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LA DEMOCRACIA EN PELIGRO

LA DEMOCRACIA EN PELIGRO

La democracia no es indestructible. La supervivencia de la democracia depende de hasta qué punto estemos dispuestos los demócratas a defenderla. Se puede destruir. Ya ocurrió en España, en Alemania, en la Europa de los años 30. La hemos visto amenazada estos días en Estados Unidos.

La democracia tiene muchos enemigos, ya sea por motivaciones ideológicas o en defensa de intereses poderosos. A veces, el mayor adversario reside en la desidia, el aburrimiento o la ceguera de quienes están llamados a su defensa. Los populismos, las polarizaciones excesivas, las corruptelas, las ineficiencias… también son adversarios temibles.

Pero el principal peligro para la democracia viene del fascismo, como entonces, como ahora, como siempre.

No caigamos en la caricatura de despreciar un Tercer Reich redivivo. Trump es fascismo. No es aún el Hitler de 1933 y el incendio del Reichstag, pero sí se asemeja mucho al Hitler de 1923 y el golpe cervecero del Putsch.

Quienes minusvaloraron el peligro fascista en aquella asonada de la cervecería muniquesa lo lamentaron después sobre la tumba de la República democrática de Weimar.

Trump es fascismo, como lo es Bolsonaro, como lo es Le Pen, como lo es Salvini, como lo es Abascal. Y se le ha de combatir en defensa de la democracia, cuando aún estamos a tiempo.

El fascismo constituye un paso atrás en el proceso civilizatorio. Aún más, supone un retroceso grave en la humanización de nuestras sociedades. El fascismo representa el poder de la fuerza sobre la razón, que nos aleja del terrible estado de naturaleza.

El fascismo llama a los instintos primarios, como el egoísmo, el odio al diferente, la imposición violenta de la voluntad, frente a los valores que nos humanizan y nos civilizan, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia, el derecho.

Trump practica el fascismo cuando alienta al supremacismo blanco. Como lo hace Abascal al tachar de ilegítimo y criminal al Gobierno democrático. Como lo hace Espinosa al identificar inmigrantes con violadores. Como lo hace Olona al reivindicar el vandalismo sobre el homenaje monumental a la democracia. Como lo hace De Meer al azuzar el odio a los menores africanos.

No se puede ignorar, ni infravolorar, ni contemporizar, ni frivolizar con la amenaza fascista. La historia nos enseña que el precio a pagar es demasiado caro.

Para muchos alemanes de 1923, Hitler era un payaso que había protagonizado una patochada inofensiva en una cervecería de Munich. Apenas le tuvieron unos meses en la cárcel por aquello. Despreciaron por libelo su “Mein Kampf”. Se rieron de sus uniformes, sus marchas y su folclore. Diez años más tarde, ardían el parlamento y la democracia alemana.

En el año 2015, los americanos de bien y buena parte del mundo civilizado se reían de Trump y sus frikadas. En 2016 se convirtió en jefe del mayor ejército del mundo. Esta semana ha instigado a una multitud para asaltar el Capitolio y forzar un golpe de Estado.

¿Alguien cree que Trump va a parar?

En 2016, los demócratas estadounidenses se incineraron en las hogueras de su propia división. Como aquí, como tantas otras veces. Los republicanos, la derecha democrática, siguieron  la estela de Trump, entre el acomplejamiento y el aprovechamiento. Como aquí, como tantas otras veces. Una parte del poder económico y mediático le justificó y le amparó, por interés, por recoger dividendos, por comodidad. Como aquí, como tantas otras veces.

Ahora lo lamentarán, en el mejor de los casos. O, en el peor de los casos, permitirán que salga impune de su Putsch particular, de su noche de los cristales rotos, y siga creciendo.

Lo peor del caso estadounidense no son las terribles imágenes de esos fascistas asaltando el parlamento y tratando de imponer la fuerza sobre los votos. Lo más temible es la constatación de que tras Trump y su fascismo del siglo XXI hay más de 74 millones de norteamericanos, que se registraron como votantes e introdujeron una papeleta con su nombre en una urna.

Eso, y los 3,6 millones de votos que obtuvo VOX en España.

Ahí está el reto.

La democracia sobrevive si la democracia se defiende.

Hay que combatir al fascismo y a los fascistas. Con la palabra y con el Estado de Derecho. Desmontando sus consignas falaces y aplicándoles la ley con contundencia.

Aislándoles, mientras tanto. Y, desde luego, no pactando con ellos, no gobernando con ellos, ni con su apoyo, como hacen aquí PP y Ciudadanos.

Si Hitler hubiera cumplido la condena que merecía por el golpe de 1923, no hubiera tenido después la posibilidad de destruir la democracia alemana y sembrar la desolación en toda Europa.

Si Trump es acusado y juzgado como merece por alentar un golpe de Estado en su país, la democracia americana tendrá la oportunidad de defenderse.

Aquí también hay que hacerlo. Cada vez que traspasen la barrera de la ley, la ley debe caer sobre ellos.

La democracia es grande. Tanto, que protege los derechos de aquellos que buscan destruirla, incluso. Y es lo correcto. Pero la democracia no puede ser ingenua, ni indefensa.

Es cierto que la democracia tiene limitaciones, defectos, fallos. Y buena parte de la defensa de la democracia pasa por reconocerlos y corregirlos.

Pero la única alternativa legítima a una democracia con fallos es una democracia mejor.

