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Archive for the ‘Madrid’ Category

Inauguramos curso con una situación política delicada. La voluntad democrática de los españoles  se expresó con claridad en las urnas entre los meses de abril y mayo. El PSOE ganó las elecciones generales, las europeas, las municipales y las autonómicas, en diez de doce comunidades.

El panorama político nacional e internacional requiere de un Gobierno español con plenas funciones de manera inmediata: un brexit salvaje a la vista; una desaceleración económica en ciernes a escala europea; una financiación autonómica con necesidades perentorias; un déficit galopante en la Seguridad Social…

Sin embargo, la sesión de investidura a la que se sometió el candidato ganador de las elecciones en el mes de julio fracasó, por voluntad del resto de los grupos parlamentarios con más representación en el Congreso. A día de hoy, en consecuencia, el país sigue contando con un Gobierno limitado en sus funciones, y sin perspectiva de solución a corto plazo. Situación de bloqueo, en definitiva.

En este contexto, sorprenden especialmente las posiciones que justifican el bloqueo “porque no vamos a facilitar el Gobierno gratis, a cambio de nada”. Tales argumentos provienen, a veces, tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Resulta difícil interpretar esta lógica retributiva para la investidura de un Presidente del Gobierno. En principio, la lógica democrática invita a pensar que los votos se aportan a cambio de la satisfacción del interés general y no del interés propio o partidario. Si el apoyo o la abstención en una investidura no se quiere plantear “gratis”, ¿cuál es la retribución que se espera? ¿Un pago? ¿Una contraprestación? ¿De qué tipo?

Pareciera, incluso, que aquellos que mantienen secuestrado el resultado de la voluntad democrática expresada en la urnas pretendieran recibir un rescate por su liberación. O me pagas o mantengo el boicot a las urnas y el bloqueo a la formación de Gobierno, parecen expresar.

En nuestro sistema democrático parlamentario, una vez celebradas las elecciones con un claro ganador, aún sin mayoría absoluta en el Congreso, a los demás grupos parlamentarios solo les cabe mantener tres conductas lícitas. O se apoya al candidato del grupo ganador; o se propone una alternativa; o se facilita la formación de Gobierno mediante una abstención responsable. El bloqueo sin alternativa no es un comportamiento lícito. Pedir un rescate en interés propio, tampoco.

En el contexto político actual de nuestro país, la segunda opción no existe.

El apoyo al candidato ganador requiere cierta equivalencia ideológica y programática, ciertamente. Y, desde luego, puede plantearse conforme a un acuerdo formal, con naturaleza y alcance diversos.

La abstención responsable también puede condicionarse. No a cambio de una retribución o rescate de interés partidario, como la renuncia a formar Gobierno en una comunidad autónoma, por supuesto. Tampoco mediante la exigencia de que el candidato ganador cambie de ideas y de programa, para asumir las de quienes han perdido las elecciones. Sí puede plantearse, sin embargo, un compromiso de diálogo y entendimiento en torno a cuestiones de Estado.

¿Cuál es el planteamiento del PSOE en este escenario?

Pedimos un ejercicio de realismo, responsabilidad y generosidad a todos los grupos parlamentarios que han recibido la confianza de la ciudadanía para atender el interés general.

Realismo para asumir que el PSOE ganó inequívocamente las elecciones y que no existe alternativa viable a un Gobierno liderado por el PSOE.

Responsabilidad para facilitar y no bloquear la formación del Gobierno que votaron mayoritariamente los ciudadanos y ciudadanas.

Y generosidad para anteponer el interés general al propio o partidario.

¿Cómo hacerlo?

Mediante un acuerdo programático con Unidas Podemos y otras formaciones progresistas, que establezca una agenda legislativa y de gestión política a desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años. Este acuerdo aseguraría un Gobierno coherente, estable y eficaz en el desarrollo de una agenda de progreso, impulsado, apoyado y controlado desde el Parlamento. A tal efecto, el PSOE ha elaborado una propuesta abierta con 300 medidas progresistas, con amplio respaldo social y político.

