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Archive for the ‘Pensiones’ Category

En su afán de convertir la política en un ejercicio permanente de teatralización ante la opinión pública, el señor Iglesias está contribuyendo a inutilizar uno de los instrumentos más relevantes de nuestro ordenamiento constitucional, la moción de censura al Gobierno.

La intención que se oculta apenas tras este último gesto de Iglesias puede deducirse fácilmente del procedimiento empleado en su anuncio. Una comparecencia pública unilateral de Podemos. Irrumpiendo en plena campaña de primarias para elegir secretario general en el PSOE. Avisando con apenas diez minutos de antelación a los dirigentes de los partidos que han de apoyar necesariamente la iniciativa para que prospere.

La moción de censura es una herramienta clave en la institucionalidad política española. El constituyente faculta a la oposición parlamentaria para sustituir a un gobierno inviable por un gobierno viable en circunstancias excepcionales. Las condiciones para su legitimación y eficacia son tres: la excepcionalidad de la situación debe razonarse; la moción ha de incorporar una alternativa en el programa de Gobierno y en su presidencia; y, claro está, ha de contar con apoyos suficientes para salir adelante.

De estas tres condiciones, la moción anunciada por Iglesias tan solo cumple la primera. Porque es cierto que abundan las razones para censurar y sustituir al Gobierno del PP, responsable de propiciar graves injusticias y anegado de corrupción hasta más allá de lo soportable. Pero en el planteamiento de Iglesias no hay rastro de las otras condiciones, ni programa alternativo, ni candidato a la presidencia, ni un mínimo trabajo previo para sumar apoyos a su iniciativa.

¿Por qué? Porque en realidad Iglesias ha planteado una censura falsa, sin posibilidad ni vocación de salir adelante. No tiene un programa alternativo que merezca tal consideración por parte de los demás grupos. El único candidato al que está dispuesto a apoyar es él mismo, y sabe que nunca obtendrá el respaldo suficiente.

Y, además, los números no salen, porque cualquier suma alternativa al PP requiere del apoyo de Ciudadanos y los independentistas. Los primeros han demostrado su decisión de blindar al PP, incluso allí donde sus vínculos con la corrupción son más evidentes, como Madrid y Murcia. Y los segundos se han apresurado a plantear condiciones de imposible cumplimiento, por inconvenientes y por inconstitucionales.

En consecuencia, solo cabe inferir que Iglesias ha lanzado esta iniciativa con la misma finalidad con la que se subió al “tramabús”, para obtener notoriedad pública y para rentabilizar en términos de expectativa electoral favorable el clima de indignación ciudadana ante los casos de corrupción que afectan al PP.

El problema es que estos fuegos de artificio no le salen gratis a nuestra democracia. Trivilializar el uso de un mecanismo constitucional tan relevante debilita a la institucionalidad democrática. El todo vale para la foto genera desconfianza y frustración entre la ciudadanía.

Mientras tanto, Rajoy sonríe satisfecho, porque cuanto más se hable de las performance de Iglesias menos se hablará de la operación Lezo y de las responsabilidades de la dirigencia del PP en el lodazal de corruptelas en que han convertido la vida pública española.

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Ya está aquí de nuevo la campaña recurrente sobre “la crisis”, “las grandes dificultades” y “la insostenibilidad” de nuestro sistema público de pensiones. Está en los discursos de los políticos de la derecha, en los informes de las fundaciones de la derecha, en los medios más cercanos a la derecha…

El drama está bien servido. El déficit en las cuentas de la Seguridad Social se ha disparado en el ejercicio 2016 hasta los 19.000 millones de euros, el 1,7% del PIB, “el desfase más alto de la historia”. ¿Por qué? Se nos dice que el número de pensionistas y el gasto en pensiones “crecen a un ritmo insostenible”.

Y junto al déficit llega el otro dato terrible: “la hucha de las pensiones se vacía”. El Gobierno se ha visto “obligado” por la crisis a tirar de la hucha para las pagas extras y apenas llega el dinero para este año 2017.

El colofón es inevitable. Los grupos políticos deben ponerse de acuerdo en el Pacto de Toledo para reducir gastos, recortando las prestaciones públicas e incentivando la contratación de planes privados de pensiones.

Solo que todo es mentira.

El déficit de la Seguridad Social se ha disparado, sí. Pero no a causa de un aumento desaforado del número de pensionistas y del gasto en pensiones, cuyo crecimiento ha sido moderado y regular a lo largo de la última década. Entre 2011 y 2016 se han sumado medio millón de pensionistas, efectivamente. Pero también han llegado 600.000 ocupados más. Y las prestaciones han tenido el límite (injusto) de subida en el 0,25%.

