Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘PSOE’ Category

No soy partidario de banalizar términos con una significación social relevante, como lo es, por desgracia, Herri Batasuna, organización terrorista vinculada a la banda ETA que ocasionó cerca de mil víctimas mortales durante más de cuarenta años en España. No obstante, ha sido y es tal el abuso que los portavoces de Ciudadanos hacen de la expresión “batasuna”, “batasunos” o “batasunizar”, con ánimo siempre de zaherir a sus adversarios políticos, que merece la pena analizar hasta qué punto son ellos mismos los que merecen ser aludidos con tales palabras.

Rivera, Arrimadas y compañía no utilizan el término batasuna o batasuno para aludir a criminales asesinos o cómplices de asesinos, lo que sería más preciso, sino para señalar a quienes ellos consideran gentes sectarias, radicales o intolerantes en sus pronunciamientos públicos. Últimamente, ellos mismos y sus entornos mediáticos se han referido con tales adjetivos, por ejemplo, a los socios del PSOE para la conformación del Gobierno autonómico de Navarra –Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezquerra- o a algunos de los participantes en la manifestación del Orgullo LGTBI.

La gran paradoja consiste en que el partido más radicalmente descalificador y crispador de la política española es hoy precisamente Ciudadanos. Lo curioso es que no hay portavoces políticos en este país que utilicen agresiones verbales y descalificaciones más hirientes que Rivera y Arrimadas. Mientras la portavoz parlamentaria del partido naranja denunciaba falsamente a Fernando Grande-Marlaska por “incitar al odio” y “ponernos una diana en la espalda”, tras advertir tan solo el ministro de las consecuencias políticas que tendrán los acuerdos de esta formación con la extrema derecha, muchos teníamos presente la infinidad de infamias insultantes que esta señora ha dedicado a sus contrincantes políticos en los últimos tiempos.

La señora Arrimadas ha acusado al PSOE falsamente de pactar con pro-etarras, de negociar presupuestos en las cárceles, de alquilar el uso del Falcon con indultos a delincuentes, de romper España mil veces y hasta de “ponerse a cuatro patas delante de los independentistas”. Diversos portavoces de Ciudadanos han hablado de que el PSOE “vende Navarra al independentismo” e, incluso, de que “traiciona a sus muertos”. Resulta ridículo que quien denigra de manera tan indigna a sus adversarios políticos, intente aparecer ante la opinión pública como víctima de radicalidades y exabruptos. El ministro Marlaska, al lado de Inés Arrimadas, es Santa Teresa de Calcuta resucitada.

A menudo, Ciudadanos utiliza estas prácticas de sobre actuación y de matonismo verbal para desviar la atención mediática sobre cuestiones que le generan problemas, en su propia organización y ante sus electores. Insultan más conforme más disidentes aparecen en sus filas, especialmente cuando esos críticos se corresponden con miembros fundadores y referencias del discurso más centrado y moderado en la formación. Las descalificaciones y los insultos crecen de manera directamente proporcional a la publicación de imágenes, fotografías y documentos que prueban sin lugar a dudas la disposición del otrora partido regenerador a pactar con la extrema derecha más rancia, machista, xenófoba y anti-europea. A más imágenes de Aguado con Monasterio, más exabruptos de Arrimadas. Es automático.

Todos hemos podido leer en los informes que aprueba el Consejo General de Ciudadanos, además, cómo consideran un “éxito” con gran “rédito mediático” cada “acto especial” en el que logran aparecer como víctimas “defensoras de la libertad”, sea en Rentería, en el pueblo de Josu Ternera o, siguiendo la misma lógica, en las manifestaciones del Orgullo.

El colmo de la hipocresía ha llegado con las denuncias de Ciudadanos sobre el supuesto “bloqueo” del Parlamento, el “Gobierno descontrolado” y las inexistentes maniobras de Meritxell Batet para proteger al Presidente Sánchez a costa del funcionamiento reglamentario del Congreso.

