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Archive for the ‘PSOE’ Category

La derecha española ha confirmado, una vez más, ese viejo defecto que le lleva a tratar cada pérdida del poder como si de una vil usurpación se tratara. El tiempo pasa, pero muchos dirigentes conservadores siguen mostrando una muy lamentable concepción patrimonial del poder público.

Desde Rajoy hasta Hernando, pasando por decenas de portavoces territoriales, buena parte del PP ha salido en tromba a descalificar como ilegítima la moción de censura que ha provocado su salida del Gobierno. El ya ex-presidente ha llegado a calificar como “estigma” y “precedente grave en la democracia” la aplicación de un precepto vigente en nuestra norma constitucional.

El PP intenta socavar la legitimidad del nuevo Gobierno con el argumento de que su Presidente “no ha ganado las elecciones”. Se trata de un tosco intento de confundir a la opinión pública. En la democracia parlamentaria española no gobierna el candidato del partido que más votos obtiene de los electores, sino aquel que es capaz de concitar más apoyos entre los representantes de la ciudadanía en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.

No muy lejos de la propia sede madrileña del PP se encuentra el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital, en el que los populares desalojaron en su momento al PSOE de la alcaldía, a pesar de que el socialista Juan Barranco fuera el candidato más votado por los ciudadanos. Rajoy debiera recordarlo bien, porque ya era por entonces un dirigente destacado de la derecha fraguista.

El artículo 113 de la Constitución es tan legítimamente aplicable como lo es el 99, que sirvió para hacer Presidente a Mariano Rajoy, o como lo es el 155, ejercido por el Gobierno del PP con el leal apoyo de la oposición socialista. Tachar como fraudulento a un Gobierno avalado por la mayoría absoluta del Congreso tan solo refleja una querencia constitucional lamentablemente selectiva.

Los dirigentes conservadores aducen también que los 84 diputados socialistas denotan una “debilidad extrema”, y que los apoyos de “grupos extremistas de izquierda e independentistas sectarios” responden a “oscuros pactos en los despachos”. Pero lo primero es ya una tónica generalizada en los gobiernos europeos, y en muchos gobiernos municipales y autonómicos de España. Y lo segundo es sencillamente una falacia, desmentida por sus propios protagonistas. ¿Alguien puede creer que la designación de Borrell como ministro puede formar parte de un “pacto oculto” con los independentistas?

Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno de España porque esa ha sido la voluntad democrática de la gran mayoría de los representantes de los españoles en el Parlamento, aplicando con plena legitimidad un precepto de la Constitución vigente.

Es más, esa panoplia amplia y diversa de partidos y grupos parlamentarios solo pudo activarse gracias al evidente respaldo popular a la moción de censura. Tras la divulgación de la sentencia del caso Gürtel, el clamor de la sociedad española obligaba a sus representes a exigir la responsabilidad política del Gobierno del PP y a recuperar la dignidad de las instituciones democráticas con un nuevo Presidente.

El alivio y la esperanza son los sentimientos dominantes entre la mayoría de los españoles desde la aprobación de la moción de censura el pasado primero de junio. Y el desafío al que se enfrenta el nuevo Gobierno consiste precisamente en dar satisfacción a tan altas expectativas con una gestión a la vez prudente y ambiciosa, humilde y con alcance.

El Presidente Sánchez ha establecido una hoja de ruta muy razonable: censura, estabilidad y elecciones. La censura está lograda y el Gobierno Rajoy ya es historia. La estabilidad a perseguir debe ser institucional, social y territorial: limpiando el espacio público de corrupción; atendiendo las urgencias sociales que han provocado las reformas injustas de la derecha; y reconduciendo los conflictos territoriales mediante el diálogo y el acuerdo, en el marco de la Constitución y las leyes. Tras todo esto, las elecciones.

Las mujeres y los hombres elegidos por Pedro Sánchez para conformar este Gobierno esperanzador han sido muy bien recibidos en la sociedad española, por sus trayectorias, sus capacidades y sus talantes a favor del diálogo y la calidad democrática.

Los 84 diputados y diputadas del Grupo Socialista en el Congreso, junto a los senadores y senadoras socialistas, estamos dispuestos para dar apoyo leal y eficaz a este Gobierno, en una actitud de permanente búsqueda del entendimiento con los demás representantes de la ciudadanía española. Porque responde a la necesidad, sí. Y porque nos lo creemos, también.

