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Archive for the ‘Madrid’ Category

La situación política y social que se está viviendo en Cataluña como consecuencia del desafío separatista es tan indeseada como penosa para la gran mayoría de catalanes, piensen como piensen. El deterioro es evidente y grave para las instituciones democráticas y para la propia convivencia cívica en aquella tierra.

Pero solo hay que contemplar la sonrisa abierta de la dirigente independentista Ana Gabriel en estos días para comprobar que para algunos no está siendo ni tan indeseada ni tan penosa. Es más, pareciera que disfrutaran por haber alcanzado el escenario de radical confrontación pretendido desde el principio del procés.

Las responsabilidades por haber llegado hasta este punto crítico son diversas y compartidas en algún extremo. Ahora bien, no sería justo ni veraz atribuir responsabilidades en igual grado a unos y a otros.

Claro que son responsables quienes callaron y otorgaron ante la embestida independentista, por comodidad, por resignación o por tacticismo. Claro que tienen responsabilidad aquellos que en Madrid y en Barcelona han alimentado el frentismo por puro cálculo electoral. Claro que cabe señalar a quienes en este tiempo han sobreactuado alimentando el victimario separatista. Y claro que aquella reforma del Estatuto catalán pudo gestionarse mucho mejor.

Pero siendo todo esto cierto, es preciso subrayar que la responsabilidad primera y máxima en este drama la tienen aquellos que han decidido finiquitar unilateralmente la Constitución, el Estatuto vigente y el mismísimo Estado de Derecho que garantiza nuestra democracia y nuestras libertades.

La responsabilidad primera y máxima de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre y de lo que pueda ocurrir la tienen los dirigentes independentistas que han sembrado sectarismo, división y rencor a base de manipulaciones y embustes. No nos equivoquemos.

Por eso resulta tan denunciable la estrategia de la victimización que utilizan ahora los gobernantes separatistas en Cataluña y sus aliados más o menos explícitos en el procés. Ellos podían prever y previeron que sus leyes inconstitucionales iban a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional. Podían prever y previeron que la Justicia cumpliría con su deber de perseguir el delito y a los delincuentes. Podían prever y previeron que las instituciones democráticas se defenderían ante un golpe antidemocrático.

¿Qué esperaban? Exactamente esto. Lo que está ocurriendo. Que la democracia se defendiera, para utilizar tal defensa a modo de falsa victimización y alimentar el discurso separatista de cara a la siguiente batalla. Poco les ha importado llevarse por delante la credibilidad de las instituciones que gobiernan, de la Generalidad al Ayuntamiento de Barcelona, y la misma convivencia entre catalanes.

Pero las víctimas en este drama no son los independentistas. Ellos son los verdugos. Porque las auténticas víctimas son aquellas instituciones y aquella convivencia sacrificadas en una estrategia irresponsable y suicida. Las víctimas son los alcaldes y alcaldesas respetuosos de la legalidad que soportan insultos y amenazas. Y son víctimas reales la gran mayoría de catalanes de bien que contemplan estupefactos cómo en nombre de la patria algunos están tirando todo lo bueno logrado para la patria en cuarenta años de democracia.

¿Qué hacer? En primer lugar es necesario preservar el imperio de la ley ante la amenaza golpista. Ojalá se logre por desistimiento de los separatistas. Si no es así, tendrá que hacerse mediante los instrumentos previstos por el Estado de Derecho, de manera proporcionada e inteligente.

Y tras el primero de octubre resulta tan deseable como inevitable sentarse a dialogar y a acordar. Exigiendo respeto a las normas que nos hemos dado. Pero haciendo política. Los marcos de convivencia no se pueden reventar unilateralmente, pero tampoco se pueden imponer indefinidamente contra la voluntad y el sentimiento de una parte importante de la población.

Hay que hablar, hay que escuchar y hay que entenderse. ¿Sobre qué? Sobre el encaje constitucional de Cataluña en España; sobre el reconocimiento a su singularidad y a las singularidades de los demás territorios de España; sobre la reforma constitucional que ha de abrir paso a una nueva estructura territorial, que respete la soberanía del conjunto de los españoles, que asegure la igualdad de derechos, y que establezca un régimen de competencias, de financiación y de colaboración federal eficiente.

Y este es el acuerdo que hemos de votar. Todos nosotros y no solo una parte de nosotros. Con el propósito del acuerdo y no para mantener el conflicto. Acordar antes que votar. Sin ganadores ni perdedores. Sin verdugos ni víctimas.

