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Archive for the ‘Sanidad’ Category

Pedro Sánchez acierta al establecer el “rescate” de los jóvenes españoles como prioridad estratégica en la acción política de los socialistas. La metáfora es adecuada, porque el colectivo de jóvenes se siente atrapado en un agujero negro de precariedad y marginación.

El problema de los jóvenes precarizados y marginados es ya el problema principal de presente y de futuro para el conjunto de la sociedad española. Y debiera ser también el principal objeto de atención y decisión política, con permiso de los inacabables escándalos de corrupción y las ensoñaciones independentistas.

El problema de los jóvenes presenta tres vertientes, a cual más alarmante. Es un problema de deterioro social evidente para una parte significativa de la población. Es un problema de índole económica, por cuanto excluye del circuito de producción y consumo a lo más dinámico de la sociedad. Y es un problema de legitimidad democrática, porque divorcia del sistema a quienes están llamados inexorablemente a protagonizarlo.

Los índices de desempleo juvenil rozan el 50% y los niveles de precariedad laboral son simplemente insoportables entre los más jóvenes. Los falsos becarios, falsos contratados a tiempo parcial y falsos autónomos son mayoritariamente jóvenes. Los contratos de formación y los contratos en prácticas que se derivan de la reforma laboral del PP condenan a los jóvenes a empleos indignos con jornadas abusivas y salarios del todo insuficientes.

Las brechas de desigualdad creciente en el acceso a la educación superior, a la formación digital y al aprendizaje de idiomas profundizan la injusticia y el malestar fundado. Y a esto debe añadirse la dificultad para acceder a una vivienda digna, dados los altos precios en el mercado libre de compra-venta y alquiler, y dada la falta injustificable de una política pública de vivienda social, como sí existe en otros países de nuestro entorno.

La marginación de los jóvenes de los procesos de producción, de empleo  y de consumo genera a su vez un grave problema de desequilibrio para el sistema económico, con graves repercusiones tanto en el entramado fiscal como en la propia Seguridad Social. Los jóvenes no ganan para pagar impuestos, y no trabajan para generar ingresos en la tesorería de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el nuestro, el panorama es preocupante.

Y todos estos problemas desembocan en un distanciamiento creciente de buena parte de la juventud respecto al sistema democrático. ¿Cómo pedir responsabilidad y compromiso con el sistema a aquello que se sienten maltratados injustamente? Los jóvenes ignorados y marginados son carne de cañón para los discursos populistas y antisistema, que nada resuelven en la problemática juvenil, pero que ofrecen un cauce sugerente para expresar frustración e ira.

Para ilustrar todos estos argumentos resulta muy útil la lectura del libro “La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?” de los profesores José Félix Tezanos y Verónica Díaz.

En consecuencia, resulta muy apropiado que el PSOE coloque la problemática juvenil en el frontispicio de su estrategia para esta nueva etapa. Una estrategia que deberá combinar denuncia y propuesta. Y que deberá contar con iniciativas de oposición allí donde no se gobierna, así como con iniciativas coherentes de gobierno allí donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de convertir su discurso en hechos comprobables.

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NO HAY COALICIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL ÉBOLA

Los Estados Unidos de América lideran una gran coalición internacional con más de 60 naciones para combatir a los yihadistas en Iraq y en Siria. Miles de hombres y mujeres, tecnología punta y decenas de millones de dólares en armas se movilizan cada día para hacer frente a esta amenaza. Sin embargo, no hay coalición internacional contra el Ébola.

Ya han muerto más de 3.500 personas, hay más de 10.000 contagiadas por el virus mortal, y los enfermos se hacinan sin apenas atención en hospitales precarios. Pero solo son africanos pobres, sin un miserable barril de petróleo bajo sus pies. No hay industria petrolera ni armamentística interesada en una guerra contra un virus que mata africanos. Tan solo unos pocos héroes de organizaciones médicas y de religiosos se juegan la vida sin apenas ayuda para combatir la plaga.

Los debates sobre la infección del Ébola, que se suceden en nuestro país, tienen que ver con la oportunidad o no de repatriar a los españoles infectados, con la eficacia de los protocolos para proteger a los nacionales, con la estulticia con la que algunos políticos descargan la responsabilidad propia, con la talla de los trajes de protección, con el destino de la mascota de una infectada, con los clubes de futbol que impiden a sus jugadores africanos viajar con sus selecciones, con las implicaciones de esta alarma en los ingresos por turismo…

Ha tenido que ser el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el primer referente internacional en requerir una estrategia global contra la epidemia, “porque las acciones de los operadores de transporte empiezan a sufrir”. La motivación no es de carácter moral o humanitario, sino estrictamente financiera. O se hace algo, o puede producirse el desastre de que unos cuantos actores financieros pierdan dinero. Una catástrofe, vamos.

