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Archive for the ‘Europa’ Category

En estos días previos a la sesión de investidura que tendremos pronto en el Congreso de los Diputados, se habla mucho del “con quién” saldría adelante la elección de Pedro Sánchez, del “cómo” explicarán unos y otros su voto, incluso del “cuándo” se producirá la votación definitiva. Pero siendo tales incógnitas de gran interés, resulta extraño que se centre tan escasa atención sobre algo tan fundamental como el “para qué” está reclamando la investidura Pedro Sánchez y el partido ganador de las elecciones generales.

Ignorar esta información equivaldría a dar por hecho que el comportamiento de los grupos parlamentarios en la sesión de investidura tendrá más que ver con sus estrategias partidarias que con los intereses de la ciudadanía española. Sin embargo, lo cierto es que los facilitadores de la investidura estarán abriendo la puerta a la consecución de unos objetivos de país que han sido perfectamente explicitados por el candidato Sánchez. Y, a la inversa, quienes dificulten la investidura serán responsables de obstaculizar el alcance de tales metas de interés general.

El primero de los grandes propósitos del Gobierno socialista que Pedro Sánchez aspira a formar en breve consiste combatir eficazmente las desigualdades que se han disparado en España desde la crisis de 2008, y como consecuencia de su gestión injusta por parte de la derecha gobernante entre 2011 y 2018.

Varias noticias en estos días lo han puesto de manifiesto, comenzando por la publicación del prestigioso informe FOESSA, el cual prueba que 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, forma parte ya de la categoría de los excluidos sociales, 1,2 millones más que hace una década. Además, casi la mitad, más de 4 millones de españoles, sufren exclusión severa.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer también el dato de la caída de los nacimientos en casi un 30% durante los últimos diez años, habiéndose elevado a 31 la edad media en el nacimiento del primer hijo. Los jóvenes españoles tienen muchísimas dificultades para emprender un proyecto vital de manera digna y estable.

Simultáneamente a esto, se han producido en nuestro país sendos debates interesantes acerca de las repercusiones de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo, y acerca de las consecuencias de una eventual bajada drástica de los impuestos, tal y como proponen las formaciones políticas de la derecha. Un hecho luctuoso, el fallecimiento de un trabajador explotado en la llamada economía colaborativa o digital, ha reverdecido también la discusión pública sobre la necesidad de revertir la reforma laboral precarizadora del PP.

Pues bien, este es el primer objetivo: combatir las desigualdades con políticas públicas redistribuidoras, fortaleciendo el Estado de Bienestar, recuperando derechos para los trabajadores, y cobrando impuestos justos a quienes más ganan, más tienen y más esconden.

Pero hay otras metas, tan relevantes como esta. Se trata de modernizar nuestro sistema productivo, poniéndonos al día en el reto de la digitalización de la economía y en la apuesta por la innovación para la mejora de la productividad. Tenemos pendiente también acelerar nuestra transición ecológica justa para combatir con determinación y eficacia el cambio climático.

Nuestro país necesita un nuevo impulso regenerador para mejorar la calidad de nuestra democracia, su funcionamiento y sus instituciones. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye el primer objetivo estratégico y transversal en este capítulo. Pero interesa mucho, igualmente, la lucha contra la corrupción y la garantía de limpieza en todas las instituciones democráticas.

Fomentar la convivencia territorial, avanzando en el perfeccionamiento federal de nuestro Estado de las Autonomías, acordando un sistema estable de financiación territorial, garantizando un marco competencial y financiero consensuado en el ámbito local, también son finalidades de interés común.

La integración progresiva en la Unión Europea hacia los inevitables Estados Unidos de Europa, la consecución de una administración europea más social y el fortalecimiento del papel de España en esa construcción, constituyen asimismo intenciones susceptibles de generar amplios consensos políticos y sociales.

Todo esto requerirá, por cierto, de una voluntad concertada para cortar el paso a la influencia de los enemigos de nuestra democracia y de los valores que la sustentan. En la Europa más avanzada en derechos y libertades, las fuerzas democráticas y europeístas se conjuran para aislar a la extrema derecha xenófoba, machista y antieuropea. Ojalá aquí PP y Ciudadanos participaran de ese propósito político y moral, y dejaran de blanquear y normalizar la influencia de Vox en nuestras instituciones.

