LIDERAZGOS POLÍTICOS Y REDES SOCIALES

El brasileño Bolsonaro constituye el último ejemplo de campaña exitosa basada en la priorización del trabajo político a través las redes sociales. El estadounidense Trump mantiene tal estrategia desde hace años, al igual Salvini en Italia, Le Pen en Francia, y otros referentes autoritarios en el mundo. El triunfo del brexit puede atribuirse en buena medida también a una campaña muy centrada en internet. 

Las redes proporcionan un instrumento aparentemente positivo para la divulgación y la influencia política y electoral. Se trata de una vía de incidencia masiva, instantánea, sin filtro ajeno y con posibilidad cierta de valorar reacciones o feedbacks. En principio todo apunta a favor. Sin embargo, la experiencia demuestra que existen contraindicaciones importantes para el sistema democrático. 

Para empezar, los universos de seguidores se vinculan generalmente a personajes antes que a organizaciones. En las redes se sigue más al líder que al proyecto político que representa. Y la referencia individual siempre es más pobre que la referencia colectiva. 

Tales universos, además, funcionan en modo burbuja, de tal modo que los seguidores en redes de un líder no son seguidores de los demás, salvo en clave trol o saboteador. Solo escuchan a un personaje, el “suyo”. Esto resulta un problema, porque la calidad de un sistema democrático se mide, entre otros parámetros, por su capacidad para generar encuentro, diálogo, argumentación, contraste enriquecedor y, eventualmente, acuerdo entre diferentes. La red favorece el sectarismo. 

Por otra parte, los liderazgos en política se valoran fundamentalmente por su capacidad para enfrentarse a las agendas incómodas. A un proyecto y a su líder se le debe analizar por sus respuestas a los retos complejos y a las preguntas difíciles. Sin embargo, en el universo de la red social propia, el líder fabrica su propia agenda, con los temas que le son propicios y sin riesgo de ser interrogado por aquello de lo que no sabe o a lo que no quiere contestar. 

En la misma línea, la democracia es debate. Hoy no se concibe una campaña electoral en una democracia madura sin, al menos, un debate entre los principales contendientes. La generalización de las campañas en las redes sociales permite a los candidatos obviar esta condición democrática esencial. Bolsonaro, por ejemplo, se ha permitido el lujo de no hacer un solo debate con sus rivales. 

Finalmente, por no agotar los argumentos, el formato de campaña en red favorece la dinámica de las fake, de las mentiras en campaña. Un candidato en un medio tradicional no puede engañar a su público sin que un periodista se lo afee en una entrevista o un rival se lo reproche en un debate. Por el contrario, el líder puede volcar hechos, datos o argumentos puramente falsos bajo su perfil en la red, sin posibilidad práctica de contraste o desmentido eficaz. Es el método mediante el cual Trump miente habitualmente, por ejemplo. 

En consecuencia, las redes sociales suponen una oportunidad muy interesante para fortalecer y mejorar la eficacia en el trabajo político y electoral, pero siempre y cuando se utilice con honestidad y no sustituya a otros factores claves para la garantía de calidad democrática en un sistema político. Redes sí, pero que no sustituyan al diálogo entre diferentes, a los debates entre adversarios y a la sana intermediación de los medios periodísticos independientes. 

Eso sí, estos medios periodísticos, que están siendo barridos literalmente en su papel de intermediarios en la comunicación política, debieran tomar nota de que solo sobrevivirán en tal función si renuncian a actuar como simples forofos de una u otra opción política. Hay un lugar en el sistema para la prensa tradicional, veraz, crítica e independiente. Para el “forofeo”, las redes se bastan y se sobran.

RTVE PÚBLICA, SERVICIO PRIVADO

“Si no le gusta RTVE, cambie de canal”. La respuesta del ministro Cristóbal Montoro al Grupo Socialista en el Senado va más allá de la descortesía parlamentaria y ralla en la desfachatez. En todo caso resulta significativa respecto a la consideración que para este Gobierno merecen las demandas de juego limpio en la radio televisión pública.

La invitación del ministro a cambiar de canal hubiera resultado justificada en el caso de que la interpelación versara sobre una empresa de su propiedad o de la propiedad de su partido. Pero la RTVE es una institución de todos los españoles, cuyo funcionamiento nos cuesta cerca de 1.000 millones de euros cada año y que nos abochorna cada día con su propaganda gubernamental y su sectarismo zafio.

El grado de manipulación es tal que ha obligado a los propios trabajadores de la radio televisión pública a organizarse y movilizarse en defensa de su profesionalidad. Periodistas, editores, corresponsales, técnicos… denuncian permanentemente las presiones que sufren para beneficiar al partido del Gobierno en el tratamiento de la información. Los comunicados públicos de los consejos de redacción son una constante llamada de auxilio, que debiera avergonzar a los actuales gestores del ente.

