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Archive for the ‘Madrid’ Category

El día 2 de mayo se cumplieron 139 años desde la fundación del PSOE por un puñado de obreros en una fonda de la madrileña calle de Tetuán. La efemérides más que centenaria del Partido Socialista coincide con la borrachera demoscópica de otro partido, Ciudadanos, que el próximo mes de junio cumplirá su duodécimo año de vida, entrando casi en la adolescencia política.

Esta diferencia abismal de edades, y la soberbia que suele acompañar a las buenas encuestas, ha intensificado el conocido afán de los dirigentes de Ciudadanos por descalificar precisamente al PSOE, al que ellos llaman de forma peyorativa “partido viejo”. En realidad, tal descalificación logra de entrada un efecto contrario al buscado, porque pone de manifiesto el vivo contraste entre el proyecto históricamente consolidado de los unos, frente a la coyunturalidad posiblemente efímera de los otros.

Con seguridad, la fortaleza persistente del PSOE ha de resultar tan incomprensible como irritante para quienes viven la política desde la espuma del surfeo en la actualidad, desde la gestión de las últimas modas en la opinión pública, y desde la complicidad interesada de los poderes financiero-mediáticos. ¿Pero qué hacen aún ahí estos socialistas que ni están de moda, ni quedan bien en las encuestas, ni tienen el favor de la uno, ni de la dos, ni de la tres, ni de la cuatro, ni de la cinco, ni de la seis…?

Y es que, en democracia, el vigor político no se mide mediante al peso de los elogios de los tertulianos o las falsas promesas de votos en encuestas de diseño. Cuando este partido de moda acabe la escuela secundaria de la política, se dará cuenta de que el auténtico éxito en política ni tan siquiera tiene que ver con la telegenia del líder o el acierto de los cortes en el último programa de radio. Entonces entenderán que solo hay dos cosas realmente importantes para la madurez de un partido: su razón de ser y su credibilidad.

La razón de ser del PSOE es incluso más vieja que sus siglas. Se trata de hacer justicia, se trata de combatir las desigualdades. Más allá de modas, de encuestas y de concursos de telegenia para partidos adolescentes, los españoles saben que el PSOE existe desde hace casi siglo y medio para conquistar avances en igualdad, en libertad y en justicia. Y saben que cuando un socialista gobierna, sea donde sea, sea cuando sea, lo hace para lograr más justicia. Y saben que cuando un socialista hace oposición, lo hace también para lograr más justicia, cada día, en cada lugar.

Y la credibilidad del PSOE está en su historia, en sus hechos, en la coherencia y el empeño de su gente. Claro que se han cometido errores, y ha habido incumplimientos, y se han aprovechado sinvergüenzas. Pero los españoles saben que el balance de la aportación del Partido Socialista a la historia del último siglo y medio de la sociedad española es un balance netamente positivo.

Y saben que algunas de las mejores páginas de esa historia se han escrito con puño, con letra y con tinta socialista. A veces, también, con sacrificio y con sangre socialista. Desde el fin del trabajo infantil hasta la jornada de 40 horas y el descanso dominical. Desde el consenso constitucional hasta el fin de ETA. Desde la universalización de la sanidad pública hasta la ley de la dependencia. Desde las becas para el acceso obrero a la universidad hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo…

¿Viejos? Hay algo de gerontofobia en esas expresiones, además. Las sociedades más avanzadas y más sabias son las que más respeto muestran por los mayores, y no las que desprecian todo aquello que les antecedió.

La “vejez” del PSOE proporciona firmeza en los principios, a salvo de modas, encuestas o posibilismos. Por eso entre los socialistas no se dará aquello de firmar hoy por la abolición de la cadena perpetua, para abrazar mañana esa misma cadena perpetua al calor de la indignación popular por el último crimen. Por eso en el PSOE no se denunciará un día la “descomposición” del PP en Madrid, para respaldar a ese mismo PP en el día siguiente.

Esa “vejez” aporta experiencia para no adoptar decisiones a golpe de encuesta mañanera. Y reporta cantera, mayor y joven, con mochila de gobierno y con mochila de originalidad, porque se ha gobernado mucho, y se ha hecho mucha oposición, y se ha trabajado mucho codo a codo con la sociedad española, en cada tiempo y en cada rincón. Sin necesidad de fichajes improvisados y efectistas de última hora.

