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Archive for the ‘Autonomías’ Category

Durante estos días en los que se ha conocido el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, los dos últimos presidentes populares de la Comunidad de Madrid, han sido muchos los madrileños que han rememorado el penoso episodio que dio nacimiento a esta etapa negra de la política en nuestra región: el tamayazo.

Desde el mismo mes de junio de 2003, cuando se perpetró aquel golpe antidemocrático, la gran mayoría de los madrileños concluyeron con buen juicio que las motivaciones de sus protagonistas estaban relacionadas con la corrupción. La conducta de los personajes y las evidencias del entramado revelaban con claridad que aquello se había montado para frustrar el Gobierno decente que habían votado los madrileños, y para dar paso a otro Gobierno con intenciones bien distintas y contrapuestas.

Las informaciones conocidas ahora a propósito de la operación Lezo, sumadas a las ya sabidas sobre Gurtel, Correa, Púnica y demás, ayudarán a muchos a entender aún mejor el qué y, sobre todo, el por qué de aquella operación. Los Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Ricardo Romero de Tejada y demás conspiraron para abrir la mayor etapa de saqueo y rapiña sobre las arcas públicas que se ha conocido en nuestro país desde la recuperación de las libertades.

Ojalá el desarrollo del proceso judicial contribuya además a constatar los detalles del quiénes, del cómo y, sobre todo, del cuánto, en torno a aquel lamentable episodio. Los madrileños merecen saberlo, y los culpables merecen ser debidamente castigados.

Rememorar aquellos días aciagos no me provoca ninguna frustración personal, frente a lo que piensan algunos. La frustración es doble, pero tiene que ver con el presente y el futuro de los ciudadanos de mi Comunidad. La primera frustración es por el daño infligido sobre la propia democracia y su credibilidad. Los madrileños comprobaron cómo se puede torcer a golpe de talonario la voluntad democrática expresada limpiamente en las urnas. No es una buena enseñanza.

La segunda frustración está relacionada con la vida de mis conciudadanos. El saqueo de los corruptos se cebó en la especulación sobre el suelo de Madrid, en el inflado de la burbuja inmobiliaria, en el latrocinio sobre los contratos públicos, en la privatización de servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas… ¿Hasta qué punto un Gobierno decente podría haber mejorado la vida de los madrileños? Quiero pensar que mucho, y ese pensamiento resulta frustrante.

Pero entretanto se constata el por qué y se van aclarando el quiénes, el cómo y el por cuánto, conviene ir resolviendo las responsabilidades políticas. Aguirre, la “jefa”, ha dimitido ya. Pero Cifuentes tiene que dar cuentas también por su papel en la trama, el activo y el pasivo, porque formó parte de la dirección del PP y de su grupo parlamentario mientras se consumaban las fechorías.

Y ahora la carga de la prueba recae especialmente sobre Ciudadanos. Resulta contradictorio hasta lo insoportable el presentarse ante la ciudadanía como una fuerza política regeneradora de la vida pública y sostener al mismo tiempo un Gobierno del PP corrompido hasta el tuétano en Madrid. O se sopla o se sorbe…

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simancas211216

Parece abrirse paso la convicción que invita a llevar a cabo algunos cambios en la Constitución Española, tras 38 años de vigencia y muchas menos modificaciones que otras cartas magnas en las democracias consolidadas de nuestro entorno. Sin embargo, los planteamientos en cuanto al alcance, los contenidos y las condiciones de tales cambios son muy diversos en unas y otras latitudes políticas.

Las distintas posiciones sobre las modificaciones en la Constitución pueden agregarse en dos grandes bloques: los que plantean reformas constitucionales y los que apuestan por un proceso constituyente. Las diferencias son de tal calado que invitan al pesimismo en cuanto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo mínimo de carácter general.