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Solo hay que echar un vistazo a las cabeceras de los informativos para tomar nota del riesgo en que incurre la política española. Estamos a punto de dar inicio a un curso político completamente al margen de las preocupaciones e intereses reales de la sociedad a la que hemos de servir.

Parecemos condenados a dedicar la mayor parte de la atención y las energías de la política a un problema creado artificialmente por la propia política: el desafío independentista en Cataluña.

De forma subsidiaria puede que gastemos algo de tiempo también en el estéril intercambio de reprochatorios entre administraciones a cuenta de la política antiterrorista, para mayor celebración, eso sí, de los propios terroristas.

Y por si quedara algo de espacio en los titulares o en las redes, no faltarán nuevos episodios en ese aburrido serial de machos alfa en duelo permanente de frases ingeniosas con el que algunos confunden la verdadera política. Que si te hago otra moción de censura, que si no te atreves, que si te limito los mandatos, que si te doy con Venezuela, que si te dibujo la cara en un autobús, que si tú más…

Mientras tanto, la mayoría de las familias españolas afrontan el inicio de curso con sus propios problemas, preguntándose ante el televisor sobre qué demonios están discutiendo aquellos a los que eligió para aliviarlos…

¿Cuáles son esos problemas? Sin duda, muchos españoles estarán hoy lápiz en mano sumando los ingresos magros y restando los gastos gruesos con que deberán afrontar este mes de septiembre. No pocos estarán preocupados porque no encuentran empleo o porque el salario no da para atender las necesidades más básicas.

Las familias con hijos en edad escolar, o con enfermos a la espera de atención sanitaria, o con mayores necesitados de servicios sociales, estarán lamentando los recortes que han deteriorado los servicios públicos y que no acaban de remontarse, a pesar de la fanfarria de la supuesta recuperación económica.

Los jóvenes afrontarán el nuevo curso con la angustia de no saber si el esfuerzo de estudiar les proporcionará alguna oportunidad real de desarrollo personal y profesional. Los que ya están atrapados en la rueda de la precariedad laboral se preguntarán por qué si ellos cumplen con la sociedad, la sociedad no cumple con ellos.

Los pensionistas sabrán que este será un curso más para la pérdida de poder adquisitivo. Las mujeres se preguntarán si alguno de esos políticos que denuncian su discriminación en cuanto a trabajo y salario hará algo útil para remediarlo…

Cada partido tiene ya escrito su relato para vender este otoño en televisiones, tabletas, teléfonos y demás dispositivos. El PP venderá su estabilidad frente a la radicalidad de separatistas y podemitas (mientras reza para que no le falten separatistas y podemitas ante los que esgrimir su estabilidad).

Podemos venderá la película de los “nuestros” buenos-buenos frente a los “suyos” malos-malos (y tachará de melifluos o cómplices a quienes no aplaudan suficientemente las perfomances de los “nuestros”). Ciudadanos seguirá vendiendo el mensaje de su supuesta oposición útil (y seguirá siendo realmente útil a los planes del Gobierno del PP).

Por nuestra parte, modestamente, procuraremos centrar el trabajo en las reformas que pueden ayudar a mejorar la vida de la gente. Gobernando para los buenos empleos, para la equidad social, para mejorar los servicios públicos, para impulsar la modernización del país, para cualificar nuestra democracia… allí donde podemos gobernar.

E impulsaremos propuestas en el mismo sentido allí donde aún hemos de ejercer la oposición. Por eso trabajaremos para recuperar derechos laborales, para elevar los salarios, para dignificar las pensiones, para asegurar que se pagan los impuestos justos que han de financiar los servicios necesarios… Por eso trataremos sobre las transiciones pendientes en la economía verde, en las energías renovables, en la agenda digital, en la educación de calidad, en la reforma federal del Estado… Por eso insistiremos en la moralización de la vida pública…

Porque, en realidad, el trabajo que la gente espera de sus políticos no consiste en una competición permanente de estrategias ingeniosas en torno a la trascendencia mediática y el poder. Se trata, simplemente, de entender los problemas reales y de procurar resolverlos. Nada más y nada menos.

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El artículo 66 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.

Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.

Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.

Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.

Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.

El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.

Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.

Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.

Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.

El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.

El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.

Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.

La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.

El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno.

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  • Artículo publicado en Infolibre.es el 23-07-2017

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La recuperación de la economía española se sostiene sobre los pies de barro de la precariedad laboral y la devaluación salarial. Los datos macroeconómicos del crecimiento del PIB, el control del déficit e, incluso, la reducción estadística del paro se convertirán en un mero espejismo de mejoría si no se corrige con rapidez y contundencia el grave problema del empobrecimiento laboral.