Y la “vejez” aporta, sobre todo, confianza. Confianza en el compromiso acreditado con unos valores y en la solvencia de un trabajo que puede contrastarse, medirse, valorarse.

¿Viejos? Cuando algunos despierten de la borrachera de la moda y las encuestas mareantes, el PSOE seguirá aquí, cumpliendo años, y cumpliendo con su razón de ser. Una razón tan vieja como la desigualdad.

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El auge y caída de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid podría servir de argumento para una película acerca de una determinada concepción del poder político. De hecho, la etapa de gobierno del PP madrileño entre 1995 y hoy mismo daría para toda una serie, que rivalizaría claramente con los seriales más rentables de las factorías HBO o Netflix, en cuanto a la crueldad de los personajes o los giros dramáticos en el guion.

Para la gran mayoría de quienes dedicamos nuestro esfuerzo a la tarea política, quiero pensar, el poder político responde precisamente a aquello que establece el diccionario de la Real Academia: la facultad o potencia de hacer. Se trata, por tanto, de un instrumento habilitante y capacitador para llevar a la práctica unas ideas determinadas en búsqueda del bien común.

En democracia, por tanto, el poder constituye una oportunidad que concede temporal y condicionadamente la ciudadanía para llevar a cabo un programa político concreto, atendiendo al interés general y sometido a los controles legales. Y el poder es, al mismo tiempo, compromiso para con el resto de la sociedad y responsabilidad en el cumplimiento del cometido correspondiente.

Para cualquier responsable político sería absurdo abjurar del poder o rechazarlo de forma voluntaria. El poder de gobernar o de legislar, por ejemplo, permite adoptar decisiones que transformen la realidad en el sentido que indican las convicciones propias. La expresión y la reivindicación de las ideas, por interesante que resulte, siempre adolecerá de la recompensa que produce su plasmación práctica mediante el ejercicio democrático del poder. Los políticos aspiran, buscan y quieren, queremos, el poder, naturalmente.

Ahora bien, lo que la ciudadanía madrileña lleva más de veinte años contemplando en el gobierno de su Comunidad no tiene nada que ver con esta noción democrática del poder. El núcleo de dirigentes del PP que han protagonizado la política madrileña en este tiempo concibe el poder como un atributo al servicio de la voluntad personal y de los intereses propios. Se trata, además, de un poder desnudo del ropaje de la moralidad y factualmente ajeno a los controles democráticos.

Este poder se ejerce en beneficio propio, reclamando comisiones por la concesión de obra pública o usurpando un título académico para el que no se han reunido los méritos debidos. Es un poder para provecho de la camarilla propia, sean compañeros de partido, socios de empresa, familiares o amiguetes. Y se trata de un poder que faculta también para controlar, chantajear o fulminar al enemigo político, sea del partido opositor o, mucho más frecuente, sea del partido propio, mediante seguimientos policiales, “gestapillos” o dosieres.

Quienes participan de esta concepción del poder no contemplan límites legales ni éticos para alcanzarlo. Por ejemplo, corrompiendo a dos diputados para dar un golpe antidemocrático e impedir la formación del gobierno que ha ganado limpiamente las elecciones. Y si hacen lo necesario para llegar, tampoco muestran escrúpulo alguno en sus maniobras para mantenerse. Por ejemplo, acudiendo al dopaje financiero con dinero negro en las campañas electorales. Pero donde las dan, las toman, y quienes ejercen de este modo el poder suelen acabar muertos políticamente por fuego amigo. Por ejemplo, con la difusión de un vídeo personalmente humillante.

Importa mucho identificar claramente a esa minoría que ejerce el poder cual si se tratara de una mafia, para distinguirla claramente de la mayoría que concibe el poder como el ejercicio de una responsabilidad democrática y ética. Porque esto último es hacer política. Lo primero, no. Lo primero es otra cosa. Es algo contra lo que algunos llevamos dos décadas luchando en Madrid. Es algo que la sociedad madrileña no se merece y que debemos erradicar. De una vez por todas.

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Madrid es la Comunidad capital de España y una de las regiones más importantes de Europa, en términos políticos, económicos y culturales. En esta Comunidad trabajan, estudian, se esfuerzan y viven cada día cerca de seis millones y medio de hombres y mujeres. Ni la Comunidad de Madrid ni esos hombres y mujeres se merecen el bochorno al que les están sometiendo precisamente aquellos que son responsables de velar por su bienestar.

