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Archive for the ‘Autonomías’ Category

Los pactos suscritos por el PP de Pablo Casado y el partido Ciudadanos de Albert Rivera con la formación franquista VOX constituyen una de las agresiones más graves infligidas sobre la joven democracia española en sus cuarenta años de vida.

Cuarenta y tres años después de muerto el dictador Franco, Casado y Rivera han decidido normalizar la reentrada del franquismo en las instituciones españolas a cambio de su participación en el reparto de cargos tras las elecciones andaluzas.

Hace cuarenta y tres años, en España se encarcelaba a los ciudadanos por sus ideas políticas, no existían los derechos de reunión y asociación, y las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos o a sus padres para solicitar el pasaporte o abrir una cuenta bancaria. Con su pacto en Andalucía, PP y Ciudadanos blanquean a los herederos de franquismo, enemigos de la democracia española y amenaza para los derechos y las libertades de los españoles. Se trata de una auténtica traición a España y a los españoles de hoy y de mañana.

Con el pacto que busca rehabilitar al franquismo en la política española se rompen los grandes consensos que han cimentado nuestra convivencia democrática, a la vez que se abre una brecha profunda en nuestro régimen de derechos y libertades.

Además, con este acuerdo vergonzante, PP y Ciudadanos arrojan a nuestro país al lado más oscuro de Europa, ese lado en el que se promueven los sentimientos antieuropeos de la xenofobia, el machismo y el ultranacionalismo. Mientras las fuerzas democráticas europeas tratan de contener y aislar a la extrema derecha, Casado y Rivera se desmarcan de sus compañeros Merkel y Macron dando alas a los socios españoles de Le Pen y Salvini.

El franquismo de VOX reivindica hoy la vuelta al “Estado unitario” vigente entre 1939 y 1975, durante la dictadura del general Franco, mientras rechaza la España de las Autonomías que, pese a sus dificultades, ha conllevado desarrollo, autogobierno y libertad de identidades en todos los territorios de nuestro país.

Los franquistas de VOX cuestionan los fundamentos de nuestro Estado de Bienestar, promoviendo la abolición del sistema público de pensiones, los recortes en la cartera de servicios de la sanidad pública y la generalización de los cheques escolares, en detrimento de la enseñanza pública. La bajada de impuestos a los sectores sociales más pudientes que propone el partido de Santiago Abascal resulta incompatible con la financiación suficiente del gasto social.

VOX retoma la ideología franquista anti-igualitaria en relación a los derechos de la mujer, arremetiendo contra las organizaciones feministas y proponiendo la derogación de la ley que establece medidas contra la violencia de género.

El franquismo de VOX cuestiona la vocación europeísta de la democracia española, reivindicando la vuelta a las relaciones internacionales de carácter bilateral y negando la participación de nuestro país en las instituciones europeas.

Los dirigentes de VOX promueven los valores de odio al diferente y al extranjero que sustentaron la dictadura franquista durante cuarenta años, frente a los valores de igualdad, libertad, solidaridad y tolerancia que establece la Constitución de 1978 y que conmemoramos en estos días.

Muchos votantes y militantes de PP Y Ciudadanos se avergüenzan hoy de los pactos que estos partidos han suscrito con los herederos del franquismo. Han de pagarlo en las urnas.

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La derecha española de PP y Ciudadanos ha adoptado una decisión extraordinariamente grave y de gran alcance. Se trata de una decisión que quiebra los cimientos del sistema político vigente durante las cuatro últimas décadas en nuestro país. Cuarenta y tres años después de la muerte del dictador Franco, la derecha que contribuyó al éxito colectivo de la Transición Democrática ha decidido restaurar su nexo con el franquismo.

Este tremendo paso atrás rompe los grandes consensos que dieron vida a la Constitución de 1978 y que han fundamentado nuestra convivencia desde entonces: la democracia, el Estado de Bienestar, la defensa de los derechos humanos, la descentralización política, la igualdad entre hombres y mujeres, la vocación europeísta de España…

La derecha de PP y Ciudadanos, con la inestimable colaboración del independentismo radical, intenta por todos los medios centrar exclusivamente la atención de la opinión pública en el conflicto catalán. Sin embargo, ni los afanes separatistas contrarios a la legalidad, ni el empeño de PP y Ciudadanos por mantener viva la llama del conflicto territorial, han de impedir a la ciudadanía española tener muy en cuenta la gran traición que la derecha está perpetrando sobre nuestra joven democracia.