Se trata de un problema con una triple dimensión, social, política y económica. La dimensión social es evidente por sus consecuencias negativas en los ingresos de las familias. La dimensión política se deduce del desafecto que el deterioro social genera sobre el propio sistema democrático. Y la dimensión económica tiene que ver con el debilitamiento progresivo de la demanda interna.

Hace tiempo que algunos hemos desistido de participar en las estériles batallas estadísticas. Este Gobierno se ha mostrado capaz de torturar cualquier tabla en beneficio de su discurso económico triunfalista. Por tanto, basta con esgrimir dos argumentos. El primero es objetivo y medible: la caída de la participación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tres puntos sobre PIB representan 3.000 millones de euros perdidos en salarios desde el inicio de la crisis.

Y el segundo es menos objetivo pero aún más contundente si cabe: la convicción muy mayoritaria, que reflejan todos los estudios de opinión, sobre el retroceso de los salarios más bajos al rebufo de la precarización del mercado laboral. Los tres últimos deciles de la estructura salarial han caído más de un 30% desde el año 2012. Hay siete millones de trabajadores viviendo bajo los umbrales de la pobreza. Otros tantos, sobre todo mujeres con contratos a tiempo parcial, cobran salarios por debajo del sueldo mínimo.

La causa es indudable. La reforma laboral del PP abrió las puertas a un modelo de competitividad basado en la devaluación de salarios y condiciones laborales. La prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, el desarme de los sindicatos en la negociación colectiva, la facilitación de los descuelgues, el fin de la ultractividad de los convenios… Todos estos instrumentos tenían un fin, abaratar los costes salariales. Y el fin se cumplió.

La caída salarial se suma al aumento de los fenómenos de explotación laboral que el Gobierno consiente y no persigue, como el fraude de las horas que se trabajan y no se pagan, como los falsos autónomos, o lo becarios explotados, o los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas enteras.

Por eso resulta tan indignante escuchar declaraciones de la Ministra de Empleo a favor de “un crecimiento sano de los salarios”. Si los salarios no crecen en este país es por la vigencia de un compendio de normas, dictadas por la propia Ministra y su partido, que tienen como finalidad la propia devaluación salarial. ¿Quieren rectificar? Es fácil. Presenten en el Congreso un decreto de derogación de la reforma de 2012. Lo demás es postureo.

El coste social de los salarios bajos se traduce en un aumento peligroso de la exclusión social y de la pobreza, que afecta ya a más del 20% de la población infantil, por ejemplo. Y es que el drama salarial debe valorarse en el contexto de la caída de las prestaciones por desempleo, que dejan sin ayuda a dos de cada tres parados EPA. Y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que sostienen a millones de familias. Y los recortes en prestaciones a dependientes, y las becas recortadas, y los copagos sanitarios…

El coste político se comprueba fácilmente entre una juventud cada día más descreída y divorciada del sistema democrático. Que primero optó por desentenderse de la política, que ahora opta por votar a los populismos antisistema, y que mañana puede optar por algo aún peor…

Y el coste económico ha de medirse en un análisis inteligente sobre las fuentes del crecimiento en nuestro país. Hoy los factores exógenos son mayoritariamente decisivos: la política expansiva de las autoridades monetarias europeas; el cambio favorable euro-dólar; el precio barato del petróleo; el tirón ocasional del turismo; un sector exportador en racha…

Pero las economías sólidas han de asentarse sobre algo mejor que un compendio de buenas noticias coyunturales. Ese algo mejor es la demanda interna. Y la demanda interna depende en buena medida de los salarios. ¿Quiénes van a pagar en España por los productos y los servicios de nuestras empresas? ¿Con estos salarios? Muy pocos.

En consecuencia, hay que aconsejar a las organizaciones empresariales que eleven un poco la mirada en su negociación sobre recomendaciones salariales para este año. Elevar los salarios conforme el crecimiento de la economía y de los precios no debiera ser solo empeño sindical. Nos va mucho en ello a todos. A ellos también.

Y hay una agenda legal a desarrollar también en el objetivo de los salarios mejorados.

Hay que establecer el salario mínimo para 2018, tras la subida del 8% arrancada por el PSOE para este año. Deberíamos cumplir cuanto antes el compromiso suscrito en la Carta Social Europea del 60% del salario medio.

