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Archive for the ‘Europa’ Category

Soy consciente de que dicho así, política para las personas, corro el riesgo de que el lector despache esta tribuna, incluso antes de leerla, como una obviedad, una tautología o una boutade más en este principio de año tan dado a los deseos buenos e improbables. Sin embargo, creo que no hay reivindicación más justa para la política de hoy, y creo que no habría consecución más revolucionaria para la política de mañana.

Cualquiera de los analistas conspicuos que pueblan las tertulias televisivas y radiofónicas ha podido probablemente constatar en estas fiestas hasta qué punto se produce un divorcio absoluto entre los titulares de la política protagónica y las preocupaciones de las personas de carne y hueso con las que ha compartido celebración. 

Ni la unidad del Estado amenazada, ni el sorpasso de Rivera a Rajoy, ni la depresión de Pablo Iglesias, ni la escalada del PIB o del IBEX, ni los misterios del Popular, han formado parte, muy probablemente, de las conversaciones de fuera del plató televisivo o del estudio radiofónico. Política y personas son hoy, por desgracia, auténticas realidades paralelas. Casi un oxímoron, por paradójico que resulte. 

Tomando los titulares que ha dado la política durante 2017, casi podemos anticipar los debates que la política dará durante 2018. Se hablará del bucle separatista en Cataluña, de su alter ego en Tabarnia, y de quién se llevará el gato al agua en la financiación de los gobiernos autonómicos. Se hablará de la competición entre partidos y, aún más jugoso, de la pelea intra partidos.

Se hablará de las conspiraciones en la corte de Rajoy, de la última encuesta/apuesta de los poderes financieros por su héroe naranja, del neo-estalinismo circular de Iglesias y sus confluencias a la baja, de los pulsos de Sánchez y sus barones a propósito de las candidaturas para 2019, del capítulo enésimo en la temporada enésima de las corruptelas de la derecha capitalina… 

Y se hablará del PIB recuperado, del IBEX musculado y de la EPA remontada. Tendremos presupuestos sí, presupuestos no, presupuestos depende, con pagos sí, pagos no, y pagos depende a los socios presupuestarios. Nos contarán que vendemos un trocito más de nuestra Bankia, un trocito más de nuestra AENA, y un trocito más de las autopistas que mal vendimos, que bien compramos y que volveremos a mal vender… 

Pero ni en uno solo de todos estos titulares más que probables aparecerá persona alguna, de las que necesitan de la política y de las que, por desgracia, poco esperan de la política. Esas personas son las que sufren desempleo con demasiada duración, y las que sufren empleos mal pagados, y las que sufren servicios públicos deteriorados, y las que sufren prestaciones y subsidios recortados… 

Son los mayores con pensiones que pierden año a año poder de subsistencia, mientras aumentan los copagos, se alargan las listas de espera en la sanidad y se multiplican las facturas de la luz. Son los jóvenes traicionados por el sistema que les prometió un proyecto de vida a cambio del esfuerzo en su formación, y que se ven forzados a elegir entre precariedad o exilio, sin plantearse siquiera un futuro más allá del próximo contrato de tres días… 

Son las mujeres convencidas de que las promesas de igualdad legal se han convertido en la trampa de la desigualdad letal. Porque el pronóstico de una vida emancipada respecto al deber del cuidado familiar se ha convertido en el diagnóstico de una vida multiplicada por el mismo deber del cuidado familiar y la creciente desventaja en el entorno laboral. Y mientras tanto siguen sufriendo desigualdad y discriminación, cuando no acoso, agresión y asesinato.

Y son los niños, a los que roba el futuro el empobrecimiento de sus padres. Y los propios pobres, desmentidos cada día por los titulares de la recuperación virtual, pero enterrados cada día en el pozo de la desigualdad real. Y los refugiados ignorados, y los inmigrantes encarcelados, y los diferentes discriminados… 

Pero qué aburrida puede resultar la política cuando habla de los problemas aburridos de las personas aburridas… 

Sí. Algunos estamos empeñados en eso, en la política de las personas, por insólito que resulte en los discursos celebrados de algunos políticos, en los titulares rutilantes de la prensa, en los totales exclusivos de la radio o en las tertulias-trifulcas de la televisión.

