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Archive for the ‘Educación’ Category

El impulso formidable que experimenta el movimiento feminista está logrando visibilizar las peores consecuencias de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres, incluso en sociedades, como la nuestra, que han constitucionalizado el derecho a la igualdad y que han desarrollado una legislación garantista al respecto.

Por tanto, los síntomas del machismo están identificados, denunciados y condenados socialmente. La sociedad está sensibilizada y las instituciones multiplican las iniciativas destinadas a atajar agresiones y discriminaciones, a proteger a las víctimas, a castigar a los culpables de machismo irredento.

Pero los síntomas persisten. Las expresiones viejas y nuevas del machismo siguen ahí, incluso se acentúan en algunos aspectos entre las nuevas generaciones. Las relaciones de pareja siguen siendo desequilibradas. Las responsabilidades que se asumen en el seno del hogar continúan siendo desiguales. Ellas tienen más paro, asumen los peores contratos, cobran menos y sufren los mayores obstáculos en sus carreras profesionales. El acoso, la agresión física, el feminicidio, apenas retroceden.

¿Por qué? Porque las enfermedades no remiten con el tratamiento de los síntomas. Las denuncias, las campañas, las leyes, los recursos públicos, coadyuvan a aliviar la sintomatología del machismo, pero no lo curan.

La raíz del machismo a extirpar está en un ancestral reparto de funciones entre hombres y mujeres que subordina a las segundas respecto a los primeros. Los hombres ejercen la autoridad y la fuerza; son los encargados de proveer de bienes; son los responsables de aportar seguridad. Las mujeres ejercen un papel gregario y eminentemente afectivo; asumen la función clave de la maternidad; son las responsables de los cuidados y el confort.

Esta distribución desigual de roles tiene su reflejo en las relaciones de pareja. Si ellos entienden que la sociedad les atribuye el mando, la seguridad y la provisión de recursos, resultará difícil de aceptar que ellas pretendan ejercer su autonomía, ignorar el mando e, incluso, abandonarles cuando la relación no les satisfaga. Y si ellas asumen como natural la subordinación, por muchas campañas y muchas leyes que hagamos, la discriminación se mantendrá incólume.

El juego de roles sociales repercute directamente sobre las condiciones laborales y el desarrollo profesional de unos y otros. Si las mujeres tienen atribuida la función del cuidado de la familia, asumirán los contratos que resulten más compatibles con el ejercicio de la maternidad y la atención a la prole. Y esos son los contratos más precarios, con los peores salarios. Si la prioridad de la mujer ha de ser el cuidado familiar, ellas son las más proclives a ralentizar, interrumpir o renunciar a las mejores carreras profesionales…

Si ellos son los que mandan, los portadores de la fuerza y los garantes de la seguridad, resulta explicable que algunos hombres sucumban a la psicopatología de creerse con derecho a someter y agredir a las mujeres. La violencia de género tiene una raíz que va más allá de la superioridad física. La raíz está también en la enfermedad del machismo.

En consecuencia, hemos de celebrar cada victoria del feminismo en la visualización de la desigualdad de las mujeres. Hay que festejar cada derrota del machismo en la consideración social, en la iniciativa legislativa, en la disposición de políticas y de recursos. Pero si queremos afrontar el fondo del problema, su causa última, hay que ir mucho más allá.

La tarea no puede limitarse al activismo social o a la institucionalidad política. La tarea tiene más que ver con la transformación de las creencias sociales más básicas, con el cambio cultural más íntimo, con los principios y valores sobre los que se asienta la convivencia. Hasta que no nos convenzamos todos y todas, ellos y ellas, de que las funciones sociales han de ser compartidas por igual, sin desigualdades ni discriminaciones, sin prevalencias ni gregarismos, el machismo seguirá rigiendo nuestras vidas.

Este ocho de marzo ha sido un aldabonazo. Ojalá llegue hasta el corazón del machismo. Y acabe con él.

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Si las sociedades cambian, y cambian las economías y cambian los procesos productivos, resulta inexorable que cambien también los empleos y las relaciones laborales. Ahora bien, el cambio no implica necesariamente precarización. Y si los modelos vigentes de globalización económica y digitalización de los procesos productivos siguen dando lugar a la devaluación constante en los derechos de los trabajadores, es preciso denunciar y promover reformas.