A las piezas sobre economía y empleo solo les falta el “We are the champions” como banda sonora. Las informaciones sobre corrupción van breves y al final si afectan al PP, y van a todo trapo y al principio si afectan a los partidos de la oposición. Las manifestaciones críticas con el Gobierno se ningunean, al tiempo que se magnifican las que acompañan los argumentos del ejecutivo.

Durante la última semana, la editora de los informativos en la delegación valenciana se ha visto obligada a dimitir, tras habérsele impedido la retransmisión de los insultos de la Secretaria de Estado de Comunicación contra unos manifestantes pensionistas. La primera alternativa es la auto-censura del propio profesional, pero cuando esto no funciona llega la censura directa.

Una de las primeras decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy tras su triunfo en las elecciones del año 2011 fue la de modificar la ley de RTVE impulsada por el Gobierno socialista, para sustituir la mayoría parlamentaria de dos tercios por la simple mayoría en la elección de los consejeros del ente público. Se finiquitaba así la etapa socialista de la RTVE de todos y para todos, con dirección elegida por consenso, y se daba paso, una vez más, a la etapa negra de la manipulación. De hecho, José Antonio Sánchez, actual Presidente, no se cansa de presumir  que es votante del PP.

Esa misma determinación lamentable está llevando al PP a bloquear la entrada en vigor de la nueva ley anti-manipulación de RTVE, aprobada en las Cortes a pesar del Gobierno, desde el pasado mes de septiembre. Los presidentes del Congreso y del Senado hacen uso de todo tipo de triquiñuelas dilatorias para aplazar la aplicación de la ley y asegurarse un tratamiento tan favorable a su partido como bochornoso para el conjunto de la sociedad española.

El desbloqueo en la aplicación de esta ley tiene que ver con la calidad misma de nuestra democracia. Se trata, incluso, de un imperativo moral.

TECNOLOGÍA Y PRECARIADO

Si las sociedades cambian, y cambian las economías y cambian los procesos productivos, resulta inexorable que cambien también los empleos y las relaciones laborales. Ahora bien, el cambio no implica necesariamente precarización. Y si los modelos vigentes de globalización económica y digitalización de los procesos productivos siguen dando lugar a la devaluación constante en los derechos de los trabajadores, es preciso denunciar y promover reformas.

Cada día se dan a conocer nuevas experiencias en la llamada economía digital que mal utilizan la coartada de la novedad, el glamour del emprendimiento o la supuesta modernidad del anglicismo permanente, para hacer negocio a costa de mal contratar o mal pagar a los trabajadores.

En unas ocasiones se trata de desarrolladoras de aplicaciones informáticas. En otros casos son empresas de alquiler de vehículos con conductor o de reparto de comida a domicilio. Solo tienen en común eso: su supuesta novedad, el uso de aplicaciones tecnológicas, los reclamos comerciales en inglés, y la resistencia -a menudo fraudulenta o directamente ilegal- a reconocer y respetar los derechos de sus trabajadores.

Si en la producción tradicional ya existen dificultades para hacer valer los derechos laborales, como consecuencia del desarme provocado por la reforma laboral del PP, en las supuestamente nuevas formas de producción digital las situaciones de explotación se multiplican. Se abusa de la contratación temporal sin causa real. Se generalizan los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas a tiempo completo. Se trabajan horas que ni se reconocen ni se pagan. Se pagan salarios exiguos. Se promueven los falsos autónomos para evitar el respeto a las jornadas de descanso y el pago de cotizaciones sociales…

Son constantes ya las denuncias de repartidores de comida a domicilio que no están contratados como lo que realmente son: trabajadores por cuenta ajena en una empresa que organiza su labor, que les manda y que se niega a reconocer sus derechos laborales. También son frecuentes las quejas de teleoperadores, comerciales o conductores al servicio de plataformas digitales que ganan mucho dinero, pero que se niegan a compartir esas ganancias con un trato digno a los trabajadores que contribuyen a generarlas.

La incorporación de las nuevas tecnologías digitales a las actividades económicas y, por consiguiente, al empleo, no debe interpretarse como un fenómeno perjudicial o negativo, sino que constituye una gran oportunidad para el desarrollo general. Estas tecnologías pueden contribuir al bienestar general, a mejorar la productividad de la economía, a ganar competitividad para las empresas, a liberar a los trabajadores de actividades penosas, a repartir mejor los tiempos de trabajo, a generar más rentas que pueden distribuirse de forma justa…

Pero, como cualquier fenómeno social, la digitalización de los procesos productivos debe gobernarse y debe regularse para garantizar su compatibilización con el interés general y los derechos de los más vulnerables. ¿Cómo hacerlo? Adaptando los modos de producción, intensificando la educación digital desde edades tempranas, asegurando una formación adecuada y permanente de los trabajadores, y cambiando algunas normas…

Es preciso recuperar la exigencia de causalidad para los contratos temporales. Un contrato temporal solo es legítimo y solo debe ser legal si responde a un puesto de trabajo realmente temporal. Es necesario blindar la regulación del trabajo a tiempo parcial para erradicar la explotación mediante horas trabajadas y no reconocidas. Es urgente establecer la obligación del registro de horas trabajadas en todas las empresas. Es de justicia combatir la brecha salarial y de promoción profesional entre hombres y mujeres. Y es preciso fomentar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, para ellos y para ellas.

