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Archive for the ‘Pensiones’ Category

Cada vez que el Gobierno socialista ofrece una noticia relevante y positiva para los españoles, surge como por causalidad otra noticia negativa y no tan relevante que desvía la atención. Es automático y es reiterativo pero, desde luego, no es casual. Cuando el Gobierno anuncia la recuperación de la sanidad universal, el fin de los recortes educativos o el gasto añadido contra la pobreza infantil, “aparecen” falsas polémicas sobre tesis doctorales o charlas de sobremesa grabadas hace casi una década.

Es una constante y era previsible. El Partido Socialista sabía que la derecha no abandona nunca el poder de buena gana y suele hacer uso de prácticas torticeras para hacer oposición, tales como utilizar la lucha antiterrorista contra el Gobierno, azuzar conflictos territoriales o practicar la “caza al hombre”. Fue lo habitual durante los gobiernos de González y Zapatero. La derecha y sus cloacas siempre han tratado de tumbar a los gobiernos socialistas y, sobre todo, a sus políticas progresistas, por las buenas o por las malas. Al gobierno que yo mismo había de presidir en Madrid hace quince años ni tan siquiera le dejaron nacer.

Ahora bien, tal realidad no puede impedir, ni ralentizar, ni ocultar, el avance en las políticas que el Gobierno socialista pone en marcha a favor de la justicia social y la decencia en la vida pública. Ni lo lograron antes, ni lo van a lograr ahora.

El último éxito a subrayar ha sido el acuerdo suscrito por la gran mayoría de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, para garantizar la mejora anual de las pensiones con arreglo al aumento del coste de la vida. Un logro que debe apuntarse tanto a la movilización de los pensionistas, como al empuje del Gobierno y el buen trabajo de los diputados socialistas. (Permitan que cite a todos los integrantes de esa comisión: Merçé Perea, Carmen Cuello, Amalia Rodríguez, Salvador de la Encina, Jesús M. Fernández, Sonia Ferrer, Gema López, Margarita Pérez y Luis C. Sahuquillo y, especialmente, a su portavoz Adriana Lastra).

Tras varios años de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas, la representación parlamentaria de los españoles, liderada por el PSOE, ha recuperado el compromiso público con la dignidad de las pensiones. Volvemos así a la senda del consenso en la garantía de nuestro sistema de pensiones, que el PP rompió unilateralmente con su reforma-recorte del año 2013. Se termina de esta manera con la indignidad del 0,25% como subida límite anual, que arrojaba a nuestros pensionistas a la pobreza progresiva.

No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer. Para transformar este acuerdo parlamentario en una ley de presupuestos es preciso antes aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria negociada por la ministra Calviño en Bruselas. Esta nueva senda ofrece un margen de 2500 millones de euros más en las cuentas de la Seguridad Social, pero la derecha de PP y Ciudadanos la está bloqueando en la Mesa del Congreso, contra el Reglamento y contra el más elemental sentido de la responsabilidad.

Y a medio plazo es necesario definir una doble estrategia, en el Parlamento y mediante el diálogo social, en los gastos y en los ingresos del sistema de pensiones. Respecto a los primeros, además de comprometer la subida conforme al IPC, cabe trasladar gastos administrativos y de personal, hasta ahora sostenidos por la Seguridad Social, a los presupuestos de la administración central del Estado. Asimismo, habrá que revisar el cúmulo de reducciones y bonificaciones de dudosa eficacia que se aplica al albur de las políticas de promoción del empleo.

Respecto a los ingresos hay que ser honestos y valientes. Si queremos un Estado de Bienestar de primera y unas pensiones de primera, necesitaremos una fiscalidad de primera también. Pero aún estamos a más de ocho puntos de PIB en porcentaje de gasto público respecto a la media de la zona euro. Hará falta destopar cotizaciones y prever ingresos provenientes de los impuestos. ¿A quién cobrárselos? A quienes más tienen, a quienes más ganan y, sobre todo, a quienes más esconden…

Ellos a sus ruidos. Nosotros, a gobernar por el bien común. Pero que no nos despisten…

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Las convocatorias se suceden, los actos se llenan, las concentraciones se desbordan… Los pensionistas constituyen un colectivo paciente, pero la paciencia parece haberse agotado para un número creciente de ellos. Hasta hace bien poco mostraban un perfil político conservador y poco movilizado. Sin embargo, las cosas están cambiando.