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El día 2 de mayo se cumplieron 139 años desde la fundación del PSOE por un puñado de obreros en una fonda de la madrileña calle de Tetuán. La efemérides más que centenaria del Partido Socialista coincide con la borrachera demoscópica de otro partido, Ciudadanos, que el próximo mes de junio cumplirá su duodécimo año de vida, entrando casi en la adolescencia política.

Esta diferencia abismal de edades, y la soberbia que suele acompañar a las buenas encuestas, ha intensificado el conocido afán de los dirigentes de Ciudadanos por descalificar precisamente al PSOE, al que ellos llaman de forma peyorativa “partido viejo”. En realidad, tal descalificación logra de entrada un efecto contrario al buscado, porque pone de manifiesto el vivo contraste entre el proyecto históricamente consolidado de los unos, frente a la coyunturalidad posiblemente efímera de los otros.

Con seguridad, la fortaleza persistente del PSOE ha de resultar tan incomprensible como irritante para quienes viven la política desde la espuma del surfeo en la actualidad, desde la gestión de las últimas modas en la opinión pública, y desde la complicidad interesada de los poderes financiero-mediáticos. ¿Pero qué hacen aún ahí estos socialistas que ni están de moda, ni quedan bien en las encuestas, ni tienen el favor de la uno, ni de la dos, ni de la tres, ni de la cuatro, ni de la cinco, ni de la seis…?

Y es que, en democracia, el vigor político no se mide mediante al peso de los elogios de los tertulianos o las falsas promesas de votos en encuestas de diseño. Cuando este partido de moda acabe la escuela secundaria de la política, se dará cuenta de que el auténtico éxito en política ni tan siquiera tiene que ver con la telegenia del líder o el acierto de los cortes en el último programa de radio. Entonces entenderán que solo hay dos cosas realmente importantes para la madurez de un partido: su razón de ser y su credibilidad.

La razón de ser del PSOE es incluso más vieja que sus siglas. Se trata de hacer justicia, se trata de combatir las desigualdades. Más allá de modas, de encuestas y de concursos de telegenia para partidos adolescentes, los españoles saben que el PSOE existe desde hace casi siglo y medio para conquistar avances en igualdad, en libertad y en justicia. Y saben que cuando un socialista gobierna, sea donde sea, sea cuando sea, lo hace para lograr más justicia. Y saben que cuando un socialista hace oposición, lo hace también para lograr más justicia, cada día, en cada lugar.

Y la credibilidad del PSOE está en su historia, en sus hechos, en la coherencia y el empeño de su gente. Claro que se han cometido errores, y ha habido incumplimientos, y se han aprovechado sinvergüenzas. Pero los españoles saben que el balance de la aportación del Partido Socialista a la historia del último siglo y medio de la sociedad española es un balance netamente positivo.

Y saben que algunas de las mejores páginas de esa historia se han escrito con puño, con letra y con tinta socialista. A veces, también, con sacrificio y con sangre socialista. Desde el fin del trabajo infantil hasta la jornada de 40 horas y el descanso dominical. Desde el consenso constitucional hasta el fin de ETA. Desde la universalización de la sanidad pública hasta la ley de la dependencia. Desde las becas para el acceso obrero a la universidad hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo…

¿Viejos? Hay algo de gerontofobia en esas expresiones, además. Las sociedades más avanzadas y más sabias son las que más respeto muestran por los mayores, y no las que desprecian todo aquello que les antecedió.

La “vejez” del PSOE proporciona firmeza en los principios, a salvo de modas, encuestas o posibilismos. Por eso entre los socialistas no se dará aquello de firmar hoy por la abolición de la cadena perpetua, para abrazar mañana esa misma cadena perpetua al calor de la indignación popular por el último crimen. Por eso en el PSOE no se denunciará un día la “descomposición” del PP en Madrid, para respaldar a ese mismo PP en el día siguiente.

