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Archive for the ‘Europa’ Category

El profesor Álvarez Junco nos enseña que la historia la hacen los hombres y las mujeres, no su carácter. Sostiene el profesor que no existe determinismo histórico alguno en razón de supuestos rasgos constantes en el carácter de los seres humanos, ni en el ámbito global ni territorio a territorio. En definitiva, que nuestra historia es fruto de nuestra decisión y no de nuestros genes.

Sin embargo, nuestra memoria histórica a largo plazo es, en buena medida, un tener presente la sucesión constante de conflictos bélicos decisivos y emblemáticos. Las guerras médicas, pírricas y la guerra de Troya en la Grecia clásica. Las guerras púnicas, cartaginesas y dacias en el imperio romano. Nuestra invasión árabe y la posterior reconquista. Las permanentes guerras entre reinos europeos durante la Edad Media. Las revoluciones guerreras de Estados Unidos y de Francia.

Nuestro dos de mayo y la posterior guerra de la independencia. La guerra de secesión norteamericana. Nuestras guerras carlistas, de Cuba, de Filipinas y de Marruecos. La Primera Guerra Mundial. La revolución rusa. Nuestra guerra civil. La Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico árabe-israelí. Las guerras de Corea y de Vietnam. Las guerras de Afganistán, de Chechenia y del Golfo. Las Malvinas. La invasión de Irak. La guerra de Libia. La guerra de Siria…

Y así del tirón, casi sin detenernos a pensar. ¿Podríamos hacer el mismo ejercicio en relación a los grandes inventos, o los progresos de la Humanidad, o los personajes de bien? Lo dudo.

Al parecer, y aún a riesgo de contradecir al profesor Álvarez Junco, hay algo en nosotros que se siente atraído por el fragor de la batalla. Una especie de ardor guerrero, que diría Lorenzo Silva. Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto esos viejos resortes siguen funcionando? ¿Hasta qué punto podemos mirar al pasado con cierto aire de suficiencia para sostener que la Humanidad del siglo XXI se deja llevar antes por la razón que por los tambores de guerra?

Un vistazo a la actualidad de la última semana produce un efecto desasosegante. El inefable Trump siente el agobio de sus sonoros fracasos en materia migratoria y sanitaria. Y reacciona bombardeando un aeródromo sirio entre el aplauso del mundo “civilizado”. Como le sale bien, Trump sigue en la linde tirando “la madre de todas las bombas” (MOAB) sobre sus enemigos, ahora afganos. La contraparte rusa se siente aludida y amenaza con tirar ya no la madre sino “el padre de todas las bombas” (COAB), en cuanto acierte a decidir dónde y sobre quién dejarla caer.

Pero, claro está, la cosa no podía quedar ahí. Si las grandes potencias compiten alardeando del tamaño de sus genitales bélicos, ¿por qué no habrían de hacerlo los demás? Kim Jong Un, que asegura no tener nada que envidiar a Trump, festeja el cumpleaños de su abuelo con un gran desfile de misiles “que pueden llegar de Corea a Estados Unidos”.

El ejemplo cunde, como cabría esperar. El “moderado” Rohani desbragueta sus armas en las calles de Teherán y declara que “nuestro ejército defenderá todo el Oriente Medio ante cualquier amenaza”. Y en la fiesta no podía faltar Nicolás Maduro, desde luego. Mientras el pueblo venezolano sufre un desabastecimiento generalizado en lo más básico, su presidente promete “¡Quinientos mil milicianos bolivarianos más! ¡Con todos sus pertrechos!”, por supuesto. Hasta el flemático londinense Michael Howard no ha dudado en recordar la guerra de las Malvinas para referirse a las implicaciones del brexit sobre el estatus de Gibraltar. ¡Gibraltar!

En este contexto, solo a un excéntrico como el que esto escribe podría parecerle surrealista el último debate en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, con los embajadores de las potencias del mundo discutiendo con seriedad lo “salvaje” que resulta matar niños con gas sarín en Damasco, mientras legitiman sin pestañear los dronazos que también matan niños -muchos más incluso- en Afganistán o Yemen.

Tan surrealista como comprobar que todas las naciones socias de la OTAN convienen en elevar sus presupuestos de defensa hasta el 2% del PIB en lugar de convenir reducirlos. O tan surrealista como saber que el alumno más aventajado en esta lección del gran presupuesto bélico para Europa es el “progresista” Tsipras, con un 2,3% en la castigada Grecia.