El prestigio y la credibilidad de las instituciones que organizan el espacio público son factores claves para fundamentar el desarrollo colectivo y la propia convivencia. Y cuando ese prestigio y esa credibilidad se ven vituperados hasta la indignidad, como es el caso de la Comunidad de Madrid en estos momentos, el daño infringido desborda a gobiernos, parlamentos y partidos, hasta alcanzar al corazón de la sociedad misma.

El crédito de las instituciones madrileñas viene siendo arrastrado por el lodo de la corrupción y la mentira desde hace muchos años. El faraonismo dolosamente despilfarrador de Gallardón, el latrocinio sin límite de las ranas de Esperanza Aguirre, y ahora la vergüenza de los títulos usurpados por Cifuentes, han deteriorado la confianza ciudadana en la política y en los políticos más allá de los límites de la ira y el desprecio.

El largo brazo de la corrupción ha alcanzado incluso a un ámbito hasta ahora incólume: la universidad pública madrileña. La pretensión indigna de unos por engordar fraudulentamente su currículum, y el afán no menos indigno de otros por congraciarse con el poder a toda costa, está ocasionando un deterioro brutal en el crédito de la institución universitaria en general.

Centenares de miles de estudiantes y profesores se ven ahora sometidos a una sospecha y una desconsideración tan infundadas como injustas, porque en la universidad pública madrileña se trabaja mucho, se trabaja bien y, sobre todo, se trabaja desde la honestidad general. Personalmente he visto en estos días a profesores humillados y a estudiantes deprimidos hasta el llanto, a causa de la sucesión inacabable de las noticias vergonzosas que se suceden día tras día en medios de comunicación, con alcance en Madrid, en España y en todo el mundo.

La situación es insostenible. Cifuentes debería haber dimitido hace tiempo. El PP debería haber forzado su marcha hace semanas. Ciudadanos debiera haberle retirado su apoyo el mismo día en que estalló este escándalo último y definitivo. Pero no lo han hecho.

Por eso es de reconocer y de agradecer el paso adelante dado por Ángel Gabilondo, el Grupo Parlamentario Socialista y la dirección del PSOE de Madrid. Los socialistas no somos dados a iniciativas testimoniales ni a decisiones sin fruto positivo y cierto. No sabemos si la moción de censura prosperará o no prosperará, porque la aritmética parlamentaria sitúa hoy tal decisión en las manos de Albert Rivera y el grupo de Ciudadanos. Pero un elemental sentido de la responsabilidad nos ha llevado a adoptar esa medida extrema.

Es cierto que apenas queda un año de legislatura en la Comunidad de Madrid. También es verdad que en doce meses no hay tiempo suficiente para desarrollar un programa de cambios profundos, como necesita y demanda ya una mayoría en la sociedad madrileña. Y, desde luego, somos conscientes de que la decisión última en orden a impulsar un desarrollo justo en Madrid y regenerar sus instituciones ha de dilucidarse en las urnas, con el voto de la ciudadanía.

Pero estamos en una situación de emergencia democrática. Urge rescatar la dignidad de las instituciones madrileñas, universidad incluida. Resulta imprescindible garantizar que la presidencia de la Comunidad de Madrid y cada uno de sus centros de decisión se ponen al servicio de la sociedad y no a la orden de intereses particulares y espurios. Y la recuperación del crédito de la democracia española no puede esperar un año. No puede esperar ni un día más.

Ángel Gabilondo es, además, una garantía absoluta en la formación de un Gobierno para superar esta emergencia democrática y recuperar la dignidad de las instituciones madrileñas.

Ha de reconocerse también la disposición positiva del grupo parlamentario de Podemos, con un comportamiento muy alejado de eso que Rivera llama “el reparto de sillones”.

Ahora, la clave está en Ciudadanos, y su decisión es tan simple como relevante. O contribuyen a dignificar la vida política en Madrid, o siguen intentando administrar a una Cifuentes agónica en puro cálculo electoralista. O actúan en interés de la ciudadanía madrileña, o actúan en interés propio. O dignidad, o indignidad. O Gabilondo o Cifuentes. Ya no hay postureos o máscaras que valgan. En esta decisión se retratarán, para Madrid y para el conjunto de España. Para hoy y para mañana.