En primer lugar, cabe recordar que el bloqueo más descarado, grave y fraudulento del Congreso de los Diputados se produjo durante la Legislatura XII, cuando Ciudadanos y PP se aliaban en la Mesa para paralizar arteramente la tramitación de decenas de leyes respaldadas por la mayoría de los españoles representados en el Pleno. La ciudadanía española no cuenta hoy con una ley que garantice el poder adquisitivo de las pensiones, una ley de eutanasia o la reforma legal que despenalice los piquetes, porque el partido de Rivera y Arrimadas vulneraron la Constitución Española y las normas más elementales de la democracia parlamentaria. Eso era bloqueo.

En segundo lugar, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, a diferencia del Gobierno del PP que respaldaba Ciudadanos, se somete regularmente a control parlamentario a través de las preguntas escritas y las solicitudes de información y documentación de los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios. Cerca de 400 preguntas y requerimientos de información están siendo contestadas ya en estos días por el Gobierno presuntamente “descontrolado”, según Arrimadas.

La portavoz del partido naranja también suele hablar, sin saber de lo que habla, sobre la necesidad de constituir la Diputación Permanente y las comisiones, “para ejercer el control constitucionalmente obligado sobre el Gobierno”. También exige a Batet, siempre de malos modos, que convoque de inmediato un “Pleno de control”. En realidad, la Diputación Permanente no es un órgano de control al Gobierno, por la sencilla razón de que el Gobierno no forma parte de este órgano. Las comisiones no se pueden constituir aún, porque la decisión sobre no contabilizar a los diputados presos suspendidos no es firme. Y Batet, precisamente, es la única autoridad que ahora no puede convocar un “Pleno de control”. Sí podría hacerlo la propia señora Arrimadas, si lograra juntar 176 firmas de diputados, y si se leyera el Reglamento del Congreso antes de reclamar lo que no puede reclamar y antes insultar a todo el que se le pone por delante.

Si Rivera y Arrimadas quieren encontrar comportamientos fraudulentos en las presidencias parlamentarias, debieran dirigir su atención a la presidencia de la Asamblea de Madrid, ocupada hoy por un correligionario suyo merced a los votos de la extrema derecha. El Presidente del Parlamento de la Comunidad de Madrid ha decidido, prevaricando a mi juicio, no proponer como candidato a la presidencia de la Comunidad a Ángel Gabilondo, el ganador de las elecciones autonómicas, que además cuenta con el apoyo de tres grupos parlamentarios. Esto sí que es fraude parlamentario.

En todo caso, que formulen denuncias retóricas sobre radicalidad aquellos que toman café, negocian y pactan con la extrema derecha machista, xenófoba, anti-europea y nostálgica del franquismo, resulta más propio de los programas de humor que del debate político serio.

Anuncios

Read Full Post »

La gran mayoría de los analistas que han tratado sobre el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centraron su atención tan solo en los datos relativos a la intención de voto. Sin embargo, el informe del CIS ofrece resultados de gran interés social y político en torno a la problemática de la vivienda en España.

El acceso a la vivienda forma parte de los siete problemas más graves del país, según opina la población española en general. Entre los jóvenes de 25 a 34 años constituye, además, el primer problema tras el paro y la precariedad laboral.

De hecho, la dificultad para acceder a una vivienda digna se encuentra en la raíz de otras graves problemáticas que afectan a nuestra juventud, y que han sido objeto de tratamiento científico durante los últimos tiempos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el último informe FOESSA sobre la creciente exclusión social entre los jóvenes, así como en los recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística acerca del retraso paulatino en la emancipación, la nupcialidad y la paternidad/maternidad de la juventud española.

La problemática juvenil en relación a la vivienda tiene consecuencias que van más allá, incluso, de las graves limitaciones económicas, de la precariedad social lastimosa o de la muy preocupante evolución de la pirámide demográfica en España. La imposibilidad práctica de acceder a una vivienda digna, y la consiguiente dificultad extrema para iniciar una vida autónoma, están conduciendo inexorablemente a muchos jóvenes a la desafección hacia el propio sistema político democrático.

