Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Madrid’ Category

La mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados decidieron el pasado primero de junio censurar a un Gobierno agotado y promover un Gobierno nuevo y distinto. Se trata de un procedimiento excepcional, pero perfectamente constitucional y legítimo.

La derecha, sin embargo, nunca lo aceptó. El PP interpreta su salida del poder como si de una usurpación se tratara, y Ciudadanos evidencia cada día la frustración de quienes ya se veían aupados a la Moncloa por algunas encuestas favorables.

Unos y otros, la derecha azul y la derecha naranja, tienen derecho a expresar enojos y frustraciones. Ambas tienen incluso el deber de ejercer una oposición exigente y dura. Pero ni el PP ni Ciudadanos tienen derecho a bloquear y boicotear la acción de un Gobierno legítimo en aras del bien común.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nació con tres propósitos prioritarios: revertir los recortes sociales aplicados por los Gobiernos de Mariano Rajoy; promover medidas de regeneración democrática que devuelvan la confianza ciudadana en sus instituciones; y “normalizar” la situación política en Cataluña.

El presidente Sánchez y sus ministros están acometiendo estos objetivos con iniciativa y determinación. Más allá de la valoración que cada cual quiera hacer de los resultados hasta ahora, esta voluntad no puede negarse honestamente.

Sin embargo, la actitud de la oposición de derechas no es ni de colaboración ni de crítica, sino de puro obstruccionismo. Se trata de un comportamiento desleal, no ya hacia el Gobierno, sino hacia la sociedad española, que espera y merece algo distinto de PP y Ciudadanos.

Casado y Rivera no están ejerciendo la crítica sobre los planes presupuestarios del Gobierno socialista para atender las necesidades sociales de la ciudadanía española. Esto sería perfectamente lícito y entendible en los partidos que han protagonizado durante los últimos años los mayores recortes en bienestar social de nuestra historia democrática. PP y Ciudadanos se limitan a impedir por medios arteros que el Gobierno pueda proponer su proyecto de presupuestos.

PP y Ciudadanos bloquean, contra el reglamento y los precedentes parlamentarios, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido votada por 181 frente 164 diputados. De esta manera impiden que el Gobierno pueda contar con los 6000 millones de euros extras que ha negociado con la Comisión Europea. ¿A quiénes perjudica este comportamiento? No solo al Gobierno, sino a los millones de españoles que necesitan y reclaman mejoras en las pensiones, en el empleo, y en los servicios educativos y sanitarios.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado los trámites legales para reformar la Constitución y acabar con el aforamiento de diputados y senadores. Se trata de una medida de regeneración democrática ampliamente demandada por la ciudadanía. Pero la derecha se ha precipitado a denostarla y a anunciar su oposición.

En relación a Cataluña, PP y Ciudadanos practican la estrategia del “cuanto peor, mejor”. Lejos de seguir el ejemplo practicado por el PSOE cuando estaba en la oposición, colaborando lealmente con el Gobierno en sus iniciativas frente al separatismo, acusan falsamente al ejecutivo de entreguismo y complicidad con los partidarios de la independencia. En lugar de buscar conjuntamente con el Gobierno una solución al problema, se limitan a alimentar el conflicto con la esperanza de obtener un rendimiento político y electoral espúreo.

Los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Y este Gobierno merece que le dejen gobernar.

Anuncios

Read Full Post »

Cada vez que el Gobierno socialista ofrece una noticia relevante y positiva para los españoles, surge como por causalidad otra noticia negativa y no tan relevante que desvía la atención. Es automático y es reiterativo pero, desde luego, no es casual. Cuando el Gobierno anuncia la recuperación de la sanidad universal, el fin de los recortes educativos o el gasto añadido contra la pobreza infantil, “aparecen” falsas polémicas sobre tesis doctorales o charlas de sobremesa grabadas hace casi una década.

Es una constante y era previsible. El Partido Socialista sabía que la derecha no abandona nunca el poder de buena gana y suele hacer uso de prácticas torticeras para hacer oposición, tales como utilizar la lucha antiterrorista contra el Gobierno, azuzar conflictos territoriales o practicar la “caza al hombre”. Fue lo habitual durante los gobiernos de González y Zapatero. La derecha y sus cloacas siempre han tratado de tumbar a los gobiernos socialistas y, sobre todo, a sus políticas progresistas, por las buenas o por las malas. Al gobierno que yo mismo había de presidir en Madrid hace quince años ni tan siquiera le dejaron nacer.