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En la ceremonia de la confusión que tiene lugar en la política catalana de estos días, algunos pretenden hacer pasar a las víctimas por agresores y a los agresores por víctimas. Sin embargo, el engaño cada día es más evidente y los dispuestos a dejarse embaucar son cada vez menos, en Cataluña, en el resto de España y, como están comprobando dolorosamente, también en el conjunto de Europa.

Las víctimas son, por este orden, la ciudadanía catalana y del conjunto de España, así como las instituciones democráticas que en Cataluña y en el resto de España están llamadas a asegurar su convivencia, sus libertades y el desarrollo colectivo. Los agresores son, sin lugar a la duda, aquellos que pretenden imponer sus ambiciones sobre la legalidad democrática. Y aquellos que buscan imponer sus ensoñaciones por encima del derecho de catalanes, españoles y europeos a vivir en paz, ajenos a la amenaza del nacionalismo populista y supremacista que tantos dramas ocasionó durante el siglo pasado.

La democracia española se defiende de sus agresores, claro. Está en su legítimo derecho. Cuando se subvierte la ley democrática, cuando se socavan los cimientos del Estado de Derecho, cuando se proclama la sedición y la ruptura del orden constitucional que garantiza los derechos y las libertades, la sociedad organizada se defiende. Y quienes la amenazan son obligados a comparecer ante la Justicia y asumir sus responsabilidades. Claro. Lo sorprendente es que se sorprendan. ¿Qué pensaban?

La historia moderna de España es una historia trágica. Durante los dos últimos siglos los españoles fuimos incapaces de entendernos para establecer siquiera unas reglas básicas de convivencia. Las desigualdades sociales, las diferencias religiosas, el papel del ejército, la forma del Estado, las identidades territoriales… Cualquier motivo, o todos los motivos a la vez, eran buenos para exacerbar las diferencias, generar conflictos y frustrar cualquier oportunidad de desarrollo común.

Hasta 1978. Para sorpresa de muchos, y para satisfacción y agradecimiento de las generaciones presentes, los españoles de la Transición fueron capaces de superar siglos de desencuentros y violencias para alcanzar un pacto. El pacto constitucional no resolvía de un plumazo todas las diferencias y todos los problemas endémicos del país, pero establecía unos fundamentos comúnmente aceptados, para posibilitar un proyecto colectivo en paz, junto al resto de los pueblos de Europa.

Ese pacto incluía un modelo territorial que, al modo federal de otras naciones de conformación plural, aseguraba a un tiempo unidad y respeto a la diversidad, igualdad de derechos y descentralización política. Y el pacto fue votado muy mayoritariamente en toda España, y muy especialmente en Cataluña. Es un pacto perfectible, desde luego. Es un pacto a perfeccionar, de hecho, pero a perfeccionar desde el mismo consenso que le dio vida.

Sin embargo, ahora unos cuantos han decidido que ya está bien de Constitución, de pacto, de consensos y de convivencia. Han decidido que hay que volver a las andadas, al desencuentro y al conflicto. Han decidido que, pese a estos cuarenta años de convivencia en paz, de desarrollo próspero y de descentralización máxima, es hora de romper los cimientos del pacto constitucional. Han decidido fracturar un país, España. Hacerlo desaparecer, sin más. Y han decidido hacerlo por la bravas, porque sí, porque “Cataluña es nuestra”, en el elocuente discurso supremacista de Ernst Maragall.

En la democracia española, todas las ideas legítimas, y el independentismo lo es, pueden defenderse, si se hace respetando los derechos de quienes no compartimos esas legítimas ideas independentistas. ¿Cómo? Acudiendo a los procedimientos que proporciona el Estado de Derecho. Podrían haber planteado sus propuestas de forma abierta en las instituciones, para posibilitar el diálogo y un eventual entendimiento. O podrían haber planteado una iniciativa de reforma constitucional, en el Parlamento catalán primero, y en el Congreso de los Diputados después.