Ese es nuestro improbable buen propósito para el año nuevo.

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El término “soberanía” se esgrime de forma habitual desde posiciones nacionalistas y populistas como sinónimo de democracia avanzada. Nacionalistas e independentistas enfrentan la soberanía propia y legítima a las imposiciones ilegítimas y antidemocráticas de aquellos a los que rechazan como ajenos. Los populistas confrontan la soberanía legítima del pueblo con la casta que usurpa el poder, según ellos.

Es curioso, porque la “soberanía” y el “soberano” son términos con una tradición muy alejada de las reivindicaciones democráticas. Siempre se habló del rey soberano como aquel capaz de declarar la guerra y hacer la paz, de mandar sobre personas y sobre haciendas, de impartir justicia… Soberanía equivalía a poder concentrado y centralizado.

Durante el siglo XIX y parte del XX, la soberanía se asocia ya a la nación, pero no tanto al pueblo. Es aún soberanía nacional, no popular. Se reclama la soberanía propia frente a las potencias invasoras o coloniales, en nombre de la nación, no en nombre del demos, no de la gente.

Sin embargo, en este siglo XXI, la reivindicación permanente de la “soberanía” viene, por ejemplo, de los dictadores que disfrazan su autocracia de patriotismo, y que denuncian las reclamaciones internacionales de respeto a los derechos humanos como injerencias intolerables.

Asimismo, la extrema derecha comparte con algunos populismos el discurso eurofóbico, que denuncia las políticas comunitarias como agresiones que mancillan la soberanía, ahora no solo de la nación, sino también del pueblo inocente y maltratado.

Soberanía es igualmente lo que exigen nacionalismos, separatismos e independentismos, como el bálsamo redentor de todos los males. Sea cual sea la complejidad del problema a tratar. Sea cual sea el alcance del desafío al que responder. Sea cual sea el incumplimiento propio a justificar. La causa del mal estará siempre en la falta de soberanía. El culpable será siempre el que usurpa nuestra soberanía. Y la Arcadia feliz llegará siempre de la mano del ejercicio propio de la soberanía.

Solo que la soberanía de la que hablan no existe.

¿Qué es soberanía, más allá de discursos románticos y más allá de ejercicios de demagogia fútil? Soberanía equivale a poder. Soberanía hoy, en las sociedades modernas, es capacidad para organizar el espacio público compartido para alcanzar objetivos de interés general. Soberanía, en definitiva, es posibilidad de favorecer el ejercicio de derechos y libertades de ciudadanía, de propiciar bienestar para el pueblo.

Y en la era de la globalización esas capacidades hay que situarlas en su dimensión más eficaz. Porque la dimensión de los espacios públicos a organizar y a regular hoy para hacer efectivos los derechos y las libertades de ciudadanía ha trascendido las fronteras de cualquier soberanía nacional.

Las relaciones económicas a regular escapan de las soberanías alicortas que nacionalistas y populistas reclaman en sus discursos viejunos. Los grandes retos frente a la elusión fiscal, el dumping laboral, el cambio climático, las crisis de refugiados o el terrorismo yihadista, por citar solo algunos, se ganarán desde soberanías amplias y compartidas, o se perderán.

Reclamar la soberanía del pueblo español ya se va quedando viejo. Exigir la soberanía de la nación catalana, o del pueblo vasco, o del murciano, es ya, sencillamente, una “paletada”.

En este siglo XXI de la globalización y la revolución tecnológica, las únicas soberanías viables, eficaces y, por tanto, deseables, son las soberanías que se comparten en espacios públicos cada vez más amplios. Con el propósito, no de agitar banderas al viento, sino de hacer realidad los derechos y las libertades, el progreso y la justicia social, para todos, se emocionen con la bandera que se emocionen…

¿Soberanía? Hoy, la del pueblo europeo. Mañana, la compartida con toda la Humanidad.