El déficit se ha disparado desde 2011 (-487 ME) hasta 2016 (-19.000 ME) debido a la reforma laboral del PP que precariza contratos y devalúa salarios. Y se ha disparado por la suma interminable de las reducciones promovidas por el PP en las cotizaciones empresariales, al socaire de los incentivos indiscriminados a la contratación. Y se ha disparado porque se han perdido 15 puntos de cobertura pública a los parados, que también cotizaban.

No es cierto que el Gobierno del PP se haya visto obligado a vaciar la hucha de las pensiones como consecuencia de la crisis entre 2012 y 2016. De hecho, el Gobierno socialista incrementó su dotación en plena crisis, de 45.700 millones en 2007 a 66.800 millones en 2011. La han vaciado porque han querido.

También se falta a la verdad cuando se valora nuestro sistema público de pensiones como “insostenible”, a la luz de sus cuentas globales. La mejor referencia a este respecto es el gasto en pensiones sobre PIB. Mientras España no llega al 11%, algunos países de nuestro entorno están muy por encima: Italia 15,8%, Francia 13,8&, Portugal 13%, Austria 13,2%, Bélgica 11,8%…

Y, desde luego, la mejor manera de atajar este desequilibrio indeseable en las cuentas de la Seguridad Social no llegará por los gastos sino por los ingresos. Ahí está el problema y ahí están las soluciones de verdad.

Si derogamos la reforma laboral del PP, estabilizamos los contratos y mejoramos los salarios, crecerán las cotizaciones sociales y equilibraremos las finanzas del sistema de pensiones. Si eliminamos las reducciones indiscriminadas e inútiles de cotizaciones empresariales destinadas a estimular la contratación, ganaremos en ingresos.

Si “destopamos” las cotizaciones para que los salarios más altos colaboren más con la caja común, también acertaremos. Si procuramos que los autónomos más pudientes coticen según sus ingresos reales, y no se refugien en la base mínima, como hacen ahora de manera mayoritaria, seguro que ayudamos a equilibrar el sistema. Como también lo haremos al aumentar la cobertura pública a parados. E impidiendo que las cotizaciones sociales tengan que sostener los gastos administrativos de la Seguridad Social.

En el improbable caso de que el déficit persistiera a pesar de todas estas medidas, la solución no estará en recortar unas prestaciones ya exiguas, que este año perderán mucho poder adquisitivo, sino en aportar los fondos necesarios desde los presupuestos generales, vía fiscal. Porque hay margen para el incremento tanto del gasto como del ingreso público en España, si nos comparamos con el resto de Europa.

Porque no se trata de adaptar el gasto en pensiones a la estructura del presupuesto público que impone la ortodoxia económica neoliberal, sino de adaptar esa ortodoxia al objetivo social irrenunciable de contar con un sistema suficiente y justo de pensiones públicas.

Por eso los socialistas nos oponemos al índice de revalorización y al factor de sostenibilidad de las pensiones que el PP impuso unilateralmente en su reforma de 2013. Y por eso condicionamos cualquier acuerdo en el seno del Pacto de Toledo a su derogación, a la vinculación entre las prestaciones y el coste de la vida, y al reequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social vía mejora de los ingresos.

Hay mucho por estudiar, por reflexionar, por acordar y por decidir, para asegurar ese sistema estable y justo de pensiones que nos merecemos. Pero hagámoslo de manera honesta y veraz.

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Como viene siendo habitual en nuestro país, la controversia sobre lo irrelevante oculta el debate sobre lo auténticamente relevante. Durante estos días se está tramitando en el Congreso de los Diputados una iniciativa Legislativa Popular firmada por los sindicatos UGT y CCOO, con el propósito de instaurar un Ingreso Mínimo para personas en situación de vulnerabilidad social. En Finlandia una experiencia mucho más modesta monopoliza la atención de la opinión pública. Aquí apenas nos enteramos unos pocos.

La iniciativa sobre el Ingreso Mínimo responde a dos escenarios relativamente nuevos. El primero es el de las dramáticas consecuencias de la crisis iniciada en 2008, y de la gestión injusta de la crisis, en términos de paro masivo y empobrecimiento muy generalizado. El segundo tiene más fondo y está relacionado con las derivadas de una revolución tecnológica que augura economías con menos necesidad de trabajo para producir y, por tanto, con sociedades cada vez más alejadas del pleno empleo.

