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Archive for the ‘Educación’ Category

Pedro Sánchez acierta al establecer el “rescate” de los jóvenes españoles como prioridad estratégica en la acción política de los socialistas. La metáfora es adecuada, porque el colectivo de jóvenes se siente atrapado en un agujero negro de precariedad y marginación.

El problema de los jóvenes precarizados y marginados es ya el problema principal de presente y de futuro para el conjunto de la sociedad española. Y debiera ser también el principal objeto de atención y decisión política, con permiso de los inacabables escándalos de corrupción y las ensoñaciones independentistas.

El problema de los jóvenes presenta tres vertientes, a cual más alarmante. Es un problema de deterioro social evidente para una parte significativa de la población. Es un problema de índole económica, por cuanto excluye del circuito de producción y consumo a lo más dinámico de la sociedad. Y es un problema de legitimidad democrática, porque divorcia del sistema a quienes están llamados inexorablemente a protagonizarlo.

Los índices de desempleo juvenil rozan el 50% y los niveles de precariedad laboral son simplemente insoportables entre los más jóvenes. Los falsos becarios, falsos contratados a tiempo parcial y falsos autónomos son mayoritariamente jóvenes. Los contratos de formación y los contratos en prácticas que se derivan de la reforma laboral del PP condenan a los jóvenes a empleos indignos con jornadas abusivas y salarios del todo insuficientes.

Las brechas de desigualdad creciente en el acceso a la educación superior, a la formación digital y al aprendizaje de idiomas profundizan la injusticia y el malestar fundado. Y a esto debe añadirse la dificultad para acceder a una vivienda digna, dados los altos precios en el mercado libre de compra-venta y alquiler, y dada la falta injustificable de una política pública de vivienda social, como sí existe en otros países de nuestro entorno.

La marginación de los jóvenes de los procesos de producción, de empleo  y de consumo genera a su vez un grave problema de desequilibrio para el sistema económico, con graves repercusiones tanto en el entramado fiscal como en la propia Seguridad Social. Los jóvenes no ganan para pagar impuestos, y no trabajan para generar ingresos en la tesorería de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el nuestro, el panorama es preocupante.

Y todos estos problemas desembocan en un distanciamiento creciente de buena parte de la juventud respecto al sistema democrático. ¿Cómo pedir responsabilidad y compromiso con el sistema a aquello que se sienten maltratados injustamente? Los jóvenes ignorados y marginados son carne de cañón para los discursos populistas y antisistema, que nada resuelven en la problemática juvenil, pero que ofrecen un cauce sugerente para expresar frustración e ira.

Para ilustrar todos estos argumentos resulta muy útil la lectura del libro “La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?” de los profesores José Félix Tezanos y Verónica Díaz.

En consecuencia, resulta muy apropiado que el PSOE coloque la problemática juvenil en el frontispicio de su estrategia para esta nueva etapa. Una estrategia que deberá combinar denuncia y propuesta. Y que deberá contar con iniciativas de oposición allí donde no se gobierna, así como con iniciativas coherentes de gobierno allí donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de convertir su discurso en hechos comprobables.

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Durante estos días en los que se ha conocido el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, los dos últimos presidentes populares de la Comunidad de Madrid, han sido muchos los madrileños que han rememorado el penoso episodio que dio nacimiento a esta etapa negra de la política en nuestra región: el tamayazo.

Desde el mismo mes de junio de 2003, cuando se perpetró aquel golpe antidemocrático, la gran mayoría de los madrileños concluyeron con buen juicio que las motivaciones de sus protagonistas estaban relacionadas con la corrupción. La conducta de los personajes y las evidencias del entramado revelaban con claridad que aquello se había montado para frustrar el Gobierno decente que habían votado los madrileños, y para dar paso a otro Gobierno con intenciones bien distintas y contrapuestas.

Las informaciones conocidas ahora a propósito de la operación Lezo, sumadas a las ya sabidas sobre Gurtel, Correa, Púnica y demás, ayudarán a muchos a entender aún mejor el qué y, sobre todo, el por qué de aquella operación. Los Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Ricardo Romero de Tejada y demás conspiraron para abrir la mayor etapa de saqueo y rapiña sobre las arcas públicas que se ha conocido en nuestro país desde la recuperación de las libertades.

Ojalá el desarrollo del proceso judicial contribuya además a constatar los detalles del quiénes, del cómo y, sobre todo, del cuánto, en torno a aquel lamentable episodio. Los madrileños merecen saberlo, y los culpables merecen ser debidamente castigados.

