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Archive for the ‘Madrid’ Category

La derecha debe una doble disculpa en estos días a los españoles. En primer lugar por haber frustrado la tramitación de unos presupuestos que mejoraban objetivamente la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas. Y en segundo lugar por haber quedado al descubierto sus embustes sobre un falso pacto del Gobierno socialista con el independentismo catalán para dar continuidad a la legislatura a cambio de cesiones contrarias a la Constitución.

Casado y Rivera han causado un daño grave a los españoles y españolas en sus condiciones de vida, sumando sus votos a los del soberanismo catalán contra el presupuesto del Gobierno de España. Y ambos dos, junto a su socio franquista, llevan meses procurando radicalizar los conflictos territoriales y acentuando los problemas de convivencia entre españoles, con el propósito mezquino de obtener un rendimiento político y electoral a corto plazo. Deben pedir perdón a los españoles.

A pesar del rechazo de derechistas e independentistas al proyecto del Gobierno, el Partido Socialista puede mirar a los ojos de los españoles con la confianza de haber hecho su trabajo con eficacia y honestidad, tal y como manifestó desde la tribuna del Congreso la portavoz Adriana Lastra.

España necesitaba unos presupuestos que impulsaran un crecimiento económico sólido, moderno, sostenible y justo. Necesitábamos unos presupuestos que revertieran los gravísimos recortes sociales impuestos por la derecha al socaire de la crisis. Necesitábamos unos presupuestos que recuperaran la justicia fiscal, para que pagaran más impuestos quienes más tienen, quienes más ganan y quienes más esconden. Y todo ello desde el rigor y el equilibrio en las cuentas públicas.

Estos son los presupuestos que ha presentado el Gobierno y ha defendido el Grupo Socialista en el Parlamento español. Los motivos de las derechas y los independentistas para rechazarlos nada han tenido que ver con los intereses de los españoles y las españolas. Los primeros los han votado en contra por el ansia de echar al PSOE del Gobierno. Los segundos han primado irresponsablemente sus propios intereses partidarios y las tácticas vinculadas a la ensoñación del proceso separatista.

La votación del día 13 de febrero en el Congreso de los Diputados ha dejado al descubierto también los engaños del PP y Ciudadanos sobre los supuestos pactos ocultos del Gobierno con el independentismo catalán para dar continuidad a esta legislatura. ¿Dónde están esos pactos? ¿Cómo pueden explicar ahora las derechas que los independentistas Tardá y Campuzano han votado junto a Casado y Rivera para tumbar los presupuestos del Gobierno socialista? ¿Cómo van a justificar tantas mentiras?

Las acusaciones, las infamias y las mentiras han sido múltiples y reiteradas por parte de PP y Ciudadanos, desde la propia moción de censura del primero de junio hasta el domingo de la foto de la vergüenza en Colón. Se ha tachado al Gobierno y a su Presidente de traidor, felón e ilegítimo; se les ha acusado falsamente de vender España, de alquilar la Moncloa con cesiones al soberanismo, de humillar a los españoles, de arrodillar a nuestra Constitución y hasta de “ponerse a cuatro patas ante los independentistas”, en frase memorablemente zafia y grosera de la derechista Arrimadas.

Se trataba de engaños flagrantes, dolosos e irresponsables. Han sido engaños porque no respondían a verdad alguna. Jamás el Gobierno de España entró ni tan siquiera a tener en cuenta o a negociar las reivindicaciones independentistas de reconocimiento del falso derecho de autodeterminación, o la celebración de un referéndum separatista, o la mediación internacional en el conflicto, o la injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Nunca.

Los engaños han sido dolosos porque Casado y Rivera eran perfectamente conscientes de sus mentiras. Ellos sabían cabalmente que el Gobierno no estaba haciendo cesión alguna. Y los engaños han sido irresponsables porque han contribuido a resquebrajar aún más la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas, en Cataluña y en el resto de España. Con el afán de zaherir al Gobierno y obtener rendimiento electoral, no han dudado en llamar a la movilización de la ciudadanía en defensa de España y de su unidad, cuando no eran sino ellos mismos quienes le causaban daño.

