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Archive for the ‘PSOE’ Category

El Gobierno y el Grupo Socialista en el Congreso están decididos a impulsar definitivamente la legislación que equipare a España con los países más avanzados del mundo en el reconocimiento de derechos.

Una de las propuestas a debate en la actualidad del Parlamento es la que ha de regular la eutanasia, o el derecho que ha de reconocerse a todo ser humano para dar por finalizada su vida en condiciones de sufrimiento grave y sin retorno. 

En un alarde más de la retórica inflamada y falaz que caracteriza al nuevo líder de la derecha española, Pablo Casado ha asegurado que “este problema no existe en España”. El texto de la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado para tumbar la propuesta socialista llega a comparar la eutanasia con la esclavitud y la venta de órganos. Aún está por dilucidar si la causa de tales disparates tiene que ver con la falta de sensibilidad o la simple ignorancia.

La derecha informada suele hacer uso de argumentos algo más elaborados, y confronta la reivindicación de la eutanasia regulada con el testamento vital, la evitación de encarnizamiento terapéutico o los cuidados paliativos. Pero no existe contradicción alguna entre estas demandas y el derecho que trata de incorporar el PSOE a nuestra legislación.

De hecho, tanto el testamento vital como los protocolos contra la obstinación terapéutica ya están regulados en muchas Comunidades Autónomas. Y el Congreso está a punto de culminar la ley que consagra como un derecho a los cuidados paliativos, como la llamada sedación terminal. 

Tampoco hay conflicto entre la eutanasia y “el derecho constitucional a la vida”, como esgrime el PP. El propio artículo 15 de la Constitución Española relaciona “el derecho a la vida” con “la integridad física y moral” frente a “penas o tratos inhumanos o degradantes”. Y es que el derecho a vivir ha de asociarse indefectiblemente al derecho a vivir con dignidad, o a dejar de vivir cuando las condiciones de la vida resultan definitiva e irreversiblemente incompatibles con una mínima dignidad. 

La propuesta de ley socialista establece la eutanasia como un derecho para quienes sufren “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado”, así como para quienes padecen “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causa “un sufrimiento insoportable”. La mayoría absoluta de los diputados apoyaron la toma en consideración de esta ley, y solo el PP manifestó su voto en contra. 

Nos tememos que a la derecha española le ocurra con esta ley y este derecho tal y como le ha sucedido con otras leyes y otros derechos a lo largo de nuestra historia democrática. Ya pasó con el divorcio, con el aborto y con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se opusieron, el derecho se consagró, y después no se atrevieron a tocarlo.

Por una vez, Casado y compañía podrían probar a apuntarse desde el principio a la conquista de nuevos derechos de ciudadanía para los españoles. O, al menos, a no estorbar.

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El acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, trasciende en su importancia y alcance a un mero pacto para aprobar una ley presupuestaria.

Este acuerdo proporciona al Gobierno socialista una hoja de ruta clara y un apoyo parlamentario muy significativo para llevarla a efecto. Los objetivos pactados son de suficiente enjundia y relevancia como para dar sentido a toda una legislatura

Los contenidos del pacto consolidan las razones que dieron vida a este Gobierno hace poco más de cuatro meses: la regeneración democrática y la reversión de los ajustes sociales emprendidos por las derechas de PP y Ciudadanos con la excusa de la crisis.

Pero, además, la consecución y la escenificación de un acuerdo tan importante envían un mensaje claro a los españoles con ideas progresistas. Las organizaciones políticas de la izquierda española se muestran capaces de simultanear sus legítimas diferencias con la unidad de acción que hace posibles los grandes cambios sociales. Es decir: vamos aprendiendo de la experiencia portuguesa.

Es preciso subrayar el calado de muchas de las medidas pactadas para la consecución de una sociedad más equitativa y más justa. La elevación del salario mínimo profesional y las reformas en el Estatuto de los Trabajadores corregirán en buena medida la precariedad de nuestro mercado laboral.

La mejora en los permisos de maternidad y paternidad, intransferibles ahora, junto al avance en la universalización de la enseñanza entre 0 y 3 años, contribuirán también al bienestar de las familias y a la igualdad real entre mujeres y hombres.

Se introducen igualmente mejoras importantes en la normativa sobre vivienda, a fin de evitar los efectos negativos que sobre muchas familias está teniendo la escalada en los precios de los alquileres. Se plantean nuevas herramientas para defender los intereses de los inquilinos y se promueve la vivienda social.

El acuerdo incluye otras medidas de impacto positivo sobre el bienestar social de los españoles, como la subida de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las becas, la reducción de las tasas universitarias, las nuevas ayudas a las personas en situación de dependencia…

Como es lógico, junto a las decisiones sobre el gasto se plantean también iniciativas relevantes sobre los ingresos públicos. La elevación del tipo efectivo en el impuesto de sociedades, el gravamen sobre las grandes rentas y fortunas, la imposición sobre transacciones financieras y el negocio tecnológico, la persecución del fraude…

Se trata de transformar la política fiscal en el sentido de la progresividad y la justicia tributaria. Sin subir impuestos a trabajadores, clases medias y autónomos modestos. Para que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden.