No sé si el sabio Álvarez Junco está o no en lo cierto respecto al determinismo histórico, pero a mí no me cuesta casi nada imaginar a algunos de los grandes líderes mundiales que veo cada noche en el telediario ataviados con cota de malla y sus correspondientes gladius y pugios. Casi nada.

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Durante estos días se tramita en el Congreso de los Diputados una de esas leyes que afectan decisivamente a las condiciones de vida de millones de personas, pero que no son objeto de gran atención pública, por carecer de los habituales resortes de controversia en los medios de comunicación. Es la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, categoría en la que participan más de 3,2 millones de españoles, debidamente dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social.

La derecha económica y política ha construido toda una épica en torno al “emprendimiento”, a los “emprendedores”, al “háztelo tú mismo”, al “sé tu propio jefe”, al “triunfa desde tu garaje como Gates o como Jobs”… Cuantos más parados se animen a desinflar las cifras del desempleo, mejor, aunque no siempre se “emprenda” en las condiciones mínimas debidas.

De hecho, la realidad cotidiana para la gran mayoría de los “emprendedores” españoles de verdad tiene poco de épica y mucho de obstáculos, de precariedad y de discriminación en el ejercicio de derechos que consideramos básicos para otros tipos de trabajadores.

El Partido Popular y, sobre todo, Ciudadanos han creído descubrir en el colectivo de trabajadores por cuenta propia un caladero privilegiado de votos, y campaña tras campaña se vuelcan en discursos, eslóganes, fotos y promesas de todo tipo. La realidad, sin embargo, es que desde la promulgación de la vigente ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en el año 2006 y con gobierno socialista, pocos avances reales se han producido para mejorar las condiciones de trabajo y de vida para estas personas.

En el inicio de la presente legislatura Ciudadanos y PP pactaron una doble iniciativa relacionada con los trabajadores autónomos: una ley de medidas urgentes y una subcomisión parlamentaria de estudio. No obstante, y más allá de toda la propaganda habitual, el resultado tiene visos de ser un fiasco.

Primero por el orden curioso con que han decidido afrontar el trabajo. Este será el primer proceso legislativo en el que primero se hace la ley y después se abre una comisión de estudio y propuesta. ¿Por qué lo hacen así? Para incluir en la ley las medidas fáciles y baratas, derivando las difíciles y costosas al estudio sin mayores consecuencias. La segunda frustración tiene que ver con el contenido, porque la propuesta a discutir solo contiene seis artículos de alcance menor. Y porque la mayor parte de los compromisos suscritos por Ciudadanos con PP y con PSOE han sido vetados por el grupo que apoya al Gobierno.

En consecuencia, el proyecto en tramitación habla de la modulación de recargos por ingresos fuera de plazo en la Seguridad Social, por poner un ejemplo ilustrativo, pero obvia las soluciones a todos los grandes problemas que de verdad sufren los trabajadores autónomos. No hay ni rastro de ayudas a la financiación. Nada sobre cómo afrontar la morosidad excesiva, en lo público y en lo privado. Nada sobre la mejora de la fiscalidad que se demanda vivamente. Nada sobre el fraude creciente de los falsos autónomos explotados. Muy poco sobre la equiparación de prestaciones sociales con el régimen general de la Seguridad Social, en cese de actividad, en accidentes de trabajo, en formación profesional.

Y ahí es donde están los auténticos desafíos. Los autónomos no necesitan más ánimo o más alabanza a su valentía y su esfuerzo. Lo que necesitan son ayudas para financiar sus proyectos, y reglas claras para que les paguen las facturas pendientes, y facilidades para optar a los concursos públicos en igualdad de condiciones con las grandes empresas, y trámites administrativos más simples,  y una legislación que no les empobrezca cuando caen enfermos o han de jubilarse…

Nuestro propósito será el de atender estos retos auténticos durante la tramitación de la ley. Menos jabón y más solución.

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La última reunión de los países integrantes de la OTAN ha confirmado el compromiso general de situar el gasto nacional en materia de defensa sobre el umbral del 2% del PIB antes del año 2024. Tal compromiso se alcanzó inicialmente en la cumbre de Gales que tuvo lugar en 2014. La ministra española de defensa, Dolores de Cospedal, se ha apresurado a manifestar la intención de nuestro Gobierno para “cumplir su compromiso”.