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Algo se está moviendo en la conciencia colectiva respecto a las expresiones más contumaces del machismo. La gran mayoría de los españoles ha dejado de transigir con lo que hasta hace demasiado poco tiempo aún se daba en llamar violencia “doméstica” o simples “peleas de pareja”. Y poco a poco están dejando de ser tolerables también ciertas conductas en el entorno laboral, universitario o festivalero, que antes entraban en la categoría de normales o inevitables, y que ya comienzan a denunciarse de manera general como lo que realmente son: auténtica violencia machista.

Casi la mitad de las mujeres españolas denuncian haber sido víctimas de un abuso o agresión sexual en alguna ocasión durante los últimos 15 años, según una macro-encuesta del Gobierno datada en 2015. En muchos casos se trata de violencia ocasionada por la pareja o expareja, pero en otras ocasiones la agresión parte de hombres que hacen uso de su prevalencia sobre la mujer, porque son sus jefes, sus profesores, sus entrenadores, sus psiquiatras… Otro escenario demasiado habitual en este tipo de violencias se da en las fiestas populares, que algunos agresores interpretan como una especie de “barra libre” para sus apetencias sexuales.

Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar los actos de violencia machista públicamente y ante la Justicia, afrontando el coste lamentable que tales denuncias suponen en su entorno familiar y social. Cada vez son mayores las muestras de comprensión y respaldo público que estas víctimas reciben. Y cada vez son más los violentos que obtienen el reproche social y el castigo judicial que corresponde a su conducta.

Es cierto también que las reacciones de banalización, cuando no de comprensión o legitimación de la violencia machista están aún presentes en esta sociedad. Pero día a día reciben más contestación. Ha ocurrido últimamente con el intento de culpabilizar a la víctima en el juicio por violación de “la manada” en Pamplona. Ha pasado con algunas campañas institucionales paternalistas que llamaban a “no maltratar a lo más grande de Galicia”. Ocurre a menudo con menciones de políticos, periodistas o publicistas que no respetan debidamente los derechos de las mujeres.

Las cifras son muy llamativas y absolutamente inaceptables en lo referido a la cantidad de mujeres afectadas por esta violencia. 44 mujeres asesinadas por el machismo en lo que va de año, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Más de dos millones de agresiones ocasionadas por parejas o exparejas. Millón y medio de agresiones fuera de las relaciones de pareja. Y tanto o más graves aún resultan los porcentajes de jóvenes que contemplan la violencia machista como “normal” (27%) o que entienden que el problema “se exagera” (21%).

Hay un punto de inflexión en nuestro tiempo, sin duda, respecto a la consideración social de la violencia machista. Una inflexión en el buen sentido, en el sentido de la condena al machismo y del apoyo a sus víctimas. Pero hace falta más esfuerzo, mucho más, para arrinconar definitivamente al machismo y erradicar sus consecuencias más dañinas.

Este esfuerzo tiene tres caminos fundamentales: la educación en valores de igualdad, desde la infancia más tierna; la penalización contundente para las conductas violentas, en lo social y en lo judicial; y la protección efectiva de las víctimas, para que escapen, para que denuncien, para que se sientan protegidas, y para que puedan rehacer sus vidas libres de maltrato alguno.

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Algunos de los actores más recientes en la política española se empeñan en distinguir lo que llaman “vieja política” o “régimen del 78” de la “nueva política”, que representarían presuntamente ellos mismos. En esta descalificación peyorativa suelen coincidir, desde perspectivas distintas, tanto los dirigentes de Podemos como los de Ciudadanos y buena parte del universo separatista catalán.

Estos discursos suelen desechar las formas propias de los protagonistas de la Transición como demasiado pactistas y claudicantes, bien con el pasado franquista, bien con los nacionalismos periféricos. La voluntad de encuentro se tacha de complicidad y el propósito del consenso se explica como traición. Se trata de subrayar los méritos supuestos de la “nueva” política desde la autenticidad pura, insobornable, innegociable y no mestiza.