Rememorar aquellos días aciagos no me provoca ninguna frustración personal, frente a lo que piensan algunos. La frustración es doble, pero tiene que ver con el presente y el futuro de los ciudadanos de mi Comunidad. La primera frustración es por el daño infligido sobre la propia democracia y su credibilidad. Los madrileños comprobaron cómo se puede torcer a golpe de talonario la voluntad democrática expresada limpiamente en las urnas. No es una buena enseñanza.

La segunda frustración está relacionada con la vida de mis conciudadanos. El saqueo de los corruptos se cebó en la especulación sobre el suelo de Madrid, en el inflado de la burbuja inmobiliaria, en el latrocinio sobre los contratos públicos, en la privatización de servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas… ¿Hasta qué punto un Gobierno decente podría haber mejorado la vida de los madrileños? Quiero pensar que mucho, y ese pensamiento resulta frustrante.

Pero entretanto se constata el por qué y se van aclarando el quiénes, el cómo y el por cuánto, conviene ir resolviendo las responsabilidades políticas. Aguirre, la “jefa”, ha dimitido ya. Pero Cifuentes tiene que dar cuentas también por su papel en la trama, el activo y el pasivo, porque formó parte de la dirección del PP y de su grupo parlamentario mientras se consumaban las fechorías.

Y ahora la carga de la prueba recae especialmente sobre Ciudadanos. Resulta contradictorio hasta lo insoportable el presentarse ante la ciudadanía como una fuerza política regeneradora de la vida pública y sostener al mismo tiempo un Gobierno del PP corrompido hasta el tuétano en Madrid. O se sopla o se sorbe…

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La crisis financiera que se desencadenó en buena parte del mundo a partir del año 2008 devino, como sabemos, en una quiebra muy generalizada de la confianza en el propio sistema democrático. Una de las grandes paradojas de nuestros días consiste precisamente en que aquellos movimientos del “No nos representan”, que surgieron por doquier exigiendo una democracia más participativa, han acabado dando lugar a una especie de “internacional autoritaria” con el dueto Trump-Putin como exponente más significativo.

El histriónico Trump inicia su mandato presidencial en Estados Unidos nombrando a grandes oligarcas financieros como responsables de las instituciones económicas que deben velar por el bien común. Vladimir Putin, fiel continuador del estilo de los Románov al frente de la gran Rusia, aumenta su influencia en el este de Europa, el sur de Asia y Oriente próximo. Personajes de gatillo fácil como Duterte, Orbán o Maduro se consolidan al frente del poder en grandes naciones como Filipinas, Hungría o Venezuela. La hija consecuente del fascista Le Pen encabeza las encuestas presidenciales en Francia…

Putin ha sido el más explícito a la hora de describir las coincidencias en los representantes de esta nueva internacional. El nuevo zar ruso habla del “apego a los valores tradicionales”, y por tales valores refiere la defensa de la identidad nacional (militarista y xenófoba), el sostén de la institución familiar (machista y homófoba), la influencia religiosa en la vida pública (sectaria y clerical), la unidad en torno a la dirigencia (desprecio a la pluralidad y recorte de libertades)..

En realidad, cuando los críticos de las democracias representativas reprochaban el excesivo poder de la política, el problema era el inverso. La política democrática, el poder de las instituciones que representan a la ciudadanía, sus intereses y su voluntad, perdían influencia ante el empuje de otros poderes, fundamentalmente el financiero, el mediático, el de las grandes empresas transnacionales… Pero la reacción ha sido la de empoderar a políticos autoritarios, que se han valido de la frustración y el enfado de las mayorías para asumir el control de las instituciones públicas, en beneficio propio.

Muchas de las críticas que se vertieron y se vierten contra la democracia representativa tienen un fundamento racional y justo. La democracia vive una crisis de eficacia, porque no resuelve los problemas de las mayorías. Una crisis de justicia, porque no corrige las grandes desigualdades crecientes. Una crisis de legitimidad, porque prolifera la corrupción impune. Una crisis de dimensión, porque las instituciones democráticas son de influencia local mientras los desafíos trascienden las fronteras. Una crisis de participación, porque la demanda de participación democrática ya no puede circunscribirse al llenado de las urnas cada cuatro años.

Pero la respuesta al contrasentido de la internacional autoritaria no puede ser la mera denuncia. Tampoco cabe reivindicar el statu quo o la resignación ante las limitaciones de las democracias vigentes porque “lo otro es peor”. Las democracias representativas deben evolucionar al ritmo de las nuevas demandas y de los nuevos desafíos. Una democracia más global, más participativa, más eficaz y más justa. Este es el reto. Solo así lograremos que los Trump y los Putin se conviertan en una enfermedad pasajera para el mundo.