Existe una institución crucial para ofrecer garantía de cumplimiento en todos estos buenos objetivos: la inspección de trabajo y Seguridad Social. En España contamos de promedio con la mitad de inspectores que la media de la zona euro. La consecuencia es la indefensión de los trabajadores y el abuso de algunos empresarios. Necesitamos más inspectores, mejor gobierno de la inspección y normas que establezcan infracciones claras y sanciones realmente disuasorias.

En una sociedad desarrollada, modernidad y precariedad no han de ser sinónimos, sino antónimos.

POLÍTICA, DE LA REALIDAD AL “REALITY”

En estos días he tenido la oportunidad de asistir a uno de los “foros” mediáticos en los que varios periodistas interrogan a un candidato a la Presidencia del Gobierno a las puertas de la campaña electoral. Se trataba en este caso de Pedro Sánchez, candidato socialista. El medio convocante era de los importantes e influyentes, y el formato, de primer nivel, facilitaba la distribución de las respuestas en todos los soportes posibles, de la prensa escrita a la televisión, la radio y las redes sociales.

La trascendencia y solemnidad del continente no tuvo correspondencia, sin embargo, con el contenido de la entrevista. Para mi sorpresa y la de muchos, espero, a lo largo de las dos horas de interrogatorio, no apareció ninguna pregunta sobre el paro, sobre la pobreza, sobre la educación, la sanidad, la vivienda… Ni rastro de cuestiones que afectan, que preocupan y que habrían de determinar el voto de los españoles. Tan solo aparecieron alguna pregunta genérica sobre el recetario económico o sobre una supuesta y falsa insumisión socialista a la LOMCE.

A lo largo de la entrevista se sucedieron multitud de preguntas sobre encuentros y desencuentros con otros líderes políticos, sobre la relación del candidato con sus compañeros de partido, sobre su propio futuro personal, sobre el congreso pendiente del PSOE, sobre las relaciones postales de Felipe González… La última pregunta, muy significativa, interrogaba al candidato socialista sobre su disponibilidad para optar a la vacante en la secretaría general de  Naciones Unidas. No quedó claro si iba en serio o era una broma. Y esto también fue significativo.

El contenido y el tono de este “foro” no resultó llamativo ni especialmente original, sin embargo. Se mantuvo en la media del tratamiento mediático sobre el debate político en los últimos tiempos. Estuvo en línea, por ejemplo, con la generalidad de los programas televisivos que tratan de política durante los fines de semana. Antes que entrar con un mínimo de expectativa de rigor y profundidad sobre los temas realmente decisivos para el futuro de la ciudadanía, los programas suelen buscar el espectáculo de la confrontación abierta y superficial entre representantes de los partidos o entre tertulianos con presunta adscripción partidaria.

Salvando las distancias, a veces no se alcanza a diferenciar entre algunos de estos debates “políticos” y los que suelen protagonizar en otros espectáculos televisivos los señores Mariñas y Matamoros, sobre la crónica del famoseo, o los señores Lama y Pedrerol, a propósito de la actualidad deportiva. Y se trata de crítica autocrítica, porque quien esto escribe también ha participado del show en ocasiones, obligado por la necesidad de no desaparecer de los únicos escenarios mediáticos donde se puede exponer la posición propia, aunque sea de forma tan deformada y precaria.

En este mismo sentido, los dos grandes grupos mediáticos televisivos han decidido afrontar el tratamiento de la campaña que se avecina de una manera tan original como improductiva, a los efectos de conocer las soluciones que cada cual ofrece a los españoles. Un grupo envía a su periodista estrella a pasar varias jornadas con cada candidato, a fin de divulgar aquellos aspectos de su faceta personal que suelen quedar al margen de una campaña al uso. No obstante, ¿qué interés puede tener para el elector conocer los hábitos más familiares y personales de un candidato?

El otro grupo ha decidido enfrentar a todos los candidatos con las preguntas de unos niños. Novedoso sí que es, desde luego. De interés para conocer cómo resolverían esos candidatos el problema del paro o la pobreza, puede que menos. Algunos innovan más aún y entrevistan a un candidato consigo mismo, a través de un cómico disfrazado. Más autocrítica: ningún candidato se atreverá a renunciar a estos minutos de visibilidad a pocas semanas de las urnas.