En realidad, lo que algunos llaman contraste entre vieja y nueva política no es sino una reedición en formato actualizado de contrastes muy gastados en la historia española de los dos últimos siglos: el diálogo frente a la discusión; la empatía frente al sectarismo; la concordia frente al cainismo; el consenso frente al disenso; y, en definitiva, la vocación de unir frente a la vocación de dividir. 

¿Por qué aquel valor mayoritario en favor del diálogo y el acuerdo entre diferentes que triunfaba en la Transición cotiza menos en el tiempo actual? Quizás porque se ha atenuado el temor a la repetición de los episodios guerracivilistas. Quizás queda lejos ya el miedo a perder las libertades democráticas que las nuevas generaciones perciben como irreversibles. 

Pero hay motivaciones más prosaicas en el manejo político cotidiano. La crisis económica ha provocado frustraciones y enfados que algunos han decidido rentabilizar antes que atemperar derogando sus causas. Y la ira ciudadana se rentabiliza mejor a corto plazo señalando culpables que proponiendo soluciones.

Además, la representación política se ha fragmentado sobremanera, y los cuarentas por ciento que antes se requerían para influir, ahora se han reducido a unos más asequibles veintitantos por cientos. Para obtener más del 40% de los votos hay que hacer discursos integradores. Para sumar algo más del 20% basta con tener movilizada a la propia parroquia. 

Algunos se preguntan por las razones que llevan, por ejemplo, a Donald Trump a mantener una estrategia de permanente radicalización en la política de su país. De hecho, con solo un 40% de apoyos se ha convertido en el presidente americano más impopular durante el primer año de gestión. Sus cálculos son tan lamentables como efectivos. Simplemente renuncia a sumar más voluntades de las que le bastan para ganar la previsible batalla por la reelección. 

Salvando las distancias geográficas e ideológicas, algo parecido ocurre con los “nuevos” actores políticos en España. A Iglesias, a Rivera y a Puigdemont parecen bastarles los apoyos muy movilizados de sus acólitos para cumplir objetivos de táctica electoral. Si la radicalización les va bien, ¿por qué apostar por el diálogo o el acuerdo? 

El maestro Ignatieff escribió que “los políticos deben descubrir formas de articular lo que nos es común y después impregnar con esa vida en común el tejido de las instituciones”. Porque hacer política honesta es eso, velar por un proyecto común para una ciudadanía compartida. Hacer política de verdad, más nueva o más vieja, consiste en anteponer y cuidar lo que afortunadamente nos une sobre lo que legítimamente nos separa. Y evitar que las ideas diferentes se conviertan en muros insalvables para el afán de una convivencia democrática y saludable. 

El auténtico liderazgo en política no consiste en exacerbar el ánimo de una facción para enfrentarse a otra facción en el seno de una misma sociedad, con los mismos problemas de presente y los mismos desafíos de futuro. Liderar es hacerse con el estado de ánimo del conjunto y, desde las propias ideas, tratar honestamente de conducirlo por el camino del progreso común.

Ese fue el propósito de aquellos grandes hombres y de aquellas grandes mujeres que hicieron posible la maravillosa rareza histórica de la Transición Democrática Española y la Constitución de 1978. Ojalá el carácter de aquella “vieja” política perviviera en mayor medida entre los protagonistas de la política supuestamente “nueva”. 

Este propósito honesto pervive, por cierto, en iniciativas actuales como la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico que el PSOE ha propuesto en el Congreso, con ánimo de fomentar el encuentro y el acuerdo en torno a las reformas pendientes en la organización territorial del Estado.

Y ese mismo propósito anima en estos días a los socialistas catalanes en su discurso, en sus propuestas y en sus alianzas, para hacer del 21-D una oportunidad de encuentro y no un nuevo motivo para el frentismo, el desencuentro y el conflicto. 