Esa “vejez” aporta experiencia para no adoptar decisiones a golpe de encuesta mañanera. Y reporta cantera, mayor y joven, con mochila de gobierno y con mochila de originalidad, porque se ha gobernado mucho, y se ha hecho mucha oposición, y se ha trabajado mucho codo a codo con la sociedad española, en cada tiempo y en cada rincón. Sin necesidad de fichajes improvisados y efectistas de última hora.

Y la “vejez” aporta, sobre todo, confianza. Confianza en el compromiso acreditado con unos valores y en la solvencia de un trabajo que puede contrastarse, medirse, valorarse.

¿Viejos? Cuando algunos despierten de la borrachera de la moda y las encuestas mareantes, el PSOE seguirá aquí, cumpliendo años, y cumpliendo con su razón de ser. Una razón tan vieja como la desigualdad.

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El auge y caída de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid podría servir de argumento para una película acerca de una determinada concepción del poder político. De hecho, la etapa de gobierno del PP madrileño entre 1995 y hoy mismo daría para toda una serie, que rivalizaría claramente con los seriales más rentables de las factorías HBO o Netflix, en cuanto a la crueldad de los personajes o los giros dramáticos en el guion.

Para la gran mayoría de quienes dedicamos nuestro esfuerzo a la tarea política, quiero pensar, el poder político responde precisamente a aquello que establece el diccionario de la Real Academia: la facultad o potencia de hacer. Se trata, por tanto, de un instrumento habilitante y capacitador para llevar a la práctica unas ideas determinadas en búsqueda del bien común.

En democracia, por tanto, el poder constituye una oportunidad que concede temporal y condicionadamente la ciudadanía para llevar a cabo un programa político concreto, atendiendo al interés general y sometido a los controles legales. Y el poder es, al mismo tiempo, compromiso para con el resto de la sociedad y responsabilidad en el cumplimiento del cometido correspondiente.

Para cualquier responsable político sería absurdo abjurar del poder o rechazarlo de forma voluntaria. El poder de gobernar o de legislar, por ejemplo, permite adoptar decisiones que transformen la realidad en el sentido que indican las convicciones propias. La expresión y la reivindicación de las ideas, por interesante que resulte, siempre adolecerá de la recompensa que produce su plasmación práctica mediante el ejercicio democrático del poder. Los políticos aspiran, buscan y quieren, queremos, el poder, naturalmente.

Ahora bien, lo que la ciudadanía madrileña lleva más de veinte años contemplando en el gobierno de su Comunidad no tiene nada que ver con esta noción democrática del poder. El núcleo de dirigentes del PP que han protagonizado la política madrileña en este tiempo concibe el poder como un atributo al servicio de la voluntad personal y de los intereses propios. Se trata, además, de un poder desnudo del ropaje de la moralidad y factualmente ajeno a los controles democráticos.

Este poder se ejerce en beneficio propio, reclamando comisiones por la concesión de obra pública o usurpando un título académico para el que no se han reunido los méritos debidos. Es un poder para provecho de la camarilla propia, sean compañeros de partido, socios de empresa, familiares o amiguetes. Y se trata de un poder que faculta también para controlar, chantajear o fulminar al enemigo político, sea del partido opositor o, mucho más frecuente, sea del partido propio, mediante seguimientos policiales, “gestapillos” o dosieres.

Quienes participan de esta concepción del poder no contemplan límites legales ni éticos para alcanzarlo. Por ejemplo, corrompiendo a dos diputados para dar un golpe antidemocrático e impedir la formación del gobierno que ha ganado limpiamente las elecciones. Y si hacen lo necesario para llegar, tampoco muestran escrúpulo alguno en sus maniobras para mantenerse. Por ejemplo, acudiendo al dopaje financiero con dinero negro en las campañas electorales. Pero donde las dan, las toman, y quienes ejercen de este modo el poder suelen acabar muertos políticamente por fuego amigo. Por ejemplo, con la difusión de un vídeo personalmente humillante.

Importa mucho identificar claramente a esa minoría que ejerce el poder cual si se tratara de una mafia, para distinguirla claramente de la mayoría que concibe el poder como el ejercicio de una responsabilidad democrática y ética. Porque esto último es hacer política. Lo primero, no. Lo primero es otra cosa. Es algo contra lo que algunos llevamos dos décadas luchando en Madrid. Es algo que la sociedad madrileña no se merece y que debemos erradicar. De una vez por todas.