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simancas130617

Durante estos días de julio unos cuantos progresistas osados nos hemos atrevido a debatir, en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en torno a algo distinto a cómo aquellos que perdimos las elecciones hemos de asumir la responsabilidad que el ganador no asume para que este país tenga gobierno y evite las terceras elecciones. Mil disculpas por el atrevimiento.

Nuestro tema ha sido la laicidad. Tradicionalmente se han señalado a un conjunto de problemas endémicos como causas más o menos permanentes del atraso secular en nuestro país. Se habló siempre del déficit educativo, de la anómala preeminencia del estamento militar, de las tensiones nacionalistas periféricas, y de la influencia extraordinaria de la confesionalidad católica en el espacio público.

Como balance de estos 37 años de democracia, puede asegurarse que los dos primeros problemas citados están en vías de solución, que el tercero lejos de solucionarse se ha agravado, y que el cuarto sigue figurando en buena medida entre las llamadas asignaturas pendientes de España. Tal juicio se sostiene fácilmente a la luz, por ejemplo, de los conflictos políticos y sociales que ocasionó la respuesta de la jerarquía católica a las legislaciones socialistas sobre el aborto, la educación para la ciudadanía o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Una democracia madura y de calidad aspira a reconocer y garantizar la libertad de conciencia de todos sus ciudadanos, creyentes y no creyentes. Esa democracia ha de facilitar la convivencia en una sociedad con expresiones privadas y públicas de todo tipo de convicciones, religiosas y no religiosas, en el marco de la ley. Y tal democracia avanzada debe asegurar que la organización del espacio público compartido, es decir, que la política y el Estado son radicalmente independientes de cualquier organización o confesión religiosa.

Esto es lo que llamamos laicidad. Libertad de conciencia individual, respeto a las expresiones públicas legales, y autonomía total de la política y el Estado. La laicidad implica separación absoluta entre Estado y religión, neutralidad religiosa del Estado, y cooperación para asegurar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades constitucionales.

¿Podemos considerar al Estado español hoy como un Estado completamente laico? En primer lugar hay que reconocer aquí, como en tantos otros aspectos, los avances prudentes que logró el constituyente en la Transición Democrática. Con el artículo 16 de la Constitución de 1978 pasamos de un Estado confesional católico a un Estado aconfesional, que garantiza la libertad religiosa, pero que mandata a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de los españoles y, por consiguiente, a establecer relaciones de colaboración con “la Iglesia católica y las demás confesiones”.

Hemos de hablar, por tanto, de una laicidad imperfecta. Se ha avanzado mucho, sobre la letra de la ley y en el día a día de nuestra sociedad, pero queda mucho por avanzar en el propósito de un Estado plenamente laico. En primer lugar en la reforma constitucional de ese artículo 16 que no requiere alusión directa a confesión alguna.

En segundo lugar en la denuncia de los acuerdos negociados por el Estado español con el Estado vaticano con carácter previo a la promulgación de la Carta Magna aconfesional, y que establece condiciones y privilegios para la Iglesia católica que nos son compatibles con el objetivo legítimo de la laicidad.

En tercer lugar está pendiente una auténtica ley de libertad de conciencia y de libertad religiosa, que asegure tanto la no discriminación del creyente y del no creyente, como la separación estricta entre la decisión pública y la fe religiosa. En cuarto lugar una enseñanza laica que incorpore el conocimiento sobre el hecho religioso, pero que relegue el adoctrinamiento fuera del curriculum y del horario escolar.

En quinto lugar un avance definitivo en la autofinanciación de las confesiones religiosas, sin privilegio fiscal alguno. Además, hay que establecer protocolos civiles para ceremoniales, espacios y símbolos públicos que aún hoy mantienen una relación con ciertas confesiones que resulta inadecuada para un Estado aconfesional.

¿Hay que hacerlo? Sí. ¿A qué ritmo? Al que vaya aconsejando la madurez paulatina de una sociedad que se seculariza con rapidez. ¿Cómo? Desde el diálogo, el respeto y el mayor acuerdo posible entre las fuerzas políticas y con los representantes sociales de colectivos confesionales y no confesionales.

Puede que estos asuntos parezcan insólitos y peregrinos para quienes se sienten absorbidos por la rabiosa actualidad de las desventuras de Rajoy para seguir gobernando, pero resulta que algunos de estos asuntos sin resolver durante siglos han supuesto un lastre muy pesado en nuestro desarrollo colectivo.

Y quizás, entre campaña y campaña, entre encuesta y encuesta, entre investidura e investidura, merezca la pena pensar en lo importante. Aunque solo sea para variar.