La presión de los Estados Unidos de América para que los países europeos incrementen sus gastos de defensa viene siendo recurrente desde hace mucho tiempo, toda vez que soportan más del 70% del presupuesto de la alianza atlántica. Países como Reino Unido, Polonia, Grecia y Estonia superan ya ese porcentaje del 2% sobre la riqueza nacional. Alemania lleva cuatro años incrementando con fuerza su presupuesto defensivo. Y durante el ejercicio 2016 el incremento medio en los gastos de defensa de los países de la OTAN superó el 3%.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha generado una presión añadida sobre los 28 gobernantes aliados. Tras las críticas polémicas sobre lo “obsoleto” de la organización, el controvertido mandatario americano ha amenazado casi literalmente con relajar el crucial compromiso de su país con la defensa europea. Resulta lógica la preocupación en los departamentos de defensa de toda la Europa comunitaria.

Ahora bien, la contabilidad de la OTAN atribuye a España actualmente un gasto defensivo de 11.000 millones de euros, apenas un 0,9% del PIB. Para “cumplir el compromiso” de llegar al 2% nuestro país debiera más que duplicar su presupuesto de defensa durante los próximos siete años, pasando de esos 11.000 millones actuales a más de 22.000 millones.

¿Puede permitirse la sociedad española duplicar el gasto en defensa cuando su Gobierno acaba de vetar la tramitación de una ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones por “su coste excesivo”: 1.200 millones en este año? ¿Tiene sentido invertir 11.000 millones más en tanques y bombas cuando el partido del Gobierno se ha opuesto a la tramitación de una ley que asegura un ingreso mínimo a 700.000 familias sin recursos porque su coste podría alcanzar esa misma cifra?

Y una pregunta más: ¿quiénes se benefician de esta dinámica que lleva a todos los países de mundo a aumentar significativamente sus arsenales militares “para estar más seguros”? ¿Estaremos más seguros en un mundo que multiplica la disposición de armas destructivas?

No caben planteamientos ingenuos o poco realistas. La defensa es necesaria. Pero también 3es cierto que la lógica del interés general debiera llevar a todas las sociedades del mundo, especialmente las que se llaman a sí mismas como “más desarrolladas”, a incrementar los esfuerzos para la paz y la seguridad común en lugar de acumular más y más armas. Esa misma lógica debiera conducir a la OTAN y las grandes potencias del mundo a fortalecer instituciones como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para prevenir y solucionar conflictos.

Mejor invertir en paz que en armas.

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Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

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El mundo vive un cambio de época que va mucho más allá de una simple época de cambios. La mayor parte de las actividades humanas, tanto en el espacio público como en el privado, mutan y se mundializan, abriendo todo tipo de oportunidades y de incertidumbres a la vez. Y el cambio afecta desde las relaciones económicas a la participación en los asuntos colectivos, pasando por la naturaleza de las instituciones familiares y religiosas o el disfrute de la cultura y el ocio. Lo solemos llamar proceso de globalización y revolución tecnológica.

Al mismo tiempo que se amplían los horizontes de progreso para la Humanidad en prácticamente todos los ámbitos, también se disparan las inseguridades y los miedos. Estos últimos devienen de la ausencia de reglas con que ajustar tales cambios a los límites del bien común. Sin normas y sin límites, las fuerzas que operan en la globalización y la revolución tecnológica tan solo se atienen a la ley del más fuerte. Y La ley del más fuerte siempre ocasiona desigualdades e injusticias por doquier.

La derecha ignora los miedos en su carrera por maximizar el beneficio económico en pocas manos, por lo que acrecienta sus causas y estimula sus consecuencias. Los populismos utilizan las injusticias para azuzar los miedos, prometer lo imposible y encaramarse rápidamente en un poder generalmente arbitrario y déspota.  La izquierda socialdemócrata debiera asumir la responsabilidad de responder a las nuevas incertidumbres con nuevas reglas transnacionales, con las que someter aquellos cambios a los valores, los intereses y la voluntad de las grandes mayorías. Pero la izquierda deambula entre la división y la desorientación.

Los populismos responden a aquellos miedos primarios con falsas soluciones igualmente primarias. Ante el miedo a la fuga de empresas propias, un muro. Ante el miedo a la llegada de productos foráneos más competitivos, un muro. Ante la amenaza de los migrantes económicos o refugiados, un muro. Ante el desafío del terrorismo internacional, un muro. Ante el desdibujamiento de las identidades propias, un muro. Ante el mestizaje cultural, un muro… El populismo promete resolver todo levantando nuevos muros, cuando el auténtico progreso para la Humanidad siempre llegó sobre los puentes.

Ese es el gran debate. O los muros populistas o los puentes progresistas. O los muros que aíslan y empobrecen, o los puentes que favorecen el encuentro y el mutuo enriquecimiento. Y el puente hoy es la política en la dimensión propia del siglo XXI de la globalización y la revolución tecnológica: la política global. Si el espacio público compartido se ha globalizado, las ideas, los planes, las reglas, las normas, la acción política y la ordenación de ese espacio debe ser también global.