Esto no ha terminado. Ni mucho menos.

LA POLÍTICA EN 2021 TIENE QUE SER DISTINTA

LA POLÍTICA EN 2021 TIENE QUE SER DISTINTA

La pandemia ha cambiado muchas cosas en los modos de vida, en las relaciones sociales, en las formas de trabajar, en la percepción de lo público… La política también debe cambiar.

El virus nos ha arrojado a un agujero profundo de salud deteriorada, de economía hundida, de empleos perdidos, de precarización social… Y la primera condición para salir del agujero es recuperar la confianza.

Necesitamos recuperar la confianza en nosotros mismos, como sociedad fuerte y desarrollada, como economía sólida y resiliente, como democracia asentada y de calidad. Sin confianza no hay esperanza, ni recuperación, ni salida del túnel.

Pero recuperar la confianza es misión de todos. No solo de quienes gobiernan. La confianza es incompatible con los discursos catastrofistas, pesimistas, desesperanzadores.

Los representantes políticos de la sociedad española tenemos el derecho y el deber de plantear alternativas, de disentir, de practicar el control riguroso, de criticar…

Pero no tenemos derecho a dibujar cada día un horizonte negro en beneficio propio. No hay derecho a negar la confianza y la esperanza a la sociedad española.

La política y el partidismo no son lo mismo. Lo hemos dicho muchas veces. La distinción tiene ahora más sentido que nunca. La política busca el interés general desde perspectivas distintas. El partidismo solo busca el interés propio.

Siempre hubo un espacio y un tiempo para la política y para el partidismo legítimo. Hasta ahora primó lo segundo sobre lo primero. Es hora de invertir las proporciones. Más política, menos partidismo. Es lo que toca.

Algunos temas centrales para recuperar la confianza deben quedar al margen de la controversia partidista. Es necesario.

El refuerzo de los sistemas públicos de salud y los planes de vacunación deben compartirse, sin recelos, sin diatribas, sin conflictos. Es preciso que toda la población confíe en el comienzo del fin de la pesadilla.

La distribución de fondos europeos para reconstruir la economía, para modernizar nuestro aparato productivo, para crear buenos empleos, para proteger a los más vulnerables, tienen que ser más objeto de consenso que de disenso.

El funcionamiento de nuestras instituciones, las reglas del juego de nuestra democracia, han de situarse fuera del cuadrilátero diario. La legitimidad del Gobierno legítimo, la renovación de las instituciones caducadas, el papel simbólico y unificador de la Jefatura del Estado, no pueden ser objeto permanente de cuestionamiento.

Al Gobierno se le controla y se le critica. Las instituciones se renuevan con criterios exigentes de transparencia, mérito y autonomía. Al rey emérito se le investiga y se le juzga con todas las de la ley. Desde luego. Pero sin legitimidad en las instituciones de nuestra democracia no hay confianza, y sin confianza no salimos de ésta.

La política exterior requiere de posiciones de Estado. No hay una política socialista y una política popular para la defensa de los intereses de España en Europa y en el mundo. Las divergencias internas en política exterior son garantía de fracaso en negociaciones en las que nos jugamos mucho.

Más cosas. Las Administraciones gestionan y colaboran. Los partidos debaten y confrontan cuando es necesario. No cabe utilizar las Administraciones para la confrontación política. Es ineficiente. Y es desleal.

En la política española los desacuerdos son la regla y los acuerdos son la excepción. Es lo más fácil. Excitar a la parroquia propia, afianzarse en las ideas vírgenes de uno, y negarse siquiera a contaminarse en el diálogo con el otro. Esto también debe cambiar.

La democracia es compleja. Las responsabilidades de los políticos son importantes, y hay que abandonar las zonas de confort. Remangarse, hablar, convencer, ser convencidos, entenderse y acordar.

¿Tiene coste? Sí. Pero no hacerlo tiene un coste colectivo mucho mayor.

Y hay que bajar el diapasón de la discusión política. Apuntémoslo todos. Yo también.

Abusamos mucho de la exageración, de la demagogia, del zasca, del golpe fácil, para buscar el aplauso de la clack, en nuestro tendido parlamentario o en las redes sociales.

Reprimamos esas tentaciones. La confianza exige un mínimo de empatía, de reconocimiento del otro, de respeto, de cortesía si se quiere.

¿Propósitos buenos y volátiles para el año nuevo? Esta vez no. Muchos tememos que nos va la supervivencia en ello.

LA EUROPA DE SÁNCHEZ Y LA EUROPA DE RUTTE

LA EUROPA DE SÁNCHEZ Y LA EUROPA DE RUTTE

Formalmente, el Consejo Europeo de los días 17 a 20 de Julio ha sido un Consejo más. No se ha celebrado ningún acto solemne, ni se ha firmado un documento de carácter histórico, al modo de los fundacionales de la Unión. Sin embargo, esta reunión formalmente rutinaria ha supuesto de facto un trascendental punto de inflexión en el proceso de integración europea.

Además, en esta ocasión, los debates y las decisiones adoptadas en las instituciones comunitarias no han llegado al conjunto de la ciudadanía como algo abstruso y lejano a nuestro día a día, sino como discusiones y resoluciones decisivas para el empleo, para la sanidad, para la educación, para el futuro de nuestros jóvenes…

En estas maratonianas reuniones del fin de semana se han contrapuesto dos grandes modelos sobre el porvenir de las instituciones europeas.