Y hubiéramos hablado, y hubiéramos debatido, y posiblemente hubiéramos votado. En la sede de la representación de todos los españoles, porque a todos los españoles concierne la integridad de nuestro país y el futuro colectivo. Y yo hubiera votado contra la secesión, desde luego. Puede que contra la secesión hubiera votado la mayoría. De hecho, este es el argumento dudosamente democrático que esgrimen los independentistas catalanes para desechar lo que llaman la “vía Ibarretxe”.

Claro que hay caminos alternativos a los de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a las mayorías. En España y en el resto de Europa los conocemos bien. De hecho, los independentistas han de saber que haremos todo lo posible para no se repitan, dentro de la ley.

Somos humanos, y no podemos dejar de empatizar con quienes sufren cárcel y desgarro familiar, por alejados que estemos de sus ideas e intenciones. Pero tampoco podemos ignorar a las víctimas más que seguras que hubiera generado la inacción de la Justicia, en un escenario de vulneración impune de la legalidad constitucional y de vuelta al conflicto civil, tan dramáticamente presente en nuestra historia.

 

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Conforme se aproximan las campañas electorales van multiplicándose los reclamos del voto con contenido fiscal. Rivera anuncia la rebaja impositiva como “condición” para respaldar los Presupuestos Generales del Estado. Cifuentes se adelanta a su socio naranja proclamando nuevas reducciones en la imposición sobre renta, sucesiones y transmisiones patrimoniales. Los gobiernos autonómicos compiten en recortes de impuestos. Hasta Rajoy hace un guiño fiscal a los pensionistas enfadados por la pérdida de su poder adquisitivo.

Tales reclamos constituyen normalmente una incoherencia grave para sus autores, por cuanto en la mayor parte de los casos suele tratarse de dirigentes políticos que hacen discursos permanentes en demanda de más recursos para ejercer sus competencias. Pero, además de incoherentes, suelen resultar también del todo irresponsables, ya que las rebajas impositivas reducen sus capacidades para financiar políticas públicas con las que hacer frente a las necesidades y demandas de las comunidades que gobiernan o aspiran a gobernar.

Las promesas de rebajas fiscales pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado están aquellos que prometen menos impuestos aún a costa de reducir gastos, y por otro lado están quienes pretenden garantizar menos impuestos y más gastos a la vez. Los primeros hacen daño, los segundos engañan.

Es legítimo plantear a la ciudadanía una reducción global de los ingresos fiscales cuando se explica que tal decisión conlleva a su vez una merma en la capacidad de gasto y, por tanto, de las políticas públicas que atienden las necesidades sociales. Es el discurso neoliberal de “el dinero está mejor en el bolsillo de la gente”, que equivale al “cada cual se las apañe” y “sálvese el que pueda”. Menos ingresos y menos gasto público implican sociedades en las que cada ciudadano y cada ciudadana satisfacen sus necesidades y demandas, de educación, de sanidad, de servicios sociales, por ejemplo, en función de sus propias condiciones económicas. Son sociedades profundamente desiguales.

También resulta legítimo, desde luego, plantear el mantenimiento, incluso el aumento de los ingresos fiscales a fin de mejorar así las capacidades de la sociedad para promover el bienestar colectivo. Y tal aumento puede resultar de una fiscalidad progresiva, en la que paguen menos quienes menos tienen y ganan, y en la que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden. Hablamos ahora del discurso progresista o socialdemócrata que apuesta por sociedades equitativas, cohesionadas y justas, en las que la acción pública promueve la igualdad de oportunidades y no abandona a su suerte a los menos afortunados.

Sin embargo, lo que no resulta legítimo es prometer al mismo tiempo reducciones generalizadas de impuestos y aumentos generalizados del gasto. Porque esto equivale a engañar a la ciudadanía. El engaño puede camuflarse durante un tiempo a base de incrementar la deuda, o derivando culpas a otras instancias, léase el Estado, léase Europa o léase cualquier otra coartada. También pueden esgrimirse argumentos pre-científicos, como la famosa “curva de Laffer”, equivalente al milagro evangélico del pan y los peces. Pero el engaño, engaño es, y así acaba poniéndose en evidencia, a veces dolorosamente para el conjunto.

España cuenta con unos ingresos públicos que representan algo más del 38% de su PIB (2016), por el 45% de Alemania, el 51% de Bélgica o el 53% de Francia. Mientras tanto, nuestro gasto público sobre PIB alcanza el 42%, por el 44% de Alemania, el 53% de Bélgica y el 56% de Francia, por continuar con los mismos ejemplos de nuestro entorno europeo.