Solo así podremos combatir con eficacia las desigualdades, las injusticias y los miedos. Solo así podremos promover una globalización para el progreso. Esta es la utopía socialista para el siglo XXI. Si consiguiéramos superar tanta división y tanta desorientación…

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simancas211216

Parece abrirse paso la convicción que invita a llevar a cabo algunos cambios en la Constitución Española, tras 38 años de vigencia y muchas menos modificaciones que otras cartas magnas en las democracias consolidadas de nuestro entorno. Sin embargo, los planteamientos en cuanto al alcance, los contenidos y las condiciones de tales cambios son muy diversos en unas y otras latitudes políticas.

Las distintas posiciones sobre las modificaciones en la Constitución pueden agregarse en dos grandes bloques: los que plantean reformas constitucionales y los que apuestan por un proceso constituyente. Las diferencias son de tal calado que invitan al pesimismo en cuanto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo mínimo de carácter general.

Los reformistas tienen como objetivo mejorar y actualizar el texto aprobado en el año 1978. Los liquidacionistas pretenden demoler la Constitución del 78 para elaborar otra distinta desde cero. El primer planteamiento implica reconocer las aportaciones del texto vigente a la convivencia y al desarrollo de la sociedad española, para construir sobre lo construido. La segunda opción, por el contrario, significa dar por fallido lo que llaman el “régimen del 78” para erigir un nuevo régimen sobre bases distintas.

Las contribuciones de la Constitución de 1978 al progreso de los españoles son de tal magnitud y evidencia, que su negación solo puede explicarse desde la ignorancia supina respecto a nuestra historia o desde prejuicios ideológicos afortunadamente minoritarios en nuestro país. Puede afirmarse con la rotundidad que aporta el análisis más objetivo que los 38 últimos años han sido los más positivos de la historia de España en prácticamente todos los órdenes, desde el progreso económico hasta el disfrute de derechos y libertades, desde el ejercicio de la democracia hasta la mismísima convivencia pacífica entre españoles.

Tal valoración no obsta para reconocer carencias y debilidades que aconsejan vivamente acometer reformas, incluso reformas de calado si se quiere. Pero tal reconocimiento no puede legitimar en modo alguno los planes de quienes buscan derribar este puntal de nuestro desarrollo para sustituirlo por nadie sabe qué.

Uno de los grandes valores del texto del 78 radica precisamente en aquello que los liquidacionistas más denuncian: el consenso entre diferentes. Sin embargo, ya hubo muchas experiencias de constituciones “puras” o “de parte” en nuestra historia, y todas ellas fracasaron por no aglutinar siquiera a las grandes mayorías en torno a unas reglas básicas para organizar el espacio público compartido.

En consecuencia, tiene sentido abordar el debate sobre los cambios pendientes en la Constitución a partir de eso que se está dando en llamar “el perímetro de la reforma”. Se trata de reformar a partir de lo establecido. Se trata de mejorar lo que requiere actualización y mejora. Se trata de dar nuevos pasos en el camino emprendido. Y esta tarea requiere de algunos acuerdos previos.

Los contenidos a explorar en una reforma constitucional han de referirse a tres grandes cuestiones. En primer lugar, la consolidación y el avance de los derechos de ciudadanía, como el derecho a la protección frente a la enfermedad, frente a las situaciones de dependencia y frente a la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar, la cualificación de nuestras instituciones y procedimientos democráticos. Y en tercer lugar, la vertebración territorial del Estado, clarificando competencias, distribuyendo financiación con criterios definitivos y asegurando la colaboración eficaz entre administraciones.

Frente a las estrategias liquidacionistas, el proceso de reforma no ha de poner en cuestión los fundamentos del consenso constitucional que asegura nuestra convivencia, tales como la garantía para la unidad del país, la igualdad de todos los españoles y su régimen democrático representativo.

España ya tuvo un proceso constituyente, que nos llevó de la dictadura a la democracia. Aquellos que ahora reclaman un nuevo proceso de este calado tendrán que aclarar hacia dónde quieren llevarnos,… o devolvernos.

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 simancas071216

Sostenía el politólogo John Dunn que la democracia es un viaje inacabado del ser al deber ser. De hecho, el inconformismo de la sociedad actual con la democracia vigente está alcanzando niveles de revuelta.