En consecuencia, el conjunto de las instituciones públicas -desde los partidos hasta las organizaciones empresariales y sindicales, desde el Gobierno nacional hasta el Parlamento, pasando por autonomías y ayuntamientos-, debieran implicarse en un gran acuerdo social y político para mejorar el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna. Este acuerdo ha de implicar iniciativa política, legislación adecuada y recursos suficientes para lograr efectos positivos a corto plazo. La legislatura que comienza debiera ser la legislatura del derecho a la vivienda.

Los datos de CIS son concluyentes: el 90,2% de la población española -que se eleva al 93,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años, y al 94,3% entre los que suman entre 25 y 34 años-, opinan que la vivienda es un derecho de la ciudadanía a proteger de manera activa por el Gobierno.

El propio estudio avanza las soluciones que cuentan con mayor respaldo social: la construcción de un parque público de viviendas en alquiler; la disposición de créditos públicos ventajosos para la compra de vivienda; la limitación de los precios de los alquileres; las ayudas públicas directas para los inquilinos de viviendas en alquiler; el establecimiento de ventajas fiscales para esos mismos inquilinos…

En una de sus últimas medidas antes de disolver las Cortes, el Gobierno socialista logró aprobar un decreto ley que promovía medidas muy interesantes, como la ampliación de los periodos de vigencia en los contratos de alquiler y la limitación de las fianzas impuestas por los arrendadores.  Sin embargo, afrontar esta grave problemática con auténtica ambición exigirá de medidas añadidas, que han de implicar necesariamente a otras administraciones.

El imprescindible acuerdo nacional para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda requerirá de la habilitación de suelo público para construir vivienda social, así como del concurso de las administraciones municipales y autonómicas para modificar en este sentido los planeamientos urbanísticos. Será necesaria la complicidad de parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y administraciones municipales para adaptar leyes, ordenanzas y presupuestos a este fin. Habremos de priorizar las políticas de vivienda en los presupuestos generales del Estado para los próximos ejercicios…

La resolución de este problema está muy relacionada con la solución debida para otras dificultades tan o más relevantes, como los niveles insoportables de desempleo juvenil, la precariedad de los contratos laborales de los jóvenes, la alta temporalidad, los salarios insuficientes…

Y tendremos que enfrentarnos con determinación a los poderes económicos que aún hacen de la especulación urbanística y del mercado libre de la vivienda una veta formidable de negocio, en demasiadas ocasiones a costa del bienestar y los legítimos proyectos vitales de millones de jóvenes.

Si queremos que los jóvenes sientan respeto, apego y complicidad con el sistema socioeconómico y político que les ofrecemos, hemos de atender a su llamada de auxilio en relación a la vivienda. Tal llamada está al alcance de los ojos y los oídos de todos los que se aproximen al último estudio del CIS con ánimo de ir más allá de los atractivos datos de intención de voto.

Una razón más que constituir el Gobierno que han votado los españoles. Cuanto antes.

Read Full Post »

El símil con aquella campaña institucional destinada a fomentar el ahorro energético no es mío. Es de Iñaki Gabilondo y se lo escuché en la cadena SER, pero sirve para ilustrar de manera precisa el momento político que vivimos en relación a la investidura del Presidente del Gobierno.

Y es que da la sensación de que algunos actores pretenden alargar el proceso que ha de investir al único Presidente posible, por motivos puramente tácticos y egoístas. Y puede que a ellos les convenga esperar, pero España, efectivamente, no puede.

La paradoja del momento es la siguiente. La ciudadanía ha cumplido con su responsabilidad democrática, acudiendo repetidamente a las urnas y arrojando un veredicto muy claro. El PSOE ha ganado de largo las elecciones generales, las europeas, las municipales y en diez de las doce elecciones autonómicas llamadas a votar.

Ha cumplido son su responsabilidad constitucional el Jefe del Estado que, tras la ronda preceptiva con los representantes políticos, ha propuesto un candidato a la presidencia del Gobierno. Y, finalmente, ha cumplido con su responsabilidad el propio candidato, Pedro Sánchez, que ha compartido sus planes con los dirigentes de diez fuerzas políticas con presencia en el Parlamento.

