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ALARMA, SALUD Y PARTIDISMO

ALARMA, SALUD Y PARTIDISMO

Practicar la política y practicar el partidismo son términos que a menudo se confunden y se intercambian en el debate público. Sin embargo, responden a actitudes y comportamientos muy diferentes.

Hacer política es, básicamente, contribuir al bien común, ejerciendo responsabilidades públicas o participando como ciudadano en el debate de ideas y propuestas. Una participación política activa y dinámica por parte de la ciudadanía, incluso desde posiciones contrapuestas, redunda siempre en la mejora de la democracia.

Hacer partidismo es cosa distinta, porque equivale a priorizar y anteponer el interés de la parte o del partido al que pertenecemos o con el que nos identificamos. Y esta conducta no siempre es positiva, ni tan siquiera aceptable. Sí puede serlo en una contienda electoral, por ejemplo. No lo es cuando está en juego el interés general.

El debate y la votación en el Congreso de los Diputados sobre la prórroga del Estado de Alarma era un debate para hacer política, no para hacer partidismo.

La pandemia se ha llevado por delante ya miles de vidas, y sigue amenazando la salud y la supervivencia de millones de españoles. Para contener la expansión de la enfermedad y proteger la salud de nuestras familias, por tanto, es preciso aplicar medidas de limitación de la movilidad, de confinamiento, de desescalada bajo control…

Y estas medidas solo se pueden llevar a cabo bajo el Estado de Alarma. No hay otra manera de hacerlo. No hay duda jurídica o política al respecto. Quienes hablan de “planes b”, están gravemente confundidos o, aún peor, pretenden confundir dolosamente a los españoles.

Los grupos parlamentarios que votaron NO a la prórroga del Estado de Alarma practicaron el peor de los partidismos. Antepusieron sus propios intereses partidarios y egoístas sobre el interés general y el bien común. Priorizaron su voluntad de dañar al Gobierno de España sobre su responsabilidad de contribuir a preservar la salud y la vida de los españoles.

¿Alguien puede imaginar qué hubiera ocurrido a partir de este fin de semana si hubiera dejado de tener vigencia el Estado de Alarma? El descontrol, el caos y el miedo se hubieran generalizado. El fin de las limitaciones a la movilidad, la derogación de las fases de desescalada, la ausencia de mando sanitario coherente… hubieran facilitado el rebrote de la pandemia y hubieran puesto en riesgo la salud y la vida de muchas personas.

El PP ha dimitido de su responsabilidad como partido de Gobierno y ha dejado tirados a los españoles ante una crisis gravísima.

Vox utiliza el virus para intentar derrocar a un Gobierno legítimo, por las buenas o por las malas.

Y otros grupos han esgrimido argumentos inaceptables para oponerse a una decisión que no respondía a claves políticas o ideológicas, sino al simple y dramático objetivo de salvar vidas.

Gracias a los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno de España, gracias a las alianzas y acuerdos alcanzados, y gracias también al buen trabajo de la portavoz socialista Adriana Lastra, la prórroga del Estado de Alarma volvió a salir adelante.

Pero los españoles no olvidarán el comportamiento de unos y otros ante la mayor crisis de nuestras vidas.

SÓLO NOS FALTA UNA OPOSICIÓN DE ALTURA

La sociedad española ha vivido una semana difícil. Entre la esperanza del descenso de fallecidos y el temor al rebrote del virus. Entre el optimismo de la desescalada y la incertidumbre sobre sus consecuencias. Entre la promesa de la nueva normalidad y la alarma por las previsiones de recesión y paro…

Lo que la ciudadanía española necesitaba en estos días de sus representantes políticos, por tanto, era aliento, confianza, responsabilidad, unidad. La mayoría lo entendimos así. La derecha española, sin embargo, no.

Con su abstención en el Congreso, los dirigentes del PP pusieron en riesgo el principal instrumento que tenemos los españoles para protegernos del virus: el estado de alarma. Con la ausencia de sus líderes en la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, se han desentendido también de la inmensa tarea pendiente para asegurar trabajo y protección social a toda la ciudadanía.