La gestión que los Gobiernos del PP han hecho de la crisis nos ha conducido a unos niveles insoportables de desempleo cronificado, de devaluación salarial y de recortes de derechos sociales. La expulsión de millones de familias a la marginalidad social ha coincidido además con un debilitamiento relevante en los mecanismos de protección social a cargo de las administraciones públicas, merced a las políticas de austeridad y al control draconiano de los déficits. Esta iniciativa ayudará a sobrevivir a los integrantes de más de 700.000 hogares que carecen hoy de cualquier tipo de ingresos.

Al mismo tiempo hemos de atender a la realidad de una revolución tecnológica en marcha que, al parecer y por vez primera, conllevará un balance neto de empleo negativo. Es decir, la robotización de los procesos productivos destruirá más empleos de los que creará. El problema es evidente para las sociedades que han hecho del empleo un factor clave de socialización. Y la dificultad también es importante para la izquierda, que siempre vinculó renta a empleo, y pobreza a falta de empleo.

¿Habrá que ir pensando en romper este vínculo tradicional? ¿Deberemos articular mecanismos públicos para asegurar una renta a todas las personas, al margen de la situación de empleo o desempleo? La iniciativa de los sindicatos apuesta por mantener la relación entre renta y empleo, acertadamente a mi juicio. La productividad extra que proporcionan los robots debe contribuir a financiar un nuevo reparto de los tiempos de trabajo disponible, así como las actividades intensivas en mano de obra para el cuidado de las personas y el medio ambiente. Y tiene que financiar también, vía fiscal, los ingresos mínimos que han de asegurar una vida digna a quienes se queden fuera del mercado laboral.

La fórmula elegida por los sindicatos para incorporar este Ingreso Mínimo al sistema vigente de protección pública se asemeja mucho al planteado por el PSOE en su programa electoral. Se trataría de una nueva prestación no contributiva en el ámbito de la Seguridad Social, financiada por los Presupuestos Generales del Estado. La cuantía tendría como referencia el 80% del IPREM, con complementos según las cargas familiares. Los requisitos serían la carencia de recursos (por debajo del 75% del SMI) y la demanda de empleo. La duración, mientras dure la necesidad. Como vocación última, la reinserción laboral del beneficiario, mediante políticas activas de empleo.

Hay otras fórmulas, pero son peores. La renta universal desvincula ingresos desempleo. El complemento salarial subvenciona los recortes en los sueldos.

Esta no puede ser una medida aislada. Para alcanzar una salida justa de la crisis y para construir una sociedad más justa hace falta adoptar otras muchas medidas, como derogar la reforma laboral, como ampliar nuestro incipiente Estado de Bienestar, como mejorar la cobertura pública de las prestaciones contributivas por desempleo…

Se trata, no obstante, de una buena iniciativa. Porque una sociedad que combate decididamente la pobreza es una sociedad más justa. Pero también es una sociedad más equilibrada, y más eficiente, y más exitosa. Y más digna. Y a quienes no convenzan estos argumentos, que atiendan uno último y más perentorio: o hacemos viable nuestra sociedad, o acabará reventando.

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simancas151216

El Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría una iniciativa destinada a derogar la reforma laboral del PP. Hay quienes sostienen que se trata tan solo de “un gesto simbólico”. No es así, ni por la condición de la institución actuante ni por el contenido de la acción.

El Congreso de los Diputados constituye la representación de la soberanía popular, y su posicionamiento contra la reforma laboral abre la puerta a cambios trascendentes para la calidad de los empleos y la dignificación de los salarios en nuestro país.

Tras la votación del Pleno del Congreso se inicia una secuencia de modificaciones legales de gran relevancia. La primera se refiere a la homologación de salarios y condiciones laborales entre los trabajadores subcontratados a través de empresas de servicios, y los trabajadores contratados directamente en las empresas matrices. Con esta medida combatimos la médula espinal de la explotación laboral en España.

La iniciativa aprobada en el Congreso a propuesta del PSOE llama a derogar el conjunto de normas que el PP ha impuesto unilateralmente durante los cinco últimos años, y que han ocasionado el recorte de derechos y el empobrecimiento de la mayoría de los trabajadores españoles.

Se plantea sustituir tales normas por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, acordado tanto en el ámbito social como en el ámbito político, que recupere derechos, calidad, estabilidad y salarios dignos para el empleo en nuestro país.

El objetivo consiste en pasar de un mercado de trabajo precario e injusto a otro más estable y más justo.Pasar de una economía débil y frágil a una economía más sólida y competitiva. Porque las economías más sólidas y competitivas no son las que tiran los salarios y precarizan los empleos, sino las que apuestan por la innovación, la digitalización, la formación, la modernización. Y las que cuidan a sus trabajadores como un activo fundamental para aportar valor a sus productos y servicios.

