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Archive for the ‘Autonomías’ Category

El artículo 66 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.

Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.

Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.

Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.

Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.

El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.

Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.

Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.

Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.

El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.

El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.

Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.

La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.

El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno.

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  • Artículo publicado en Infolibre.es el 23-07-2017

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Los secesionistas no tienen derecho a secesionar territorio alguno, desde luego. Pero tampoco tienen derecho a conducir a la sociedad catalana al callejón sin salida de la insurrección legal. Y menos aún tienen derecho para forzar a catalanes y demás españoles a malgastar las energías que debiéramos dedicar a los auténticos desafíos de nuestro tiempo, como la globalización sin reglas, la economía sin justicia y el recorte generalizado de derechos.

No hay mejor aliado para Rajoy en estos momentos que el desvarío secesionista. ¿Qué mejor argumento que la amenaza separatista para desviar la atención de la pobreza laboral creciente, de los jóvenes sin futuro o de las corruptelas por doquier? Cuánto más grande sea el esperpento independentista, más se reivindicará Rajoy como defensor del imperio de la ley y de la unidad de la patria.

Ensoñadores independentistas aparte, la mayoría de quienes hoy dirigen el procés catalán se apuntaron a la aventura por pura estrategia herestética. Se trataba de dar la vuelta a un escenario con la recesión económica y la corrupción política como protagonistas inevitables. Elevemos la mirada de la gente hacia las banderas esteladas para que no se fijen en el piso del deterioro social y moral.

Pero la escapada se les ha ido de las manos, y ahora no saben cómo parar un procés absolutamente desbocado. Quizás confiaron ingenuamente en que el PP les daría una salida tarde o temprano. Ignoraban quizás que las amenazas de secesión sonaban como música celestial en un Gobierno deseoso de sustituir la imagen de la madrastra recortadora por la del príncipe rescatador, al menos de cuando en cuando.

Los secesionistas están atrapados en su propia trampa. Ya han renegado de la Constitución, de las leyes y de las sentencias judiciales. Escriben leyes de transitoriedad que no se atreven a registrar siquiera. Anuncian proclamas de república independiente que no se creen ni sus propios consejeros. Fulminan al disidente por dudar, mostrando la debilidad más cruda.

Pero su trampa es en buena medida la de todos, catalanes y demás españoles incluidos. Porque será inevitable ocupar tiempo, titulares y trabajo a desenredar el lío que están provocando. Porque el descrédito internacional nos mancha a todos. Y porque Puigdemont, Junqueras y compañía están trabajando duramente para construir este otoño una sensacional vía de escape a un Gobierno español acorralado por la pobreza y la corrupción ¿Quién se atreverá a cuestionar a aquellos que están llamados a salvar España de la secesión?

No tienen derecho.

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Durante estos días en los que se ha conocido el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, los dos últimos presidentes populares de la Comunidad de Madrid, han sido muchos los madrileños que han rememorado el penoso episodio que dio nacimiento a esta etapa negra de la política en nuestra región: el tamayazo.

Desde el mismo mes de junio de 2003, cuando se perpetró aquel golpe antidemocrático, la gran mayoría de los madrileños concluyeron con buen juicio que las motivaciones de sus protagonistas estaban relacionadas con la corrupción. La conducta de los personajes y las evidencias del entramado revelaban con claridad que aquello se había montado para frustrar el Gobierno decente que habían votado los madrileños, y para dar paso a otro Gobierno con intenciones bien distintas y contrapuestas.

Las informaciones conocidas ahora a propósito de la operación Lezo, sumadas a las ya sabidas sobre Gurtel, Correa, Púnica y demás, ayudarán a muchos a entender aún mejor el qué y, sobre todo, el por qué de aquella operación. Los Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Ricardo Romero de Tejada y demás conspiraron para abrir la mayor etapa de saqueo y rapiña sobre las arcas públicas que se ha conocido en nuestro país desde la recuperación de las libertades.

Ojalá el desarrollo del proceso judicial contribuya además a constatar los detalles del quiénes, del cómo y, sobre todo, del cuánto, en torno a aquel lamentable episodio. Los madrileños merecen saberlo, y los culpables merecen ser debidamente castigados.

Rememorar aquellos días aciagos no me provoca ninguna frustración personal, frente a lo que piensan algunos. La frustración es doble, pero tiene que ver con el presente y el futuro de los ciudadanos de mi Comunidad. La primera frustración es por el daño infligido sobre la propia democracia y su credibilidad. Los madrileños comprobaron cómo se puede torcer a golpe de talonario la voluntad democrática expresada limpiamente en las urnas. No es una buena enseñanza.