Y a través de la abstención responsable de PP y Ciudadanos, con el compromiso de mantener, como hemos hecho siempre, una actitud de diálogo y entendimiento en cuestiones de Estado, como la política exterior, la política antiterrorista, la defensa de la integridad territorial, el desarrollo de los pactos de Estado contra la violencia de género y el futuro de las pensiones, y las eventuales propuestas de reforma constitucional.

¿Apoyo gratis a la formación de Gobierno? No. Se trata de posibilitar la formación del Gobierno que han votado los españoles, a cambio del reconocimiento social ante un ejercicio de responsabilidad democrática, en beneficio del interés general. Esa es suficiente retribución.

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El símil con aquella campaña institucional destinada a fomentar el ahorro energético no es mío. Es de Iñaki Gabilondo y se lo escuché en la cadena SER, pero sirve para ilustrar de manera precisa el momento político que vivimos en relación a la investidura del Presidente del Gobierno.

Y es que da la sensación de que algunos actores pretenden alargar el proceso que ha de investir al único Presidente posible, por motivos puramente tácticos y egoístas. Y puede que a ellos les convenga esperar, pero España, efectivamente, no puede.

La paradoja del momento es la siguiente. La ciudadanía ha cumplido con su responsabilidad democrática, acudiendo repetidamente a las urnas y arrojando un veredicto muy claro. El PSOE ha ganado de largo las elecciones generales, las europeas, las municipales y en diez de las doce elecciones autonómicas llamadas a votar.

Ha cumplido son su responsabilidad constitucional el Jefe del Estado que, tras la ronda preceptiva con los representantes políticos, ha propuesto un candidato a la presidencia del Gobierno. Y, finalmente, ha cumplido con su responsabilidad el propio candidato, Pedro Sánchez, que ha compartido sus planes con los dirigentes de diez fuerzas políticas con presencia en el Parlamento.

Ya solo queda que también asuman su responsabilidad el resto de los actores políticos con capacidad de decisión y voto en la sesión de investidura. Y tienen tres opciones legítimas: o apoyan al candidato propuesto, o intentan forjar una alternativa (que no es posible), o se hacen a un lado sin bloquear la única investidura posible. Estas son opciones legítimas, porque no resulta legítimo optar por el boicot a las instituciones, el bloqueo y la ingobernabilidad. Quizás ellos se puedan permitir ciertos tacticismos interesados, pero España no puede.

Quizás unos jueguen a presionar al candidato, intentando llevarle hasta el extremo con la intención de que varíe sus planteamientos en un acuerdo programático, parlamentario e institucional muy razonable. Puede que otros jueguen simplemente a retrasar la investidura para provocar el desgaste político del candidato y fomentar la sensación de inestabilidad. Incluso puede haber quienes jueguen a repetir elecciones, por si les fuera mejor en una nueva cita con las urnas.

Se trata de juegos tácticos tan comprensibles como evidentes, pero absolutamente inaceptables desde la perspectiva del interés general. Los cálculos partidistas son inevitables, pero han de subordinarse al bien común porque, de lo contrario, se subvierte claramente el mandato representativo.

En concreto, puede que algunos actores políticos estén apostando a hacer fracasar la investidura del único Presidente posible en julio, para irse de vacaciones en agosto y continuar el juego táctico en septiembre. Sería una irresponsabilidad.

Hay asuntos pendientes que no pueden esperar al juego táctico de ningún partido. El último informe FOESSA alerta sobre la existencia de más de ocho millones de excluidos sociales en España. Estamos pagando la extra de las pensiones con préstamos. La precarización de muchos empleos exige un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma urgente. Tenemos pendiente el nuevo sistema de financiación autonómica desde hace años. El cambio climático requiere respuestas legales y estructurales ya. En Europa nos esperan para afrontar el brexit, el presupuesto del euro, la armonización fiscal…

Además, aún tenemos por renovar el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE…

Definitivamente, no. España no puede esperar. Necesitamos un Gobierno estable ya. Los ciudadanos han hecho su trabajo. Ahora corresponde a diputados y diputada actuar con responsabilidad.

