LA POLÍTICA EN 2021 TIENE QUE SER DISTINTA

La pandemia ha cambiado muchas cosas en los modos de vida, en las relaciones sociales, en las formas de trabajar, en la percepción de lo público… La política también debe cambiar.

El virus nos ha arrojado a un agujero profundo de salud deteriorada, de economía hundida, de empleos perdidos, de precarización social… Y la primera condición para salir del agujero es recuperar la confianza.

Necesitamos recuperar la confianza en nosotros mismos, como sociedad fuerte y desarrollada, como economía sólida y resiliente, como democracia asentada y de calidad. Sin confianza no hay esperanza, ni recuperación, ni salida del túnel.

Pero recuperar la confianza es misión de todos. No solo de quienes gobiernan. La confianza es incompatible con los discursos catastrofistas, pesimistas, desesperanzadores.

Los representantes políticos de la sociedad española tenemos el derecho y el deber de plantear alternativas, de disentir, de practicar el control riguroso, de criticar…

Pero no tenemos derecho a dibujar cada día un horizonte negro en beneficio propio. No hay derecho a negar la confianza y la esperanza a la sociedad española.

La política y el partidismo no son lo mismo. Lo hemos dicho muchas veces. La distinción tiene ahora más sentido que nunca. La política busca el interés general desde perspectivas distintas. El partidismo solo busca el interés propio.

Siempre hubo un espacio y un tiempo para la política y para el partidismo legítimo. Hasta ahora primó lo segundo sobre lo primero. Es hora de invertir las proporciones. Más política, menos partidismo. Es lo que toca.

Algunos temas centrales para recuperar la confianza deben quedar al margen de la controversia partidista. Es necesario.

El refuerzo de los sistemas públicos de salud y los planes de vacunación deben compartirse, sin recelos, sin diatribas, sin conflictos. Es preciso que toda la población confíe en el comienzo del fin de la pesadilla.

La distribución de fondos europeos para reconstruir la economía, para modernizar nuestro aparato productivo, para crear buenos empleos, para proteger a los más vulnerables, tienen que ser más objeto de consenso que de disenso.

El funcionamiento de nuestras instituciones, las reglas del juego de nuestra democracia, han de situarse fuera del cuadrilátero diario. La legitimidad del Gobierno legítimo, la renovación de las instituciones caducadas, el papel simbólico y unificador de la Jefatura del Estado, no pueden ser objeto permanente de cuestionamiento.

Al Gobierno se le controla y se le critica. Las instituciones se renuevan con criterios exigentes de transparencia, mérito y autonomía. Al rey emérito se le investiga y se le juzga con todas las de la ley. Desde luego. Pero sin legitimidad en las instituciones de nuestra democracia no hay confianza, y sin confianza no salimos de ésta.

La política exterior requiere de posiciones de Estado. No hay una política socialista y una política popular para la defensa de los intereses de España en Europa y en el mundo. Las divergencias internas en política exterior son garantía de fracaso en negociaciones en las que nos jugamos mucho.

Más cosas. Las Administraciones gestionan y colaboran. Los partidos debaten y confrontan cuando es necesario. No cabe utilizar las Administraciones para la confrontación política. Es ineficiente. Y es desleal.

En la política española los desacuerdos son la regla y los acuerdos son la excepción. Es lo más fácil. Excitar a la parroquia propia, afianzarse en las ideas vírgenes de uno, y negarse siquiera a contaminarse en el diálogo con el otro. Esto también debe cambiar.

La democracia es compleja. Las responsabilidades de los políticos son importantes, y hay que abandonar las zonas de confort. Remangarse, hablar, convencer, ser convencidos, entenderse y acordar.

¿Tiene coste? Sí. Pero no hacerlo tiene un coste colectivo mucho mayor.

Y hay que bajar el diapasón de la discusión política. Apuntémoslo todos. Yo también.

Abusamos mucho de la exageración, de la demagogia, del zasca, del golpe fácil, para buscar el aplauso de la clack, en nuestro tendido parlamentario o en las redes sociales.

Reprimamos esas tentaciones. La confianza exige un mínimo de empatía, de reconocimiento del otro, de respeto, de cortesía si se quiere.

¿Propósitos buenos y volátiles para el año nuevo? Esta vez no. Muchos tememos que nos va la supervivencia en ello.

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

La iniciativa fue del Presidente socialista del Gobierno. El liderazgo en el Congreso ha sido de la portavoz y vicesecretaria general socialista. El PSOE ha apostado fuerte por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

El Presidente acordó con el jefe de la oposición situar esta Comisión en el ámbito parlamentario, con la legitimidad democrática, la formalidad institucional y la transparencia pública que ello conlleva.

Los primeros pasos están siendo prometedores. Tanto el Plan de Trabajo, como la relación de comparecientes, la documentación a recabar y el calendario de tareas han sido elaborados desde el entendimiento entre distintos y aprobados con una mayoría amplísima. De hecho, en el clima político en el que vivimos, este tipo de acuerdos resultan cuando menos una originalidad esperanzadora.

Los participantes en esta Comisión partimos de un análisis necesariamente común. Nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestro tiempo. Buena parte del mundo en el que vivíamos ha sido fuertemente golpeado por el virus y sus consecuencias. Ahora toca reconstruir lo destruido, movilizando recursos y energías como nunca antes lo hicimos.

Se trata de levantar los fundamentos de lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”, un statu quo nuevo que preserve las conquistas de nuestra civilización y, a la vez, nos proteja de las amenazas emergentes. El reto, además, consiste en tomar el drama presente como una oportunidad de mejorar el futuro.

