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¿PACTO EDUCATIVO?

¿PACTO EDUCATIVO?

Cada vez que el Parlamento afronta el debate sobre una ley educativa resurgen dos argumentos recurrentes: se aprueban demasiadas leyes sobre educación y se echa de menos un “gran pacto educativo” entre los grupos políticos.

Ambas afirmaciones responden a la realidad. Durante los últimos cuarenta años han entrado en vigor legislaciones sucesivas y contrapuestas, para regular un ámbito que requeriría de propósitos y estrategias de largo plazo. Y es cierto que vendría muy bien un gran acuerdo social y político acerca de las líneas maestras de la política educativa.

Ahora bien, hay razones que explican por qué ese gran acuerdo no se ha materializado nunca y aún hoy está lejos de alcanzarse, pese a los intentos sinceros y esforzados del gobierno progresista.

Hay quienes, con la mejor voluntad, apelan a “prescindir de la ideología y de la política” para definir las claves de nuestro sistema educativo. ¿Es eso posible? No. De hecho, hay pocos aspectos del espacio público que requieran tanto de planteamientos ideológicos y políticos como la definición de qué se enseña y cómo se enseña a nuestros hijos.

Y precisamente ahí reside la dificultad principal para alcanzar acuerdos educativos entre izquierdas y derechas. Las diferencias entre PSOE y PP son mayúsculas y de raíz acerca de la función social que unos y otros atribuimos a la enseñanza.

Para el PSOE, la educación constituye un instrumento fundamental para alcanzar la justicia social. Por eso promovemos una educación pública, inclusiva, para la excelencia y para la equidad, que asegure la igualdad de oportunidades y el apoyo a aquellos que presentan más riesgos de quedarse atrás.

Para la derecha, sin embargo, la educación es un instrumento fundamental para reproducir las desigualdades sociales.

Pongamos algunos ejemplos. La izquierda promueve la enseñanza pública porque es la que garantiza un trato equitativo a todos los alumnos, independientemente de su condición de partida. La derecha promueve la enseñanza privada, concertada o no, porque es la que selecciona al alumnado en función de su capacidad de pago.

Hablan de “libertad de elección” para los padres, pero ¿qué libertad de elección hay para las familias que no pueden pagar las cuotas que imponen los centros privados y concertados?

Más. La derecha impuso en la LOMCE itinerarios en el comienzo de la ESO para segregar a los alumnos según sus capacidades, sin tener en cuenta las desigualdades de partida y sin aportar recursos para recuperar a los más retrasados. Los niños “torpes” se derivaban a la FP básica y los niños “listos” se encauzaban hacia el bachillerato y la universidad. La nueva ley educativa acaba con estos itinerarios y promueve el éxito escolar para todos los alumnos, procurando las ayudas que cada uno de ellos requiere.

La izquierda cree en la educación laica y entiende que el adoctrinamiento religioso debe quedar fuera de los programas de enseñanza. La derecha, por el contrario, se empeña en imponer la enseñanza del dogma religioso en las aulas, como una asignatura evaluable más. Y pretende establecer, además, una asignatura “espejo” disuasoria para los objetores.

El PSOE propone que los valores cívicos y constitucionales sean de enseñanza obligatoria para todo el alumnado. La derecha, sin embargo, aplica en algunas administraciones el llamado “veto parental”, por el que algunos padres pueden censurar la enseñanza de conocimientos básicos y valores cívicos cruciales para la educación de niños y jóvenes.

A veces se recurre al argumento de que “España no puntúa bien en PISA”, aludiendo al informe anual con el que la OCDE evalúa los sistemas educativos de los países más desarrollados. Pero suele obviarse que el sistema de enseñanza recurrentemente mejor valorado en esos informes es el de Finlandia, y en este país más del 97% de la enseñanza es pública. La educación privada, social y económicamente segregadora, es residual en el país con la mejor educación de Europa.

Probablemente, con las principales claves de la política educativa que se aplica en Finlandia, podríamos cimentar un gran acuerdo político para la enseñanza en España. La izquierda estaría de acuerdo. La derecha seguramente no, me temo.

En definitiva, ¿sería deseable un pacto educativo en nuestro país? Claro que sí. ¿Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzarlo, aunque solo fuera para sus bases más elementales? Desde luego. ¿Es fácil que eso ocurra? A juzgar por las grandes diferencias entre los fines y las ideas de unos y otros, no podemos decir que sí.