Cada día se dan a conocer nuevas experiencias en la llamada economía digital que mal utilizan la coartada de la novedad, el glamour del emprendimiento o la supuesta modernidad del anglicismo permanente, para hacer negocio a costa de mal contratar o mal pagar a los trabajadores.

En unas ocasiones se trata de desarrolladoras de aplicaciones informáticas. En otros casos son empresas de alquiler de vehículos con conductor o de reparto de comida a domicilio. Solo tienen en común eso: su supuesta novedad, el uso de aplicaciones tecnológicas, los reclamos comerciales en inglés, y la resistencia -a menudo fraudulenta o directamente ilegal- a reconocer y respetar los derechos de sus trabajadores.

Si en la producción tradicional ya existen dificultades para hacer valer los derechos laborales, como consecuencia del desarme provocado por la reforma laboral del PP, en las supuestamente nuevas formas de producción digital las situaciones de explotación se multiplican. Se abusa de la contratación temporal sin causa real. Se generalizan los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas a tiempo completo. Se trabajan horas que ni se reconocen ni se pagan. Se pagan salarios exiguos. Se promueven los falsos autónomos para evitar el respeto a las jornadas de descanso y el pago de cotizaciones sociales…

Son constantes ya las denuncias de repartidores de comida a domicilio que no están contratados como lo que realmente son: trabajadores por cuenta ajena en una empresa que organiza su labor, que les manda y que se niega a reconocer sus derechos laborales. También son frecuentes las quejas de teleoperadores, comerciales o conductores al servicio de plataformas digitales que ganan mucho dinero, pero que se niegan a compartir esas ganancias con un trato digno a los trabajadores que contribuyen a generarlas.

La incorporación de las nuevas tecnologías digitales a las actividades económicas y, por consiguiente, al empleo, no debe interpretarse como un fenómeno perjudicial o negativo, sino que constituye una gran oportunidad para el desarrollo general. Estas tecnologías pueden contribuir al bienestar general, a mejorar la productividad de la economía, a ganar competitividad para las empresas, a liberar a los trabajadores de actividades penosas, a repartir mejor los tiempos de trabajo, a generar más rentas que pueden distribuirse de forma justa…

Pero, como cualquier fenómeno social, la digitalización de los procesos productivos debe gobernarse y debe regularse para garantizar su compatibilización con el interés general y los derechos de los más vulnerables. ¿Cómo hacerlo? Adaptando los modos de producción, intensificando la educación digital desde edades tempranas, asegurando una formación adecuada y permanente de los trabajadores, y cambiando algunas normas…

Es preciso recuperar la exigencia de causalidad para los contratos temporales. Un contrato temporal solo es legítimo y solo debe ser legal si responde a un puesto de trabajo realmente temporal. Es necesario blindar la regulación del trabajo a tiempo parcial para erradicar la explotación mediante horas trabajadas y no reconocidas. Es urgente establecer la obligación del registro de horas trabajadas en todas las empresas. Es de justicia combatir la brecha salarial y de promoción profesional entre hombres y mujeres. Y es preciso fomentar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, para ellos y para ellas.

Existe una institución crucial para ofrecer garantía de cumplimiento en todos estos buenos objetivos: la inspección de trabajo y Seguridad Social. En España contamos de promedio con la mitad de inspectores que la media de la zona euro. La consecuencia es la indefensión de los trabajadores y el abuso de algunos empresarios. Necesitamos más inspectores, mejor gobierno de la inspección y normas que establezcan infracciones claras y sanciones realmente disuasorias.

En una sociedad desarrollada, modernidad y precariedad no han de ser sinónimos, sino antónimos.

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Los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña devuelven el contencioso ocasionado por el desafío separatista al escenario previo al 6 de septiembre, cuando las fuerzas independentistas ejecutaron su golpe a la legalidad y a la convivencia democrática. Aquella ruptura unilateral generó un colapso social, económico e institucional cuyas consecuencias tardarán mucho tiempo en superarse. Las urnas legítimas y libres del 21-D ofrecen una nueva oportunidad a la conjunción PDCat-ERC-CUP para perseguir una nueva relación de Cataluña con el resto de España y de Europa, pero esta vez respetando las reglas del juego de nuestra democracia.