La conducta de PP y Ciudadanos es una conducta diametralmente opuesta a la adoptada hasta ahora por las fuerzas políticas conservadoras que gobiernan en los grandes Estados europeos, y a los que presuntamente pretendían emular Casado y Rivera. Tanto la CDU de Merkel en Alemania, como la REM de Macron en Francia, al igual que otras formaciones de la derecha democrática europea, como ocurre en Suecia, han excluido tajantemente cualquier pacto con la extrema derecha antieuropea, xenófoba y machista.

En consecuencia, resulta importante conocer expresamente los puntos principales del programa del partido franquista VOX, con el que PP y Ciudadanos pactan en Andalucía.

EL FIN DEL ESTADO DE BIENESTAR

– Supresión del actual sistema de pensiones públicas.

– Supresión de prestaciones en la sanidad pública, como la interrupción del embarazo.

– Negación de asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles.

– Negación de asistencia sanitaria gratuita a residentes con menos de 10 años en España.

– Generalización del cheque escolar en detrimento de la enseñanza pública.

– Reinstauración de tres reválidas franquistas en la enseñanza obligatoria.

ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS A LOS MÁS PUDIENTES

– Supresión del impuesto de patrimonio.

– Supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

– Supresión del impuesto de plusvalía municipal.

– Rebaja del IRPF a rentas de +60.000 euros anuales del 45% al 30%.

– Rebaja del Impuesto de Sociedades del 25% al 20%.

REINSTAURACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIARCAL

– Derogación de la Ley contra la violencia de género y de protección de las víctimas.

– Persecución de las supuestas denuncias falsas por parte de víctimas de violencia de género.

– Supresión de las organizaciones feministas.

– Supresión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

– Supresión de las cuotas que garantizan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.

ACABAR CON EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

– Supresión del Estado de las Autonomías por ser “políticamente inmanejable y financieramente insostenible”.

– Supresión de todos los Parlamentos autonómicos y sus competencias legislativas y de control.

– Supresión de todas las televisiones autonómicas.

– Gestión centralizada de las competencias en educación, sanidad, política social, justicia… al margen de las especificidades de cada territorio.

MEDIDAS CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

– Derogación de la Ley de Memoria Histórica que reivindica la dignidad de todas las víctimas del franquismo.

– Derogación de la Ley que permite la exhumación del dictador Francisco Franco.

– Instauración de un “Estado unitario” al modo de “España una y no cincuenta y una”.

– Eliminación de la mitad de los Ayuntamientos de España.

– Supresión del Tribunal Constitucional, garante de los derechos y libertades constitucionales de los españoles y españolas.

– Supresión del concierto económico vasco.

– Eliminación de la institución democrática del Jurado.

– Establecimiento de la financiación privada sin límite para los partidos políticos y supresión de la financiación pública a partidos y sindicatos. Se mantiene para la patronal.

ESPAÑA ANTI-EUROPEA

– Salida de España de la Unión Europea porque hay que “anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de las oligarquías, caciques, lobbys y organizaciones supranacionales”.

– Recuperación de “la bilateralidad en las relaciones exteriores, abandonando organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España”, como lo es, supuestamente, la Unión Europea.

– Desvinculación de España de los Tribunales Europeos porque “terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora”.

– Emulación de la estrategia de “los países de Visegrado” para el cierre de fronteras, la afirmación de la soberanía nacional frente a las instituciones europeas, y la defensa de la “cultura europea” ante los intentos de mestizaje cultural.

– Suspensión del espacio Schengen que garantiza la libre circulación de las personas en toda Europa.

MUROS FRENTE A LA INMIGRACIÓN

– Levantar un “muro infranqueable” en Ceuta y Melilla.

– Prohibición de regularizar inmigrantes y de proporcionarles derechos en cualquier circunstancia.

– Negación del derecho de arraigo.

– Revocación del derecho del extranjero a obtener la nacionalidad española.

OTRAS MEDIDAS FRANQUISTAS

– Ley de protección de la “familia natural”, contra iniciativas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.

– Promoción en los centros de enseñanza de “las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales” en detrimento de la enseñanza de los valores constitucionales.

