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Archive for the ‘Política’ Category

Durante estos días ha visitado España el escritor bosnio Velibor Colic, con motivo de la promoción de su último libro, Manual de Exilio. La evocación de sus terribles experiencias como combatiente huido de la guerra de los Balcanes ha estremecido a muchos, entre los que me encuentro.

Para expresar la aversión al nacionalismo causante de tantos desastres en Europa, Colic suele utilizar la imagen de sus paseos vespertinos entre las ciudades de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania). Son apenas diez minutos sobre el Pont du Rhin y su maravilloso paisaje. Y es inevitable el recuerdo de las tres guerras y los millones de muertos ocasionados desde 1870 por la ideología terrible que trazó una frontera de rencores absurdos entre ambas ciudades.

Quien esto escribe nació precisamente en esa pequeña villa del oeste germano y he de coincidir con el pensamiento de aquel desertor del drama balcánico, reconvertido hoy en testigo legítimo y fiel de los peligros que encierra la bestia del nacionalismo exacerbado. Colic distingue entre los políticos que resuelven problemas y los políticos que los crean, y advierte contra el resurgir de los segundos en muchos países de Europa.

Y en esta misma semana, mientras el nacionalismo catalán perseveraba en su afán por socavar la convivencia democrática en Cataluña, hemos sido una mayoría los diputados, catalanes y no catalanes, en protagonizar al menos dos buenos ejemplos de la otra política, la que persigue soluciones para la gente. Porque en esta semana se han aprobado en el Congreso sendas iniciativas para garantizar el registro veraz de la jornada laboral y para recuperar el subsidio destinado a desempleados mayores de 52 años.

Reconozco que ambas conquistas no cuentan con el glamour de esos grandes conceptos de la independencia y la república. Admito también que nuestro logro carece de la épica de esas otras reivindicaciones, como la autodeterminación y el pueblo en pie. Incluso asumiré que no hay comparación posible entre defender una simple proposición de ley y la emoción de cantar els segadors frente a un enemigo cierto, aunque sea ciertamente inventado.

No obstante, espero que muchos entiendan mi satisfacción en el día de hoy por pertenecer a ese colectivo de políticos que aspiran con toda modestia a mejorar la vida de sus representados, sin apelar necesariamente a sus vísceras, sin dibujar fronteras de separación y sin instar a que nadie odie a nadie.

Eso es. Esta semana hemos dado un paso firme contra la explotación de muchos empleados con jornadas de trabajo que no se contabilizan, que no se reconocen, que no se pagan y por las que no se cotiza. Y esta semana hemos sumado muchas voluntades para que los parados más vulnerables, aquellos que han sobrepasado los 50 años de edad y no logran encontrar empleo, cuenten con el respaldo del Estado para asegurarles una vida digna, a ellos y a sus familias.

Hoy no llego a casa con el alma henchida por el flamear de las banderas y el tronar de los himnos. Pero dormiré con la conciencia tranquila por haber contribuido humildemente a que muchos de mis semejantes vivan un poco mejor, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y sientan la bandera que sientan.

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La situación ocasionada por el desafío separatista en Cataluña sigue siendo de una gravedad extraordinaria, pero parecen abrirse ventanas de oportunidad que deben aprovecharse con inteligencia y generosidad por parte de todos.

Las consecuencias del conflicto se están sufriendo ya no solo en el anormal desenvolvimiento de las instituciones democráticas, sino en la vida económica y en la propia convivencia cívica. Si los problemas no entran pronto en fase de solución, los costes a pagar en términos de retroceso económico y conflictividad social pueden ser importantes e irreversibles, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Por eso, conviene no atender los cantos de sirena que invitan a mantener posiciones maximalistas o “contundentes”, por muy puestas en razón que parezcan. Entre solución y victoria conviene apostar por la primera. Si podemos ganar todos o casi todos, en lugar de que pierdan unos cuantos, por más que lo merezcan, intentemos hacerlo.