Desde la perspectiva del progresismo español, los resultados electorales en Cataluña son malos, sin apenas matices. El independentismo se vuelve a imponer en escaños sobre las opciones no independentistas; si bien pierde en votos frente al no independentismo, cede la primera plaza y retrocede tanto en diputados como en porcentaje de apoyos respecto a las elecciones de 2015 y, desde luego, respecto a la parodia de votación del 1 de octubre. A la vez, la derecha de Ciudadanos y la antigua Convergencia, coincidentes en el apoyo a la reforma laboral del PP y a sus políticas de recortes, se impone sobre la izquierda; si bien lo hace sobre una estrategia de voto útil en clave de rechazo y apoyo al proceso separatista, respectivamente.

La conclusión es un panorama político e institucional complejo, difícil de gestionar y plagado de riesgos, tanto para la gobernabilidad de Cataluña, como para el reto decisivo de la recuperación económica, en Cataluña y en el resto de España. En consecuencia, se entienden mal las expresiones de alborozo que mostraron algunos en la noche electoral. Ciudadanos es la primera fuerza, pero el independentismo mantiene todas las bazas para gobernar. Puigdemont queda por delante de Junqueras, pero el separatismo que ambos dos representan es derrotado en votos. El PSC avanza, pero poco. Los comunes podemitas pagan su tacticismo con un fuerte retroceso. La CUP se disuelve, porque su radicalidad ya no es nada original en el separatismo. Y el PP se hunde con la sensación de haberle hecho el trabajo sucio a sus rivales más directos.

Hay algo importante por celebrar, sin embargo. Las previsiones de una participación record se confirmaron, y la ciudadanía catalana participó como nunca antes en unas elecciones decisivas para su futuro. Y la jornada se celebró sin apenas incidentes de mención, a pesar de las sombras de duda que intentaron arrojar precisamente aquellos que hace solo unas semanas, el último 1 de octubre, protagonizaron un vodevil sonrojante de votaciones al margen de la ley, sin censo, sin junta electoral, sin resultados verificables y sin garantía democrática alguna.

¿Y ahora? Con toda probabilidad, PDCat-ERC-CUP intentarán hacer valer su exigua mayoría en escaños, que no en votos, para formar Gobierno. Y probablemente lo lograrán, a pesar de las contradicciones internas en ese mundo, que no son menores, en estrategia y en desencuentros personales. Procurarán desarrollar su programa de horizonte separatista pero, eso sí, habrán de hacerlo conforme a la legalidad y sin hurtar sus derechos a la mayoría de ciudadanos catalanes que no votan separatismo. Porque si vuelven a actuar como el 6 de septiembre y los días sucesivos, a la democracia española no le quedará más remedio que defenderse aplicando la Constitución, con toda legitimidad.

Por tanto, el futuro debiera desterrar la unilateralidad separatista de unos, por ilegal, al igual que la cerrazón inmovilista de otros, por contraproducente. Es tiempo de reformas en la organización territorial del Estado, y esas reformas deben acometerse en el marco de la legalidad, pero de manera abierta y valiente. Desde el diálogo, el encuentro y la voluntad de acuerdo. Ahí está la Comisión de Evaluación y Mejora de la Organización Territorial del Estado, propuesta por el PSOE y constituida ya en el Congreso de los Diputados, para albergar los debates. Ojalá funcione.

Dos errores a evitar, por último. Cometerían un error los independentistas incursos en causas judiciales si interpretan los votos como una exoneración de sus responsabilidades ante la ley. Ningún porcentaje de votos faculta a nadie en democracia para saltarse impunemente las normas. Y se equivocarían también los dirigentes de Ciudadanos si intentan cobrarse rápidamente, en cash y en el escenario nacional, el buen resultado obtenido en Cataluña. Aquello ha sido excepcional, porque estaba en juego algo tan relevante y tan previo a la política como la propia convivencia democrática. En España, Ciudadanos ha sido, es y será ante la gran mayoría, tan solo esa media naranja que acompaña dócil y alegremente al PP en sus políticas más injustas de recortes sociales y precariedad laboral.

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Pedro Sánchez acierta al establecer el “rescate” de los jóvenes españoles como prioridad estratégica en la acción política de los socialistas. La metáfora es adecuada, porque el colectivo de jóvenes se siente atrapado en un agujero negro de precariedad y marginación.

El problema de los jóvenes precarizados y marginados es ya el problema principal de presente y de futuro para el conjunto de la sociedad española. Y debiera ser también el principal objeto de atención y decisión política, con permiso de los inacabables escándalos de corrupción y las ensoñaciones independentistas.

