Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Madrid’ Category

El término “soberanía” se esgrime de forma habitual desde posiciones nacionalistas y populistas como sinónimo de democracia avanzada. Nacionalistas e independentistas enfrentan la soberanía propia y legítima a las imposiciones ilegítimas y antidemocráticas de aquellos a los que rechazan como ajenos. Los populistas confrontan la soberanía legítima del pueblo con la casta que usurpa el poder, según ellos.

Es curioso, porque la “soberanía” y el “soberano” son términos con una tradición muy alejada de las reivindicaciones democráticas. Siempre se habló del rey soberano como aquel capaz de declarar la guerra y hacer la paz, de mandar sobre personas y sobre haciendas, de impartir justicia… Soberanía equivalía a poder concentrado y centralizado.

Durante el siglo XIX y parte del XX, la soberanía se asocia ya a la nación, pero no tanto al pueblo. Es aún soberanía nacional, no popular. Se reclama la soberanía propia frente a las potencias invasoras o coloniales, en nombre de la nación, no en nombre del demos, no de la gente.

Sin embargo, en este siglo XXI, la reivindicación permanente de la “soberanía” viene, por ejemplo, de los dictadores que disfrazan su autocracia de patriotismo, y que denuncian las reclamaciones internacionales de respeto a los derechos humanos como injerencias intolerables.

Asimismo, la extrema derecha comparte con algunos populismos el discurso eurofóbico, que denuncia las políticas comunitarias como agresiones que mancillan la soberanía, ahora no solo de la nación, sino también del pueblo inocente y maltratado.

Soberanía es igualmente lo que exigen nacionalismos, separatismos e independentismos, como el bálsamo redentor de todos los males. Sea cual sea la complejidad del problema a tratar. Sea cual sea el alcance del desafío al que responder. Sea cual sea el incumplimiento propio a justificar. La causa del mal estará siempre en la falta de soberanía. El culpable será siempre el que usurpa nuestra soberanía. Y la Arcadia feliz llegará siempre de la mano del ejercicio propio de la soberanía.

Solo que la soberanía de la que hablan no existe.

¿Qué es soberanía, más allá de discursos románticos y más allá de ejercicios de demagogia fútil? Soberanía equivale a poder. Soberanía hoy, en las sociedades modernas, es capacidad para organizar el espacio público compartido para alcanzar objetivos de interés general. Soberanía, en definitiva, es posibilidad de favorecer el ejercicio de derechos y libertades de ciudadanía, de propiciar bienestar para el pueblo.

Y en la era de la globalización esas capacidades hay que situarlas en su dimensión más eficaz. Porque la dimensión de los espacios públicos a organizar y a regular hoy para hacer efectivos los derechos y las libertades de ciudadanía ha trascendido las fronteras de cualquier soberanía nacional.

Las relaciones económicas a regular escapan de las soberanías alicortas que nacionalistas y populistas reclaman en sus discursos viejunos. Los grandes retos frente a la elusión fiscal, el dumping laboral, el cambio climático, las crisis de refugiados o el terrorismo yihadista, por citar solo algunos, se ganarán desde soberanías amplias y compartidas, o se perderán.

Reclamar la soberanía del pueblo español ya se va quedando viejo. Exigir la soberanía de la nación catalana, o del pueblo vasco, o del murciano, es ya, sencillamente, una “paletada”.

En este siglo XXI de la globalización y la revolución tecnológica, las únicas soberanías viables, eficaces y, por tanto, deseables, son las soberanías que se comparten en espacios públicos cada vez más amplios. Con el propósito, no de agitar banderas al viento, sino de hacer realidad los derechos y las libertades, el progreso y la justicia social, para todos, se emocionen con la bandera que se emocionen…

¿Soberanía? Hoy, la del pueblo europeo. Mañana, la compartida con toda la Humanidad.

Anuncios

Read Full Post »

El próximo martes 12 de diciembre subiré una vez más al estrado de oradores del Congreso de los Diputados con objeto de reclamar medidas para combatir la desigualdad y la pobreza crecientes en nuestra sociedad. En esta ocasión se trata de exigir el aumento de las pensiones que cobran las viudas más pobres.