La principal responsabilidad institucional en la lucha contra la COVID y sus consecuencias corresponde al Gobierno de España, indudablemente. Pero nuestro enemigo en esta guerra es de una letalidad sin precedentes. Y la dimensión de los recursos a movilizar es gigantesca. No basta, por tanto, con el liderazgo del Gobierno. Todos hemos de implicarnos y poner a disposición del bien común lo mejor de nuestras energías. Todos: el Gobierno y la oposición. Lo exige el momento histórico y lo reclaman los españoles: unidad y lealtad.

Estamos ante la mayor crisis de nuestras vidas. Y la inmensa mayoría de los españoles está respondiendo como se espera de una sociedad madura y responsable. La ciudadanía cumple en las limitaciones de su confinamiento. Los profesionales de la sanidad, de la seguridad, de la limpieza, de la alimentación, de los servicios esenciales, cumplen entre el reconocimiento general.

Nuestras instituciones democráticas, muy complejas y aún jóvenes, están aguantando bien la presión. Se corresponsabilizan los sindicatos, colaboran las patronales, arriman el hombro las entidades de solidaridad, se esfuerzan los medios de comunicación, aconsejan los expertos, dirige el Gobierno desde la prudencia y la transparencia… Todos están a la altura. Menos la oposición.

La respuesta de España a la crisis es similar a la de otros países con una afectación importante por el virus. Las medidas son parecidas. Los procesos son equivalentes. Los resultados pueden compararse… ¿Dónde está la diferencia? De nuevo, en el comportamiento de la oposición. Mientras la oposición de derechas en Italia y Portugal respalda a sus Gobiernos, aquí el PP le da la espalda. Mientras la oposición de izquierdas en Francia y Reino Unido antepone la lucha común, aquí Casado prioriza el cálculo partidista.

Los dirigentes del PP saben que para salvar vidas hay que contener la propagación del virus, y que para contener al virus hay que limitar la movilidad, y que para limitar movimientos solo contamos con el estado de alarma. Saben también que la mayor parte de las ayudas sociales a parados, autónomos y familias vulnerables, dependen de la vigencia del estado de alarma. Y a pesar de saberlo, intentaron tumbar el estado de alarma.

En España, la derecha se desentiende de su deber de ayudar al Gobierno para ayudar al país, y allí donde gobiernan, como en Madrid, van de irresponsabilidad en irresponsabilidad y de deslealtad en deslealtad.

Porque a los recortes y privatizaciones en la sanidad madrileña de ayer, hay que añadir la gestión más que deficiente de la crisis de hoy. Porque al insólito festival de IFEMA, hay que sumar los contratos precarios de los sanitarios y los menús insalubres dispensados a niños sin recursos… Y porque a los desplantes de Ayuso en las conferencias de presidentes, hay que agregar las acusaciones de falsas requisas de material de protección, y la exigua utilización de menos del 10% de los tests suministrados por el Gobierno de España.

Mientras el Gobierno de la nación se esfuerza para que en esta crisis nadie quede atrás, el PP boicotea la adopción de medidas que ayudan a millones de españoles a aguantar con dignidad las peores consecuencias de la COVID. El PP se ha opuesto en el Congreso a las prestaciones extraordinarias a parados y autónomos en cese de actividad, a la prohibición del despido en estado de alarma, a las moratorias en hipotecas y alquileres e, incluso, a las ayudas a las víctimas de violencia de género.

Al tiempo que el presidente del Gobierno lideraba las reivindicaciones de solidaridad en las instituciones europeas, Casado debilitaba la posición española asegurando “entender a los alemanes y holandeses que no quieren dar dinero a Pedro Sánchez”.

En el último Pleno del Congreso, cuando millones de españoles esperaban soluciones, responsabilidad y unidad de sus representantes, Casado utilizó la tribuna para lanzar cerca de 40 insultos a Pedro Sánchez, como le espetó la portavoz socialista Adriana Lastra en una brillante intervención.

