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Archive for the ‘PSOE’ Category

Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

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Las migraciones constituyen un fenómeno presente desde los albores de la Humanidad. A lo largo de la historia se ha tratado siempre lógicamente como un reto relevante para la organización del espacio público y de la convivencia. A veces se ha afrontado como un problema, y a veces como una oportunidad muy importante para el desarrollo económico, social y cultural. Grandes naciones, como los Estados Unidos de América, se forjaron migración tras migración. Y los españoles hemos sido protagonistas de migraciones extraordinarias, como emigrantes y como receptores de inmigración.

Durante los últimos años, sin embargo, son muchos los actores políticos empeñados en interpretar la inmigración tan solo como una gran desgracia para Europa. Los datos demuestran lo contrario: ni la inmigración constituye una gran amenaza plausible, por su cantidad y cualidades; ni sus efectos son solamente de carácter negativo. No obstante, el espantajo de la amenaza migratoria está sirviendo como argumento falaz para que los nuevos populismos, y los fascismos de siempre, agiten entre muchos europeos los peores instintos de miedo y egoísmo, con el objeto de obtener un rendimiento político y electoral.

El reto migratorio debe gestionarse con determinación, aprovechando su vertiente positiva y neutralizando en lo posible sus efectos indeseables. Hay que hacerlo con planificación, con recursos y desde los valores de equidad y justicia que forman parte de la identidad europea. Hay que afrontar las consecuencias problemáticas que conllevan en la actualidad los flujos migratorios procedentes de África y de Oriente Próximo, con eficacia y sin ingenuidades. Pero hay que hacerlo, sobre todo, atendiendo a las causas también problemáticas de esas migraciones que tanto preocupan hoy a muchos europeos.

Las consecuencias problemáticas que se subrayan tras cada patera, cayuco o balsa con inmigrantes que arriban a las costas europeas deberán abordarse bajo la responsabilidad del conjunto de la Unión. Habrá de hacerse coordinando actuaciones y compartiendo tanto los esfuerzos como los costes. Distinguiendo entre personas con derecho de refugio, y personas que migran buscando simplemente mejores condiciones de vida. Haciendo valer la legalidad vigente y combatiendo a las mafias que compran, venden y trafican con personas. Y, sobre todo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos que nos distinguen como sociedades democráticas y desarrolladas.

A ningún país, a ninguna región o localidad, puede forzarse a llevar su responsabilidad legal y su esfuerzo solidario más allá de lo razonable. Las instituciones que compartimos los europeos debieran asegurarse de ello. Pero ningún dirigente de país o región alguna tiene derecho a negar el auxilio humanitario a aquellos semejantes que se hacen a la mar, jugándose la vida, porque la vida vale poco allí de donde parten. Ningún responsable institucional tiene derecho a saltarse las normas que nos hemos dado para asegurar la convivencia en condiciones de dignidad. Y ningún político tiene derecho a azuzar miedos y odios para conseguir votos y acumular poder.

Pero si afrontar responsablemente las consecuencias de las migraciones es importante, analizar y enfrentar sus causas resulta crucial. ¿Por qué se habla tan poco de las razones que llevan a miles de personas a abandonar sus hogares en África y Oriente para llegar a Europa, arriesgándolo todo? ¿Por qué las instituciones europeas y sus dirigentes emplean tan poco esfuerzo en atender las causas de las migraciones que tanto les preocupan?

Siempre se dijo, con razón, que si la prosperidad no viaja del norte al sur, los hombres y las mujeres acabarán viajando del sur al norte. Y no habrá muro ni valla que les contenga. Pero este es el problema: el de la desigualdad creciente entre el norte y el sur.

Mientras en España, por ejemplo, el PIB per cápita se acerque a los 40.000 dólares y en 37 países africanos esté por debajo de los 5.000 dólares, las migraciones se seguirán produciendo a escala importante. Mientras las dos terceras partes de la población africana malviva en la extrema pobreza y millones de criaturas pasen hambre, los hombres y las mujeres viajarán al norte. ¿Qué tienen que perder? Mientras en muchos países africanos y orientales persista la guerra y la persecución por razones políticas, religiosas o de orientación sexual, las personas se subirán a la patera o a la balsa en busca de paz y seguridad.