Ahora bien, tal realidad no puede impedir, ni ralentizar, ni ocultar, el avance en las políticas que el Gobierno socialista pone en marcha a favor de la justicia social y la decencia en la vida pública. Ni lo lograron antes, ni lo van a lograr ahora.

El último éxito a subrayar ha sido el acuerdo suscrito por la gran mayoría de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, para garantizar la mejora anual de las pensiones con arreglo al aumento del coste de la vida. Un logro que debe apuntarse tanto a la movilización de los pensionistas, como al empuje del Gobierno y el buen trabajo de los diputados socialistas. (Permitan que cite a todos los integrantes de esa comisión: Merçé Perea, Carmen Cuello, Amalia Rodríguez, Salvador de la Encina, Jesús M. Fernández, Sonia Ferrer, Gema López, Margarita Pérez y Luis C. Sahuquillo y, especialmente, a su portavoz Adriana Lastra).

Tras varios años de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas, la representación parlamentaria de los españoles, liderada por el PSOE, ha recuperado el compromiso público con la dignidad de las pensiones. Volvemos así a la senda del consenso en la garantía de nuestro sistema de pensiones, que el PP rompió unilateralmente con su reforma-recorte del año 2013. Se termina de esta manera con la indignidad del 0,25% como subida límite anual, que arrojaba a nuestros pensionistas a la pobreza progresiva.

No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer. Para transformar este acuerdo parlamentario en una ley de presupuestos es preciso antes aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria negociada por la ministra Calviño en Bruselas. Esta nueva senda ofrece un margen de 2500 millones de euros más en las cuentas de la Seguridad Social, pero la derecha de PP y Ciudadanos la está bloqueando en la Mesa del Congreso, contra el Reglamento y contra el más elemental sentido de la responsabilidad.

Y a medio plazo es necesario definir una doble estrategia, en el Parlamento y mediante el diálogo social, en los gastos y en los ingresos del sistema de pensiones. Respecto a los primeros, además de comprometer la subida conforme al IPC, cabe trasladar gastos administrativos y de personal, hasta ahora sostenidos por la Seguridad Social, a los presupuestos de la administración central del Estado. Asimismo, habrá que revisar el cúmulo de reducciones y bonificaciones de dudosa eficacia que se aplica al albur de las políticas de promoción del empleo.

Respecto a los ingresos hay que ser honestos y valientes. Si queremos un Estado de Bienestar de primera y unas pensiones de primera, necesitaremos una fiscalidad de primera también. Pero aún estamos a más de ocho puntos de PIB en porcentaje de gasto público respecto a la media de la zona euro. Hará falta destopar cotizaciones y prever ingresos provenientes de los impuestos. ¿A quién cobrárselos? A quienes más tienen, a quienes más ganan y, sobre todo, a quienes más esconden…

Ellos a sus ruidos. Nosotros, a gobernar por el bien común. Pero que no nos despisten…

Read Full Post »

LA IZQUIERDA EFICAZ

El Gobierno surgido de la moción de censura ha sido recibido con alivio y esperanza por la mayoría de la ciudadanía española. Alivio por dejar atrás una etapa de gobierno conservador marcado por las corruptelas y los recortes sociales. Y esperanza por las oportunidades de regeneración democrática y reequilibrio social que se abren de la mano de Pedro Sánchez y su prometedor equipo.

No obstante, las buenas expectativas despertadas por el nuevo Gobierno han llegado ensombrecidas por un resquemor bien fundado. ¿Será capaz la izquierda de ponerse de acuerdo para no malograr también esta oportunidad? La experiencia del gobierno progresista frustrado en el año 2016 aún pesa en el ánimo y la desconfianza de muchos españoles. Entonces, el grupo parlamentario de Podemos decidió unir votos con el PP para impedir la  investidura de un presidente socialista. El resultado fue una nueva etapa de gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Hasta el viernes 27 de junio, los primeros pasos del Gobierno socialista no habían encontrado grandes obstáculos debidos a la insuficiencia de apoyos parlamentarios. Estas primeras decisiones, bien acogidas por la población, han tenido que ver fundamentalmente con nombramientos, anuncios y decisiones puramente gubernamentales, sin necesidad de refrendo aún en las Cortes. Desde la configuración del “consejo de ministras” hasta la bienvenida al “Aquarius”, pasando por el decreto de universalización de la sanidad pública, las medidas adoptadas por Sánchez y sus ministros se han aplicado positivamente.