El PP tiene que decidir definitivamente su papel en este momento crítico de nuestra historia. O se suma a la ultraderecha en el camino de la irresponsabilidad y el sabotaje. O suma fuerzas con el Gobierno y la gran mayoría de los españoles para vencer al virus y reconstruir el bien común.

Hoy, por desgracia para todos, la oposición no está a la altura.

Publicado en EL SOCIALISTA nº064 08-05-2020

GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

La sociedad española afronta dos grandes desafíos. El primero y prioritario consiste en doblegar al virus, salvar vidas y preservar la salud de los españoles.

Pero hay un segundo reto para el que hemos de ir preparándonos: el de reconstruir un país fuertemente golpeado en su sistema sanitario, en su estructura de protección social, en su economía, en el empleo..

Ambos desafíos han de afrontarse desde la responsabilidad general, desde la unidad de propósitos y desde la lealtad en el esfuerzo a desarrollar por todos los actores concernidos.

Hay quienes cuestionan la alusión a la “guerra” en las acciones contra la pandemia. Sin embargo, tanto el número de afectados, como la gravedad de sus efectos y la dimensión de los recursos a movilizar, facultan para utilizar perfectamente ese símil.

Estamos en una guerra contra el virus. Se trata de una guerra dura y cruenta, que se está cobrando muchas vidas y está causando mucho sufrimiento. Pero es una guerra que estamos ganando. Los datos sobre la evolución de contagios, hospitalizaciones y decesos así lo ponen de manifiesto.

Se está ganando la guerra gracias a la dirección estratégica de nuestros científicos, al esfuerzo titánico de todos los servidores públicos, y a la disciplina responsable que demuestran cada día la gran mayoría de los españoles, en cumplimiento de los decretos vinculados al estado de alarma. Gracias también al liderazgo eficaz y prudente del Gobierno de España.

La guerra se está ganando, pero la guerra no está ganada. Hay que perseverar en el esfuerzo, en la prudencia, en la responsabilidad, en la unidad, en la lealtad…

También hay quienes dicen que es pronto para hablar de la reconstrucción post-pandemia. Se equivocan igualmente. Si el virus está ocasionando miles de víctimas, entre fallecidos, enfermos y afectados, las consecuencias del COVID-19 sobre la economía y el empleo están siendo ya dramáticas para millones de españoles, y el horizonte es francamente preocupante. Aquí y en todo el mundo.

Es urgente, por tanto, comenzar los trabajos de reconstrucción social y económica. En este sentido, el Presidente del Gobierno ha ofrecido una gran acuerdo de reconstrucción a todos los interlocutores institucionales, políticos y sociales.

Estamos ante la mayor crisis de nuestra generación. Salir de esta crisis requerirá esfuerzos gigantescos, que no pueden limitarse a las energías desplegadas por un Gobierno o por las fuerzas que le dan soporte habitual. Las consecuencias del COVID afectan a todos y todos estamos llamados a arrimar el hombro para afrontarlas.

El Presidente Sánchez ha recabado el acuerdo de los Gobiernos autonómicos, de las entidades locales, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de las fuerzas políticas… Se trata de un requerimiento de unidad y de lealtad para el Gobierno de España, que tiene como contrapartida idéntico ofrecimiento de unidad y lealtad en cada una de las administraciones autonómicas y locales, en cada instancia social también.

Los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno han registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de creación de una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, abierta a todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía española.

El objeto de la Comisión consiste en recibir propuestas, celebrar debates y elaborar conclusiones acordadas, en torno a cuatro grandes cuestiones: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante las instituciones de la Unión Europea, cuyo concurso valiente y solidario resulta vital en estos momentos.

Tiene que salir bien. Va a salir bien.

