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Archive for the ‘Política’ Category

Inauguramos curso con una situación política delicada. La voluntad democrática de los españoles  se expresó con claridad en las urnas entre los meses de abril y mayo. El PSOE ganó las elecciones generales, las europeas, las municipales y las autonómicas, en diez de doce comunidades.

El panorama político nacional e internacional requiere de un Gobierno español con plenas funciones de manera inmediata: un brexit salvaje a la vista; una desaceleración económica en ciernes a escala europea; una financiación autonómica con necesidades perentorias; un déficit galopante en la Seguridad Social…

Sin embargo, la sesión de investidura a la que se sometió el candidato ganador de las elecciones en el mes de julio fracasó, por voluntad del resto de los grupos parlamentarios con más representación en el Congreso. A día de hoy, en consecuencia, el país sigue contando con un Gobierno limitado en sus funciones, y sin perspectiva de solución a corto plazo. Situación de bloqueo, en definitiva.

En este contexto, sorprenden especialmente las posiciones que justifican el bloqueo “porque no vamos a facilitar el Gobierno gratis, a cambio de nada”. Tales argumentos provienen, a veces, tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Resulta difícil interpretar esta lógica retributiva para la investidura de un Presidente del Gobierno. En principio, la lógica democrática invita a pensar que los votos se aportan a cambio de la satisfacción del interés general y no del interés propio o partidario. Si el apoyo o la abstención en una investidura no se quiere plantear “gratis”, ¿cuál es la retribución que se espera? ¿Un pago? ¿Una contraprestación? ¿De qué tipo?

Pareciera, incluso, que aquellos que mantienen secuestrado el resultado de la voluntad democrática expresada en la urnas pretendieran recibir un rescate por su liberación. O me pagas o mantengo el boicot a las urnas y el bloqueo a la formación de Gobierno, parecen expresar.

En nuestro sistema democrático parlamentario, una vez celebradas las elecciones con un claro ganador, aún sin mayoría absoluta en el Congreso, a los demás grupos parlamentarios solo les cabe mantener tres conductas lícitas. O se apoya al candidato del grupo ganador; o se propone una alternativa; o se facilita la formación de Gobierno mediante una abstención responsable. El bloqueo sin alternativa no es un comportamiento lícito. Pedir un rescate en interés propio, tampoco.

En el contexto político actual de nuestro país, la segunda opción no existe.

El apoyo al candidato ganador requiere cierta equivalencia ideológica y programática, ciertamente. Y, desde luego, puede plantearse conforme a un acuerdo formal, con naturaleza y alcance diversos.

La abstención responsable también puede condicionarse. No a cambio de una retribución o rescate de interés partidario, como la renuncia a formar Gobierno en una comunidad autónoma, por supuesto. Tampoco mediante la exigencia de que el candidato ganador cambie de ideas y de programa, para asumir las de quienes han perdido las elecciones. Sí puede plantearse, sin embargo, un compromiso de diálogo y entendimiento en torno a cuestiones de Estado.

¿Cuál es el planteamiento del PSOE en este escenario?

Pedimos un ejercicio de realismo, responsabilidad y generosidad a todos los grupos parlamentarios que han recibido la confianza de la ciudadanía para atender el interés general.

Realismo para asumir que el PSOE ganó inequívocamente las elecciones y que no existe alternativa viable a un Gobierno liderado por el PSOE.

Responsabilidad para facilitar y no bloquear la formación del Gobierno que votaron mayoritariamente los ciudadanos y ciudadanas.

Y generosidad para anteponer el interés general al propio o partidario.

¿Cómo hacerlo?

Mediante un acuerdo programático con Unidas Podemos y otras formaciones progresistas, que establezca una agenda legislativa y de gestión política a desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años. Este acuerdo aseguraría un Gobierno coherente, estable y eficaz en el desarrollo de una agenda de progreso, impulsado, apoyado y controlado desde el Parlamento. A tal efecto, el PSOE ha elaborado una propuesta abierta con 300 medidas progresistas, con amplio respaldo social y político.

Y a través de la abstención responsable de PP y Ciudadanos, con el compromiso de mantener, como hemos hecho siempre, una actitud de diálogo y entendimiento en cuestiones de Estado, como la política exterior, la política antiterrorista, la defensa de la integridad territorial, el desarrollo de los pactos de Estado contra la violencia de género y el futuro de las pensiones, y las eventuales propuestas de reforma constitucional.

¿Apoyo gratis a la formación de Gobierno? No. Se trata de posibilitar la formación del Gobierno que han votado los españoles, a cambio del reconocimiento social ante un ejercicio de responsabilidad democrática, en beneficio del interés general. Esa es suficiente retribución.

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La aparición de nuevos actores políticos relevantes y la consiguiente fragmentación de la representación ciudadana en las instituciones no han traído consigo los grandes avances prometidos en materia de regeneración y calidad democrática. Antes al contrario, las nuevas formaciones políticas han asumido a gran velocidad algunos de los peores defectos de la política de siempre, como el sectarismo.

Sin embargo, la atomización de los Parlamentos, tanto en el ámbito nacional como en las distintas Comunidades Autónomas, sí ha confirmado algunos de los peores pronósticos respecto al agravamiento en los problemas para la gobernabilidad y la articulación de mayorías legislativas. Las dificultades que sufrimos ahora para investir a un Presidente que ha ganado las elecciones generales con claridad tuvo su antecedente hace solo tres años, cuando hubo de repetirse la llamada a las urnas para desbloquear la situación. 

Resulta evidente que los partidos políticos y sus dirigencias deben mejorar mucho en sus actitudes y capacidades para resolver estas situaciones de bloqueo mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo. Pero también es imperativo que vayamos pensando en acometer reformas legales y constitucionales que nos ayuden a evitar en lo posible estos escenarios contraproducentes para el interés general.