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Entre el 28 de abril y el 26 de mayo la gran mayoría de los españoles han votado en tres urnas. Un buen número de españoles lo han hecho en cuatro y algunos hasta en cinco. Hemos celebrado elecciones generales, europeas, municipales, autonómicas, para los cabildos insulares… 

El pronunciamiento democrático de los españoles en el tiempo reciente ha sido, por tanto, profuso. Pero es que, además, ha sido claro. Porque el PSOE ha ganado las elecciones generales, las europeas, las municipales y hasta diez de doce elecciones autonómicas. De hecho, el Partido Socialista prácticamente duplica en escaños a la segunda fuerza política en el Congreso. 

La voluntad popular se ha expresado con nitidez. Los españoles quieren para España un Gobierno liderado por el PSOE y presidido por Pedro Sánchez. Quieren un Gobierno que aplique una agenda de avances sociales. Y quieren un Gobierno eficaz, capaz de cumplir su programa y, en consecuencia, estable. 

A partir del vaticinio contundente de las urnas, a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados solo les quedan tres opciones: o respaldan ese Gobierno de progreso; o procuran una alternativa viable; o se hacen a un lado, sin obstaculizar su investidura.

Esta es la responsabilidad de cada una de las trece fuerzas políticas que forman los ocho grupos parlamentarios del Congreso. Y la mayor responsabilidad corresponde, lógicamente, a los grupos con más representación: al propio Grupo Socialista, al PP, a Ciudadanos y a Unidas Podemos. 

Unidas Podemos ya ha mostrado su disposición para apoyar a un Gobierno progresista y a su agenda de avances sociales, y trabaja junto al PSOE en su definición. 

Por eso nos dirigimos especialmente a PP y Ciudadanos. Porque no es aceptable el planteamiento hecho público por Teodoro García Egea, secretario general del PP, primer partido de la oposición. Ha dicho literalmente que “no solo no vamos a facilitar la investidura, sino que vamos a dificultarla todo lo posible”.

El PP podría intentar la conformación de una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, pero sabe que no es posible. Por tanto, solo hay dos posiciones legítimas y compatibles con el interés general. Se entiende que no voten a favor de un candidato que fue claro adversario electoral, pero pueden contribuir al desbloqueo de la investidura con su abstención. Lo que no es legítimo es el obstruccionismo y el boicot sin alternativa posible. 

Hay quienes evocan un supuesto paralelismo con la posición contraria a facilitar la investidura de Rajoy que algunos mantuvimos en el seno del PSOE en el año 2016. Pero no cabe tal equivalencia. Entonces se trataba de investir como Presidente del Gobierno al máximo dirigente de un partido imputado, y finalmente condenado, por corrupción. Además, había alternativas. Difíciles, pero las había. Ahora no es el caso.

También es cierto que en diversos ámbitos políticos y doctrinales se está planteando desde hace tiempo la pertinencia de reformar el artículo 99 de la Constitución, a fin de articular un procedimiento de investidura que no permita los bloqueos. Ya hay precedentes muy interesantes en el Parlamento vasco y en el asturiano. Pero el artículo 99 dice ahora lo que dice, y a eso hay que atenerse. 

Corresponde, pues, investir un Gobierno progresista, y corresponde investirlo cuanto antes. Acaba de hacerse público el prestigioso Informe Foessa, que ha descrito un panorama de exclusión y desigualdad social insoportable en nuestro país. Entre sus prioridades de Gobierno, el Presidente Sánchez ha hablado también de la digitalización pendiente en nuestra economía, de la transición ecológica, de la regeneración democrática, de la convivencia territorial, del fortalecimiento de nuestro papel en Europa… 

Los problemas y los desafíos de la sociedad española no pueden esperar a los juegos tácticos de algunas fuerzas políticas. Por eso cabe exigir responsabilidad a todos los actores que han obtenido en las urnas, en una u otra medida, el encargo de velar por los intereses generales.

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La derecha debe una doble disculpa en estos días a los españoles. En primer lugar por haber frustrado la tramitación de unos presupuestos que mejoraban objetivamente la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas. Y en segundo lugar por haber quedado al descubierto sus embustes sobre un falso pacto del Gobierno socialista con el independentismo catalán para dar continuidad a la legislatura a cambio de cesiones contrarias a la Constitución.

