque sí, porque “Cataluña es nuestra”, en el elocuente discurso supremacista de Ernst Maragall.

En la democracia española, todas las ideas legítimas, y el independentismo lo es, pueden defenderse, si se hace respetando los derechos de quienes no compartimos esas legítimas ideas independentistas. ¿Cómo? Acudiendo a los procedimientos que proporciona el Estado de Derecho. Podrían haber planteado sus propuestas de forma abierta en las instituciones, para posibilitar el diálogo y un eventual entendimiento. O podrían haber planteado una iniciativa de reforma constitucional, en el Parlamento catalán primero, y en el Congreso de los Diputados después.

Y hubiéramos hablado, y hubiéramos debatido, y posiblemente hubiéramos votado. En la sede de la representación de todos los españoles, porque a todos los españoles concierne la integridad de nuestro país y el futuro colectivo. Y yo hubiera votado contra la secesión, desde luego. Puede que contra la secesión hubiera votado la mayoría. De hecho, este es el argumento dudosamente democrático que esgrimen los independentistas catalanes para desechar lo que llaman la “vía Ibarretxe”.

Claro que hay caminos alternativos a los de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a las mayorías. En España y en el resto de Europa los conocemos bien. De hecho, los independentistas han de saber que haremos todo lo posible para no se repitan, dentro de la ley.

Somos humanos, y no podemos dejar de empatizar con quienes sufren cárcel y desgarro familiar, por alejados que estemos de sus ideas e intenciones. Pero tampoco podemos ignorar a las víctimas más que seguras que hubiera generado la inacción de la Justicia, en un escenario de vulneración impune de la legalidad constitucional y de vuelta al conflicto civil, tan dramáticamente presente en nuestra historia.

 

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Si el populismo consiste en anteponer los criterios de oportunidad sobre los principios, y en la prevalencia de la búsqueda de titulares sobre la búsqueda de soluciones, Ciudadanos es el partido más populista de España.

Los ejemplos con los que ilustrar esta afirmación son abundantes. El más reciente es el abandono de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico. Se trata de la comisión parlamentaria encargada de analizar las necesidades de nuestro modelo territorial, con el objeto de promover reformas que contribuyan a mejorar tanto la funcionalidad de nuestro Estado como la propia convivencia en una sociedad con identidades plurales.

Ciudadanos ha abandonado abruptamente esta Comisión con los trabajos apenas iniciados, a pesar de que buena parte de su discurso descansa precisamente en la necesidad de hacer frente a los desafíos del modelo territorial español. La discusión sobre el orden de comparecientes, que han utilizado como coartada, camufla apenas la pretensión oportunista de seguir apareciendo como l’enfant terrible de la política española, sin complicidad alguna con las formaciones más tradicionales.

Este episodio tiene lugar apenas una semana después del espectáculo ofrecido por el partido naranja en el propio Pleno del Congreso, a cuenta del debate sobre la prisión permanente. Uno tras otro, los portavoces de todos los grupos mostraron su asombro e incredulidad ante el viraje de 180 grados que llevó a Ciudadanos desde la firma con el PSOE en 2016 de un compromiso para la “derogación inmediata” hasta la propuesta actual de cadena perpetua y endurecida. Al calor del dramatismo que genera la actualidad, claro está.

Sin salir del Congreso de los Diputados, hemos de tomar nota de otra contradicción flagrante. Cada fin de semana, Rivera y los suyos ofrecen grandes lecciones sobre regeneración y calidad democrática. Algunos lunes, incluso, denuncian las limitaciones de nuestra legislación electoral y reclaman reformas para que la representación del pueblo se parezca más al propio pueblo. Sin embargo, el afán hiper-democrático se agota inexorablemente cada martes, cuando Ciudadanos une sus votos al PP para vetar la tramitación siquiera de todas las proposiciones de ley que firman los partidos de la oposición. No sea que adquieran algo de protagonismo.