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La operación política para la continuidad de la Grosse Koalition que la socialdemocracia alemana ejecutó en 2018 tenía buenos fundamentos, pero se ha evidenciado como la causa fundamental en el declive del histórico partido de Friedrich Ebert, Willy Brandt y Helmut Schmidt.

La última debacle electoral, con un 15,8% de los votos al Parlamento Europeo, y la pérdida del feudo tradicional de Bremen, se ha llevado por delante a su presidenta, Andrea Nahles. 

Aquella operación estaba bien justificada en el interés general, por cuanto habían fracasado las demás opciones que la conservadora Merkel había intentado para formar gobierno. El país estaba abocado al fracaso de una repetición electoral, y los socialdemócratas acudieron al rescate de la institucionalidad democrática.

El acuerdo alcanzado entre la CDU y el SPD incorporaba avances sociales de gran alcance, como la fijación del salario mínimo en 1.500 euros mensuales. Y su legitimidad democrática era impecable: el acuerdo fue suscrito por la mayoría de los militantes socialdemócratas en una consulta transparente. 

Pero el coste político que ha acabado pagando el partido socialdemócrata por esta decisión meditada, justificada y democrática, ha sido muy alto. No solo está lejos ya de los históricos porcentajes de apoyo -por encima del 40%- que sustentaron los gobiernos responsables de haber levantado el legendario Estado de Bienestar alemán, sino que el 26 de mayo fue superado incluso por el partido verde y las últimas encuestas le arrojan por debajo del 13%. 

¿Por qué ha castigado tan duramente el electorado progresista a la gran coalición? Posiblemente porque ni siquiera el elector más templado y pragmático haya entendido que una fórmula “excepcional” pueda alargarse cerca de tres lustros en el tiempo -con alguna breve interrupción-.

Las coaliciones entre grandes adversarios ideológicos y políticos se justifican en la coyunturalidad de una crisis social, económica o política. Cuando lo excepcional se convirtió en habitual en Alemania, el elector acabó convencido de que la aspiración estructural del SPD pasaba por mantenerse como socio menor y subalterno de la democracia cristiana. Y, al parecer, una buena parte de la población con ideas progresistas no comparte tal estrategia. 

Los grandes y pequeños avances logrados en el día a día del gobierno común han sido, sin duda, bien valorados por el electorado tradicional de la socialdemocracia. Con toda seguridad, una alianza de Merkel con el partido liberal hubiera supuesto la aplicación de recortes injustos de impuestos y adelgazamiento de las políticas públicas.

Pero ese electorado tradicional no se conforma con la política de la conllevanza o la resignación constante de lo menos malo. Izquierda es también ilusión, esperanza, pulsión de cambio y de justicia. Y la presencia permanente de ministros socialistas bajo el manto conservador de Merkel ha resultado poco motivador. 

Además, la democracia de calidad requiere de alternativas globales y reales. Desde la segunda gran guerra, socialcristianos y socialdemócratas han representado dos opciones compatibles pero distintas; leales ambas a los fundamentos del Estado Social, pero diversas en sus programas políticos; admirables cada una en sus conquistas para el interés general, pero controvertidas en el debate ideológico y electoral.

Cuando las dos grandes opciones se convierten en una sola, las alternativas surgen en otras latitudes. Y la latitud ecologista de los verdes resulta interesante, pero la alternativa extremista de los neonazis constituye un riesgo cada día más evidente y peligroso. Un riesgo a evitar. 

Es injusto, porque el compromiso del SPD con el progreso en Alemania y en el conjunto de Europa es inequívoco. Y porque Andrea Nahles es una política sólida en sus valores y en sus capacidades. Pero la política es así. Los únicos que no se equivocan son los electores ante la urna. 

Europa necesita una Alemania fuerte en su apuesta por más Europa y por una Europa más social. Y el papel del SPD en esta apuesta es determinante.

Si el SPD siguiera el camino declinante del socialismo francés o italiano, las oportunidades del populismo se multiplicarían, como ha ocurrido con Le Pen y Salvini, por desgracia todos los europeos.