Los reformistas tienen como objetivo mejorar y actualizar el texto aprobado en el año 1978. Los liquidacionistas pretenden demoler la Constitución del 78 para elaborar otra distinta desde cero. El primer planteamiento implica reconocer las aportaciones del texto vigente a la convivencia y al desarrollo de la sociedad española, para construir sobre lo construido. La segunda opción, por el contrario, significa dar por fallido lo que llaman el “régimen del 78” para erigir un nuevo régimen sobre bases distintas.

Las contribuciones de la Constitución de 1978 al progreso de los españoles son de tal magnitud y evidencia, que su negación solo puede explicarse desde la ignorancia supina respecto a nuestra historia o desde prejuicios ideológicos afortunadamente minoritarios en nuestro país. Puede afirmarse con la rotundidad que aporta el análisis más objetivo que los 38 últimos años han sido los más positivos de la historia de España en prácticamente todos los órdenes, desde el progreso económico hasta el disfrute de derechos y libertades, desde el ejercicio de la democracia hasta la mismísima convivencia pacífica entre españoles.

Tal valoración no obsta para reconocer carencias y debilidades que aconsejan vivamente acometer reformas, incluso reformas de calado si se quiere. Pero tal reconocimiento no puede legitimar en modo alguno los planes de quienes buscan derribar este puntal de nuestro desarrollo para sustituirlo por nadie sabe qué.

Uno de los grandes valores del texto del 78 radica precisamente en aquello que los liquidacionistas más denuncian: el consenso entre diferentes. Sin embargo, ya hubo muchas experiencias de constituciones “puras” o “de parte” en nuestra historia, y todas ellas fracasaron por no aglutinar siquiera a las grandes mayorías en torno a unas reglas básicas para organizar el espacio público compartido.

En consecuencia, tiene sentido abordar el debate sobre los cambios pendientes en la Constitución a partir de eso que se está dando en llamar “el perímetro de la reforma”. Se trata de reformar a partir de lo establecido. Se trata de mejorar lo que requiere actualización y mejora. Se trata de dar nuevos pasos en el camino emprendido. Y esta tarea requiere de algunos acuerdos previos.

Los contenidos a explorar en una reforma constitucional han de referirse a tres grandes cuestiones. En primer lugar, la consolidación y el avance de los derechos de ciudadanía, como el derecho a la protección frente a la enfermedad, frente a las situaciones de dependencia y frente a la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar, la cualificación de nuestras instituciones y procedimientos democráticos. Y en tercer lugar, la vertebración territorial del Estado, clarificando competencias, distribuyendo financiación con criterios definitivos y asegurando la colaboración eficaz entre administraciones.

Frente a las estrategias liquidacionistas, el proceso de reforma no ha de poner en cuestión los fundamentos del consenso constitucional que asegura nuestra convivencia, tales como la garantía para la unidad del país, la igualdad de todos los españoles y su régimen democrático representativo.

España ya tuvo un proceso constituyente, que nos llevó de la dictadura a la democracia. Aquellos que ahora reclaman un nuevo proceso de este calado tendrán que aclarar hacia dónde quieren llevarnos,… o devolvernos.

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tezanos101215

Cada vez resulta más evidente que Rajoy no podrá sumar apoyos suficientes para su investidura. El PP se ha quedado muy solo, porque ha hecho demasiado daño a los españoles durante los cuatro últimos años. La iniciativa aún es del primer partido en votos, pero cuando tenga que reconocer su fracaso, se abrirán dos opciones tan solo: o se intenta un acuerdo para un Gobierno alternativo en clave progresista, o vamos a unas nuevas elecciones generales.

La conformación de un Gobierno progresista alternativo será muy difícil, porque las fuerzas llamadas a hacerlo realidad son muy diversas en su origen, en su ideario, en sus objetivos y en sus estrategias. Y porque la aritmética de la representación parlamentaria no apunta precisamente a una suma estable.