El contraste entre el discurso y los hechos del partido naranja en relación a la calidad de nuestra democracia se extiende a otras instituciones. Sin ir más lejos, aquí en Madrid, y durante los tres últimos años, Ciudadanos ha tenido cada día la oportunidad de elegir entre dos tipos de Gobierno: o el Gobierno continuista del PP de Gonzalez y Granados, de Gurtel, Púnica y Lezo, o el Gobierno de Ángel Gabilondo. Pero Rivera no ha tenido duda nunca de a quien arropar cuando se trata de dirimir el poder en el centro político, económico y financiero de España. Calidad democrática aparte, desde luego.

Incluso en Cataluña, epicentro de su movimiento, el partido Ciudadanos mantiene una actitud guiada antes por la maximización permanente de sus intereses electorales que por la solución al enredo fenomenal causado por el desafío secesionista.

La firme voluntad oportunista de Rivera, Arrimadas y compañía se demuestra claramente en la secuencia de sus reivindicaciones y renuncias en torno al poder. Cuando la reivindicación de la presidencia de la Generalidad catalana tan solo equivalía a una toma de postura incómoda para sus rivales constitucionalistas, Ciudadanos reclamó una moción de censura en el Parlamento catalán. Sin embargo, ahora que la candidata de Ciudadanos cuenta con la legitimidad, nada menos, de encabezar el partido más votado en Cataluña, ni tan siquiera acepta que se insinúe la posibilidad de intentar una investidura.

El teatrillo que la derecha naranja interpreta en cada rueda de prensa, buscando el cuerpo a cuerpo con la derecha azul, puede resultar entretenido, incluso convincente para algunos incautos. A la hora de la verdad, por el contrario, cuando se analizan los posicionamientos realmente determinantes para el poder, el poder de verdad, el poder económico, financiero y mediático, el partido de Rivera no se aparta ni un milímetro de lo que se espera de un partido de orden, del orden conservador. Ahí están los presupuestos, y la reforma laboral, y la subida del 0,25% en las pensiones, y la ley Wert…

¿Populismo? En España es de color naranja intenso.

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El impulso formidable que experimenta el movimiento feminista está logrando visibilizar las peores consecuencias de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres, incluso en sociedades, como la nuestra, que han constitucionalizado el derecho a la igualdad y que han desarrollado una legislación garantista al respecto.

Por tanto, los síntomas del machismo están identificados, denunciados y condenados socialmente. La sociedad está sensibilizada y las instituciones multiplican las iniciativas destinadas a atajar agresiones y discriminaciones, a proteger a las víctimas, a castigar a los culpables de machismo irredento.

Pero los síntomas persisten. Las expresiones viejas y nuevas del machismo siguen ahí, incluso se acentúan en algunos aspectos entre las nuevas generaciones. Las relaciones de pareja siguen siendo desequilibradas. Las responsabilidades que se asumen en el seno del hogar continúan siendo desiguales. Ellas tienen más paro, asumen los peores contratos, cobran menos y sufren los mayores obstáculos en sus carreras profesionales. El acoso, la agresión física, el feminicidio, apenas retroceden.

¿Por qué? Porque las enfermedades no remiten con el tratamiento de los síntomas. Las denuncias, las campañas, las leyes, los recursos públicos, coadyuvan a aliviar la sintomatología del machismo, pero no lo curan.

La raíz del machismo a extirpar está en un ancestral reparto de funciones entre hombres y mujeres que subordina a las segundas respecto a los primeros. Los hombres ejercen la autoridad y la fuerza; son los encargados de proveer de bienes; son los responsables de aportar seguridad. Las mujeres ejercen un papel gregario y eminentemente afectivo; asumen la función clave de la maternidad; son las responsables de los cuidados y el confort.

Esta distribución desigual de roles tiene su reflejo en las relaciones de pareja. Si ellos entienden que la sociedad les atribuye el mando, la seguridad y la provisión de recursos, resultará difícil de aceptar que ellas pretendan ejercer su autonomía, ignorar el mando e, incluso, abandonarles cuando la relación no les satisfaga. Y si ellas asumen como natural la subordinación, por muchas campañas y muchas leyes que hagamos, la discriminación se mantendrá incólume.