Lo que podríamos llamar la Europa de Rutte, por el gobernante holandés que se erigió en portavoz de los llamados países “frugales”, limita el compromiso común al mantenimiento de un mercado interior abierto, sin criterio ni estrategias compartidas respecto de las desigualdades e injusticias que genere, por ejemplo, entre el norte y el sur, entre el oeste y el este, o entre los ganadores y los perdedores que resulten de cada crisis en cada país.

Por contra, lo que podríamos llamar la Europa de Sánchez, por el Presidente español, apuesta por un continente integrado y justo, en línea con el proyecto federal que figuraba en los sueños del europeísmo más ambicioso y primigenio. Frente a la Europa que se circunscribe a facilitar a los países industrializados la venta de sus lavadoras, y a permitir sin apenas restricciones la deslealtad fiscal de algunos “socios”, está la Europa que aspira a formar instituciones comunes para un pueblo común y unos principios comunes, fundamentados en los valores ilustrados de la igualdad, la libertad y la fraternidad.

La Europa de Sánchez se ha impuesto sobre la Europa de Rutte, por fortuna para los españoles, para los europeos más afectados por la pandemia y, en realidad, para la propia supervivencia del proyecto europeo. Un nuevo paso atrás, en el sentido que marcaban los también llamados gobiernos “tacaños”, hubiera dado definitivamente alas al europescepticismo y al populismo más anti-europeo, no solo en el voto, sino también en la conciencia y en el corazón de muchos europeístas.

Pueden contarse hasta siete razones, al menos, para constatar el formidable paso adelante que ha dado Europa durante este fin de semana.

Por vez primera, un problema que ha afectado a unos países más que a otros, ha sido considerado como un problema común, que requiere de respuestas comunes y que ha de emplear recursos comunes en su resolución. Parece poca cosa, pero resulta una novedad en toda regla sobre el transcurrir reciente de las instituciones europeas.

A diferencia de la respuesta que Europa planteó ante la crisis financiera de 2008, en esta ocasión no se ha apostado por medidas procíclicas de austeridad y ajuste fiscal, sino por políticas anticíclicas, de expansión del gasto, puramente keynesianas y socialdemócratas. Si en 2008 la estrategia estaba pensada para beneficio de los países más ricos, ahora las decisiones responden en mayor medida al interés común.

La dimensión de los recursos en juego adopta también, por vez primera, una escala europea. 750.000 millones de euros es una cantidad que evidencia una voluntad real para afrontar las consecuencias de la COVID-19, más allá de simulaciones, escenificaciones y postureos.

Los recursos se movilizan mayoritariamente en forma de transferencias y no créditos, a diferencia de otras ocasiones. Esos recursos se activan mediante deuda mutualizada contra el presupuesto europeo común, en una decisión histórica, medular y largamente reivindicada por los auténticos creyentes en la Europa federal.

Las ayudas se prestan sin condicionalidad sobre déficit y deuda, es decir, sin la contrapartida de los recortes sociales y sin la vigilancia de los “hombres de negro”, que tanto daño hizo antaño al proyecto europeo y tanto coste ocasionó sobre las condiciones de vida de millones de europeos del sur.

Las instituciones europeas, no obstante, estarán vigilantes para que los recursos comunes se empleen debidamente, en planes de inversiones orientados a la reactivación económica, la generación de empleo digno, la modernización del aparato productivo, la transición ecológica justa, la transformación digital… Pero esa supervisión funcionará mediante mayorías cualificadas y no a través de las viejas unanimidades, que otorgaban un irregular poder de veto a algunos gobiernos con intenciones no siempre loables.

En definitiva, el último Consejo Europeo se ha saldado con un éxito indudable para el interés de los españoles, y con un gran paso adelante para la vigencia y la fortaleza del proyecto ilusionante de la Europa común.

A lamentar tan solo las caras largas de la derecha española, cuyos dirigentes se equivocaron primero al obstaculizar las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, y vuelven a errar ahora lamentando unos acuerdos que todos los españoles valoran con acierto en lo mucho que importan para nuestro futuro.

EN EUROPA, TODOS DETRÁS DE PEDRO SÁNCHEZ

EN EUROPA, TODOS DETRÁS DE PEDRO SÁNCHEZ

Más allá de los dimes y diretes domésticos que recorren los medios de comunicación, donde de verdad se la está jugando el país durante estos días, es en las negociaciones acerca de la distribución de las ayudas de la Unión Europea para superar la crisis ocasionada por la pandemia.

Todo lo demás, por relevante que nos parezca en la peculiar burbuja del debate partidario, queda a años luz en cuanto a trascendencia para el interés general y los retos que nos depara el futuro.

En consecuencia, cabe requerir a todas las fuerzas políticas, a sus líderes y portavoces, que contribuyan a fortalecer la posición de España en esas negociaciones en marcha, respaldando las gestiones que lleva a cabo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en representación del interés de todos los españoles.

Las ayudas de las instituciones europeas para afrontar las consecuencias de la COVID-19 llegarán fundamentalmente desde tres vías: los 750.000 millones de euros propuestos por la Comisión Europea para la reconstrucción social y económica; los 540.000 millones ya consignados a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y el SURE (el fondo europeo  de ayudas al desempleo); y los 200.000 millones listos a distribuir por el BEI (Banco Europeo de Inversiones).