Tras la consecución de este acuerdo importante, aún quedará mucho por hacer. Tenemos que salvar el bloqueo de las derechas en la Mesa del Congreso, para eliminar a su vez la anomalía del veto senatorial sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hemos de aprobar después este nuevo margen financiero para disponer de 6000 millones de euros extras en el proyecto de presupuestos. Y hay que construir la mayoría necesaria para sacarlos adelante en las Cortes…

Nadie dijo que esto sería fácil. Pero el acuerdo suscrito entre el Gobierno socialista y Podemos ofrece esperanzas renovadas para seguir haciendo país, un país más justo.

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La mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados decidieron el pasado primero de junio censurar a un Gobierno agotado y promover un Gobierno nuevo y distinto. Se trata de un procedimiento excepcional, pero perfectamente constitucional y legítimo.

La derecha, sin embargo, nunca lo aceptó. El PP interpreta su salida del poder como si de una usurpación se tratara, y Ciudadanos evidencia cada día la frustración de quienes ya se veían aupados a la Moncloa por algunas encuestas favorables.

Unos y otros, la derecha azul y la derecha naranja, tienen derecho a expresar enojos y frustraciones. Ambas tienen incluso el deber de ejercer una oposición exigente y dura. Pero ni el PP ni Ciudadanos tienen derecho a bloquear y boicotear la acción de un Gobierno legítimo en aras del bien común.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nació con tres propósitos prioritarios: revertir los recortes sociales aplicados por los Gobiernos de Mariano Rajoy; promover medidas de regeneración democrática que devuelvan la confianza ciudadana en sus instituciones; y “normalizar” la situación política en Cataluña.

El presidente Sánchez y sus ministros están acometiendo estos objetivos con iniciativa y determinación. Más allá de la valoración que cada cual quiera hacer de los resultados hasta ahora, esta voluntad no puede negarse honestamente.

Sin embargo, la actitud de la oposición de derechas no es ni de colaboración ni de crítica, sino de puro obstruccionismo. Se trata de un comportamiento desleal, no ya hacia el Gobierno, sino hacia la sociedad española, que espera y merece algo distinto de PP y Ciudadanos.

Casado y Rivera no están ejerciendo la crítica sobre los planes presupuestarios del Gobierno socialista para atender las necesidades sociales de la ciudadanía española. Esto sería perfectamente lícito y entendible en los partidos que han protagonizado durante los últimos años los mayores recortes en bienestar social de nuestra historia democrática. PP y Ciudadanos se limitan a impedir por medios arteros que el Gobierno pueda proponer su proyecto de presupuestos.

PP y Ciudadanos bloquean, contra el reglamento y los precedentes parlamentarios, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido votada por 181 frente 164 diputados. De esta manera impiden que el Gobierno pueda contar con los 6000 millones de euros extras que ha negociado con la Comisión Europea. ¿A quiénes perjudica este comportamiento? No solo al Gobierno, sino a los millones de españoles que necesitan y reclaman mejoras en las pensiones, en el empleo, y en los servicios educativos y sanitarios.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado los trámites legales para reformar la Constitución y acabar con el aforamiento de diputados y senadores. Se trata de una medida de regeneración democrática ampliamente demandada por la ciudadanía. Pero la derecha se ha precipitado a denostarla y a anunciar su oposición.

En relación a Cataluña, PP y Ciudadanos practican la estrategia del “cuanto peor, mejor”. Lejos de seguir el ejemplo practicado por el PSOE cuando estaba en la oposición, colaborando lealmente con el Gobierno en sus iniciativas frente al separatismo, acusan falsamente al ejecutivo de entreguismo y complicidad con los partidarios de la independencia. En lugar de buscar conjuntamente con el Gobierno una solución al problema, se limitan a alimentar el conflicto con la esperanza de obtener un rendimiento político y electoral espúreo.

Los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Y este Gobierno merece que le dejen gobernar.

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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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LA IZQUIERDA EFICAZ

El Gobierno surgido de la moción de censura ha sido recibido con alivio y esperanza por la mayoría de la ciudadanía española. Alivio por dejar atrás una etapa de gobierno conservador marcado por las corruptelas y los recortes sociales. Y esperanza por las oportunidades de regeneración democrática y reequilibrio social que se abren de la mano de Pedro Sánchez y su prometedor equipo.