– Liberalización total en la gestión del suelo mediante las fórmulas del “todo urbanizable” que promovieron la burbuja inmobiliaria y la crisis económica.

– Primacía de las empresas con sede en España para los concursos públicos, en perjuicio de las empresas españolas que acuden a concursos internacionales.

– Incremento del presupuesto de Defensa y protección de nuestro país “de forma autónoma”, al margen de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

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Las derechas de PP y Ciudadanos llevan meses intentando situar en el primer plano de la actualidad política el supuesto ultraje permanente a los símbolos patrios y la necesidad perentoria de protegerlos de sus muchos enemigos.

La portavoz del PP en el Congreso ha llevado tal estrategia al paroxismo de proponer una nueva Ley, que castigue a quienes cometan “demérito” o “desprestigio” de los símbolos nacionales con cese e inhabilitación de hasta diez años para ejercer cualquier cargo público.

Evidentemente, los símbolos de la nación constituyen un factor importante para ensalzar los principios que fundamentan nuestra convivencia en democracia. Y la ofensa a tales símbolos equivale a una ofensa a la colectividad, por lo que merece reproche social, incluso jurídico.

De hecho, el Código Penal ya castiga con penas muy relevantes a quienes cometan ultraje a la nación, a su unidad y a sus símbolos. Se trata de fuertes multas aplicadas sobre aquellos que injurian o desprecian públicamente, de palabra o con hechos, a tales símbolos y lo que ellos representan. Si el “símbolo” afectado es el Rey, además, las penas son de cárcel.

Y si los símbolos ya están protegidos ante sus eventuales ultrajadores, incluso penalmente protegidos, ¿por qué esa insistencia?

Debe añadirse que estos tipos penales no son pacíficos, ni en el debate social ni en la doctrina jurídica. Si la tipificación actual ya supone un riesgo apreciable para el ejercicio de la libertad de expresión, garantizada en la Constitución, ¿qué se pretende con la propuesta para su agravamiento?

En realidad, no hay nada más inconstitucional que la utilización de la Constitución como arma arrojadiza contra el adversario político. Y no hay nada más anti español que intentar apropiarse de los símbolos colectivos para deteriorar al contrincante político y obtener alguna baza electoral.

El pacto constitucional que ahora conmemoramos sirvió precisamente para acabar con siglos de enfrentamiento cainita, y la Constitución es la herramienta que sostiene la convivencia en libertad. Erigirse falsamente en defensor único de la Constitución y acusar al adversario político, con igual falsedad, de ignorarla o despreciarla, supone en sí mismo la mayor traición posible a nuestra Carta Magna.

Hacer este tipo de acusaciones sobre los dirigentes independentistas puede entenderse en algunos extremos, pero intentar sumar al PSOE en el totum revolutum de los enemigos del constitucionalismo, representa una falacia y una ofensa absolutamente intolerables.

Ni tan siquiera la ansiedad de las derechas por la reciente pérdida del poder, o el contexto de campaña electoral, justifica acusar de beligerancia contra la Constitución al único partido del actual espectro político que tuvo una participación protagonista en su elaboración y aprobación.

Por otra parte, la mejor manera de promocionar el apego de los españoles al proyecto colectivo y a sus símbolos nacionales no consiste en aumentar las penas para sus ofensores, sino en aumentar las motivaciones para tal apego.

Y, desde luego, la insistencia de PP y Ciudadanos para que naufraguen unos presupuestos que conllevan subidas salariales, mejora de las pensiones y el fin de los copagos farmacéuticos, no ayuda a que los españoles se despierten cada día más orgullosos de serlo.

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El debate político sobre Cataluña parece haber atrapado a varios de sus protagonistas en una especie de jaula para hámsters. Tanto los actores independentistas -sin tener razón- como los actores de la derecha constitucionalista -aún teniendo razón- se limitan a dar pasos acelerados hacia… ninguna parte. Unos y otros actúan tal que presos de un bucle autoreferencial sin salida. 

No cabe equiparar legitimidades ni conductas, porque unos desafían la legalidad quebrando la convivencia, mientras otros reclaman la vigencia de la ley como fundamento de la convivencia democrática. Sin embargo, la realidad es que en ambos bandos prevalecen aquellos que, bien por cálculo electoralista o bien por temor a ser tachados como traidores, se limitan a reiterar una y otra vez los argumentos ya conocidos sin procurar solución alguna. 