No es cierto que la reforma laboral del PP haya fracasado, como dicen algunos. La reforma laboral del PP ha fracasado para quienes queremos buenos empleos para los trabajadores españoles. Para quienes nunca aceptaremos un contrato de tres días o tres horas como un empleo justo y aceptable. Para quienes nunca consideraremos los dos euros con cincuenta por habitación hecha como un salario justo y aceptable.

Pero la reforma del PP ha tenido éxito para los que piensan distinto. Para los que defienden un modelo de competitividad basado en los contratos basura, en la devaluación salarial y en el recorte de los derechos de los trabajadores. Para estos, la reforma laboral ha sido un éxito.

Los autores y los beneficiarios de la reforma laboral del PP aprovecharon la crisis para dar la vuelta como un calcetín a nuestro mercado de trabajo. Y así pasamos de un mercado laboral regulado a la desregulación y la ley del más fuerte, que siempre es la ley del empresario.

Del equilibrio en las relaciones de poder dentro de la empresa, a todo el poder para el patrón.De la negociación colectiva y garantista de las condiciones de trabajo a la negociación precaria empresa a empresa, trabajador a trabajador.

Del reparto más o menos equilibrado de las rentas generadas al abuso de los beneficios empresariales sobre las rentas del trabajo.De los buenos empleos a los empleos basura, de los salarios dignos a los salarios indignos, del trabajo como garantía de integración social y vida digna al trabajo que ya no protege de la pobreza y la marginalidad social.

El PP celebra el balance de la reforma laboral. La mayoría de los trabajadores, sin embargo, sufren y lamentan el balance de la reforma laboral.Bastan cuatro datos para explicar el por qué.

Hoy tenemos 380 mil parados más de larga duración que hace cinco años. Tenemos 350 mil empleos menos indefinidos a tiempo completo que en 2011. Hoy podemos contar hasta seis millones de trabajadores con salarios por debajo de los 650 euros.Hoy tenemos un millón de parados menos con cobertura pública que hace cinco años.

Este es el balance de la reforma laboral del PP para la mayoría de los trabajadores españoles: más paro de larga duración, más precariedad  laboral y más pobreza laboral.

De hecho, la mejor manera de evitar los horarios irracionales en el trabajo pasa precisamente por derogar la reforma laboral. Porque la reforma laboral se estableció precisamente para facilitar que los empresarios fijaran unilateralmente las jornadas laborales que quisieran, con el salario que quisieran.

Cuando hablamos de derogar la reforma laboral no pretendemos dejar en blanco de un plumazo todo el derecho del trabajo en España. Se trata de identificar y cambiar aquellos aspectos que han empobrecido a los trabajadores españoles. Los aspectos más dañinos serían los siguientes, entre otros:

El debilitamiento de la negociación colectiva a favor del poder unilateral del patrón para fijar salarios y jornadas.

La prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, siempre más garantistas de los derechos de los trabajadores.

La descausalización de contratos y de despidos, los falsos contratos temporales, los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios, que facilitan la explotación laboral.

La discriminación de los trabajadores subcontratados frente a los contratados directamente.

La eliminación del subsidio para parados mayores de 52 años y el recorte de la cobertura al desempleo.

Esto es lo que hay que derogar. Y hay que cambiarlo por un nuevo Estatuto de los Trabajadores con los siguientes contenidos, al menos también:

El reforzamiento de la negociación colectiva a la hora de establecer salarios y condiciones de trabajo.

Una simplificación de la planta de contratos, a fin de asegurar que los contratos temporales son para empleos temporales y los contratos a tiempo parcial son para empleos a tiempo parcial. Sin fraudes, sin explotación.

La elevación progresiva de los salarios mínimos, hasta el 60% del salario medio que nos mandata la Carta Social Europea.

La consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en derechos.

La conversión, por fin, de las políticas activas de empleo en una herramienta eficaz para ayudar a los jóvenes y a los parados de larga duración a encontrar un trabajo digno.

La recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, y la elevación de la cobertura al desempleo, al menos del 54% actual al 70% en que la dejamos en 2011.

Esto y más. Lo que se acuerde en el marco del diálogo social y político.

Si la X Legislatura fue la Legislatura de la reforma laboral para la precarización de los empleos, la nueva Legislatura ha de ser la Legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores para los buenos empleos y los salarios dignos. Este es el objetivo.