La conductora de un conocido programa radiofónico entrevistó hace pocas fechas al catedrático de Salud Pública Moreno Martin, ex número dos de la Organización Mundial de la Salud. Le preguntaban por las estrategias útiles para impedir que los españoles suframos contagio y enfermedad. La respuesta fue tan directa como obvia: ayudar a los africanos a contener el virus. Por una vez, la periodista fue incapaz de repreguntar.

Centenares de vecinos del municipio madrileño de Alcorcón se concentraron durante horas, con cierta violencia incluso, para intentar evitar el sacrificio de “Excalibur”, el perro de la profesional sanitaria infectada por cuidar al misionero García Viejo. Ese mismo día, los noticiarios en prensa y televisión mostraron las imágenes de varios niños africanos agonizando solos en el suelo de un remedo de hospital en Sierra Leona. No hubo concentraciones por esos niños.

Teresa Romero es una auxiliar de enfermería que se ofreció como voluntaria, jugándose la vida, para cuidar de un semejante infectado con una enfermedad temible. Tuvo un accidente, aún por aclarar, y quienes debían de cuidarla, protegerla y homenajearla se dedican en estos días, mientras se debate entre la vida y la muerte, a vituperarla para esconder su incapacidad.

Sí, la sociedad está enferma. Muy enferma. Pero el Ébola no es la peor de sus enfermedades.

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ARRIOLISMO

“Es cosa de Arriola”. Este es el comentario habitual entre los dirigentes del PP cuando tienen que explicar una decisión llamativa o un cambio brusco de criterio. Porque Arriola es quien dicta en última instancia la estrategia del Gobierno y del PP. Por eso resulta imposible identificar a la derecha española con alguna de las corrientes europeas de pensamiento político. El PP no es conservador, ni demócrata-cristiano, ni liberal, ni centrista. El PP es “arriolista”.

¿En qué consiste el “arriolismo”? En ser dogmático en lo que importa, y oportunista en todo lo demás. La ideología arriolista defiende intereses antes que ideas, intereses económicos fundamentalmente. Cuando estos intereses están en juego, se hace lo que hay que hacer, con el mayor sigilo y disimulo posibles. Como en la privatización de AENA, como en el rescate de los peajes, como en la amnistía fiscal o en la rebaja de los impuestos a las rentas altas. Y cuando la cosa tiene menos importancia para los poderes económicos, se trata de evitar la movilización de la mayoría social con valores progresistas. Si cuela, bien. Si no es así, marcha atrás. Como en el aborto.

Este ha sido el error de cálculo de Gallardón. Rajoy es más arriolista que Aznar, y si el gurú, encuesta en mano, le recomienda batirse en retirada, Rajoy se retira. Porque lo primero es lo primero, y lo primero es mantener el poder para hacer lo importante. Y si Arriola le susurra que no se involucre en la coalición internacional frente al Estado Islámico, porque despertaría los recuerdos de la guerra iraquí, pues Rajoy deja a un lado el atlantismo del PP. Y si hay que mirar hacia otro lado mientras se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, pues a rabiar Rouco Varela, que ya le ha resuelto lo que importa con la Ley Wert.

El arriolismo resulta política y electoralmente rentable al PP a corto plazo, pero es un desastre para el país, para la democracia y para la política misma. Una de las razones más importantes tras la desafección ciudadana hacia la política democrática tiene que ver precisamente con la impostura, la simulación, el engaño y la preeminencia de los intereses espurios en el comportamiento de algunos políticos. Pero la doctrina arriolista está haciendo un daño muy especial en dos cuestiones relevantes: el auge independentista en Cataluña y el impulso del populismo en parte de la izquierda política.

¿Por qué el Gobierno se empeña en el inmovilismo tautológico de “la defensa de la ley” como reacción única al desafío secesionista en Cataluña? Porque Arriola ha calculado que el PP gana más con el asunto sin resolver que con el asunto resuelto. Cuanto mayor y más creíble sea la amenaza de la ruptura de España, más se movilizará el electorado de la derecha para evitarlo. Cuanto más miedo despierte el soberanismo de Mas y Junquera en España, más posibilidades tiene el Gobierno de que su electorado olvide los recortes en los servicios, el empobrecimiento general y la pérdida de derechos. En realidad, Rajoy, Arriola, Mas y Junquera participan de una espiral irracional que ya está teniendo un coste muy alto en términos de deterioro de la convivencia para todos los españoles.