Nuestra ley de subcontratas para cumplir el principio de “igual trabajo, igual salario” se votará en septiembre.

A continuación se debatirán propuestas de gran interés para reforzar la negociación colectiva, recuperar la prevalencia del convenio sectorial, reestablecer la ultractividad, luchar contra los fenómenos de explotación laboral…

Ojalá no nos distraigamos demasiado con otros menesteres menos determinantes para la vida real de la gente.

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El Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento el llamado “techo de gasto”, que define las grandes líneas de su proyecto presupuestario para 2018. El PSOE ha votado en contra de la fórmula pactada por PP y Ciudadanos a base de recortes importantes de gasto público y bajadas relativas de impuestos.

El gran argumento de la derecha para defender esta política presupuestaria se resume en la afirmación de que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Suena bien, pero ¿realmente es así? El portavoz socialista Pedro Saura solicita con razón que Montoro aclare a qué bolsillos se refiere concretamente.

El presupuesto que el reprobado Ministro de Hacienda dibuja para el año próximo calcula un aumento del gasto de poco más del 2% para un PIB que crecerá nominalmente por encima del 4%. Por tanto, y de entrada, el gasto público perderá peso respecto a la riqueza generada.

Además, la senda de cumplimiento del déficit reserva para las Comunidades Autónomas el ajuste más duro: del 0,6% en 2017 al 0,4% en 2018, tras la última rectificación. Y recordemos que las administraciones autonómicas son las responsables de gestionar los principales servicios del Estado de Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales…

En total, los recortes previstos en el gasto público ascienden a más de 9.000 millones de euros, de los que más de 2.000 corresponderán a las autonomías.

Al reprobado Ministro de Hacienda se le ha repetido que está bien procurar la reducción del déficit en etapas de crecimiento. Pero hay dos maneras de hacerlo, grosso modo. Montoro quiere bajar el 41% de gastos hasta el 38% de ingresos, siempre sobre PIB. Mientras que otros consideramos que quizás puede hacerse a la inversa, es decir, elevando el 38% de ingresos hasta el 41% de gastos.

Es la diferencia entre aspirar a una sociedad justa o renunciar a lograrlo.

PP y Ciudadanos han pactado eximir de tributar por IRPF a quienes cobren menos de 14.000 euros al año. Bien, pero recordemos de entrada que las rentas inferiores a 12.000 euros hace años que no cotizan. Ya vamos acotando ventajas.

Si dividimos los casi 20 millones de impositores españoles en deciles, comprobamos además que los dos deciles más pobres, cuatro millones de españoles, no obtienen rebaja alguna en su fiscalidad, cero. Y de los tres deciles siguientes, otros cuatro millones no verán un euro extra con la rebaja. Tan solo dos millones de españoles obtendrán un beneficio medio de 35 euros mensuales de media.

Es decir, toda la operación para legitimar el recorte de 9.000 millones de euros en el gasto público tan solo beneficiará a dos millones de personas en 35 euros mensuales más para sus bolsillos.

¿Seguro? No tanto, porque si Montoro y Garicano les permiten mantener 35 euros más en el bolsillo derecho, no es menos cierto que les están quitando mucho más del bolsillo izquierdo merced a los recortes en prestaciones sociales. ¿Compensarán esos 35 euros de rebaja impositiva los tijeretazos en becas, en salud pública, en atención a dependientes o en vivienda social? Definitivamente no.

Además, ¿qué hay de los otros ocho millones de contribuyentes más pobres que ni tan siquiera verán esos 35 euros extras en el bolsillo derecho? Estos sufrirán los recortes en el Estado de Bienestar sin compensación fiscal alguna.

¿Y si además de recortar unos poquitos impuestos a las rentas más bajas los aumentáramos para las rentas más altas? ¿Y si nos atreviéramos a equiparar la tributación de las rentas del capital con lo que tributan las rentas del trabajo? ¿Y si estableciéramos una base imponible común en la zona euro para evitar la elusión fiscal de las grandes empresas? ¿Y si garantizáramos un tipo efectivo razonable en el impuesto de sociedades?

¿Y si en lugar de hacer frases tramposas para justificar nuevos recortes nos dedicáramos a generar ingresos suficientes para atender los gastos necesarios?

¿Y si rascamos un poco más en los bolsillos más llenos?

El dinero de los ciudadanos estará mejor allí donde mejor contribuya a construir una sociedad más justa.