¿Cuál ha sido el detonante? Probablemente no pueda hablarse de un solo factor. Sin duda ha influido mucho la carta recibida por cada pensionista en la que se informa de la subida de la prestación por debajo del aumento del coste de la vida, un año más. Seguro que ha tenido que ver la coincidencia de esa carta con las noticias sobre las celebraciones del Gobierno por el crecimiento de la riqueza nacional. Y con seguridad han afectado las declaraciones de la inefable presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, doña Celia Villalobos, reprochando a muchos pensionistas vivir más años de los debidos a costa de la pensión.

Pero la causa del enfado progresivo de muchos pensionistas tiene más fondo y viene de más lejos. Los pensionistas se están empobreciendo clara y gravemente desde la aplicación de los recortes impuestos por el Gobierno del PP entre los años 2012 y 2013, con la excusa de la crisis. Por virtud de aquellos recortes, los pensionistas españoles son los únicos de Europa que no ven aumentar sus prestaciones conforme se incrementan los precios, porque una ley de 2012 limita esa subida al 0,25%. Además, los pensionistas han asumido en este tiempo nuevos gastos como consecuencia de la retirada de la subvención pública a muchos medicamentos, y por causa del aumento de las facturas que corresponden a suministros básicos, como la electricidad o el gas.

No obstante, las preocupaciones muchos pensionistas no se limitan a su propia condición. En cada ocasión que tienen para transmitir preguntas o inquietudes a aquellos que les representamos en las instituciones, un gran número de pensionistas expresan preocupación por el futuro del propio sistema público de pensiones y por cómo afectará el desequilibrio de sus cuentas a las pensiones de mañana, a las propias y a las de sus hijos y nietos.

La derecha política y económica, la azul y la naranja, se equivoca en algo crucial. Para ellos, el éxito de una sociedad puede medirse en décimas del PIB o en puntos de Ibex. Para la gran mayoría de la sociedad española, sin embargo, los avances y los retrocesos tienen mucho más que ver con las condiciones de equidad y de justicia social, con el ejercicio de los derechos, con la atención a las necesidades básicas. El éxito y la dignidad misma de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Por ejemplo, a las personas que han trabajado y han cotizado toda la vida con la esperanza de asegurar una vejez sin grandes privaciones.

En su afán por reducir el gasto público, desequilibrar las cuentas de la Seguridad Social y promocionar el negocio de los fondos privados de pensiones, a la derecha se le ha ido la mano. Han buscado, como siempre, convencer a la mayoría de lo “insostenible” de nuestro sistema público de pensiones, intentando engañar respecto a las causas auténticas de su déficit actual: la reforma laboral del PP que tira salarios y cotizaciones; los regalos del PP a los empresarios en forma de reducciones injustificadas en las cotizaciones sociales; los gastos impropios que se cargan a las cuentas de la Seguridad Social; el vaciado del Fondo de Reserva que llegó a 67.000 millones de euros con el último Gobierno socialista. Es decir, causas imputables a la propia derecha.

Tanto empeño han puesto en mostrar las debilidades del sistema, para cercenarlo, para justificar la reducción del gasto, para legitimar nuevos recortes en las prestaciones, para estimular el negocio de las pensiones privadas, que han logrado generar dudas sobre la viabilidad misma de las pensiones públicas.

Y los pensionistas han tomado conciencia de la amenaza. Y se han enfadado. Y se están movilizando para defender lo que es suyo, y es de todos, y forma parte de nuestro modo de vida.

Hay razones para el enfado y para la movilización. Pero desde la garantía de que el sistema público de pensiones es perfectamente viable y tiene todo el futuro que la propia sociedad quiera darle. Con otras políticas, desde luego. Derogando los recortes del PP. Vinculando la subida de las pensiones con el coste de la vida. Equilibrando las cuentas por la vía de recuperar los salarios, racionalizar los gastos impropios, eliminar las reducciones injustificadas en las cotizaciones y aplicar los impuestos necesarios sobre las rentas, beneficios y patrimonios más privilegiados.

Hay soluciones, y llegarán más rápido si sabemos combinar el trabajo institucional que nos toca a los representantes de la ciudadanía, con la movilización justa y legítima de quienes se saben y se sienten llamados a defender en la calle el patrimonio de todos, nuestro Estado de Bienestar.