El problema de los jóvenes presenta tres vertientes, a cual más alarmante. Es un problema de deterioro social evidente para una parte significativa de la población. Es un problema de índole económica, por cuanto excluye del circuito de producción y consumo a lo más dinámico de la sociedad. Y es un problema de legitimidad democrática, porque divorcia del sistema a quienes están llamados inexorablemente a protagonizarlo.

Los índices de desempleo juvenil rozan el 50% y los niveles de precariedad laboral son simplemente insoportables entre los más jóvenes. Los falsos becarios, falsos contratados a tiempo parcial y falsos autónomos son mayoritariamente jóvenes. Los contratos de formación y los contratos en prácticas que se derivan de la reforma laboral del PP condenan a los jóvenes a empleos indignos con jornadas abusivas y salarios del todo insuficientes.

Las brechas de desigualdad creciente en el acceso a la educación superior, a la formación digital y al aprendizaje de idiomas profundizan la injusticia y el malestar fundado. Y a esto debe añadirse la dificultad para acceder a una vivienda digna, dados los altos precios en el mercado libre de compra-venta y alquiler, y dada la falta injustificable de una política pública de vivienda social, como sí existe en otros países de nuestro entorno.

La marginación de los jóvenes de los procesos de producción, de empleo  y de consumo genera a su vez un grave problema de desequilibrio para el sistema económico, con graves repercusiones tanto en el entramado fiscal como en la propia Seguridad Social. Los jóvenes no ganan para pagar impuestos, y no trabajan para generar ingresos en la tesorería de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el nuestro, el panorama es preocupante.

Y todos estos problemas desembocan en un distanciamiento creciente de buena parte de la juventud respecto al sistema democrático. ¿Cómo pedir responsabilidad y compromiso con el sistema a aquello que se sienten maltratados injustamente? Los jóvenes ignorados y marginados son carne de cañón para los discursos populistas y antisistema, que nada resuelven en la problemática juvenil, pero que ofrecen un cauce sugerente para expresar frustración e ira.

Para ilustrar todos estos argumentos resulta muy útil la lectura del libro “La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?” de los profesores José Félix Tezanos y Verónica Díaz.

En consecuencia, resulta muy apropiado que el PSOE coloque la problemática juvenil en el frontispicio de su estrategia para esta nueva etapa. Una estrategia que deberá combinar denuncia y propuesta. Y que deberá contar con iniciativas de oposición allí donde no se gobierna, así como con iniciativas coherentes de gobierno allí donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de convertir su discurso en hechos comprobables.

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Durante estos días en los que se ha conocido el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, los dos últimos presidentes populares de la Comunidad de Madrid, han sido muchos los madrileños que han rememorado el penoso episodio que dio nacimiento a esta etapa negra de la política en nuestra región: el tamayazo.

Desde el mismo mes de junio de 2003, cuando se perpetró aquel golpe antidemocrático, la gran mayoría de los madrileños concluyeron con buen juicio que las motivaciones de sus protagonistas estaban relacionadas con la corrupción. La conducta de los personajes y las evidencias del entramado revelaban con claridad que aquello se había montado para frustrar el Gobierno decente que habían votado los madrileños, y para dar paso a otro Gobierno con intenciones bien distintas y contrapuestas.

Las informaciones conocidas ahora a propósito de la operación Lezo, sumadas a las ya sabidas sobre Gurtel, Correa, Púnica y demás, ayudarán a muchos a entender aún mejor el qué y, sobre todo, el por qué de aquella operación. Los Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Ricardo Romero de Tejada y demás conspiraron para abrir la mayor etapa de saqueo y rapiña sobre las arcas públicas que se ha conocido en nuestro país desde la recuperación de las libertades.

Ojalá el desarrollo del proceso judicial contribuya además a constatar los detalles del quiénes, del cómo y, sobre todo, del cuánto, en torno a aquel lamentable episodio. Los madrileños merecen saberlo, y los culpables merecen ser debidamente castigados.

Rememorar aquellos días aciagos no me provoca ninguna frustración personal, frente a lo que piensan algunos. La frustración es doble, pero tiene que ver con el presente y el futuro de los ciudadanos de mi Comunidad. La primera frustración es por el daño infligido sobre la propia democracia y su credibilidad. Los madrileños comprobaron cómo se puede torcer a golpe de talonario la voluntad democrática expresada limpiamente en las urnas. No es una buena enseñanza.