Solo hay una manera de afrontar este reto con alguna posibilidad de éxito, y es hacerlo desde la voluntad sincera de entendimiento y de acuerdo entre los principales actores políticos, sociales y económicos del país. El desafío es de tal envergadura, que solamente podrá abordarse sumando ideas y esfuerzos.

Las formas acordadas para el funcionamiento de la Comisión son las más adecuadas para este propósito. Las comparecencias y las propuestas aportadas desde el conjunto de la sociedad nos permitirán escuchar voces distintas. Los grupos de trabajo posibilitarán el encuentro, el diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas diversas. Y la dinámica de propuestas, enmiendas y votaciones asegura transparencia, diligencia y democracia.

Los contenidos a desarrollar están bien apuntados en el Plan de Trabajo de la Comisión:

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA. Analizar la situación de nuestro sistema sanitario y de salud pública y concretar medidas para: 1 el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y sus planificaciones futuras, incluyendo dentro de este objeto las condiciones de salud pública y bienestar a establecer en las residencias de personas mayores, y 2, el reforzamiento del sistema de Salud Pública, en particular, su capacidad de vigilancia, antelación y respuesta ante eventuales emergencias sanitarias, atendiendo a la experiencia de la presente crisis de la COVID-19. En ambos casos, las medidas se plantearán con respeto al reparto de competencias en dichas materias derivado de la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Acordar los pilares en los que deberá sustentarse la reactivación económica y la modernización del modelo productivo en sus diversos sectores, con especial atención a aquellos más afectados por la crisis. Se dará relevancia al objetivo de acometer una transición ecológica determinada y justa, además de la diversificación productiva, y el impulso a la economía social, solidaria y de proximidad. Se tratará también la garantía de los derechos laborales y de conciliación de los trabajadores y las trabajadoras, analizando las fórmulas de teletrabajo, la prevención de la seguridad y la salud en el trabajo, la reforma horaria y los modelos de empleo vinculados a la conciliación de la vida personal y familiar. Asimismo, se incluirán propuestas relativas a la transformación digital, la ciencia y la investigación, entre otros aspectos, con respeto al marco competencial vigente.

POLÍTICAS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS. Acordar medidas para el refuerzo de nuestro sistema de protección social y de los cuidados, de forma que se pueda garantizar la dignidad y el bienestar de las personas que resulten más vulnerables como consecuencia de esta crisis. Se tratarán también las políticas educativas y culturales. Las políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres tendrán también un papel importante. Y se incluirán, asimismo, propuestas de mejora del sistema fiscal que ha de contribuir a la financiación de las políticas públicas y al pleno ejercicio de aquellos derechos sociales.

UNIÓN EUROPEA. Establecer criterios comunes en la fijación de la posición española respecto a la respuesta de las instituciones europeas a la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas.

Las palabras del Presidente de la Comisión, también socialista, al finalizar la primera reunión de trabajo, reflejan bien el sentimiento general:

“Hoy hemos dotado de contenido el Plan de Trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Y lo hemos hecho alcanzando acuerdos entre diferentes y con amplias mayorías. Sin broncas ni exabruptos. Con política. Sigamos ese camino.”

Ojalá todos y todas sepamos estar a la altura de tan altas expectativas.

SÓLO NOS FALTA UNA OPOSICIÓN DE ALTURA

La sociedad española ha vivido una semana difícil. Entre la esperanza del descenso de fallecidos y el temor al rebrote del virus. Entre el optimismo de la desescalada y la incertidumbre sobre sus consecuencias. Entre la promesa de la nueva normalidad y la alarma por las previsiones de recesión y paro…

Lo que la ciudadanía española necesitaba en estos días de sus representantes políticos, por tanto, era aliento, confianza, responsabilidad, unidad. La mayoría lo entendimos así. La derecha española, sin embargo, no.

Con su abstención en el Congreso, los dirigentes del PP pusieron en riesgo el principal instrumento que tenemos los españoles para protegernos del virus: el estado de alarma. Con la ausencia de sus líderes en la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, se han desentendido también de la inmensa tarea pendiente para asegurar trabajo y protección social a toda la ciudadanía.

La principal responsabilidad institucional en la lucha contra la COVID y sus consecuencias corresponde al Gobierno de España, indudablemente. Pero nuestro enemigo en esta guerra es de una letalidad sin precedentes. Y la dimensión de los recursos a movilizar es gigantesca. No basta, por tanto, con el liderazgo del Gobierno. Todos hemos de implicarnos y poner a disposición del bien común lo mejor de nuestras energías. Todos: el Gobierno y la oposición. Lo exige el momento histórico y lo reclaman los españoles: unidad y lealtad.

Estamos ante la mayor crisis de nuestras vidas. Y la inmensa mayoría de los españoles está respondiendo como se espera de una sociedad madura y responsable. La ciudadanía cumple en las limitaciones de su confinamiento. Los profesionales de la sanidad, de la seguridad, de la limpieza, de la alimentación, de los servicios esenciales, cumplen entre el reconocimiento general.

Nuestras instituciones democráticas, muy complejas y aún jóvenes, están aguantando bien la presión. Se corresponsabilizan los sindicatos, colaboran las patronales, arriman el hombro las entidades de solidaridad, se esfuerzan los medios de comunicación, aconsejan los expertos, dirige el Gobierno desde la prudencia y la transparencia… Todos están a la altura. Menos la oposición.