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Conforme se aproximan las campañas electorales van multiplicándose los reclamos del voto con contenido fiscal. Rivera anuncia la rebaja impositiva como “condición” para respaldar los Presupuestos Generales del Estado. Cifuentes se adelanta a su socio naranja proclamando nuevas reducciones en la imposición sobre renta, sucesiones y transmisiones patrimoniales. Los gobiernos autonómicos compiten en recortes de impuestos. Hasta Rajoy hace un guiño fiscal a los pensionistas enfadados por la pérdida de su poder adquisitivo.

Tales reclamos constituyen normalmente una incoherencia grave para sus autores, por cuanto en la mayor parte de los casos suele tratarse de dirigentes políticos que hacen discursos permanentes en demanda de más recursos para ejercer sus competencias. Pero, además de incoherentes, suelen resultar también del todo irresponsables, ya que las rebajas impositivas reducen sus capacidades para financiar políticas públicas con las que hacer frente a las necesidades y demandas de las comunidades que gobiernan o aspiran a gobernar.

Las promesas de rebajas fiscales pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado están aquellos que prometen menos impuestos aún a costa de reducir gastos, y por otro lado están quienes pretenden garantizar menos impuestos y más gastos a la vez. Los primeros hacen daño, los segundos engañan.

Es legítimo plantear a la ciudadanía una reducción global de los ingresos fiscales cuando se explica que tal decisión conlleva a su vez una merma en la capacidad de gasto y, por tanto, de las políticas públicas que atienden las necesidades sociales. Es el discurso neoliberal de “el dinero está mejor en el bolsillo de la gente”, que equivale al “cada cual se las apañe” y “sálvese el que pueda”. Menos ingresos y menos gasto público implican sociedades en las que cada ciudadano y cada ciudadana satisfacen sus necesidades y demandas, de educación, de sanidad, de servicios sociales, por ejemplo, en función de sus propias condiciones económicas. Son sociedades profundamente desiguales.

También resulta legítimo, desde luego, plantear el mantenimiento, incluso el aumento de los ingresos fiscales a fin de mejorar así las capacidades de la sociedad para promover el bienestar colectivo. Y tal aumento puede resultar de una fiscalidad progresiva, en la que paguen menos quienes menos tienen y ganan, y en la que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden. Hablamos ahora del discurso progresista o socialdemócrata que apuesta por sociedades equitativas, cohesionadas y justas, en las que la acción pública promueve la igualdad de oportunidades y no abandona a su suerte a los menos afortunados.

Sin embargo, lo que no resulta legítimo es prometer al mismo tiempo reducciones generalizadas de impuestos y aumentos generalizados del gasto. Porque esto equivale a engañar a la ciudadanía. El engaño puede camuflarse durante un tiempo a base de incrementar la deuda, o derivando culpas a otras instancias, léase el Estado, léase Europa o léase cualquier otra coartada. También pueden esgrimirse argumentos pre-científicos, como la famosa “curva de Laffer”, equivalente al milagro evangélico del pan y los peces. Pero el engaño, engaño es, y así acaba poniéndose en evidencia, a veces dolorosamente para el conjunto.

España cuenta con unos ingresos públicos que representan algo más del 38% de su PIB (2016), por el 45% de Alemania, el 51% de Bélgica o el 53% de Francia. Mientras tanto, nuestro gasto público sobre PIB alcanza el 42%, por el 44% de Alemania, el 53% de Bélgica y el 56% de Francia, por continuar con los mismos ejemplos de nuestro entorno europeo.

Por tanto, quienes en nuestro país planteen nuevas bajadas de impuestos, en realidad están proponiendo reducir unos ingresos públicos muy mermados ya respecto a la mayoría de los países europeos. Y a menores ingresos, menores gastos públicos, claro está. A no ser que se esté planteando un aumento significativo del déficit público, lo que nos situaría fuera de la disciplina presupuestaria de la Unión Europea.

Rajoy y Montoro, por ejemplo, decidieron en el año 2015 imponer una reforma fiscal con grandes ventajas para el 10% de las rentas más altas del país. Esta rebaja fiscal está suponiendo una merma de 13.000 millones anuales en los ingresos públicos, con los que se podría haber hecho frente a la subida de las pensiones conforme al IPC, al aumento del presupuesto en ciencia e investigación, la mejora de las becas recortadas o la atención a los 300.000 dependientes en lista de espera.