¿DE QUÉ LIBERTAD HABLAN?

¿DE QUÉ LIBERTAD HABLAN?

Las derechas de PP, Vox y Ciudadanos suelen argüir tramposamente a favor de la “libertad” en cada debate sobre políticas públicas. Lo acaban de hacer para oponerse a la regulación del derecho de eutanasia. Lo hicieron para imponer la censura parental en los colegios. Lo plantean para justificar la privatización progresiva de los servicios de educación, sanidad y pensiones. Y es el argumento habitual en sus programas de bajadas de impuestos a los más pudientes. 

En realidad, la libertad sin igualdad ni garantía de derechos es una falsa libertad. Una sociedad de hombres y mujeres libres en la que no se garantiza la igualdad de oportunidades y el ejercicio universal de derechos básicos, es una sociedad en la que predomina la ley del más fuerte. La falsa libertad que preconizan las derechas es la libertad que permite al poderoso imponer sus intereses y que condena al vulnerable a relegar los suyos.

Las derechas de PP y Vox arguyen que la instauración del derecho legal a la eutanasia restringe la libertad de ciudadanos y ciudadanas, porque sacrifica la autonomía personal ante la injerencia de quienes les “empujan” a morir. Sin embargo, la proposición de ley tomada en consideración por el Congreso se limita a otorgar a toda la ciudadanía el derecho (y no la obligación) de morir con dignidad, en condiciones extremas y con controles estrictos.

Los gobiernos de las derechas en Murcia y Andalucía, por ahora, aplican la censura parental a determinadas enseñanzas en los centros educativos públicos, amparándose en la libertad de padres y madres para decidir sobre la educación de sus hijos. Sin embargo, lo que esta medida retrógrada pone en peligro es el derecho de los escolares a recibir una educación abierta y libre de los prejuicios limitantes de algunos progenitores.

Las formaciones derechistas llevan décadas recortando recursos para la educación pública y desviando fondos públicos para financiar la enseñanza privada. Lo hacen al socaire de la supuesta libertad de las familias para escoger el modelo de enseñanza que han de recibir sus hijos. En realidad, este trasvase de fondos públicos a centros privados debilita la capacidad del Estado para asegurar a todos y a todas una educación en igualdad de oportunidades, al tiempo que, con el dinero de todos, facilita a las familias con más recursos el acceso a una enseñanza de mayor calidad.

Lo mismo ocurre con la financiación pública de la sanidad privada. No se aporta así más libertad a toda la ciudadanía para que opte entre el servicio público o el privado. Tan solo se resta capacidad a la sanidad pública para atender debidamente a todos los enfermos por igual, mientras se ofrece a los ciudadanos más pudientes la posibilidad de acudir a un aseguramiento privado financiado por todos, pero accesible y ventajoso tan solo para unos pocos. 

La ultraderecha pretende extender este modelo desigualitario a la Seguridad Social y las pensiones. Los gurús económicos de Vox ya han propuesto formalmente acabar con el vigente modelo de reparto en el sistema público de pensiones, para transformarlo en el un modelo de capitalización. Para que los españoles sean libres, dicen, a la hora de decidir cuánto de su ahorro se destina a financiar las prestaciones de jubilación. Como si la mayoría de los trabajadores, que apenas llegan a fin de mes, fueran realmente libres para capitalizar recursos a voluntad en los planes privados de pensiones. 

Y, claro está, PP, Vox y Ciudadanos sazonan con abundantes referencias a la libertad su discurso fiscal regresivo. “Donde mejor está el dinero de los ciudadanos es en su bolsillo”, repiten machaconamente. Como si, en realidad, todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de acumular cantidades equivalentes de dinero en sus bolsillos. Como si muchos ciudadanos no necesitaran de la solidaridad colectiva para garantizar una vida digna a sus familias. No. El dinero de los ciudadanos debe distribuirse de una manera justa para asegurar que todos y todas pueden ejercer sus derechos y libertades.

La izquierda ya aprendió hace tiempo que no hay igualdad sin libertad. A las derechas les corresponde aprender ahora que tampoco hay libertad sin igualdad.