¿Y por qué los aliados mediáticos de la derecha colaboran de manera tan entusiasta en la promoción de los portavoces de la izquierda populista? Porque Arriola ha calculado que el PP gana más teniendo en frente una izquierda fraccionada, cainita y sin credibilidad como gobierno. Si hay un espantajo que moviliza al electorado de la derecha tanto como la amenaza secesionista, es la izquierda radicalizada, populista y antisistema. Resulta infalible. El PSOE no infunde miedo al electorado de centro derecha, sino animadversión en unos casos y respeto desde la discrepancia en otros. El chavismo a la española, sí.

Seguramente, a Arriola se le pasa a veces por la cabeza que podrían arrepentirse ante un Parlamento demasiado fraccionado y una oposición sin capacidad para atender los asuntos de Estado. Pero la prioridad es acabar con el adversario al que realmente temen: un Gobierno socialista capaz de afrontar reformas a favor de la igualdad y el progreso. Y lo primero es lo primero.

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AHOGADOS EN LA FRONTERA

La contemplación del drama de decenas de seres humanos muriendo por agotamiento o por puro pánico mientras intentan ganar la costa a nado, produce consternación y rabia. Ahora bien, las reacciones que pretenden interpretar esta tragedia en términos de mera dificultad administrativa o de simple problema de seguridad, provocan escalofríos.

Eran 15 personas. No eran animales. Se trataba de 15 personas que pretendían algo tan lógico y legítimo como tener una vida mejor. No eran terroristas ni delincuentes. Llegaban a nado, con las manos desnudas, pidiendo auxilio para salvar sus vidas. No iban armados, ni eran una amenaza para nadie.

Pero se les disparó con pelotas de goma para ahuyentarlos. En lugar de auxiliar a unos semejantes inocentes, que llegaban exhaustos a nuestras playas, en riesgo de morir, se les bombardeó con material antidisturbios. Con toda seguridad, a una ballena desorientada se le hubiera tratado con más humanidad.

Este es el mundo que nos estamos dando y que estamos dejando a nuestros hijos. Un mundo que mueve el dinero sin cortapisas, por encima de fronteras, regulaciones y culturas. Pero un mundo que rechaza al ser humano desgraciado con cuchillas y pelotazos. Los suizos acaban de votar fronteras abiertas para el dinero criminal, pero fronteras cerradas para el pobre y el parado.

Con todo, lo peor ha sido la explicación. Ni un lamento, ni una disculpa. Ni mucho menos una dimisión. “Teníamos un problema y lo hemos solucionado”, se dijo hace un tiempo. “Si queréis les recibimos con un comité de azafatas”, se ha dicho ahora. “Tendríais que preocuparos por los guardias lastimados”, se nos insulta.

Primero ocultaron la verdad de los disparos. Y como la verdad acabó abriéndose paso, la negaron. Mintieron con crueldad. Y después justificaron con desvergüenza. No es la política migratoria, no es el control de las fronteras, no es la seguridad, y no es la consideración hacia la Guardia Civil. Son 15 seres humanos muertos por el comportamiento criminal de quien ordenara dispararles en lugar de auxiliarles.

Se ha dicho con razón que si hubieran sido 15 blancos, ricos y con DNI, ahora estaríamos ante una crisis extraordinaria. Incluso si hubieran sido 10, o 5, o 2, o uno. Con un solo blanco ahuyentado a pelotazos mientras nadaba exhausto hacia una playa, se hubiera montado una buena. Pero eran negros, pobres e indocumentados. Fueron 15, pero hubiera dado igual que fueran 30 o 60.

¿Regulaciones y controles migratorios? Sí, pero con legalidad, con respeto a los derechos humanos. Con humanidad. Mejor aún: con cooperación al desarrollo, para que ningún ser humano, negro o blanco, se vea impelido a tirarse al mar para escapar del hambre y la miseria.

Rectifiquemos. Pronto. Y no por razones de legalidad, que sí. Y no por razones de política o de moral, que también. Rectifiquemos por razones de supervivencia. Porque el día que todos los negros, pobres e indocumentados pierdan la paciencia, no nos salvarán ni todas las concertinas ni todas las pelotas del mundo.