Lo vivido el martes 9 de octubre en el Parlamento catalán resultó más cercano al esperpento valleinclaniano que a una sesión propia de una institución democrática en la Europa del siglo XXI. Se proclamaron resultados de votaciones sin verificación independiente. Se declaró una independencia mediante un pseudo-acto de firma extra-parlamentaria. Se suspendió una declaración que no se había producido…

No obstante, la confusión del momento ofrece la oportunidad de recuperar la razón legal, la razón democrática y la razón política. Si no está claro qué fue lo que ocurrió en el Parlamento catalán en aquella jornada, requiramos una respuesta clara a sus hacedores. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de manera acordada con el PSOE, y ojalá los dirigentes independentistas aprovechen ese hueco para volver a la legalidad, a la democracia y a la política.

Rajoy y Pedro Sánchez han posibilitado una salida positiva a la encrucijada en la que nos hayamos, por responsabilidad fundamental del Gobierno catalán en rebeldía frente a la ley y al sentido común. Requerimiento a la Generalidad sobre su ajuste al ordenamiento legal vigente, y ofrecimiento simultáneo de diálogo para encontrar juntos una nueva organización territorial que ofrezca satisfacción con carácter general.

Se entiende menos la actitud de Rivera y de Iglesias, porque ambos dos están dando muestras de no entender la gravedad del momento institucional. Uno y otro, desde posiciones diversas y antagónicas, parecen buscar rendimiento electoral a corto plazo en un escenario que requiere altura de miras y preeminencia del interés colectivo.

La posición de ley y diálogo que está manteniendo Pedro Sánchez, y a la que se ha sumado Rajoy en las últimas jornadas, es la posición de centralidad que necesita la institucionalidad española en estos momentos. Y su desarrollo requiere, al menos, de cuatro fases.

Primero y ante todo, la recuperación del imperio de la ley, el sometimiento general al cumplimiento de las normas, para después cambiarlas si se quiere. Segundo, emprender un diálogo con voluntad de transacción y no solo de intercambio de posiciones inamovibles e improperios. Tercero, consecución de un acuerdo para establecer una nueva organización territorial del Estado, que incluya un nuevo encaje de Cataluña en la España federal y en la Europa federal. Y cuarto, una doble votación, en toda España primero y en Cataluña después para ratificar los acuerdos alcanzados mediante referéndum.

Este camino no será fácil de transitar, ni tan siquiera de emprender. Pero cualquier alternativa será mucho peor, para todos.

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Durante uno de los infinitos debates televisivos que hemos mantenido en estos días a propósito del conflicto en Cataluña, una diputada partidaria del referéndum separatista me espetó la conocida frase de “Hay que acabar con el régimen del 78”. En aquel momento y en aquel formato solo acerté a contestar lo siguiente: “Gracias al régimen del 78 estás hoy sentada aquí defendiendo tus ideas en libertad. Tenlo en cuenta antes de despreciarlo”.

Al cabo de las horas llegué a la conclusión de que aquella frase peyorativa sobre el 78 resumía en buena medida tanto el propósito como la estrategia de quienes hoy plantean el desafío independentista en Cataluña. Se trata efectivamente de liquidar el pacto de convivencia que los españoles alcanzamos durante la Transición Democrática.

El denostado por algunos “régimen del 78” constituye ciertamente una anomalía histórica en España. Durante los dos últimos siglos la norma ha sido el conflicto civil permanente, el cainismo político, el uso y abuso de pronunciamientos y golpes al margen de la ley…, cuando no directamente el intercambio de bombas y machetazos.

Y con todos sus defectos y limitaciones, aquel esfuerzo del 78 nos ha proporcionado durante cuarenta años un marco razonable para la convivencia en paz. Pero, al parecer, algunos han decidido que ya está bien, que es hora de volver a lo realmente nuestro, que toca cerrar el paréntesis del “régimen del 78” y reencontrarnos con nuestro auténtico ser histórico.