Ya solo queda que también asuman su responsabilidad el resto de los actores políticos con capacidad de decisión y voto en la sesión de investidura. Y tienen tres opciones legítimas: o apoyan al candidato propuesto, o intentan forjar una alternativa (que no es posible), o se hacen a un lado sin bloquear la única investidura posible. Estas son opciones legítimas, porque no resulta legítimo optar por el boicot a las instituciones, el bloqueo y la ingobernabilidad. Quizás ellos se puedan permitir ciertos tacticismos interesados, pero España no puede.

Quizás unos jueguen a presionar al candidato, intentando llevarle hasta el extremo con la intención de que varíe sus planteamientos en un acuerdo programático, parlamentario e institucional muy razonable. Puede que otros jueguen simplemente a retrasar la investidura para provocar el desgaste político del candidato y fomentar la sensación de inestabilidad. Incluso puede haber quienes jueguen a repetir elecciones, por si les fuera mejor en una nueva cita con las urnas.

Se trata de juegos tácticos tan comprensibles como evidentes, pero absolutamente inaceptables desde la perspectiva del interés general. Los cálculos partidistas son inevitables, pero han de subordinarse al bien común porque, de lo contrario, se subvierte claramente el mandato representativo.

En concreto, puede que algunos actores políticos estén apostando a hacer fracasar la investidura del único Presidente posible en julio, para irse de vacaciones en agosto y continuar el juego táctico en septiembre. Sería una irresponsabilidad.

Hay asuntos pendientes que no pueden esperar al juego táctico de ningún partido. El último informe FOESSA alerta sobre la existencia de más de ocho millones de excluidos sociales en España. Estamos pagando la extra de las pensiones con préstamos. La precarización de muchos empleos exige un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma urgente. Tenemos pendiente el nuevo sistema de financiación autonómica desde hace años. El cambio climático requiere respuestas legales y estructurales ya. En Europa nos esperan para afrontar el brexit, el presupuesto del euro, la armonización fiscal…

Además, aún tenemos por renovar el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE…

Definitivamente, no. España no puede esperar. Necesitamos un Gobierno estable ya. Los ciudadanos han hecho su trabajo. Ahora corresponde a diputados y diputada actuar con responsabilidad.

Read Full Post »

En estos días previos a la sesión de investidura que tendremos pronto en el Congreso de los Diputados, se habla mucho del “con quién” saldría adelante la elección de Pedro Sánchez, del “cómo” explicarán unos y otros su voto, incluso del “cuándo” se producirá la votación definitiva. Pero siendo tales incógnitas de gran interés, resulta extraño que se centre tan escasa atención sobre algo tan fundamental como el “para qué” está reclamando la investidura Pedro Sánchez y el partido ganador de las elecciones generales.

Ignorar esta información equivaldría a dar por hecho que el comportamiento de los grupos parlamentarios en la sesión de investidura tendrá más que ver con sus estrategias partidarias que con los intereses de la ciudadanía española. Sin embargo, lo cierto es que los facilitadores de la investidura estarán abriendo la puerta a la consecución de unos objetivos de país que han sido perfectamente explicitados por el candidato Sánchez. Y, a la inversa, quienes dificulten la investidura serán responsables de obstaculizar el alcance de tales metas de interés general.

El primero de los grandes propósitos del Gobierno socialista que Pedro Sánchez aspira a formar en breve consiste combatir eficazmente las desigualdades que se han disparado en España desde la crisis de 2008, y como consecuencia de su gestión injusta por parte de la derecha gobernante entre 2011 y 2018.

Varias noticias en estos días lo han puesto de manifiesto, comenzando por la publicación del prestigioso informe FOESSA, el cual prueba que 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, forma parte ya de la categoría de los excluidos sociales, 1,2 millones más que hace una década. Además, casi la mitad, más de 4 millones de españoles, sufren exclusión severa.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer también el dato de la caída de los nacimientos en casi un 30% durante los últimos diez años, habiéndose elevado a 31 la edad media en el nacimiento del primer hijo. Los jóvenes españoles tienen muchísimas dificultades para emprender un proyecto vital de manera digna y estable.