En Europa hay capacidades y recursos para contribuir de manera decisiva al desarrollo económico, social y cultural del continente africano y de oriente próximo. En ocasiones se requerirán recursos cuantiosos. En otros casos bastaría con que las grandes potencias cesaran en hacer uso de estos territorios como campo de juego para sus conflictos geoestratégicos. Más allá de las razones ideológicas y morales, los beneficios a obtener a medio plazo con estos esfuerzos serían ingentes, por ejemplo en términos de generación de recursos naturales y de apertura de nuevos mercados.

Por tanto, las dirigencias europeas harían bien en preocuparse por las causas de las migraciones, además de atender sus consecuencias más dificultosas. Porque mientras estas sigan vigentes, aquellas no cejarán de arribar puntuales cada verano a sus puertos y a sus playas.

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El eje predominante en el debate político de las democracias europeas se está desplazando claramente desde el comienzo de este siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la confrontación política se producía generalmente en torno al eje izquierda-derecha. Sin embargo, la globalización acelerada, los cambios tecnológicos y el auge populista están favoreciendo un esquema distinto y más peligroso, determinado sobre todo por la exacerbación y el conflicto entre identidades.

El debate izquierda-derecha ha alimentado fuertes pasiones en uno y otro bando, pero casi siempre contó con una base racional muy elaborada. La izquierda y la derecha han representado los valores tradicionales de la igualdad y la libertad; del énfasis en los derechos colectivos y los derechos individuales; de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, en expresión de Constant. La izquierda busca generalmente la redistribución solidaria mientras la derecha persigue garantías para el libre albedrío.

De un tiempo a esta parte, por el contrario, el pulso político no se discierne a partir de convicciones más o menos liberales o igualitaristas, sino muy a menudo desde la afirmación de la identidad propia frente a las demás. La identidad más comúnmente esgrimida es la identidad nacional, pero también se están abriendo rápidamente paso los programas políticos que hacen bandera de la identidad étnica o religiosa. La tesis a partir de la que se pretenden organizar el espacio compartido es la siguiente: nuestra identidad nacional, étnica o religiosa requiere defensa y predominio frente a la amenaza que representan las demás identidades nacionales, étnicas o religiosas.

¿Por qué avanzan estas ideas? Desde luego, no pueden presentarse como nuevas, ni pueden acreditar éxito alguno en la historia europea. Más bien al contrario: la confrontación irracional e identitaria se encuentra en el trasfondo causal de buena parte de los desastres que hemos sufrido los europeos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Estas ideas avanzan al calor de las desigualdades, las injusticias y las inseguridades vinculadas a los procesos de globalización desregulada y revolución tecnológica acelerada. El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza ocasionan temor, frustración e ira en amplios sectores de la población, muy receptivos a los mensajes simples que señalan culpables para su sufrimiento.

El discurso identitario, además, es puramente emocional y facilita la movilización en mayor medida que las construcciones racionales del discurso que defiende los derechos colectivos y la distribución solidaria. Es más fácil convencer al sufridor señalando a un culpable, aunque sea falso, que armando un análisis y una propuesta compleja para solucionar los problemas. La trinchera de la identidad sirve también para esconder la incapacidad y la incompetencia a la hora de elaborar programas realmente útiles para el bienestar colectivo. El “somos de los nuestros” y el “a por ellos” son argumentos muy socorridos y no requieren casi de esfuerzo intelectual alguno.

Ahora bien, las consecuencias de esta evolución están siendo muy negativas a la hora de afrontar los muchos desafíos de las sociedades europeas en el siglo XXI, desde la imprescindible integración en la Unión Europea hasta la administración del fenómeno migratorio y la articulación de políticas comunes en la lucha contra la pobreza o el cambio climático. El arrinconamiento del debate racional y la promoción constante de las emociones identitarias solo conducen a alimentar la confrontación, a dificultar la convivencia y a postergar las soluciones precisas a los problemas colectivos.