Se trata de una opción ideológica, tan legítima como censurable. Pero que debe aclararse a la ciudadanía cuando se lanzan reclamos electoralistas en forma de rebaja fiscal. Porque la rebaja fiscal supone para la gran mayoría un pequeño alivio momentáneo, si acaso, y una frustración profunda y duradera por la insuficiencia financiera de las políticas públicas.

Especialmente llamativa resulta la competición que PP y Ciudadanos mantienen en el Parlamento nacional y en varias comunidades a cuenta de las rebajas fiscales. Cifuentes se ha adelantado en Madrid a su media naranja prometiendo grandes rebajas en el tramo autonómico del IRPF, en sucesiones para parientes alejados y en transmisiones patrimoniales. Serán cientos de millones de euros perdidos para las arcas públicas. Pero este anuncio se hace al tiempo que se reivindican más recursos del Estado en el reparto de la financiación autonómica, y mientras la ciudadanía madrileña padece la peor financiación por habitante en sanidad, educación y servicios sociales.

Desde luego, la suficiencia no ha de ser el único principio con el que aplicar una política fiscal adecuada. También han de contar la progresividad y la eficacia recaudatoria, acotando elusiones y fraudes. La armonización fiscal en España respecto a sus tributaciones autonómicas, y en Europa respecto a sus Estados, constituye también un objetivo ineludible.

Pero ahora que se va a acercando la campaña autonómica y municipal, conviene alertar a la ciudadanía ante el daño y el engaño de la rebaja fiscal. Como dicta el refrán, pan para hoy y hambre para muchos mañanas.

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El impulso formidable que experimenta el movimiento feminista está logrando visibilizar las peores consecuencias de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres, incluso en sociedades, como la nuestra, que han constitucionalizado el derecho a la igualdad y que han desarrollado una legislación garantista al respecto.

Por tanto, los síntomas del machismo están identificados, denunciados y condenados socialmente. La sociedad está sensibilizada y las instituciones multiplican las iniciativas destinadas a atajar agresiones y discriminaciones, a proteger a las víctimas, a castigar a los culpables de machismo irredento.

Pero los síntomas persisten. Las expresiones viejas y nuevas del machismo siguen ahí, incluso se acentúan en algunos aspectos entre las nuevas generaciones. Las relaciones de pareja siguen siendo desequilibradas. Las responsabilidades que se asumen en el seno del hogar continúan siendo desiguales. Ellas tienen más paro, asumen los peores contratos, cobran menos y sufren los mayores obstáculos en sus carreras profesionales. El acoso, la agresión física, el feminicidio, apenas retroceden.

¿Por qué? Porque las enfermedades no remiten con el tratamiento de los síntomas. Las denuncias, las campañas, las leyes, los recursos públicos, coadyuvan a aliviar la sintomatología del machismo, pero no lo curan.

La raíz del machismo a extirpar está en un ancestral reparto de funciones entre hombres y mujeres que subordina a las segundas respecto a los primeros. Los hombres ejercen la autoridad y la fuerza; son los encargados de proveer de bienes; son los responsables de aportar seguridad. Las mujeres ejercen un papel gregario y eminentemente afectivo; asumen la función clave de la maternidad; son las responsables de los cuidados y el confort.

Esta distribución desigual de roles tiene su reflejo en las relaciones de pareja. Si ellos entienden que la sociedad les atribuye el mando, la seguridad y la provisión de recursos, resultará difícil de aceptar que ellas pretendan ejercer su autonomía, ignorar el mando e, incluso, abandonarles cuando la relación no les satisfaga. Y si ellas asumen como natural la subordinación, por muchas campañas y muchas leyes que hagamos, la discriminación se mantendrá incólume.