PRIMERA LECCIÓN: DEFENDER LO PÚBLICO

PRIMERA LECCIÓN: DEFENDER LO PÚBLICO

Desde todas las coordenadas políticas e ideológicas se ofrecen propuestas a diario sobre cómo afrontar la crisis del COVID-19, con mejor o peor intención, con mayor o menor coherencia, fundamento o acierto. Sin embargo, una pregunta se abre paso en estos días. ¿Dónde están los liberales?

Han desaparecido por completo de la escena aquellos que abominaban del “Estado mastodóntico que asfixia a la sociedad”. Ya no se escucha a los que defendían derivar recursos públicos al sector privado para garantizar “la libertad de elección”. ¿Dónde quedan ahora las apuestas por “la mayor bajada de impuestos de la historia”?

Los que aseguraban en tribunas concienzudas que “la sociedad no existe, porque solo existen los individuos”, buscan y encuentran hoy en la sociedad organizada la cura para su enfermedad y el cuidado de sus seres queridos. Aquellos que lo confiaban todo a la “mano invisible del mercado”, prefieren hoy confiar en la mano bien visible de los profesionales de la sanidad pública.

¿Dónde están los liberales, pues? Unos, los más listos, están agazapados, conscientes de que sus proclamas hoy se percibirían como alta traición a los que sufren y a los que aguantan, gracias al Estado. Otros, los más desacomplejados, se apuntan ahora sin rubor a la reivindicación exigente de la iniciativa pública, porque “ya está tardando”. Y, finalmente, los más ridículos reclaman hoy al Estado que pague todas las nóminas del país, tras reclamar ayer que se dejaran de pagar todos los impuestos.

La lucha contra el virus ocasiona muchas desgracias, pero también nos deja unas cuantas enseñanzas que no hemos de desaprovechar en el futuro. La sociedad está mostrando algunas fortalezas de las que no éramos conscientes, pero también se ponen al descubierto ciertas debilidades, algunas recién descubiertas, y otras largamente denunciadas.

La primera enseñanza consiste en que hemos de defender lo público, porque de lo público depende la garantía de nuestra salud, de nuestro bienestar e, incluso, sabemos ahora fehacientemente, de nuestra supervivencia.

Estamos aprendiendo que defender lo público consiste en asegurar una dotación suficiente de recursos para los servicios estatales básicos, como la sanidad. Defender lo público equivale también a defender a los servidores públicos, su estabilidad, su profesionalidad, su dignidad.

La crisis nos enseña que los recortes en las políticas públicas, lejos de proporcionarnos “libertad de elección”, debilitan las capacidades colectivas para proporcionar seguridad, igualdad de oportunidades, desarrollo personal y bienestar a la gran mayoría de la población.

Sabemos hoy, mejor que ayer, que aquello de que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos” era una engañifa, una simple coartada falaz para que los más pudientes evitaran pagar impuestos y comprometerse así con el bienestar y el progreso general. Era el discurso del egoísmo.

Y también estamos aprendiendo que defender lo público, que defender lo de todos, requiere cuidar lo público, mejorar lo público, hacer lo público más eficiente. Entre todos. Con el concurso de todos.

De esta hemos de salir vivos, claro. Y con algunas lecciones bien aprendidas, también.

NADA SERÁ IGUAL

NADA SERÁ IGUAL

Saldremos de ésta. Pero ya nada será igual. O muchas cosas serán muy distintas. Necesariamente. 

Esta crisis está mostrando fortalezas y debilidades de las que no éramos conscientes. También deja a la vista de todos algunas verdades y muchas mentiras. Y, sobre todo, ayuda a distinguir mejor lo relevante de lo irrelevante.

El virus nos descubre hasta qué punto son predominantes en nuestra sociedad algunos valores encomiables que creíamos excepcionales, como la entrega a los demás, como la solidaridad con los vulnerables, como la responsabilidad colectiva…

Nos muestra la fortaleza de nuestras instituciones, a pesar de esta tormenta y de todas las tormentas previas que apuntaban al descrédito y la desafección.