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simancas150616

Las estrategias del Partido Popular y de Podemos en esta campaña coinciden en el objetivo de intentar orillar al PSOE y en la estrategia de evitar los temas que de verdad interesan a la mayoría de los españoles. El PP está haciendo la campaña del miedo: o yo, por malo que sea, o el caos podemita, que será aún peor. Podemos hace campaña sobre las expectativas de sus sorpassos electorales y sus pactos poselectorales, procurando camuflar la falta de definición ideológica y programática con alusiones abstractas e indeterminadas a la patria.

Unos y otros, junto a sus numerosos aliados naturales o circunstanciales en los medios de comunicación, están saturando el debate electoral con cientos de encuestas dudosas, tertulias de argumentario y mucho montaje “reality”, con niños haciendo de periodistas e “incrustados” para conocer la “verdadera personalidad” de los candidatos.

Poco importa que en las propias encuestas que alimentan y aderezan tales estrategias, los asuntos que aparecen como de interés prioritario para la ciudadanía sean bien distintos. Ni la macroencuesta macrococinada del CIS, ni las microencuestas macrococinadas de otras empresas señalan los miedos de unos, los sorpassos de otros, ni la “verdadera personalidad” de los candidatos como temas relevantes para determinar el comportamiento electoral de los españoles.

Claro que si en esta campaña habláramos fundamentalmente de empleo, de educación y de pensiones, que son los asuntos que importan a la mayoría, quizás aquellas estrategias electorales de PP y de Podemos podrían resentirse y hasta fracasar. Quizás si habláramos más de derechos laborales y menos de encuestas, muchos ciudadanos concluirían que votar PP no es una buena idea. Puede que si tratáramos más sobre el futuro de las pensiones y menos sobre las posibilidades del sorpasso, muchos ciudadanos llegarían a la conclusión de que Podemos no tiene respuestas a las preguntas relevantes.

Si asumimos que el empleo, la educación y las pensiones son los asuntos que más preocupan a los electores, la pregunta clave que habría de hacerse cada español ante el 26 de junio es la siguiente: ¿puedo poner mis derechos laborales, la educación de mis hijos y la pensión de mis mayores en manos de Rajoy y sus recortes? ¿Puedo ponerlos en manos de Iglesias y su mutable inspiración comunista-peronista-independentista?

Tenemos casi cinco millones de parados. Menos del 4% de los contratos que se firman son indefinidos a tiempo completo. Casi dos de cada diez trabajadores viven por debajo del umbral de la pobreza. Este sí que es un problema que merece atención, y no el de las obsesiones de los herederos de Anguita por los sorpassos.

El PSOE plantea 700.000 acreditaciones profesionales de urgencia para los jóvenes sin empleo ni formación; bonificación del 100% de las cotizaciones sociales para los contratos a parados de larga duración; 1.200 millones para nuevos empleos públicos en docencia, sanidad y servicios sociales; un plan contra la explotación laboral que penalice los falsos contratos a tiempo parcial y las horas que se trabajan y no se cobran; un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere equilibrio en la negociación colectiva e impida despidos colectivos en empresas públicas y en empresas privadas con beneficios…

¿Qué plantea el PP? Continuidad en las políticas que buscan competir mediante costes salariales baratos y devaluación de derechos de los trabajadores. ¿Qué plantea Podemos? Si leemos al comunista Garzón, salir de la UE y del euro. Si escuchamos a Domenech, la independencia de Cataluña. Si vemos a Iglesias, la sustitución de las élites corruptas por las nuevas élites patrióticas…

Contamos con una ley educativa que segrega a buenos y malos estudiantes a edades tempranas sin atender a sus desiguales condiciones de partida, que establece anacrónicas reválidas punitivas, que elimina la filosofía y la educación para la ciudadanía del curriculum mientras refuerza el adoctrinamiento religioso… El PSOE propone paralizar la LOMCE y acordar con la comunidad educativa un nuevo marco legal que apueste por una educación de calidad con equidad, inclusiva, laica y fundamentalmente pública.

¿Qué plantea el PP? Mantener la LOMCE. ¿Qué plantea Podemos? Si escuchamos a unos, provocar un vacío normativo inmediato en la educación española. Si escuchamos a otros, declarar la guerra a los centros educativos privados y concertados…

El fondo de reserva de las pensiones se ha reducido a la mitad durante los cuatro últimos años y solo quedan fondos para pagar cuatro mensualidades ordinarias o dos anualidades de pagas extraordinarias. El déficit anual de la Seguridad Social alcanza ya los 16.000 millones. Los nuevos contratos son tan precarios que solo contribuyen a desequilibrar aún más las cuentas. ¿Cómo asegurar el futuro de las pensiones dignas? El PSOE plantea respetar las prestaciones, aumentarlas conforme al coste de la vida, eliminar copagos en farmacia y dependencia, y financiar el sistema con impuestos sobre grandes rentas y grandes patrimonios.