CASADO RECORTA DESDE LA OPOSICIÓN

A juzgar por las primeras decisiones de calado adoptadas por el nuevo presidente del Partido Popular, los cambios que pueden esperarse en esta formación tras el congreso del 20 y 21 de julio se limitan al nombre de algunos de sus dirigentes y poco más. Pablo Casado ya ha anunciado el bloqueo de su grupo parlamentario a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que propone el Gobierno de España. En consecuencia, si Rajoy recortaba en educación y en sanidad desde el Gobierno, ya podemos asegurar que Casado también recorta en educación y en sanidad… desde la oposición.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 que el Gobierno socialista ha acordado con la Comisión Europea supone pasar de un déficit del 1,3% al 1,8% sobre PIB. Se trata de un margen de medio punto sobre PIB, cerca de 6.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de gasto de las administraciones públicas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó la distribución de estos recursos extraordinarios: dos décimas para el gasto de las comunidades autónomas (en torno a 2.500 millones), otras dos décimas para aliviar las cuentas de la Seguridad Social (2.500 millones) y una décima para el presupuesto de la administración central (sobre los 1.000 millones).

Las posiciones de unos y de otros responden a valores ideológicos diferentes y tienen consecuencias muy distintas también. El Gobierno socialista busca hacer compatible el propósito de la estabilidad presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos de bienestar y equidad social. Para ello persigue aumentar tanto los gastos como los ingresos fiscales del Estado, estableciendo, por ejemplo: un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades; una imposición justa para las empresas tecnológicas multinacionales que practican la elusión fiscal; una carga fiscal adecuada para el negocio bancario que ha recibido grandes recursos públicos en su reciente rescate financiero; así como un eficacia mejorada en la lucha contra el fraude fiscal.

Con este aumento equilibrado de gastos y de ingresos se puede comenzar a revertir los graves recortes en políticas sociales impuestos por los gobiernos del PP desde 2012, a la vez que se lograrán nuevas inversiones en investigación, innovación e infraestructuras destinadas a modernizar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar solidez a la economía española, al tiempo que se aporta equidad y justicia a la sociedad en su conjunto. Por eso, el aprovechamiento más importante del nuevo margen fiscal está destinado al gasto autonómico, que es responsable de los servicios públicos en educación, sanidad, empleo, vivienda y lucha contra la marginalidad social.

La posición del PP, como la de Ciudadanos, es igual de clara pero absolutamente contraria. La derecha azul y naranja priorizan la reducción acelerada del déficit, al tiempo que plantean nuevas bajadas de impuestos. Es decir, menos ingresos y aún menos gastos en el Estado. Solo hay una manera de cuadrar estas cuentas: con nuevos recortes sobre el gasto social y el gasto destinado a mejorar el modelo productivo. El modelo liberal del “cuanto menos Estado mejor” y el “sálvese quien pueda pagar” conduce a una economía frágil y a una sociedad desigual e injusta. Paradójicamente, las administraciones más perjudicadas por el veto del PP a la nueva senda de estabilidad presupuestaria son las comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por la propia derecha.

Las razones que llevan a Pablo Casado y al PP a esta posición contraria a la mejora del gasto social y productivo son de naturaleza tanto ideológica como estratégica. Los planteamientos ideológicos ya se han descrito. La estrategia de la derecha tampoco es nueva. Se reitera siempre desde la oposición. Consiste básicamente en aquella frase tan ilustrativa que el exministro Montoro dirigió a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canarias: “Que se hunda España, y ya llegaremos nosotros para salvar lo que se pueda”. Su prioridad es debilitar al Gobierno socialista por cualquier medio, aunque el medio pase por debilitar a la economía, al empleo y a los servicios públicos que atienden a la sociedad española.

La vigente ley de estabilidad presupuestaria otorga a la derecha una capacidad de veto en el Senado contraria a toda lógica. El funcionamiento habitual del poder legislativo prevé para el Senado la condición de cámara de segunda lectura, de tal modo que cualquier enmienda aprobada en la cámara territorial puede ser corregida en el Congreso, que representa la soberanía popular. Sin embargo, una modificación legal decidida unilateralmente por el PP en el año 2012 posibilita que la derecha, con poco más del 30% de los votos obtenidos en las últimas elecciones, imponga su criterio al 70% restante, gracias a su mayoría en el Senado. Parece razonable revisar esta incongruencia.