La segunda frustración está relacionada con la vida de mis conciudadanos. El saqueo de los corruptos se cebó en la especulación sobre el suelo de Madrid, en el inflado de la burbuja inmobiliaria, en el latrocinio sobre los contratos públicos, en la privatización de servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas… ¿Hasta qué punto un Gobierno decente podría haber mejorado la vida de los madrileños? Quiero pensar que mucho, y ese pensamiento resulta frustrante.

Pero entretanto se constata el por qué y se van aclarando el quiénes, el cómo y el por cuánto, conviene ir resolviendo las responsabilidades políticas. Aguirre, la “jefa”, ha dimitido ya. Pero Cifuentes tiene que dar cuentas también por su papel en la trama, el activo y el pasivo, porque formó parte de la dirección del PP y de su grupo parlamentario mientras se consumaban las fechorías.

Y ahora la carga de la prueba recae especialmente sobre Ciudadanos. Resulta contradictorio hasta lo insoportable el presentarse ante la ciudadanía como una fuerza política regeneradora de la vida pública y sostener al mismo tiempo un Gobierno del PP corrompido hasta el tuétano en Madrid. O se sopla o se sorbe…

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simancas211216

Parece abrirse paso la convicción que invita a llevar a cabo algunos cambios en la Constitución Española, tras 38 años de vigencia y muchas menos modificaciones que otras cartas magnas en las democracias consolidadas de nuestro entorno. Sin embargo, los planteamientos en cuanto al alcance, los contenidos y las condiciones de tales cambios son muy diversos en unas y otras latitudes políticas.

Las distintas posiciones sobre las modificaciones en la Constitución pueden agregarse en dos grandes bloques: los que plantean reformas constitucionales y los que apuestan por un proceso constituyente. Las diferencias son de tal calado que invitan al pesimismo en cuanto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo mínimo de carácter general.

Los reformistas tienen como objetivo mejorar y actualizar el texto aprobado en el año 1978. Los liquidacionistas pretenden demoler la Constitución del 78 para elaborar otra distinta desde cero. El primer planteamiento implica reconocer las aportaciones del texto vigente a la convivencia y al desarrollo de la sociedad española, para construir sobre lo construido. La segunda opción, por el contrario, significa dar por fallido lo que llaman el “régimen del 78” para erigir un nuevo régimen sobre bases distintas.

Las contribuciones de la Constitución de 1978 al progreso de los españoles son de tal magnitud y evidencia, que su negación solo puede explicarse desde la ignorancia supina respecto a nuestra historia o desde prejuicios ideológicos afortunadamente minoritarios en nuestro país. Puede afirmarse con la rotundidad que aporta el análisis más objetivo que los 38 últimos años han sido los más positivos de la historia de España en prácticamente todos los órdenes, desde el progreso económico hasta el disfrute de derechos y libertades, desde el ejercicio de la democracia hasta la mismísima convivencia pacífica entre españoles.

Tal valoración no obsta para reconocer carencias y debilidades que aconsejan vivamente acometer reformas, incluso reformas de calado si se quiere. Pero tal reconocimiento no puede legitimar en modo alguno los planes de quienes buscan derribar este puntal de nuestro desarrollo para sustituirlo por nadie sabe qué.

Uno de los grandes valores del texto del 78 radica precisamente en aquello que los liquidacionistas más denuncian: el consenso entre diferentes. Sin embargo, ya hubo muchas experiencias de constituciones “puras” o “de parte” en nuestra historia, y todas ellas fracasaron por no aglutinar siquiera a las grandes mayorías en torno a unas reglas básicas para organizar el espacio público compartido.

En consecuencia, tiene sentido abordar el debate sobre los cambios pendientes en la Constitución a partir de eso que se está dando en llamar “el perímetro de la reforma”. Se trata de reformar a partir de lo establecido. Se trata de mejorar lo que requiere actualización y mejora. Se trata de dar nuevos pasos en el camino emprendido. Y esta tarea requiere de algunos acuerdos previos.

Los contenidos a explorar en una reforma constitucional han de referirse a tres grandes cuestiones. En primer lugar, la consolidación y el avance de los derechos de ciudadanía, como el derecho a la protección frente a la enfermedad, frente a las situaciones de dependencia y frente a la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar, la cualificación de nuestras instituciones y procedimientos democráticos. Y en tercer lugar, la vertebración territorial del Estado, clarificando competencias, distribuyendo financiación con criterios definitivos y asegurando la colaboración eficaz entre administraciones.