Es difícil ser optimista en el presente escenario político europeo. El discurso identitario avanza en muchos países, hasta el punto de que se afianza incluso en Gobiernos muy significativos. Ahí están los supremacistas del este europeo, el nuevo canciller austríaco, el ministro de interior alemán o el neofascista vicepresidente italiano, que un día niega auxilio humanitario a centenares de subsaharianos y otro día amenaza con expulsar a los gitanos de su país. También puede hablarse de la auténtica naturaleza del argumentario pro “brexit” o del avance del lepenismo entre las clases populares de buena parte de la Europa del sur.

Aquí, en el escenario doméstico, el independentismo catalán permanece anclado en las creencias pre-racionales del “nosotros y vosotros, mi tierra y tu tierra”. Ciudadanos cada día parece más proclive a responder al fuego identitario catalanista con fuego indentitario españolista. Y el episodio de la llegada al puerto valenciano de más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo ha destapado un buen número de reacciones muy lamentables, con expresiones relativas al falso “efecto llamada”, a las “avalanchas”, las “oleadas” o las “hordas” peligrosas de inmigrantes.

No hay salida positiva en los discursos y en las políticas que buscan afrontar los problemas con la exaltación emocional de la identidad propia y la incitación al temor o al odio hacia la identidad ajena. Al final de ese camino solo se encuentra el abismo. ¿O no hemos aprendido nada de la dramática historia europea del siglo XX?

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La derecha española ha confirmado, una vez más, ese viejo defecto que le lleva a tratar cada pérdida del poder como si de una vil usurpación se tratara. El tiempo pasa, pero muchos dirigentes conservadores siguen mostrando una muy lamentable concepción patrimonial del poder público.

Desde Rajoy hasta Hernando, pasando por decenas de portavoces territoriales, buena parte del PP ha salido en tromba a descalificar como ilegítima la moción de censura que ha provocado su salida del Gobierno. El ya ex-presidente ha llegado a calificar como “estigma” y “precedente grave en la democracia” la aplicación de un precepto vigente en nuestra norma constitucional.

El PP intenta socavar la legitimidad del nuevo Gobierno con el argumento de que su Presidente “no ha ganado las elecciones”. Se trata de un tosco intento de confundir a la opinión pública. En la democracia parlamentaria española no gobierna el candidato del partido que más votos obtiene de los electores, sino aquel que es capaz de concitar más apoyos entre los representantes de la ciudadanía en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.

No muy lejos de la propia sede madrileña del PP se encuentra el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital, en el que los populares desalojaron en su momento al PSOE de la alcaldía, a pesar de que el socialista Juan Barranco fuera el candidato más votado por los ciudadanos. Rajoy debiera recordarlo bien, porque ya era por entonces un dirigente destacado de la derecha fraguista.

El artículo 113 de la Constitución es tan legítimamente aplicable como lo es el 99, que sirvió para hacer Presidente a Mariano Rajoy, o como lo es el 155, ejercido por el Gobierno del PP con el leal apoyo de la oposición socialista. Tachar como fraudulento a un Gobierno avalado por la mayoría absoluta del Congreso tan solo refleja una querencia constitucional lamentablemente selectiva.

Los dirigentes conservadores aducen también que los 84 diputados socialistas denotan una “debilidad extrema”, y que los apoyos de “grupos extremistas de izquierda e independentistas sectarios” responden a “oscuros pactos en los despachos”. Pero lo primero es ya una tónica generalizada en los gobiernos europeos, y en muchos gobiernos municipales y autonómicos de España. Y lo segundo es sencillamente una falacia, desmentida por sus propios protagonistas. ¿Alguien puede creer que la designación de Borrell como ministro puede formar parte de un “pacto oculto” con los independentistas?

Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno de España porque esa ha sido la voluntad democrática de la gran mayoría de los representantes de los españoles en el Parlamento, aplicando con plena legitimidad un precepto de la Constitución vigente.