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El PSOE salió mal del Gobierno en el año 2011. Al Gobierno de Zapatero le tocó bregar con lo más duro de la crisis, se adoptaron decisiones alejadas del programa electoral y muchos votantes se sintieron defraudados.

En consecuencia, durante los años duros de austeridad y recortes por parte del PP, el Partido Socialista no lo tuvo fácil para erigirse como alternativa creíble.

A estas dificultades se añadió mientras tanto la desorientación general de la socialdemocracia europea, atrapada en la disyuntiva de defender a un sistema injusto frente a los populismos o de defender a los populismos estériles frente al sistema.

Y la falta de iniciativa provocó huecos y los huecos se llenaron con otras alternativas, como Podemos y sus confluencias, que no proporcionaban respuestas viables, ni tan siquiera bienintencionadas, pero que encauzaban con eficacia la frustración de buena parte del electorado más joven y progresista.

Los malos resultados en las elecciones sirvieron de acelerante para las divisiones internas y la imagen de contestación interna permanente acabó por situar al PSOE ante su crisis más grave desde la recuperación de la democracia.

En el día de su convocatoria, las elecciones internas a la secretaría general situaban al Partido Socialista en un escenario de riesgo, por cuanto la disputa auguraba grandes dosis de dramatismo y el resultado no se adivinaba concluyente.

Sin embargo, la conclusión de este proceso democrático se ha saldado de una manera positiva, tanto en lo interno como en lo externo. Internamente ha provocado un estado de movilización y buenas expectativas como hacía tiempo que no se experimentaba. Y ante el resto de la sociedad, el PSOE aparece como una opción reforzada en su crédito político y en sus expectativas.

Pedro Sánchez ha adquirido unos atributos muy positivos como consecuencia de este proceso accidentado. A los ojos de la mayoría social progresista en nuestro país, el otra vez secretario general del PSOE es un hombre valiente, que no se arredra ante los obstáculos y que defiende con convicción y firmeza la causa justa de los más débiles. Además, es un ganador, que no es un atributo baladí en esta sociedad de la imagen.

Por tanto, se trata de una buena oportunidad para el Partido Socialista y para España. El PSOE dispone ahora probablemente de la mejor oportunidad desde 2011 para presentarse ante la ciudadanía española con un proyecto que merece atención, crédito y apoyo como alternativa progresista al PP. Se trata de aprovechar esta oportunidad.

¿Cómo? Definiendo y defendiendo una opción de izquierda valiente y de gobierno, de gobierno pero valiente, como acaba de manifestar José Luis Abalos desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Una izquierda dispuesta a romper algunos moldes, a desmentir algunos tópicos establecidos en el sistema, a desautorizar algunas ortodoxias tramposas. Dispuesta a pisar algunos callos en nombre de la igualdad y la justicia. Pero dejando muy claro que el PSOE no se limita a la protesta inteligente, sino que busca inequívocamente el respaldo de las mayorías para reformar el país desde el Gobierno.

Este propósito requiere identificar algunas prioridades, que sintonicen bien con las prioridades de esa ciudadanía progresista a la espera de respuestas valientes y viables. Primero, un nuevo modelo económico subordinado a los objetivos políticos de la igualdad y la justicia, centrado en los buenos empleos. Segundo, una moralización de la vida pública que destierre corruptelas, fraudes y trampas fiscales. Y tercero, una apuesta decidida por la Europa unida y social, como la mejor esperanza de futuro para cerca de 400 millones de europeos.

Pero la oportunidad es positiva también para España, porque los españoles ven alejarse definitivamente el riesgo tenebroso de tener que elegir entre lo malo y lo peor, entre la derecha corrupta y una alternativa populista y estéril. Entre dejar el sistema como está y cargarse el sistema al completo, lo bueno y lo malo, resurge con fuerza una alternativa reformista de alcance. Es una buena noticia.

Y es una buena oportunidad, para el PSOE y para España. Aprovechémosla.

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Los titulares sobre el último estudio del CIS solo reseñan la creciente preocupación de los españoles por la corrupción. Más de un 54% de los encuestados sitúa este problema entre los principales del país. Son muchos. Sin embargo, el problema principal que señalan los españoles mes tras mes en primer lugar es otro: el paro. De hecho, el porcentaje de españoles cuya preocupación principal tiene que ver con el empleo y la falta de empleo se ha incrementado entre abril y mayo del 69,6% al 71,3%.