En conclusión. El primer debate político de alcance que ha tenido oportunidad de protagonizar el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se puede saldar con un nuevo recorte en las políticas de las que depende el bienestar de los españoles más vulnerables. Un comienzo muy significativo.

LOS JÓVENES RECLAMAN SOLUCIONES

Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

MACHISMO: LOS SÍNTOMAS Y LA ENFERMEDAD

El impulso formidable que experimenta el movimiento feminista está logrando visibilizar las peores consecuencias de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres, incluso en sociedades, como la nuestra, que han constitucionalizado el derecho a la igualdad y que han desarrollado una legislación garantista al respecto.

Por tanto, los síntomas del machismo están identificados, denunciados y condenados socialmente. La sociedad está sensibilizada y las instituciones multiplican las iniciativas destinadas a atajar agresiones y discriminaciones, a proteger a las víctimas, a castigar a los culpables de machismo irredento.

Pero los síntomas persisten. Las expresiones viejas y nuevas del machismo siguen ahí, incluso se acentúan en algunos aspectos entre las nuevas generaciones. Las relaciones de pareja siguen siendo desequilibradas. Las responsabilidades que se asumen en el seno del hogar continúan siendo desiguales. Ellas tienen más paro, asumen los peores contratos, cobran menos y sufren los mayores obstáculos en sus carreras profesionales. El acoso, la agresión física, el feminicidio, apenas retroceden.

¿Por qué? Porque las enfermedades no remiten con el tratamiento de los síntomas. Las denuncias, las campañas, las leyes, los recursos públicos, coadyuvan a aliviar la sintomatología del machismo, pero no lo curan.

La raíz del machismo a extirpar está en un ancestral reparto de funciones entre hombres y mujeres que subordina a las segundas respecto a los primeros. Los hombres ejercen la autoridad y la fuerza; son los encargados de proveer de bienes; son los responsables de aportar seguridad. Las mujeres ejercen un papel gregario y eminentemente afectivo; asumen la función clave de la maternidad; son las responsables de los cuidados y el confort.

Esta distribución desigual de roles tiene su reflejo en las relaciones de pareja. Si ellos entienden que la sociedad les atribuye el mando, la seguridad y la provisión de recursos, resultará difícil de aceptar que ellas pretendan ejercer su autonomía, ignorar el mando e, incluso, abandonarles cuando la relación no les satisfaga. Y si ellas asumen como natural la subordinación, por muchas campañas y muchas leyes que hagamos, la discriminación se mantendrá incólume.

El juego de roles sociales repercute directamente sobre las condiciones laborales y el desarrollo profesional de unos y otros. Si las mujeres tienen atribuida la función del cuidado de la familia, asumirán los contratos que resulten más compatibles con el ejercicio de la maternidad y la atención a la prole. Y esos son los contratos más precarios, con los peores salarios. Si la prioridad de la mujer ha de ser el cuidado familiar, ellas son las más proclives a ralentizar, interrumpir o renunciar a las mejores carreras profesionales…

Si ellos son los que mandan, los portadores de la fuerza y los garantes de la seguridad, resulta explicable que algunos hombres sucumban a la psicopatología de creerse con derecho a someter y agredir a las mujeres. La violencia de género tiene una raíz que va más allá de la superioridad física. La raíz está también en la enfermedad del machismo.

En consecuencia, hemos de celebrar cada victoria del feminismo en la visualización de la desigualdad de las mujeres. Hay que festejar cada derrota del machismo en la consideración social, en la iniciativa legislativa, en la disposición de políticas y de recursos. Pero si queremos afrontar el fondo del problema, su causa última, hay que ir mucho más allá.

La tarea no puede limitarse al activismo social o a la institucionalidad política. La tarea tiene más que ver con la transformación de las creencias sociales más básicas, con el cambio cultural más íntimo, con los principios y valores sobre los que se asienta la convivencia. Hasta que no nos convenzamos todos y todas, ellos y ellas, de que las funciones sociales han de ser compartidas por igual, sin desigualdades ni discriminaciones, sin prevalencias ni gregarismos, el machismo seguirá rigiendo nuestras vidas.

Este ocho de marzo ha sido un aldabonazo. Ojalá llegue hasta el corazón del machismo. Y acabe con él.