Por tanto, quienes en nuestro país planteen nuevas bajadas de impuestos, en realidad están proponiendo reducir unos ingresos públicos muy mermados ya respecto a la mayoría de los países europeos. Y a menores ingresos, menores gastos públicos, claro está. A no ser que se esté planteando un aumento significativo del déficit público, lo que nos situaría fuera de la disciplina presupuestaria de la Unión Europea.

Rajoy y Montoro, por ejemplo, decidieron en el año 2015 imponer una reforma fiscal con grandes ventajas para el 10% de las rentas más altas del país. Esta rebaja fiscal está suponiendo una merma de 13.000 millones anuales en los ingresos públicos, con los que se podría haber hecho frente a la subida de las pensiones conforme al IPC, al aumento del presupuesto en ciencia e investigación, la mejora de las becas recortadas o la atención a los 300.000 dependientes en lista de espera.

Se trata de una opción ideológica, tan legítima como censurable. Pero que debe aclararse a la ciudadanía cuando se lanzan reclamos electoralistas en forma de rebaja fiscal. Porque la rebaja fiscal supone para la gran mayoría un pequeño alivio momentáneo, si acaso, y una frustración profunda y duradera por la insuficiencia financiera de las políticas públicas.

Especialmente llamativa resulta la competición que PP y Ciudadanos mantienen en el Parlamento nacional y en varias comunidades a cuenta de las rebajas fiscales. Cifuentes se ha adelantado en Madrid a su media naranja prometiendo grandes rebajas en el tramo autonómico del IRPF, en sucesiones para parientes alejados y en transmisiones patrimoniales. Serán cientos de millones de euros perdidos para las arcas públicas. Pero este anuncio se hace al tiempo que se reivindican más recursos del Estado en el reparto de la financiación autonómica, y mientras la ciudadanía madrileña padece la peor financiación por habitante en sanidad, educación y servicios sociales.

Desde luego, la suficiencia no ha de ser el único principio con el que aplicar una política fiscal adecuada. También han de contar la progresividad y la eficacia recaudatoria, acotando elusiones y fraudes. La armonización fiscal en España respecto a sus tributaciones autonómicas, y en Europa respecto a sus Estados, constituye también un objetivo ineludible.

Pero ahora que se va a acercando la campaña autonómica y municipal, conviene alertar a la ciudadanía ante el daño y el engaño de la rebaja fiscal. Como dicta el refrán, pan para hoy y hambre para muchos mañanas.

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Los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos, enfrentados en otras lides, han logrado ponerse rápidamente de acuerdo para proponer una reforma express del régimen electoral español que beneficia a sus dos formaciones de manera casi exclusiva.

En estos días se han dirigido a otros grupos y han hecho público un documento de “simulaciones”, en el que denuncian el régimen electoral vigente por “falsear” la voluntad de la ciudadanía, y reivindican cambios rápidos en el sentido de la “igualdad” y la “proporcionalidad”.

En realidad tan solo concretan una reforma: abandonar el sistema D’Hont y aplicar el sistema Sainte-Lague en el reparto matemático de los escaños. Y no esconden la justificación: con los votos de 2016 el nuevo sistema suma 12 escaños más para Ciudadanos y 6 escaños más para Podemos.

Desde el Grupo Socialista hemos escuchado atentamente las explicaciones y hemos leído con detenimiento esas simulaciones en las que algunos partidos perdemos escaños, otros se mantienen igual, y tan solo los dos firmantes salen beneficiados. Al parecer, les ha extrañado nuestro escaso entusiasmo con la idea, y a nosotros nos ha extrañado su extrañeza, claro está.

La regulación del régimen electoral forma parte de las reglas del juego democrático y, en consecuencia, cualquier reforma debe plantearse al margen de intereses partidarios y coyunturales. Precisamente esta fue la razón del reproche generalizado que sufrió el PP de Cospedal en Castilla-La Mancha tras la reforma unilateral de 2012 y 2014. Porque los cambios en las reglas del juego han de hacerse desde el rigor, atendiendo a criterios de interés general y buscando siempre el máximo consenso.