Ahora bien, sería inaceptable que se llegara a la última opción, las elecciones repetidas, sin haberlo intentado a fondo. Sería inaceptable repetir elecciones por la resignación o el cálculo partidista de quienes han sido mandatados por la ciudadanía para procurar un cambio progresista en el Gobierno que regirá los destinos del país durante los próximos años.

Hay que intentarlo por exigencia democrática, porque los representantes electos no tenemos derecho a ignorar la voluntad de los electores, por complejo que sea el escenario que han establecido con su voto soberano. Hay que intentarlo por respeto al procedimiento parlamentario, porque las opciones para la formación de un Gobierno no han de limitarse a la iniciativa del grupo que ha obtenido más votos. Hay otras opciones, y tienen que explorarse mediante un intento honesto de diálogo y de entendimiento.

Y hay que intentarlo por interés de la mayoría. Más del 70% de los españoles han votado contra la continuidad de las políticas de Rajoy y del PP. Es cierto que en ese 70% hay propósitos y posiciones heterogéneas, pero esto no obsta para buscar análisis compartidos y plataformas para el acuerdo por el bien común.

Ya puede constatarse una mayoría clara a favor de derogar la reforma laboral del PP y recuperar derechos para los trabajadores. Hay una mayoría para derogar la ley Wert y procurar un pacto por una educación con calidad y con equidad. Hay una mayoría clara para derogar la ley mordaza, abrir las instituciones a la participación y cerrar las instituciones a la corrupción. ¿Por qué no hacer efectiva esta mayoría en un programa de Gobierno?

Existen precedentes interesantes para este esfuerzo. En Portugal, en muchas Comunidades Autónomas españolas y en miles de Ayuntamientos. ¿Es fácil? No, es difícil. Pero, ¿desde cuándo la izquierda renuncia a transformar la realidad porque resulta difícil gobernar? Mucho más difícil será la vida para la mayoría de los españoles si la derecha sigue gobernando en interés de unos pocos, por renuncia, por incapacidad o por incomparecencia de las fuerzas del cambio progresista.

En su momento, corresponderá al PSOE, como primera fuerza del cambio, tomar la iniciativa de convocar al diálogo para intentar la formación de un Gobierno alternativo. Y habrá de hacerlo a partir de las ocho grandes reformas que estableció su Comité Federal el pasado día 28 de diciembre: la recuperación justa con buenos empleos, el pacto educativo, la defensa del Estado de Bienestar, la sostenibilidad de las pensiones, la agenda para la regeneración democrática, el pacto contra la violencia de género, la reforma constitucional y el compromiso por la integración europea.

Se trata de una agenda de interés general sobre la que pueden fraguarse grandes acuerdos. No sería razonable, desde luego, que se frustrara el entendimiento mediante condiciones de imposible asunción, por su contradicción evidente con la voluntad y el interés de las mayorías. Se puede tratar y se puede acordar la revisión del modelo territorial vigente, incluida la reforma constitucional, pero no es aceptable abrir la puerta a la ruptura del Estado que asegura los derechos y las libertades de todos los españoles, especialmente de los más vulnerables.

¡Claro que será muy difícil! ¡Y claro que hay que intentarlo!

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simancas301215

Hay una constante en la historia española del último siglo que relaciona directamente la unidad y la fortaleza del PSOE con los mayores progresos colectivos en nuestro país. La constante se mantiene también en sentido inverso. Cuando el PSOE está unido y fuerte, España avanza. Cuando el PSOE está dividido y débil, España sufre. Tengámoslo en cuenta para estos días difíciles.

Un Partido Socialista fortalecido en su organización y en su liderazgo dio pie a los grandes avances sociales del periodo republicano entre 1931 y 1933, gracias a la gestión de los ministros socialistas Largo Caballero –en Trabajo-, Fernando de los Ríos –en Instrucción Pública- e Indalecio Prieto –en Obras Públicas-.