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Bastó que Pedro Sánchez apuntara someramente durante un desayuno informativo las claves de la apuesta socialista por garantizar pensiones dignas, para que se desataran las críticas instantáneas y furibundas desde la derecha, la explícita y la fáctica. Que si demagogia, que si revanchismo, que si seguidismo podemita…

Era lógico y previsible. Por varias razones. Hablar del sistema de pensiones es hablar del modo de vida de nueve millones de españoles y de quienes de ellos dependen. Muchos votos. Hablar de solidez en el sistema público de pensiones supone afectar intereses económicos muy privados y muy relevantes. Y si quien habla es alguien con serias posibilidades de convertirse en el próximo Presidente del Gobierno de España, los nervios se disparan.

Y esto irá a más. Porque el PSOE está empeñado en sumar voluntades para ganar las próximas elecciones, y quiere hacerlo desde una izquierda de gobierno, pero una izquierda valiente. Tan valiente como para ponerse al lado de los pensionistas de hoy y de mañana, a pesar de las diatribas, las campañas orquestadas y las apuestas evidentes de los poderes fácticos por la derecha vieja o nueva, azul o naranja, tradicional o transformista.

¿Por qué? Porque el PSOE es esto, precisamente. Desde hace 140 años, los socialistas han hecho frente a quienes tachaban de demagogia la jornada semanal de 40 horas, las vacaciones pagadas, la sanidad universal, la educación gratuita, las ayudas a la dependencia… y las pensiones dignas. Ese es el papel del partido de la igualdad, del partido constructor del Estado de Bienestar en España, del partido del crecimiento justo, del partido que defiende los derechos de aquellos a los que nunca defendieron ni defenderán esos poderes fácticos.

Porque, ¿cuál es el propósito y la estrategia de la derecha en materia de pensiones? Hablando claro: se trata de crear las condiciones que lleven a reducir el gasto público en prestaciones. ¿Las  razones? A menor gasto público, menos impuestos para los que más deben contribuir. Y a menos atractivo en las pensiones públicas, más negocio para quienes comercializan las pensiones privadas.

¿Cómo lo hacen? Cuando gobiernan los suyos, como ahora, disparan el déficit de la Seguridad Social recortando sus ingresos y esquilmando el Fondo de Reserva: cuotas reducidas por la precariedad salarial, reducciones de cuotas empresariales, cobertura de parados a la baja… Y una vez el déficit se convierte en estructural, avivan el discurso sobre lo “insostenible” de nuestro sistema de pensiones. “Algo habrá que hacer…”. ¿Qué? Recortar las prestaciones, desde luego.

En resumen: la derecha plantea encontrar un sistema de pensiones a la medida de su sistema económico, fiscal y laboral.

El PSOE, por el contrario, plantea buscar un sistema económico, fiscal y laboral a la medida del sistema de pensiones dignas al que no estamos dispuestos a renunciar.

La propuesta de Pedro Sánchez que tanto ha asustado a los poderes fácticos tiene dos objetivos: asegurar prestaciones dignas a los pensionistas y equilibrar las finanzas de la Seguridad Social.

Lo primero se logra derogando la reforma impuesta por el PP en 2013, que ha convertido a España en el único país europeo que no vincula la subida de las pensiones ni con precios ni con salarios. Hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones haciendo que suban conforme al coste de la vida, acabando con el límite del 0,25% que empobrece día a día a los pensionistas.

El segundo propósito se logra racionalizando gastos y aumentando ingresos. Los gastos a racionalizar son los gastos administrativos que se cargan indebidamente a las cuentas de la Seguridad Social, y los regalos millonarios que se hacen a muchos empresarios en forma de reducciones de cuotas.

Y los ingresos a aumentar han de llegar por varias vías: derogando la reforma laboral que tira a la baja los salarios (y sus cotizaciones); intensificando la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para evitar fraudes; destopando cotizaciones; y con impuestos, sí, porque los impuestos están para cumplir objetivos de interés social, como el de ofrecer un digno descanso a quienes llevan toda la vida trabajando duro.

El planteamiento del PSOE es valiente, pero es riguroso. Los números salen. Los ejemplos de lo que se quiere hacer aquí se pueden encontrar en nuestro entorno europeo. ¿Mucho gasto? Ahora gastamos en pensiones poco más del 11% del PIB, y hay margen hasta el 14 o el 15% de Italia, Francia o Alemania. ¿Impuestos con compromiso finalista? ¿Incluso a la banca? Lo hacen los británicos sin que se hunda la City. Lo hacen los franceses sin que quiebre la República y su grandeur…

La batalla será dura. Pero ¿qué batalla de las que merecen la pena no ha sido dura para el PSOE en sus 140 años de historia?