La divulgación de supuestos estudios demoscópicos forma parte del espectáculo. Prácticamente cada día y prácticamente todos los medios de comunicación dan a conocer supuestos estudios científicos que aspiran a predecir el resultado electoral o que, al menos, aspiran a dar a conocer el estado de la opinión pública. La calidad de la mayoría de estos estudios es ínfima, porque se realizan con muy pocos recursos, muestras deficientes, entrevistas escasas y métodos de estimación poco transparentes. Hay quienes se atreven a pasearse por los platós televisivos dando grandes titulares sobre movimientos telúricos en la opinión pública a partir de un puñado de correos electrónicos.

Se echa de menos el tiempo en el que se hacían encuestas para conocer a la opinión pública, en lugar de para aderezar con escaso coste y poco rigor el espectáculo en que se ha convertido la controversia política, en buena medida. Aún peor: se echa de menos el tiempo en que se hacían encuestas para estudiar y no para influir en la opinión pública.

A todo esto, además hay que escuchar a esos grandes gurús de la comunicación que día sí, día también, reprochan a los políticos su falta de seriedad para hacer propuestas de fondo en torno a los grandes problemas del país. Y se les escucha inmediatamente después de que la mayoría de los medios ignoren las propuestas de fondo que, por ejemplo, el PSOE y Pedro Sánchez intentan promover a diario sobre el futuro de las pensiones, el combate a la pobreza o la solución al paro de larga duración.

Dicen que este es el futuro de la política: de la realidad al “reality”. Espero que no. Porque cuando el debate político se dirime en el espectáculo antes que en las ideas y las soluciones, triunfa el artisteo de la política y pierden los ciudadanos que necesitan de la política para su bienestar.

EL VOTO MÁS ÚTIL

En democracia todos los votos son legítimos y respetables, pero si medimos su utilidad en función de lo que aportan a la posibilidad del cambio progresista en este país, el voto más útil es, sin duda, el voto al PSOE.

Siempre decimos que las próximas elecciones son las más importantes. En esta ocasión, además, es cierto. Por eso es necesario invitar a todos los ciudadanos a meditar bien y a no tomarse a la ligera esta decisión.

El 20 de diciembre se pone en juego el modelo de crecimiento que va a plantearse para nuestra economía y nuestra sociedad durante las próximas décadas. Puede consolidarse el modelo vigente, que persigue la competitividad por la vía de la precariedad laboral y la devaluación de los derechos sociales. No es un modelo original. Es el propio de las economías más débiles, más desiguales y más injustas.

Los socialistas aspiramos a provocar una inflexión en nuestro modelo de crecimiento para perseguir la competitividad en la mejora de la educación y la formación continua, en la apuesta por la ciencia y la innovación, en la reindustrialización del país, en el estímulo a la mayor envergadura de las empresas, a su internacionalización y a su digitalización. Este es el modelo propio de las economías más sólidas, más equitativas y más justas, con buenos empleos y con bienestar generalizado. Es la recuperación justa.

O un crecimiento para beneficio de unos pocos, como hasta ahora, o un crecimiento para beneficio de las mayorías. Esta es la decisión.

Está en juego también la posibilidad de llevar a cabo el nuevo impulso reformista que necesita España para lograr una democracia más moderna y más limpia.

Nuestras instituciones han prestado un gran servicio a los españoles, homologando nuestros derechos y libertades a los propios de las sociedades avanzadas de nuestro entorno, con todos sus problemas. Pero las sociedades avanzan y cambian. La ciudadanía demanda ahora una política más abierta y participativa, unas instituciones más transparentes y con más garantía de limpieza, y unos partidos democráticos en su funcionamiento, que rindan cuentas por sus aciertos y sus errores.

Se equivocan quienes dicen que todo está mal y todo hay que tumbarlo, y se equivocan también quienes dicen que todo está bien y no hay que cambiar nada. Hace falta una reforma modernizadora en nuestras instituciones, que incluya una reforma constitucional para blindar los derechos sociales amenazados por los recortes, para federalizar y hacer más eficiente nuestro modelo territorial, para mejorar la transparencia de todo el espacio público y luchar eficazmente contra la corrupción.

Todo esto está en juego.

La derecha política y económica es consciente del gran castigo electoral que sufrirá inexorablemente el PP. Y ha jugado a promocionar opciones supuestamente progresistas distintas al PSOE, a fin de evitar una gran mayoría de cambio en torno al partido que siempre lideró las grandes reformas de progreso en España. Incluso ha promovido una nueva marca blanca de ideología e intenciones derechistas para recoger parte de lo que perderá su marca original.