¿Sobra la vieja política? No. Los que sobran son los viejos vicios cainitas, demasiado presentes siempre en la historia de la política española.

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El pensamiento nacionalista es por definición un pensamiento excluyente. Antes que por afirmar la identidad propia, se caracteriza por negársela a los demás, a los distintos, a “los de fuera”. Cuando este pensamiento es minoritario, la convivencia se tensa. Cuando se extiende por contagio emocional, la convivencia se rompe. De ahí la contundencia de aquella frase de Stefan Zweig sobre “la peste” de Europa, tan oportunamente reproducida en estos días.

La acción política que se deriva del pensamiento nacionalista no subraya los valores de la sociedad o la cultura propia, sino que se afana por distinguir esta de las demás. Yo soy catalán y tú no lo eres. El nacionalismo político amplifica los agravios cuando los hay y los inventa cuando no los hay, porque la victimización es el combustible emocional con el que alimenta el afecto entre los supuestos asediados y el desafecto ante los falsos asediadores.

La utilidad electoral de este clima inflamable es evidente. La dialéctica entre el nosotros y el ellos es tan clara como falsa. Nosotros somos los de aquí y ellos son los de allí. Y todos los que veis aquí que no comulgan con mis ideas en realidad trabajan para los de allí. Son falsos catalanes, malos patriotas, traidores o fascistas. Eso sí, la defensa de la patria exige adhesión incondicional y acrítica hacia quienes la lideramos, porque lo contrario supone ponerse de lado de los falsos catalanes, de los malos patriotas, de los traidores y de los fascistas.

El pensamiento nacionalista es a la vez simple y peligroso. Pero también resulta cansinamente anacrónico y reaccionario. En un mundo que globaliza sus relaciones económicas, su fenomenología social y su acervo cultural, restringir los espacios públicos y limitar las identidades es como poner puertas al campo. Las identidades son cada vez más libres, más compatibles y más compartidas. El futuro es el mestizaje. La pureza nacional, como la racial, son conceptos y expresiones de un pasado que no volverá, que no ha de volver.

Yo soy leganense, y soy madrileño, y son castellano, y soy español, y soy europeo, y soy todo a la vez. Unos días me levanto más madrileño que español, pero me acuesto encendidamente europeo. Otros días me siento ciudadano del mundo o no siento más identidad que la que me une a todos aquellos que sufren injusticias, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y tengan la nacionalidad que tengan.

Mi identidad es algo propio, que forma parte de mi libertad, y sobre la que nadie tiene derecho a imponer o a recortar. Y lo catalán forma parte de mi identidad, porque ese es mi sentimiento y esa es mi voluntad. Las romanzas de Albéniz y las Paraules D’Amor de Serrat son carne de mi carne musical. Las poesies de Maragall, El caso Savolta de Mendoza o El embrujo chino de Marsé fueron parte de mi despertar a las letras. El park Guell de Gaudí es paisaje de mi memoria infantil, como lo es el Pirineo leridano o la Costa Brava. El éxito de Barcelona 92 lo viví como mi éxito, el éxito de mi patria…

Pero, ¿quiénes son Puigdemont, Forcadell o Junqueras para amputar mi identidad? ¿Quiénes son los de las esteladas para negar esa parte de mí? ¿Cómo se atreven a llamarme extranjero en mi propio país? ¿Cómo pretenden hasta negarme el derecho a opinar y a votar si mi país sigue siendo mi país o si lo rompen, lo fraccionan y separan la parte que ellos quieren para sí solos?

Europa nació precisamente para superar la barbarie nacionalista. El nacionalismo es excluir y Europa es compartir. El nacionalismo es frontera, separación y debilidad, mientras Europa es la fuerza de la unidad. El nacionalismo es pasado y Europa es el futuro.

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La situación ocasionada por el desafío separatista en Cataluña sigue siendo de una gravedad extraordinaria, pero parecen abrirse ventanas de oportunidad que deben aprovecharse con inteligencia y generosidad por parte de todos.