Casado y Rivera han causado un daño grave a los españoles y españolas en sus condiciones de vida, sumando sus votos a los del soberanismo catalán contra el presupuesto del Gobierno de España. Y ambos dos, junto a su socio franquista, llevan meses procurando radicalizar los conflictos territoriales y acentuando los problemas de convivencia entre españoles, con el propósito mezquino de obtener un rendimiento político y electoral a corto plazo. Deben pedir perdón a los españoles.

A pesar del rechazo de derechistas e independentistas al proyecto del Gobierno, el Partido Socialista puede mirar a los ojos de los españoles con la confianza de haber hecho su trabajo con eficacia y honestidad, tal y como manifestó desde la tribuna del Congreso la portavoz Adriana Lastra.

España necesitaba unos presupuestos que impulsaran un crecimiento económico sólido, moderno, sostenible y justo. Necesitábamos unos presupuestos que revertieran los gravísimos recortes sociales impuestos por la derecha al socaire de la crisis. Necesitábamos unos presupuestos que recuperaran la justicia fiscal, para que pagaran más impuestos quienes más tienen, quienes más ganan y quienes más esconden. Y todo ello desde el rigor y el equilibrio en las cuentas públicas.

Estos son los presupuestos que ha presentado el Gobierno y ha defendido el Grupo Socialista en el Parlamento español. Los motivos de las derechas y los independentistas para rechazarlos nada han tenido que ver con los intereses de los españoles y las españolas. Los primeros los han votado en contra por el ansia de echar al PSOE del Gobierno. Los segundos han primado irresponsablemente sus propios intereses partidarios y las tácticas vinculadas a la ensoñación del proceso separatista.

La votación del día 13 de febrero en el Congreso de los Diputados ha dejado al descubierto también los engaños del PP y Ciudadanos sobre los supuestos pactos ocultos del Gobierno con el independentismo catalán para dar continuidad a esta legislatura. ¿Dónde están esos pactos? ¿Cómo pueden explicar ahora las derechas que los independentistas Tardá y Campuzano han votado junto a Casado y Rivera para tumbar los presupuestos del Gobierno socialista? ¿Cómo van a justificar tantas mentiras?

Las acusaciones, las infamias y las mentiras han sido múltiples y reiteradas por parte de PP y Ciudadanos, desde la propia moción de censura del primero de junio hasta el domingo de la foto de la vergüenza en Colón. Se ha tachado al Gobierno y a su Presidente de traidor, felón e ilegítimo; se les ha acusado falsamente de vender España, de alquilar la Moncloa con cesiones al soberanismo, de humillar a los españoles, de arrodillar a nuestra Constitución y hasta de “ponerse a cuatro patas ante los independentistas”, en frase memorablemente zafia y grosera de la derechista Arrimadas.

Se trataba de engaños flagrantes, dolosos e irresponsables. Han sido engaños porque no respondían a verdad alguna. Jamás el Gobierno de España entró ni tan siquiera a tener en cuenta o a negociar las reivindicaciones independentistas de reconocimiento del falso derecho de autodeterminación, o la celebración de un referéndum separatista, o la mediación internacional en el conflicto, o la injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Nunca.

Los engaños han sido dolosos porque Casado y Rivera eran perfectamente conscientes de sus mentiras. Ellos sabían cabalmente que el Gobierno no estaba haciendo cesión alguna. Y los engaños han sido irresponsables porque han contribuido a resquebrajar aún más la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas, en Cataluña y en el resto de España. Con el afán de zaherir al Gobierno y obtener rendimiento electoral, no han dudado en llamar a la movilización de la ciudadanía en defensa de España y de su unidad, cuando no eran sino ellos mismos quienes le causaban daño.

La mejor prueba de sus engaños y falsedades está en la votación del día 13: derechistas e independentistas coaligados contra los presupuestos del Gobiernos socialista, anteponiendo sus cálculos electorales a los intereses de los catalanes y del resto de los españoles.

¿Cuándo explicarán Casado y Rivera a cambio de qué han logrado que los independentistas voten sus enmiendas presupuestarias? ¿Han acordado mantener vivo un conflicto que perjudica a Cataluña y al conjunto de España pero beneficia a las expectativas electorales de unos y otros?