La respuesta de España a la crisis es similar a la de otros países con una afectación importante por el virus. Las medidas son parecidas. Los procesos son equivalentes. Los resultados pueden compararse… ¿Dónde está la diferencia? De nuevo, en el comportamiento de la oposición. Mientras la oposición de derechas en Italia y Portugal respalda a sus Gobiernos, aquí el PP le da la espalda. Mientras la oposición de izquierdas en Francia y Reino Unido antepone la lucha común, aquí Casado prioriza el cálculo partidista.

Los dirigentes del PP saben que para salvar vidas hay que contener la propagación del virus, y que para contener al virus hay que limitar la movilidad, y que para limitar movimientos solo contamos con el estado de alarma. Saben también que la mayor parte de las ayudas sociales a parados, autónomos y familias vulnerables, dependen de la vigencia del estado de alarma. Y a pesar de saberlo, intentaron tumbar el estado de alarma.

En España, la derecha se desentiende de su deber de ayudar al Gobierno para ayudar al país, y allí donde gobiernan, como en Madrid, van de irresponsabilidad en irresponsabilidad y de deslealtad en deslealtad.

Porque a los recortes y privatizaciones en la sanidad madrileña de ayer, hay que añadir la gestión más que deficiente de la crisis de hoy. Porque al insólito festival de IFEMA, hay que sumar los contratos precarios de los sanitarios y los menús insalubres dispensados a niños sin recursos… Y porque a los desplantes de Ayuso en las conferencias de presidentes, hay que agregar las acusaciones de falsas requisas de material de protección, y la exigua utilización de menos del 10% de los tests suministrados por el Gobierno de España.

Mientras el Gobierno de la nación se esfuerza para que en esta crisis nadie quede atrás, el PP boicotea la adopción de medidas que ayudan a millones de españoles a aguantar con dignidad las peores consecuencias de la COVID. El PP se ha opuesto en el Congreso a las prestaciones extraordinarias a parados y autónomos en cese de actividad, a la prohibición del despido en estado de alarma, a las moratorias en hipotecas y alquileres e, incluso, a las ayudas a las víctimas de violencia de género.

Al tiempo que el presidente del Gobierno lideraba las reivindicaciones de solidaridad en las instituciones europeas, Casado debilitaba la posición española asegurando “entender a los alemanes y holandeses que no quieren dar dinero a Pedro Sánchez”.

En el último Pleno del Congreso, cuando millones de españoles esperaban soluciones, responsabilidad y unidad de sus representantes, Casado utilizó la tribuna para lanzar cerca de 40 insultos a Pedro Sánchez, como le espetó la portavoz socialista Adriana Lastra en una brillante intervención.

El PP tiene que decidir definitivamente su papel en este momento crítico de nuestra historia. O se suma a la ultraderecha en el camino de la irresponsabilidad y el sabotaje. O suma fuerzas con el Gobierno y la gran mayoría de los españoles para vencer al virus y reconstruir el bien común.

Hoy, por desgracia para todos, la oposición no está a la altura.

Publicado en EL SOCIALISTA nº064 08-05-2020

INSULTAR NO ES HACER OPOSICIÓN

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se vio en la obligación de reprochar al líder del PP, Pablo Casado, por haber arrojado hasta 37 insultos y descalificaciones sobre el Presidente del Gobierno en el último debate acerca de la prórroga del Estado de Alarma.

El tiempo establecido para la intervención de Casado era de 15 minutos. Por tanto, el portavoz del principal grupo de la oposición utilizó cerca de 3 insultos por minuto. Todo un récord, incluso para quien ha hecho de la descalificación gruesa e infundada una marca de estilo propio.

“Mintiendo”, “manipulando”, “malversando”, “curandero”, “incompetencia culposa”, “incapaz”, “hacedor de sainetes”, “ineptitud”, “chiste de Gila”, “fracaso estrepitoso”, “temerario”, “bajeza moral”, “usar a las víctimas”, “actor de sudokus”, “chapuzas”, “improvisaciones dolosas”, “bandazos”, “ruina”, “usar a los españoles como a perros de Paulov”, “pésimo”, “desbordado”, “falsario”, “negligente”, “Gran Hermano”, “hipertrofiado”, “propagandista”, “irresponsable”, “caos”, “nefasto”, “instalado en el absolutismo”, “zoco de prebendas”, “tomar a parados como rehenes”, “fraude”, “perseguir las críticas con policías”, “contratación opaca”, “cesarismo”, “arbitrario”… Así hasta 37.

La oposición constituye una parte fundamental e imprescindible de la democracia liberal. Se trata de una institución clave para el equilibrio de poderes propio del Estado de Derecho. La tarea de los grupos políticos de la oposición supone una garantía clave para la calidad de un régimen democrático.

Oposición es control y es alternativa. Hacer oposición es practicar el seguimiento crítico a la acción del Gobierno, señalando los errores y reclamando rectificaciones. Hacer oposición es censurar al ejecutivo cuando lo merece, y aportar propuestas alternativas en cada momento. Pero el control al Gobierno no empece el ejercicio de la lealtad con el país, ni la persecución del bien común.

Practicar la oposición crítica no equivale a insultar y descalificar constantemente al Gobierno de turno, como hace el PP en España. Hacer oposición no equivale a buscar la desestabilización de las instituciones. Utilizar los gobiernos autonómicos para arremeter contra el Gobierno de España no es oposición legítima, sino desestabilización dolosa. Socavar las posiciones del Gobierno de tu país en las instituciones europeas no es práctica opositora normalizada, sino traición al interés general.