Aquello “del 78” supone nada menos que el reconocimiento a la soberanía popular, el respeto obligado al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la garantía de derechos y libertades homologables en Europa, la mayor descentralización territorial de nuestra historia y nuestro entorno…

Los separatistas y sus acólitos desprecian estos lugares comunes de la democracia con consignas tan primarias como peligrosas, tan falsas como contagiosas: “Las calles siempre serán nuestras”, “el pueblo está por encima de las leyes”, “el derecho a decidir es previo a cualquier Constitución”, “somos un solo pueblo”, “no nos moveremos ni un solo milímetro”, “que se vayan”…

Y la pregunta es: ¿con qué vamos a sustituir el despreciado régimen del 78? ¿Con el nacionalismo étnico de Puigdemont? ¿Con el patriotismo depredador de los herederos de Pujol? ¿Con la revolución inane de los rufianes? ¿Con el neo-anarquismo de las CUP? ¿Con el sálveme yo y que arda Roma de Colau? ¿Qué proyecto alternativo de convivencia ofrecen los enterradores del régimen del 78?

¡Claro que quedaron cosas por hacer! ¡Desde luego que aquel Título VIII de la Constitución del 78 es manifiestamente mejorable! Y sin duda está pendiente de redefinir el encaje de Cataluña en una España y en una Europa federal. Hay demandas justas pendientes de atender en el sentimiento identitario de los catalanes. Hay mucho por mejorar en la organización territorial, en el respeto al autogobierno, en la financiación justa…

Pero estos propósitos legítimos no pueden perseguirse mediante la voladura del Estado de Derecho y la convivencia democrática. Estos objetivos justificados no pueden servir de coartada para quienes simplemente pretenden subvertir las normas que protegen los derechos de todos y romper unilateralmente un país con mucha historia en común.

Tienen razón los que exigen “votem”, pero también la tienen quienes ofrecen “parlem”. Y puede que la única manera de resolver este conflicto pase por “parlem” antes que “votem”, por dialogar y acordar entre quienes tienen la voluntad honesta de superar las diferencias, y por votar todos juntos después el fruto del diálogo y del acuerdo.

La única mediación que hace falta es la de la buena voluntad, el diálogo sincero y el uso de la razón. La razón en democracia pasa siempre por respetar la ley. Y, por suerte para nuestra democracia y nuestros derechos, hoy la ley es la ley del 78.

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Mientras el escenario español se atasca con el mono-tema del falso referéndum separatista en Cataluña, la política europea debate cómo afrontar el desafío que supone la entrada en el Parlamento alemán de casi un centenar de diputados partidarios del nacionalismo extremo, el odio racial y la eurofobia.

El nacionalismo exacerbado es una enfermedad que no cesa de crecer en los principales países de Europa, si bien con formulaciones y amenazas de distinta naturaleza y alcance. Los populismos nacionalistas en Alemania, Francia, Holanda, y también en Cataluña, coinciden en señalar a un colectivo al que culpar falsamente del sufrimiento asociado a la crisis, sean inmigrantes, sean élites políticas en general o sea “el Estado español”.

Y la respuesta debe ser tan contundente en la denuncia de su manipulación como eficaz a la hora de resolver los problemas de fondo que alimentan su discurso y sus apoyos sociales. Estos problemas de fondo son perfectamente identificables: la desigualdad y la pobreza crecientes que ocasiona la globalización liberalizada; y las limitaciones de participación efectiva que evidencia el modelo democrático vigente.

Por eso resulta tan frustrante por limitada la respuesta que están ofreciendo los grandes líderes europeos ante la magnitud del desafío. La pragmática Merkel parece contentarse con construir una nueva coalición de Gobierno que mantenga con socios distintos la misma inercia perniciosa de los últimos años. Y el grandilocuente Macron ha dibujado un “sueño europeo” sin más concreción que un “comisario del euro”, un “fondo monetario europeo” y una “fuerza conjunta de intervención militar”.