Simultáneamente a esto, se han producido en nuestro país sendos debates interesantes acerca de las repercusiones de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo, y acerca de las consecuencias de una eventual bajada drástica de los impuestos, tal y como proponen las formaciones políticas de la derecha. Un hecho luctuoso, el fallecimiento de un trabajador explotado en la llamada economía colaborativa o digital, ha reverdecido también la discusión pública sobre la necesidad de revertir la reforma laboral precarizadora del PP.

Pues bien, este es el primer objetivo: combatir las desigualdades con políticas públicas redistribuidoras, fortaleciendo el Estado de Bienestar, recuperando derechos para los trabajadores, y cobrando impuestos justos a quienes más ganan, más tienen y más esconden.

Pero hay otras metas, tan relevantes como esta. Se trata de modernizar nuestro sistema productivo, poniéndonos al día en el reto de la digitalización de la economía y en la apuesta por la innovación para la mejora de la productividad. Tenemos pendiente también acelerar nuestra transición ecológica justa para combatir con determinación y eficacia el cambio climático.

Nuestro país necesita un nuevo impulso regenerador para mejorar la calidad de nuestra democracia, su funcionamiento y sus instituciones. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye el primer objetivo estratégico y transversal en este capítulo. Pero interesa mucho, igualmente, la lucha contra la corrupción y la garantía de limpieza en todas las instituciones democráticas.

Fomentar la convivencia territorial, avanzando en el perfeccionamiento federal de nuestro Estado de las Autonomías, acordando un sistema estable de financiación territorial, garantizando un marco competencial y financiero consensuado en el ámbito local, también son finalidades de interés común.

La integración progresiva en la Unión Europea hacia los inevitables Estados Unidos de Europa, la consecución de una administración europea más social y el fortalecimiento del papel de España en esa construcción, constituyen asimismo intenciones susceptibles de generar amplios consensos políticos y sociales.

Todo esto requerirá, por cierto, de una voluntad concertada para cortar el paso a la influencia de los enemigos de nuestra democracia y de los valores que la sustentan. En la Europa más avanzada en derechos y libertades, las fuerzas democráticas y europeístas se conjuran para aislar a la extrema derecha xenófoba, machista y antieuropea. Ojalá aquí PP y Ciudadanos participaran de ese propósito político y moral, y dejaran de blanquear y normalizar la influencia de Vox en nuestras instituciones.

Read Full Post »

Entre el 28 de abril y el 26 de mayo la gran mayoría de los españoles han votado en tres urnas. Un buen número de españoles lo han hecho en cuatro y algunos hasta en cinco. Hemos celebrado elecciones generales, europeas, municipales, autonómicas, para los cabildos insulares… 

El pronunciamiento democrático de los españoles en el tiempo reciente ha sido, por tanto, profuso. Pero es que, además, ha sido claro. Porque el PSOE ha ganado las elecciones generales, las europeas, las municipales y hasta diez de doce elecciones autonómicas. De hecho, el Partido Socialista prácticamente duplica en escaños a la segunda fuerza política en el Congreso. 

La voluntad popular se ha expresado con nitidez. Los españoles quieren para España un Gobierno liderado por el PSOE y presidido por Pedro Sánchez. Quieren un Gobierno que aplique una agenda de avances sociales. Y quieren un Gobierno eficaz, capaz de cumplir su programa y, en consecuencia, estable. 

A partir del vaticinio contundente de las urnas, a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados solo les quedan tres opciones: o respaldan ese Gobierno de progreso; o procuran una alternativa viable; o se hacen a un lado, sin obstaculizar su investidura.

Esta es la responsabilidad de cada una de las trece fuerzas políticas que forman los ocho grupos parlamentarios del Congreso. Y la mayor responsabilidad corresponde, lógicamente, a los grupos con más representación: al propio Grupo Socialista, al PP, a Ciudadanos y a Unidas Podemos. 

Unidas Podemos ya ha mostrado su disposición para apoyar a un Gobierno progresista y a su agenda de avances sociales, y trabaja junto al PSOE en su definición. 