Es más, esa panoplia amplia y diversa de partidos y grupos parlamentarios solo pudo activarse gracias al evidente respaldo popular a la moción de censura. Tras la divulgación de la sentencia del caso Gürtel, el clamor de la sociedad española obligaba a sus representes a exigir la responsabilidad política del Gobierno del PP y a recuperar la dignidad de las instituciones democráticas con un nuevo Presidente.

El alivio y la esperanza son los sentimientos dominantes entre la mayoría de los españoles desde la aprobación de la moción de censura el pasado primero de junio. Y el desafío al que se enfrenta el nuevo Gobierno consiste precisamente en dar satisfacción a tan altas expectativas con una gestión a la vez prudente y ambiciosa, humilde y con alcance.

El Presidente Sánchez ha establecido una hoja de ruta muy razonable: censura, estabilidad y elecciones. La censura está lograda y el Gobierno Rajoy ya es historia. La estabilidad a perseguir debe ser institucional, social y territorial: limpiando el espacio público de corrupción; atendiendo las urgencias sociales que han provocado las reformas injustas de la derecha; y reconduciendo los conflictos territoriales mediante el diálogo y el acuerdo, en el marco de la Constitución y las leyes. Tras todo esto, las elecciones.

Las mujeres y los hombres elegidos por Pedro Sánchez para conformar este Gobierno esperanzador han sido muy bien recibidos en la sociedad española, por sus trayectorias, sus capacidades y sus talantes a favor del diálogo y la calidad democrática.

Los 84 diputados y diputadas del Grupo Socialista en el Congreso, junto a los senadores y senadoras socialistas, estamos dispuestos para dar apoyo leal y eficaz a este Gobierno, en una actitud de permanente búsqueda del entendimiento con los demás representantes de la ciudadanía española. Porque responde a la necesidad, sí. Y porque nos lo creemos, también.

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El día 2 de mayo se cumplieron 139 años desde la fundación del PSOE por un puñado de obreros en una fonda de la madrileña calle de Tetuán. La efemérides más que centenaria del Partido Socialista coincide con la borrachera demoscópica de otro partido, Ciudadanos, que el próximo mes de junio cumplirá su duodécimo año de vida, entrando casi en la adolescencia política.

Esta diferencia abismal de edades, y la soberbia que suele acompañar a las buenas encuestas, ha intensificado el conocido afán de los dirigentes de Ciudadanos por descalificar precisamente al PSOE, al que ellos llaman de forma peyorativa “partido viejo”. En realidad, tal descalificación logra de entrada un efecto contrario al buscado, porque pone de manifiesto el vivo contraste entre el proyecto históricamente consolidado de los unos, frente a la coyunturalidad posiblemente efímera de los otros.

Con seguridad, la fortaleza persistente del PSOE ha de resultar tan incomprensible como irritante para quienes viven la política desde la espuma del surfeo en la actualidad, desde la gestión de las últimas modas en la opinión pública, y desde la complicidad interesada de los poderes financiero-mediáticos. ¿Pero qué hacen aún ahí estos socialistas que ni están de moda, ni quedan bien en las encuestas, ni tienen el favor de la uno, ni de la dos, ni de la tres, ni de la cuatro, ni de la cinco, ni de la seis…?

Y es que, en democracia, el vigor político no se mide mediante al peso de los elogios de los tertulianos o las falsas promesas de votos en encuestas de diseño. Cuando este partido de moda acabe la escuela secundaria de la política, se dará cuenta de que el auténtico éxito en política ni tan siquiera tiene que ver con la telegenia del líder o el acierto de los cortes en el último programa de radio. Entonces entenderán que solo hay dos cosas realmente importantes para la madurez de un partido: su razón de ser y su credibilidad.

La razón de ser del PSOE es incluso más vieja que sus siglas. Se trata de hacer justicia, se trata de combatir las desigualdades. Más allá de modas, de encuestas y de concursos de telegenia para partidos adolescentes, los españoles saben que el PSOE existe desde hace casi siglo y medio para conquistar avances en igualdad, en libertad y en justicia. Y saben que cuando un socialista gobierna, sea donde sea, sea cuando sea, lo hace para lograr más justicia. Y saben que cuando un socialista hace oposición, lo hace también para lograr más justicia, cada día, en cada lugar.