No obstante, las buenas expectativas despertadas por el nuevo Gobierno han llegado ensombrecidas por un resquemor bien fundado. ¿Será capaz la izquierda de ponerse de acuerdo para no malograr también esta oportunidad? La experiencia del gobierno progresista frustrado en el año 2016 aún pesa en el ánimo y la desconfianza de muchos españoles. Entonces, el grupo parlamentario de Podemos decidió unir votos con el PP para impedir la  investidura de un presidente socialista. El resultado fue una nueva etapa de gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Hasta el viernes 27 de junio, los primeros pasos del Gobierno socialista no habían encontrado grandes obstáculos debidos a la insuficiencia de apoyos parlamentarios. Estas primeras decisiones, bien acogidas por la población, han tenido que ver fundamentalmente con nombramientos, anuncios y decisiones puramente gubernamentales, sin necesidad de refrendo aún en las Cortes. Desde la configuración del “consejo de ministras” hasta la bienvenida al “Aquarius”, pasando por el decreto de universalización de la sanidad pública, las medidas adoptadas por Sánchez y sus ministros se han aplicado positivamente.

Sin embargo, la primera prueba de fuego para la mayoría progresista que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados se ha saldado con un sonoro fracaso. Se trataba, nada menos, que de aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria para 2019 que el Gobierno ha negociado con la Comisión Europea. Si el Gobierno Rajoy había cerrado un déficit público limitado al 1,3% sobre PIB, el Gobierno Sánchez había logrado ampliar el margen hasta el 1,8%. Estas cinco décimas extras suponen más de 6.000 millones de euros extraordinarios para el gasto público destinado al bienestar social y la modernización del modelo productivo.

Las derechas votaron coherentemente en contra del nuevo marco presupuestario, porque tanto el PP como Ciudadanos son firmes partidarios de las políticas de austeridad y recortes sociales. La sorpresa llegó desde la bancada de la izquierda. Contra toda lógica, el grupo de Unidos Podemos propició la derrota del Gobierno socialista. El resultado fue la pérdida de 2.534 millones de euros a invertir por las Comunidades Autónomas en la mejora de los servicios públicos de sanidad, educación, atención a la dependencia, vivienda y empleo. También se han perdido 2.500 millones para la Seguridad Social y alrededor de 1.000 millones para el presupuesto de la administración central del Estado.

Solo caben dos tipos de explicaciones para el voto de Unidos Podemos, y ambas son preocupantes. Por una parte, la formación morada entendería que estos 6.000 millones extras representan una cantidad insuficiente para revertir todos los recortes aplicados por la derecha desde 2012. Sus exigencias pasarían por derogar las leyes de estabilidad presupuestaria, negar los límites impuestos por las autoridades europeas, y multiplicar el gasto público sin medida. Pero esta posición no es realista, porque situaría a nuestro país fuera de la disciplina europea y al albur del castigo por parte de los mercados financieros. Un gran riesgo para la economía y el empleo.

La segunda explicación es aún peor, porque supondría que, aun siendo conscientes de estas limitaciones, los dirigentes de Podemos buscan debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez a fin de limitar su popularidad y arrancarle mayores concesiones en una eventual negociación a partir de septiembre. Esta hipótesis querría decir que la izquierda no ha aprendido nada durante los últimos años, y que nuevamente el oportunismo y el tacticismo cortoplacista se imponen sobre el ejercicio de responsabilidad y compromiso que los españoles esperan de todos nosotros.

Esto ha salido mal, pero a partir del mes de septiembre llegan pruebas nuevas y decisivas para las fuerzas políticas que representan los valores más progresistas en el Parlamento. Porque las decisiones de más calado a adoptar requieren de modificaciones legislativas y, por tanto, de mayorías claras en el Congreso de los Diputados. Para convalidar el decreto que universaliza la sanidad pública se necesita una mayoría de diputados. También se necesitará para revertir las medidas más dañinas adoptadas por el PP en la reforma laboral, en la LOMCE y en la ley mordaza, por poner algunos ejemplos.

Según los principales estudios socio-políticos, la mayoría de los españoles comparte valores de progreso y son potenciales votantes de izquierdas. Esa mayoría contempla hoy el escenario político español entre expectante y escamada, preguntándose si el futuro deparará un panorama a lo portugués, con una acción de gobierno progresista y un sólido apoyo parlamentario, o si la izquierda española volverá a las andadas del enfrentamiento cainita y estéril.

Esa mayoría se pregunta hoy si la fragmentación de la izquierda que tuvo lugar a partir del 15-M podrá traducirse alguna vez en una fuerza realmente útil, o si perderá fuelle y legitimidad a base de desencuentros y enfrentamientos internos.

Tal es el reto. O la izquierda demuestra a los españoles que es capaz de traducir pluralidad en encuentro, en eficacia y en gobierno. O muchos españoles darán definitivamente la espalda a la izquierda que propicie el fracaso.

La solución, en septiembre.

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Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

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