Pero la ciudadanía ha de saber que solo el PSOE puede ganar al PP, y que la disgregación del voto progresista acabaría beneficiando a la derecha, y consolidaría a Rajoy en el poder. El voto a Podemos o a IU, aún bienintencionado, puede ser un voto inútil en el propósito del cambio hacia el progreso y la equidad social.

Nadie puede dudar que Ciudadanos acabaría votando la investidura del candidato del PP si entre los dos sumaran una mayoría suficiente, porque eso es exactamente lo que ha hecho hasta ahora allí donde ha tenido la opción de elegir, como en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en La Rioja o en Castilla-León.

Solo aglutinando la gran mayoría del voto de cambio progresista en torno al PSOE se puede parar a la derecha y hacer posible el gobierno de cambio. Este es el voto más útil.

¿HAY UNA PULSIÓN AUTODESTRUCTIVA EN EL CARÁCTER DE LOS ESPAÑOLES?

Nunca he sido partidario de esas teorías que interpretan la historia a partir de supuestas constantes en el carácter de los pueblos. Primero porque los pueblos son de carácter plural y mutable. Y segundo porque la simplificación de los condicionantes de cada etapa histórica no suele conducir a análisis veraces y útiles.

No obstante, hay que reconocer cierta razón argumental a quienes hablan de una pulsión autodestructiva muy recurrente en la historia reciente de los españoles. Y es que pueden reconocerse pautas repetidas en la historia de los dos últimos siglos que nos llevan unas veces a un loable afán constructivo, para caer con posterioridad en otro afán no menos intenso por destruir lo construido.

La historia de nuestro siglo XIX es en buena medida la historia de un continuo tejer y destejer el manto de Penélope. En sus comienzos, los españoles tejimos con ardor un espíritu nacional y una Constitución con derechos y libertades muy avanzados para la época. Si bien nuestro Fernando VII pasó pronto de ser “El Deseado” para consolidar el nuevo régimen, a convertirse en “El Felón” que nos retrotrajo a la peor versión del viejo régimen.

El final de siglo fue algo parecido: de la esperanza de “la gloriosa” al “desastre del 98”. El siglo XX también fue pendular. Del impulso democratizador y europeizador de la República al drama de la Guerra Civil y los cuarenta años del oprobio franquista.

Pareciera que este constante ir y venir hubiera tenido su fin con la Transición Democrática y el consenso constitucional en torno a unas reglas del juego político y unos derechos de ciudadanía aceptados por todos. De hecho, los últimos 36 años han configurado la anomalía histórica de una convivencia en paz y con libertades sostenida en el tiempo.

Sin embargo, pareciera también que ese viejo demonio escondido en nuestro ADN pugnara por volver a hacerse presente para cumplir el funesto designio de la autodestrucción. ¿Cómo interpretar si no el empeño irracional de muchos por denostar “régimen cerrojo del 78”? ¿O cómo explicar que sean precisamente los nacionalismos periféricos que más han avanzado en la consecución de sus reivindicaciones de autogobierno quienes nos aboquen al precipicio de la secesión y la ruptura?

No hay base racional para los discursos que invitan a arrojar por la borda toda la institucionalidad construida con mucho sacrificio desde 1978 para disfrutar por fin de unas condiciones de democracia y de bienestar equiparables a las de los vecinos europeos a los que siempre envidiamos. ¿Qué régimen añoran quienes buscan destruir “el régimen del 78”? ¿Prefieren el otro “régimen”? ¿El anterior? ¿De qué “cerrojo” hablan? ¿Del que les permite dar rienda suelta ahora a sus ideas, a diferencia del que llevó a las cunetas, a las tapias de los cementerios o al exilio forzoso a quienes antes opinaban con libertad?

¿Y qué razón asiste a quienes denuncian “la opresión centralista” desde las instituciones más descentralizadas de la historia de España? ¿Qué reclamación “soberanista” bien fundada puede hacerse hoy en el Estado con más competencias transferidas de toda Europa? ¿Cuánta independencia puede exigirse hoy al Estado español cuando ni el Estado español ni ninguno otro ejerce independencia alguna en un contexto de globalización creciente en los problemas y en las soluciones?

¿Y si no hay razón tras estas pulsiones, qué es lo que hay? ¿Ansia desnuda de poder? ¿Afán de cargarse al adversario aun al precio de cargárselo todo? ¿O es cierto aquello de la pulsión irracional autodestructiva?

Sea como sea, solo cabe mantener la esperanza de que el electorado español actúe durante este decisivo año electoral con la racionalidad y la sabiduría de que ha hecho gala durante la vigencia de este bendito “régimen”, con todas sus mejoras pendientes, porque “podemos” temer que la alternativa sería mucho peor.