La oposición puede y debe ser crítica y exigente con el Gobierno, pero debe ser leal y consecuente con el bien común. El ejercicio partidista solo es legítimo en democracia mientras no  se anteponga a la seguridad y el interés del conjunto.

El ejercicio constante de la injuria y el bulo contra el Gobierno de España que practica la ultraderecha, no tiene nada que ver con la práctica de la oposición democrática. Vox persigue lo que ha perseguido siempre la ultraderecha en la historia de nuestro país: aprovechar el sufrimiento de la gente para socavar las instituciones democráticas y tomar el poder, por las buenas o por la malas.

Pero el PP forma parte de las fuerzas políticas que elaboraron la Constitución de 1978, que contribuyeron a construir nuestra democracia, y ha gobernado y gobierna buena parte de sus instituciones. La ultraderecha busca cambiar de régimen, arrojar al país a una involución democrática. Entendemos que el PP tiene propósitos distintos. Por eso le pedimos que se aleje de Vox, de sus estrategias y de sus tácticas.

En este momento crítico de la historia de España, la sociedad y su Gobierno demuestran cada día estar a la altura de sus responsabilidades. Tan solo reclamamos a la oposición que cumpla también con su papel.

PENA DE GOBIERNO DE MADRID

Madrid conmemora el 2 de Mayo siendo el epicentro de una desgracia nacional, que compartimos con buena parte del mundo. Tras Nueva York y Lombardía, Madrid es la región con mayor índice de letalidad por COVID-19 de todo el planeta.

Sin embargo, a diferencia de lo que practica cada día la derecha en relación al Gobierno de España, a los socialistas no se nos ocurrirá culpar al Gobierno de la Comunidad de Madrid por este drama. No echaremos los muertos a la cara de Díaz Ayuso, como hacen ellos con el Gobierno de la nación.

Sí hemos de sostener, sin embargo, que la gestión del gobierno autonómico en la pandemia es una mala gestión. En el antes, porque la sanidad pública madrileña afrontó la crisis debilitada, tras dos décadas de recortes y privatizaciones. En el durante, porque las deficiencias y los errores están siendo manifiestos. El festival irresponsable de IFEMA solo es el último ejemplo. Y en el post, porque se niega a aceptar la mano que se le tiende para acordar la reconstrucción social y económica de la región.

El presidente del PP, Pablo Casado, insiste en situar a España entre los países con más incidencia y mortalidad por el coronavirus. Se le olvida mencionar, sin embargo, que son las cifras terribles de Madrid, donde gobierna su partido, las que elevan decisivamente a nuestro país en todas las estadísticas internacionales.

Pretende la derecha situar el debate sobre la gestión de la crisis en la cantidad de tests realizados, cuando la realidad es que España es uno de los países que más pruebas PCR y más tests realiza, por delante porcentualmente de países como Francia, Reino Unido, Canadá o Bélgica.

Pero Casado olvida mencionar nuevamente que una de las razones por las que nuestra nación no realiza más tests tiene que ver precisamente con la deficiente gestión de su partido en la comunidad madrileña: el Gobierno de España había entregado a Madrid 579.600 kits de diagnóstico rápido el día 23 de abril, pero el ejecutivo de la señora Díaz Ayuso solo informaba de haber realizado 34.716 tests. ¿Dónde están los tests restantes? ¿Por qué no se han distribuido por los hospitales y las residencias de mayores de Madrid?

El debate sobre los tests es interesante y oportuno, pero el debate clave es el que afecta a los factores determinantes en la primera línea de batalla contra el virus. Lo que realmente determina la diferencia entre la vida y la muerte en una crisis como ésta es el estado de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales, el número y capacidad de los respiradores, la cantidad de profesionales intensivistas que trabajan en esas UCI…

Y la sanidad pública madrileña ha tenido que enfrentarse a la COVID extraordinariamente debilitada en todos estos factores claves, tras años de abandono por el gobierno regional. Baste recordar que la Comunidad de Madrid, la más rica de España, ha sido durante los últimos ejercicios, recurrentemente, de las últimas regiones en gasto sanitario por habitante.

Otro debate fundamental es el relativo a las residencias de mayores. La oposición, los expertos en servicios sociales, los trabajadores, las familias de los residentes… llevan años denunciando el estado calamitoso de una red dramáticamente precaria en recursos, y sometida a la terrible ley del máximo beneficio por parte de algunas empresas sin escrúpulos. Aún hoy, pese a la presión de los alcaldes y de la Justicia, son raras las residencias con equipos mínimamente medicalizados.

Durante la crisis, la gestión de Díaz Ayuso y su equipo también ha sido muy deficiente. Los profesionales sanitarios y los trabajadores de las residencias madrileñas han tenido que enfrentar la presión brutal de la pandemia faltos de protección, de recursos, de información, de coordinación, por parte de sus gestores autonómicos.

Algunos episodios han sido incluso grotescos, como el empeño en distribuir menús poco saludables entre los niños con familias vulnerables, o los aviones desaparecidos, o los desplantes al resto de presidentes autonómicos en varias reuniones para que la presidenta se hiciera fotos en Barajas, para que la presidenta fuera a misa…

En estos últimos días, además, demuestras que van de mal en peor. Mientras la gran mayoría de madrileños aguanta los rigores del confinamiento y la distancia obligada, Díaz Ayuso congrega irresponsablemente a cientos de personas en IFEMA para una perfomance de autobombo. Y al mismo tiempo que los profesionales sanitarios reciben el aplauso general por su entrega y sacrificio, el ejecutivo autonómico anuncia el despido anticipado de miles de ellos.