Lo haré con la satisfacción del cumplimiento de un deber político y moral. Pero lo haré también consciente de que el rechazo previsible a estas demandas seguirá acrecentando el número de quienes se sienten cada vez más alejados de un sistema que consolida y profundiza las injusticias.

La cuestión es como sigue. Una disposición adicional de la ley de pensiones del año 2011 mandataba al Gobierno para incrementar progresivamente la cuantía de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años en riesgo de pobreza. La llegada del PP al Gobierno supuso el aplazamiento de tal medida por razones de equilibrio presupuestario en un contexto de crisis.

Aun siendo discutible la paralización de esta medida en los años duros de recesión económica, lo que resulta absolutamente inaceptable es que las viudas más pobres sigan esperando su aplicación tras varios años de crecimiento económico. Pero así ha sido durante los seis últimos ejercicios. Y el caso es que las viudas más necesitadas cobran hoy casi un 12% menos en sus pensiones de lo que les corresponde según aquella ley de 2011.

Por tanto, la exigencia que planteamos al Gobierno tiene varias razones. La primera es de justicia social, porque los pensionistas en general y las viudas en particular están empobreciéndose gravemente desde que gobierna el PP.

A la inaplicación de la medida mencionada hay que añadir un índice limitado de revalorización anual de pensiones, el 0,25%, que sistemáticamente se queda por debajo de la subida de los precios. Y a esto hay que sumar los copagos farmacéuticos, y la retirada de 400 medicamentos del sistema nacional de salud, y la subida del recibo de la luz un 7%…

La segunda razón tiene que ver con el Estado de Derecho. Si exigimos a la ciudadanía el sometimiento al imperio de la ley, no cabe que el Gobierno se lo salte, por razones espurias además.

Hace escasos días, PP y Ciudadanos respaldaron al Gobierno vetando la tramitación de una propuesta de Ley socialista que obligaba a la Seguridad Social a aplicar inmediatamente la subida de las pensiones de viudedad más bajas. El argumento era el del coste. Al parecer, el coste de 800 millones de euros que podría tener esta medida desequilibraba de una manera insoportable el presupuesto de un Estado que ha rescatado a los bancos con 40.000 millones y que aflorado otros 40.000 millones de dinero negro con una amnistía fiscal vergonzosa.

Y esto me lleva a la razón definitiva para la defensa de la moción del martes 12: la razón de la defensa del sistema democrático. Porque los poderes públicos no pueden adoptar decisiones que sus responsables son incapaces de explicar. ¿Cómo explicar que el Gobierno de una economía que crece a más del 3%, y que rescata autopistas de peaje con miles de millones de recursos públicos, se niega a financiar con 800 millones una subida mínima en las pensiones de las viudas más pobres?

Cuidado con seguir estirando la cuerda de la desigualdad. Un día puede romperse.

Read Full Post »

Algo se está moviendo en la conciencia colectiva respecto a las expresiones más contumaces del machismo. La gran mayoría de los españoles ha dejado de transigir con lo que hasta hace demasiado poco tiempo aún se daba en llamar violencia “doméstica” o simples “peleas de pareja”. Y poco a poco están dejando de ser tolerables también ciertas conductas en el entorno laboral, universitario o festivalero, que antes entraban en la categoría de normales o inevitables, y que ya comienzan a denunciarse de manera general como lo que realmente son: auténtica violencia machista.

Casi la mitad de las mujeres españolas denuncian haber sido víctimas de un abuso o agresión sexual en alguna ocasión durante los últimos 15 años, según una macro-encuesta del Gobierno datada en 2015. En muchos casos se trata de violencia ocasionada por la pareja o expareja, pero en otras ocasiones la agresión parte de hombres que hacen uso de su prevalencia sobre la mujer, porque son sus jefes, sus profesores, sus entrenadores, sus psiquiatras… Otro escenario demasiado habitual en este tipo de violencias se da en las fiestas populares, que algunos agresores interpretan como una especie de “barra libre” para sus apetencias sexuales.

Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar los actos de violencia machista públicamente y ante la Justicia, afrontando el coste lamentable que tales denuncias suponen en su entorno familiar y social. Cada vez son mayores las muestras de comprensión y respaldo público que estas víctimas reciben. Y cada vez son más los violentos que obtienen el reproche social y el castigo judicial que corresponde a su conducta.

Es cierto también que las reacciones de banalización, cuando no de comprensión o legitimación de la violencia machista están aún presentes en esta sociedad. Pero día a día reciben más contestación. Ha ocurrido últimamente con el intento de culpabilizar a la víctima en el juicio por violación de “la manada” en Pamplona. Ha pasado con algunas campañas institucionales paternalistas que llamaban a “no maltratar a lo más grande de Galicia”. Ocurre a menudo con menciones de políticos, periodistas o publicistas que no respetan debidamente los derechos de las mujeres.

Las cifras son muy llamativas y absolutamente inaceptables en lo referido a la cantidad de mujeres afectadas por esta violencia. 44 mujeres asesinadas por el machismo en lo que va de año, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Más de dos millones de agresiones ocasionadas por parejas o exparejas. Millón y medio de agresiones fuera de las relaciones de pareja. Y tanto o más graves aún resultan los porcentajes de jóvenes que contemplan la violencia machista como “normal” (27%) o que entienden que el problema “se exagera” (21%).

Hay un punto de inflexión en nuestro tiempo, sin duda, respecto a la consideración social de la violencia machista. Una inflexión en el buen sentido, en el sentido de la condena al machismo y del apoyo a sus víctimas. Pero hace falta más esfuerzo, mucho más, para arrinconar definitivamente al machismo y erradicar sus consecuencias más dañinas.

Este esfuerzo tiene tres caminos fundamentales: la educación en valores de igualdad, desde la infancia más tierna; la penalización contundente para las conductas violentas, en lo social y en lo judicial; y la protección efectiva de las víctimas, para que escapen, para que denuncien, para que se sientan protegidas, y para que puedan rehacer sus vidas libres de maltrato alguno.

Read Full Post »

La situación política y social que se está viviendo en Cataluña como consecuencia del desafío separatista es tan indeseada como penosa para la gran mayoría de catalanes, piensen como piensen. El deterioro es evidente y grave para las instituciones democráticas y para la propia convivencia cívica en aquella tierra.

Pero solo hay que contemplar la sonrisa abierta de la dirigente independentista Ana Gabriel en estos días para comprobar que para algunos no está siendo ni tan indeseada ni tan penosa. Es más, pareciera que disfrutaran por haber alcanzado el escenario de radical confrontación pretendido desde el principio del procés.

Las responsabilidades por haber llegado hasta este punto crítico son diversas y compartidas en algún extremo. Ahora bien, no sería justo ni veraz atribuir responsabilidades en igual grado a unos y a otros.

Claro que son responsables quienes callaron y otorgaron ante la embestida independentista, por comodidad, por resignación o por tacticismo. Claro que tienen responsabilidad aquellos que en Madrid y en Barcelona han alimentado el frentismo por puro cálculo electoral. Claro que cabe señalar a quienes en este tiempo han sobreactuado alimentando el victimario separatista. Y claro que aquella reforma del Estatuto catalán pudo gestionarse mucho mejor.

Pero siendo todo esto cierto, es preciso subrayar que la responsabilidad primera y máxima en este drama la tienen aquellos que han decidido finiquitar unilateralmente la Constitución, el Estatuto vigente y el mismísimo Estado de Derecho que garantiza nuestra democracia y nuestras libertades.

La responsabilidad primera y máxima de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre y de lo que pueda ocurrir la tienen los dirigentes independentistas que han sembrado sectarismo, división y rencor a base de manipulaciones y embustes. No nos equivoquemos.