La segunda frustración está relacionada con la vida de mis conciudadanos. El saqueo de los corruptos se cebó en la especulación sobre el suelo de Madrid, en el inflado de la burbuja inmobiliaria, en el latrocinio sobre los contratos públicos, en la privatización de servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas… ¿Hasta qué punto un Gobierno decente podría haber mejorado la vida de los madrileños? Quiero pensar que mucho, y ese pensamiento resulta frustrante.

Pero entretanto se constata el por qué y se van aclarando el quiénes, el cómo y el por cuánto, conviene ir resolviendo las responsabilidades políticas. Aguirre, la “jefa”, ha dimitido ya. Pero Cifuentes tiene que dar cuentas también por su papel en la trama, el activo y el pasivo, porque formó parte de la dirección del PP y de su grupo parlamentario mientras se consumaban las fechorías.

Y ahora la carga de la prueba recae especialmente sobre Ciudadanos. Resulta contradictorio hasta lo insoportable el presentarse ante la ciudadanía como una fuerza política regeneradora de la vida pública y sostener al mismo tiempo un Gobierno del PP corrompido hasta el tuétano en Madrid. O se sopla o se sorbe…

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La crisis financiera que se desencadenó en buena parte del mundo a partir del año 2008 devino, como sabemos, en una quiebra muy generalizada de la confianza en el propio sistema democrático. Una de las grandes paradojas de nuestros días consiste precisamente en que aquellos movimientos del “No nos representan”, que surgieron por doquier exigiendo una democracia más participativa, han acabado dando lugar a una especie de “internacional autoritaria” con el dueto Trump-Putin como exponente más significativo.

El histriónico Trump inicia su mandato presidencial en Estados Unidos nombrando a grandes oligarcas financieros como responsables de las instituciones económicas que deben velar por el bien común. Vladimir Putin, fiel continuador del estilo de los Románov al frente de la gran Rusia, aumenta su influencia en el este de Europa, el sur de Asia y Oriente próximo. Personajes de gatillo fácil como Duterte, Orbán o Maduro se consolidan al frente del poder en grandes naciones como Filipinas, Hungría o Venezuela. La hija consecuente del fascista Le Pen encabeza las encuestas presidenciales en Francia…

Putin ha sido el más explícito a la hora de describir las coincidencias en los representantes de esta nueva internacional. El nuevo zar ruso habla del “apego a los valores tradicionales”, y por tales valores refiere la defensa de la identidad nacional (militarista y xenófoba), el sostén de la institución familiar (machista y homófoba), la influencia religiosa en la vida pública (sectaria y clerical), la unidad en torno a la dirigencia (desprecio a la pluralidad y recorte de libertades)..

En realidad, cuando los críticos de las democracias representativas reprochaban el excesivo poder de la política, el problema era el inverso. La política democrática, el poder de las instituciones que representan a la ciudadanía, sus intereses y su voluntad, perdían influencia ante el empuje de otros poderes, fundamentalmente el financiero, el mediático, el de las grandes empresas transnacionales… Pero la reacción ha sido la de empoderar a políticos autoritarios, que se han valido de la frustración y el enfado de las mayorías para asumir el control de las instituciones públicas, en beneficio propio.

Muchas de las críticas que se vertieron y se vierten contra la democracia representativa tienen un fundamento racional y justo. La democracia vive una crisis de eficacia, porque no resuelve los problemas de las mayorías. Una crisis de justicia, porque no corrige las grandes desigualdades crecientes. Una crisis de legitimidad, porque prolifera la corrupción impune. Una crisis de dimensión, porque las instituciones democráticas son de influencia local mientras los desafíos trascienden las fronteras. Una crisis de participación, porque la demanda de participación democrática ya no puede circunscribirse al llenado de las urnas cada cuatro años.

Pero la respuesta al contrasentido de la internacional autoritaria no puede ser la mera denuncia. Tampoco cabe reivindicar el statu quo o la resignación ante las limitaciones de las democracias vigentes porque “lo otro es peor”. Las democracias representativas deben evolucionar al ritmo de las nuevas demandas y de los nuevos desafíos. Una democracia más global, más participativa, más eficaz y más justa. Este es el reto. Solo así lograremos que los Trump y los Putin se conviertan en una enfermedad pasajera para el mundo.