Las consecuencias del conflicto se están sufriendo ya no solo en el anormal desenvolvimiento de las instituciones democráticas, sino en la vida económica y en la propia convivencia cívica. Si los problemas no entran pronto en fase de solución, los costes a pagar en términos de retroceso económico y conflictividad social pueden ser importantes e irreversibles, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Por eso, conviene no atender los cantos de sirena que invitan a mantener posiciones maximalistas o “contundentes”, por muy puestas en razón que parezcan. Entre solución y victoria conviene apostar por la primera. Si podemos ganar todos o casi todos, en lugar de que pierdan unos cuantos, por más que lo merezcan, intentemos hacerlo.

Lo vivido el martes 9 de octubre en el Parlamento catalán resultó más cercano al esperpento valleinclaniano que a una sesión propia de una institución democrática en la Europa del siglo XXI. Se proclamaron resultados de votaciones sin verificación independiente. Se declaró una independencia mediante un pseudo-acto de firma extra-parlamentaria. Se suspendió una declaración que no se había producido…

No obstante, la confusión del momento ofrece la oportunidad de recuperar la razón legal, la razón democrática y la razón política. Si no está claro qué fue lo que ocurrió en el Parlamento catalán en aquella jornada, requiramos una respuesta clara a sus hacedores. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de manera acordada con el PSOE, y ojalá los dirigentes independentistas aprovechen ese hueco para volver a la legalidad, a la democracia y a la política.

Rajoy y Pedro Sánchez han posibilitado una salida positiva a la encrucijada en la que nos hayamos, por responsabilidad fundamental del Gobierno catalán en rebeldía frente a la ley y al sentido común. Requerimiento a la Generalidad sobre su ajuste al ordenamiento legal vigente, y ofrecimiento simultáneo de diálogo para encontrar juntos una nueva organización territorial que ofrezca satisfacción con carácter general.

Se entiende menos la actitud de Rivera y de Iglesias, porque ambos dos están dando muestras de no entender la gravedad del momento institucional. Uno y otro, desde posiciones diversas y antagónicas, parecen buscar rendimiento electoral a corto plazo en un escenario que requiere altura de miras y preeminencia del interés colectivo.

La posición de ley y diálogo que está manteniendo Pedro Sánchez, y a la que se ha sumado Rajoy en las últimas jornadas, es la posición de centralidad que necesita la institucionalidad española en estos momentos. Y su desarrollo requiere, al menos, de cuatro fases.

Primero y ante todo, la recuperación del imperio de la ley, el sometimiento general al cumplimiento de las normas, para después cambiarlas si se quiere. Segundo, emprender un diálogo con voluntad de transacción y no solo de intercambio de posiciones inamovibles e improperios. Tercero, consecución de un acuerdo para establecer una nueva organización territorial del Estado, que incluya un nuevo encaje de Cataluña en la España federal y en la Europa federal. Y cuarto, una doble votación, en toda España primero y en Cataluña después para ratificar los acuerdos alcanzados mediante referéndum.

Este camino no será fácil de transitar, ni tan siquiera de emprender. Pero cualquier alternativa será mucho peor, para todos.

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El hispanista Paul Preston suele reiterar que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Por eso preocupa tanto que los protagonistas de la algarada separatista en Cataluña parezcan ignorar las gravísimas consecuencias que el nacionalismo exacerbado produjo en el conjunto de Europa a lo largo del siglo pasado.

El nacionalismo busca excitar los sentimientos de pertenencia y de exclusión, manipulando para ello la historia, inventando agravios, enfrentando civilmente a buenos y malos patriotas, prometiendo quimeras… Hasta este momento, la estrategia separatista en Cataluña ya ha situado a las principales instituciones catalanas fuera de la ley y del sistema democrático. El riesgo está ahora en la quiebra de la convivencia pacífica.