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La derecha de PP y Ciudadanos, junto a sus aliados económicos y mediáticos, ha decidido atacar al proyecto presupuestario del Gobierno socialista para 2019 desde dos flancos: las reformas en materia de impuestos y la credibilidad del equilibrio en las cuentas.

¿Por qué lo hacen así? En primer lugar, porque criticar el fuerte aumento del gasto social resultaría muy impopular. Casado y Rivera recortaron durante los últimos años las pensiones públicas, las prestaciones a parados y los capítulos presupuestarios destinados al gasto sanitario, educativo y de dependencia, pero no se atreven a cuestionar ahora de manera abierta la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por revertir esos recortes y mejorar el bienestar de la ciudadanía española.

En segundo lugar, resulta evidente que el debate fiscal es el de más contenido ideológico y el más trascendente en cuanto a la diferencia de modelos sociales que se defienden a derecha e izquierda del arco parlamentario.

La derecha reclama la reducción general de los ingresos públicos, la bajada de impuestos a grandes empresas y contribuyentes, así como la generalización de los impuestos indirectos, que pagamos todos por igual. La izquierda, por el contrario, promueve ingresos públicos suficientes para hacer frente a los objetivos de interés general y una panoplia de impuestos progresivos y justos, para que contribuyan más quienes más ganan, quienes más tienen y quienes más esconden.

El primer debate a dilucidar en relación al capítulo de ingresos presupuestarios tiene que ver con la “excesiva” presión fiscal que soportamos los españoles, según PP y Ciudadanos. Frente a lo que intentan trasladar estos grupos, la presión impositiva en España está muy por debajo de la media vigente en los países que conformamos la zona euro. En el ejercicio 2017, último contabilizado, la presión fiscal en España alcanzó el 34,5% sobre el PIB –incluyendo impuestos y cotizaciones sociales-, mientras que la media de la zona euro se situó en el 41,4%. La subida de ingresos prevista para 2019 apenas reducirá esta diferencia en un punto. Primera falsedad, por tanto.

La segunda denuncia falsa de la derecha habla de que el Gobierno “pretende freír a impuestos a los españoles”. En realidad, el proyecto presupuestario para 2019 plantea una subida de dos puntos en el tipo del IRPF solo para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos para las que superen los 300.000 euros. En el impuesto de sociedades se establece un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y del 18% para la banca y empresas de hidrocarburos, mientras se reduce el tipo de 25% a 23% para las pequeñas empresas.

Se rebaja también el IVA en productos de higiene femenina del 10% al 4%, del 21% al 4% en libros, periódicos y revistas electrónicos, y del 21% al 10% en servicios veterinarios. Se incrementa el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, y se crean nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y los beneficios de las multinacionales de servicios digitales con tendencia a eludir sus obligaciones fiscales. Además, se limitan los pagos en efectivo, se refuerza la lista de morosos y se multiplican los recursos personales y normativos en la prevención y la lucha contra el fraude.

En consecuencia, la política fiscal del Gobierno socialista abunda en la progresividad y la justicia tributaria, haciendo bueno el principio de que han de aportar más quienes más tienen y han de recibir más quienes más necesitan. Debemos ser conscientes de que tal estrategia cuenta con enemigos beligerantes, fundamentalmente aquellos a los que tocará pagar más. Pero esta es la política justa y tanto el Gobierno socialista como su grupo parlamentario la defenderán con todas las consecuencias.

Se hace mucha demagogia respecto a la decisión de reducir la bonificación vigente hasta ahora en el impuesto especial sobre gasóleo. Lo cierto es que esta medida no afectará a los profesionales y los autónomos, que hay razones ambientales y de salud muy bien fundamentadas para aplicarla y que, más allá de exageraciones mal intencionadas, la afección para un conductor medio no superará los tres euros mensuales. Además, la imposición española sobre gasóleos seguirá situándose en la mitad de lo que se grava en Reino Unido e Italia, y muy por debajo de lo que se paga en Francia, Alemania y Portugal.