El liderazgo emergente del socialismo europeo de la mano de Pedro Sánchez necesita de un SPD renovado y en forma. Pronto. Ojalá sea así.

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En su afán por alcanzar o mantenerse en el poder, las derechas de PP y Ciudadanos parecen dispuestas a alcanzar acuerdos en algunos parlamentos y en algunos ayuntamientos con la ultraderecha de Vox. Para ello, pretenden convencer a la sociedad española de que Vox es un partido normal.

Pero Vox no es un partido normal. La ultraderecha española socava los fundamentos de nuestra convivencia en paz, persigue minar las bases de nuestra institucionalidad democrática, y explicita planes que conllevan riesgos gravísimos para los derechos, para las libertades y para la vida misma de muchos de españoles.

Pactar con Vox a cambio de poder equivale a vender el alma al principal enemigo de la sociedad española y a la más grande amenaza para su futuro. No se puede pactar con Vox.

Decimos que la ultraderecha socava los fundamentos de nuestra convivencia en paz porque se afana en distinguir a España de lo que ellos llaman la anti-España, a los buenos españoles de los, según ellos, malos españoles. Fomentan el odio al migrante y el rechazo al homosexual. Combaten la igualdad entre mujeres y hombres persiguiendo a sus activistas. Censuran a los periodistas libres y amenazan con cerrar los medios que no les son afines.

Sostenemos que la ultraderecha persigue minar las bases de nuestra institucionalidad democrática, porque niega la España diversa y plural y pretende acabar con la España de las Autonomías que consagra nuestra Constitución. Alienta la salida de nuestro país de la Unión Europea y de todos los “organismos supranacionales” que, según ellos, contravienen el “interés nacional”. Buscan ilegalizar los partidos políticos “con ascendencia marxista” y “enemigos de España” que, según su retórica, serían todos menos Vox.

Mantenemos que la ultraderecha explicita planes que conllevan riesgos gravísimos para los derechos, las libertades y la vida de millones de españoles, porque plantean reformas legales que permitan a todo hombre y mujer llenar sus hogares con armas de fuego. Por el contrario, ya están desarmando a las mujeres de sus asesinos y maltratadores al combatir las leyes contra la violencia de género. Buscan la amnistía fiscal prácticamente total para las grandes fortunas, quieren acabar con el vigente sistema público de pensiones y proponen la liberalización total del suelo para la especulación sin límite.

Este partido es un peligro para la sociedad española, y las fuerzas políticas que le ofrezcan plataformas para su expansión, para ampliar su influencia o para aplicar sus programas de locura desde los gobiernos, están traicionando a este país y poniendo en serio riesgo su futuro.

Si hay una nación en Europa con razones bien fundadas y bien recientes para establecer cordones sanitarios frente a la ultraderecha, ese país es España. Hace poco más de cuatro décadas que los españoles logramos salir del túnel del fascismo. No nos merecemos que PP y Ciudadanos permitan gobernar de nuevo a los herederos del franquismo, tan solo para tocar poder ellos mismos e impedir que gobierne el socialismo ganador de las elecciones en muchos territorios.

Mientras los conservadores de Merkel en Alemania y los liberales de Macron en Francia tienen muy clara la obligación política y moral de alejarse de las ultraderechas, aquí en España, Casado y Rivera coquetean con los extremistas para alzarse a las poltronas.

Ojalá rectifiquen a tiempo. Por ellos y por el bien de nuestra joven democracia.

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Las elecciones del 28 de abril no son unas elecciones más. No está en juego tan solo el nombre de un Presidente o el color político de un Gobierno. Estas serán las elecciones más decisivas desde 1982. Porque nos jugamos la consolidación o la reversión de buena parte de los derechos conquistados durante los últimos cuarenta años. Nada menos.

Las derechas que representan Casado, Rivera y Abascal tienen poco que ver con las derechas gobernantes en Alemania, Francia o Reino Unido, por ejemplo. Son más peligrosas, incluso, que la derecha corrupta de Rajoy y la derecha sectaria de Aznar, que tan triste legado dejaron en nuestro país. VOX marca el discurso y la estrategia en esta tríada, y los demás le siguen “sin complejos”. Ya ocurrió en Andalucía.