Sin embargo, la primera prueba de fuego para la mayoría progresista que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados se ha saldado con un sonoro fracaso. Se trataba, nada menos, que de aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria para 2019 que el Gobierno ha negociado con la Comisión Europea. Si el Gobierno Rajoy había cerrado un déficit público limitado al 1,3% sobre PIB, el Gobierno Sánchez había logrado ampliar el margen hasta el 1,8%. Estas cinco décimas extras suponen más de 6.000 millones de euros extraordinarios para el gasto público destinado al bienestar social y la modernización del modelo productivo.

Las derechas votaron coherentemente en contra del nuevo marco presupuestario, porque tanto el PP como Ciudadanos son firmes partidarios de las políticas de austeridad y recortes sociales. La sorpresa llegó desde la bancada de la izquierda. Contra toda lógica, el grupo de Unidos Podemos propició la derrota del Gobierno socialista. El resultado fue la pérdida de 2.534 millones de euros a invertir por las Comunidades Autónomas en la mejora de los servicios públicos de sanidad, educación, atención a la dependencia, vivienda y empleo. También se han perdido 2.500 millones para la Seguridad Social y alrededor de 1.000 millones para el presupuesto de la administración central del Estado.

Solo caben dos tipos de explicaciones para el voto de Unidos Podemos, y ambas son preocupantes. Por una parte, la formación morada entendería que estos 6.000 millones extras representan una cantidad insuficiente para revertir todos los recortes aplicados por la derecha desde 2012. Sus exigencias pasarían por derogar las leyes de estabilidad presupuestaria, negar los límites impuestos por las autoridades europeas, y multiplicar el gasto público sin medida. Pero esta posición no es realista, porque situaría a nuestro país fuera de la disciplina europea y al albur del castigo por parte de los mercados financieros. Un gran riesgo para la economía y el empleo.

La segunda explicación es aún peor, porque supondría que, aun siendo conscientes de estas limitaciones, los dirigentes de Podemos buscan debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez a fin de limitar su popularidad y arrancarle mayores concesiones en una eventual negociación a partir de septiembre. Esta hipótesis querría decir que la izquierda no ha aprendido nada durante los últimos años, y que nuevamente el oportunismo y el tacticismo cortoplacista se imponen sobre el ejercicio de responsabilidad y compromiso que los españoles esperan de todos nosotros.

Esto ha salido mal, pero a partir del mes de septiembre llegan pruebas nuevas y decisivas para las fuerzas políticas que representan los valores más progresistas en el Parlamento. Porque las decisiones de más calado a adoptar requieren de modificaciones legislativas y, por tanto, de mayorías claras en el Congreso de los Diputados. Para convalidar el decreto que universaliza la sanidad pública se necesita una mayoría de diputados. También se necesitará para revertir las medidas más dañinas adoptadas por el PP en la reforma laboral, en la LOMCE y en la ley mordaza, por poner algunos ejemplos.

Según los principales estudios socio-políticos, la mayoría de los españoles comparte valores de progreso y son potenciales votantes de izquierdas. Esa mayoría contempla hoy el escenario político español entre expectante y escamada, preguntándose si el futuro deparará un panorama a lo portugués, con una acción de gobierno progresista y un sólido apoyo parlamentario, o si la izquierda española volverá a las andadas del enfrentamiento cainita y estéril.

Esa mayoría se pregunta hoy si la fragmentación de la izquierda que tuvo lugar a partir del 15-M podrá traducirse alguna vez en una fuerza realmente útil, o si perderá fuelle y legitimidad a base de desencuentros y enfrentamientos internos.

Tal es el reto. O la izquierda demuestra a los españoles que es capaz de traducir pluralidad en encuentro, en eficacia y en gobierno. O muchos españoles darán definitivamente la espalda a la izquierda que propicie el fracaso.

La solución, en septiembre.