El gobierno regional ha intentado camuflar su propia inoperancia con acusaciones constantes, abruptas y falsas hacia el Gobierno de España. El día 23 de abril, el Gobierno de España había entregado al Gobierno regional de Madrid: 579.600 kits de diagnóstico rápido, 14 millones de mascarillas, 7 millones de guantes de nitrilo, 110 mil unidades de solución hidro alcohólica, 63 mil gafas de protección, 122 mil buzos de protección, 95 mil batas de protección, 800 dispositivos de ventilación…

Sin embargo, Díaz Ayuso no ha cejado en propagar las acusaciones falsas de “inoperancia”, “no hay ayuda”, “nos han dejado solos”… Incluso llegó a calumniar al Gobierno de España con falsas denuncias sobre retenciones y requisas de material de protección sanitaria, intentando dirigir las quejas de médicos, enfermeros y auxiliares hacia el Gobierno central.

Mientras Casado y Álvarez de Toledo criticaban al Gobierno de España por “no dar la cara” y “secuestrar el Parlamento”, a pesar de la comparecencia semanal de Pedro Sánchez y Salvador Illa, los populares cerraban la Asamblea de Madrid, negaban cualquier ejercicio de control a la oposición y clausuraban hasta el registro parlamentario. Solo hace unos días, mes y medio después de decretarse el Estado de Alarma, accedió Díaz Ayuso a dar explicaciones en sede parlamentaria.

Y si la derecha gobernante en Madrid falló en el antes y en el durante la crisis, todo indica que fallarán también en la gestión de la post-crisis. Tanto Pedro Sánchez como Ángel Gabilondo, ganador de las elecciones autonómicas y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, han ofrecido a Díaz Ayuso un acuerdo para la reconstrucción social y económica.

La respuesta de la líder derechista en Madrid ha sido el desprecio a la mano tendida y la multiplicación de los improperios al Gobierno de España y al PSOE. Con esta actitud, al drama de  la crisis sanitaria corre el riesgo de sumarse el drama económico, social y de empleo que llegará después.

La ciudadanía madrileña se ha levantado en estos días contra el virus, con el mismo brío y la misma valentía con que se levantó hace más de doscientos años contra el invasor francés. Los profesionales sanitarios, los trabajadores públicos en general, los prestadores de servicios esenciales, han dado, están dando, una lección de sacrificio, responsabilidad y eficacia.

Qué pena que el Gobierno de Madrid no esté a su altura.

COVID-19: O SOMOS EUROPA O TODO ERA MENTIRA

La respuesta que los 27 estados de la Unión Europea ofrezcan a la crisis del COVID-19 marcará definitivamente el ser o no ser del proyecto común europeo.

Si el resultado de las negociaciones en marcha consiste básicamente en que cada país ha de buscar sus propias soluciones, se habrá dado la razón a los impulsores del “brexit” en Gran Bretaña, y a los partidarios de todos los “exit” en el resto de las viejas naciones europeas.

Cada estado buscará entonces estrategias independientes, unos por su cuenta, otros con socios europeos afines, y otros de la mano de Estados Unidos, de Rusia, de China… Nadie se lo podrá reprochar. Y el sueño de la integración continental habrá llegado a su fin.

Por el contrario, si la respuesta de las instituciones europeas se muestra a la altura de los valores solidarios que impulsaron su fundación tras las segunda gran guerra, se habrán asentado las bases para levantar un nuevo actor global, referencia de los principios de igualdad, libertad, democracia y defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

Posiblemente ya no haya más oportunidades. Si Europa falla hoy a quienes más la necesitan, el repliegue nacionalista será inevitable. Si las instituciones europeas fracasan en la hora de ofrecer una respuesta común, solidaria y eficaz a los pueblos angustiados por el virus y la crisis ulterior, triunfarán definitivamente los discursos eurófobos y ultranacionalistas. Será el fin de la Europa que siempre soñaron los europeístas.

No nos engañemos. En realidad siempre hubo dos concepciones distintas y divergentes de Europa. Desde el principio.

Por un lado, siempre estuvieron quienes concebían las instituciones comunitarias como una especie de club de naciones con algunos objetivos comunes, limitados y coyunturales. Se trataba fundamentalmente de un mercado más o menos compartido, sin las molestas trabas arancelarias.

El mercado común conllevaba inevitablemente algunas estructuras estables, como la moneda europea, el banco central compartido, un remedo de parlamento, un pseudo gobierno por turnos… Incluso algunas ayudas limitadas para los pobres, a fin de garantizar cierta capacidad adquisitiva para comprar los productos industriales de los ricos. Nada irreversible, desde luego.

La otra concepción siempre concibió cada paso en la institucionalidad comunitaria como un paso hacia la integración definitiva. Los avances eran pequeños, limitados, frustrantes muchas veces, pero jamás se perdía de vista la grandeza de la meta final: la Europa unida en sus valores civilizatorios y en sus propósitos de bienestar y progreso colectivo

Si en la Europa que se autodenomina “faro de la globalización justa en el mundo” triunfa ahora la contestación del “sálvese quien pueda”, tal y como defienden alemanes, austríacos y holandeses, ¿qué reproche queda para los Farage, los Johnson, los Bolsonaro y los Trump del mundo?

¿Qué puede impedir que los británicos busquen calor en su relación exclusiva con Norteamérica? ¿Por qué los italianos no han de negociar por su cuenta la ayuda de los rusos? ¿Por qué los franceses no cerrarían un acuerdo estratégico alternativo con China? ¿Por qué los españoles y portugueses no hemos de volver la mirada a nuestros hermanos latinoamericanos? ¿Y cómo evitar que unos y otros vecinos nos miremos con creciente recelo, otra vez?