Frente a las estrategias liquidacionistas, el proceso de reforma no ha de poner en cuestión los fundamentos del consenso constitucional que asegura nuestra convivencia, tales como la garantía para la unidad del país, la igualdad de todos los españoles y su régimen democrático representativo.

España ya tuvo un proceso constituyente, que nos llevó de la dictadura a la democracia. Aquellos que ahora reclaman un nuevo proceso de este calado tendrán que aclarar hacia dónde quieren llevarnos,… o devolvernos.

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tezanos101215

Cada vez resulta más evidente que Rajoy no podrá sumar apoyos suficientes para su investidura. El PP se ha quedado muy solo, porque ha hecho demasiado daño a los españoles durante los cuatro últimos años. La iniciativa aún es del primer partido en votos, pero cuando tenga que reconocer su fracaso, se abrirán dos opciones tan solo: o se intenta un acuerdo para un Gobierno alternativo en clave progresista, o vamos a unas nuevas elecciones generales.

La conformación de un Gobierno progresista alternativo será muy difícil, porque las fuerzas llamadas a hacerlo realidad son muy diversas en su origen, en su ideario, en sus objetivos y en sus estrategias. Y porque la aritmética de la representación parlamentaria no apunta precisamente a una suma estable.

Ahora bien, sería inaceptable que se llegara a la última opción, las elecciones repetidas, sin haberlo intentado a fondo. Sería inaceptable repetir elecciones por la resignación o el cálculo partidista de quienes han sido mandatados por la ciudadanía para procurar un cambio progresista en el Gobierno que regirá los destinos del país durante los próximos años.

Hay que intentarlo por exigencia democrática, porque los representantes electos no tenemos derecho a ignorar la voluntad de los electores, por complejo que sea el escenario que han establecido con su voto soberano. Hay que intentarlo por respeto al procedimiento parlamentario, porque las opciones para la formación de un Gobierno no han de limitarse a la iniciativa del grupo que ha obtenido más votos. Hay otras opciones, y tienen que explorarse mediante un intento honesto de diálogo y de entendimiento.

Y hay que intentarlo por interés de la mayoría. Más del 70% de los españoles han votado contra la continuidad de las políticas de Rajoy y del PP. Es cierto que en ese 70% hay propósitos y posiciones heterogéneas, pero esto no obsta para buscar análisis compartidos y plataformas para el acuerdo por el bien común.

Ya puede constatarse una mayoría clara a favor de derogar la reforma laboral del PP y recuperar derechos para los trabajadores. Hay una mayoría para derogar la ley Wert y procurar un pacto por una educación con calidad y con equidad. Hay una mayoría clara para derogar la ley mordaza, abrir las instituciones a la participación y cerrar las instituciones a la corrupción. ¿Por qué no hacer efectiva esta mayoría en un programa de Gobierno?

Existen precedentes interesantes para este esfuerzo. En Portugal, en muchas Comunidades Autónomas españolas y en miles de Ayuntamientos. ¿Es fácil? No, es difícil. Pero, ¿desde cuándo la izquierda renuncia a transformar la realidad porque resulta difícil gobernar? Mucho más difícil será la vida para la mayoría de los españoles si la derecha sigue gobernando en interés de unos pocos, por renuncia, por incapacidad o por incomparecencia de las fuerzas del cambio progresista.

En su momento, corresponderá al PSOE, como primera fuerza del cambio, tomar la iniciativa de convocar al diálogo para intentar la formación de un Gobierno alternativo. Y habrá de hacerlo a partir de las ocho grandes reformas que estableció su Comité Federal el pasado día 28 de diciembre: la recuperación justa con buenos empleos, el pacto educativo, la defensa del Estado de Bienestar, la sostenibilidad de las pensiones, la agenda para la regeneración democrática, el pacto contra la violencia de género, la reforma constitucional y el compromiso por la integración europea.

Se trata de una agenda de interés general sobre la que pueden fraguarse grandes acuerdos. No sería razonable, desde luego, que se frustrara el entendimiento mediante condiciones de imposible asunción, por su contradicción evidente con la voluntad y el interés de las mayorías. Se puede tratar y se puede acordar la revisión del modelo territorial vigente, incluida la reforma constitucional, pero no es aceptable abrir la puerta a la ruptura del Estado que asegura los derechos y las libertades de todos los españoles, especialmente de los más vulnerables.