El largo periodo de unidad y fortaleza socialista que se inauguró en Suresnes (1974), con Felipe González y Alfonso Guerra, proporcionó a España una Transición Democrática modélica, la incorporación a las instituciones europeas y la creación del Estado de Bienestar. El cierre de filas en torno a Zapatero tras el 35 Congreso dio pie una nueva etapa de fortalecimiento de derechos y libertades civiles a partir de las elecciones generales de 2004.

En sentido contrario, las crecientes controversias internas en el PSOE conforme maduraba el periodo republicano contribuyeron a la inestabilidad del régimen, a la llegada del bienio negro derechista y, desde luego, ayudaron poco en la tarea de evitar los trágicos acontecimientos posteriores.

Las fracturas en el seno del Partido Socialista durante los años noventa precipitaron el desgaste del mejor Gobierno que ha tenido la historia de España, y dieron lugar a la llegada del denostado Aznar, sus políticas ultraliberales y la lamentable participación de nuestro país en la guerra de Iraq. Y por último, los desencuentros durante y después del 38 Congreso socialista en Sevilla (2012) debilitaron, sin duda, la oposición que hubiera merecido la mayor ofensiva de la derecha contra los derechos de los españoles, protagonizada por Mariano Rajoy bajo la excusa de la crisis económica.

Los desafíos que tiene la sociedad española ante sí en este nuevo tiempo político requieren de un PSOE a la altura de su propia historia.

España afronta un gravísimo deterioro social, producto de la revolución conservadora emprendida a partir del año 2012. La reforma laboral ha precarizado los empleos, ha empobrecido a los trabajadores y ha finiquitado la negociación colectiva. Los recortes sociales han acabado con la universalización de la sanidad pública, ha hecho retroceder la calidad y la equidad de la educación, ha convertido la Ley de atención a la dependencia en papel mojado, y ha puesto en crisis la dignidad de las pensiones de hoy y su sostenibilidad para mañana.

El avance separatista en Cataluña y la indolencia calculada en términos electorales por la derecha española han puesto en riesgo la integridad territorial del país. Y la resistencia del PP a la apertura de las instituciones y al control efectivo de las corruptelas ha causado una gran desafección hacia el propio sistema democrático por parte de millones de españoles, especialmente entre los más jóvenes.

El PSOE no ha concurrido a las elecciones del 20 de diciembre en su mejor momento, claro está. Arrastra problemas de fondo desde hace tiempo. No ha logrado acelerar el ciclo histórico que retrasa significativamente en nuestro país la recuperación de la credibilidad como alternativa tras una mala salida del Gobierno. El ciclo histórico entre la salida del Gobierno y la vuelta a las mayorías nunca fue de solo cuatro años, y el vacío dejado por el rápido deterioro electoral del PP ha sido ocupado en buena parte por otras fuerzas con crédito disponible para promover el cambio.

A pesar de los evidentes esfuerzos en este último año y medio, al PSOE aún le cuesta combinar su tradicional discurso a favor de la igualdad y la justicia social con el discurso necesario para atender las demandas de la “nueva política”, en relación a la regeneración, la renovación, la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas.

El llamado malestar urbano, consecuencia de una crisis letal y una gestión flagrantemente injusta de esa crisis, ha alimentado el surgimiento de fuerzas coyunturales, sin facturas que pagar por errores pasados y con un desparpajo notable para pronunciar las descalificaciones más gruesas y las promesas más imposibles de cumplir, pero que muchos ansiaban escuchar.

La fuerte influencia de los medios de comunicación de masas y el creciente peso de las nuevas redes sociales en la conformación de la opinión pública, han favorecido por una parte a la derecha respaldada por los grandes grupos económicos y, por otra, a las emergencias de moda. No es un escenario fácil para una fuerza política socialdemócrata y tradicional como el PSOE.