El COVID-19 supone un desafío dramático para millones de europeos. Se trata de un reto casi existencial para Europa. Sin embargo, algunos de los países europeos del norte, los más ricos, sostienen que la respuesta común de las instituciones comunes ha de limitarse a tres medidas: la habilitación del Banco Central Europeo para que compre activos donde convenga; la suspensión de las reglas del Pacto de Estabilidad; y la facultad de acudir al fondo de rescate financiero MEDE, con las consiguientes contrapartidas de ajuste fiscal.

No basta. No solo es insuficiente. Es mezquino.

El Presidente español Pedro Sánchez lidera a los países que, como Italia, Francia y Portugal, reclaman una respuesta europea a la altura de los retos que vivimos. Exigen la creación definitiva de los eurobonos, la mutualización de la deuda. Un Plan Marshall con grandes inversiones para reconstruir la economía y el empleo. La implicación del Blanco Europeo de Inversiones en la reactivación de las empresas. Un seguro europeo de desempleo para proteger juntos a los desempleados que queden en la cuneta…

Si los europeos somos un pueblo y tenemos un enemigo común, compartimos la lucha y el coste de la lucha. O todo es mentira.

Algunos países “europeos” llegaron a adoptar por unos días la decisión miserable de prohibir la exportación de recursos sanitarios a otros países europeos… Y mañana querrán vendernos sus lavadoras, porque “somos socios”.

En la respuesta al COVID-10 Europa se juega el ser o no ser.

Aún estamos a tiempo. El sueño europeo merece la pena.

¿DE QUÉ LIBERTAD HABLAN?

Las derechas de PP, Vox y Ciudadanos suelen argüir tramposamente a favor de la “libertad” en cada debate sobre políticas públicas. Lo acaban de hacer para oponerse a la regulación del derecho de eutanasia. Lo hicieron para imponer la censura parental en los colegios. Lo plantean para justificar la privatización progresiva de los servicios de educación, sanidad y pensiones. Y es el argumento habitual en sus programas de bajadas de impuestos a los más pudientes. 

En realidad, la libertad sin igualdad ni garantía de derechos es una falsa libertad. Una sociedad de hombres y mujeres libres en la que no se garantiza la igualdad de oportunidades y el ejercicio universal de derechos básicos, es una sociedad en la que predomina la ley del más fuerte. La falsa libertad que preconizan las derechas es la libertad que permite al poderoso imponer sus intereses y que condena al vulnerable a relegar los suyos.

Las derechas de PP y Vox arguyen que la instauración del derecho legal a la eutanasia restringe la libertad de ciudadanos y ciudadanas, porque sacrifica la autonomía personal ante la injerencia de quienes les “empujan” a morir. Sin embargo, la proposición de ley tomada en consideración por el Congreso se limita a otorgar a toda la ciudadanía el derecho (y no la obligación) de morir con dignidad, en condiciones extremas y con controles estrictos.

Los gobiernos de las derechas en Murcia y Andalucía, por ahora, aplican la censura parental a determinadas enseñanzas en los centros educativos públicos, amparándose en la libertad de padres y madres para decidir sobre la educación de sus hijos. Sin embargo, lo que esta medida retrógrada pone en peligro es el derecho de los escolares a recibir una educación abierta y libre de los prejuicios limitantes de algunos progenitores.

Las formaciones derechistas llevan décadas recortando recursos para la educación pública y desviando fondos públicos para financiar la enseñanza privada. Lo hacen al socaire de la supuesta libertad de las familias para escoger el modelo de enseñanza que han de recibir sus hijos. En realidad, este trasvase de fondos públicos a centros privados debilita la capacidad del Estado para asegurar a todos y a todas una educación en igualdad de oportunidades, al tiempo que, con el dinero de todos, facilita a las familias con más recursos el acceso a una enseñanza de mayor calidad.

Lo mismo ocurre con la financiación pública de la sanidad privada. No se aporta así más libertad a toda la ciudadanía para que opte entre el servicio público o el privado. Tan solo se resta capacidad a la sanidad pública para atender debidamente a todos los enfermos por igual, mientras se ofrece a los ciudadanos más pudientes la posibilidad de acudir a un aseguramiento privado financiado por todos, pero accesible y ventajoso tan solo para unos pocos. 

La ultraderecha pretende extender este modelo desigualitario a la Seguridad Social y las pensiones. Los gurús económicos de Vox ya han propuesto formalmente acabar con el vigente modelo de reparto en el sistema público de pensiones, para transformarlo en el un modelo de capitalización. Para que los españoles sean libres, dicen, a la hora de decidir cuánto de su ahorro se destina a financiar las prestaciones de jubilación. Como si la mayoría de los trabajadores, que apenas llegan a fin de mes, fueran realmente libres para capitalizar recursos a voluntad en los planes privados de pensiones. 

Y, claro está, PP, Vox y Ciudadanos sazonan con abundantes referencias a la libertad su discurso fiscal regresivo. “Donde mejor está el dinero de los ciudadanos es en su bolsillo”, repiten machaconamente. Como si, en realidad, todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de acumular cantidades equivalentes de dinero en sus bolsillos. Como si muchos ciudadanos no necesitaran de la solidaridad colectiva para garantizar una vida digna a sus familias. No. El dinero de los ciudadanos debe distribuirse de una manera justa para asegurar que todos y todas pueden ejercer sus derechos y libertades.