El juego de roles sociales repercute directamente sobre las condiciones laborales y el desarrollo profesional de unos y otros. Si las mujeres tienen atribuida la función del cuidado de la familia, asumirán los contratos que resulten más compatibles con el ejercicio de la maternidad y la atención a la prole. Y esos son los contratos más precarios, con los peores salarios. Si la prioridad de la mujer ha de ser el cuidado familiar, ellas son las más proclives a ralentizar, interrumpir o renunciar a las mejores carreras profesionales…

Si ellos son los que mandan, los portadores de la fuerza y los garantes de la seguridad, resulta explicable que algunos hombres sucumban a la psicopatología de creerse con derecho a someter y agredir a las mujeres. La violencia de género tiene una raíz que va más allá de la superioridad física. La raíz está también en la enfermedad del machismo.

En consecuencia, hemos de celebrar cada victoria del feminismo en la visualización de la desigualdad de las mujeres. Hay que festejar cada derrota del machismo en la consideración social, en la iniciativa legislativa, en la disposición de políticas y de recursos. Pero si queremos afrontar el fondo del problema, su causa última, hay que ir mucho más allá.

La tarea no puede limitarse al activismo social o a la institucionalidad política. La tarea tiene más que ver con la transformación de las creencias sociales más básicas, con el cambio cultural más íntimo, con los principios y valores sobre los que se asienta la convivencia. Hasta que no nos convenzamos todos y todas, ellos y ellas, de que las funciones sociales han de ser compartidas por igual, sin desigualdades ni discriminaciones, sin prevalencias ni gregarismos, el machismo seguirá rigiendo nuestras vidas.

Este ocho de marzo ha sido un aldabonazo. Ojalá llegue hasta el corazón del machismo. Y acabe con él.

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Las convocatorias se suceden, los actos se llenan, las concentraciones se desbordan… Los pensionistas constituyen un colectivo paciente, pero la paciencia parece haberse agotado para un número creciente de ellos. Hasta hace bien poco mostraban un perfil político conservador y poco movilizado. Sin embargo, las cosas están cambiando.

¿Cuál ha sido el detonante? Probablemente no pueda hablarse de un solo factor. Sin duda ha influido mucho la carta recibida por cada pensionista en la que se informa de la subida de la prestación por debajo del aumento del coste de la vida, un año más. Seguro que ha tenido que ver la coincidencia de esa carta con las noticias sobre las celebraciones del Gobierno por el crecimiento de la riqueza nacional. Y con seguridad han afectado las declaraciones de la inefable presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, doña Celia Villalobos, reprochando a muchos pensionistas vivir más años de los debidos a costa de la pensión.

Pero la causa del enfado progresivo de muchos pensionistas tiene más fondo y viene de más lejos. Los pensionistas se están empobreciendo clara y gravemente desde la aplicación de los recortes impuestos por el Gobierno del PP entre los años 2012 y 2013, con la excusa de la crisis. Por virtud de aquellos recortes, los pensionistas españoles son los únicos de Europa que no ven aumentar sus prestaciones conforme se incrementan los precios, porque una ley de 2012 limita esa subida al 0,25%. Además, los pensionistas han asumido en este tiempo nuevos gastos como consecuencia de la retirada de la subvención pública a muchos medicamentos, y por causa del aumento de las facturas que corresponden a suministros básicos, como la electricidad o el gas.

No obstante, las preocupaciones muchos pensionistas no se limitan a su propia condición. En cada ocasión que tienen para transmitir preguntas o inquietudes a aquellos que les representamos en las instituciones, un gran número de pensionistas expresan preocupación por el futuro del propio sistema público de pensiones y por cómo afectará el desequilibrio de sus cuentas a las pensiones de mañana, a las propias y a las de sus hijos y nietos.

La derecha política y económica, la azul y la naranja, se equivoca en algo crucial. Para ellos, el éxito de una sociedad puede medirse en décimas del PIB o en puntos de Ibex. Para la gran mayoría de la sociedad española, sin embargo, los avances y los retrocesos tienen mucho más que ver con las condiciones de equidad y de justicia social, con el ejercicio de los derechos, con la atención a las necesidades básicas. El éxito y la dignidad misma de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Por ejemplo, a las personas que han trabajado y han cotizado toda la vida con la esperanza de asegurar una vejez sin grandes privaciones.