En estos días se está negociando cuánto de estos fondos llegará a España, cuándo lo hará, con qué condiciones, y con qué naturaleza, cuánto en modo transferencia y cuánto en modo préstamo. Nada más y nada menos.

Es decir, del éxito o del fracaso de estas negociaciones en dependerán las posibilidades de la sociedad española para reforzar su sistema nacional de salud, para reactivar su economía, para generar empleo de calidad, y para sostener el escudo social levantado en defensa de los más vulnerables.

Por tanto, antes que el debate obtuso entre progubernamentales y antigubernamentales porque sí, entre populistas y anti populistas, entre indepes y contra indepes, en estas fechas conviene prestar atención al debate trascendental en el seno del Consejo Europeo, entre gobiernos “frugales” (insolidarios) y “exigentes” (solidarios).

La posición del Gobierno español responde a varias claves:

  • El apoyo a las políticas europeas anticíclicas, de activación y estímulo de la demanda, en forma de nuevo “Plan Marshall”, como viene reclamando Pedro Sánchez;
  • Unas ayudas europeas en forma de transferencia sin condicionalidad sobre déficit y deuda, fundamentalmente, para evitar las consecuencias indeseadas de la anterior crisis financiera;
  • Unas ayudas que, sin embargo, alienten reformas positivas, como la transición ecológica justa y la transformación digital;
  • La exigencia de que en esta crisis “nadie quede atrás” y se proteja de manera justa y eficaz a los colectivos más vulnerables;
  • La necesidad de no retirar los estímulos económicos y las ayudas demasiado pronto, para no malograr la reactivación y no acrecentar las desigualdades;
  • Aprovechar esta oportunidad para relanzar la integración europea a partir de los principios de la solidaridad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

El comportamiento del PP, el principal partido de la oposición, con importantes influencias en Europa, ha sido decepcionante.

Su portavoz parlamentaria en España descalificó las reclamaciones del Gobierno de España ante las instituciones europeas en términos de “mendicante”. Su portavoz parlamentaria en Europa remitió un informe a la Comisión Europea descalificando no solo al Gobierno, sino al propio Estado de Derecho español en su lucha contra el virus. Y el Gobierno conservador de la Comunidad de Madrid ha cuestionado la llegada de turistas europeos vía aeropuerto de Barajas.

El desmarque desleal del PP ha llegado, pues, de la peor manera y en el peor momento, debilitando las posiciones negociadoras del Presidente del Gobierno, y poniendo en riesgo la llegada de las ayudas imprescindibles para fortalecer nuestra sanidad, recuperar la economía y generar puestos de trabajo de calidad.

Tenemos una gran oportunidad en la Comisión parlamentaria de Reconstrucción para alcanzar acuerdos y consensos que ofrezcan la imagen de unidad y fortaleza, que ahora necesitamos para obtener el máximo rendimiento en las negociaciones europeas.

Ya habrá tiempo para los dimes y diretes. Ahora lo que conviene al país es ponernos todos detrás de Pedro Sánchez en la defensa del interés común en Europa.

GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

La sociedad española afronta dos grandes desafíos. El primero y prioritario consiste en doblegar al virus, salvar vidas y preservar la salud de los españoles.

Pero hay un segundo reto para el que hemos de ir preparándonos: el de reconstruir un país fuertemente golpeado en su sistema sanitario, en su estructura de protección social, en su economía, en el empleo..

Ambos desafíos han de afrontarse desde la responsabilidad general, desde la unidad de propósitos y desde la lealtad en el esfuerzo a desarrollar por todos los actores concernidos.

Hay quienes cuestionan la alusión a la “guerra” en las acciones contra la pandemia. Sin embargo, tanto el número de afectados, como la gravedad de sus efectos y la dimensión de los recursos a movilizar, facultan para utilizar perfectamente ese símil.

Estamos en una guerra contra el virus. Se trata de una guerra dura y cruenta, que se está cobrando muchas vidas y está causando mucho sufrimiento. Pero es una guerra que estamos ganando. Los datos sobre la evolución de contagios, hospitalizaciones y decesos así lo ponen de manifiesto.

Se está ganando la guerra gracias a la dirección estratégica de nuestros científicos, al esfuerzo titánico de todos los servidores públicos, y a la disciplina responsable que demuestran cada día la gran mayoría de los españoles, en cumplimiento de los decretos vinculados al estado de alarma. Gracias también al liderazgo eficaz y prudente del Gobierno de España.

La guerra se está ganando, pero la guerra no está ganada. Hay que perseverar en el esfuerzo, en la prudencia, en la responsabilidad, en la unidad, en la lealtad…

También hay quienes dicen que es pronto para hablar de la reconstrucción post-pandemia. Se equivocan igualmente. Si el virus está ocasionando miles de víctimas, entre fallecidos, enfermos y afectados, las consecuencias del COVID-19 sobre la economía y el empleo están siendo ya dramáticas para millones de españoles, y el horizonte es francamente preocupante. Aquí y en todo el mundo.

Es urgente, por tanto, comenzar los trabajos de reconstrucción social y económica. En este sentido, el Presidente del Gobierno ha ofrecido una gran acuerdo de reconstrucción a todos los interlocutores institucionales, políticos y sociales.

Estamos ante la mayor crisis de nuestra generación. Salir de esta crisis requerirá esfuerzos gigantescos, que no pueden limitarse a las energías desplegadas por un Gobierno o por las fuerzas que le dan soporte habitual. Las consecuencias del COVID afectan a todos y todos estamos llamados a arrimar el hombro para afrontarlas.