La mejor prueba de sus engaños y falsedades está en la votación del día 13: derechistas e independentistas coaligados contra los presupuestos del Gobiernos socialista, anteponiendo sus cálculos electorales a los intereses de los catalanes y del resto de los españoles.

¿Cuándo explicarán Casado y Rivera a cambio de qué han logrado que los independentistas voten sus enmiendas presupuestarias? ¿Han acordado mantener vivo un conflicto que perjudica a Cataluña y al conjunto de España pero beneficia a las expectativas electorales de unos y otros?

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La derecha de PP y Ciudadanos, junto a sus aliados económicos y mediáticos, ha decidido atacar al proyecto presupuestario del Gobierno socialista para 2019 desde dos flancos: las reformas en materia de impuestos y la credibilidad del equilibrio en las cuentas.

¿Por qué lo hacen así? En primer lugar, porque criticar el fuerte aumento del gasto social resultaría muy impopular. Casado y Rivera recortaron durante los últimos años las pensiones públicas, las prestaciones a parados y los capítulos presupuestarios destinados al gasto sanitario, educativo y de dependencia, pero no se atreven a cuestionar ahora de manera abierta la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por revertir esos recortes y mejorar el bienestar de la ciudadanía española.

En segundo lugar, resulta evidente que el debate fiscal es el de más contenido ideológico y el más trascendente en cuanto a la diferencia de modelos sociales que se defienden a derecha e izquierda del arco parlamentario.

La derecha reclama la reducción general de los ingresos públicos, la bajada de impuestos a grandes empresas y contribuyentes, así como la generalización de los impuestos indirectos, que pagamos todos por igual. La izquierda, por el contrario, promueve ingresos públicos suficientes para hacer frente a los objetivos de interés general y una panoplia de impuestos progresivos y justos, para que contribuyan más quienes más ganan, quienes más tienen y quienes más esconden.

El primer debate a dilucidar en relación al capítulo de ingresos presupuestarios tiene que ver con la “excesiva” presión fiscal que soportamos los españoles, según PP y Ciudadanos. Frente a lo que intentan trasladar estos grupos, la presión impositiva en España está muy por debajo de la media vigente en los países que conformamos la zona euro. En el ejercicio 2017, último contabilizado, la presión fiscal en España alcanzó el 34,5% sobre el PIB –incluyendo impuestos y cotizaciones sociales-, mientras que la media de la zona euro se situó en el 41,4%. La subida de ingresos prevista para 2019 apenas reducirá esta diferencia en un punto. Primera falsedad, por tanto.

La segunda denuncia falsa de la derecha habla de que el Gobierno “pretende freír a impuestos a los españoles”. En realidad, el proyecto presupuestario para 2019 plantea una subida de dos puntos en el tipo del IRPF solo para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos para las que superen los 300.000 euros. En el impuesto de sociedades se establece un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y del 18% para la banca y empresas de hidrocarburos, mientras se reduce el tipo de 25% a 23% para las pequeñas empresas.

Se rebaja también el IVA en productos de higiene femenina del 10% al 4%, del 21% al 4% en libros, periódicos y revistas electrónicos, y del 21% al 10% en servicios veterinarios. Se incrementa el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, y se crean nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y los beneficios de las multinacionales de servicios digitales con tendencia a eludir sus obligaciones fiscales. Además, se limitan los pagos en efectivo, se refuerza la lista de morosos y se multiplican los recursos personales y normativos en la prevención y la lucha contra el fraude.