A pesar de todas las dificultades, el Partido Socialista, con Pedro Sánchez al frente, ha llevado a cabo un gran esfuerzo colectivo durante este último año plagado de difíciles citas electorales. Los resultados del 20 de diciembre fueron objetivamente malos, pero el PSOE se ha mantenido como la primera referencia del cambio progresista en España, con 90 diputados y más de 5,5 millones de votos. Los socialistas gobiernan en nueve de diecisiete Comunidades Autónomas y en miles de Ayuntamientos. No es el mejor bagaje posible, pero es una buena base para disponerse a servir con coherencia y eficacia al bien común del país.

En este momento histórico complejo, España necesita al PSOE. Y el PSOE necesita de toda la fuerza que deviene de los valores progresistas compartidos con la gran mayoría de los españoles, de su experiencia en el liderazgo de los grandes retos del país, de sus equipos capaces en la resolución de las crisis más complejas, de su compromiso indeclinable con el interés de España por encima de cualquier otro interés…

Es la hora del PSOE. Nuevamente. Y lo último que necesita el PSOE es una nueva crisis orgánica. Porque sufriría el PSOE. Y, sobre todo, porque sufriría España.

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simancas131115

En un Estado de Derecho, la ley es la expresión y la garantía de la democracia. Porque las leyes las aprueban los legítimos representantes de la ciudadanía, elegidos mediante elecciones libres. Y porque el imperio de la ley blinda los derechos democráticos de la ciudadanía frente a poderes, fuerzas o influencias espurias.

Resulta extraño tener que recordar estos principios tan elementales en democracia, pero la contumacia del independentismo catalán en el desafío a la ley y a las sentencias de los Tribunales lo hace obligado.

Por tanto, es falaz el argumento que busca enfrentar la legitimidad de la ley a la legitimidad de la democracia. En un Estado de Derecho como el nuestro, se trata de las dos caras de una misma moneda. La ley surge de la democracia, y la democracia se sustenta en la ley. Cuando los secesionistas aluden al mandato de las urnas para dar la espalda a la ley, están traicionando a ambas, a la ley y a la democracia.

Las leyes pueden interpretarse de manera diversa, bajo arbitraje judicial, y se hace. Las leyes pueden recurrirse cuando se considera una posible vulneración constitucional, y se hace. Las leyes pueden cambiarse mediante los procedimientos establecidos en la propia ley, y de hecho se cambian cada día. Pero las leyes no pueden ignorarse o vulnerarse impunemente, porque entonces se violentan las bases de la mismísima convivencia democrática.

Los independentistas, por tanto, pueden someter al arbitraje de los tribunales aquellas leyes del Estado a las que se oponen. Y pueden hacer propuestas a través de sus representantes en las Cortes Generales para cambiar esas leyes. Incluso pueden plantear un cambio de la ley más importante de todas, la Constitución Española que la sociedad catalana votó mayoritariamente, por cierto.

Pero no pueden ignorar las leyes del Estado, ni pueden saltárselas, ni pueden incumplirlas. Y si lo hacen, la propia ley debe aplicar sus mecanismos legítimos de defensa. Para salvar la ley, para salvar el Estado de Derecho, y para salvar la democracia.

Quien no está con la ley, no está con la democracia. Y quien no está con la democracia está con la tiranía.

El resto de argumentos de que hacen uso algunos independentistas, comenzando por el máximo representante en funciones del Estado en Cataluña, Artur Mas, son sencillamente ridículos.

Comparar la situación de la sociedad catalana con la discriminación que sufren las mujeres privadas de derechos y de sufragio en algunos países, desacredita a quien lo expresa. Tratar de establecer paralelismos entre la Cataluña actual y la Suráfrica del aparheid es sencillamente un insulto para los millones de personas que lo sufrieron.

Y reivindicar las resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación en las colonias sometidas y explotadas del siglo XX, denota una ignorancia sobre el derecho internacional y sobre la historia misma que imposibilita cualquier debate serio.