Por eso nos dirigimos especialmente a PP y Ciudadanos. Porque no es aceptable el planteamiento hecho público por Teodoro García Egea, secretario general del PP, primer partido de la oposición. Ha dicho literalmente que “no solo no vamos a facilitar la investidura, sino que vamos a dificultarla todo lo posible”.

El PP podría intentar la conformación de una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, pero sabe que no es posible. Por tanto, solo hay dos posiciones legítimas y compatibles con el interés general. Se entiende que no voten a favor de un candidato que fue claro adversario electoral, pero pueden contribuir al desbloqueo de la investidura con su abstención. Lo que no es legítimo es el obstruccionismo y el boicot sin alternativa posible. 

Hay quienes evocan un supuesto paralelismo con la posición contraria a facilitar la investidura de Rajoy que algunos mantuvimos en el seno del PSOE en el año 2016. Pero no cabe tal equivalencia. Entonces se trataba de investir como Presidente del Gobierno al máximo dirigente de un partido imputado, y finalmente condenado, por corrupción. Además, había alternativas. Difíciles, pero las había. Ahora no es el caso.

También es cierto que en diversos ámbitos políticos y doctrinales se está planteando desde hace tiempo la pertinencia de reformar el artículo 99 de la Constitución, a fin de articular un procedimiento de investidura que no permita los bloqueos. Ya hay precedentes muy interesantes en el Parlamento vasco y en el asturiano. Pero el artículo 99 dice ahora lo que dice, y a eso hay que atenerse. 

Corresponde, pues, investir un Gobierno progresista, y corresponde investirlo cuanto antes. Acaba de hacerse público el prestigioso Informe Foessa, que ha descrito un panorama de exclusión y desigualdad social insoportable en nuestro país. Entre sus prioridades de Gobierno, el Presidente Sánchez ha hablado también de la digitalización pendiente en nuestra economía, de la transición ecológica, de la regeneración democrática, de la convivencia territorial, del fortalecimiento de nuestro papel en Europa… 

Los problemas y los desafíos de la sociedad española no pueden esperar a los juegos tácticos de algunas fuerzas políticas. Por eso cabe exigir responsabilidad a todos los actores que han obtenido en las urnas, en una u otra medida, el encargo de velar por los intereses generales.

Read Full Post »

La operación política para la continuidad de la Grosse Koalition que la socialdemocracia alemana ejecutó en 2018 tenía buenos fundamentos, pero se ha evidenciado como la causa fundamental en el declive del histórico partido de Friedrich Ebert, Willy Brandt y Helmut Schmidt.

La última debacle electoral, con un 15,8% de los votos al Parlamento Europeo, y la pérdida del feudo tradicional de Bremen, se ha llevado por delante a su presidenta, Andrea Nahles. 

Aquella operación estaba bien justificada en el interés general, por cuanto habían fracasado las demás opciones que la conservadora Merkel había intentado para formar gobierno. El país estaba abocado al fracaso de una repetición electoral, y los socialdemócratas acudieron al rescate de la institucionalidad democrática.

El acuerdo alcanzado entre la CDU y el SPD incorporaba avances sociales de gran alcance, como la fijación del salario mínimo en 1.500 euros mensuales. Y su legitimidad democrática era impecable: el acuerdo fue suscrito por la mayoría de los militantes socialdemócratas en una consulta transparente. 

Pero el coste político que ha acabado pagando el partido socialdemócrata por esta decisión meditada, justificada y democrática, ha sido muy alto. No solo está lejos ya de los históricos porcentajes de apoyo -por encima del 40%- que sustentaron los gobiernos responsables de haber levantado el legendario Estado de Bienestar alemán, sino que el 26 de mayo fue superado incluso por el partido verde y las últimas encuestas le arrojan por debajo del 13%. 

¿Por qué ha castigado tan duramente el electorado progresista a la gran coalición? Posiblemente porque ni siquiera el elector más templado y pragmático haya entendido que una fórmula “excepcional” pueda alargarse cerca de tres lustros en el tiempo -con alguna breve interrupción-.