En consecuencia, la política fiscal del Gobierno socialista abunda en la progresividad y la justicia tributaria, haciendo bueno el principio de que han de aportar más quienes más tienen y han de recibir más quienes más necesitan. Debemos ser conscientes de que tal estrategia cuenta con enemigos beligerantes, fundamentalmente aquellos a los que tocará pagar más. Pero esta es la política justa y tanto el Gobierno socialista como su grupo parlamentario la defenderán con todas las consecuencias.

Se hace mucha demagogia respecto a la decisión de reducir la bonificación vigente hasta ahora en el impuesto especial sobre gasóleo. Lo cierto es que esta medida no afectará a los profesionales y los autónomos, que hay razones ambientales y de salud muy bien fundamentadas para aplicarla y que, más allá de exageraciones mal intencionadas, la afección para un conductor medio no superará los tres euros mensuales. Además, la imposición española sobre gasóleos seguirá situándose en la mitad de lo que se grava en Reino Unido e Italia, y muy por debajo de lo que se paga en Francia, Alemania y Portugal.

Por último, también engañan quienes pretenden asustar con el supuesto desequilibrio en las cuentas públicas tras la aplicación de este proyecto presupuestario. Las cuentas cuadraban con la senda de déficit pactada por el Gobierno con la Comisión Europea, que fijaba el 1,8% sobre PIB para 2019; y cuadran también con el 1,3%  al que nos ha forzado el bloqueo parlamentario de la derecha. ¿Cuál será la diferencia? Que las administraciones públicas contarán con 6.000 millones de euros menos para atender las necesidades y retos de la ciudadanía española. En todo caso, cabe recordar que los gobiernos de Rajoy y Montoro jamás cerraron un  ejercicio presupuestario cumpliendo los compromisos oficiales de déficit.

Quienes intentan asustar con el supuesto descuadre de las cuentas son los mismos portavoces políticos, económicos y mediáticos que pronosticaban gravísimas recesiones y terribles pérdidas de empleo con la gestión del Gobierno Sánchez. La realidad está siendo bien diferente, sin embargo. El ejercicio 2018 se ha cerrado con un crecimiento del PIB del 2,5%, a la cabeza de los principales países de Europa, y la última EPA arroja los mejores resultados en más de una década.

¿Un debate sobre impuestos? Cuando y donde quieran.

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La mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados decidieron el pasado primero de junio censurar a un Gobierno agotado y promover un Gobierno nuevo y distinto. Se trata de un procedimiento excepcional, pero perfectamente constitucional y legítimo.

La derecha, sin embargo, nunca lo aceptó. El PP interpreta su salida del poder como si de una usurpación se tratara, y Ciudadanos evidencia cada día la frustración de quienes ya se veían aupados a la Moncloa por algunas encuestas favorables.

Unos y otros, la derecha azul y la derecha naranja, tienen derecho a expresar enojos y frustraciones. Ambas tienen incluso el deber de ejercer una oposición exigente y dura. Pero ni el PP ni Ciudadanos tienen derecho a bloquear y boicotear la acción de un Gobierno legítimo en aras del bien común.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nació con tres propósitos prioritarios: revertir los recortes sociales aplicados por los Gobiernos de Mariano Rajoy; promover medidas de regeneración democrática que devuelvan la confianza ciudadana en sus instituciones; y “normalizar” la situación política en Cataluña.

El presidente Sánchez y sus ministros están acometiendo estos objetivos con iniciativa y determinación. Más allá de la valoración que cada cual quiera hacer de los resultados hasta ahora, esta voluntad no puede negarse honestamente.

Sin embargo, la actitud de la oposición de derechas no es ni de colaboración ni de crítica, sino de puro obstruccionismo. Se trata de un comportamiento desleal, no ya hacia el Gobierno, sino hacia la sociedad española, que espera y merece algo distinto de PP y Ciudadanos.

Casado y Rivera no están ejerciendo la crítica sobre los planes presupuestarios del Gobierno socialista para atender las necesidades sociales de la ciudadanía española. Esto sería perfectamente lícito y entendible en los partidos que han protagonizado durante los últimos años los mayores recortes en bienestar social de nuestra historia democrática. PP y Ciudadanos se limitan a impedir por medios arteros que el Gobierno pueda proponer su proyecto de presupuestos.