Afortunadamente, la gran mayoría en Cataluña y en el resto de España sigue creyendo en la democracia y sigue defendiendo el imperio de la ley, frente a la tiranía y la barbarie.

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Aún no sabemos quién será Presidente en el gobierno autonómico catalán. No sabemos si los diputados independentistas elegirán Presidente entre los restos del pujolismo corrupto, o entre sus cómplices en la pseudo-izquierda de ERC, o entre sus otros cómplices en el peculiar anarquismo filoburgués de las CUP. Sí conocemos ya a la nueva Presidenta del Parlamento autonómico en Cataluña, y no es una buena noticia.

La coalición independentista pudo elegir como árbitro en la difícil legislatura que aguarda en Cataluña a una persona con perfil dialogante y constructivo, más partidaria de tender puentes que de cavar trincheras. Pero no ha sido así. Cuando más necesario se hace el entendimiento, han puesto al frente del Parlamento a una política extremista y radical: Carme Forcadell, que no asusta precisamente por la profundidad de su discurso, sino por su simpleza, una simpleza peligrosa. Peligrosa, en primer lugar, para la sociedad catalana.

Forcadell es un peligro por lo que dice y por lo que hace. Pertenece a esa categoría de políticos que prefiere la dialéctica belicista de amigos contra enemigos, antes que la dialéctica democrática de las soluciones frente a los problemas. Es de esos políticos que siendo incapaces de encontrar las causas complejas de una dificultad real, se limitan a encontrarle culpables falsos y a pedir sus cabezas como única salida válida. Todavía resuena en muchos oídos atónitos aquella sentencia suya memorable: “Necesitamos un Estado propio para que las mujeres catalanas puedan hacer de mujeres” (sic).

La nueva Presidenta se ha cansado de distinguir a los partidos, y por tanto a los candidatos y a los ciudadanos catalanes que les apoyan, entre los que “son de” Cataluña y los que “están en” Cataluña. No es la primera vez en la historia europea que un político diferencia en la que considera su patria a los auténticos patriotas de los antipatriotas. Durante cuarenta años ya hubo quienes distinguían entre españoles y antiespañoles. Primero se separa la paja del trigo, después se señala al traidor, y lo que viene a continuación no suele ser nada bueno. Peligroso.

Asegura que ella y los que piensan como ella son “el pueblo catalán”, y los demás, aunque vivan “en” Cataluña, no lo son. Y, claro está, no hay nacionalista radical que no identifique un enemigo tras identificar al amigo. Para Forcadell, el adversario del pueblo catalán es el “Estado español”, fuente de todos los males, desde el paro y la pobreza hasta la corrupción y las mujeres que no pueden “hacer de mujeres”. Veleidad totalitaria y simplificación tan falaz como peligrosa.

En su propio discurso de aceptación del cargo, sin cumplir tan siquiera con la cortesía de escuchar a los demás representantes del pueblo catalán allí reunido, ya avanzó la intención unilateral de iniciar “el proceso hacia la independencia” para “contar con un marco jurídico propio”. Es decir, en el acto de toma de posesión de una responsabilidad que obtiene por aplicación de la legalidad vigente, ya está llamando al incumplimiento de tal legalidad.

Ese mismo discurso se cerró con el grito de “Viva la república catalana”, confirmando la voluntad rupturista y antidemocrática con que inaugura su mandato. Tal expresión es radicalmente antidemocrática porque contraviene de manera directa la voluntad explicitada en las urnas por la sociedad catalana en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Las opciones independentistas plantearon tal elección como una suerte de falso plebiscito y perdieron, porque más de la mitad de los votantes dieron la espalda a la “república catalana” que, sin embargo, ha proclamado Forcadell. Antidemocrático y peligroso.