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NO ES EL ABORTO, ES LA LIBERTAD

El debate sobre el anteproyecto de ley del Gobierno que limita la interrupción voluntaria del embarazo se está planteando de manera errónea en algunos ámbitos. No se trata de un debate entre proabortistas y antiabortistas. Se trata de un debate entre los partidarios de salvaguardar la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, y los partidarios de estableces prohibiciones, limitaciones y tutelas a tal libertad.

No he escuchado a nadie promocionar la práctica de los abortos, y estoy convencido de que la gran mayoría de los españoles queremos evitar ese trance a cualquier mujer. Todas las creencias religiosas y las convicciones morales son respetables en este asunto. Respetable es la posición de quien considera al concebido como un ser humano pleno dotado de alma propia y, en consecuencia, no admite la interrupción del embarazo. Y respetable es la posición de quien entiende que un ser humano no adquiere tal condición hasta el nacimiento.

El legislador ha de conocer y respetar todas las creencias y convicciones, pero ha de actuar conforme al marco jurídico vigente y el interés general. La doctrina constitucional española diferencia entre el bien jurídico del no nacido y los derechos humanos del nacido. Y vivimos en un Estado aconfesional que promulga sus leyes de manera autónoma respecto a dogmas religiosos y morales sectarios.

El Gobierno del PP ha decidido socavar la libertad de las mujeres, imponiendo a través de la ley un código religioso y moral que niega a las ciudadanas españolas la capacidad de decidir sobre su propia maternidad. Prácticamente todos los demás estamos a favor de proteger la libertad de las mujeres. Los primeros pretenden una ley de supuestos que penaliza la interrupción del embarazo, salvo en los casos de violación o riesgo para la vida de la madre. Los segundos queremos mantener una ley de plazos, que garantiza la decisión libre de las mujeres durante las primeras semanas de gestación.

La diferencia estriba en que la ley de plazos respeta la libertad y la convicción de todas las mujeres: las que deciden abortar y las que deciden no hacerlo. Mientras que la ley de supuestos condena a muchas mujeres a ser madres en contra de su voluntad, o a someterse a la decisión de médicos, curas y ministros en relación a su cuerpo y su vida.

Hay otras derivadas de interés en este debate. Por ejemplo, hay quienes manejan argumentos sanitarios, demográficos y económicos, defendiendo que el aborto legal pone en riesgo la salud de la mujer, que limita el crecimiento poblacional y que, incluso, dificulta la recuperación económica. Evidentemente, se trata de planteamientos falaces, porque está probado que la ilegalización del aborto no limita las interrupciones voluntarias de los embarazos, sino que los deriva a la práctica clandestina e insalubre para las mujeres sin recursos, y los desvía a las clínicas habilitadas en el extranjero para las mujeres con recursos.

Existe además cierta incongruencia en los argumentarios que defienden el supuesto derecho a la vida del concebido inocente, frente a la actitud insensible y cruel de la madre dispuesta al aborto, especialmente cuando se admite la interrupción del embarazo en determinados supuestos. ¿Hay menos “derecho a la vida” o menos inocencia en el concebido a partir de una violación? ¿Debe pagar el concebido por el pecado de su padre violador? No se sostiene.

El retroceso a una ley de supuestos arroja a España al rincón de los países más atrasados en materia de reconocimiento de los derechos de ciudadanía y las libertades civiles, cuando nuestro país había alcanzado un prestigio internacional muy relevante en esta materia, a partir de la legislación contra la violencia de género, el matrimonio homosexual o la propia ley de plazos aún vigente para la interrupción del embarazo.

El Gobierno y el PP han decidido dar satisfacción a una extrema derecha española un tanto enfadada por las subidas de impuestos y el tratamiento a los condenados por terrorismo. Y esta satisfacción pasa por sacrificar la libertad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su propia maternidad.

No es el aborto. No. Es la libertad.

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DEFENDER LO PÚBLICO

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de confirmar la paralización cautelar del proceso privatizador en la sanidad pública madrileña ha reavivado varios debates de gran interés. Uno de ellos tiene que ver con el evidente agotamiento del proyecto político del PP en la Comunidad de Madrid, cuyos dirigentes van de fiasco en fiasco: el Parque Warner, la Ciudad de la Justicia, el nuevo sistema de financiación, el euro por receta, los Juegos Olímpicos, Eurovegas, y ahora la frustrada privatización de hospitales públicos. Otro debate interesante versa sobre la influencia demostrada por las nuevas plataformas de acción política, en alianza con la sociedad civil movilizada y los representantes de la oposición institucional.