La tradicional democracia representativa se nos presenta por algunos como una vieja dama anticuada, merecedora de reconocimiento por los servicios prestados antaño, pero incapaz de dar respuestas satisfactorias a las exigencias de las nuevas generaciones, más informadas y capaces.

El viaje inevitable hacia el perfeccionamiento de la democracia, sin embargo, nos está llevando por caminos diversos, a veces hacia delante y a veces también hacia atrás. Por ejemplo, hay quienes interpretan la mejora de la calidad de la democracia exclusivamente en términos de sufragio directo y de mayoritarismo. Cuanto más se vote, mejor. Y cuanto más se hagan valer las mayorías, mejor también.

Cuando hay un problema que resolver, votemos. Cuando hay una decisión que adoptar, votemos. Cuando hay un liderazgo por dirimir, votemos. Votar cuanto más mejor, y votar cuanto antes mejor. Da igual lo complejo que sea el problema. Da lo mismo cuántas sean las alternativas a considerar en la decisión. Nada hay más estimulante que contemplar el espectáculo de los líderes peleando en la arena por el voto inmediato.

No perdamos el tiempo en diagnósticos que dan dolor de cabeza. Para qué entretenerse en estudiar lo que se hizo antes, lo que se hace en otros sitios, lo que se puede hacer para mejorar. Por qué intentar la suma, el acuerdo, el consenso, cuando resulta más fácil, más atractivo y más “democrático” votar ya. Ante la duda, votemos. Y si nos surgen más dudas, pues votemos más. Que brinden los ganadores y que sufran los perdedores. Hasta la próxima votación.

Han votado los italianos contra su reforma constitucional en referéndum. Y antes votaron los colombianos contra el acuerdo de paz con la guerrilla. Y votaron los británicos contra su pertenencia a la Unión. Y antes aún votaron los franceses contra la Constitución Europea.

Todos estos votos parecen emitidos contra la razón. ¿Por qué? Porque no es razonable reducir toda la complejidad de la política a una dicotomía tramposa. Porque casi todos los referéndums esconden un plebiscito falaz. Y porque casi todos los referéndums invitan a conformar coaliciones negativas igualmente falaces.

Resulta absurdo reducir la complejidad de una toda una reforma institucional en un gran Estado como Italia a la dualidad entre el sí o el no propuesto por Renzi. Como resultaba inconcebible decidir en torno a las complejas relaciones de la Gran Bretaña con el resto de Europa en un simple yes/no. Igual que resulta irracionalmente simplificador establecer las condiciones de la normalización institucional de la guerrilla colombiana mediante la sencilla elección entre solo dos papeletas.

El atractivo irresistible de poner una papeleta en la mano de la ciudadanía lleva a muchos líderes a jugar con fuego. Y después nos extraña que se acaben quemando. Es más fácil y tentador tumbar al adversario en un referéndum que dialogar y acordar con él en una mesa de negociación. O mando yo o manda él. O yo o el caos. Pero el juego plebiscitario sale a la luz, y el votante lo castiga. Porque siempre resulta más fácil sumar coaliciones a la contra que a favor. Siempre fue más sencillo destruir que construir.

Y es que quizás el viaje hacia la mejor democracia no sea tan sencillo como poner más urnas y ejercitar el mayoritarismo hasta la extenuación. Puede que una democracia mejor requiera de un poquito más de esfuerzo por parte de quienes la integran. Es posible que resolver democráticamente un desafío complejo exija un trabajo riguroso de análisis, una labor insistente de diálogo, una tarea esforzada de encuentro y de acuerdo… Puede incluso que hayamos de confiar en nuestros representantes democráticos durante un tiempo para desbrozar ese camino, antes de votar todos.

Algunos de estos “votacionistas” y “mayoritaristas” hubieran preferido votar inmediatamente tras la muerte del dictador en 1975. Votar entre monarquía y república. Votar entre capitalismo y marxismo. Votar entre clericalismo y laicismo. Votar entre Estado nacional o confederal. Votar entre ejército sometido o disuelto… Sin embargo, aquella generación decidió contener las ansias “votacionistas” y “mayoritaristas”, para ponerse primero a trabajar, a dialogar, a acordar un marco de convivencia para todos. Y votar después.

¿Fueron poco demócratas aquellos españoles de la Transición? ¿O en realidad fueron más y mejores demócratas que quienes hoy plantean liquidar la Constitución de 1978 para votar y “mayoritear” a gusto?

Cuando se busca el bien común, la democracia es mucho más que votar y ejercer el poder de las mayorías inmediatas. Claro que siempre hay otros objetivos…

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