Por eso resulta tan denunciable la estrategia de la victimización que utilizan ahora los gobernantes separatistas en Cataluña y sus aliados más o menos explícitos en el procés. Ellos podían prever y previeron que sus leyes inconstitucionales iban a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional. Podían prever y previeron que la Justicia cumpliría con su deber de perseguir el delito y a los delincuentes. Podían prever y previeron que las instituciones democráticas se defenderían ante un golpe antidemocrático.

¿Qué esperaban? Exactamente esto. Lo que está ocurriendo. Que la democracia se defendiera, para utilizar tal defensa a modo de falsa victimización y alimentar el discurso separatista de cara a la siguiente batalla. Poco les ha importado llevarse por delante la credibilidad de las instituciones que gobiernan, de la Generalidad al Ayuntamiento de Barcelona, y la misma convivencia entre catalanes.

Pero las víctimas en este drama no son los independentistas. Ellos son los verdugos. Porque las auténticas víctimas son aquellas instituciones y aquella convivencia sacrificadas en una estrategia irresponsable y suicida. Las víctimas son los alcaldes y alcaldesas respetuosos de la legalidad que soportan insultos y amenazas. Y son víctimas reales la gran mayoría de catalanes de bien que contemplan estupefactos cómo en nombre de la patria algunos están tirando todo lo bueno logrado para la patria en cuarenta años de democracia.

¿Qué hacer? En primer lugar es necesario preservar el imperio de la ley ante la amenaza golpista. Ojalá se logre por desistimiento de los separatistas. Si no es así, tendrá que hacerse mediante los instrumentos previstos por el Estado de Derecho, de manera proporcionada e inteligente.

Y tras el primero de octubre resulta tan deseable como inevitable sentarse a dialogar y a acordar. Exigiendo respeto a las normas que nos hemos dado. Pero haciendo política. Los marcos de convivencia no se pueden reventar unilateralmente, pero tampoco se pueden imponer indefinidamente contra la voluntad y el sentimiento de una parte importante de la población.

Hay que hablar, hay que escuchar y hay que entenderse. ¿Sobre qué? Sobre el encaje constitucional de Cataluña en España; sobre el reconocimiento a su singularidad y a las singularidades de los demás territorios de España; sobre la reforma constitucional que ha de abrir paso a una nueva estructura territorial, que respete la soberanía del conjunto de los españoles, que asegure la igualdad de derechos, y que establezca un régimen de competencias, de financiación y de colaboración federal eficiente.

Y este es el acuerdo que hemos de votar. Todos nosotros y no solo una parte de nosotros. Con el propósito del acuerdo y no para mantener el conflicto. Acordar antes que votar. Sin ganadores ni perdedores. Sin verdugos ni víctimas.

Read Full Post »

Solo hay que echar un vistazo a las cabeceras de los informativos para tomar nota del riesgo en que incurre la política española. Estamos a punto de dar inicio a un curso político completamente al margen de las preocupaciones e intereses reales de la sociedad a la que hemos de servir.

Parecemos condenados a dedicar la mayor parte de la atención y las energías de la política a un problema creado artificialmente por la propia política: el desafío independentista en Cataluña.

De forma subsidiaria puede que gastemos algo de tiempo también en el estéril intercambio de reprochatorios entre administraciones a cuenta de la política antiterrorista, para mayor celebración, eso sí, de los propios terroristas.

Y por si quedara algo de espacio en los titulares o en las redes, no faltarán nuevos episodios en ese aburrido serial de machos alfa en duelo permanente de frases ingeniosas con el que algunos confunden la verdadera política. Que si te hago otra moción de censura, que si no te atreves, que si te limito los mandatos, que si te doy con Venezuela, que si te dibujo la cara en un autobús, que si tú más…

Mientras tanto, la mayoría de las familias españolas afrontan el inicio de curso con sus propios problemas, preguntándose ante el televisor sobre qué demonios están discutiendo aquellos a los que eligió para aliviarlos…

¿Cuáles son esos problemas? Sin duda, muchos españoles estarán hoy lápiz en mano sumando los ingresos magros y restando los gastos gruesos con que deberán afrontar este mes de septiembre. No pocos estarán preocupados porque no encuentran empleo o porque el salario no da para atender las necesidades más básicas.