¡Claro que será muy difícil! ¡Y claro que hay que intentarlo!

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simancas301215

Hay una constante en la historia española del último siglo que relaciona directamente la unidad y la fortaleza del PSOE con los mayores progresos colectivos en nuestro país. La constante se mantiene también en sentido inverso. Cuando el PSOE está unido y fuerte, España avanza. Cuando el PSOE está dividido y débil, España sufre. Tengámoslo en cuenta para estos días difíciles.

Un Partido Socialista fortalecido en su organización y en su liderazgo dio pie a los grandes avances sociales del periodo republicano entre 1931 y 1933, gracias a la gestión de los ministros socialistas Largo Caballero –en Trabajo-, Fernando de los Ríos –en Instrucción Pública- e Indalecio Prieto –en Obras Públicas-.

El largo periodo de unidad y fortaleza socialista que se inauguró en Suresnes (1974), con Felipe González y Alfonso Guerra, proporcionó a España una Transición Democrática modélica, la incorporación a las instituciones europeas y la creación del Estado de Bienestar. El cierre de filas en torno a Zapatero tras el 35 Congreso dio pie una nueva etapa de fortalecimiento de derechos y libertades civiles a partir de las elecciones generales de 2004.

En sentido contrario, las crecientes controversias internas en el PSOE conforme maduraba el periodo republicano contribuyeron a la inestabilidad del régimen, a la llegada del bienio negro derechista y, desde luego, ayudaron poco en la tarea de evitar los trágicos acontecimientos posteriores.

Las fracturas en el seno del Partido Socialista durante los años noventa precipitaron el desgaste del mejor Gobierno que ha tenido la historia de España, y dieron lugar a la llegada del denostado Aznar, sus políticas ultraliberales y la lamentable participación de nuestro país en la guerra de Iraq. Y por último, los desencuentros durante y después del 38 Congreso socialista en Sevilla (2012) debilitaron, sin duda, la oposición que hubiera merecido la mayor ofensiva de la derecha contra los derechos de los españoles, protagonizada por Mariano Rajoy bajo la excusa de la crisis económica.

Los desafíos que tiene la sociedad española ante sí en este nuevo tiempo político requieren de un PSOE a la altura de su propia historia.

España afronta un gravísimo deterioro social, producto de la revolución conservadora emprendida a partir del año 2012. La reforma laboral ha precarizado los empleos, ha empobrecido a los trabajadores y ha finiquitado la negociación colectiva. Los recortes sociales han acabado con la universalización de la sanidad pública, ha hecho retroceder la calidad y la equidad de la educación, ha convertido la Ley de atención a la dependencia en papel mojado, y ha puesto en crisis la dignidad de las pensiones de hoy y su sostenibilidad para mañana.

El avance separatista en Cataluña y la indolencia calculada en términos electorales por la derecha española han puesto en riesgo la integridad territorial del país. Y la resistencia del PP a la apertura de las instituciones y al control efectivo de las corruptelas ha causado una gran desafección hacia el propio sistema democrático por parte de millones de españoles, especialmente entre los más jóvenes.

El PSOE no ha concurrido a las elecciones del 20 de diciembre en su mejor momento, claro está. Arrastra problemas de fondo desde hace tiempo. No ha logrado acelerar el ciclo histórico que retrasa significativamente en nuestro país la recuperación de la credibilidad como alternativa tras una mala salida del Gobierno. El ciclo histórico entre la salida del Gobierno y la vuelta a las mayorías nunca fue de solo cuatro años, y el vacío dejado por el rápido deterioro electoral del PP ha sido ocupado en buena parte por otras fuerzas con crédito disponible para promover el cambio.

A pesar de los evidentes esfuerzos en este último año y medio, al PSOE aún le cuesta combinar su tradicional discurso a favor de la igualdad y la justicia social con el discurso necesario para atender las demandas de la “nueva política”, en relación a la regeneración, la renovación, la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas.

El llamado malestar urbano, consecuencia de una crisis letal y una gestión flagrantemente injusta de esa crisis, ha alimentado el surgimiento de fuerzas coyunturales, sin facturas que pagar por errores pasados y con un desparpajo notable para pronunciar las descalificaciones más gruesas y las promesas más imposibles de cumplir, pero que muchos ansiaban escuchar.