Pero, ¿dónde nos lleva esta dinámica? La responsabilidad de quienes nos dedicamos a la representación de la ciudadanía en las instituciones políticas no consiste en evidenciar una y otra vez cuánta razón tenemos nosotros y cuán poca razón tienen ellos.

Nuestra responsabilidad pasa por avanzar al menos alguna contribución para resolver los problemas. ¿Avanzar hacia dónde? Lo urgente, desde luego, es recuperar la convivencia entre catalanes. Y lo importante, sin duda, es encontrar un nuevo encaje institucional para el autogobierno de Cataluña en España y en Europa. 

Este camino tiene algunas condiciones, de forma y de fondo.

Las condiciones de forma pasan por el reconocimiento mutuo de las diversas posturas y de quienes las representan, para hacer viable el diálogo y para hacer posible el acuerdo. Además, como imperativo democrático previo, deben respetarse las instituciones y los procedimientos del ordenamiento legal vigente. E, indudablemente, cualquier resultado de aquel entendimiento ha de someterse a la votación de los catalanes y del conjunto de los españoles. 

¿Cuál es el fondo del debate a resolver? Se trata de acordar un nuevo marco institucional que ofrezca satisfacción a las demandas identitarias y de autogobierno en la sociedad catalana. Este acuerdo ha de enmarcarse, por una parte, en la necesaria actualización del modelo territorial de España y, por otra parte, en el proceso paralelo de construcción de la unidad europea. 

Y en estos contextos propios de nuestro tiempo perderán razón y vigencia esos viejos conceptos de patria, soberanía, frontera, independencia y autodeterminación, que tanta emocionalidad negativa y tanto conflicto político han ocasionado hasta ahora.

El nuevo gobierno socialista ha sido valiente. Ha salido de la noria del hámster y ha llamado a un diálogo abierto, con la sola condición del respeto a la legalidad democrática. Se trata de una buena oportunidad para superar la fase de conflicto y afrontar una solución acordada.

Primero, una reforma constitucional que alumbre un nuevo modelo territorial, negociada con todos los actores políticos, sociales y territoriales de España, y votada por todos los españoles. Y, después, un nuevo Estatuto de autogobierno en Cataluña, votado por todos los catalanes y refrendado en el Parlamento español. 

Este era, a mi juicio, el sentido de la moción que el pasado miércoles 12 de septiembre acordamos en el Congreso los representantes del PDCat y del grupo socialista. Apenas unas horas después, alguien decidió frustrar el intento desde Barcelona. Para seguir corriendo hacia ninguna parte…

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Si alguna ventaja puede extraerse del discurso del nuevo presidente electo en la comunidad catalana es su claridad meridiana. Ya no hay lugar a dudas o equívocos. El máximo representante del separatismo catalán promueve la ideología del supremacismo y el odio racial, y se declara dispuesto a quebrar la legalidad democrática para alcanzar sus metas.

Ahora bien, Quim Torra ha sido propuesto por el ex-presidente catalán Puigdemont, huido de la justicia por golpismo, pero ha sido elegido por una mayoría de diputados en el Parlamento autonómico. Hasta 66 diputados separatistas han votado a un presidente con un pensamiento y una trayectoria bien conocida por su xenofobia radical, anti-española, anti-francesa y anti-europea. Si comparten su pensamiento y sus planes, es terrible. Y si no lo comparten, también.

La mayoría de los representantes de la sociedad catalana han investido presidente a un individuo que proclama que “no es natural hablar español en Cataluña”, que “aquí no cabe todo el mundo”, que sobran “los que no asumen nuestras señas de identidad”, y que “los españoles son bestias, carroñeros y víboras”. Se trata de un señor que admira públicamente a la formación Estat Catalá, conocida por proclamar “la superioridad de la raza catalana” durante la Transición Democrática.

No hace falta recordar que fueron precisamente estas ideas enfermizas, con expresiones casi calcadas, las que fomentaron el odio criminal entre seres humanos, la quiebra de la convivencia y la confrontación civil entre españoles y entre europeos durante el siglo XX. No cabe relativizar su gravedad, ni poner paños calientes. Este señor es peligroso, porque sus ideas y sus intenciones son peligrosas. Y quienes le han elegido han asumido una gran responsabilidad.