Las familias con hijos en edad escolar, o con enfermos a la espera de atención sanitaria, o con mayores necesitados de servicios sociales, estarán lamentando los recortes que han deteriorado los servicios públicos y que no acaban de remontarse, a pesar de la fanfarria de la supuesta recuperación económica.

Los jóvenes afrontarán el nuevo curso con la angustia de no saber si el esfuerzo de estudiar les proporcionará alguna oportunidad real de desarrollo personal y profesional. Los que ya están atrapados en la rueda de la precariedad laboral se preguntarán por qué si ellos cumplen con la sociedad, la sociedad no cumple con ellos.

Los pensionistas sabrán que este será un curso más para la pérdida de poder adquisitivo. Las mujeres se preguntarán si alguno de esos políticos que denuncian su discriminación en cuanto a trabajo y salario hará algo útil para remediarlo…

Cada partido tiene ya escrito su relato para vender este otoño en televisiones, tabletas, teléfonos y demás dispositivos. El PP venderá su estabilidad frente a la radicalidad de separatistas y podemitas (mientras reza para que no le falten separatistas y podemitas ante los que esgrimir su estabilidad).

Podemos venderá la película de los “nuestros” buenos-buenos frente a los “suyos” malos-malos (y tachará de melifluos o cómplices a quienes no aplaudan suficientemente las perfomances de los “nuestros”). Ciudadanos seguirá vendiendo el mensaje de su supuesta oposición útil (y seguirá siendo realmente útil a los planes del Gobierno del PP).

Por nuestra parte, modestamente, procuraremos centrar el trabajo en las reformas que pueden ayudar a mejorar la vida de la gente. Gobernando para los buenos empleos, para la equidad social, para mejorar los servicios públicos, para impulsar la modernización del país, para cualificar nuestra democracia… allí donde podemos gobernar.

E impulsaremos propuestas en el mismo sentido allí donde aún hemos de ejercer la oposición. Por eso trabajaremos para recuperar derechos laborales, para elevar los salarios, para dignificar las pensiones, para asegurar que se pagan los impuestos justos que han de financiar los servicios necesarios… Por eso trataremos sobre las transiciones pendientes en la economía verde, en las energías renovables, en la agenda digital, en la educación de calidad, en la reforma federal del Estado… Por eso insistiremos en la moralización de la vida pública…

Porque, en realidad, el trabajo que la gente espera de sus políticos no consiste en una competición permanente de estrategias ingeniosas en torno a la trascendencia mediática y el poder. Se trata, simplemente, de entender los problemas reales y de procurar resolverlos. Nada más y nada menos.

Read Full Post »

El artículo 66 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.

Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.

Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.

Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.

Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.

El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.

Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.

Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.

Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.

El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.

El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.

Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.

La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.

El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno.

_________________________

  • Artículo publicado en Infolibre.es el 23-07-2017

Read Full Post »

La recuperación de la economía española se sostiene sobre los pies de barro de la precariedad laboral y la devaluación salarial. Los datos macroeconómicos del crecimiento del PIB, el control del déficit e, incluso, la reducción estadística del paro se convertirán en un mero espejismo de mejoría si no se corrige con rapidez y contundencia el grave problema del empobrecimiento laboral.

Se trata de un problema con una triple dimensión, social, política y económica. La dimensión social es evidente por sus consecuencias negativas en los ingresos de las familias. La dimensión política se deduce del desafecto que el deterioro social genera sobre el propio sistema democrático. Y la dimensión económica tiene que ver con el debilitamiento progresivo de la demanda interna.

Hace tiempo que algunos hemos desistido de participar en las estériles batallas estadísticas. Este Gobierno se ha mostrado capaz de torturar cualquier tabla en beneficio de su discurso económico triunfalista. Por tanto, basta con esgrimir dos argumentos. El primero es objetivo y medible: la caída de la participación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tres puntos sobre PIB representan 3.000 millones de euros perdidos en salarios desde el inicio de la crisis.