La izquierda ya aprendió hace tiempo que no hay igualdad sin libertad. A las derechas les corresponde aprender ahora que tampoco hay libertad sin igualdad.

CONSTITUCIONALISTAS

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No hay nada más contrario a la Constitución Española de 1978, que su utilización para identificar una posición política partidaria y zaherir a las demás.

Y no hay mayor falsificación histórica y política acerca de esa misma Constitución, su origen y su vigencia, que tratar de situar al PSOE fuera del constitucionalismo.

Sin embargo, estos son los componentes habituales del discurso de las derechas españolas y sus portavoces más significados, como Pablo Casado, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas.

El éxito de la Constitución de 1978 radica precisamente en su carácter suprapartidario. La Carta Magna recoge el compendio de derechos fundamentales que garantizan nuestras libertades, al tiempo que establece los procedimientos que nos convierten en una democracia homologable a las más avanzadas del mundo.

Esgrimir las reglas que fundamentan nuestra convivencia como un patrimonio particular y partidista, así como un arma contra el adversario político, ha de considerarse una actitud abiertamente inconstitucional.

La Constitución de 1978 es encuentro y concordia, todo lo contrario del desencuentro y el enfrentamiento permanente que procuran los que se hacen llamar constitucionalistas a sí mismos de manera excluyente.

El PSOE es uno de los artífices protagonistas de la Transición Democrática y de la aprobación de la Constitución Española del 78. Lo atestiguan el sacrificio de muchos luchadores socialistas por la libertad, las aportaciones intelectuales de dirigentes como Gregorio Peces Barba, y el liderazgo de grandes hombres como Felipe González y Alfonso Guerra.

La Constitución no la hizo el PSOE, desde luego. Pero el Partido Socialista fue una de las organizaciones que más determinación y esfuerzo aportó a su elaboración en el Parlamento, y a su aprobación mediante referéndum en la sociedad española.

Desde entonces, además, el PSOE ha sido el partido político que más tiempo ha gobernado España conforme al ordenamiento constitucional.

Por tanto, tachar a los militantes y votantes del PSOE como “anti-constitucionalistas” resulta ridículo, y movería a la hilaridad si no fuéramos conscientes de que la reiteración de tales acusaciones falsas contribuyen a deteriorar el clima político y la convivencia social.

Y que lo haga el partido de José María Aznar, que calificó la Constitución como “charlotada intolerable”, o el partido de Arrimadas, que se apoya también en la ultraderecha franquista para tocar poder, más que paradójico, es obsceno.

Efectivamente, hay quienes en nuestro país se manifiestan contrarios a preceptos clave de nuestra Constitución, como la integridad territorial o la monarquía parlamentaria. Y quieren cambiarla en parte, en todo o, incluso, hacer otra constitución propia para un sujeto político que reivindican distinto.

Se equivocan gravemente, porque esta Constitución ha proporcionado, proporciona y ha de proporcionar convivencia, libertad y progreso al conjunto del pueblo español, por muchos años.

Pero incluso aquellos que no la aceptan han de admitir que hoy ejercen su libertad de expresión y de participación política, precisamente, gracias a la Constitución Española de 1978. En consecuencia, también estos han de ser considerados constitucionalistas, desde esta perspectiva al menos. Esa es la grandeza de nuestra Carta Magna que no acaban de entender Casado y Arrimadas.

Dejen de usar la Constitución como un ariete contra los demás, y léanla con un poco más de atención. Por favor.

LO QUE SE JUEGA LA IZQUIERDA

En las vigentes negociaciones para formar Gobierno, todo el país se juega mucho. Los desafíos que tenemos por delante son mayúsculos y urgentes. Tanto, que cabe llamar a la responsabilidad de todos los actores políticos para investir de inmediato al candidato que ganó las elecciones, por amplio margen y por partida doble.

Pero si el conjunto del país se juega mucho, la izquierda española se lo juega todo.

La ciudadanía española otorgó el pasado mes de abril una amplia mayoría parlamentaria a las formaciones políticas progresistas. Y a pesar del fracaso de la investidura de julio, esa mayoría volvió a darse en noviembre.

Los electores que depositaron sus votos a favor de los partidos de izquierda lo hicieron, seguramente, con una triple esperanza. Que se formara gobierno. Esta vez sí. Que ese gobierno impulsara un programa de progreso. Y que ese gobierno lograra funcionar con una coherencia y una funcionalidad razonables.

Seguramente también, votaron con argumentos en positivo y en negativo. Votaron confiando en el compromiso y la capacidad de sus representantes progresistas para gobernar en clave de equidad y justicia social. Y votaron para hacer frente a la regresión social que ya había llegado a Andalucía, Madrid y Murcia, y que amenazaba con extenderse por toda España.

Votaron una vez. Fallamos. Y votaron otra vez, a pesar de la decepción, la frustración, incluso el enfado bastante generalizado.

Si la izquierda, o una parte de la izquierda, vuelve a fallar a sus votantes, el coste en términos de credibilidad y desafección será muy considerable. Para esa parte culpable, con seguridad. Para toda la izquierda, seguramente.

La incógnita está ahora localizada en Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En la votación del mes de julio, sus dirigentes actuaron con coherencia. Ahora se trata del mismo candidato, con un programa idéntico, y un acompañamiento que siempre valoraron bien. ¿Actuarán de forma distinta? ¿Cometerán ahora los pecados que reprochaban a otros en julio?