Y la credibilidad del PSOE está en su historia, en sus hechos, en la coherencia y el empeño de su gente. Claro que se han cometido errores, y ha habido incumplimientos, y se han aprovechado sinvergüenzas. Pero los españoles saben que el balance de la aportación del Partido Socialista a la historia del último siglo y medio de la sociedad española es un balance netamente positivo.

Y saben que algunas de las mejores páginas de esa historia se han escrito con puño, con letra y con tinta socialista. A veces, también, con sacrificio y con sangre socialista. Desde el fin del trabajo infantil hasta la jornada de 40 horas y el descanso dominical. Desde el consenso constitucional hasta el fin de ETA. Desde la universalización de la sanidad pública hasta la ley de la dependencia. Desde las becas para el acceso obrero a la universidad hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo…

¿Viejos? Hay algo de gerontofobia en esas expresiones, además. Las sociedades más avanzadas y más sabias son las que más respeto muestran por los mayores, y no las que desprecian todo aquello que les antecedió.

La “vejez” del PSOE proporciona firmeza en los principios, a salvo de modas, encuestas o posibilismos. Por eso entre los socialistas no se dará aquello de firmar hoy por la abolición de la cadena perpetua, para abrazar mañana esa misma cadena perpetua al calor de la indignación popular por el último crimen. Por eso en el PSOE no se denunciará un día la “descomposición” del PP en Madrid, para respaldar a ese mismo PP en el día siguiente.

Esa “vejez” aporta experiencia para no adoptar decisiones a golpe de encuesta mañanera. Y reporta cantera, mayor y joven, con mochila de gobierno y con mochila de originalidad, porque se ha gobernado mucho, y se ha hecho mucha oposición, y se ha trabajado mucho codo a codo con la sociedad española, en cada tiempo y en cada rincón. Sin necesidad de fichajes improvisados y efectistas de última hora.

Y la “vejez” aporta, sobre todo, confianza. Confianza en el compromiso acreditado con unos valores y en la solvencia de un trabajo que puede contrastarse, medirse, valorarse.

¿Viejos? Cuando algunos despierten de la borrachera de la moda y las encuestas mareantes, el PSOE seguirá aquí, cumpliendo años, y cumpliendo con su razón de ser. Una razón tan vieja como la desigualdad.

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El auge y caída de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid podría servir de argumento para una película acerca de una determinada concepción del poder político. De hecho, la etapa de gobierno del PP madrileño entre 1995 y hoy mismo daría para toda una serie, que rivalizaría claramente con los seriales más rentables de las factorías HBO o Netflix, en cuanto a la crueldad de los personajes o los giros dramáticos en el guion.

Para la gran mayoría de quienes dedicamos nuestro esfuerzo a la tarea política, quiero pensar, el poder político responde precisamente a aquello que establece el diccionario de la Real Academia: la facultad o potencia de hacer. Se trata, por tanto, de un instrumento habilitante y capacitador para llevar a la práctica unas ideas determinadas en búsqueda del bien común.

En democracia, por tanto, el poder constituye una oportunidad que concede temporal y condicionadamente la ciudadanía para llevar a cabo un programa político concreto, atendiendo al interés general y sometido a los controles legales. Y el poder es, al mismo tiempo, compromiso para con el resto de la sociedad y responsabilidad en el cumplimiento del cometido correspondiente.

Para cualquier responsable político sería absurdo abjurar del poder o rechazarlo de forma voluntaria. El poder de gobernar o de legislar, por ejemplo, permite adoptar decisiones que transformen la realidad en el sentido que indican las convicciones propias. La expresión y la reivindicación de las ideas, por interesante que resulte, siempre adolecerá de la recompensa que produce su plasmación práctica mediante el ejercicio democrático del poder. Los políticos aspiran, buscan y quieren, queremos, el poder, naturalmente.