EL TRIUNFO DE LA POLÍTICA “PRESSING CATCH”

La mayor parte de la ciudadanía percibe hoy en España la actividad política a través de programaciones televisivas al modo de los clásicos combates “Pressing Catch”. Se trata de espectáculos ofrecidos por las principales cadenas de TV en tiempo de máxima audiencia de fin de semana en los que varios contendientes intercambian golpes dialécticos, con un componente relevante de teatralización y con el objetivo explícito de sumar la mayor audiencia posible.

Como todo espectáculo televisivo, estos programas miden su éxito o su fracaso en términos de share o cuota de pantalla. El espacio triunfa si mantiene frente al televisor a un número de espectadores mayor que los programas de la competencia, independientemente de que el debate o la entrevista hayan ayudado o no a aclarar o a resolver uno u otro asunto de interés social. Si el programa no obtiene los números esperados, se cambia por otro, sea un nuevo “pressing catch”, político o deportivo, sea un concurso, una película o un karaoke.

Claro está, la agenda de los temas a tratar se decide entre los especialistas en audiencias televisivas, y no entre quienes puedan conocer en mayor medida la naturaleza de los problemas sociales y políticos de interés general. Por eso prácticamente no se habla de la calidad de los empleos, de los problemas de muchas familias para pagar las matrículas universitarias de sus hijos o de las ayudas menguantes a las personas dependientes, por ejemplo. Los temas con más impacto mediático son los escarceos amorosos del presidente extremeño, las andanzas de Nicolás o la competencia de monólogos estériles entre Rajoy y Mas, por ejemplo también.

Los protagonistas de los debates tampoco se eligen por su especial conocimiento de los asuntos a tratar, por su representatividad o por su capacidad pedagógica. Generalmente son siempre los mismos contendientes, con un entendimiento lógicamente limitado sobre los diversos temas que se ven obligados a comentar, pero con un gancho mediático acreditado. Los perfiles más atractivos son los que no rehúyen la confrontación dialéctica efectista y los que ayudan a mantener un clima de tensión a lo largo del programa, independientemente de la calidad o el interés en el contenido de sus aportaciones. Y me incluyo, por lo que pueda tocarme.

El rigor en las exposiciones o el grado de matización en los posicionamientos tienen siempre las que perder frente a la frase impactante, tenga o no sentido. En el espectáculo no caben las intervenciones a título reflexivo, la manifestación de la duda o el reconocimiento de la propia ignorancia ante un asunto concreto. Todos los contendientes están obligados de facto a saber de todo lo que se trata, a tener una posición firme al respecto y a pelearla con uñas y dientes frente a los demás.

El debate no es un ejercicio de diálogo, sino de lucha. Los intercambios no son de datos, de argumentos o de propuestas. Los intercambios son a base de golpes: un desmentido instantáneo, una acusación directa, una metáfora ingeniosa, una buena rima. Ahora te golpeo yo y luego me golpeas tú, a mayor gloria del share.

En consecuencia, rara vez un participante logra encadenar tres frases seguidas sin que otro luchador le interrumpa. Los golpes deben ser rápidos y directos a la mandíbula, o al bajo vientre, si puede ser. Quien se toma un tiempo para ofrecer la explicación previa a la opinión o la propuesta, está perdido. Acabará besando la lona y escuchando la cuenta atrás del moderador para declarar la derrota por K.O. Porque no se trata de convencer. Eso es lo de menos. Se trata de vencer.

Como en todo buen espectáculo de “pressing catch”, estos debates se desarrollan con un ambiente debidamente teatralizado. Los presentadores dramatizan la cuestión a tratar, con recopilaciones impactantes sobre lo dicho o acontecido a lo largo de la semana. Los luchadores llevan sus frases preparadas. Y hasta el público ha de colaborar en ocasiones aplaudiendo o murmurando, a partir de las indicaciones oportunas del regidor en plató. Así lo presencié yo personalmente en un combate televisivo sobre la polémica de los controladores aéreos.

Y, a veces, cuando un modesto representante de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados dedica horas a documentarse, a entrevistarse con expertos y a preparar una propuesta en una comisión, no tiene más remedio que preguntarse por la repercusión de su trabajo en comparación con el combate televisivo que el próximo fin de semana contemplarán millones de españoles desde el salón de su casa, murmurando por lo bajo: “¡Vaya panda!”.

CIERRA CNN+ Y ABRE GRAN HERMANO 24H

Cierra una cadena televisiva dedicada a la información y el debate público, que ha recibido elogios generales por su calidad y ponderación, al parecer a causa de su “inviabilidad económica”. Y abre en su lugar una cadena dedicada íntegramente a la llamada “tele-realidad”, es decir, a la contemplación cotilla pero rentable de cómo un puñado de holgazanes se despellejan unos a otros de la mañana a la noche sin pudor ni escrúpulo alguno.