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simancas130617

Durante estos días de julio unos cuantos progresistas osados nos hemos atrevido a debatir, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en torno a algo distinto a cómo aquellos que perdimos las elecciones hemos de asumir la responsabilidad que el ganador no asume para que este país tenga gobierno y evite las terceras elecciones. Mil disculpas por el atrevimiento.

Nuestro tema ha sido la laicidad. Tradicionalmente se han señalado a un conjunto de problemas endémicos como causas más o menos permanentes del atraso secular en nuestro país. Se habló siempre del déficit educativo, de la anómala preeminencia del estamento militar, de las tensiones nacionalistas periféricas, y de la influencia extraordinaria de la confesionalidad católica en el espacio público.

Como balance de estos 37 años de democracia, puede asegurarse que los dos primeros problemas citados están en vías de solución, que el tercero lejos de solucionarse se ha agravado, y que el cuarto sigue figurando en buena medida entre las llamadas asignaturas pendientes de España. Tal juicio se sostiene fácilmente a la luz, por ejemplo, de los conflictos políticos y sociales que ocasionó la respuesta de la jerarquía católica a las legislaciones socialistas sobre el aborto, la educación para la ciudadanía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Una democracia madura y de calidad aspira a reconocer y garantizar la libertad de conciencia de todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes. Esa democracia ha de facilitar la convivencia en una sociedad con expresiones privadas y públicas de todo tipo de convicciones, religiosas y no religiosas, en el marco de la ley. Y tal democracia avanzada debe asegurar que la organización del espacio público compartido, es decir, que la política y el Estado son radicalmente independientes de cualquier organización o confesión religiosa.

Esto es lo que llamamos laicidad. Libertad de conciencia individual, respeto a las expresiones públicas legales, y autonomía total de la política y el Estado. La laicidad implica separación absoluta entre Estado y religión, neutralidad religiosa del Estado, y cooperación para asegurar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades constitucionales.

¿Podemos considerar al Estado español hoy como un Estado completamente laico? En primer lugar hay que reconocer aquí, como en tantos otros aspectos, los avances prudentes que logró el constituyente en la Transición Democrática. Con el artículo 16 de la Constitución de 1978 pasamos de un Estado confesional católico a un Estado aconfesional, que garantiza la libertad religiosa, pero que mandata a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de los españoles y, por consiguiente, a establecer relaciones de colaboración con “la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Hemos de hablar, por tanto, de una laicidad imperfecta. Se ha avanzado mucho, sobre la letra de la ley y en el día a día de nuestra sociedad, pero queda mucho por avanzar en el propósito de un Estado plenamente laico. En primer lugar en la reforma constitucional de ese artículo 16 que no requiere alusión directa a confesión alguna.

En segundo lugar en la denuncia de los acuerdos negociados por el Estado español con el Estado vaticano con carácter previo a la promulgación de la Carta Magna aconfesional, y que establece condiciones y privilegios para la Iglesia católica que nos son compatibles con el objetivo legítimo de la laicidad.

En tercer lugar está pendiente una auténtica ley de libertad de conciencia y de libertad religiosa, que asegure tanto la no discriminación del creyente y del no creyente, como la separación estricta entre la decisión pública y la fe religiosa. En cuarto lugar una enseñanza laica que incorpore el conocimiento sobre el hecho religioso, pero que relegue el adoctrinamiento fuera del curriculum y del horario escolar.

En quinto lugar un avance definitivo en la autofinanciación de las confesiones religiosas, sin privilegio fiscal alguno. Además, hay que establecer protocolos civiles para ceremoniales, espacios y símbolos públicos que aún hoy mantienen una relación con ciertas confesiones que resulta inadecuada para un Estado aconfesional.

¿Hay que hacerlo? Sí. ¿A qué ritmo? Al que vaya aconsejando la madurez paulatina de una sociedad que se seculariza con rapidez. ¿Cómo? Desde el diálogo, el respeto y el mayor acuerdo posible entre las fuerzas políticas y con los representantes sociales de colectivos confesionales y no confesionales.

Puede que estos asuntos parezcan insólitos y peregrinos para quienes se sienten absorbidos por la rabiosa actualidad de las desventuras de Rajoy para seguir gobernando, pero resulta que algunos de estos asuntos sin resolver durante siglos han supuesto un lastre muy pesado en nuestro desarrollo colectivo.

Y quizás, entre campaña y campaña, entre encuesta y encuesta, entre investidura e investidura, merezca la pena pensar en lo importante. Aunque solo sea para variar.

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