Ahora bien, lo que la ciudadanía madrileña lleva más de veinte años contemplando en el gobierno de su Comunidad no tiene nada que ver con esta noción democrática del poder. El núcleo de dirigentes del PP que han protagonizado la política madrileña en este tiempo concibe el poder como un atributo al servicio de la voluntad personal y de los intereses propios. Se trata, además, de un poder desnudo del ropaje de la moralidad y factualmente ajeno a los controles democráticos.

Este poder se ejerce en beneficio propio, reclamando comisiones por la concesión de obra pública o usurpando un título académico para el que no se han reunido los méritos debidos. Es un poder para provecho de la camarilla propia, sean compañeros de partido, socios de empresa, familiares o amiguetes. Y se trata de un poder que faculta también para controlar, chantajear o fulminar al enemigo político, sea del partido opositor o, mucho más frecuente, sea del partido propio, mediante seguimientos policiales, “gestapillos” o dosieres.

Quienes participan de esta concepción del poder no contemplan límites legales ni éticos para alcanzarlo. Por ejemplo, corrompiendo a dos diputados para dar un golpe antidemocrático e impedir la formación del gobierno que ha ganado limpiamente las elecciones. Y si hacen lo necesario para llegar, tampoco muestran escrúpulo alguno en sus maniobras para mantenerse. Por ejemplo, acudiendo al dopaje financiero con dinero negro en las campañas electorales. Pero donde las dan, las toman, y quienes ejercen de este modo el poder suelen acabar muertos políticamente por fuego amigo. Por ejemplo, con la difusión de un vídeo personalmente humillante.

Importa mucho identificar claramente a esa minoría que ejerce el poder cual si se tratara de una mafia, para distinguirla claramente de la mayoría que concibe el poder como el ejercicio de una responsabilidad democrática y ética. Porque esto último es hacer política. Lo primero, no. Lo primero es otra cosa. Es algo contra lo que algunos llevamos dos décadas luchando en Madrid. Es algo que la sociedad madrileña no se merece y que debemos erradicar. De una vez por todas.

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Conforme se aproximan las campañas electorales van multiplicándose los reclamos del voto con contenido fiscal. Rivera anuncia la rebaja impositiva como “condición” para respaldar los Presupuestos Generales del Estado. Cifuentes se adelanta a su socio naranja proclamando nuevas reducciones en la imposición sobre renta, sucesiones y transmisiones patrimoniales. Los gobiernos autonómicos compiten en recortes de impuestos. Hasta Rajoy hace un guiño fiscal a los pensionistas enfadados por la pérdida de su poder adquisitivo.

Tales reclamos constituyen normalmente una incoherencia grave para sus autores, por cuanto en la mayor parte de los casos suele tratarse de dirigentes políticos que hacen discursos permanentes en demanda de más recursos para ejercer sus competencias. Pero, además de incoherentes, suelen resultar también del todo irresponsables, ya que las rebajas impositivas reducen sus capacidades para financiar políticas públicas con las que hacer frente a las necesidades y demandas de las comunidades que gobiernan o aspiran a gobernar.

Las promesas de rebajas fiscales pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado están aquellos que prometen menos impuestos aún a costa de reducir gastos, y por otro lado están quienes pretenden garantizar menos impuestos y más gastos a la vez. Los primeros hacen daño, los segundos engañan.

Es legítimo plantear a la ciudadanía una reducción global de los ingresos fiscales cuando se explica que tal decisión conlleva a su vez una merma en la capacidad de gasto y, por tanto, de las políticas públicas que atienden las necesidades sociales. Es el discurso neoliberal de “el dinero está mejor en el bolsillo de la gente”, que equivale al “cada cual se las apañe” y “sálvese el que pueda”. Menos ingresos y menos gasto público implican sociedades en las que cada ciudadano y cada ciudadana satisfacen sus necesidades y demandas, de educación, de sanidad, de servicios sociales, por ejemplo, en función de sus propias condiciones económicas. Son sociedades profundamente desiguales.