El Presidente Sánchez ha recabado el acuerdo de los Gobiernos autonómicos, de las entidades locales, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de las fuerzas políticas… Se trata de un requerimiento de unidad y de lealtad para el Gobierno de España, que tiene como contrapartida idéntico ofrecimiento de unidad y lealtad en cada una de las administraciones autonómicas y locales, en cada instancia social también.

Los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno han registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de creación de una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, abierta a todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía española.

El objeto de la Comisión consiste en recibir propuestas, celebrar debates y elaborar conclusiones acordadas, en torno a cuatro grandes cuestiones: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante las instituciones de la Unión Europea, cuyo concurso valiente y solidario resulta vital en estos momentos.

Tiene que salir bien. Va a salir bien.

COVID-19: O SOMOS EUROPA O TODO ERA MENTIRA

COVID-19: O SOMOS EUROPA O TODO ERA MENTIRA

La respuesta que los 27 estados de la Unión Europea ofrezcan a la crisis del COVID-19 marcará definitivamente el ser o no ser del proyecto común europeo.

Si el resultado de las negociaciones en marcha consiste básicamente en que cada país ha de buscar sus propias soluciones, se habrá dado la razón a los impulsores del “brexit” en Gran Bretaña, y a los partidarios de todos los “exit” en el resto de las viejas naciones europeas.

Cada estado buscará entonces estrategias independientes, unos por su cuenta, otros con socios europeos afines, y otros de la mano de Estados Unidos, de Rusia, de China… Nadie se lo podrá reprochar. Y el sueño de la integración continental habrá llegado a su fin.

Por el contrario, si la respuesta de las instituciones europeas se muestra a la altura de los valores solidarios que impulsaron su fundación tras las segunda gran guerra, se habrán asentado las bases para levantar un nuevo actor global, referencia de los principios de igualdad, libertad, democracia y defensa de los derechos humanos en todo el mundo.

Posiblemente ya no haya más oportunidades. Si Europa falla hoy a quienes más la necesitan, el repliegue nacionalista será inevitable. Si las instituciones europeas fracasan en la hora de ofrecer una respuesta común, solidaria y eficaz a los pueblos angustiados por el virus y la crisis ulterior, triunfarán definitivamente los discursos eurófobos y ultranacionalistas. Será el fin de la Europa que siempre soñaron los europeístas.

No nos engañemos. En realidad siempre hubo dos concepciones distintas y divergentes de Europa. Desde el principio.

Por un lado, siempre estuvieron quienes concebían las instituciones comunitarias como una especie de club de naciones con algunos objetivos comunes, limitados y coyunturales. Se trataba fundamentalmente de un mercado más o menos compartido, sin las molestas trabas arancelarias.

El mercado común conllevaba inevitablemente algunas estructuras estables, como la moneda europea, el banco central compartido, un remedo de parlamento, un pseudo gobierno por turnos… Incluso algunas ayudas limitadas para los pobres, a fin de garantizar cierta capacidad adquisitiva para comprar los productos industriales de los ricos. Nada irreversible, desde luego.

La otra concepción siempre concibió cada paso en la institucionalidad comunitaria como un paso hacia la integración definitiva. Los avances eran pequeños, limitados, frustrantes muchas veces, pero jamás se perdía de vista la grandeza de la meta final: la Europa unida en sus valores civilizatorios y en sus propósitos de bienestar y progreso colectivo

Si en la Europa que se autodenomina “faro de la globalización justa en el mundo” triunfa ahora la contestación del “sálvese quien pueda”, tal y como defienden alemanes, austríacos y holandeses, ¿qué reproche queda para los Farage, los Johnson, los Bolsonaro y los Trump del mundo?

¿Qué puede impedir que los británicos busquen calor en su relación exclusiva con Norteamérica? ¿Por qué los italianos no han de negociar por su cuenta la ayuda de los rusos? ¿Por qué los franceses no cerrarían un acuerdo estratégico alternativo con China? ¿Por qué los españoles y portugueses no hemos de volver la mirada a nuestros hermanos latinoamericanos? ¿Y cómo evitar que unos y otros vecinos nos miremos con creciente recelo, otra vez?

El COVID-19 supone un desafío dramático para millones de europeos. Se trata de un reto casi existencial para Europa. Sin embargo, algunos de los países europeos del norte, los más ricos, sostienen que la respuesta común de las instituciones comunes ha de limitarse a tres medidas: la habilitación del Banco Central Europeo para que compre activos donde convenga; la suspensión de las reglas del Pacto de Estabilidad; y la facultad de acudir al fondo de rescate financiero MEDE, con las consiguientes contrapartidas de ajuste fiscal.

No basta. No solo es insuficiente. Es mezquino.

El Presidente español Pedro Sánchez lidera a los países que, como Italia, Francia y Portugal, reclaman una respuesta europea a la altura de los retos que vivimos. Exigen la creación definitiva de los eurobonos, la mutualización de la deuda. Un Plan Marshall con grandes inversiones para reconstruir la economía y el empleo. La implicación del Blanco Europeo de Inversiones en la reactivación de las empresas. Un seguro europeo de desempleo para proteger juntos a los desempleados que queden en la cuneta…

Si los europeos somos un pueblo y tenemos un enemigo común, compartimos la lucha y el coste de la lucha. O todo es mentira.