Read Full Post »

Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

Read Full Post »

El día 2 de mayo se cumplieron 139 años desde la fundación del PSOE por un puñado de obreros en una fonda de la madrileña calle de Tetuán. La efemérides más que centenaria del Partido Socialista coincide con la borrachera demoscópica de otro partido, Ciudadanos, que el próximo mes de junio cumplirá su duodécimo año de vida, entrando casi en la adolescencia política.

Esta diferencia abismal de edades, y la soberbia que suele acompañar a las buenas encuestas, ha intensificado el conocido afán de los dirigentes de Ciudadanos por descalificar precisamente al PSOE, al que ellos llaman de forma peyorativa “partido viejo”. En realidad, tal descalificación logra de entrada un efecto contrario al buscado, porque pone de manifiesto el vivo contraste entre el proyecto históricamente consolidado de los unos, frente a la coyunturalidad posiblemente efímera de los otros.

Con seguridad, la fortaleza persistente del PSOE ha de resultar tan incomprensible como irritante para quienes viven la política desde la espuma del surfeo en la actualidad, desde la gestión de las últimas modas en la opinión pública, y desde la complicidad interesada de los poderes financiero-mediáticos. ¿Pero qué hacen aún ahí estos socialistas que ni están de moda, ni quedan bien en las encuestas, ni tienen el favor de la uno, ni de la dos, ni de la tres, ni de la cuatro, ni de la cinco, ni de la seis…?

Y es que, en democracia, el vigor político no se mide mediante al peso de los elogios de los tertulianos o las falsas promesas de votos en encuestas de diseño. Cuando este partido de moda acabe la escuela secundaria de la política, se dará cuenta de que el auténtico éxito en política ni tan siquiera tiene que ver con la telegenia del líder o el acierto de los cortes en el último programa de radio. Entonces entenderán que solo hay dos cosas realmente importantes para la madurez de un partido: su razón de ser y su credibilidad.

La razón de ser del PSOE es incluso más vieja que sus siglas. Se trata de hacer justicia, se trata de combatir las desigualdades. Más allá de modas, de encuestas y de concursos de telegenia para partidos adolescentes, los españoles saben que el PSOE existe desde hace casi siglo y medio para conquistar avances en igualdad, en libertad y en justicia. Y saben que cuando un socialista gobierna, sea donde sea, sea cuando sea, lo hace para lograr más justicia. Y saben que cuando un socialista hace oposición, lo hace también para lograr más justicia, cada día, en cada lugar.

Y la credibilidad del PSOE está en su historia, en sus hechos, en la coherencia y el empeño de su gente. Claro que se han cometido errores, y ha habido incumplimientos, y se han aprovechado sinvergüenzas. Pero los españoles saben que el balance de la aportación del Partido Socialista a la historia del último siglo y medio de la sociedad española es un balance netamente positivo.

Y saben que algunas de las mejores páginas de esa historia se han escrito con puño, con letra y con tinta socialista. A veces, también, con sacrificio y con sangre socialista. Desde el fin del trabajo infantil hasta la jornada de 40 horas y el descanso dominical. Desde el consenso constitucional hasta el fin de ETA. Desde la universalización de la sanidad pública hasta la ley de la dependencia. Desde las becas para el acceso obrero a la universidad hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo…

¿Viejos? Hay algo de gerontofobia en esas expresiones, además. Las sociedades más avanzadas y más sabias son las que más respeto muestran por los mayores, y no las que desprecian todo aquello que les antecedió.

La “vejez” del PSOE proporciona firmeza en los principios, a salvo de modas, encuestas o posibilismos. Por eso entre los socialistas no se dará aquello de firmar hoy por la abolición de la cadena perpetua, para abrazar mañana esa misma cadena perpetua al calor de la indignación popular por el último crimen. Por eso en el PSOE no se denunciará un día la “descomposición” del PP en Madrid, para respaldar a ese mismo PP en el día siguiente.

Esa “vejez” aporta experiencia para no adoptar decisiones a golpe de encuesta mañanera. Y reporta cantera, mayor y joven, con mochila de gobierno y con mochila de originalidad, porque se ha gobernado mucho, y se ha hecho mucha oposición, y se ha trabajado mucho codo a codo con la sociedad española, en cada tiempo y en cada rincón. Sin necesidad de fichajes improvisados y efectistas de última hora.

Y la “vejez” aporta, sobre todo, confianza. Confianza en el compromiso acreditado con unos valores y en la solvencia de un trabajo que puede contrastarse, medirse, valorarse.