El juego de roles sociales repercute directamente sobre las condiciones laborales y el desarrollo profesional de unos y otros. Si las mujeres tienen atribuida la función del cuidado de la familia, asumirán los contratos que resulten más compatibles con el ejercicio de la maternidad y la atención a la prole. Y esos son los contratos más precarios, con los peores salarios. Si la prioridad de la mujer ha de ser el cuidado familiar, ellas son las más proclives a ralentizar, interrumpir o renunciar a las mejores carreras profesionales…

Si ellos son los que mandan, los portadores de la fuerza y los garantes de la seguridad, resulta explicable que algunos hombres sucumban a la psicopatología de creerse con derecho a someter y agredir a las mujeres. La violencia de género tiene una raíz que va más allá de la superioridad física. La raíz está también en la enfermedad del machismo.

En consecuencia, hemos de celebrar cada victoria del feminismo en la visualización de la desigualdad de las mujeres. Hay que festejar cada derrota del machismo en la consideración social, en la iniciativa legislativa, en la disposición de políticas y de recursos. Pero si queremos afrontar el fondo del problema, su causa última, hay que ir mucho más allá.

La tarea no puede limitarse al activismo social o a la institucionalidad política. La tarea tiene más que ver con la transformación de las creencias sociales más básicas, con el cambio cultural más íntimo, con los principios y valores sobre los que se asienta la convivencia. Hasta que no nos convenzamos todos y todas, ellos y ellas, de que las funciones sociales han de ser compartidas por igual, sin desigualdades ni discriminaciones, sin prevalencias ni gregarismos, el machismo seguirá rigiendo nuestras vidas.

Este ocho de marzo ha sido un aldabonazo. Ojalá llegue hasta el corazón del machismo. Y acabe con él.

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Los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos, enfrentados en otras lides, han logrado ponerse rápidamente de acuerdo para proponer una reforma express del régimen electoral español que beneficia a sus dos formaciones de manera casi exclusiva.

En estos días se han dirigido a otros grupos y han hecho público un documento de “simulaciones”, en el que denuncian el régimen electoral vigente por “falsear” la voluntad de la ciudadanía, y reivindican cambios rápidos en el sentido de la “igualdad” y la “proporcionalidad”.

En realidad tan solo concretan una reforma: abandonar el sistema D’Hont y aplicar el sistema Sainte-Lague en el reparto matemático de los escaños. Y no esconden la justificación: con los votos de 2016 el nuevo sistema suma 12 escaños más para Ciudadanos y 6 escaños más para Podemos.

Desde el Grupo Socialista hemos escuchado atentamente las explicaciones y hemos leído con detenimiento esas simulaciones en las que algunos partidos perdemos escaños, otros se mantienen igual, y tan solo los dos firmantes salen beneficiados. Al parecer, les ha extrañado nuestro escaso entusiasmo con la idea, y a nosotros nos ha extrañado su extrañeza, claro está.

La regulación del régimen electoral forma parte de las reglas del juego democrático y, en consecuencia, cualquier reforma debe plantearse al margen de intereses partidarios y coyunturales. Precisamente esta fue la razón del reproche generalizado que sufrió el PP de Cospedal en Castilla-La Mancha tras la reforma unilateral de 2012 y 2014. Porque los cambios en las reglas del juego han de hacerse desde el rigor, atendiendo a criterios de interés general y buscando siempre el máximo consenso.

El PSOE se ha manifestado partidario de impulsar reformas para mejorar nuestro régimen electoral. Ahora bien, se trata de mejorar, no de empeorar, y se trata de mejorar para el interés de la sociedad española y no para el interés de uno o dos partidos.

Podemos modificar la legislación electoral, por ejemplo, para asegurar la representación de las mujeres con listas cremallera; para facilitar el voto a los españoles residentes en el exterior; para reforzar el derecho al sufragio activo y pasivo de la ciudadanía del resto de Europa en las elecciones municipales; para eliminar trabas en el voto de las personas con discapacidad… También podemos reforzar los derechos democráticos de ciudadanía mediante el desbloqueo de las listas electorales o introduciendo el voto electrónico con las debidas garantías.