Nos enseña a valorar en su importancia crucial los servicios públicos que nos curan y nos protegen, a sus profesionales, y a las políticas que los fortalecen frente a sus enemigos.

El virus también deja al descubierto muchos flancos, hasta ahora simulados u olvidados. El deterioro de nuestro sistema sanitario tras años de recortes y privatizaciones. Las deficiencias de la atención pública a los mayores y los dependientes.

La escasez de recursos que restan poder al Estado, precisamente cuando más poderoso le necesitamos. La lentitud exasperante del aparato público para hacer lo que todo el mundo sabe que hay que hacer… 

La pandemia nos ha demostrado de pronto que somos comunidad. Mejor que cualquier decreto, que cualquier ensayo doctrinal, que cualquier discurso patriótico, que cualquier himno o bandera… Hemos descubierto sorprendidos que sí, que la salvación de cada uno depende de la salvación de los demás. Que saldremos de esta juntos, o no saldremos. 

Se ha confirmado la verdad que sospechábamos, que las amenazas más reales que se ciernen sobre nuestras vidas no saben de territorios ni de soberanías. Llegan sin pasaporte ni nacionalidad. Pero sí saben de desigualdad, y se ceban con los más vulnerables, sea cual sea su pasaporte, su nacionalidad y su bandera. 

Ahora sabemos mejor que antes que las fronteras son mentira. Ni nos ayudan a parar las amenazas, ni nos permiten defender a los más débiles, ni nos ayudan a reconstruir el futuro. También es mentira la austeridad, porque no cimenta la seguridad, sino que la reserva solo para unos pocos, para los que no necesitan de lo público. 

Y ahora está más claro que era mentira aquello de que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos”. Porque hoy sabemos que el dinero donde mejor está es en los recursos de los hospitales, en el cuidado público de los mayores, en las prestaciones para los afectados por ERTES y ERES, en la ayuda a las pequeñas empresas y los autónomos que pasan una mala racha… 

Hoy somos conscientes de que lo relevante es defender la salud ante el virus enemigo. Sabemos que lo relevante es defender los empleos ante el paro enemigo. Sabemos que lo relevante es defender el Estado de Bienestar para que el Estado de Bienestar nos defienda de nuestros enemigos. 

Y sabemos cuan irrelevante es casi todo lo demás. 

Hoy vamos a pelear para vencer al virus. Y para que nadie se quede atrás en esta pelea. 

Pero mañana no vamos a olvidar esta pelea, sus verdades y sus mentiras. Porque ya nada será igual.

ES LA HORA DE LA RESPONSABILIDAD

ES LA HORA DE LA RESPONSABILIDAD

Vivimos una crisis nueva, en su naturaleza, en su dimensión y en su alcance. Una pandemia mundial, que se transmite a toda velocidad, y que amenaza la salud, la economía, el empleo, la vida cotidiana… 

No es la primera vez que la Humanidad afronta una epidemia. De hecho, a lo largo de la historia las ha habido numerosas, diversas y mucho más mortíferas. Pero la crisis del coronavirus se afronta en condiciones radicalmente nuevas, para bien y para mal. Para bien, porque la tecnología sanitaria ha avanzado de forma extraordinaria. Y para mal, porque estamos en la era de la globalización inmediata, en la cultura, en las finanzas… y en los virus. 

Es la hora, por tanto, de demostrarnos a nosotros mismos que la Humanidad ha progresado en algo más que en las capacidades de producir, de comunicarnos y de agredirnos. Es el momento de demostrar que la sociedad global también ha progresado en conocimientos, en organización, en responsabilidad y en solidaridad.

Podemos enfrentar con éxito la crisis del coronavirus, en España y en el mundo. Los españoles disponemos de un buen sistema nacional de salud, con recursos humanos y técnicos muy relevantes. Y el Gobierno de nuestro país se ha puesto al frente de las decisiones con determinación, eficacia y buenos consejos científicos.