Porque, además, Torra acaba de asegurar pública y solemnemente que sus referencias legitimadoras a la hora de gobernar no proceden del ordenamiento jurídico vigente. Sus únicas referencias explícitas son tres: la voluntad del ex-presidente golpista, el “mandato” del referéndum fraudulento del 1 de octubre, y el objetivo “irrenunciable” de constituir una República catalana al margen de la legalidad constitucional. No cabe mayor desafío a nuestra democracia y a nuestra convivencia en paz.

Y ante tamaño desafío, la democracia española solo puede reaccionar de una manera: con la firme determinación de hacer frente a la amenaza separatista y supremacista, con las herramientas que proporcionan la ley y la política. Con serenidad, con proporcionalidad y con contundencia.

No caben atajos preventivos. Los demócratas tenemos el amparo y la legitimidad de la ley. Mientras el desafío se limite a los discursos irracionales, y ojalá se quede ahí, hagámosle frente con el discurso de la razón. Y en cuanto el discurso de paso a la acción contraria al orden constitucional, si sucede, aplíquese la ley, con la proporción y la contundencia precisas, en defensa de los derechos y la libertades de todos los españoles, catalanes incluidos. Aplicando el artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, que para eso se promulgó.

Y en paralelo, hagamos política también. Porque resulta imposible asumir que más de un 40% de catalanes puedan sentirse representados en las ideas y en los hechos de Quim Torra y de quienes le han hecho presidente. No podemos admitir que más de un 40% de catalanes comparte el discurso del odio racial.

Por tanto, es necesario promover el diálogo y el entendimiento en torno al presente y al futuro del modelo territorial del Estado, al encaje de Cataluña en tal modelo y a la consideración que merece la identidad catalana, en el marco de una España y una Europa de identidades plurales, diversas y libres. Los socialistas hemos promovido un escenario parlamentario útil con este fin. Aprovechémoslo.

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El auge y caída de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid podría servir de argumento para una película acerca de una determinada concepción del poder político. De hecho, la etapa de gobierno del PP madrileño entre 1995 y hoy mismo daría para toda una serie, que rivalizaría claramente con los seriales más rentables de las factorías HBO o Netflix, en cuanto a la crueldad de los personajes o los giros dramáticos en el guion.

Para la gran mayoría de quienes dedicamos nuestro esfuerzo a la tarea política, quiero pensar, el poder político responde precisamente a aquello que establece el diccionario de la Real Academia: la facultad o potencia de hacer. Se trata, por tanto, de un instrumento habilitante y capacitador para llevar a la práctica unas ideas determinadas en búsqueda del bien común.

En democracia, por tanto, el poder constituye una oportunidad que concede temporal y condicionadamente la ciudadanía para llevar a cabo un programa político concreto, atendiendo al interés general y sometido a los controles legales. Y el poder es, al mismo tiempo, compromiso para con el resto de la sociedad y responsabilidad en el cumplimiento del cometido correspondiente.

Para cualquier responsable político sería absurdo abjurar del poder o rechazarlo de forma voluntaria. El poder de gobernar o de legislar, por ejemplo, permite adoptar decisiones que transformen la realidad en el sentido que indican las convicciones propias. La expresión y la reivindicación de las ideas, por interesante que resulte, siempre adolecerá de la recompensa que produce su plasmación práctica mediante el ejercicio democrático del poder. Los políticos aspiran, buscan y quieren, queremos, el poder, naturalmente.

Ahora bien, lo que la ciudadanía madrileña lleva más de veinte años contemplando en el gobierno de su Comunidad no tiene nada que ver con esta noción democrática del poder. El núcleo de dirigentes del PP que han protagonizado la política madrileña en este tiempo concibe el poder como un atributo al servicio de la voluntad personal y de los intereses propios. Se trata, además, de un poder desnudo del ropaje de la moralidad y factualmente ajeno a los controles democráticos.

Este poder se ejerce en beneficio propio, reclamando comisiones por la concesión de obra pública o usurpando un título académico para el que no se han reunido los méritos debidos. Es un poder para provecho de la camarilla propia, sean compañeros de partido, socios de empresa, familiares o amiguetes. Y se trata de un poder que faculta también para controlar, chantajear o fulminar al enemigo político, sea del partido opositor o, mucho más frecuente, sea del partido propio, mediante seguimientos policiales, “gestapillos” o dosieres.