PP y Ciudadanos bloquean, contra el reglamento y los precedentes parlamentarios, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido votada por 181 frente 164 diputados. De esta manera impiden que el Gobierno pueda contar con los 6000 millones de euros extras que ha negociado con la Comisión Europea. ¿A quiénes perjudica este comportamiento? No solo al Gobierno, sino a los millones de españoles que necesitan y reclaman mejoras en las pensiones, en el empleo, y en los servicios educativos y sanitarios.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado los trámites legales para reformar la Constitución y acabar con el aforamiento de diputados y senadores. Se trata de una medida de regeneración democrática ampliamente demandada por la ciudadanía. Pero la derecha se ha precipitado a denostarla y a anunciar su oposición.

En relación a Cataluña, PP y Ciudadanos practican la estrategia del “cuanto peor, mejor”. Lejos de seguir el ejemplo practicado por el PSOE cuando estaba en la oposición, colaborando lealmente con el Gobierno en sus iniciativas frente al separatismo, acusan falsamente al ejecutivo de entreguismo y complicidad con los partidarios de la independencia. En lugar de buscar conjuntamente con el Gobierno una solución al problema, se limitan a alimentar el conflicto con la esperanza de obtener un rendimiento político y electoral espúreo.

Los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Y este Gobierno merece que le dejen gobernar.

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Cada vez que el Gobierno socialista ofrece una noticia relevante y positiva para los españoles, surge como por causalidad otra noticia negativa y no tan relevante que desvía la atención. Es automático y es reiterativo pero, desde luego, no es casual. Cuando el Gobierno anuncia la recuperación de la sanidad universal, el fin de los recortes educativos o el gasto añadido contra la pobreza infantil, “aparecen” falsas polémicas sobre tesis doctorales o charlas de sobremesa grabadas hace casi una década.

Es una constante y era previsible. El Partido Socialista sabía que la derecha no abandona nunca el poder de buena gana y suele hacer uso de prácticas torticeras para hacer oposición, tales como utilizar la lucha antiterrorista contra el Gobierno, azuzar conflictos territoriales o practicar la “caza al hombre”. Fue lo habitual durante los gobiernos de González y Zapatero. La derecha y sus cloacas siempre han tratado de tumbar a los gobiernos socialistas y, sobre todo, a sus políticas progresistas, por las buenas o por las malas. Al gobierno que yo mismo había de presidir en Madrid hace quince años ni tan siquiera le dejaron nacer.

Ahora bien, tal realidad no puede impedir, ni ralentizar, ni ocultar, el avance en las políticas que el Gobierno socialista pone en marcha a favor de la justicia social y la decencia en la vida pública. Ni lo lograron antes, ni lo van a lograr ahora.

El último éxito a subrayar ha sido el acuerdo suscrito por la gran mayoría de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, para garantizar la mejora anual de las pensiones con arreglo al aumento del coste de la vida. Un logro que debe apuntarse tanto a la movilización de los pensionistas, como al empuje del Gobierno y el buen trabajo de los diputados socialistas. (Permitan que cite a todos los integrantes de esa comisión: Merçé Perea, Carmen Cuello, Amalia Rodríguez, Salvador de la Encina, Jesús M. Fernández, Sonia Ferrer, Gema López, Margarita Pérez y Luis C. Sahuquillo y, especialmente, a su portavoz Adriana Lastra).

Tras varios años de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas, la representación parlamentaria de los españoles, liderada por el PSOE, ha recuperado el compromiso público con la dignidad de las pensiones. Volvemos así a la senda del consenso en la garantía de nuestro sistema de pensiones, que el PP rompió unilateralmente con su reforma-recorte del año 2013. Se termina de esta manera con la indignidad del 0,25% como subida límite anual, que arrojaba a nuestros pensionistas a la pobreza progresiva.