Se trata de una metáfora brutal sobre el tiempo que vivimos en este final de 2010. Que puede tener al menos dos lecturas.

La primera es clásica: el dinero manda. Ya lo escribió Quevedo hace cuatro siglos: “Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, poderoso caballero es don dinero”. El dinero pone y quita canales. El dinero establece cuánta y qué información recibimos. El dinero escribe la agenda sobre lo que se informa y sobre lo que se opina. El dinero determina qué debates se escuchan y qué debates se callan. Jamás el ser humano dispuso al mismo tiempo de tanta información y de tanta desinformación. Es la paradoja de nuestro tiempo: a mayor información, menos conocimiento.

La segunda lectura tampoco es muy alentadora: el dinero acude donde lo lleva la gente. La publicidad no financiaba la información porque muy pocos la consumían. Y la publicidad financiará el cotilleo porque muchos lo consumirán. El mercado televisivo puede resultarnos deleznable en su rentabilidad social, pero nadie duda de la rentabilidad económica que presta a sus accionistas. Es decir, si los dueños del canal suprimen CNN+ para emitir Gran Hermano 24h es porque los telespectadores prefieren este último producto. Lo cual dice mucho sobre los valores cívicos predominantes.

Ahora bien, en estos días de buenos propósitos para el tiempo nuevo quizás podamos interpretar este hecho como una gran provocación. Propongámonos para el año 2011 estos dos objetivos sencillos. Que el dinero mande menos. Y que los valores cívicos predominantes estén más cerca de la búsqueda del saber que de la mera contemplación hedonista de la holgazanería.

Puede que este sea un buen camino para orillar la vergüenza que muchos padres como yo pasamos en estos días, intentando explicar a nuestros hijos adolescentes por qué la sociedad española desprecia el conocimiento y abraza el cotilleo ruin.

¿CUÁNTAS TERTULIAS DE EXTREMA DERECHA HAY EN TV?

Son innumerables. O a mí, al menos, me lo parecen. Cada noche el pulgar acaba entumeciéndose de tanto buscar con el mando a distancia un debate mínimamente equilibrado. No diré ya un debate en el que predominen las posiciones progresistas. A veces, da la sensación de que algunas cadenas compiten entre sí para plantear la mayor barbaridad y captar así la atención del espectador. Injurias al Presidente del Gobierno, soflamas xenófobas, enaltecimiento del golpismo, reivindicación del franquismo… Algunas de estas tertulias consiguen que percibamos al Tea Party norteamericano como una banda de bolcheviques.

Hace pocos días anunciaron el cierre definitivo de CNN+. A mi juicio este era uno de esos raros refugios en los que cualquier televidente podía acomodarse para obtener información y criterio, sin histrionismos y con un mínimo de rigor y objetividad. A veces he estado de acuerdo con los planteamientos de sus “opinadores”, y a veces no. Pero en general, siempre he tenido la sensación de estar recibiendo un servicio honesto.

Al parecer, cierran la cadena porque los dueños pierden dinero con ella. Hay poco que objetar ante este argumento. PRISA no es un organismo público ni una ONG. Se trata de una empresa privada con unos accionistas que exigen dividendos. La pregunta que uno puede hacerse es la siguiente. Si un emporio poderoso como PRISA no puede permitirse las pérdidas generadas por un producto informativo de calidad, ¿cómo se mantiene esa enorme cantidad de subproductos que vociferan e insultan cada noche desde nuestra pantalla? ¿Quién paga? ¿Y con qué propósito?

Esta situación debe alentar al menos tres debates. El primero versa sobre los límites en el ejercicio de la libertad de expresión. Tal libertad constituye un puntal básico de nuestro sistema democrático y es preciso preservarla con mimo. No obstante, todo derecho encuentra su límite precisamente donde comienzan los derechos de los demás. Y el ejercicio de la libertad de expresión no debe amparar la práctica permanente de la injuria y la acusación falsa que se realiza desde algunas plataformas mediáticas de extrema derecha. Que cada cual opine lo que quiera, pero la infamia y la atribución mendaz de conductas inmorales o delictivas no deberían quedar impunes. Tanto los aludidos como la fiscalía deben velar por los derechos de todos.

El segundo debate tiene que ver con el papel de la televisión pública. En el vigente contexto de crisis son muchas las voces que subrayan el alto coste de este servicio y su incidencia en el déficit público. Algunas de estas voces responden a una reivindicación leal a favor de la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos colectivos. Sin embargo, otras voces están buscando tan solo generar el caldo de cultivo adecuado para la privatización de las cadenas públicas de televisión. Sumarían así estas televisiones definitivamente a la pléyade de voceros en defensa de los intereses más conservadores. Aunque también es cierto que algunas cadenas autonómicas, como Telemadrid o Canal Nou, hace tiempo que juegan este papel desde la categoría pública.