La inercia obtusa de Merkel y la artificiosidad pacata de Macron solo lograrán aumentar la frustración de millones de europeos y el caldo de cultivo para nacionalistas, populistas y eurófobos.  Y  a todo esto, ¿dónde está la izquierda europea? ¿Qué propone para salvar el reto re-nacionalista y para relanzar el auténtico sueño europeo?

Los europeos no avanzaremos en la construcción de un “demos” propio y no lograremos contrarrestar la movilización emocional que proporcionan los nuevos nacionalismos con el tran-tran de Merkel y las propuestas limitadas de Macron. El sueño europeo necesita de planteamientos más ambiciosos e ilusionantes.

¿Por qué no impulsar, una Agencia Tributaria Europea que comience a regular y a recaudar impuestos suficientes y progresivos de manera homogénea, acabando con la elusión, el dumping y los paraísos fiscales de facto? ¿Por qué no financiar con esos fondos un Estado de Bienestar Europeo que garantice a todos los europeos unos adecuados servicios sanitarios, educativos y de lucha contra la pobreza?

¿Por qué no establecer un Estatuto de los Trabajadores Europeos que garantice un salario mínimo común y unas condiciones laborales homogéneas de obligado cumplimiento por todas las empresas, frente a la pobreza laboral rampante? ¿Por qué no un sistema de pensiones conjunto y una política común de vivienda que proporcione seguridades nuevas a mayores y jóvenes en Europa?

¿Por qué no avanzar en la mejora de la calidad de nuestras democracias? ¿Por qué no proporcionar más apertura, más transparencia y más participación ciudadana efectiva en los procesos de decisión que atañen a la colectividad? ¿Por qué no aportar más legitimidad democrática a los centros europeos de decisión?

Estas medidas sí ayudarían probablemente a frenar en seco las veleidades neo-nacionalistas y sí restarían fundamentación al discurso eurófobo. Esto sí sería de verdad un sueño europeo. Con este tipo de medidas se podrían vislumbrar claramente las ventajas de la Europa federal a la que parece aspirar la (aún) mayor parte de la representación política europea.

¿Alguien se atreve siquiera a soñarlo?

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La situación política y social que se está viviendo en Cataluña como consecuencia del desafío separatista es tan indeseada como penosa para la gran mayoría de catalanes, piensen como piensen. El deterioro es evidente y grave para las instituciones democráticas y para la propia convivencia cívica en aquella tierra.

Pero solo hay que contemplar la sonrisa abierta de la dirigente independentista Ana Gabriel en estos días para comprobar que para algunos no está siendo ni tan indeseada ni tan penosa. Es más, pareciera que disfrutaran por haber alcanzado el escenario de radical confrontación pretendido desde el principio del procés.

Las responsabilidades por haber llegado hasta este punto crítico son diversas y compartidas en algún extremo. Ahora bien, no sería justo ni veraz atribuir responsabilidades en igual grado a unos y a otros.

Claro que son responsables quienes callaron y otorgaron ante la embestida independentista, por comodidad, por resignación o por tacticismo. Claro que tienen responsabilidad aquellos que en Madrid y en Barcelona han alimentado el frentismo por puro cálculo electoral. Claro que cabe señalar a quienes en este tiempo han sobreactuado alimentando el victimario separatista. Y claro que aquella reforma del Estatuto catalán pudo gestionarse mucho mejor.

Pero siendo todo esto cierto, es preciso subrayar que la responsabilidad primera y máxima en este drama la tienen aquellos que han decidido finiquitar unilateralmente la Constitución, el Estatuto vigente y el mismísimo Estado de Derecho que garantiza nuestra democracia y nuestras libertades.

La responsabilidad primera y máxima de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre y de lo que pueda ocurrir la tienen los dirigentes independentistas que han sembrado sectarismo, división y rencor a base de manipulaciones y embustes. No nos equivoquemos.