No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer. Para transformar este acuerdo parlamentario en una ley de presupuestos es preciso antes aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria negociada por la ministra Calviño en Bruselas. Esta nueva senda ofrece un margen de 2500 millones de euros más en las cuentas de la Seguridad Social, pero la derecha de PP y Ciudadanos la está bloqueando en la Mesa del Congreso, contra el Reglamento y contra el más elemental sentido de la responsabilidad.

Y a medio plazo es necesario definir una doble estrategia, en el Parlamento y mediante el diálogo social, en los gastos y en los ingresos del sistema de pensiones. Respecto a los primeros, además de comprometer la subida conforme al IPC, cabe trasladar gastos administrativos y de personal, hasta ahora sostenidos por la Seguridad Social, a los presupuestos de la administración central del Estado. Asimismo, habrá que revisar el cúmulo de reducciones y bonificaciones de dudosa eficacia que se aplica al albur de las políticas de promoción del empleo.

Respecto a los ingresos hay que ser honestos y valientes. Si queremos un Estado de Bienestar de primera y unas pensiones de primera, necesitaremos una fiscalidad de primera también. Pero aún estamos a más de ocho puntos de PIB en porcentaje de gasto público respecto a la media de la zona euro. Hará falta destopar cotizaciones y prever ingresos provenientes de los impuestos. ¿A quién cobrárselos? A quienes más tienen, a quienes más ganan y, sobre todo, a quienes más esconden…

Ellos a sus ruidos. Nosotros, a gobernar por el bien común. Pero que no nos despisten…

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LA IZQUIERDA EFICAZ

El Gobierno surgido de la moción de censura ha sido recibido con alivio y esperanza por la mayoría de la ciudadanía española. Alivio por dejar atrás una etapa de gobierno conservador marcado por las corruptelas y los recortes sociales. Y esperanza por las oportunidades de regeneración democrática y reequilibrio social que se abren de la mano de Pedro Sánchez y su prometedor equipo.

No obstante, las buenas expectativas despertadas por el nuevo Gobierno han llegado ensombrecidas por un resquemor bien fundado. ¿Será capaz la izquierda de ponerse de acuerdo para no malograr también esta oportunidad? La experiencia del gobierno progresista frustrado en el año 2016 aún pesa en el ánimo y la desconfianza de muchos españoles. Entonces, el grupo parlamentario de Podemos decidió unir votos con el PP para impedir la  investidura de un presidente socialista. El resultado fue una nueva etapa de gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Hasta el viernes 27 de junio, los primeros pasos del Gobierno socialista no habían encontrado grandes obstáculos debidos a la insuficiencia de apoyos parlamentarios. Estas primeras decisiones, bien acogidas por la población, han tenido que ver fundamentalmente con nombramientos, anuncios y decisiones puramente gubernamentales, sin necesidad de refrendo aún en las Cortes. Desde la configuración del “consejo de ministras” hasta la bienvenida al “Aquarius”, pasando por el decreto de universalización de la sanidad pública, las medidas adoptadas por Sánchez y sus ministros se han aplicado positivamente.

Sin embargo, la primera prueba de fuego para la mayoría progresista que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados se ha saldado con un sonoro fracaso. Se trataba, nada menos, que de aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria para 2019 que el Gobierno ha negociado con la Comisión Europea. Si el Gobierno Rajoy había cerrado un déficit público limitado al 1,3% sobre PIB, el Gobierno Sánchez había logrado ampliar el margen hasta el 1,8%. Estas cinco décimas extras suponen más de 6.000 millones de euros extraordinarios para el gasto público destinado al bienestar social y la modernización del modelo productivo.