Quienes participan de esta concepción del poder no contemplan límites legales ni éticos para alcanzarlo. Por ejemplo, corrompiendo a dos diputados para dar un golpe antidemocrático e impedir la formación del gobierno que ha ganado limpiamente las elecciones. Y si hacen lo necesario para llegar, tampoco muestran escrúpulo alguno en sus maniobras para mantenerse. Por ejemplo, acudiendo al dopaje financiero con dinero negro en las campañas electorales. Pero donde las dan, las toman, y quienes ejercen de este modo el poder suelen acabar muertos políticamente por fuego amigo. Por ejemplo, con la difusión de un vídeo personalmente humillante.

Importa mucho identificar claramente a esa minoría que ejerce el poder cual si se tratara de una mafia, para distinguirla claramente de la mayoría que concibe el poder como el ejercicio de una responsabilidad democrática y ética. Porque esto último es hacer política. Lo primero, no. Lo primero es otra cosa. Es algo contra lo que algunos llevamos dos décadas luchando en Madrid. Es algo que la sociedad madrileña no se merece y que debemos erradicar. De una vez por todas.

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Durante estos días se han divulgado dos informaciones que de forma aislada golpean duramente la conciencia colectiva, pero que asumidas de manera simultánea constatan el fracaso definitivo del modelo social instaurado por la hegemonía derechista en España.

El trasiego de “arrepentidos” del PP por los tribunales de Justicia, más que revelador, está resultando impúdico. El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha sido el último. El otrora referente de la todopoderosa derecha levantina no ha buscado eufemismos para reconocer que su partido se financiaba con “dinero negro” procedente de mordidas empresariales.

En paralelo, y con ocasión de la tradicional reunión de poderes económicos en Davos, la ONG Oxfam-Intermón ha dado a conocer algunos datos reveladores sobre la situación socioeconómica de España tras la gestión de la crisis por el Gobierno Rajoy. Hasta el 28% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza, por percibir menos del 60% de los ingresos medios y por carecer de acceso seguro a los elementos materiales que proporcionan una vida digna.

Entretanto, la Legislatura vigente, que nació tarde y mal, languidece en su agonía. El Presidente no tiene más plan que aguantar y aguantar, a la espera de que los problemas se resuelvan por sí mismos o acaben pudriéndose ante la resignación general. Sin programa y sin equipo creíble, el Gobierno no gobierna y bloquea cualquier iniciativa de la oposición, haciendo uso abusivo y fraudulento de la prerrogativa constitucional del veto presupuestario.

Paradójicamente, el sustento más seguro y eficaz para Rajoy es Puigdemont. La función cómica cotidiana de ex honorable contribuye a camuflar jornada tras jornada las peores consecuencias de la acción y la inacción del Gobierno español. La amenaza secesionista frena, además, los reprochatorios al PP en la medida en que tiene la responsabilidad de dirigir la supervivencia misma del Estado de Derecho.

El enfado y la frustración de la ciudadanía son perfectamente comprensibles. Los problemas se acumulan sin solución, los escándalos se suceden sin asunción de responsabilidad y las instituciones parecen inermes para ofrecer respuestas. Es el caldo de cultivo ideal para que prosperen populistas y oportunistas, morados o naranjas.

Los “arrepentidos”, además, parecen sucederse sin fin. La semana pasada fue el empresario Marjaliza el que reconocía las comisiones millonarias que se repartía con el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Antes de ayer fueron Correa, Crespo y el “bigotes” quienes describían sin sonrojo el saqueo del presupuesto público. Ayer era Pedro J. Ramírez el arrepentido por solicitar siete veces el voto al PP, tras las revelaciones de sus “cuatro horas con Bárcenas”. Y ahora es Costa el que deja en evidencia a toda la cúpula popular.

Y si los escándalos de corrupción no paran, en paralelo tampoco lo hacen las evidencias del crecimiento de la desigualdad y la injusticia social en nuestro país. El mencionado informe Oxfam refleja también que España es el quinto país de Europa en cuanto a desigualdad de ingresos, solo por detrás de algunos países del este. Y cerca del 14% de los asalariados españoles viven en la pobreza, dada la precariedad de sus contratos y lo eximio de sus sueldos.

O paramos esto pronto o el daño producido sobre la credibilidad de nuestras instituciones democráticas será pronto tan profundo como irreversible.

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