¿Qué plantea el PP? Seguir ahora por la misma senda y, seguramente, replantearse las prestaciones en el futuro, “dada la insostenibilidad del sistema”. ¿Qué plantea Podemos? Hasta hace unos días, en su fase de “Syriza española”, tenían la referencia del Gobierno Tsipras, que ha eliminado las pensiones mínimas y ha reducido un 30% la cuantía de las prestaciones. En su fase de “nueva socialdemocracia”, Pedro Sánchez ha tenido “una gran idea”. Pero en su dimensión soberanista en Cataluña, Euskadi y Galicia, proponen referéndums de autodeterminación que romperían la caja de la Seguridad Social y harían inviable nuestro sistema de pensiones…

¿Y si hablamos de lo que importa?

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 simancas060416

El Gobierno aún no ha cambiado, pero el Parlamento sí, y está adoptando decisiones trascendentes para la vida de los ciudadanos. Con 186 votos a favor, 112 votos en contra y 47 abstenciones, la representación de los españoles acaba de aprobar una proposición de ley que suspende la aplicación de la mal llamada Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La paralización de la LOMCE supone el primer paso para su derogación efectiva y su sustitución por un nuevo marco regulatorio. Una nueva regulación estable, perdurable, que debe ser fruto de un gran pacto social y político sobre el mejor futuro para la educación en España.

La LOMCE se aprobó en diciembre del año 2013 con el respaldo exclusivo del Partido Popular. Y con la mayor parte de la comunidad educativa manifiestamente en contra: docentes, estudiantes, padres y madres, administraciones autonómicas…Se trata de una ley, por tanto, no dialogada, no acordada. Una ley estructural impuesta por una mayoría coyuntural. Y ahora que las mayorías han cambiado, bastaría probablemente con este argumento para reclamar la paralización de la LOMCE.

Sin embargo, la mayoría del Parlamento ha decidido parar la LOMCE porque su implantación está provocando incertidumbre, confusión, dificultades prácticas y graves perjuicios en los centros educativos, para los profesores, para los alumnos y para sus familias. Y, sobre todo, la representación de la ciudadanía ha decidido parar esta ley porque se trata de una mala ley para la educación en nuestro país.

El futuro de España será lo que sea su educación. Y la mayoría de los españoles no queremos para el futuro de nuestro país el atraso, la desigualdad, el autoritarismo y el clericalismo añejo que representa la LOMCE. Paremos la LOMCE, deroguemos la LOMCE, y alcancemos cuanto antes un gran pacto social y político que proporcione a la sociedad española la educación de calidad y con igualdad de oportunidades que necesita y que merece.

Una implantación chapucera

La implantación de la LOMCE está siendo precipitada, confusa, con instrucciones contradictorias y sin recursos suficientes.

Entre los desarrollos más controvertidos de la ley están las famosas reválidas. En pocas semanas, cientos de miles de niños y niñas que cursan sexto de primaria se enfrentarán a una prueba anacrónica e inútil.

Porque ¿cuál es el objetivo de esta reválida? ¿Detectar los problemas que aquejan al conjunto de la etapa de la enseñanza primaria a fin de corregirlos? ¿Qué sentido tiene entonces hacer la prueba al final mismo de la etapa, cuando ya no cabe corrección alguna?

¿Se trata de comprobar el grado de asunción de competencias por parte de los escolares? ¿Por qué no confiar entonces en la evaluación de los profesores que trabajan día a día con esos escolares y saben bien de su evolución? ¿Por qué despreciar el trabajo de estos docentes y confiar más en el resultado de una prueba concreta, que se realiza en unos minutos, y que puede estar sesgada por los nervios o por un mal día para el estudiante?

Esta prueba responde al anacronismo pedagógico de concebir el desarrollo del aprendizaje como una especie de carrera de obstáculos, que el estudiante debe ir superando para no ser arrojado a la cuneta del fracaso escolar.

Algo peor, incluso: la prueba responde al interés por elaborar rankings competitivos con los que premiar a determinados centros educativos y con los que estigmatizar a otros, sin tener en cuenta las condiciones bien diferentes en las que han de hacer su trabajo día a día.

Evaluar para diagnosticar y para mejorar, sí. Siempre. Evaluar para competir, para premiar aún más a los centros ricos y para estigmatizar aún más a los centros pobres, no.

Esta reválida solo sirve para provocar estrés en niños de muy corta edad, para generar una desconfianza inmerecida entre los docentes, y para añadir tensiones, disfunciones y agobios presupuestarios a unos centros educativos muy castigados ya por los recortes.