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simancas171116

El debate sobre la viabilidad del sistema de las pensiones públicas es un debate tan importante como recurrente en la sociedad española. Y generalmente se dan dos constantes.

Primera constante. Los riesgos para el equilibrio del sistema suelen llegar de la mano de la gestión de la derecha. Ahora por la vía del vaciamiento del Fondo de Reserva, para compensar los regalos fiscales a los más pudientes, y por el camino de la precarización dramática en contratos y salarios.

Y segunda constante. La derecha suele lanzar globos sonda para reequilibrar el sistema aminorando los gastos. Es decir, recortando las prestaciones. Ahora les ha tocado a las viudas, porque el sondeo apunta a excluir sus pensiones del ámbito contributivo de la Seguridad Social, con los riesgos consiguientes de precarización.

La derecha política y económica lleva algún tiempo planteando la posibilidad de excluir la cobertura financiera de las pensiones de “muerte y supervivencia” (viudedad y orfandad fundamentalmente) del ámbito de las cotizaciones sociales, para que sean financiadas con cargo a las transferencias del presupuesto del Estado a la Seguridad Social.

Hablamos de 2.742.219 pensionistas, de los que 2.359.827 lo son por viudedad. Se trata de mujeres en más del 92% de los casos, que cobran como media poco más de 530 euros al mes. El gasto mensual en este capítulo alcanza los 1.658 millones de euros, y en este año 2016 el gasto total no llegará a los 23.200 millones de euros. De este gasto, más de 20.000 millones saldrán de las cuentas de la Seguridad Social, y los 3.000 millones restantes saldrán de las cuentas del Estado, por tratarse de complementos de mínimos.

El cambio que se apunta no es baladí, ni para los perceptores de las prestaciones, ni para el sistema de la Seguridad Social. Si las pensiones de viudedad no se financian desde la Seguridad Social, su consideración jurídica pasaría de prestaciones contributivas a prestaciones no contributivas. La cuantía de las prestaciones contributivas mantiene una relación directa y lógica con lo cotizado por el trabajador fallecido. La cuantía de las prestaciones no contributivas no ha de mantener tal relación, también por pura lógica. ¿Por qué pagar pensiones diferenciadas, en función del salario del causante fallecido, si las pensiones se pagan con los impuestos de todos?

Además, las prestaciones no contributivas, aunque sigan formando parte del sistema de la Seguridad Social, son gestionadas por las Comunidades Autónomas, que son competentes en materia de servicios sociales. Parece razonable anticipar, por tanto, que los gobiernos autonómicos reivindicarían gestionar estas pensiones. Y teniendo en cuenta el principio de auto-organización de los servicios públicos reconocido a las Comunidades Autónomas en sus Estatutos, ¿quién puede garantizar que todos los españoles con derechos recibirían sus prestaciones con las mismas cuantías y en las mismas condiciones? ¿Qué sería de la igualdad requerida al sistema? ¿Acabaríamos teniendo 17 sistemas distintos y desiguales en las pensiones de viudedad, como ya ocurre en otros servicios sociales o en la asistencia sanitaria?

También habría repercusiones para la propia Seguridad Social, porque desgajar de su sistema contributivo unas prestaciones tan relevantes como estas, centraría el sistema público de pensiones casi exclusivamente en las pensiones de jubilación. Lo cual, a su vez, favorecería cualquier estrategia a favor de la transformación de la naturaleza del sistema. Del reparto a la capitalización, por ejemplo.

Además, ¿por qué las viudas? ¿Por qué poner en riesgo precisamente las prestaciones que reciben muchas mujeres con recursos escasos y que han de sostener familias necesitadas a su vez? ¿Por qué no apuntar al capítulo de los ingresos en el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema?

Hay muchas ideas alternativas al riesgo de las pensiones de viudedad para mejorar los presupuestos de la Seguridad Social. Algunas son de fondo, como mejorar la calidad de los contratos laborales, o elevar el salario mínimo (y, por tanto, las cotizaciones), o aumentar la cobertura pública de los parados (con las correspondientes cotizaciones). Otras son más prácticas, como aplicar un impuesto finalista para contribuir a la financiación del conjunto del sistema, o como “destopar” las cotizaciones a pagar por los salarios más altos, o como cubrir con presupuestos generales los gastos administrativos del sistema.

¿O es que el globo sonda no tiene nada que ver con el propósito de equilibrar las cuentas de la Seguridad Social? ¿O es que estamos ante una nueva andanada para la credibilidad del sistema público de pensiones con objeto de favorecer la contratación de planes privados?

Dejemos a las viudas en paz, por favor.

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