Las derechas votaron coherentemente en contra del nuevo marco presupuestario, porque tanto el PP como Ciudadanos son firmes partidarios de las políticas de austeridad y recortes sociales. La sorpresa llegó desde la bancada de la izquierda. Contra toda lógica, el grupo de Unidos Podemos propició la derrota del Gobierno socialista. El resultado fue la pérdida de 2.534 millones de euros a invertir por las Comunidades Autónomas en la mejora de los servicios públicos de sanidad, educación, atención a la dependencia, vivienda y empleo. También se han perdido 2.500 millones para la Seguridad Social y alrededor de 1.000 millones para el presupuesto de la administración central del Estado.

Solo caben dos tipos de explicaciones para el voto de Unidos Podemos, y ambas son preocupantes. Por una parte, la formación morada entendería que estos 6.000 millones extras representan una cantidad insuficiente para revertir todos los recortes aplicados por la derecha desde 2012. Sus exigencias pasarían por derogar las leyes de estabilidad presupuestaria, negar los límites impuestos por las autoridades europeas, y multiplicar el gasto público sin medida. Pero esta posición no es realista, porque situaría a nuestro país fuera de la disciplina europea y al albur del castigo por parte de los mercados financieros. Un gran riesgo para la economía y el empleo.

La segunda explicación es aún peor, porque supondría que, aun siendo conscientes de estas limitaciones, los dirigentes de Podemos buscan debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez a fin de limitar su popularidad y arrancarle mayores concesiones en una eventual negociación a partir de septiembre. Esta hipótesis querría decir que la izquierda no ha aprendido nada durante los últimos años, y que nuevamente el oportunismo y el tacticismo cortoplacista se imponen sobre el ejercicio de responsabilidad y compromiso que los españoles esperan de todos nosotros.

Esto ha salido mal, pero a partir del mes de septiembre llegan pruebas nuevas y decisivas para las fuerzas políticas que representan los valores más progresistas en el Parlamento. Porque las decisiones de más calado a adoptar requieren de modificaciones legislativas y, por tanto, de mayorías claras en el Congreso de los Diputados. Para convalidar el decreto que universaliza la sanidad pública se necesita una mayoría de diputados. También se necesitará para revertir las medidas más dañinas adoptadas por el PP en la reforma laboral, en la LOMCE y en la ley mordaza, por poner algunos ejemplos.

Según los principales estudios socio-políticos, la mayoría de los españoles comparte valores de progreso y son potenciales votantes de izquierdas. Esa mayoría contempla hoy el escenario político español entre expectante y escamada, preguntándose si el futuro deparará un panorama a lo portugués, con una acción de gobierno progresista y un sólido apoyo parlamentario, o si la izquierda española volverá a las andadas del enfrentamiento cainita y estéril.

Esa mayoría se pregunta hoy si la fragmentación de la izquierda que tuvo lugar a partir del 15-M podrá traducirse alguna vez en una fuerza realmente útil, o si perderá fuelle y legitimidad a base de desencuentros y enfrentamientos internos.

Tal es el reto. O la izquierda demuestra a los españoles que es capaz de traducir pluralidad en encuentro, en eficacia y en gobierno. O muchos españoles darán definitivamente la espalda a la izquierda que propicie el fracaso.

La solución, en septiembre.

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Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

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El día 2 de mayo se cumplieron 139 años desde la fundación del PSOE por un puñado de obreros en una fonda de la madrileña calle de Tetuán. La efemérides más que centenaria del Partido Socialista coincide con la borrachera demoscópica de otro partido, Ciudadanos, que el próximo mes de junio cumplirá su duodécimo año de vida, entrando casi en la adolescencia política.

Esta diferencia abismal de edades, y la soberbia que suele acompañar a las buenas encuestas, ha intensificado el conocido afán de los dirigentes de Ciudadanos por descalificar precisamente al PSOE, al que ellos llaman de forma peyorativa “partido viejo”. En realidad, tal descalificación logra de entrada un efecto contrario al buscado, porque pone de manifiesto el vivo contraste entre el proyecto históricamente consolidado de los unos, frente a la coyunturalidad posiblemente efímera de los otros.