Y si hay problemas con la reválida de primaria, no menos problemas hay con las reválidas que ha sembrado la LOMCE en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, que además son punitivas. O apruebas o fracasas.

Si existía en nuestra enseñanza un consenso dificultoso pero relevante era el establecido en torno a la selectividad. La prueba de acceso a la universidad garantiza aún hoy unas aptitudes mínimas para los estudiantes que llegan a la enseñanza superior. Al mismo tiempo, esta prueba distribuye a los aspirantes en los estudios más demandados mediante una prueba única, válida para todos los campus y garantista de la igualdad de oportunidades.

Con la LOMCE este consenso ha saltado por los aires, y ahora mismo los alumnos de bachillerato de este país viven una incertidumbre absoluta sobre los procedimientos que han de llevarles a la universidad a partir del próximo curso.

Según los planes del Gobierno en funciones, en 2017 ya no habrá selectividad, los estudiantes tendrán que superar la reválida punitiva de segundo de bachillerato y, además, tendrán que superar las pruebas que cada una de las universidades establezca específicamente. Es decir, que un aspirante a estudiar medicina puede pasarse meses o años, tras superar la reválida del bachillerato, haciendo una prueba distinta de acceso para cada universidad.

Este proceso, además de disparatado, acaba con la igualdad de oportunidades.

Y, a todo esto, cuando quedan apenas unas semanas para terminar este curso, cuando quedan pocos meses para comenzar el próximo, ni los estudiantes de bachillerato, ni los profesores, ni los centros saben aún a qué tipo de pruebas se van a enfrentar, ni, por tanto, qué deben estudiar o preparar. Porque el Gobierno no ha tenido a bien regularlas.

Ante tal desaguisado, la Conferencia de Rectores ha pedido razonablemente una moratoria. El Gobierno en funciones se ha negado, claro está.

Pero hay más. Los repetidores de segundo de bachillerato, que han cursado con modelo LOE este año, tendrían que repetir con modelo LOMCE el año próximo. ¿Tiene sentido? No, desde  luego, pero nadie ha resuelto el problema aún.

Los estudiantes de la FP básica, incluso los que obtengan un aprobado raspado, tienen prioridad sobre los titulados en secundaria, incluso los sobresalientes, para acceder a la FP de grado medio. Tampoco tiene sentido y tampoco tiene solución.

El paso de la Formación Profesional de grado medio a grado superior también está sin resolver, y puede darse perfectamente el caso de un estudiante de jardinería en el grado medio que decida cursar enfermería en el grado superior, sin obstáculo alguno. Podría pasar perfectamente de podar a amputar, si me permiten la broma.

En conclusión, LOMCE es una mala ley que se está aplicando de manera chapucera. Sin diálogo con la comunidad educativa, sin acuerdo con las administraciones autonómicas, sin claridad en las instrucciones a los centros educativos, sin respeto a los profesionales docentes, sin recursos económicos suficientes.

Una ley segregadora, autoritaria y clerical

Se trata, pues, de para la LOMCE y derogar la LOMCE. Sí. No porque sea una ley del PP, sino porque es una ley que no resuelve los problemas que tiene nuestra educación en el presente, y porque genera problemas aún más graves para el futuro.

La LOMCE parte de un análisis falso. Las dificultades de nuestra enseñanza no están en los resultados de los informes PISA, en los que generalmente figuramos en los tramos medios. Y la raíz de nuestro elevado abandono escolar tiene muy poco que ver con ley alguna.

No es verdad, como sostienen los ideólogos de la LOMCE, que en la educación española falte esfuerzo, falte talento y falte excelencia. Lo que falta en la educación española, sobre todo tras el paso del Partido Popular por los gobiernos, son los recursos para que el esfuerzo y el talento de nuestros docentes y de nuestros estudiantes puedan transformase en  éxito individual y en éxito colectivo.

Claro que buscamos la excelencia. Todos queremos excelencia. Pero para nosotros, la excelencia sin equidad, la excelencia sin igualdad de oportunidades, es tan solo elitismo, discriminación y darwinismo social.

Claro que hay problemas en la educación española. Pero los problemas de la educación española no se resuelven con reválidas y catecismos. Los problemas reales de la educación española se resuelven con diálogo, con inversión, con respeto a los docentes y con una apuesta simultánea por la calidad y la equidad.

Por eso no nos gusta una ley segregadora como la LOMCE. El sistema educativo debe servir para compensar las desigualdades de partida con que el niño llega a la enseñanza, no para consolidarlas con segregaciones tempranas y con reválidas punitivas.