Pero hacen falta más cosas para asegurar el triunfo sobre la pandemia. Y esos otros factores van más allá de la profesionalidad y el esfuerzo del personal sanitario y del Gobierno de España. Esas otras condiciones imprescindibles nos incumben a todos y a todas. Hace falta un ejercicio global de unidad y de responsabilidad. 

Todas las administraciones públicas han de colaborar sin perder tiempo ni energías en reproches, conflictos o cálculos partidistas. 

Todas las fuerzas y todos los dirigentes políticos deben superar la tentación de tratar de obtener rédito partidario con denuncias oportunistas o auto promociones inoportunas. 

Los interlocutores sociales han de unir esfuerzos para fortalecer los servicios públicos y limitar las consecuencias de la crisis sobre la población, en términos de cierre de empresas y pérdidas de empleos. 

Las instituciones, entidades y empresas deben colaborar en el cumplimiento de las indicaciones de las autoridades sanitarias, para que la crisis se resuelva cuanto antes, y con el menor daño posible. 

Y la exigencia de responsabilidad ha de alcanzar a cada ciudadano y cada ciudadana. La distancia que va de un comportamiento responsable a una conducta irresponsable en cada uno de nosotros, es la distancia que aleja el éxito del fracaso en esta lucha. Y nos estamos jugando mucho.

EUTANASIA O EL DERECHO A VIVIR DIGNAMENTE

El Gobierno y el Grupo Socialista en el Congreso están decididos a impulsar definitivamente la legislación que equipare a España con los países más avanzados del mundo en el reconocimiento de derechos.

Una de las propuestas a debate en la actualidad del Parlamento es la que ha de regular la eutanasia, o el derecho que ha de reconocerse a todo ser humano para dar por finalizada su vida en condiciones de sufrimiento grave y sin retorno. 

En un alarde más de la retórica inflamada y falaz que caracteriza al nuevo líder de la derecha española, Pablo Casado ha asegurado que “este problema no existe en España”. El texto de la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado para tumbar la propuesta socialista llega a comparar la eutanasia con la esclavitud y la venta de órganos. Aún está por dilucidar si la causa de tales disparates tiene que ver con la falta de sensibilidad o la simple ignorancia.

La derecha informada suele hacer uso de argumentos algo más elaborados, y confronta la reivindicación de la eutanasia regulada con el testamento vital, la evitación de encarnizamiento terapéutico o los cuidados paliativos. Pero no existe contradicción alguna entre estas demandas y el derecho que trata de incorporar el PSOE a nuestra legislación.

De hecho, tanto el testamento vital como los protocolos contra la obstinación terapéutica ya están regulados en muchas Comunidades Autónomas. Y el Congreso está a punto de culminar la ley que consagra como un derecho a los cuidados paliativos, como la llamada sedación terminal. 

Tampoco hay conflicto entre la eutanasia y “el derecho constitucional a la vida”, como esgrime el PP. El propio artículo 15 de la Constitución Española relaciona “el derecho a la vida” con “la integridad física y moral” frente a “penas o tratos inhumanos o degradantes”. Y es que el derecho a vivir ha de asociarse indefectiblemente al derecho a vivir con dignidad, o a dejar de vivir cuando las condiciones de la vida resultan definitiva e irreversiblemente incompatibles con una mínima dignidad. 

La propuesta de ley socialista establece la eutanasia como un derecho para quienes sufren “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado”, así como para quienes padecen “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causa “un sufrimiento insoportable”. La mayoría absoluta de los diputados apoyaron la toma en consideración de esta ley, y solo el PP manifestó su voto en contra. 

Nos tememos que a la derecha española le ocurra con esta ley y este derecho tal y como le ha sucedido con otras leyes y otros derechos a lo largo de nuestra historia democrática. Ya pasó con el divorcio, con el aborto y con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se opusieron, el derecho se consagró, y después no se atrevieron a tocarlo.

Por una vez, Casado y compañía podrían probar a apuntarse desde el principio a la conquista de nuevos derechos de ciudadanía para los españoles. O, al menos, a no estorbar.