Con seguridad, la fortaleza persistente del PSOE ha de resultar tan incomprensible como irritante para quienes viven la política desde la espuma del surfeo en la actualidad, desde la gestión de las últimas modas en la opinión pública, y desde la complicidad interesada de los poderes financiero-mediáticos. ¿Pero qué hacen aún ahí estos socialistas que ni están de moda, ni quedan bien en las encuestas, ni tienen el favor de la uno, ni de la dos, ni de la tres, ni de la cuatro, ni de la cinco, ni de la seis…?

Y es que, en democracia, el vigor político no se mide mediante al peso de los elogios de los tertulianos o las falsas promesas de votos en encuestas de diseño. Cuando este partido de moda acabe la escuela secundaria de la política, se dará cuenta de que el auténtico éxito en política ni tan siquiera tiene que ver con la telegenia del líder o el acierto de los cortes en el último programa de radio. Entonces entenderán que solo hay dos cosas realmente importantes para la madurez de un partido: su razón de ser y su credibilidad.

La razón de ser del PSOE es incluso más vieja que sus siglas. Se trata de hacer justicia, se trata de combatir las desigualdades. Más allá de modas, de encuestas y de concursos de telegenia para partidos adolescentes, los españoles saben que el PSOE existe desde hace casi siglo y medio para conquistar avances en igualdad, en libertad y en justicia. Y saben que cuando un socialista gobierna, sea donde sea, sea cuando sea, lo hace para lograr más justicia. Y saben que cuando un socialista hace oposición, lo hace también para lograr más justicia, cada día, en cada lugar.

Y la credibilidad del PSOE está en su historia, en sus hechos, en la coherencia y el empeño de su gente. Claro que se han cometido errores, y ha habido incumplimientos, y se han aprovechado sinvergüenzas. Pero los españoles saben que el balance de la aportación del Partido Socialista a la historia del último siglo y medio de la sociedad española es un balance netamente positivo.

Y saben que algunas de las mejores páginas de esa historia se han escrito con puño, con letra y con tinta socialista. A veces, también, con sacrificio y con sangre socialista. Desde el fin del trabajo infantil hasta la jornada de 40 horas y el descanso dominical. Desde el consenso constitucional hasta el fin de ETA. Desde la universalización de la sanidad pública hasta la ley de la dependencia. Desde las becas para el acceso obrero a la universidad hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo…

¿Viejos? Hay algo de gerontofobia en esas expresiones, además. Las sociedades más avanzadas y más sabias son las que más respeto muestran por los mayores, y no las que desprecian todo aquello que les antecedió.

La “vejez” del PSOE proporciona firmeza en los principios, a salvo de modas, encuestas o posibilismos. Por eso entre los socialistas no se dará aquello de firmar hoy por la abolición de la cadena perpetua, para abrazar mañana esa misma cadena perpetua al calor de la indignación popular por el último crimen. Por eso en el PSOE no se denunciará un día la “descomposición” del PP en Madrid, para respaldar a ese mismo PP en el día siguiente.

Esa “vejez” aporta experiencia para no adoptar decisiones a golpe de encuesta mañanera. Y reporta cantera, mayor y joven, con mochila de gobierno y con mochila de originalidad, porque se ha gobernado mucho, y se ha hecho mucha oposición, y se ha trabajado mucho codo a codo con la sociedad española, en cada tiempo y en cada rincón. Sin necesidad de fichajes improvisados y efectistas de última hora.

Y la “vejez” aporta, sobre todo, confianza. Confianza en el compromiso acreditado con unos valores y en la solvencia de un trabajo que puede contrastarse, medirse, valorarse.

¿Viejos? Cuando algunos despierten de la borrachera de la moda y las encuestas mareantes, el PSOE seguirá aquí, cumpliendo años, y cumpliendo con su razón de ser. Una razón tan vieja como la desigualdad.

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