Frente a las desigualdades sociales hay dos modelos educativos: el que ayuda a cada cual en función de sus necesidades, y el que discrimina tempranamente entre presuntos listos y presuntos torpes para  enviarlos por caminos distintos. La LOMCE representa el segundo modelo, el más injusto.

La LOMCE es también una ley mercantilista porque persigue formar antes buenos empleados que ciudadanos capaces: capaces para ser buenos empleados y capaces para ejercer críticamente sus derechos y sus libertades. Mercantilista porque permite que un alumno transcurra toda la etapa de escolarización obligatoria sin haber estudiado nunca filosofía.

Y porque hace posible que todos los Franciscos Granados de este país adjudiquen suelo público para construir centros educativos privados, y para que los montadores de muebles de IKEA olviden después sus maletines con cientos de miles de euros en los dormitorios de sus suegros.

Es una ley autoritaria y contraria a la participación democrática en los centros educativos, porque resta capacidad de decisión a los consejos escolares, a los docentes, a las familias, mientras refuerza la capacidad de decisión de los directores nombrados a instancias de la administración.

Es una ley clerical, porque invierte la tendencia laicista de la propia sociedad española, convirtiendo el adoctrinamiento religioso en materia curricular y evaluable. Mientras nuestros vecinos europeos procurar reforzar el curriclum educativo con más idiomas, con más tecnología y con más “softskills”, aquí se examina a los niños sobre “padre nuestros” y “ave marías”. Así no se mejora la calidad educativa.

Es una ley que refuerza la religión y devalúa la Formación Profesional, pensada otra vez, como antaño, para recoger el alumnado residual del sistema, como la vía del fracaso, como el destino preestablecido para los alumnos con dificultades. De hecho, la FP española no necesita importar grandes inventos. Necesita plazas, necesita profesores, necesita los recursos que el PP le ha negado durante los cuatro últimos años.

Es una ley que no respeta al profesorado porque le niega la formación que requiere. Que no respeta a las familias porque les limita la participación democrática. Y que no respeta a los centros educativos ni a las administraciones territoriales porque les niega los recursos básicos para cumplir con su labor.

Es una ley barata para una educación devaluada, además, como puso de manifiesto el propio Consejo de Estado en su informe. Una ley para una educación “lowcost”. De hecho, la LOMCE supone el tercer paso en una estrategia calculada de desmontaje de la enseñanza pública de calidad: primero fueron los recortes en la inversión, después fueron los recortes en las becas, y más tarde la ley para administrar una educación barata.

La derecha suele reivindicar el uso eficiente de los recursos, pero no suele admitir que para que los recursos sean eficientes, primero tienen que ser suficientes. Y los recursos de la LOMCE no lo son.

Un pacto difícil pero necesario

La mayoría de la representación de los españoles es partidaria de derogar la LOMCE para sustituirla por una nueva ley, fruto de un gran pacto social y político.

Existe ahora cierta propensión a reclamar un pacto de Estado para casi todo. No parece razonable. Primero porque el respaldo unánime a una solución no la convierte necesariamente en la mejor. Y segundo porque en una sociedad democrática resulta saludable poder contar con alternativas diversas.

Será difícil, porque existen grandes diferencias ideológicas entre las distintas fuerzas políticas. Todos decimos promover el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos la igualdad de oportunidades mientras otros subrayan la libre elección y la supervivencia solo del más fuerte.

Para el PP la excelencia tiene que ver con el “resultadismo” y con los rankings; para el Partido Socialista la excelencia depende de la equidad, de la atención a la diversidad, de la participación, del conocimiento adquirido…Para el PSOE lo público es garantía de justicia. Para el PP lo privado es garantía de libertad para perpetuar las diferencias.Lo inclusivo frente a lo competitivo. Lo participativo frente a lo jerárquico. Lo laico frente a lo confesional.

Hay diferencias, sí. De fondo, además.Ahora bien. ¿Es necesario el acuerdo? Indudablemente sí.

Las bases del sistema educativo constituyen los fundamentos mismos de la convivencia, los pilares sobre los que asentar el progreso individual y el desarrollo colectivo.

Ninguna ley logrará cambiar a fondo y a mejor el sistema educativo si no parte de un amplio consenso social y político.

No se trata de volver a la LOGSE o a la LOE. No es eso lo que se pretende, aunque reivindicaremos siempre la contribución de las leyes socialistas a la universalización y la socialización de la enseñanza en nuestro país. Pero tampoco parece razonable que nos conformemos con la LOMCE de las reválidas y los rezos.

Hay leyes para el estar y leyes para el ser. España será lo que sea su educación. Y queremos una educación de calidad y equidad para una España más desarrollada y más justa.