Que vayan preparando sus adjetivos para las propuestas que quedan, en lo laboral, en la educación, en la sanidad, en el ingreso mínimo… Van a necesitarlos todos.

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El próximo martes 12 de diciembre subiré una vez más al estrado de oradores del Congreso de los Diputados con objeto de reclamar medidas para combatir la desigualdad y la pobreza crecientes en nuestra sociedad. En esta ocasión se trata de exigir el aumento de las pensiones que cobran las viudas más pobres.

Lo haré con la satisfacción del cumplimiento de un deber político y moral. Pero lo haré también consciente de que el rechazo previsible a estas demandas seguirá acrecentando el número de quienes se sienten cada vez más alejados de un sistema que consolida y profundiza las injusticias.

La cuestión es como sigue. Una disposición adicional de la ley de pensiones del año 2011 mandataba al Gobierno para incrementar progresivamente la cuantía de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años en riesgo de pobreza. La llegada del PP al Gobierno supuso el aplazamiento de tal medida por razones de equilibrio presupuestario en un contexto de crisis.

Aun siendo discutible la paralización de esta medida en los años duros de recesión económica, lo que resulta absolutamente inaceptable es que las viudas más pobres sigan esperando su aplicación tras varios años de crecimiento económico. Pero así ha sido durante los seis últimos ejercicios. Y el caso es que las viudas más necesitadas cobran hoy casi un 12% menos en sus pensiones de lo que les corresponde según aquella ley de 2011.

Por tanto, la exigencia que planteamos al Gobierno tiene varias razones. La primera es de justicia social, porque los pensionistas en general y las viudas en particular están empobreciéndose gravemente desde que gobierna el PP.

A la inaplicación de la medida mencionada hay que añadir un índice limitado de revalorización anual de pensiones, el 0,25%, que sistemáticamente se queda por debajo de la subida de los precios. Y a esto hay que sumar los copagos farmacéuticos, y la retirada de 400 medicamentos del sistema nacional de salud, y la subida del recibo de la luz un 7%…

La segunda razón tiene que ver con el Estado de Derecho. Si exigimos a la ciudadanía el sometimiento al imperio de la ley, no cabe que el Gobierno se lo salte, por razones espurias además.

Hace escasos días, PP y Ciudadanos respaldaron al Gobierno vetando la tramitación de una propuesta de Ley socialista que obligaba a la Seguridad Social a aplicar inmediatamente la subida de las pensiones de viudedad más bajas. El argumento era el del coste. Al parecer, el coste de 800 millones de euros que podría tener esta medida desequilibraba de una manera insoportable el presupuesto de un Estado que ha rescatado a los bancos con 40.000 millones y que aflorado otros 40.000 millones de dinero negro con una amnistía fiscal vergonzosa.

Y esto me lleva a la razón definitiva para la defensa de la moción del martes 12: la razón de la defensa del sistema democrático. Porque los poderes públicos no pueden adoptar decisiones que sus responsables son incapaces de explicar. ¿Cómo explicar que el Gobierno de una economía que crece a más del 3%, y que rescata autopistas de peaje con miles de millones de recursos públicos, se niega a financiar con 800 millones una subida mínima en las pensiones de las viudas más pobres?

Cuidado con seguir estirando la cuerda de la desigualdad. Un día puede romperse.

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Eran exactamente las 19 horas, 59 minutos y 34 segundos del 20 de noviembre, cuando el Registro General de las Cortes recibió el escrito del Gobierno por el que se vetaba la tramitación de la Proposición de Ley de mejora de la pensión de viudedad. Exactamente 26 segundos antes de expirar el plazo legal.

Esos 26 segundos marcan la diferencia entre dar curso o mandar a la papelera una propuesta de ley presentada por un Grupo de 84 diputados elegidos por la ciudadanía española. Es cierto que el Constituyente otorgó al Gobierno la facultad de evitar la tramitación de iniciativas que desequilibraran la balanza de gastos e ingresos públicos. Y es igual de cierto que este Gobierno hace uso abusivo y fraudulento de tal facultad.

El documento que el Gobierno registró con apenas 26 segundos de margen esgrime un coste presuntamente inasumible y desequilibrante de 858,42 millones de euros para aplicar la medida propuesta. Asegurar, como hace el Gobierno, que un gasto de 858 millones descabalga de manera insuperable un presupuesto de más de 400.000 millones es un insulto a la inteligencia de los españoles. Y frustrar con tal falacia la subida de las pensiones a las viudas con menos recursos constituye una injusticia muy lamentable.