Una de las consecuencias de esta deriva irracional y peligrosa está en el soslayo de los problemas reales que sufren los catalanes, y que no tienen nada que ver con la supuesta falta de reconocimiento a sus singularidades identitarias. Por ejemplo: una encuesta reciente refleja que más de un tercio de los trabajadores barceloneses recibe salarios por debajo de los 1000 euros.

Este sí es un problema real, que los catalanes comparten con el resto de españoles. Y, por cierto, ¿cómo se ha ocasionado? Fundamentalmente a causa de la reforma laboral que la derecha española aprobó hace apenas un lustro con el apoyo parlamentario de… la derecha catalana que ahora lidera la escapada separatista. Esta es la verdad.

Por eso los socialistas estamos contra la estéril ilegalidad separatista, y por eso esta misma semana hemos propuesto un gran Pacto de Rentas con el que dignificar el empleo y adecentar los salarios. También para todos los catalanes.

El problema consiste en que las derechas, española y catalana, buscan consolidar un modelo de recuperación económica que cronifica los problemas de precariedad laboral y desigualdad social.

Lo hace por dos vías: por una parte, la reforma laboral facilita la mejora de la competitividad mediante el recorte de salarios y derechos de los trabajadores; y por otra parte, la política fiscal de redistribución inversa drena recursos de las rentas bajas a las rentas altas subiendo impuestos indirectos, bajando los directos y devaluando el Estado de Bienestar.

Los resultados son evidentes. Desde el inicio de la crisis, las rentas salariales han perdido más de 40.000 millones de euros a favor de las rentas del capital o excedentes de explotación en las empresas. Del 12,5% de aumento de la productividad experimentado en este mismo tiempo, los salarios se han beneficiado de apenas un 0,8% y todo lo demás ha engrosado el beneficio empresarial.

La desigualdad salarial no solo no se corrige con la recuperación económica sino que se acentúa. Según el índice de Gini salarial, en el periodo de crisis los salarios del 10% de trabajadores menos favorecidos han caído un 25%, mientras que en el periodo de recuperación (desde 2013) los salarios del 10% más favorecido están creciendo el doble que los salarios del 10% más pobre. Ocho millones de españoles se consideran trabajadores pobres. Y el porcentaje de españoles bajo el umbral de la pobreza ha sobrepasado ya el 22%.

El resultado puede valorarse muy negativamente en términos de justicia social. Pero también resulta un fracaso en términos de eficacia económica. La devaluación salarial hace caer el consumo y la tasa de ahorro de las familias. Si las empresas compiten bajando salarios no se ven impelidas a invertir en innovación, tecnología o formación. Los modelos de recuperación que apuestan por la desigualdad no son solo más injustos; también son más débiles y vulnerables.

El Pacto de Rentas que propone el PSOE a los interlocutores sociales y políticos pasa por cinco medidas:

  • Recuperar los salarios dignos, elevando el salario mínimo hasta 1000 euros mensuales en 2020, promoviendo la generalización de las cláusulas de revisión salarial en los convenios, y proponiendo a empresarios y sindicatos una subida de salarios de entre 2-3% en 2018 y de entre 2,5-3,5% para el periodo 2019-2021.
  • Elevar los salarios de los empleados públicos, al menos conforme al aumento de la inflación, y generalizar la jornada de 35 horas semanales sin merma en la retribución económica.
  • Derogar la reforma laboral del PP y acordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el equilibrio entre los poderes en el seno de la empresa y refuerce la negociación colectiva. Se trata de luchar contra la explotación de los trabajadores subcontratados, y se trata de corregir la legislación que posibilita la explotación de los falsos contratos a tiempo parcial, de los falsos autónomos, de los falsos contratos de formación, de los falsos becarios…
  • Un plan de choque para mejorar la inserción laboral digna de los jóvenes, revisando y promoviendo contratos de relevo y de prácticas.
  • Una ley de igualdad salarial que acabe con la brecha de género que discrimina a las mujeres con peores retribuciones por igual trabajo.

Estos son los problemas reales, ensoñaciones nacionalistas aparte. Y estas son las soluciones viables, para los catalanes también.

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