Su primer acto jurídico como presidenta del Parlamento catalán ha sido también coherentemente peligroso. Forcadell ha tramitado la iniciativa de Junts pel sí y las CUP para “iniciar el proceso constituyente” y declararse en rebeldía frente a la legalidad y las sentencias de los Tribunales. Se trata de una bofetada a la voluntad democrática de la ciudadanía expresada tanto en las urnas como en el propio ordenamiento jurídico vigente, porque la ley no es sino la expresión jurídica de la voluntad popular. Ya hubo quienes arremetieron contra la legalidad democrática en nombre de “la patria” y no trajeron nada bueno. Muy peligroso.

Es verdad que tiene antecedentes. Como presidenta de la organización separatista ANC ya logró transformar lo que antes fue una fiesta de todos los catalanes, la Diada de septiembre, en una herramienta sectaria al servicio de los propósitos secesionistas. Y ahora busca convertir la casa de todos los catalanes, su Parlamento, en la trinchera de la minoría rupturista para romper con la legalidad, con la democracia y con la convivencia misma.

Resulta curiosa la manipulación burda con que maneja las palabras quien tiene formación lingüística. Forcadell dice que no es “política”, cuando no ha dejado de hacer política a lo largo de toda su vida. Milita desde hace muchos años en un partido político al uso como ERC, ha sido miembro de su máxima dirección, ha sido concejala por ERC en el Ayuntamiento de Sabadell, y ha presidido la organización política ANC que ha tensionado y dividido como nunca antes a los catalanes. Pero ella se dice “de la sociedad civil”. Será que los demás somos de la sociedad militar…

Asegura que si el Gobierno de España hace uso de los mecanismos extraordinarios que la Constitución pone a su alcance, “será un golpe a la democracia”. Pero, sin embargo, parece considerar su conducta como plenamente democrática cuando plantea subvertir de manera clara y directa las leyes de la institucionalidad democrática que ha permitido a Forcadell ejercer su libertad de expresión, organizar su ANC, presentarse a unas elecciones, ser diputada y hasta ser presidenta de un Parlamento democrático.

Y el colmo de la manipulación y el sarcasmo llega con su pretendido propósito de ejercer el cargo trabajando “para todos los catalanes”, cuando ha comenzado su mandato dando una bofetada a la mayoría que optó democráticamente por mantener la convivencia con el resto de la sociedad española.

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simancas221015

Un nuevo partido de derecha constitucional es lícito y legítimo. Desde hacía tiempo, un buen número de españoles con ideología conservadora echaban de menos una opción de derecha europea, actualizada y aparentemente ajena a las prácticas clientelistas y corruptas con que se vincula al Partido Popular. Lo que no es lícito es que un partido de derechas, por renovado y moderno que se considere, intente hacerse pasar por lo que no es.

Ciudadanos no es un partido de centro, ni reformista, ni mucho menos progresista, como sostiene su máximo dirigente en un intento de pescar en todos los caladeros posibles. Ciudadanos es un partido de derechas, tal y como demuestra por sus hechos y por sus propuestas. Un partido legítimo, con posicionamientos políticos legítimos, pero un partido de derechas, con posicionamientos políticos inequívocamente de derechas.

Sus hechos son muy evidentes. Ciudadanos ha administrado los votos y la representación institucional que obtuvo en las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo como corresponde a un partido de derechas. Allí donde ha tenido la oportunidad de elegir, ha elegido siempre sumar fuerzas con el Partido Popular.

En la Comunidad de Madrid, el partido de Rivera pudo elegir entre sumar sus votos con el PP para hacer presidenta a Cristina Cifuentes y su programa de derechas, o sumar sus votos con PSOE y Podemos para hacer presidente a Ángel Gabilondo y su programa de izquierdas. Ciudadanos eligió apoyar al PP presidido por Esperanza Aguirre, el PP de las privatizaciones y los recortes, y el PP de los casos Gürtel, Púnica y Gestapillo.