Se puede mejorar el procedimiento electoral vigente obligando a los partidos a elegir candidatos o candidatas a la Presidencia del Gobierno mediante primarias abiertas,  estableciendo debates obligatorios, intensificando los controles de los gastos electorales, o eliminando la prohibición absurda de publicar encuestas en la última semana de campaña.

Se pueden y se deben afrontar otras reformas en clave de regeneración democrática, para asegurar que los parlamentarios y las parlamentarias se dedican a sus actividades en régimen de dedicación absoluta, excluyendo las actividades privadas que puedan generar conflictos de intereses. Se puede evitar el uso abusivo del veto presupuestario del Gobierno a las iniciativas legales de la oposición. Y se puede facilitar la Iniciativa Legislativa Popular, tramitar los Decretos-Leyes como Proyectos de Ley mediante la solicitud de dos grupos parlamentarios, y reeditar el pacto anti-transfuguismo tumbado por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Estas sí que son reformas de interés para todos.

Y puede estudiarse una mejora en la representatividad del sistema electoral. Pero habrá que hacerlo reconociendo primero que el sistema de reparto de escaños en vigor, el famoso D’Hont, siendo perfectible, ha proporcionado servicios estimables a la democracia española: posibilitando la alternancia en el poder, facilitando la representación de fuerzas mayoritarias y minoritarias, con Gobiernos de mayoría absoluta y mayoría relativa, beneficiando y perjudicando alternativamente a todos los actores políticos, en función de los votos obtenidos por cada cual.

Por ejemplo, en las últimas elecciones de Cataluña (2017) Ciudadanos obtuvo un 26,7% de los escaños en el Parlament con solo el 25,3% de los votos, mientras el PSC obtenía el 12,6% de los escaños con el 13,9% de los votos. Por su parte, Podemos obtuvo el 21% de los escaños en la Asamblea de Madrid con solo el 18,6% de los votos en las elecciones autonómicas de 2015.

En el propósito de mejorar nuestro sistema electoral cabe hablar de representatividad y de proporcionalidad, desde luego, pero hay que contemplar también otros principios, como el de estabilidad y gobernabilidad. La aprobación de los presupuestos generales de 2017 requirió el acuerdo entre cinco partidos. Dada la fragmentación de la representación electoral, en muchos países de Europa se están estudiando fórmulas en el sentido de reforzar mayorías, no de debilitarlas. También hay que contar con estos argumentos.

Pero es que la propuesta de Podemos y Ciudadanos no mejora la representatividad y la proporcionalidad de nuestro sistema electoral, sino que tan solo mejora su representación particular, la de ellos dos. Desde luego reduce la representación de PSOE y, sobre todo, de PP. Prácticamente no afecta a los partidos nacionalistas. Sin embargo, ¿qué ocurre con otros partidos más pequeños? En 2015, UPyD obtuvo cerca de 150.000 votos, que en un sistema proporcional puro equivaldrían a 2 escaños. En 2016, PACMA recogió cerca de 300.000 votos, que podrían haber supuesto al menos 3 escaños puramente proporcionales. Pero ni UPyD ni PACMA aparecen con representación en las “simulaciones” de Podemos y Ciudadanos.

Las alternativas al sistema D’Hont son muchas y diversas. Podemos y Ciudadanos proponen ahora el sistema Saint-Lague, pero hace tan solo un año Podemos proponía públicamente la aplicación del sistema Cociente Hare, y en otras ocasiones unos y otros se han referido al Cociente Droop y al sistema Hagenbach-Bischoff. ¿Por qué razón han ido variando? Según encontraban fórmulas mejores para sus propios intereses electorales.

Además, ellos y nosotros sabemos que la forma realmente efectiva de introducir más proporcionalidad en el sistema electoral pasa por modificar las circunscripciones, y esta es una Reforma con letras mayúsculas, porque requiere tocar la Constitución.

En definitiva, estudiemos las distintas opciones para mejorar el sistema electoral. Pero hagámoslo pensando en el interés general y no en el interés coyuntural de uno u otro partido. Hagámoslo con rigor, sin improvisaciones, en el seno de la comisión parlamentaria que se creó para tal fin. Y hagámoslo sin perder de vista el consenso necesario y conveniente para todo lo que afecta a las reglas del juego democrático.

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