El PSOE se ha manifestado partidario de impulsar reformas para mejorar nuestro régimen electoral. Ahora bien, se trata de mejorar, no de empeorar, y se trata de mejorar para el interés de la sociedad española y no para el interés de uno o dos partidos.

Podemos modificar la legislación electoral, por ejemplo, para asegurar la representación de las mujeres con listas cremallera; para facilitar el voto a los españoles residentes en el exterior; para reforzar el derecho al sufragio activo y pasivo de la ciudadanía del resto de Europa en las elecciones municipales; para eliminar trabas en el voto de las personas con discapacidad… También podemos reforzar los derechos democráticos de ciudadanía mediante el desbloqueo de las listas electorales o introduciendo el voto electrónico con las debidas garantías.

Se puede mejorar el procedimiento electoral vigente obligando a los partidos a elegir candidatos o candidatas a la Presidencia del Gobierno mediante primarias abiertas,  estableciendo debates obligatorios, intensificando los controles de los gastos electorales, o eliminando la prohibición absurda de publicar encuestas en la última semana de campaña.

Se pueden y se deben afrontar otras reformas en clave de regeneración democrática, para asegurar que los parlamentarios y las parlamentarias se dedican a sus actividades en régimen de dedicación absoluta, excluyendo las actividades privadas que puedan generar conflictos de intereses. Se puede evitar el uso abusivo del veto presupuestario del Gobierno a las iniciativas legales de la oposición. Y se puede facilitar la Iniciativa Legislativa Popular, tramitar los Decretos-Leyes como Proyectos de Ley mediante la solicitud de dos grupos parlamentarios, y reeditar el pacto anti-transfuguismo tumbado por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Estas sí que son reformas de interés para todos.

Y puede estudiarse una mejora en la representatividad del sistema electoral. Pero habrá que hacerlo reconociendo primero que el sistema de reparto de escaños en vigor, el famoso D’Hont, siendo perfectible, ha proporcionado servicios estimables a la democracia española: posibilitando la alternancia en el poder, facilitando la representación de fuerzas mayoritarias y minoritarias, con Gobiernos de mayoría absoluta y mayoría relativa, beneficiando y perjudicando alternativamente a todos los actores políticos, en función de los votos obtenidos por cada cual.

Por ejemplo, en las últimas elecciones de Cataluña (2017) Ciudadanos obtuvo un 26,7% de los escaños en el Parlament con solo el 25,3% de los votos, mientras el PSC obtenía el 12,6% de los escaños con el 13,9% de los votos. Por su parte, Podemos obtuvo el 21% de los escaños en la Asamblea de Madrid con solo el 18,6% de los votos en las elecciones autonómicas de 2015.

En el propósito de mejorar nuestro sistema electoral cabe hablar de representatividad y de proporcionalidad, desde luego, pero hay que contemplar también otros principios, como el de estabilidad y gobernabilidad. La aprobación de los presupuestos generales de 2017 requirió el acuerdo entre cinco partidos. Dada la fragmentación de la representación electoral, en muchos países de Europa se están estudiando fórmulas en el sentido de reforzar mayorías, no de debilitarlas. También hay que contar con estos argumentos.

Pero es que la propuesta de Podemos y Ciudadanos no mejora la representatividad y la proporcionalidad de nuestro sistema electoral, sino que tan solo mejora su representación particular, la de ellos dos. Desde luego reduce la representación de PSOE y, sobre todo, de PP. Prácticamente no afecta a los partidos nacionalistas. Sin embargo, ¿qué ocurre con otros partidos más pequeños? En 2015, UPyD obtuvo cerca de 150.000 votos, que en un sistema proporcional puro equivaldrían a 2 escaños. En 2016, PACMA recogió cerca de 300.000 votos, que podrían haber supuesto al menos 3 escaños puramente proporcionales. Pero ni UPyD ni PACMA aparecen con representación en las “simulaciones” de Podemos y Ciudadanos.

Las alternativas al sistema D’Hont son muchas y diversas. Podemos y Ciudadanos proponen ahora el sistema Saint-Lague, pero hace tan solo un año Podemos proponía públicamente la aplicación del sistema Cociente Hare, y en otras ocasiones unos y otros se han referido al Cociente Droop y al sistema Hagenbach-Bischoff. ¿Por qué razón han ido variando? Según encontraban fórmulas mejores para sus propios intereses electorales.