TECNOLOGÍA Y PRECARIADO

Si las sociedades cambian, y cambian las economías y cambian los procesos productivos, resulta inexorable que cambien también los empleos y las relaciones laborales. Ahora bien, el cambio no implica necesariamente precarización. Y si los modelos vigentes de globalización económica y digitalización de los procesos productivos siguen dando lugar a la devaluación constante en los derechos de los trabajadores, es preciso denunciar y promover reformas.

Cada día se dan a conocer nuevas experiencias en la llamada economía digital que mal utilizan la coartada de la novedad, el glamour del emprendimiento o la supuesta modernidad del anglicismo permanente, para hacer negocio a costa de mal contratar o mal pagar a los trabajadores.

En unas ocasiones se trata de desarrolladoras de aplicaciones informáticas. En otros casos son empresas de alquiler de vehículos con conductor o de reparto de comida a domicilio. Solo tienen en común eso: su supuesta novedad, el uso de aplicaciones tecnológicas, los reclamos comerciales en inglés, y la resistencia -a menudo fraudulenta o directamente ilegal- a reconocer y respetar los derechos de sus trabajadores.

Si en la producción tradicional ya existen dificultades para hacer valer los derechos laborales, como consecuencia del desarme provocado por la reforma laboral del PP, en las supuestamente nuevas formas de producción digital las situaciones de explotación se multiplican. Se abusa de la contratación temporal sin causa real. Se generalizan los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas a tiempo completo. Se trabajan horas que ni se reconocen ni se pagan. Se pagan salarios exiguos. Se promueven los falsos autónomos para evitar el respeto a las jornadas de descanso y el pago de cotizaciones sociales…

Son constantes ya las denuncias de repartidores de comida a domicilio que no están contratados como lo que realmente son: trabajadores por cuenta ajena en una empresa que organiza su labor, que les manda y que se niega a reconocer sus derechos laborales. También son frecuentes las quejas de teleoperadores, comerciales o conductores al servicio de plataformas digitales que ganan mucho dinero, pero que se niegan a compartir esas ganancias con un trato digno a los trabajadores que contribuyen a generarlas.

La incorporación de las nuevas tecnologías digitales a las actividades económicas y, por consiguiente, al empleo, no debe interpretarse como un fenómeno perjudicial o negativo, sino que constituye una gran oportunidad para el desarrollo general. Estas tecnologías pueden contribuir al bienestar general, a mejorar la productividad de la economía, a ganar competitividad para las empresas, a liberar a los trabajadores de actividades penosas, a repartir mejor los tiempos de trabajo, a generar más rentas que pueden distribuirse de forma justa…

Pero, como cualquier fenómeno social, la digitalización de los procesos productivos debe gobernarse y debe regularse para garantizar su compatibilización con el interés general y los derechos de los más vulnerables. ¿Cómo hacerlo? Adaptando los modos de producción, intensificando la educación digital desde edades tempranas, asegurando una formación adecuada y permanente de los trabajadores, y cambiando algunas normas…

Es preciso recuperar la exigencia de causalidad para los contratos temporales. Un contrato temporal solo es legítimo y solo debe ser legal si responde a un puesto de trabajo realmente temporal. Es necesario blindar la regulación del trabajo a tiempo parcial para erradicar la explotación mediante horas trabajadas y no reconocidas. Es urgente establecer la obligación del registro de horas trabajadas en todas las empresas. Es de justicia combatir la brecha salarial y de promoción profesional entre hombres y mujeres. Y es preciso fomentar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, para ellos y para ellas.

Existe una institución crucial para ofrecer garantía de cumplimiento en todos estos buenos objetivos: la inspección de trabajo y Seguridad Social. En España contamos de promedio con la mitad de inspectores que la media de la zona euro. La consecuencia es la indefensión de los trabajadores y el abuso de algunos empresarios. Necesitamos más inspectores, mejor gobierno de la inspección y normas que establezcan infracciones claras y sanciones realmente disuasorias.

En una sociedad desarrollada, modernidad y precariedad no han de ser sinónimos, sino antónimos.

VOLVER A EMPEZAR

Los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña devuelven el contencioso ocasionado por el desafío separatista al escenario previo al 6 de septiembre, cuando las fuerzas independentistas ejecutaron su golpe a la legalidad y a la convivencia democrática. Aquella ruptura unilateral generó un colapso social, económico e institucional cuyas consecuencias tardarán mucho tiempo en superarse. Las urnas legítimas y libres del 21-D ofrecen una nueva oportunidad a la conjunción PDCat-ERC-CUP para perseguir una nueva relación de Cataluña con el resto de España y de Europa, pero esta vez respetando las reglas del juego de nuestra democracia.