¿Viejos? Cuando algunos despierten de la borrachera de la moda y las encuestas mareantes, el PSOE seguirá aquí, cumpliendo años, y cumpliendo con su razón de ser. Una razón tan vieja como la desigualdad.

Read Full Post »

El auge y caída de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid podría servir de argumento para una película acerca de una determinada concepción del poder político. De hecho, la etapa de gobierno del PP madrileño entre 1995 y hoy mismo daría para toda una serie, que rivalizaría claramente con los seriales más rentables de las factorías HBO o Netflix, en cuanto a la crueldad de los personajes o los giros dramáticos en el guion.

Para la gran mayoría de quienes dedicamos nuestro esfuerzo a la tarea política, quiero pensar, el poder político responde precisamente a aquello que establece el diccionario de la Real Academia: la facultad o potencia de hacer. Se trata, por tanto, de un instrumento habilitante y capacitador para llevar a la práctica unas ideas determinadas en búsqueda del bien común.

En democracia, por tanto, el poder constituye una oportunidad que concede temporal y condicionadamente la ciudadanía para llevar a cabo un programa político concreto, atendiendo al interés general y sometido a los controles legales. Y el poder es, al mismo tiempo, compromiso para con el resto de la sociedad y responsabilidad en el cumplimiento del cometido correspondiente.

Para cualquier responsable político sería absurdo abjurar del poder o rechazarlo de forma voluntaria. El poder de gobernar o de legislar, por ejemplo, permite adoptar decisiones que transformen la realidad en el sentido que indican las convicciones propias. La expresión y la reivindicación de las ideas, por interesante que resulte, siempre adolecerá de la recompensa que produce su plasmación práctica mediante el ejercicio democrático del poder. Los políticos aspiran, buscan y quieren, queremos, el poder, naturalmente.

Ahora bien, lo que la ciudadanía madrileña lleva más de veinte años contemplando en el gobierno de su Comunidad no tiene nada que ver con esta noción democrática del poder. El núcleo de dirigentes del PP que han protagonizado la política madrileña en este tiempo concibe el poder como un atributo al servicio de la voluntad personal y de los intereses propios. Se trata, además, de un poder desnudo del ropaje de la moralidad y factualmente ajeno a los controles democráticos.

Este poder se ejerce en beneficio propio, reclamando comisiones por la concesión de obra pública o usurpando un título académico para el que no se han reunido los méritos debidos. Es un poder para provecho de la camarilla propia, sean compañeros de partido, socios de empresa, familiares o amiguetes. Y se trata de un poder que faculta también para controlar, chantajear o fulminar al enemigo político, sea del partido opositor o, mucho más frecuente, sea del partido propio, mediante seguimientos policiales, “gestapillos” o dosieres.

Quienes participan de esta concepción del poder no contemplan límites legales ni éticos para alcanzarlo. Por ejemplo, corrompiendo a dos diputados para dar un golpe antidemocrático e impedir la formación del gobierno que ha ganado limpiamente las elecciones. Y si hacen lo necesario para llegar, tampoco muestran escrúpulo alguno en sus maniobras para mantenerse. Por ejemplo, acudiendo al dopaje financiero con dinero negro en las campañas electorales. Pero donde las dan, las toman, y quienes ejercen de este modo el poder suelen acabar muertos políticamente por fuego amigo. Por ejemplo, con la difusión de un vídeo personalmente humillante.

Importa mucho identificar claramente a esa minoría que ejerce el poder cual si se tratara de una mafia, para distinguirla claramente de la mayoría que concibe el poder como el ejercicio de una responsabilidad democrática y ética. Porque esto último es hacer política. Lo primero, no. Lo primero es otra cosa. Es algo contra lo que algunos llevamos dos décadas luchando en Madrid. Es algo que la sociedad madrileña no se merece y que debemos erradicar. De una vez por todas.

Read Full Post »

Madrid es la Comunidad capital de España y una de las regiones más importantes de Europa, en términos políticos, económicos y culturales. En esta Comunidad trabajan, estudian, se esfuerzan y viven cada día cerca de seis millones y medio de hombres y mujeres. Ni la Comunidad de Madrid ni esos hombres y mujeres se merecen el bochorno al que les están sometiendo precisamente aquellos que son responsables de velar por su bienestar.