Algunos países “europeos” llegaron a adoptar por unos días la decisión miserable de prohibir la exportación de recursos sanitarios a otros países europeos… Y mañana querrán vendernos sus lavadoras, porque “somos socios”.

En la respuesta al COVID-10 Europa se juega el ser o no ser.

Aún estamos a tiempo. El sueño europeo merece la pena.

NADA SERÁ IGUAL

NADA SERÁ IGUAL

Saldremos de ésta. Pero ya nada será igual. O muchas cosas serán muy distintas. Necesariamente. 

Esta crisis está mostrando fortalezas y debilidades de las que no éramos conscientes. También deja a la vista de todos algunas verdades y muchas mentiras. Y, sobre todo, ayuda a distinguir mejor lo relevante de lo irrelevante.

El virus nos descubre hasta qué punto son predominantes en nuestra sociedad algunos valores encomiables que creíamos excepcionales, como la entrega a los demás, como la solidaridad con los vulnerables, como la responsabilidad colectiva…

Nos muestra la fortaleza de nuestras instituciones, a pesar de esta tormenta y de todas las tormentas previas que apuntaban al descrédito y la desafección.

Nos enseña a valorar en su importancia crucial los servicios públicos que nos curan y nos protegen, a sus profesionales, y a las políticas que los fortalecen frente a sus enemigos.

El virus también deja al descubierto muchos flancos, hasta ahora simulados u olvidados. El deterioro de nuestro sistema sanitario tras años de recortes y privatizaciones. Las deficiencias de la atención pública a los mayores y los dependientes.

La escasez de recursos que restan poder al Estado, precisamente cuando más poderoso le necesitamos. La lentitud exasperante del aparato público para hacer lo que todo el mundo sabe que hay que hacer… 

La pandemia nos ha demostrado de pronto que somos comunidad. Mejor que cualquier decreto, que cualquier ensayo doctrinal, que cualquier discurso patriótico, que cualquier himno o bandera… Hemos descubierto sorprendidos que sí, que la salvación de cada uno depende de la salvación de los demás. Que saldremos de esta juntos, o no saldremos. 

Se ha confirmado la verdad que sospechábamos, que las amenazas más reales que se ciernen sobre nuestras vidas no saben de territorios ni de soberanías. Llegan sin pasaporte ni nacionalidad. Pero sí saben de desigualdad, y se ceban con los más vulnerables, sea cual sea su pasaporte, su nacionalidad y su bandera. 

Ahora sabemos mejor que antes que las fronteras son mentira. Ni nos ayudan a parar las amenazas, ni nos permiten defender a los más débiles, ni nos ayudan a reconstruir el futuro. También es mentira la austeridad, porque no cimenta la seguridad, sino que la reserva solo para unos pocos, para los que no necesitan de lo público. 

Y ahora está más claro que era mentira aquello de que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”. Porque hoy sabemos que el dinero donde mejor está es en los recursos de los hospitales, en el cuidado público de los mayores, en las prestaciones para los afectados por ERTES y ERES, en la ayuda a las pequeñas empresas y los autónomos que pasan una mala racha… 

Hoy somos conscientes de que lo relevante es defender la salud ante el virus enemigo. Sabemos que lo relevante es defender los empleos ante el paro enemigo. Sabemos que lo relevante es defender el Estado de Bienestar para que el Estado de Bienestar nos defienda de nuestros enemigos. 

Y sabemos cuan irrelevante es casi todo lo demás. 

Hoy vamos a pelear para vencer al virus. Y para que nadie se quede atrás en esta pelea. 

Pero mañana no vamos a olvidar esta pelea, sus verdades y sus mentiras. Porque ya nada será igual.

LECCIONES DEL REINO UNIDO

El electorado británico ha otorgado la mayoría absoluta al conservador Boris Johnson. Hemos de respetar la decisión, pero es una mala noticia. Johnson representa un populismo conservador, neo-nacionalista y antieuropeo, que obstaculizará la formación de los grandes consensos precisos a escala internacional para afrontar desafíos trascendentes como la globalización justa y la lucha contra el cambio climático.

El triunfo arrollador de los tories en el Reino Unido trunca una tendencia sostenida durante los últimos años en favor de gobiernos europeos progresistas. Los resultados de las elecciones en España y la formación de ejecutivos de progreso en Portugal, Italia, Suecia, Finlandia y otros países, alentaba la esperanza de un punto de inflexión favorable a la Europa integrada y sensible ante las demandas de justicia social y preservación ambiental.

No obstante, cabe obtener al menos dos lecciones de la victoria de Johnson para el conjunto de las fuerzas progresistas en Europa. Y ambas se deducen claramente de los dos lemas que han presidido la campaña conservadora en Gran Bretaña: “Brexit: ¡hagámoslo ya!” y “Recuperemos el control”.

Primera lección. Resulta evidente que Johnson ha sabido leer mejor que Corbyn el estado de ánimo del pueblo británico. La gran mayoría de los electores estaban hartos de las discusiones eternas y estériles a propósito del brexit y querían una salida clara y rápida al problema. Eso ha sido precisamente lo que ha ofrecido el candidato conservador, mientras el candidato laborista prometía un largo y confuso proceso sin un resultado claro.

No puedes pedir el voto a un país atrapado en una encrucijada gravísima proclamándote neutral en cuanto a las decisiones a adoptar. Johnson aseguraba un final cuestionable, pero su posición era diáfana y drástica. Corbyn solo aseguraba mantener la discusión hasta el infinito. El resultado estaba cantado.