El franquismo nunca desapareció del todo en España. Se mantenía agazapado en el seno del PP y afilando armas en sectores claves de nuestra economía, nuestro funcionariado o nuestro ejército. Ahora han decidido que ya pasó tiempo suficiente desde la desaparición del dictador. Que son muchos los que, por edad, ya no tienen presente la brutalidad de aquel régimen. Que los vientos del neofascismo en Europa les favorecen. Que cuarenta años después, ha llegado otra vez su hora. 

Abascal ha fichado a las claras a militares franquistas en la reserva para llevarlos al poder, como en los viejos tiempos de la camisa azul, los correajes y los saludos romanos. Habla de volver a armar a “los españoles de bien”, para someter a los “malos españoles”, hemos de entender. En Andalucía reclama listas negras de feministas; pronto de rojos y maricas. Los suyos ya exigen ilegalizar a los partidos “marxistas” y “enemigos de España”, es decir, todos menos ellos. Una patria, un Dios, un pueblo, un partido. No son nuevos. Son lo más viejo de este país. 

Casado se deja llevar, por miedo, por convicción, o por ambas razones. Y amenaza a las mujeres “que no saben lo que llevan dentro” con arrebatarles el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Si además de mujeres, también son culpables de inmigración, les pide a sus hijos en adopción a cambio de no echarlas de España, por el momento. Promete una revolución fiscal a la baja para acabar con ese Estado benefactor que siempre les pareció fábrica de gandules y perdedores. Que se salve el que pueda pagar, ¿o es que vamos a ser todos iguales? Por eso su candidata en Madrid adelanta nuevas privatizaciones en la sanidad y la generalización del cheque escolar. 

Rivera se ha quitado definitivamente la máscara de hombre centrado y moderno, y ahora abraza sin rubor los postulados y hasta los tics de la derecha más extrema. Su anti-feminismo, disfrazado de liberal, le lleva a promover el alquiler de los vientres de las mujeres -lo llaman gestación subrogada- y de sus propios cuerpos en el mercado del sexo -lo llaman prostitución regulada-. El “fichaje estrella” de un antiguo directivo de Coca-Cola evidencia sus planes en materia laboral y hacendística, mejor que cualquier programa electoral: despedir trabajadores en España y pagar impuestos fuera de España.

Como en los viejos tiempos, este programa demoledor para nuestros derechos y libertades llega envuelto en banderas kilométricas y amenizado por himnos militares. Pero detrás de los colores y las músicas, esconden lo de siempre: la bota, el palo y el tentetieso para todos aquellos a los que consideran malos españoles. 

Como antaño, dicen venir para salvarnos de comunistas y rompepatrias. 

Pero ahora tenemos una ventaja. Les conocemos y les vemos venir. 

Que no nos pase como en Andalucía. 

Movilización máxima el 28 de abril, para defender la España que quieres. 

Porque si tú no vas a votar, ellos vuelven.

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Durante estos días todos los europeos estamos siendo testigos de las graves consecuencias que el brexit está ocasionando sobre el funcionamiento de las instituciones, la actividad de las empresas y la vida cotidiana de millones de personas, en el Reino Unido y en los otros veintisiete países de la Unión. No obstante, también cabe establecer algunas conclusiones evidentes en clave estrictamente política.

El nacionalismo exacerbado sigue haciendo un daño extraordinario en Europa. Si antaño fue responsable de dos guerras devastadoras, hoy aún provoca catástrofes de enorme magnitud sobre nuestras sociedades. La ultraderecha agitó en Gran Bretaña los peores instintos de las identidades excluyentes, el egoísmo, la insolidaridad y el odio al diferente y al extranjero pobre.

Los conservadores británicos asumieron el discurso de la ultraderecha y desencadenaron un desastre mayúsculo, que amenaza con llevarse por delante a la hoy inoperante institucionalidad democrática, a la otrora City todopoderosa y a la mismísima convivencia ciudadana. Se trata de una lección útil para los partidos españoles que se llaman a sí mismos “constitucionalistas”, pero que pactan en Andalucía y se manifiestan en Colón con el mayor enemigo de los valores constitucionales.