También resulta legítimo, desde luego, plantear el mantenimiento, incluso el aumento de los ingresos fiscales a fin de mejorar así las capacidades de la sociedad para promover el bienestar colectivo. Y tal aumento puede resultar de una fiscalidad progresiva, en la que paguen menos quienes menos tienen y ganan, y en la que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden. Hablamos ahora del discurso progresista o socialdemócrata que apuesta por sociedades equitativas, cohesionadas y justas, en las que la acción pública promueve la igualdad de oportunidades y no abandona a su suerte a los menos afortunados.

Sin embargo, lo que no resulta legítimo es prometer al mismo tiempo reducciones generalizadas de impuestos y aumentos generalizados del gasto. Porque esto equivale a engañar a la ciudadanía. El engaño puede camuflarse durante un tiempo a base de incrementar la deuda, o derivando culpas a otras instancias, léase el Estado, léase Europa o léase cualquier otra coartada. También pueden esgrimirse argumentos pre-científicos, como la famosa “curva de Laffer”, equivalente al milagro evangélico del pan y los peces. Pero el engaño, engaño es, y así acaba poniéndose en evidencia, a veces dolorosamente para el conjunto.

España cuenta con unos ingresos públicos que representan algo más del 38% de su PIB (2016), por el 45% de Alemania, el 51% de Bélgica o el 53% de Francia. Mientras tanto, nuestro gasto público sobre PIB alcanza el 42%, por el 44% de Alemania, el 53% de Bélgica y el 56% de Francia, por continuar con los mismos ejemplos de nuestro entorno europeo.

Por tanto, quienes en nuestro país planteen nuevas bajadas de impuestos, en realidad están proponiendo reducir unos ingresos públicos muy mermados ya respecto a la mayoría de los países europeos. Y a menores ingresos, menores gastos públicos, claro está. A no ser que se esté planteando un aumento significativo del déficit público, lo que nos situaría fuera de la disciplina presupuestaria de la Unión Europea.

Rajoy y Montoro, por ejemplo, decidieron en el año 2015 imponer una reforma fiscal con grandes ventajas para el 10% de las rentas más altas del país. Esta rebaja fiscal está suponiendo una merma de 13.000 millones anuales en los ingresos públicos, con los que se podría haber hecho frente a la subida de las pensiones conforme al IPC, al aumento del presupuesto en ciencia e investigación, la mejora de las becas recortadas o la atención a los 300.000 dependientes en lista de espera.

Se trata de una opción ideológica, tan legítima como censurable. Pero que debe aclararse a la ciudadanía cuando se lanzan reclamos electoralistas en forma de rebaja fiscal. Porque la rebaja fiscal supone para la gran mayoría un pequeño alivio momentáneo, si acaso, y una frustración profunda y duradera por la insuficiencia financiera de las políticas públicas.

Especialmente llamativa resulta la competición que PP y Ciudadanos mantienen en el Parlamento nacional y en varias comunidades a cuenta de las rebajas fiscales. Cifuentes se ha adelantado en Madrid a su media naranja prometiendo grandes rebajas en el tramo autonómico del IRPF, en sucesiones para parientes alejados y en transmisiones patrimoniales. Serán cientos de millones de euros perdidos para las arcas públicas. Pero este anuncio se hace al tiempo que se reivindican más recursos del Estado en el reparto de la financiación autonómica, y mientras la ciudadanía madrileña padece la peor financiación por habitante en sanidad, educación y servicios sociales.

Desde luego, la suficiencia no ha de ser el único principio con el que aplicar una política fiscal adecuada. También han de contar la progresividad y la eficacia recaudatoria, acotando elusiones y fraudes. La armonización fiscal en España respecto a sus tributaciones autonómicas, y en Europa respecto a sus Estados, constituye también un objetivo ineludible.

Pero ahora que se va a acercando la campaña autonómica y municipal, conviene alertar a la ciudadanía ante el daño y el engaño de la rebaja fiscal. Como dicta el refrán, pan para hoy y hambre para muchos mañanas.

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