Y el segundo es menos objetivo pero aún más contundente si cabe: la convicción muy mayoritaria, que reflejan todos los estudios de opinión, sobre el retroceso de los salarios más bajos al rebufo de la precarización del mercado laboral. Los tres últimos deciles de la estructura salarial han caído más de un 30% desde el año 2012. Hay siete millones de trabajadores viviendo bajo los umbrales de la pobreza. Otros tantos, sobre todo mujeres con contratos a tiempo parcial, cobran salarios por debajo del sueldo mínimo.

La causa es indudable. La reforma laboral del PP abrió las puertas a un modelo de competitividad basado en la devaluación de salarios y condiciones laborales. La prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, el desarme de los sindicatos en la negociación colectiva, la facilitación de los descuelgues, el fin de la ultractividad de los convenios… Todos estos instrumentos tenían un fin, abaratar los costes salariales. Y el fin se cumplió.

La caída salarial se suma al aumento de los fenómenos de explotación laboral que el Gobierno consiente y no persigue, como el fraude de las horas que se trabajan y no se pagan, como los falsos autónomos, o lo becarios explotados, o los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas enteras.

Por eso resulta tan indignante escuchar declaraciones de la Ministra de Empleo a favor de “un crecimiento sano de los salarios”. Si los salarios no crecen en este país es por la vigencia de un compendio de normas, dictadas por la propia Ministra y su partido, que tienen como finalidad la propia devaluación salarial. ¿Quieren rectificar? Es fácil. Presenten en el Congreso un decreto de derogación de la reforma de 2012. Lo demás es postureo.

El coste social de los salarios bajos se traduce en un aumento peligroso de la exclusión social y de la pobreza, que afecta ya a más del 20% de la población infantil, por ejemplo. Y es que el drama salarial debe valorarse en el contexto de la caída de las prestaciones por desempleo, que dejan sin ayuda a dos de cada tres parados EPA. Y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que sostienen a millones de familias. Y los recortes en prestaciones a dependientes, y las becas recortadas, y los copagos sanitarios…

El coste político se comprueba fácilmente entre una juventud cada día más descreída y divorciada del sistema democrático. Que primero optó por desentenderse de la política, que ahora opta por votar a los populismos antisistema, y que mañana puede optar por algo aún peor…

Y el coste económico ha de medirse en un análisis inteligente sobre las fuentes del crecimiento en nuestro país. Hoy los factores exógenos son mayoritariamente decisivos: la política expansiva de las autoridades monetarias europeas; el cambio favorable euro-dólar; el precio barato del petróleo; el tirón ocasional del turismo; un sector exportador en racha…

Pero las economías sólidas han de asentarse sobre algo mejor que un compendio de buenas noticias coyunturales. Ese algo mejor es la demanda interna. Y la demanda interna depende en buena medida de los salarios. ¿Quiénes van a pagar en España por los productos y los servicios de nuestras empresas? ¿Con estos salarios? Muy pocos.

En consecuencia, hay que aconsejar a las organizaciones empresariales que eleven un poco la mirada en su negociación sobre recomendaciones salariales para este año. Elevar los salarios conforme el crecimiento de la economía y de los precios no debiera ser solo empeño sindical. Nos va mucho en ello a todos. A ellos también.

Y hay una agenda legal a desarrollar también en el objetivo de los salarios mejorados.

Hay que establecer el salario mínimo para 2018, tras la subida del 8% arrancada por el PSOE para este año. Deberíamos cumplir cuanto antes el compromiso suscrito en la Carta Social Europea del 60% del salario medio.

Nuestra ley de subcontratas para cumplir el principio de “igual trabajo, igual salario” se votará en septiembre.

A continuación se debatirán propuestas de gran interés para reforzar la negociación colectiva, recuperar la prevalencia del convenio sectorial, reestablecer la ultractividad, luchar contra los fenómenos de explotación laboral…

Ojalá no nos distraigamos demasiado con otros menesteres menos determinantes para la vida real de la gente.

Read Full Post »

Older Posts »