Ahí está la enseñanza. En tiempos de incertidumbre y zozobra, el electorado no quiere discusiones interminables, falta de soluciones y planteamientos ininteligibles por complejos. Desde las posiciones progresistas hay que ofrecer salidas viables, comprensibles para la mayoría y que sean susceptibles de generar amplios acuerdos.

Hay un riesgo. El de la simplificación excesiva en los análisis y en las propuestas. Y el de favorecer liderazgos “fuertes” que acaben rebajando la calidad de nuestras democracias. Ahí está el reto.

Segunda lección. La globalización genera miedos e inseguridades que pueden conducir a las mayorías a apostar por los discursos que llaman a la re-nacionalización, el refuerzo de las identidades territoriales y la vuelta al soberanismo más o menos autárquico.

Si la globalización vigente ocasiona deslocalizaciones de empresas, pérdida y precarización de empleos, elusiones fiscales masivas, migraciones desesperadas, rebaja de derechos y desigualdades crecientes, no es de extrañar que buena parte de la ciudadanía desconfíe de la globalización. Si, además, los centros de decisión sobre esos procesos globalizadores escapan a la decisión democrática de la ciudadanía, tiene lógica que escuche a quienes los combaten.

El discurso de Johnson sobre “recuperar el control” es un discurso tramposo, pero resulta eficaz. El líder tory sabe que la globalización económica es inexorable, pero simula luchar contra lo inevitable. Sabe perfectamente que el único camino para combinar globalización inexorable y protección de los derechos de la mayoría pasa por la regulación multilateral, pero le resulta más rentable combatir dialécticamente a los “burócratas de Bruselas”.

Esa es la enseñanza. Avancemos en una globalización justa, a través de una regulación acordada y con controles democráticos, o dejaremos el campo expedito para el triunfo de populistas y demagogos.

Johnson, como Trump, Bolsonaro y otros, pueden parecernos clowns y ser objeto de mofa por parte de muchos enterados y bien pensantes, pero o espabilamos a la hora de hacer análisis y propuestas, o los clowns acabarán ganando todas las elecciones y llevándonos al desastre.

INVESTIDURA: HABLEMOS DEL PARA QUÉ

En estos días previos a la sesión de investidura que tendremos pronto en el Congreso de los Diputados, se habla mucho del “con quién” saldría adelante la elección de Pedro Sánchez, del “cómo” explicarán unos y otros su voto, incluso del “cuándo” se producirá la votación definitiva. Pero siendo tales incógnitas de gran interés, resulta extraño que se centre tan escasa atención sobre algo tan fundamental como el “para qué” está reclamando la investidura Pedro Sánchez y el partido ganador de las elecciones generales.

Ignorar esta información equivaldría a dar por hecho que el comportamiento de los grupos parlamentarios en la sesión de investidura tendrá más que ver con sus estrategias partidarias que con los intereses de la ciudadanía española. Sin embargo, lo cierto es que los facilitadores de la investidura estarán abriendo la puerta a la consecución de unos objetivos de país que han sido perfectamente explicitados por el candidato Sánchez. Y, a la inversa, quienes dificulten la investidura serán responsables de obstaculizar el alcance de tales metas de interés general.

El primero de los grandes propósitos del Gobierno socialista que Pedro Sánchez aspira a formar en breve consiste combatir eficazmente las desigualdades que se han disparado en España desde la crisis de 2008, y como consecuencia de su gestión injusta por parte de la derecha gobernante entre 2011 y 2018.

Varias noticias en estos días lo han puesto de manifiesto, comenzando por la publicación del prestigioso informe FOESSA, el cual prueba que 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, forma parte ya de la categoría de los excluidos sociales, 1,2 millones más que hace una década. Además, casi la mitad, más de 4 millones de españoles, sufren exclusión severa.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer también el dato de la caída de los nacimientos en casi un 30% durante los últimos diez años, habiéndose elevado a 31 la edad media en el nacimiento del primer hijo. Los jóvenes españoles tienen muchísimas dificultades para emprender un proyecto vital de manera digna y estable.

Simultáneamente a esto, se han producido en nuestro país sendos debates interesantes acerca de las repercusiones de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo, y acerca de las consecuencias de una eventual bajada drástica de los impuestos, tal y como proponen las formaciones políticas de la derecha. Un hecho luctuoso, el fallecimiento de un trabajador explotado en la llamada economía colaborativa o digital, ha reverdecido también la discusión pública sobre la necesidad de revertir la reforma laboral precarizadora del PP.

Pues bien, este es el primer objetivo: combatir las desigualdades con políticas públicas redistribuidoras, fortaleciendo el Estado de Bienestar, recuperando derechos para los trabajadores, y cobrando impuestos justos a quienes más ganan, más tienen y más esconden.

Pero hay otras metas, tan relevantes como esta. Se trata de modernizar nuestro sistema productivo, poniéndonos al día en el reto de la digitalización de la economía y en la apuesta por la innovación para la mejora de la productividad. Tenemos pendiente también acelerar nuestra transición ecológica justa para combatir con determinación y eficacia el cambio climático.

Nuestro país necesita un nuevo impulso regenerador para mejorar la calidad de nuestra democracia, su funcionamiento y sus instituciones. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye el primer objetivo estratégico y transversal en este capítulo. Pero interesa mucho, igualmente, la lucha contra la corrupción y la garantía de limpieza en todas las instituciones democráticas.