Por último, también engañan quienes pretenden asustar con el supuesto desequilibrio en las cuentas públicas tras la aplicación de este proyecto presupuestario. Las cuentas cuadraban con la senda de déficit pactada por el Gobierno con la Comisión Europea, que fijaba el 1,8% sobre PIB para 2019; y cuadran también con el 1,3%  al que nos ha forzado el bloqueo parlamentario de la derecha. ¿Cuál será la diferencia? Que las administraciones públicas contarán con 6.000 millones de euros menos para atender las necesidades y retos de la ciudadanía española. En todo caso, cabe recordar que los gobiernos de Rajoy y Montoro jamás cerraron un  ejercicio presupuestario cumpliendo los compromisos oficiales de déficit.

Quienes intentan asustar con el supuesto descuadre de las cuentas son los mismos portavoces políticos, económicos y mediáticos que pronosticaban gravísimas recesiones y terribles pérdidas de empleo con la gestión del Gobierno Sánchez. La realidad está siendo bien diferente, sin embargo. El ejercicio 2018 se ha cerrado con un crecimiento del PIB del 2,5%, a la cabeza de los principales países de Europa, y la última EPA arroja los mejores resultados en más de una década.

¿Un debate sobre impuestos? Cuando y donde quieran.

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La mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados decidieron el pasado primero de junio censurar a un Gobierno agotado y promover un Gobierno nuevo y distinto. Se trata de un procedimiento excepcional, pero perfectamente constitucional y legítimo.

La derecha, sin embargo, nunca lo aceptó. El PP interpreta su salida del poder como si de una usurpación se tratara, y Ciudadanos evidencia cada día la frustración de quienes ya se veían aupados a la Moncloa por algunas encuestas favorables.

Unos y otros, la derecha azul y la derecha naranja, tienen derecho a expresar enojos y frustraciones. Ambas tienen incluso el deber de ejercer una oposición exigente y dura. Pero ni el PP ni Ciudadanos tienen derecho a bloquear y boicotear la acción de un Gobierno legítimo en aras del bien común.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nació con tres propósitos prioritarios: revertir los recortes sociales aplicados por los Gobiernos de Mariano Rajoy; promover medidas de regeneración democrática que devuelvan la confianza ciudadana en sus instituciones; y “normalizar” la situación política en Cataluña.

El presidente Sánchez y sus ministros están acometiendo estos objetivos con iniciativa y determinación. Más allá de la valoración que cada cual quiera hacer de los resultados hasta ahora, esta voluntad no puede negarse honestamente.

Sin embargo, la actitud de la oposición de derechas no es ni de colaboración ni de crítica, sino de puro obstruccionismo. Se trata de un comportamiento desleal, no ya hacia el Gobierno, sino hacia la sociedad española, que espera y merece algo distinto de PP y Ciudadanos.

Casado y Rivera no están ejerciendo la crítica sobre los planes presupuestarios del Gobierno socialista para atender las necesidades sociales de la ciudadanía española. Esto sería perfectamente lícito y entendible en los partidos que han protagonizado durante los últimos años los mayores recortes en bienestar social de nuestra historia democrática. PP y Ciudadanos se limitan a impedir por medios arteros que el Gobierno pueda proponer su proyecto de presupuestos.

PP y Ciudadanos bloquean, contra el reglamento y los precedentes parlamentarios, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido votada por 181 frente 164 diputados. De esta manera impiden que el Gobierno pueda contar con los 6000 millones de euros extras que ha negociado con la Comisión Europea. ¿A quiénes perjudica este comportamiento? No solo al Gobierno, sino a los millones de españoles que necesitan y reclaman mejoras en las pensiones, en el empleo, y en los servicios educativos y sanitarios.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado los trámites legales para reformar la Constitución y acabar con el aforamiento de diputados y senadores. Se trata de una medida de regeneración democrática ampliamente demandada por la ciudadanía. Pero la derecha se ha precipitado a denostarla y a anunciar su oposición.

En relación a Cataluña, PP y Ciudadanos practican la estrategia del “cuanto peor, mejor”. Lejos de seguir el ejemplo practicado por el PSOE cuando estaba en la oposición, colaborando lealmente con el Gobierno en sus iniciativas frente al separatismo, acusan falsamente al ejecutivo de entreguismo y complicidad con los partidarios de la independencia. En lugar de buscar conjuntamente con el Gobierno una solución al problema, se limitan a alimentar el conflicto con la esperanza de obtener un rendimiento político y electoral espúreo.