Reclamemos pues una televisión pública de calidad, eficiente y austera en su administración, objetiva en su labor informativa, y respetuosa en el reflejo de la pluralidad social y política. RTVE hace un esfuerzo encomiable que merece respeto, pero a mi juicio debería ser más valiente en la apuesta por formatos de debate público permanente y plural sobre los asuntos que más preocupan a la opinión pública. Paradójicamente, en esta orgía permanente de información que disfrutamos hoy, se hace más necesaria que nunca una oferta televisiva con garantías de veracidad y al servicio del interés general.

El último debate a plantear es el relacionado con la oferta de televisión informativa en el ámbito privado. Porque el dinero es de derechas. Para qué nos vamos a engañar. Pero esta realidad inexorable no debe conducirnos a la aceptación resignada de un panorama televisivo copado casi exclusivamente por los “opinadores” más rancios y extremistas.

Las normas han de garantizar que en el reparto público de las licencias de emisión se tengan en cuenta los criterios de la garantía de información veraz y el respeto a la pluralidad de ideas en nuestra sociedad. Aquellos que entierran grandes cantidades de dinero en órganos de propaganda anti-socialista, con la única finalidad de influir en el electorado a favor de la derecha, deben ser desenmascarados. Podrán opinar lo que quieran en sus televisiones, porque para eso son suyas y las pagan. Pero los demás también somos libres para denunciar con voz alta y clara que intenten vender a los ciudadanos sus panfletos al servicio del dinero y de la extrema derecha, como si fueran expresiones legítimas de la mejor libertad de prensa.

Y digo yo que la opinión progresista, que es mayoritaria en la sociedad española, también podrá hacer rentable una programación informativa de calidad en alguna televisión privada…

LA PRIMERA CONDENA DEL “TAMAYAZO”

Con estas líneas pretendemos expresar nuestra solidaridad con los periodistas Daniel Anido y Rodolfo Irago, recientemente condenados a penas de cárcel e inhabilitación por ejercer eficazmente su responsabilidad como profesionales de la información durante los días del verano de 2003 en que se desarrolló uno de los mayores atentados perpetrados en nuestro país contra el sistema democrático.

En un Estado de Derecho, todas las decisiones judiciales merecen respeto y acatamiento. Sin embargo, algunas resoluciones de la judicatura deben ser objeto también de una consideración crítica respetuosa y leal. De hecho, la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid contra los periodistas mencionados, ha de ser considerada a nuestro juicio como una sentencia injusta, desmesurada y paradójica.

La resolución judicial reconoce que Daniel Anido y Rodolfo Irago hicieron su trabajo y lo hicieron bien. La información que elaboraron y transmitieron era “veraz”, y atendía a un “hecho noticiable” sobre el que “la ciudadanía tenía derecho a estar informada”. La original interpretación que el Juez hace de Internet como un medio ajeno a la aplicación del derecho a la información, no debería sobreponerse a la libertad de expresión e información que garantiza el artículo 20 de nuestra Constitución.

La pena establecida resulta, además, de una dureza extrema y difícil de entender. Un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer la profesión de periodistas, una multa de 18.000 euros y una indemnización de 130.000 euros, debe considerarse un “castigo” desmesurado para dos personas que se limitaron a cumplir con su obligación profesional y cívica.

Desde luego, hemos de considerar como una paradoja dramática el hecho de que los únicos procesados y condenados hasta el momento por el “caso Tamayo” sean precisamente dos de los periodistas que más han hecho por dar a conocer la verdad sobre una operación fraudulenta, que frustró el Gobierno elegido por la mayoría de los ciudadanos madrileños para su Comunidad en las elecciones de mayo de 2003. A día de hoy, dos profesionales honestos de la información corren riesgo de ingresar en la cárcel, mientras los corruptos y sus corruptores pasean su impunidad con plena libertad.

Sirvan estas líneas para reiterar nuestro agradecimiento a Daniel Anido, a Rodolfo Irago y, con ellos, a cuantos periodistas trabajaron aquel verano fatídico y aún trabajan de forma comprometida con la verdad y la auténtica Justicia.

Y, a pesar de todo, hagamos un nuevo voto de confianza en nuestro Estado de Derecho y su sistema judicial para que esta injusticia sea debidamente corregida, para que el honor y la profesionalidad de sus damnificados sean reconocidos sin tacha, y para que, algún día al menos, los auténticos culpables de aquella fechoría reciban la condena que merecen.

Rafael Simancas. Candidato PSOE a la Presidencia de la CAM- Elecciones 2003.

Fausto Fernández. Candidato IU a la Presidencia de la CAM- Elecciones 2003.