Fomentar la convivencia territorial, avanzando en el perfeccionamiento federal de nuestro Estado de las Autonomías, acordando un sistema estable de financiación territorial, garantizando un marco competencial y financiero consensuado en el ámbito local, también son finalidades de interés común.

La integración progresiva en la Unión Europea hacia los inevitables Estados Unidos de Europa, la consecución de una administración europea más social y el fortalecimiento del papel de España en esa construcción, constituyen asimismo intenciones susceptibles de generar amplios consensos políticos y sociales.

Todo esto requerirá, por cierto, de una voluntad concertada para cortar el paso a la influencia de los enemigos de nuestra democracia y de los valores que la sustentan. En la Europa más avanzada en derechos y libertades, las fuerzas democráticas y europeístas se conjuran para aislar a la extrema derecha xenófoba, machista y antieuropea. Ojalá aquí PP y Ciudadanos participaran de ese propósito político y moral, y dejaran de blanquear y normalizar la influencia de Vox en nuestras instituciones.

LA GRAN COALICIÓN PASA FACTURA AL SPD

La operación política para la continuidad de la Grosse Koalition que la socialdemocracia alemana ejecutó en 2018 tenía buenos fundamentos, pero se ha evidenciado como la causa fundamental en el declive del histórico partido de Friedrich Ebert, Willy Brandt y Helmut Schmidt.

La última debacle electoral, con un 15,8% de los votos al Parlamento Europeo, y la pérdida del feudo tradicional de Bremen, se ha llevado por delante a su presidenta, Andrea Nahles. 

Aquella operación estaba bien justificada en el interés general, por cuanto habían fracasado las demás opciones que la conservadora Merkel había intentado para formar gobierno. El país estaba abocado al fracaso de una repetición electoral, y los socialdemócratas acudieron al rescate de la institucionalidad democrática.

El acuerdo alcanzado entre la CDU y el SPD incorporaba avances sociales de gran alcance, como la fijación del salario mínimo en 1.500 euros mensuales. Y su legitimidad democrática era impecable: el acuerdo fue suscrito por la mayoría de los militantes socialdemócratas en una consulta transparente. 

Pero el coste político que ha acabado pagando el partido socialdemócrata por esta decisión meditada, justificada y democrática, ha sido muy alto. No solo está lejos ya de los históricos porcentajes de apoyo -por encima del 40%- que sustentaron los gobiernos responsables de haber levantado el legendario Estado de Bienestar alemán, sino que el 26 de mayo fue superado incluso por el partido verde y las últimas encuestas le arrojan por debajo del 13%. 

¿Por qué ha castigado tan duramente el electorado progresista a la gran coalición? Posiblemente porque ni siquiera el elector más templado y pragmático haya entendido que una fórmula “excepcional” pueda alargarse cerca de tres lustros en el tiempo -con alguna breve interrupción-.

Las coaliciones entre grandes adversarios ideológicos y políticos se justifican en la coyunturalidad de una crisis social, económica o política. Cuando lo excepcional se convirtió en habitual en Alemania, el elector acabó convencido de que la aspiración estructural del SPD pasaba por mantenerse como socio menor y subalterno de la democracia cristiana. Y, al parecer, una buena parte de la población con ideas progresistas no comparte tal estrategia. 

Los grandes y pequeños avances logrados en el día a día del gobierno común han sido, sin duda, bien valorados por el electorado tradicional de la socialdemocracia. Con toda seguridad, una alianza de Merkel con el partido liberal hubiera supuesto la aplicación de recortes injustos de impuestos y adelgazamiento de las políticas públicas.

Pero ese electorado tradicional no se conforma con la política de la conllevanza o la resignación constante de lo menos malo. Izquierda es también ilusión, esperanza, pulsión de cambio y de justicia. Y la presencia permanente de ministros socialistas bajo el manto conservador de Merkel ha resultado poco motivador. 

Además, la democracia de calidad requiere de alternativas globales y reales. Desde la segunda gran guerra, socialcristianos y socialdemócratas han representado dos opciones compatibles pero distintas; leales ambas a los fundamentos del Estado Social, pero diversas en sus programas políticos; admirables cada una en sus conquistas para el interés general, pero controvertidas en el debate ideológico y electoral.

Cuando las dos grandes opciones se convierten en una sola, las alternativas surgen en otras latitudes. Y la latitud ecologista de los verdes resulta interesante, pero la alternativa extremista de los neonazis constituye un riesgo cada día más evidente y peligroso. Un riesgo a evitar. 

Es injusto, porque el compromiso del SPD con el progreso en Alemania y en el conjunto de Europa es inequívoco. Y porque Andrea Nahles es una política sólida en sus valores y en sus capacidades. Pero la política es así. Los únicos que no se equivocan son los electores ante la urna. 

Europa necesita una Alemania fuerte en su apuesta por más Europa y por una Europa más social. Y el papel del SPD en esta apuesta es determinante.

Si el SPD siguiera el camino declinante del socialismo francés o italiano, las oportunidades del populismo se multiplicarían, como ha ocurrido con Le Pen y Salvini, por desgracia todos los europeos.

El liderazgo emergente del socialismo europeo de la mano de Pedro Sánchez necesita de un SPD renovado y en forma. Pronto. Ojalá sea así.