En su afán por reducir el gasto público, desequilibrar las cuentas de la Seguridad Social y promocionar el negocio de los fondos privados de pensiones, a la derecha se le ha ido la mano. Han buscado, como siempre, convencer a la mayoría de lo “insostenible” de nuestro sistema público de pensiones, intentando engañar respecto a las causas auténticas de su déficit actual: la reforma laboral del PP que tira salarios y cotizaciones; los regalos del PP a los empresarios en forma de reducciones injustificadas en las cotizaciones sociales; los gastos impropios que se cargan a las cuentas de la Seguridad Social; el vaciado del Fondo de Reserva que llegó a 67.000 millones de euros con el último Gobierno socialista. Es decir, causas imputables a la propia derecha.

Tanto empeño han puesto en mostrar las debilidades del sistema, para cercenarlo, para justificar la reducción del gasto, para legitimar nuevos recortes en las prestaciones, para estimular el negocio de las pensiones privadas, que han logrado generar dudas sobre la viabilidad misma de las pensiones públicas.

Y los pensionistas han tomado conciencia de la amenaza. Y se han enfadado. Y se están movilizando para defender lo que es suyo, y es de todos, y forma parte de nuestro modo de vida.

Hay razones para el enfado y para la movilización. Pero desde la garantía de que el sistema público de pensiones es perfectamente viable y tiene todo el futuro que la propia sociedad quiera darle. Con otras políticas, desde luego. Derogando los recortes del PP. Vinculando la subida de las pensiones con el coste de la vida. Equilibrando las cuentas por la vía de recuperar los salarios, racionalizar los gastos impropios, eliminar las reducciones injustificadas en las cotizaciones y aplicar los impuestos necesarios sobre las rentas, beneficios y patrimonios más privilegiados.

Hay soluciones, y llegarán más rápido si sabemos combinar el trabajo institucional que nos toca a los representantes de la ciudadanía, con la movilización justa y legítima de quienes se saben y se sienten llamados a defender en la calle el patrimonio de todos, nuestro Estado de Bienestar.

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Los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos, enfrentados en otras lides, han logrado ponerse rápidamente de acuerdo para proponer una reforma express del régimen electoral español que beneficia a sus dos formaciones de manera casi exclusiva.

En estos días se han dirigido a otros grupos y han hecho público un documento de “simulaciones”, en el que denuncian el régimen electoral vigente por “falsear” la voluntad de la ciudadanía, y reivindican cambios rápidos en el sentido de la “igualdad” y la “proporcionalidad”.

En realidad tan solo concretan una reforma: abandonar el sistema D’Hont y aplicar el sistema Sainte-Lague en el reparto matemático de los escaños. Y no esconden la justificación: con los votos de 2016 el nuevo sistema suma 12 escaños más para Ciudadanos y 6 escaños más para Podemos.

Desde el Grupo Socialista hemos escuchado atentamente las explicaciones y hemos leído con detenimiento esas simulaciones en las que algunos partidos perdemos escaños, otros se mantienen igual, y tan solo los dos firmantes salen beneficiados. Al parecer, les ha extrañado nuestro escaso entusiasmo con la idea, y a nosotros nos ha extrañado su extrañeza, claro está.

La regulación del régimen electoral forma parte de las reglas del juego democrático y, en consecuencia, cualquier reforma debe plantearse al margen de intereses partidarios y coyunturales. Precisamente esta fue la razón del reproche generalizado que sufrió el PP de Cospedal en Castilla-La Mancha tras la reforma unilateral de 2012 y 2014. Porque los cambios en las reglas del juego han de hacerse desde el rigor, atendiendo a criterios de interés general y buscando siempre el máximo consenso.

El PSOE se ha manifestado partidario de impulsar reformas para mejorar nuestro régimen electoral. Ahora bien, se trata de mejorar, no de empeorar, y se trata de mejorar para el interés de la sociedad española y no para el interés de uno o dos partidos.

Podemos modificar la legislación electoral, por ejemplo, para asegurar la representación de las mujeres con listas cremallera; para facilitar el voto a los españoles residentes en el exterior; para reforzar el derecho al sufragio activo y pasivo de la ciudadanía del resto de Europa en las elecciones municipales; para eliminar trabas en el voto de las personas con discapacidad… También podemos reforzar los derechos democráticos de ciudadanía mediante el desbloqueo de las listas electorales o introduciendo el voto electrónico con las debidas garantías.