Además, ellos y nosotros sabemos que la forma realmente efectiva de introducir más proporcionalidad en el sistema electoral pasa por modificar las circunscripciones, y esta es una Reforma con letras mayúsculas, porque requiere tocar la Constitución.

En definitiva, estudiemos las distintas opciones para mejorar el sistema electoral. Pero hagámoslo pensando en el interés general y no en el interés coyuntural de uno u otro partido. Hagámoslo con rigor, sin improvisaciones, en el seno de la comisión parlamentaria que se creó para tal fin. Y hagámoslo sin perder de vista el consenso necesario y conveniente para todo lo que afecta a las reglas del juego democrático.

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La competencia ha sido y es el fundamento de la economía de mercado. Hasta hace algún tiempo, los factores que aportaban competitividad a un producto o un servicio eran, sobre todo, calidad y precio. Sin embargo, la era de la comunicación global está configurando nuevos valores añadidos, cada día más decisivos en la determinación de la conducta del consumidor.

Pongamos un ejemplo ilustrativo. Para su último cumpleaños, mi sobrino de trece años no me pidió como regalo un producto concreto, sino una marca concreta. “Quiero algo de esta marca. Me da igual lo que sea”. La marca en cuestión cuenta con productos tan diferentes como ropa deportiva, zapatillas, mochilas, colonias, material escolar… ¿Qué ofrece la marca, más allá de la calidad o precio en un producto concreto? Ofrece el prestigio, la fama, la imagen, el rol social, el estilo, el estar “in”… que una campaña cuidada (y cara) ha logrado asociar a su logotipo.

No es de extrañar, por tanto, que las empresas impulsoras y beneficiarias de tales marcas globales sea muy celosas en salvaguardar su prestigio. Se trata de optimizar unas estrategias de mercado muy complejas y unas inversiones millonarias, que incluyen diseño, publicidad, patrocinios…

Pero si las estrategias y las tácticas de las empresas vendedoras han evolucionado, puede que también deban hacerlo las estrategias y las tácticas de los consumidores. Y si las empresas ya no se limitan a atraer clientes mediante la calidad y el precio, porque hay posibilidades distintas y más eficaces, puede que los compradores estemos actualizando también algunos de nuestros criterios de elección de alternativas.

Seguiremos atendiendo a la calidad y al precio del producto o servicio en cuestión, desde luego. Muchos incorporarán el factor “fama de marca” para su decisión de compra. Y yo, por ejemplo, cada vez que afronto una adquisición importante, con un gasto de consideración, procuro informarme sobre el comportamiento de las diferentes empresas en relación a cuestiones de interés social. Porque la valoración del prestigio de una marca, para muchos, no ha de limitarse a valorar el acierto de sus campañas de publicidad…

¿Cómo trata cada empresa a sus trabajadores? ¿Ha deslocalizado su producción para explotar trabajadores en países con normativas laborales laxas? ¿Suele aplicar Expedientes de Regulación de Empleo para desprenderse de trabajadores con derechos consolidados y contratar después trabajadores precarios? ¿Cuál es la relación entre los salarios de los directivos y del personal subalterno? ¿Cobran igual mujeres y hombres por igual trabajo?

También cabe indagar en el comportamiento fiscal de las empresas. ¿Pagan sus impuestos donde deben? ¿O practican la ingeniería fiscal para pagar en algún pseudo paraíso fiscal como Irlanda, Gibraltar o Malta? ¿Colaboran en la lucha contra el cambio climático o contaminan sin medida?

Estos criterios pueden formar parte de una estrategia de decisión individual o colectiva. Es decir, yo puedo informarme personalmente sobre algunos de estos datos, o las asociaciones de consumidores pueden trasladar estas informaciones al conjunto de la sociedad. Puedo hacer personalmente mis listados o podemos elaborarlos de forma colectiva, con ayuda, por ejemplo, de los sindicatos…

En definitiva, las empresas afinan cada día más en sus decisiones, y los consumidores también hemos de hacerlo. Porque además de consumidores, somos trabajadores, contribuyentes y ciudadanos con sensibilidad social y ambiental. Y si el prestigio de una marca constituye un factor clave de competitividad para el vendedor, también puede ser un arma interesante para el comprador-consumidor-trabajador-contribuyente-ciudadano.

Si ellos espabilan, espabilemos todos…

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