Desde la perspectiva del progresismo español, los resultados electorales en Cataluña son malos, sin apenas matices. El independentismo se vuelve a imponer en escaños sobre las opciones no independentistas; si bien pierde en votos frente al no independentismo, cede la primera plaza y retrocede tanto en diputados como en porcentaje de apoyos respecto a las elecciones de 2015 y, desde luego, respecto a la parodia de votación del 1 de octubre. A la vez, la derecha de Ciudadanos y la antigua Convergencia, coincidentes en el apoyo a la reforma laboral del PP y a sus políticas de recortes, se impone sobre la izquierda; si bien lo hace sobre una estrategia de voto útil en clave de rechazo y apoyo al proceso separatista, respectivamente.

La conclusión es un panorama político e institucional complejo, difícil de gestionar y plagado de riesgos, tanto para la gobernabilidad de Cataluña, como para el reto decisivo de la recuperación económica, en Cataluña y en el resto de España. En consecuencia, se entienden mal las expresiones de alborozo que mostraron algunos en la noche electoral. Ciudadanos es la primera fuerza, pero el independentismo mantiene todas las bazas para gobernar. Puigdemont queda por delante de Junqueras, pero el separatismo que ambos dos representan es derrotado en votos. El PSC avanza, pero poco. Los comunes podemitas pagan su tacticismo con un fuerte retroceso. La CUP se disuelve, porque su radicalidad ya no es nada original en el separatismo. Y el PP se hunde con la sensación de haberle hecho el trabajo sucio a sus rivales más directos.

Hay algo importante por celebrar, sin embargo. Las previsiones de una participación record se confirmaron, y la ciudadanía catalana participó como nunca antes en unas elecciones decisivas para su futuro. Y la jornada se celebró sin apenas incidentes de mención, a pesar de las sombras de duda que intentaron arrojar precisamente aquellos que hace solo unas semanas, el último 1 de octubre, protagonizaron un vodevil sonrojante de votaciones al margen de la ley, sin censo, sin junta electoral, sin resultados verificables y sin garantía democrática alguna.

¿Y ahora? Con toda probabilidad, PDCat-ERC-CUP intentarán hacer valer su exigua mayoría en escaños, que no en votos, para formar Gobierno. Y probablemente lo lograrán, a pesar de las contradicciones internas en ese mundo, que no son menores, en estrategia y en desencuentros personales. Procurarán desarrollar su programa de horizonte separatista pero, eso sí, habrán de hacerlo conforme a la legalidad y sin hurtar sus derechos a la mayoría de ciudadanos catalanes que no votan separatismo. Porque si vuelven a actuar como el 6 de septiembre y los días sucesivos, a la democracia española no le quedará más remedio que defenderse aplicando la Constitución, con toda legitimidad.

Por tanto, el futuro debiera desterrar la unilateralidad separatista de unos, por ilegal, al igual que la cerrazón inmovilista de otros, por contraproducente. Es tiempo de reformas en la organización territorial del Estado, y esas reformas deben acometerse en el marco de la legalidad, pero de manera abierta y valiente. Desde el diálogo, el encuentro y la voluntad de acuerdo. Ahí está la Comisión de Evaluación y Mejora de la Organización Territorial del Estado, propuesta por el PSOE y constituida ya en el Congreso de los Diputados, para albergar los debates. Ojalá funcione.

Dos errores a evitar, por último. Cometerían un error los independentistas incursos en causas judiciales si interpretan los votos como una exoneración de sus responsabilidades ante la ley. Ningún porcentaje de votos faculta a nadie en democracia para saltarse impunemente las normas. Y se equivocarían también los dirigentes de Ciudadanos si intentan cobrarse rápidamente, en cash y en el escenario nacional, el buen resultado obtenido en Cataluña. Aquello ha sido excepcional, porque estaba en juego algo tan relevante y tan previo a la política como la propia convivencia democrática. En España, Ciudadanos ha sido, es y será ante la gran mayoría, tan solo esa media naranja que acompaña dócil y alegremente al PP en sus políticas más injustas de recortes sociales y precariedad laboral.