Otra lección: fuera de Europa el clima es muy frío, glacial incluso. Fuera de la Unión Europea, las posibilidades y los instrumentos para hacer frente a los grandes problemas y desafíos son infinitamente menores. Desde la agregación de los mercados comerciales hasta la cooperación internacional para combatir el cambio climático o hacer frente al terrorismo, la unión de voluntades y recursos en el seno de la Unión multiplica las expectativas de éxito.

Con el brexit, la sociedad británica quedará fuera de las dinámicas más prometedoras y eficaces para atender los desafíos de un mundo cada día más globalizado, en el que el tamaño cuenta. En un tablero de actores superpotentes como Estados Unidos, Rusia o China, los británicos se encontrarán en inferioridad clara de condiciones para hacer valer sus intereses. El brexit conduce al Reino Unido en sentido contrario por la autopista de la historia, con serio riesgo de estrellamiento.

Lección tercera: las exageraciones, las mentiras y los “hechos alternativos” no han de entenderse como meras anécdotas para comentar y escandalizarse. Las llamadas “fake news” inducen al engaño, a la manipulación de la opinión pública y a la desgracia colectiva. Los partidarios del brexit inundaron los medios de comunicación y las redes sociales de argumentos y datos falsos para convencer a los ciudadanos británicos.

Hoy, muchos de los votantes del brexit ya saben que gran parte de aquellos mensajes sobre los inconvenientes de pertenecer a la UE y sobre las extraordinarias ventajas de dar un portazo eran puros embustes, pero el daño está hecho y es descomunal. Esperemos que los Casado, Rivera y Abascal de la política doméstica tomen nota.

Por último, también conviene aludir a las consecuencias nefastas de lo que podría llamarse la “política binaria”, aquella que reduce todas las alternativas a un sí o un no, sin más opciones. O sí o no, o fuera o dentro, o conmigo o contra mí. Los binarios actúan en política como si no hubiera más alternativas que el blanco o el negro; como si el encuentro, el diálogo y la argumentación no pudieran dar lugar a posiciones de acuerdo, incluso de consenso.

Si en la Transición Democrática española, tras el fallecimiento del dictador en 1975, los políticos hubieran sometido cada debate a la dinámica binaria del sí o el no, hoy no disfrutaríamos de la Constitución de 1978 y de la época más larga de paz, democracia y derechos de toda nuestra historia.

¿Sí o no a la monarquía? ¿Sí o no a las autonomías? ¿Sí o no a la libertad religiosa? Si hubiéramos dividido a los españoles al 51% y 49% en cada una de estas cuestiones, la democracia no se hubiera establecido. Tuvimos Transición y tuvimos Constitución porque los políticos dialogaron, se entendieron y acordaron, cediendo unos en unas cosas y otros en las demás.

La política binaria de Cameron y Farage ha llevado al Reino Unido al desastre del referéndum y el brexit. Y ese es el camino errado y fatal que proponen algunos para dar salida al conflicto de convivencia en Cataluña. Aprendamos de la lección británica: mejor diálogo y ley…

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Es una constante histórica: cada vez que España se la ha jugado de verdad como país, la derecha ha traicionado a los españoles. Ha sucedido así siempre bajo gobierno socialista. Y está ocurriendo nuevamente en estos días. Apenas 48 horas antes de dar comienzo el trascendental juicio a los presuntos delincuentes del separatismo catalán, las derechas de PP, Ciudadanos y Vox convocan concentraciones… contra el Gobierno de España.

Utilizando la burda excusa de un posible “relator” previsto para las reuniones entre los partidos catalanes, Casado, Rivera y Abascal se han lanzado a una demencial carrera de descalificaciones al Presidente del Gobierno: traidor, felón, peligro, ilegítimo… Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que el Gobierno socialista no ha hecho ni hará concesión alguna al separatismo fuera del ordenamiento constitucional. Saben que el Gobierno no quiere y no puede instar a la fiscalía para que cambie su posición en el juicio, y saben que el Gobierno no quiere y no puede negociar referéndum alguno de autodeterminación.

Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que la acción del Gobierno no solo es legítima, sino que es la única posible para afrontar con alguna eficacia el problema territorial en Cataluña. Primero, reestablecer la comisión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno autonómico catalán, tal y como mandata la ley, y sin “mediación” alguna. Y segundo, promover una mesa de partidos catalanes para buscar salidas políticas al conflicto, con los “relatores” o “coordinadores” que los partidos consideren de interés. Punto. Diálogo dentro de la ley.

Los españoles tienen cada día más claro dos cosas. Que este problema solo se soluciona dialogando, dentro de la ley, y que tanto en la política catalana como en la política española hay quienes quieren solucionar el problema y hay quienes quieren avivarlo para sacar partido electoral. Casado y Rivera han demostrado estar entre estos últimos, junto a Puigdemont. Están dispuestos a incendiar la convivencia en Cataluña aún más, con tal de obtener unos votos en el resto de España. Esto sí que es traicionar a los españoles.

Ha ocurrido siempre. El primer Gobierno socialista de Felipe González se enfrentó al reto de convencer al país sobre la conveniencia de mantenernos en la Alianza Atlántica, y la derecha traicionó a España llamando a la abstención en aquel referéndum. Años después, cuando el Gobierno de Zapatero peleaba por erradicar el terrorismo de ETA, la derecha traicionó a España haciendo uso electoral de la política antiterrorista, incluidas convocatorias infames en la plaza madrileña de Colón, otra vez.

Tras el triunfo socialista en las elecciones de 2004, la derecha promovió una infamante teoría conspiranoica acerca de la autoría del atentado yihadista del 11-M, acusando prácticamente al PSOE de complicidad con la matanza. En plena crisis financiera, con el país en riesgo de quiebra, y cuando el Gobierno Zapatero tuvo que adoptar las difíciles medidas que exigían los mercados de deuda para mantener nuestro crédito internacional, la derecha traicionó nuevamente a los españoles. Montoro lo explicó muy bien: “Que se hunda España”, aseguró a la diputada canaria Ana Oramas.

Ya en el Gobierno, y mientras imponía los recortes más brutales en materia de empleo, pensiones, educación, sanidad y dependencia, la derecha se entregó a la corrupción sistémica que tuvo que sentenciar la Justicia en el famoso caso Gurtel. Otra traición. Y hace pocas semanas consumaron la traición más dramática: cuarenta años después de muerto el dictador Franco, las derechas de PP y Ciudadanos normalizaban y blanqueaban a los herederos del franquismo, incorporando a las instituciones andaluzas a una fuerza política anti-constitucional, anti-europea, xenófoba y machista.

Pues bien, gracias a la labor de los Gobiernos socialistas se ganó aquel referéndum sobre la Alianza Atlántica, y ETA anunció que dejaba de matar, y España pasó página de la Gurtel, y se están revertiendo los recortes sociales… Y será con un Gobierno socialista en España con el que pueda abrirse paso, por fin, una esperanza de solución para el problema de convivencia que tenemos en Cataluña. Será con un Gobierno socialista, o no será, como siempre que España se la juega.

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La derecha de PP y Ciudadanos, junto a sus aliados económicos y mediáticos, ha decidido atacar al proyecto presupuestario del Gobierno socialista para 2019 desde dos flancos: las reformas en materia de impuestos y la credibilidad del equilibrio en las cuentas.

¿Por qué lo hacen así? En primer lugar, porque criticar el fuerte aumento del gasto social resultaría muy impopular. Casado y Rivera recortaron durante los últimos años las pensiones públicas, las prestaciones a parados y los capítulos presupuestarios destinados al gasto sanitario, educativo y de dependencia, pero no se atreven a cuestionar ahora de manera abierta la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por revertir esos recortes y mejorar el bienestar de la ciudadanía española.

En segundo lugar, resulta evidente que el debate fiscal es el de más contenido ideológico y el más trascendente en cuanto a la diferencia de modelos sociales que se defienden a derecha e izquierda del arco parlamentario.