La fuerte influencia de los medios de comunicación de masas y el creciente peso de las nuevas redes sociales en la conformación de la opinión pública, han favorecido por una parte a la derecha respaldada por los grandes grupos económicos y, por otra, a las emergencias de moda. No es un escenario fácil para una fuerza política socialdemócrata y tradicional como el PSOE.

A pesar de todas las dificultades, el Partido Socialista, con Pedro Sánchez al frente, ha llevado a cabo un gran esfuerzo colectivo durante este último año plagado de difíciles citas electorales. Los resultados del 20 de diciembre fueron objetivamente malos, pero el PSOE se ha mantenido como la primera referencia del cambio progresista en España, con 90 diputados y más de 5,5 millones de votos. Los socialistas gobiernan en nueve de diecisiete Comunidades Autónomas y en miles de Ayuntamientos. No es el mejor bagaje posible, pero es una buena base para disponerse a servir con coherencia y eficacia al bien común del país.

En este momento histórico complejo, España necesita al PSOE. Y el PSOE necesita de toda la fuerza que deviene de los valores progresistas compartidos con la gran mayoría de los españoles, de su experiencia en el liderazgo de los grandes retos del país, de sus equipos capaces en la resolución de las crisis más complejas, de su compromiso indeclinable con el interés de España por encima de cualquier otro interés…

Es la hora del PSOE. Nuevamente. Y lo último que necesita el PSOE es una nueva crisis orgánica. Porque sufriría el PSOE. Y, sobre todo, porque sufriría España.

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simancas131115

En un Estado de Derecho, la ley es la expresión y la garantía de la democracia. Porque las leyes las aprueban los legítimos representantes de la ciudadanía, elegidos mediante elecciones libres. Y porque el imperio de la ley blinda los derechos democráticos de la ciudadanía frente a poderes, fuerzas o influencias espurias.

Resulta extraño tener que recordar estos principios tan elementales en democracia, pero la contumacia del independentismo catalán en el desafío a la ley y a las sentencias de los Tribunales lo hace obligado.

Por tanto, es falaz el argumento que busca enfrentar la legitimidad de la ley a la legitimidad de la democracia. En un Estado de Derecho como el nuestro, se trata de las dos caras de una misma moneda. La ley surge de la democracia, y la democracia se sustenta en la ley. Cuando los secesionistas aluden al mandato de las urnas para dar la espalda a la ley, están traicionando a ambas, a la ley y a la democracia.

Las leyes pueden interpretarse de manera diversa, bajo arbitraje judicial, y se hace. Las leyes pueden recurrirse cuando se considera una posible vulneración constitucional, y se hace. Las leyes pueden cambiarse mediante los procedimientos establecidos en la propia ley, y de hecho se cambian cada día. Pero las leyes no pueden ignorarse o vulnerarse impunemente, porque entonces se violentan las bases de la mismísima convivencia democrática.

Los independentistas, por tanto, pueden someter al arbitraje de los tribunales aquellas leyes del Estado a las que se oponen. Y pueden hacer propuestas a través de sus representantes en las Cortes Generales para cambiar esas leyes. Incluso pueden plantear un cambio de la ley más importante de todas, la Constitución Española que la sociedad catalana votó mayoritariamente, por cierto.

Pero no pueden ignorar las leyes del Estado, ni pueden saltárselas, ni pueden incumplirlas. Y si lo hacen, la propia ley debe aplicar sus mecanismos legítimos de defensa. Para salvar la ley, para salvar el Estado de Derecho, y para salvar la democracia.

Quien no está con la ley, no está con la democracia. Y quien no está con la democracia está con la tiranía.

El resto de argumentos de que hacen uso algunos independentistas, comenzando por el máximo representante en funciones del Estado en Cataluña, Artur Mas, son sencillamente ridículos.

Comparar la situación de la sociedad catalana con la discriminación que sufren las mujeres privadas de derechos y de sufragio en algunos países, desacredita a quien lo expresa. Tratar de establecer paralelismos entre la Cataluña actual y la Suráfrica del aparheid es sencillamente un insulto para los millones de personas que lo sufrieron.

Y reivindicar las resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación en las colonias sometidas y explotadas del siglo XX, denota una ignorancia sobre el derecho internacional y sobre la historia misma que imposibilita cualquier debate serio.

Afortunadamente, la gran mayoría en Cataluña y en el resto de España sigue creyendo en la democracia y sigue defendiendo el imperio de la ley, frente a la tiranía y la barbarie.

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