Se puede mejorar el procedimiento electoral vigente obligando a los partidos a elegir candidatos o candidatas a la Presidencia del Gobierno mediante primarias abiertas,  estableciendo debates obligatorios, intensificando los controles de los gastos electorales, o eliminando la prohibición absurda de publicar encuestas en la última semana de campaña.

Se pueden y se deben afrontar otras reformas en clave de regeneración democrática, para asegurar que los parlamentarios y las parlamentarias se dedican a sus actividades en régimen de dedicación absoluta, excluyendo las actividades privadas que puedan generar conflictos de intereses. Se puede evitar el uso abusivo del veto presupuestario del Gobierno a las iniciativas legales de la oposición. Y se puede facilitar la Iniciativa Legislativa Popular, tramitar los Decretos-Leyes como Proyectos de Ley mediante la solicitud de dos grupos parlamentarios, y reeditar el pacto anti-transfuguismo tumbado por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Estas sí que son reformas de interés para todos.

Y puede estudiarse una mejora en la representatividad del sistema electoral. Pero habrá que hacerlo reconociendo primero que el sistema de reparto de escaños en vigor, el famoso D’Hont, siendo perfectible, ha proporcionado servicios estimables a la democracia española: posibilitando la alternancia en el poder, facilitando la representación de fuerzas mayoritarias y minoritarias, con Gobiernos de mayoría absoluta y mayoría relativa, beneficiando y perjudicando alternativamente a todos los actores políticos, en función de los votos obtenidos por cada cual.

Por ejemplo, en las últimas elecciones de Cataluña (2017) Ciudadanos obtuvo un 26,7% de los escaños en el Parlament con solo el 25,3% de los votos, mientras el PSC obtenía el 12,6% de los escaños con el 13,9% de los votos. Por su parte, Podemos obtuvo el 21% de los escaños en la Asamblea de Madrid con solo el 18,6% de los votos en las elecciones autonómicas de 2015.

En el propósito de mejorar nuestro sistema electoral cabe hablar de representatividad y de proporcionalidad, desde luego, pero hay que contemplar también otros principios, como el de estabilidad y gobernabilidad. La aprobación de los presupuestos generales de 2017 requirió el acuerdo entre cinco partidos. Dada la fragmentación de la representación electoral, en muchos países de Europa se están estudiando fórmulas en el sentido de reforzar mayorías, no de debilitarlas. También hay que contar con estos argumentos.

Pero es que la propuesta de Podemos y Ciudadanos no mejora la representatividad y la proporcionalidad de nuestro sistema electoral, sino que tan solo mejora su representación particular, la de ellos dos. Desde luego reduce la representación de PSOE y, sobre todo, de PP. Prácticamente no afecta a los partidos nacionalistas. Sin embargo, ¿qué ocurre con otros partidos más pequeños? En 2015, UPyD obtuvo cerca de 150.000 votos, que en un sistema proporcional puro equivaldrían a 2 escaños. En 2016, PACMA recogió cerca de 300.000 votos, que podrían haber supuesto al menos 3 escaños puramente proporcionales. Pero ni UPyD ni PACMA aparecen con representación en las “simulaciones” de Podemos y Ciudadanos.

Las alternativas al sistema D’Hont son muchas y diversas. Podemos y Ciudadanos proponen ahora el sistema Saint-Lague, pero hace tan solo un año Podemos proponía públicamente la aplicación del sistema Cociente Hare, y en otras ocasiones unos y otros se han referido al Cociente Droop y al sistema Hagenbach-Bischoff. ¿Por qué razón han ido variando? Según encontraban fórmulas mejores para sus propios intereses electorales.

Además, ellos y nosotros sabemos que la forma realmente efectiva de introducir más proporcionalidad en el sistema electoral pasa por modificar las circunscripciones, y esta es una Reforma con letras mayúsculas, porque requiere tocar la Constitución.

En definitiva, estudiemos las distintas opciones para mejorar el sistema electoral. Pero hagámoslo pensando en el interés general y no en el interés coyuntural de uno u otro partido. Hagámoslo con rigor, sin improvisaciones, en el seno de la comisión parlamentaria que se creó para tal fin. Y hagámoslo sin perder de vista el consenso necesario y conveniente para todo lo que afecta a las reglas del juego democrático.

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