Hemos dado un paso importante. Cambio en la ley, cambio en la educación y, ojalá, cambio en el Gobierno. Cuanto antes.

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simancas160316

Las dos democracias más poderosas del mundo viven en estos días procesos políticos paralelos. El controvertido Donald Trump está arrasando en las primarias del Partido Republicano de los Estados Unidos de América, contra todos los pronósticos de hace escasos meses. Y Alternativa por Alemania (AfD) ha irrumpido en varios Parlamentos regionales con una representación inédita para un partido de extrema derecha desde la segunda gran guerra.

No son fenómenos aislados. Trump y AfD comparten la línea medular de sus discursos con otras fuerzas políticas en constante crecimiento en democracias tan consolidadas como Francia, Reino Unido y otros grandes países europeos. De hecho, hay similitudes inquietantes entre estos nuevos actores políticos y determinadas fuerzas emergentes en la sociedad y en las instituciones españolas. Comparten un mensaje central: el rechazo al sistema.

En Norteamérica hablan del establishment, en Alemania despotrican de los burócratas europeos y aquí se grita contra la casta, las élites y las oligarquías. No son actores homogéneos, cuentan con procedencias y programas bien distintos. Pero comparten las viejas fórmulas populistas de decir a cada cual lo que quiere escuchar y de plantear falsas soluciones mágicas para complejos problemas reales. Y, sobre todo, mantienen la estrategia común de dar cauce al rechazo y la rabia crecientes en amplios sectores de población contra todo lo establecido.

Constituyen un peligro para el progreso y para la convivencia, desde luego. Hay que combatirlos desde la fuerza de la razón, sin lugar a dudas. Pero también es preciso analizar las causas de esta desafección en aumento hacia los regímenes que la mayoría aún considera la culminación del proceso civilizatorio. ¿Por qué logran arrastrar tantas voluntades aquellos que vituperan contra las instituciones políticas, económicas y sociales en las democracias que ponemos como ejemplo de progreso humano a todo el mundo?

¿Cómo es posible que los personajes más estrafalarios, los discursos más irracionales y las candidaturas más insolventes estén logrando apoyos extraordinarios en lugares tan distantes? La respuesta está en la ruptura de los grandes consensos sociales en las democracias occidentales avanzadas.

En la segunda mitad del siglo XX se construyeron los consensos básicos que han sostenido y legitimado hasta ahora la economía de mercado y las llamadas democracias liberales. Se trataba de limitar la acumulación de capital propia del modelo capitalista con sistemas fiscales progresivos y justos, evitando así las desigualdades sociales desmesuradas. Se trataba también de garantizar a toda la población una exigente igualdad de oportunidades y una razonable igualdad de resultados, mediante lo que llamamos Estado de Bienestar. Y se trataba finalmente de asegurar unos derechos políticos y cívicos que hacían posible la participación de las mayorías en la organización del espacio público compartido.

La globalización y los modelos económicos austericidas se han llevado por delante estos consensos. La acumulación de capital ya no tiene límites, y las desigualdades entre los más pudientes y los menos pudientes son obscenas. En el altar de la competitividad se sacrificaron la mayor parte de los estándares sociales y laborales que aseguraban condiciones dignas de vida a la mayoría. Y el conocido trilema de Rodrick entre globalización, empoderamiento estatal y vigencia de los derechos democráticos de ciudadanía, se ha resuelto finalmente a costa de este último factor.

Si el sistema ya no proporciona satisfacciones a buena parte de la población, ¿por qué nos extraña que la población reaccione contra el sistema? Si los ganadores del sistema exhiben sin recato sus fortunas mientras muchos sufren, ¿quién puede sorprenderse del predicamento obtenido por aquellos que expresan frustración y rabia? Si muchos padres ya no esperan mejor vida para sus hijos, y muchos jóvenes se ven forzados a elegir entre precariedad o exilio, ¿a quién le choca que acaben votando por quienes combaten el sistema?

La solución a los problemas económicos, sociales y políticos de las mayorías no pasa por confiar en fuerzas populistas, eficaces en la crítica y en la destrucción, pero incapaces y sin voluntad para reconstruir justicia, derechos y bienestar. Pero tampoco basta con llamar sin más al combate contra los populismos en nombre de un sistema que hace aguas.

La solución pasa por reformar el sistema para reconstruir los grandes consensos sociales: una economía al servicio del bienestar de las mayorías, un Estado de Bienestar que garantice equidad y derechos para todos, y unas instituciones democráticas más decentes y más abiertas a la participación de quienes no se resignan a que el espacio público compartido se organice por los menos y contra los más. La solución se llama más socialdemocracia.

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