Los demócratas sabemos que la democracia también es aritmética, y sabemos que por muy justa que sea tu idea, si hay más partidarios de rechazarla que de aceptarla, la buena idea no saldrá adelante. Lo que resulta difícilmente asumible desde una cultura democrática es que un Gobierno en minoría logre impedir vez tras vez la tramitación y el debate siquiera de aquellas iniciativas con las que no está de acuerdo.

En el  año escaso que ha transcurrido desde el inicio de esta Legislatura, el Gobierno ha hecho uso del veto a las propuestas de leyes de la oposición en 50 ocasiones, si bien surtió efecto sobre 44 iniciativas. Debe añadirse a esta denuncia, por cierto, la complicidad permanente del grupo parlamentario de Ciudadanos, que martes tras martes, en cada reunión de la Mesa del Congreso, hace paréntesis en su discurso acerca de la regeneración democrática para respaldar los abusos antidemocráticos del Gobierno del PP.

A esta dinámica perversa de los vetos presupuestarios hay que sumar también la táctica dilatoria que PP y Ciudadanos aplican a la limón para ampliar los plazos de presentación de enmiendas en determinadas propuestas de Ley que ya han salvado los demás obstáculos. Algunas de estas dilaciones indebidas superan el año y, además, pueden ir seguidas por las oportunas sesiones de comparecencias y solicitudes de informes varios, que retrasan aún más, e innecesariamente, el trabajo legislativo.

Esto último es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la trascendental iniciativa popular para el establecimiento de una prestación de ingreso mínimo para parados que han agotado las ayudas públicas. Un retraso injustificable.

Finalmente, el fraude se completa con el abuso tradicional que los Gobiernos hacen de su facultad para aprobar Decretos Leyes, y que la doctrina constitucional limita a casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Como es sabido, los Decretos Leyes recortan drásticamente la capacidad de los grupos parlamentarios para influir en la redacción de las normas que entran en vigor.

En poco más de un año, el Gobierno del PP ha llevado al Congreso hasta 25 Decretos Leyes, mientras que tan solo ha tramitado con normalidad y garantías de participación 15 Proyectos de Ley, de los que solo se han terminado de aprobar cinco: los presupuestos generales del Estado y cuatro transposiciones de directivas europeas. Por tanto, cero en iniciativa legal propia bien tramitada.

Estos son tiempos procelosos para la defensa del Estado de Derecho, la legalidad y nuestra Constitución. Y, desde luego, el Gobierno no ofrece precisamente buen ejemplo con tanto veto y tanto decreto injustificado.

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Durante estos días ha visitado España el escritor bosnio Velibor Colic, con motivo de la promoción de su último libro, Manual de Exilio. La evocación de sus terribles experiencias como combatiente huido de la guerra de los Balcanes ha estremecido a muchos, entre los que me encuentro.

Para expresar la aversión al nacionalismo causante de tantos desastres en Europa, Colic suele utilizar la imagen de sus paseos vespertinos entre las ciudades de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania). Son apenas diez minutos sobre el Pont du Rhin y su maravilloso paisaje. Y es inevitable el recuerdo de las tres guerras y los millones de muertos ocasionados desde 1870 por la ideología terrible que trazó una frontera de rencores absurdos entre ambas ciudades.

Quien esto escribe nació precisamente en esa pequeña villa del oeste germano y he de coincidir con el pensamiento de aquel desertor del drama balcánico, reconvertido hoy en testigo legítimo y fiel de los peligros que encierra la bestia del nacionalismo exacerbado. Colic distingue entre los políticos que resuelven problemas y los políticos que los crean, y advierte contra el resurgir de los segundos en muchos países de Europa.

Y en esta misma semana, mientras el nacionalismo catalán perseveraba en su afán por socavar la convivencia democrática en Cataluña, hemos sido una mayoría los diputados, catalanes y no catalanes, en protagonizar al menos dos buenos ejemplos de la otra política, la que persigue soluciones para la gente. Porque en esta semana se han aprobado en el Congreso sendas iniciativas para garantizar el registro veraz de la jornada laboral y para recuperar el subsidio destinado a desempleados mayores de 52 años.