Los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Y este Gobierno merece que le dejen gobernar.

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Cada vez que el Gobierno socialista ofrece una noticia relevante y positiva para los españoles, surge como por causalidad otra noticia negativa y no tan relevante que desvía la atención. Es automático y es reiterativo pero, desde luego, no es casual. Cuando el Gobierno anuncia la recuperación de la sanidad universal, el fin de los recortes educativos o el gasto añadido contra la pobreza infantil, “aparecen” falsas polémicas sobre tesis doctorales o charlas de sobremesa grabadas hace casi una década.

Es una constante y era previsible. El Partido Socialista sabía que la derecha no abandona nunca el poder de buena gana y suele hacer uso de prácticas torticeras para hacer oposición, tales como utilizar la lucha antiterrorista contra el Gobierno, azuzar conflictos territoriales o practicar la “caza al hombre”. Fue lo habitual durante los gobiernos de González y Zapatero. La derecha y sus cloacas siempre han tratado de tumbar a los gobiernos socialistas y, sobre todo, a sus políticas progresistas, por las buenas o por las malas. Al gobierno que yo mismo había de presidir en Madrid hace quince años ni tan siquiera le dejaron nacer.

Ahora bien, tal realidad no puede impedir, ni ralentizar, ni ocultar, el avance en las políticas que el Gobierno socialista pone en marcha a favor de la justicia social y la decencia en la vida pública. Ni lo lograron antes, ni lo van a lograr ahora.

El último éxito a subrayar ha sido el acuerdo suscrito por la gran mayoría de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, para garantizar la mejora anual de las pensiones con arreglo al aumento del coste de la vida. Un logro que debe apuntarse tanto a la movilización de los pensionistas, como al empuje del Gobierno y el buen trabajo de los diputados socialistas. (Permitan que cite a todos los integrantes de esa comisión: Merçé Perea, Carmen Cuello, Amalia Rodríguez, Salvador de la Encina, Jesús M. Fernández, Sonia Ferrer, Gema López, Margarita Pérez y Luis C. Sahuquillo y, especialmente, a su portavoz Adriana Lastra).

Tras varios años de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas, la representación parlamentaria de los españoles, liderada por el PSOE, ha recuperado el compromiso público con la dignidad de las pensiones. Volvemos así a la senda del consenso en la garantía de nuestro sistema de pensiones, que el PP rompió unilateralmente con su reforma-recorte del año 2013. Se termina de esta manera con la indignidad del 0,25% como subida límite anual, que arrojaba a nuestros pensionistas a la pobreza progresiva.

No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer. Para transformar este acuerdo parlamentario en una ley de presupuestos es preciso antes aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria negociada por la ministra Calviño en Bruselas. Esta nueva senda ofrece un margen de 2500 millones de euros más en las cuentas de la Seguridad Social, pero la derecha de PP y Ciudadanos la está bloqueando en la Mesa del Congreso, contra el Reglamento y contra el más elemental sentido de la responsabilidad.

Y a medio plazo es necesario definir una doble estrategia, en el Parlamento y mediante el diálogo social, en los gastos y en los ingresos del sistema de pensiones. Respecto a los primeros, además de comprometer la subida conforme al IPC, cabe trasladar gastos administrativos y de personal, hasta ahora sostenidos por la Seguridad Social, a los presupuestos de la administración central del Estado. Asimismo, habrá que revisar el cúmulo de reducciones y bonificaciones de dudosa eficacia que se aplica al albur de las políticas de promoción del empleo.

Respecto a los ingresos hay que ser honestos y valientes. Si queremos un Estado de Bienestar de primera y unas pensiones de primera, necesitaremos una fiscalidad de primera también. Pero aún estamos a más de ocho puntos de PIB en porcentaje de gasto público respecto a la media de la zona euro. Hará falta destopar cotizaciones y prever ingresos provenientes de los impuestos. ¿A quién cobrárselos? A quienes más tienen, a quienes más ganan y, sobre todo, a quienes más esconden…

Ellos a sus ruidos. Nosotros, a gobernar por el bien común. Pero que no nos despisten…

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