Siempre se ha hablado de la difícil cohabitación entre las dos “almas” de ERC, la izquierdista y la independentista. Para muchos de los que nos consideramos de izquierda, antes que una cohabitación se trata de una contradicción. O se prioriza el objetivo de la equidad social o se prioriza el propósito de la exclusividad nacional. A juicio del modesto entender de quien esto escribe, ambas prioridades no parecen compatibles.

En todo caso, es lo que defienden y es lo que han votado quienes les han votado. Y, por tanto, eso es con lo que hay que entenderse.

Para el alma de izquierdas, el PSOE ofrece un programa inequívocamente progresista. Para el otro, se ofrece diálogo en el marco de la ley. Ni una cosa ni la otra la encontrarán en la alternativa que espera agazapada tras la oportunidad de unas terceras elecciones.

Sean cohabitaciones o contradicciones, ojalá resuelvan de manera que podamos cumplir con las mejores esperanzas de la mayoría de los españoles, catalanes incluidos.

¿GOBIERNO A CAMBIO DE QUÉ?

Inauguramos curso con una situación política delicada. La voluntad democrática de los españoles  se expresó con claridad en las urnas entre los meses de abril y mayo. El PSOE ganó las elecciones generales, las europeas, las municipales y las autonómicas, en diez de doce comunidades.

El panorama político nacional e internacional requiere de un Gobierno español con plenas funciones de manera inmediata: un brexit salvaje a la vista; una desaceleración económica en ciernes a escala europea; una financiación autonómica con necesidades perentorias; un déficit galopante en la Seguridad Social…

Sin embargo, la sesión de investidura a la que se sometió el candidato ganador de las elecciones en el mes de julio fracasó, por voluntad del resto de los grupos parlamentarios con más representación en el Congreso. A día de hoy, en consecuencia, el país sigue contando con un Gobierno limitado en sus funciones, y sin perspectiva de solución a corto plazo. Situación de bloqueo, en definitiva.

En este contexto, sorprenden especialmente las posiciones que justifican el bloqueo “porque no vamos a facilitar el Gobierno gratis, a cambio de nada”. Tales argumentos provienen, a veces, tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Resulta difícil interpretar esta lógica retributiva para la investidura de un Presidente del Gobierno. En principio, la lógica democrática invita a pensar que los votos se aportan a cambio de la satisfacción del interés general y no del interés propio o partidario. Si el apoyo o la abstención en una investidura no se quiere plantear “gratis”, ¿cuál es la retribución que se espera? ¿Un pago? ¿Una contraprestación? ¿De qué tipo?

Pareciera, incluso, que aquellos que mantienen secuestrado el resultado de la voluntad democrática expresada en la urnas pretendieran recibir un rescate por su liberación. O me pagas o mantengo el boicot a las urnas y el bloqueo a la formación de Gobierno, parecen expresar.

En nuestro sistema democrático parlamentario, una vez celebradas las elecciones con un claro ganador, aún sin mayoría absoluta en el Congreso, a los demás grupos parlamentarios solo les cabe mantener tres conductas lícitas. O se apoya al candidato del grupo ganador; o se propone una alternativa; o se facilita la formación de Gobierno mediante una abstención responsable. El bloqueo sin alternativa no es un comportamiento lícito. Pedir un rescate en interés propio, tampoco.

En el contexto político actual de nuestro país, la segunda opción no existe.

El apoyo al candidato ganador requiere cierta equivalencia ideológica y programática, ciertamente. Y, desde luego, puede plantearse conforme a un acuerdo formal, con naturaleza y alcance diversos.

La abstención responsable también puede condicionarse. No a cambio de una retribución o rescate de interés partidario, como la renuncia a formar Gobierno en una comunidad autónoma, por supuesto. Tampoco mediante la exigencia de que el candidato ganador cambie de ideas y de programa, para asumir las de quienes han perdido las elecciones. Sí puede plantearse, sin embargo, un compromiso de diálogo y entendimiento en torno a cuestiones de Estado.

¿Cuál es el planteamiento del PSOE en este escenario?

Pedimos un ejercicio de realismo, responsabilidad y generosidad a todos los grupos parlamentarios que han recibido la confianza de la ciudadanía para atender el interés general.

Realismo para asumir que el PSOE ganó inequívocamente las elecciones y que no existe alternativa viable a un Gobierno liderado por el PSOE.

Responsabilidad para facilitar y no bloquear la formación del Gobierno que votaron mayoritariamente los ciudadanos y ciudadanas.

Y generosidad para anteponer el interés general al propio o partidario.

¿Cómo hacerlo?

Mediante un acuerdo programático con Unidas Podemos y otras formaciones progresistas, que establezca una agenda legislativa y de gestión política a desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años. Este acuerdo aseguraría un Gobierno coherente, estable y eficaz en el desarrollo de una agenda de progreso, impulsado, apoyado y controlado desde el Parlamento. A tal efecto, el PSOE ha elaborado una propuesta abierta con 300 medidas progresistas, con amplio respaldo social y político.

Y a través de la abstención responsable de PP y Ciudadanos, con el compromiso de mantener, como hemos hecho siempre, una actitud de diálogo y entendimiento en cuestiones de Estado, como la política exterior, la política antiterrorista, la defensa de la integridad territorial, el desarrollo de los pactos de Estado contra la violencia de género y el futuro de las pensiones, y las eventuales propuestas de reforma constitucional.

¿Apoyo gratis a la formación de Gobierno? No. Se trata de posibilitar la formación del Gobierno que han votado los españoles, a cambio del reconocimiento social ante un ejercicio de responsabilidad democrática, en beneficio del interés general. Esa es suficiente retribución.