La derecha reclama la reducción general de los ingresos públicos, la bajada de impuestos a grandes empresas y contribuyentes, así como la generalización de los impuestos indirectos, que pagamos todos por igual. La izquierda, por el contrario, promueve ingresos públicos suficientes para hacer frente a los objetivos de interés general y una panoplia de impuestos progresivos y justos, para que contribuyan más quienes más ganan, quienes más tienen y quienes más esconden.

El primer debate a dilucidar en relación al capítulo de ingresos presupuestarios tiene que ver con la “excesiva” presión fiscal que soportamos los españoles, según PP y Ciudadanos. Frente a lo que intentan trasladar estos grupos, la presión impositiva en España está muy por debajo de la media vigente en los países que conformamos la zona euro. En el ejercicio 2017, último contabilizado, la presión fiscal en España alcanzó el 34,5% sobre el PIB –incluyendo impuestos y cotizaciones sociales-, mientras que la media de la zona euro se situó en el 41,4%. La subida de ingresos prevista para 2019 apenas reducirá esta diferencia en un punto. Primera falsedad, por tanto.

La segunda denuncia falsa de la derecha habla de que el Gobierno “pretende freír a impuestos a los españoles”. En realidad, el proyecto presupuestario para 2019 plantea una subida de dos puntos en el tipo del IRPF solo para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos para las que superen los 300.000 euros. En el impuesto de sociedades se establece un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y del 18% para la banca y empresas de hidrocarburos, mientras se reduce el tipo de 25% a 23% para las pequeñas empresas.

Se rebaja también el IVA en productos de higiene femenina del 10% al 4%, del 21% al 4% en libros, periódicos y revistas electrónicos, y del 21% al 10% en servicios veterinarios. Se incrementa el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, y se crean nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y los beneficios de las multinacionales de servicios digitales con tendencia a eludir sus obligaciones fiscales. Además, se limitan los pagos en efectivo, se refuerza la lista de morosos y se multiplican los recursos personales y normativos en la prevención y la lucha contra el fraude.

En consecuencia, la política fiscal del Gobierno socialista abunda en la progresividad y la justicia tributaria, haciendo bueno el principio de que han de aportar más quienes más tienen y han de recibir más quienes más necesitan. Debemos ser conscientes de que tal estrategia cuenta con enemigos beligerantes, fundamentalmente aquellos a los que tocará pagar más. Pero esta es la política justa y tanto el Gobierno socialista como su grupo parlamentario la defenderán con todas las consecuencias.

Se hace mucha demagogia respecto a la decisión de reducir la bonificación vigente hasta ahora en el impuesto especial sobre gasóleo. Lo cierto es que esta medida no afectará a los profesionales y los autónomos, que hay razones ambientales y de salud muy bien fundamentadas para aplicarla y que, más allá de exageraciones mal intencionadas, la afección para un conductor medio no superará los tres euros mensuales. Además, la imposición española sobre gasóleos seguirá situándose en la mitad de lo que se grava en Reino Unido e Italia, y muy por debajo de lo que se paga en Francia, Alemania y Portugal.

Por último, también engañan quienes pretenden asustar con el supuesto desequilibrio en las cuentas públicas tras la aplicación de este proyecto presupuestario. Las cuentas cuadraban con la senda de déficit pactada por el Gobierno con la Comisión Europea, que fijaba el 1,8% sobre PIB para 2019; y cuadran también con el 1,3%  al que nos ha forzado el bloqueo parlamentario de la derecha. ¿Cuál será la diferencia? Que las administraciones públicas contarán con 6.000 millones de euros menos para atender las necesidades y retos de la ciudadanía española. En todo caso, cabe recordar que los gobiernos de Rajoy y Montoro jamás cerraron un  ejercicio presupuestario cumpliendo los compromisos oficiales de déficit.

Quienes intentan asustar con el supuesto descuadre de las cuentas son los mismos portavoces políticos, económicos y mediáticos que pronosticaban gravísimas recesiones y terribles pérdidas de empleo con la gestión del Gobierno Sánchez. La realidad está siendo bien diferente, sin embargo. El ejercicio 2018 se ha cerrado con un crecimiento del PIB del 2,5%, a la cabeza de los principales países de Europa, y la última EPA arroja los mejores resultados en más de una década.

¿Un debate sobre impuestos? Cuando y donde quieran.

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