Quizás el debate más de fondo está relacionado con la defensa encendida de lo público que conlleva la extraordinaria respuesta social frente al asalto privado a la sanidad de todos. La intentona privatizadora ha estado basada en dos argumentos: el supuesto gasto público insostenible de la prestación sanitaria, especialmente en tiempos de crisis; y la supuesta ventaja del servicio privado en la garantía de eficiencia.

En realidad, ambos argumentos son falsos. Según datos del Banco Mundial, España dedicó al gasto sanitario total en el año 2012 un 9,3% de su PIB, por debajo de la media de la OCDE y lejos de países como EE.UU. (17%), Canadá (11,2%) o Francia (11,6%). La sanidad pública española está muy bien valorada por la población y resulta barata. La eficiencia del sistema público se demuestra también al comparar el número de médicos por cama (tres veces superior al de la sanidad privada), enfermeros (2,5 veces más) o auxiliares (el doble).

Las razones para defender la gestión pública de la prestación sanitaria pueden ser de carácter ideológico, porque lo público asegura la igualdad; o bien de orden político, porque la cobertura pública universal legitima la propia democracia; e incluso de naturaleza económica, porque está demostrado empíricamente que las sociedades más cohesionadas y seguras son también las más competitivas.

De hecho, la propia teoría económica ha defendido tradicionalmente la titularidad y la gestión por parte del Estado de aquellos bienes que han de ser considerados públicos, porque son de oferta necesariamente colectiva (como la justicia o la defensa), así como de los bienes llamados preferentes, porque implican externalidades de aprovechamiento general (como la educación, la sanidad, las pensiones, el seguro de desempleo o determinados servicios de transporte).

Solo la titularidad y la gestión pública de los bienes públicos y preferentes aseguran la ausencia de discriminación en su acceso. Dicho de otro modo: la garantía de los derechos y las libertades que consideramos inherentes al carácter democrático de una sociedad obliga a excepcionar la asignación por parte del mercado de determinados bienes y servicios esenciales.

¿Por qué entonces se orquestan las estrategias de la privatización sobre bienes como la salud colectiva? Porque hay ideologías e intereses que contravienen el principio democrático y el interés general desde la aversión a la igualdad y desde la voluntad de hacer negocio a costa de todo. Antón Losada, en su magnífico libro “Piratas de lo público”, describe perfectamente “el abordaje en 3D a la sanidad pública”: primero se deteriora conscientemente lo público negándole los recursos imprescindibles; después se descapitaliza y se desprestigia la calidad de su servicio con mentiras relativas a su “insostenibilidad” o “ineficiencia”; y finalmente se desmonta el sistema público para entregarlo al negocio privado.

Tony Judt, no obstante, ya alertó del paralelismo a tener en cuenta entre el derrumbe del muro comunista en los ochenta y el derrumbe del muro capitalista en los dos mil. Si con la caída del muro de Berlín se pretendió demostrar las limitaciones del Estado para producir bienes públicos, con la caída del muro de Wall Street se demostró la incapacidad del mercado para producir eficientemente determinados bienes privados. En consecuencia, la izquierda ha contado siempre con argumentos para defender la gestión estatal de los bienes públicos y preferentes, y ahora tras la gran crisis financiera tiene también argumentos para defender la gestión pública de algunos bienes privados con gran repercusión general, como las finanzas, por ejemplo.

Conclusión: la izquierda ha de defender lo público con convicción y firmeza, porque la gestión pública de los bienes más relevantes para el interés colectivo legitima la democracia y la propia economía de mercado. Pero la izquierda debe ser valiente para plantear en paralelo una fiscalidad suficiente y justa que financie adecuadamente aquella gestión. Y ha de comprometerse a administrar lo público desde la máxima eficiencia y transparencia posibles.

Privatizar no es moderno. Es tan viejo como la codicia.

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RECORTAR LA SALUD

El discurso de la “recuperación” que intenta instalar el Gobierno en la opinión pública por tierra, mar y aire, choca de una manera frontal con la profundización simultánea de las políticas de recorte en las prestaciones sociales más básicas a la población. Muchos ciudadanos se preguntan: ¿si es cierto que la economía se está recuperando, por qué el Gobierno insiste en recortar prestaciones que afectan a derechos fundamentales? Mientras los ministros brindan cada día por la evolución de algunas cifras macroeconómicas, millones de ciudadanos sufren los recortes gubernamentales en los servicios sanitarios, en las becas, en las pensiones, en la atención a las personas dependientes…

Quizás el recorte más dramático sea el que afecta a la atención sanitaria. Recortar recursos en la protección frente a la enfermedad y la muerte resulta especialmente cruel. Pero es precisamente en el capítulo sanitario donde los ajustes del Gobierno están resultando más duros y persistentes. Hasta cinco grandes capítulos pueden definirse en la política del PP para recortar prestaciones sanitarias a los españoles.