Las coaliciones entre grandes adversarios ideológicos y políticos se justifican en la coyunturalidad de una crisis social, económica o política. Cuando lo excepcional se convirtió en habitual en Alemania, el elector acabó convencido de que la aspiración estructural del SPD pasaba por mantenerse como socio menor y subalterno de la democracia cristiana. Y, al parecer, una buena parte de la población con ideas progresistas no comparte tal estrategia. 

Los grandes y pequeños avances logrados en el día a día del gobierno común han sido, sin duda, bien valorados por el electorado tradicional de la socialdemocracia. Con toda seguridad, una alianza de Merkel con el partido liberal hubiera supuesto la aplicación de recortes injustos de impuestos y adelgazamiento de las políticas públicas.

Pero ese electorado tradicional no se conforma con la política de la conllevanza o la resignación constante de lo menos malo. Izquierda es también ilusión, esperanza, pulsión de cambio y de justicia. Y la presencia permanente de ministros socialistas bajo el manto conservador de Merkel ha resultado poco motivador. 

Además, la democracia de calidad requiere de alternativas globales y reales. Desde la segunda gran guerra, socialcristianos y socialdemócratas han representado dos opciones compatibles pero distintas; leales ambas a los fundamentos del Estado Social, pero diversas en sus programas políticos; admirables cada una en sus conquistas para el interés general, pero controvertidas en el debate ideológico y electoral.

Cuando las dos grandes opciones se convierten en una sola, las alternativas surgen en otras latitudes. Y la latitud ecologista de los verdes resulta interesante, pero la alternativa extremista de los neonazis constituye un riesgo cada día más evidente y peligroso. Un riesgo a evitar. 

Es injusto, porque el compromiso del SPD con el progreso en Alemania y en el conjunto de Europa es inequívoco. Y porque Andrea Nahles es una política sólida en sus valores y en sus capacidades. Pero la política es así. Los únicos que no se equivocan son los electores ante la urna. 

Europa necesita una Alemania fuerte en su apuesta por más Europa y por una Europa más social. Y el papel del SPD en esta apuesta es determinante.

Si el SPD siguiera el camino declinante del socialismo francés o italiano, las oportunidades del populismo se multiplicarían, como ha ocurrido con Le Pen y Salvini, por desgracia todos los europeos.

El liderazgo emergente del socialismo europeo de la mano de Pedro Sánchez necesita de un SPD renovado y en forma. Pronto. Ojalá sea así.

Read Full Post »

Durante la mañana siguiente a la jornada de constitución del Congreso de los Diputados, una ciudadana que visitaba sus instalaciones me abordó para reprochar las “gamberradas y macarradas” protagonizadas en aquella ocasión por los parlamentarios, según ella, ante la mirada de millones de españoles por televisión. 

En el diccionario de la Real Academia Española se define al gamberro como “autor de grosería e incivilidad”, y al macarra como “persona agresiva y achulada”. En consecuencia, y rememorando lo sucedido en la Carrera de San Jerónimo el día 21 de mayo, he de convenir para mi vergüenza que sí, que hubieron gamberradas y macarradas. 

El Congreso de los Diputados alberga la representación de la soberanía nacional y, por tanto, de la voluntad democrática de todos los españoles. En esta institución se depositan las mejores esperanzas de millones de hombres y mujeres para obtener respuestas a sus problemas y desafíos. El honor y la responsabilidad que asumimos quienes nos sentamos en esos escaños son, pues, inmensos.

Sin embargo, el pasado día 21, en aquella cámara solemne se dieron actos de grosería, de incivilidad, de agresividad y de chulería; en grado sumo, además. Y desde bien temprano. Porque apenas pasadas las siete de la mañana, los integrantes del partido de la extrema derecha, contra el sentido común, decidieron ocupar en el hemiciclo un espacio que no les correspondía. De nada sirvió que este modesto diputado les advirtiera amablemente del desatino y les invitara a rectificar. Me despacharon con cajas destempladas. Querían espectáculo y lo consiguieron. 