No cabe hacer análisis reduccionistas o simples en torno a la crisis de credibilidad que sufren las que hemos considerado democracias avanzadas en Europa y norteamérica. Son varios los factores que contribuyen a las disfunciones del sistema, a la desafección creciente en amplias capas de la población y al auge de populismos y extremismos. Pero hay una constante a tener en cuenta: la preocupación, el miedo y el enfado de muchos por la pérdida progresiva de derechos en el ámbito del empleo.

En esta preocupación, en estos miedos y en estos enfados coinciden desde los millennials explotados hasta los cincuentones que alimentan las listas de parados de larga duración. Aquí convergen los empleados digitales a cinco euros la hora con los obreros industriales que sufren la deslocalización de sus empresas. En la angustia por el trabajo comparten trinchera las mujeres obligadas a elegir entre profesión o familia, junto con los falsos becarios, los falsos aprendices, los falsos autónomos y los falsos contratados a tiempo parcial, que sirven cervezas o limpian habitaciones a tiempo total.

¿Cuál es el origen del problema? La globalización y el avance tecnológico han cambiado por completo el papel del factor trabajo en los procesos productivos, relegándolo, precarizándolo, empobreciéndolo. La economía produce el empleo, pero el empleo cada vez es menos relevante para la economía. Sin embargo, nuestras sociedades siguen fundamentándose en el protagonismo del trabajo, como factor de socialización, como fuente de rentas, como vía de participación social, como base de la autoestima personal….

Por ahora, el balance neto de la revolución tecnológica presente es un balance negativo en términos de empleo. El avance tecnológico, por ahora, destruye más empleos de los que crea. Las actividades económicas más tecnificadas y más lucrativas necesitan cada vez menos mano de obra. Los demandantes de empleo son muchos y las reglas para determinar salarios y condiciones de empleo son pocas, por lo que el empleo se precariza y se paga mal.

Más cambios. El viejo esquema de formación-trabajo-jubilación ha dado paso al nuevo esquema formación-trabajo-formación-trabajo-jubilación, pero las políticas de formación y de empleo aún no se han adaptado. Los nuevos modelos de competitividad demandan un trabajo que la sociedad no ofrece. Esta disfunción agrava el problema.

Por tanto, si admitimos que el factor trabajo es un factor clave para la convivencia en sociedad y para la legitimación de la mismísima democracia, no podemos dejar su evolución al albur del mercado, al libre juego de la oferta y la demanda. Porque el trabajo no es una estadística más. El empleo no puede tratarse como una mercancía más, que se compra y que se vende conforme a las condiciones que marca el zoco de la globalización desregulada.

En primer lugar hay que asegurar el gobierno de la política sobre la economía, adoptando decisiones que ayuden a distribuir justamente las ganancias extras de la productividad que llegan vía tecnológica. Si hasta ahora esas ganancias han retribuido sobre todo al capital, asegurémonos de que una buena parte contribuye a financiar buenos empleos.

Hará falta un Estatuto Europeo de los Trabajadores que garantice contratos dignos y que evite deslocalizaciones y dumpings. Se necesitarán nuevas legislaciones que repartan los tiempos de trabajo, y que reduzcan por tanto la jornada laboral. Habrá que reforzar la negociación colectiva para lograr subidas salariales y conquistar nuevos derechos, en el ámbito de la conciliación, por ejemplo.

En segundo lugar hay que apostar por políticas activas de empleo más efectivas, en la formación, en la orientación, en la ayuda para la incorporación y para la promoción en el mercado laboral.

En tercer lugar es preciso establecer políticas pasivas que protejan debidamente al trabajador del riesgo del desempleo. Con índices de paro por encima del 15% y tasas de desempleo de larga duración por encima del 8% ya no sirven los viejos esquemas de prestación pública limitada en el tiempo. Resulta inevitable establecer un ingreso mínimo permanente para las personas que no logran incorporarse al trabajo, y mientras no logran incorporarse al trabajo.

Y en cuarto lugar, si la primera demanda de la ciudadanía es el buen empleo, el propio Estado debe ocuparse de su generación, en la medida de sus posibilidades, que no son pocas. Una fiscalidad exigente y globalmente armonizada puede contribuir a la financiación de actividades intensivas en empleo y de gran interés social, como el cuidado de las personas dependientes y la preservación ambiental.

Si la socialdemocracia europea quiere recuperar crédito social y apoyo electoral, debe atender prioritariamente las demandas prioritarias de quienes pueden apoyarla y votarla. Y la primera prioridad de esa mayoría hoy son los buenos empleos. Sin ninguna duda.

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