Exactamente lo mismo sucedió en Murcia y La Rioja. En ambos parlamentos autonómicos podían formarse dos mayorías bien distintas: una liderada por el PP, y otra liderada por el PSOE. Y tanto en Murcia como en La Rioja, Ciudadanos eligió sumar sus escaños a los de los diputados del PP para investir sendos presidentes de derechas. Hay quienes contraponen el caso andaluz. No es válido. En Andalucía solo había un gobierno posible, el socialista. La suma de los votos del PP, Podemos, IU y Ciudadanos no era una alternativa viable.

Por tanto, los hechos son los hechos. Cuando el partido Ciudadanos ha podido elegir entre apoyar opciones de gobierno de derechas y opciones de gobierno de izquierdas, siempre ha elegido apoyar a la derecha. Porque es un partido de derechas.

Es un partido de derechas por sus hechos, y también por la carga ideológica implícita en muchas de sus propuestas más emblemáticas.

Rivera y sus gurús económicos han propuesto la implantación del contrato laboral único, que es una vieja reivindicación de los economistas más neoliberales y derechistas de España y de Europa. El contrato único equivale al contrato único temporal y precario, y supone la eliminación factual del contrato indefinido, más conocido como contrato “fijo”. Convertir a todos los trabajadores en trabajadores temporales y precarios es una propuesta legítima, pero no es de centro ni progresista. Es de derechas.

Ciudadanos ha propuesto combatir el déficit fiscal de las Comunidades Autónomas ofreciéndoles margen competitivo para establecer copagos en la prestación de servicios públicos. Esto es: si una comunidad ofrece a sus ciudadanos una prestación sanitaria que vaya más allá de la cartera básica, como pueden ser las prótesis, el transporte sanitario o ciertos medicamentos, la administración autonómica se vería obligada a financiar tal prestación cobrando nuevos copagos a los ciudadanos. Igual ocurriría con la educación no obligatoria, como la enseñanza superior universitaria: vía libre para subir las tasas. ¿Lícito? Sí, pero de derechas.

El partido Ciudadanos, que se autocalifica de centrista, ha apoyado al PP en su negativa a extender la atención sanitaria universal para los inmigrantes sin permiso de residencia. El derecho humano básico a recibir auxilio en la enfermedad, se haya nacido donde se haya nacido, puede ignorarse y puede combatirse. De hecho, se ignora y se combate. Pero esta no es una opción progresista, sino de derechas.

Rivera, Garitano, Torres y compañía defienden simplificar los tipos de IVA a tan solo dos, elevando el actual tipo super-reducido del 4% al 7%. Esto supone casi duplicar la imposición indirecta sobre artículos de primera necesidad, como el pan, la leche, el queso, los huevos, la verdura, los libros y las viviendas de protección oficial, por ejemplo. ¿De izquierdas? No. ¿De centro? Tampoco.

Ciudadanos se manifiesta en contra de las diversas rentas mínimas frente a la pobreza que han puesto en marcha varias administraciones, y que han sido propuestas desde el PSOE hasta los sindicatos para su generalización. Ellos proponen sustituir tales rentas por unos “complementos salariales”, destinados exclusivamente a quienes ya perciben rentas, pero son insuficientes. Insolidario y de derechas.

Plantean también legalizar la prostitución, para respetar la libertad individual y porque “regular dicha actividad permitiría recaudar hasta 6.000 millones de euros”. El primer argumento ignora deliberadamente que la prostitución se ejerce hoy de forma mayoritaria en condiciones de explotación y violencia contra las mujeres. El segundo argumento es simplemente indigno. De derechas.

¿Su modelo de televisión pública? Ciudadanos acaba de acordar con el PP de la Comunidad de Madrid mantener el modelo vigente en Telemadrid, símbolo donde los haya de la televisión sectaria y al servicio del poder. Con la derecha, de nuevo.

¿Imagen cuidada? Seguro. ¿Nuevos? No tanto. ¿De centro progresista? Ni hablar. Son de derechas. Que nadie se equivoque.

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