Reconozco que ambas conquistas no cuentan con el glamour de esos grandes conceptos de la independencia y la república. Admito también que nuestro logro carece de la épica de esas otras reivindicaciones, como la autodeterminación y el pueblo en pie. Incluso asumiré que no hay comparación posible entre defender una simple proposición de ley y la emoción de cantar els segadors frente a un enemigo cierto, aunque sea ciertamente inventado.

No obstante, espero que muchos entiendan mi satisfacción en el día de hoy por pertenecer a ese colectivo de políticos que aspiran con toda modestia a mejorar la vida de sus representados, sin apelar necesariamente a sus vísceras, sin dibujar fronteras de separación y sin instar a que nadie odie a nadie.

Eso es. Esta semana hemos dado un paso firme contra la explotación de muchos empleados con jornadas de trabajo que no se contabilizan, que no se reconocen, que no se pagan y por las que no se cotiza. Y esta semana hemos sumado muchas voluntades para que los parados más vulnerables, aquellos que han sobrepasado los 50 años de edad y no logran encontrar empleo, cuenten con el respaldo del Estado para asegurarles una vida digna, a ellos y a sus familias.

Hoy no llego a casa con el alma henchida por el flamear de las banderas y el tronar de los himnos. Pero dormiré con la conciencia tranquila por haber contribuido humildemente a que muchos de mis semejantes vivan un poco mejor, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y sientan la bandera que sientan.

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En su afán de convertir la política en un ejercicio permanente de teatralización ante la opinión pública, el señor Iglesias está contribuyendo a inutilizar uno de los instrumentos más relevantes de nuestro ordenamiento constitucional, la moción de censura al Gobierno.

La intención que se oculta apenas tras este último gesto de Iglesias puede deducirse fácilmente del procedimiento empleado en su anuncio. Una comparecencia pública unilateral de Podemos. Irrumpiendo en plena campaña de primarias para elegir secretario general en el PSOE. Avisando con apenas diez minutos de antelación a los dirigentes de los partidos que han de apoyar necesariamente la iniciativa para que prospere.

La moción de censura es una herramienta clave en la institucionalidad política española. El constituyente faculta a la oposición parlamentaria para sustituir a un gobierno inviable por un gobierno viable en circunstancias excepcionales. Las condiciones para su legitimación y eficacia son tres: la excepcionalidad de la situación debe razonarse; la moción ha de incorporar una alternativa en el programa de Gobierno y en su presidencia; y, claro está, ha de contar con apoyos suficientes para salir adelante.

De estas tres condiciones, la moción anunciada por Iglesias tan solo cumple la primera. Porque es cierto que abundan las razones para censurar y sustituir al Gobierno del PP, responsable de propiciar graves injusticias y anegado de corrupción hasta más allá de lo soportable. Pero en el planteamiento de Iglesias no hay rastro de las otras condiciones, ni programa alternativo, ni candidato a la presidencia, ni un mínimo trabajo previo para sumar apoyos a su iniciativa.

¿Por qué? Porque en realidad Iglesias ha planteado una censura falsa, sin posibilidad ni vocación de salir adelante. No tiene un programa alternativo que merezca tal consideración por parte de los demás grupos. El único candidato al que está dispuesto a apoyar es él mismo, y sabe que nunca obtendrá el respaldo suficiente.

Y, además, los números no salen, porque cualquier suma alternativa al PP requiere del apoyo de Ciudadanos y los independentistas. Los primeros han demostrado su decisión de blindar al PP, incluso allí donde sus vínculos con la corrupción son más evidentes, como Madrid y Murcia. Y los segundos se han apresurado a plantear condiciones de imposible cumplimiento, por inconvenientes y por inconstitucionales.

En consecuencia, solo cabe inferir que Iglesias ha lanzado esta iniciativa con la misma finalidad con la que se subió al “tramabús”, para obtener notoriedad pública y para rentabilizar en términos de expectativa electoral favorable el clima de indignación ciudadana ante los casos de corrupción que afectan al PP.

El problema es que estos fuegos de artificio no le salen gratis a nuestra democracia. Trivilializar el uso de un mecanismo constitucional tan relevante debilita a la institucionalidad democrática. El todo vale para la foto genera desconfianza y frustración entre la ciudadanía.

Mientras tanto, Rajoy sonríe satisfecho, porque cuanto más se hable de las performance de Iglesias menos se hablará de la operación Lezo y de las responsabilidades de la dirigencia del PP en el lodazal de corruptelas en que han convertido la vida pública española.

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