Por eso resulta tan denunciable la estrategia de la victimización que utilizan ahora los gobernantes separatistas en Cataluña y sus aliados más o menos explícitos en el procés. Ellos podían prever y previeron que sus leyes inconstitucionales iban a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional. Podían prever y previeron que la Justicia cumpliría con su deber de perseguir el delito y a los delincuentes. Podían prever y previeron que las instituciones democráticas se defenderían ante un golpe antidemocrático.

¿Qué esperaban? Exactamente esto. Lo que está ocurriendo. Que la democracia se defendiera, para utilizar tal defensa a modo de falsa victimización y alimentar el discurso separatista de cara a la siguiente batalla. Poco les ha importado llevarse por delante la credibilidad de las instituciones que gobiernan, de la Generalidad al Ayuntamiento de Barcelona, y la misma convivencia entre catalanes.

Pero las víctimas en este drama no son los independentistas. Ellos son los verdugos. Porque las auténticas víctimas son aquellas instituciones y aquella convivencia sacrificadas en una estrategia irresponsable y suicida. Las víctimas son los alcaldes y alcaldesas respetuosos de la legalidad que soportan insultos y amenazas. Y son víctimas reales la gran mayoría de catalanes de bien que contemplan estupefactos cómo en nombre de la patria algunos están tirando todo lo bueno logrado para la patria en cuarenta años de democracia.

¿Qué hacer? En primer lugar es necesario preservar el imperio de la ley ante la amenaza golpista. Ojalá se logre por desistimiento de los separatistas. Si no es así, tendrá que hacerse mediante los instrumentos previstos por el Estado de Derecho, de manera proporcionada e inteligente.

Y tras el primero de octubre resulta tan deseable como inevitable sentarse a dialogar y a acordar. Exigiendo respeto a las normas que nos hemos dado. Pero haciendo política. Los marcos de convivencia no se pueden reventar unilateralmente, pero tampoco se pueden imponer indefinidamente contra la voluntad y el sentimiento de una parte importante de la población.

Hay que hablar, hay que escuchar y hay que entenderse. ¿Sobre qué? Sobre el encaje constitucional de Cataluña en España; sobre el reconocimiento a su singularidad y a las singularidades de los demás territorios de España; sobre la reforma constitucional que ha de abrir paso a una nueva estructura territorial, que respete la soberanía del conjunto de los españoles, que asegure la igualdad de derechos, y que establezca un régimen de competencias, de financiación y de colaboración federal eficiente.

Y este es el acuerdo que hemos de votar. Todos nosotros y no solo una parte de nosotros. Con el propósito del acuerdo y no para mantener el conflicto. Acordar antes que votar. Sin ganadores ni perdedores. Sin verdugos ni víctimas.

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El hispanista Paul Preston suele reiterar que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Por eso preocupa tanto que los protagonistas de la algarada separatista en Cataluña parezcan ignorar las gravísimas consecuencias que el nacionalismo exacerbado produjo en el conjunto de Europa a lo largo del siglo pasado.

El nacionalismo busca excitar los sentimientos de pertenencia y de exclusión, manipulando para ello la historia, inventando agravios, enfrentando civilmente a buenos y malos patriotas, prometiendo quimeras… Hasta este momento, la estrategia separatista en Cataluña ya ha situado a las principales instituciones catalanas fuera de la ley y del sistema democrático. El riesgo está ahora en la quiebra de la convivencia pacífica.

Una de las consecuencias de esta deriva irracional y peligrosa está en el soslayo de los problemas reales que sufren los catalanes, y que no tienen nada que ver con la supuesta falta de reconocimiento a sus singularidades identitarias. Por ejemplo: una encuesta reciente refleja que más de un tercio de los trabajadores barceloneses recibe salarios por debajo de los 1000 euros.