 El Gobierno se estrenó fulminando el carácter universal del sistema público de salud. Hasta la llegada de Rajoy al poder, todos los seres humanos tenían derecho en nuestro país a la protección pública frente a la enfermedad. Ahora ya no. Los primeros excluidos fueron los inmigrantes irregulares. Son personas como nosotros, con los mismos sufrimientos que nosotros, pero el Gobierno les niega la atención sanitaria para salvar sus vidas o protegerse de la enfermedad. Si quieren sanidad, que se la paguen, y si no pueden, pues allá ellos. Como es lógico, se han producido fuertes resistencias entre los profesionales para la aplicación de una medida tan mezquina, y la realidad es que muchos inmigrantes enfermos están siendo tratados en el sistema sanitario público de manera irregular y por la puerta de atrás. Es denigrante.

 Otro colectivo singular que está siendo objeto de la exclusión sanitaria por parte del Gobierno del PP es el de los parados españoles que deciden no resignarse y buscan empleo más allá de nuestras fronteras. Lejos de ayudarles, el Gobierno de Rajoy y Mato ha decidido retirarles la tarjeta sanitaria y todos los derechos a prestaciones públicas en cuanto pasen más de 90 días fuera de nuestro país. Aducen que en cuanto encuentren empleo en otro territorio estarán cubiertos por la sanidad de ese lugar, pero la realidad es que son muchos los emigrantes españoles que, por desgracia, tardan más de tres meses en encontrar trabajo o que, incluso, no llegan a encontrarlo nunca. ¿Merecen además el castigo de su Gobierno con la exclusión del sistema sanitario? Penoso también.

 Rajoy implementó igualmente el llamado copago hospitalario, por el que los pacientes hospitalizados quedan obligados a pagar parte de los medicamentos que se les suministran mientras están internados. Es decir, se les obliga a pagar para salvar sus vidas frente a enfermedades graves que requieren de hospitalización. Resulta especialmente dramático. Tanto que ninguna administración autonómica se ha atrevido aún a ponerlo en marcha, y hasta la presidenta castellano-manchega, a la sazón también secretaria general del PP, ha decidido congelar su aplicación.

 Ha tenido que ser el Consejo de Estado el que tumbara el copago prescrito para el uso de ambulancias no urgentes y prótesis en general. Esta alta instancia del Estado se ha visto en la obligación de recordar al Gobierno algo tan obvio como que los enfermos no utilizan las ambulancias para hacer turismo, sino para acudir a los centros sanitarios a recibir el tratamiento que les ha de salvar la vida. Finalmente, Rajoy y Mato han tenido que retirar la medida, ante su evidente ilegalidad.

 Se mantiene, sin embargo, el copago agravado en la adquisición de medicamentos por parte de pensionistas. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acaba de denunciar precisamente que la renuncia del Gobierno a fijar precios de referencia para los medicamentos ha ocasionado una subida media de precios del 1,47% durante los últimos meses de 2013, mientras la inflación aumentaba un 0,3% y la subida de las pensiones se limitaba al conocido 0,25%. El resultado ha sido una ganancia importante para la industria farmacéutica, y una carga suplementaria para la deteriorada capacidad adquisitiva de nuestros pensionistas. Lamentable.

 El último capítulo a reseñar podría ser el de las privatizaciones de hospitales y centros de atención primaria y especializada, en marcha en la Comunidad de Madrid, a pesar de los varapalos judiciales y de la firme oposición de profesionales y ciudadanía en general. Finiquitado el gran negocio de la especulación inmobiliaria, los negociantes madrileños al amparo del poder han encontrado en el sistema público de salud un nuevo objeto de saqueo. Afortunadamente, puede que a los gobernantes del PP no les de tiempo para culminar el proceso y poner la salud de los madrileños en manos de empresas privadas y, con toda seguridad, el nuevo gobierno que salga de las urnas en el año 2015 impedirá esta barbaridad.

 Resulta comprensible, por tanto, la irritación ciudadana creciente. Si nos estamos “recuperando”, ¿a qué viene recortar nuestra salud?

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