El comportamiento de los ultras respondió a las peores expectativas durante toda la jornada. Fieles a su credo antidemocrático, se dedicaron a golpear el mobiliario, vociferar y patalear ruidosamente para acallar las intervenciones que no les gustaban. Hurtando la palabra en la casa de la palabra. “Muera la inteligencia” es la frase que se atribuye a Millán-Astray, y parece que sus seguidores han entrado en nuestro Parlamento a empellones. 

El Reglamento del Congreso establece la lógica obligación de acatar la Constitución mediante acto de promesa o juramento. Parece razonable que aquellos que se disponen a asumir el poder legislativo, nada menos, comprometan el respeto a la norma que encabeza nuestro ordenamiento jurídico. Y que lo hagan con cierta sobriedad y solemnidad, añadiría yo. Por consiguiente, muchos diputados nos atuvimos a la expresión formal del “sí, prometo” o “sí, juro”. 

Sin embargo, otros representantes electos de la democracia española utilizaron este momento trascendente para lanzar soflamas de todo tipo. Algunos cayeron en la simple inoportunidad, puesto que no era aquel el momento para reclamar justicia social o atención para el terruño propio. Un diputado, incluso, añadió entre risas que acataba “por todo el planeta”. Tenemos cuatro años por delante sustanciar toda suerte de iniciativas parlamentarias con tan loables fines.

Otros diputados pecaron de redundancia, puesto que acatar la Constitución española “por España” no añade nada a la fórmula correcta del “sí, prometo”. ¿Consideran acaso que si no mencionan el “por España” alguien interpretará que acatan la Constitución española “por Alemania”, o “por Turquía”, o “por Azerbayán”?

Algunos diputados fueron más allá en su incongruencia y llegaron a acatar la Constitución “por la república”, lo cual es un oxímoron, o por la libertad de “presos y exiliados políticos”, lo cual es una falacia, porque en nuestra democracia no existen ni unos ni otros.

Desde las bancadas de la derecha, con más o menos aspavientos, se contestaban algunas de estas excentricidades con aparente indignación -Rivera habló de “vergüenza”-, pero la realidad que es que muchos de ellos las legitimaban con aderezos propios a la fórmula correcta. Los ultras acataron “por España”, como hemos dicho. Pero algunos diputados del PP lo hicieron por “el Rey” y el propio Rivera lo hizo “para defender la Constitución”, cuando ninguna de estas expresiones está prevista en el Reglamento del Congreso.

Procuré invitar a aquella ciudadana reprochadora para que se quedara con las buenas noticias de la jornada de constitución del Parlamento, que también las hubo. Se ha dado inicio a una nueva legislatura llamada a atender el bienestar de quienes nos eligieron con sus votos. Contamos, además, con el Parlamento con más proporción de mujeres de toda Europa.

Por otra parte, en las votaciones de aquel día se evidenció una clara mayoría de diputados con valores progresistas, que augura reformas importantes en el sentido de la justicia social. Y el Congreso eligió una Mesa destinada a facilitar la tarea reformista y no a obstaculizarla, como ocurrió en la legislatura recién culminada. 

Meritxell Batet, la nueva Presidenta del Congreso, ofreció un discurso de alcance, llamando al dialogo y al respeto mutuo. “Todos representamos al pueblo, pero ninguno representamos a todo el pueblo”, nos dijo. Antes había aclarado, para los mal informados y, especialmente, para los mal intencionados, que el Tribunal Constitucional falló hace tiempo dando por buenas las distintas fórmulas de acatamiento de la Carta Magna, por excéntricas que resultaran, siempre que el compromiso fuera claro e incondicionado. 

También el Presidente de la Mesa de Edad, el diputado socialista Agustín Zamarrón, con su aspecto valleinclanesco y su retórica barroca, hizo un trabajo impecable durante la elección de los integrantes del órgano de gobierno de la Cámara. 

A todos los que se sintieron defraudados o avergonzados aquel día, mi comprensión y mis disculpas. Ojalá no se repita. Pero…

Read Full Post »

Older Posts »