Este sí es un problema real, que los catalanes comparten con el resto de españoles. Y, por cierto, ¿cómo se ha ocasionado? Fundamentalmente a causa de la reforma laboral que la derecha española aprobó hace apenas un lustro con el apoyo parlamentario de… la derecha catalana que ahora lidera la escapada separatista. Esta es la verdad.

Por eso los socialistas estamos contra la estéril ilegalidad separatista, y por eso esta misma semana hemos propuesto un gran Pacto de Rentas con el que dignificar el empleo y adecentar los salarios. También para todos los catalanes.

El problema consiste en que las derechas, española y catalana, buscan consolidar un modelo de recuperación económica que cronifica los problemas de precariedad laboral y desigualdad social.

Lo hace por dos vías: por una parte, la reforma laboral facilita la mejora de la competitividad mediante el recorte de salarios y derechos de los trabajadores; y por otra parte, la política fiscal de redistribución inversa drena recursos de las rentas bajas a las rentas altas subiendo impuestos indirectos, bajando los directos y devaluando el Estado de Bienestar.

Los resultados son evidentes. Desde el inicio de la crisis, las rentas salariales han perdido más de 40.000 millones de euros a favor de las rentas del capital o excedentes de explotación en las empresas. Del 12,5% de aumento de la productividad experimentado en este mismo tiempo, los salarios se han beneficiado de apenas un 0,8% y todo lo demás ha engrosado el beneficio empresarial.

La desigualdad salarial no solo no se corrige con la recuperación económica sino que se acentúa. Según el índice de Gini salarial, en el periodo de crisis los salarios del 10% de trabajadores menos favorecidos han caído un 25%, mientras que en el periodo de recuperación (desde 2013) los salarios del 10% más favorecido están creciendo el doble que los salarios del 10% más pobre. Ocho millones de españoles se consideran trabajadores pobres. Y el porcentaje de españoles bajo el umbral de la pobreza ha sobrepasado ya el 22%.

El resultado puede valorarse muy negativamente en términos de justicia social. Pero también resulta un fracaso en términos de eficacia económica. La devaluación salarial hace caer el consumo y la tasa de ahorro de las familias. Si las empresas compiten bajando salarios no se ven impelidas a invertir en innovación, tecnología o formación. Los modelos de recuperación que apuestan por la desigualdad no son solo más injustos; también son más débiles y vulnerables.

El Pacto de Rentas que propone el PSOE a los interlocutores sociales y políticos pasa por cinco medidas:

  • Recuperar los salarios dignos, elevando el salario mínimo hasta 1000 euros mensuales en 2020, promoviendo la generalización de las cláusulas de revisión salarial en los convenios, y proponiendo a empresarios y sindicatos una subida de salarios de entre 2-3% en 2018 y de entre 2,5-3,5% para el periodo 2019-2021.
  • Elevar los salarios de los empleados públicos, al menos conforme al aumento de la inflación, y generalizar la jornada de 35 horas semanales sin merma en la retribución económica.
  • Derogar la reforma laboral del PP y acordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el equilibrio entre los poderes en el seno de la empresa y refuerce la negociación colectiva. Se trata de luchar contra la explotación de los trabajadores subcontratados, y se trata de corregir la legislación que posibilita la explotación de los falsos contratos a tiempo parcial, de los falsos autónomos, de los falsos contratos de formación, de los falsos becarios…
  • Un plan de choque para mejorar la inserción laboral digna de los jóvenes, revisando y promoviendo contratos de relevo y de prácticas.
  • Una ley de igualdad salarial que acabe con la brecha de género que discrimina a las mujeres con peores retribuciones por igual trabajo.

Estos son los problemas reales, ensoñaciones nacionalistas aparte. Y estas son las soluciones viables, para los catalanes también.

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Solo hay que echar un vistazo a las cabeceras de los informativos para tomar nota del riesgo en que incurre la política española. Estamos a punto de dar inicio a un curso político completamente al margen de las preocupaciones e intereses reales de la sociedad a la que hemos de servir.