El prestigio y la credibilidad de las instituciones que organizan el espacio público son factores claves para fundamentar el desarrollo colectivo y la propia convivencia. Y cuando ese prestigio y esa credibilidad se ven vituperados hasta la indignidad, como es el caso de la Comunidad de Madrid en estos momentos, el daño infringido desborda a gobiernos, parlamentos y partidos, hasta alcanzar al corazón de la sociedad misma.

El crédito de las instituciones madrileñas viene siendo arrastrado por el lodo de la corrupción y la mentira desde hace muchos años. El faraonismo dolosamente despilfarrador de Gallardón, el latrocinio sin límite de las ranas de Esperanza Aguirre, y ahora la vergüenza de los títulos usurpados por Cifuentes, han deteriorado la confianza ciudadana en la política y en los políticos más allá de los límites de la ira y el desprecio.

El largo brazo de la corrupción ha alcanzado incluso a un ámbito hasta ahora incólume: la universidad pública madrileña. La pretensión indigna de unos por engordar fraudulentamente su currículum, y el afán no menos indigno de otros por congraciarse con el poder a toda costa, está ocasionando un deterioro brutal en el crédito de la institución universitaria en general.

Centenares de miles de estudiantes y profesores se ven ahora sometidos a una sospecha y una desconsideración tan infundadas como injustas, porque en la universidad pública madrileña se trabaja mucho, se trabaja bien y, sobre todo, se trabaja desde la honestidad general. Personalmente he visto en estos días a profesores humillados y a estudiantes deprimidos hasta el llanto, a causa de la sucesión inacabable de las noticias vergonzosas que se suceden día tras día en medios de comunicación, con alcance en Madrid, en España y en todo el mundo.

La situación es insostenible. Cifuentes debería haber dimitido hace tiempo. El PP debería haber forzado su marcha hace semanas. Ciudadanos debiera haberle retirado su apoyo el mismo día en que estalló este escándalo último y definitivo. Pero no lo han hecho.

Por eso es de reconocer y de agradecer el paso adelante dado por Ángel Gabilondo, el Grupo Parlamentario Socialista y la dirección del PSOE de Madrid. Los socialistas no somos dados a iniciativas testimoniales ni a decisiones sin fruto positivo y cierto. No sabemos si la moción de censura prosperará o no prosperará, porque la aritmética parlamentaria sitúa hoy tal decisión en las manos de Albert Rivera y el grupo de Ciudadanos. Pero un elemental sentido de la responsabilidad nos ha llevado a adoptar esa medida extrema.

Es cierto que apenas queda un año de legislatura en la Comunidad de Madrid. También es verdad que en doce meses no hay tiempo suficiente para desarrollar un programa de cambios profundos, como necesita y demanda ya una mayoría en la sociedad madrileña. Y, desde luego, somos conscientes de que la decisión última en orden a impulsar un desarrollo justo en Madrid y regenerar sus instituciones ha de dilucidarse en las urnas, con el voto de la ciudadanía.

Pero estamos en una situación de emergencia democrática. Urge rescatar la dignidad de las instituciones madrileñas, universidad incluida. Resulta imprescindible garantizar que la presidencia de la Comunidad de Madrid y cada uno de sus centros de decisión se ponen al servicio de la sociedad y no a la orden de intereses particulares y espurios. Y la recuperación del crédito de la democracia española no puede esperar un año. No puede esperar ni un día más.

Ángel Gabilondo es, además, una garantía absoluta en la formación de un Gobierno para superar esta emergencia democrática y recuperar la dignidad de las instituciones madrileñas.

Ha de reconocerse también la disposición positiva del grupo parlamentario de Podemos, con un comportamiento muy alejado de eso que Rivera llama “el reparto de sillones”.

Ahora, la clave está en Ciudadanos, y su decisión es tan simple como relevante. O contribuyen a dignificar la vida política en Madrid, o siguen intentando administrar a una Cifuentes agónica en puro cálculo electoralista. O actúan en interés de la ciudadanía madrileña, o actúan en interés propio. O dignidad, o indignidad. O Gabilondo o Cifuentes. Ya no hay postureos o máscaras que valgan. En esta decisión se retratarán, para Madrid y para el conjunto de España. Para hoy y para mañana.

Read Full Post »

Older Posts »