Parecemos condenados a dedicar la mayor parte de la atención y las energías de la política a un problema creado artificialmente por la propia política: el desafío independentista en Cataluña.

De forma subsidiaria puede que gastemos algo de tiempo también en el estéril intercambio de reprochatorios entre administraciones a cuenta de la política antiterrorista, para mayor celebración, eso sí, de los propios terroristas.

Y por si quedara algo de espacio en los titulares o en las redes, no faltarán nuevos episodios en ese aburrido serial de machos alfa en duelo permanente de frases ingeniosas con el que algunos confunden la verdadera política. Que si te hago otra moción de censura, que si no te atreves, que si te limito los mandatos, que si te doy con Venezuela, que si te dibujo la cara en un autobús, que si tú más…

Mientras tanto, la mayoría de las familias españolas afrontan el inicio de curso con sus propios problemas, preguntándose ante el televisor sobre qué demonios están discutiendo aquellos a los que eligió para aliviarlos…

¿Cuáles son esos problemas? Sin duda, muchos españoles estarán hoy lápiz en mano sumando los ingresos magros y restando los gastos gruesos con que deberán afrontar este mes de septiembre. No pocos estarán preocupados porque no encuentran empleo o porque el salario no da para atender las necesidades más básicas.

Las familias con hijos en edad escolar, o con enfermos a la espera de atención sanitaria, o con mayores necesitados de servicios sociales, estarán lamentando los recortes que han deteriorado los servicios públicos y que no acaban de remontarse, a pesar de la fanfarria de la supuesta recuperación económica.

Los jóvenes afrontarán el nuevo curso con la angustia de no saber si el esfuerzo de estudiar les proporcionará alguna oportunidad real de desarrollo personal y profesional. Los que ya están atrapados en la rueda de la precariedad laboral se preguntarán por qué si ellos cumplen con la sociedad, la sociedad no cumple con ellos.

Los pensionistas sabrán que este será un curso más para la pérdida de poder adquisitivo. Las mujeres se preguntarán si alguno de esos políticos que denuncian su discriminación en cuanto a trabajo y salario hará algo útil para remediarlo…

Cada partido tiene ya escrito su relato para vender este otoño en televisiones, tabletas, teléfonos y demás dispositivos. El PP venderá su estabilidad frente a la radicalidad de separatistas y podemitas (mientras reza para que no le falten separatistas y podemitas ante los que esgrimir su estabilidad).

Podemos venderá la película de los “nuestros” buenos-buenos frente a los “suyos” malos-malos (y tachará de melifluos o cómplices a quienes no aplaudan suficientemente las perfomances de los “nuestros”). Ciudadanos seguirá vendiendo el mensaje de su supuesta oposición útil (y seguirá siendo realmente útil a los planes del Gobierno del PP).

Por nuestra parte, modestamente, procuraremos centrar el trabajo en las reformas que pueden ayudar a mejorar la vida de la gente. Gobernando para los buenos empleos, para la equidad social, para mejorar los servicios públicos, para impulsar la modernización del país, para cualificar nuestra democracia… allí donde podemos gobernar.

E impulsaremos propuestas en el mismo sentido allí donde aún hemos de ejercer la oposición. Por eso trabajaremos para recuperar derechos laborales, para elevar los salarios, para dignificar las pensiones, para asegurar que se pagan los impuestos justos que han de financiar los servicios necesarios… Por eso trataremos sobre las transiciones pendientes en la economía verde, en las energías renovables, en la agenda digital, en la educación de calidad, en la reforma federal del Estado… Por eso insistiremos en la moralización de la vida pública…

Porque, en realidad, el trabajo que la gente espera de sus políticos no consiste en una competición permanente de estrategias ingeniosas en torno a la trascendencia mediática y el poder. Se trata, simplemente, de entender los problemas reales y de procurar resolverlos. Nada más y nada menos.

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