A este respecto, se hace imprescindible la reforma del artículo 99 de la Constitución, tomando como referencia, por ejemplo, los procedimientos de elección de Presidente en los Parlamentos de Asturias y Euskadi, donde no es posible votar en contra de una investidura y se facilita la formación pronta de Gobierno, con todas las garantías democráticas. 

No obstante, en estos momentos debemos afrontar los problemas de bloqueo institucional con las reglas vigentes. Por esta razón, desde el PSOE estamos reclamando al resto de las formaciones políticas con representación parlamentaria un doble ejercicio de realismo y responsabilidad. 

Pedimos un ejercicio de realismo para que el resto de los partidos políticos sean conscientes de que el pronunciamiento de la ciudadanía española respecto a quiénes quieren que les gobierne ha sido claro y recurrente en los últimos tiempos. Entre el 28 de abril y el 26 de mayo, los españoles han hecho ganar al PSOE las elecciones generales, la autonómicas, las municipales y las europeas. Además, sondeo tras sondeo, los del CIS y los privados, arrojan siempre el mismo resultado: los españoles quieren un Gobierno progresista, liderado por el PSOE y presidido por Pedro Sánchez.

La asunción del principio de realidad implica también tener en cuenta que no hay alternativa viable a la investidura de Pedro Sánchez en la aritmética parlamentaria. Las tres derechas no suman suficientes escaños para ello, y la alianza entre las tres derechas y Unidas Podemos o los nacionalismos periféricos resulta políticamente impracticable.

El segundo ejercicio que reivindicamos de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos es el de la responsabilidad. Si no existe una investidura alternativa, solo quedan dos opciones para el Gobierno de España: o se facilita la investidura de Pedro Sánchez o se bloquea el Gobierno y el país. Pero esta segunda opción no es una posibilidad legítima para los representantes de la ciudadanía en el Congreso. 

De mantener PP, Ciudadanos y Unidas Podemos su actitud vigente de bloqueo, España seguirá sin Gobierno plenamente constituido durante los dos próximos meses. Y si tal comportamiento persiste más allá del 23 de septiembre próximo, tendrán que repetirse las elecciones generales. Y no hay derecho a que estos partidos bloqueen la formación del único Gobierno posible, que es el que han votado, el que necesitan y merecen los españoles. Y no sería justo que los españoles fueran llamados de nuevo a las urnas, tras haberse pronunciado con rotunda claridad en las cuatro últimas ocasiones. 

¿Qué están ofreciendo a los españoles en estos momentos los señores Casado, Rivera e Iglesias? ¿El bloqueo infinito, la ingobernabilidad del país, la llamada en bucle a las urnas? ¿Quieren que España carezca de Gobierno cuando se materialice el brexit salvaje? ¿O cuando tengamos que afrontar una eventual escalada secesionista? ¿Quieren que tengamos que prorrogar para 2020 los presupuestos obsoletos ya prorrogados en 2019? ¿Quieren que los Gobiernos autonómicos sigan careciendo de los recursos suficientes para financiar los servicios públicos en la sanidad, la educación y los servicios sociales? 

Desde el PSOE estamos pidiendo realismo y responsabilidad para que el conjunto de las formaciones políticas que representan el interés general posibiliten un Gobierno ya, progresista, coherente y sin depender de las fuerzas independentistas, porque esta es también la voluntad inequívoca de la ciudadanía española, expresada en elección tras elección y en sondeo tras sondeo. 

A Unidas Podemos les pedimos una reflexión respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo “a la portuguesa”, como están sugiriendo algunas de sus propias organizaciones integrantes, como Izquierda Unida, Anticapitalistas y los comunes catalanes. Un acuerdo programático para la investidura y la legislatura. Este es el modelo que funciona en Portugal y Dinamarca, y es el modelo que nos funcionó en España durante el último año. Con este modelo sacamos adelante la subida del salario mínimo, la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años y el proyecto de presupuestos más social de la historia de nuestra democracia. 

Al Partido Popular, a Ciudadanos y al resto de los grupos parlamentarios tan solo les pedimos que se hagan a un lado. Si no quieren apoyar la investidura de Pedro Sánchez y no tienen alternativa, que no condenen al país al bloqueo, la paralización y la ingobernabilidad. No es necesario que voten a favor. Bastará con que se abstengan. 

Gobierno ya, en interés de los españoles y las españolas.

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La mayoría formada por las tres derechas, Unidas Podemos y el independentismo más intransigente ha arrojado el país al bloqueo institucional, ha traicionado el interés general de los españoles y ha dado la espalda a la voluntad democrática de la ciudadanía, expresada de manera clara y recurrente entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

Los españoles y las españolas no tienen hoy el Gobierno socialista que votaron, que necesitan y que merecen, por dos razones: por la ambición desmedida e irreal de Podemos por los cargos; y por la irresponsabilidad de la derecha, que ha vuelto a anteponer su interés por dañar al PSOE sobre su deber patriótico de posibilitar que haya Gobierno en España.

En democracia, ante una sesión de investidura solo caben tres posiciones legítimas: votar al candidato propuesto por el Jefe del Estado; articular una alternativa; o hacerse a un lado, permitiendo que salga adelante la única alternativa posible. El bloqueo, la ingobernabilidad, el boicot a la decisión democrática de los ciudadanos, no es una opción legítima. Sin embargo, esta ha sido la opción elegida por las derechas y Unidas Podemos, lamentablemente.

Lo sucedido durante estos últimos días nos lleva a la conclusión de que Pablo Iglesias nunca tuvo voluntad de llegar a un acuerdo con el PSOE. Todo indica que, en realidad, siempre mantuvo la estrategia evidenciada en 2016, cuando también frustró la investidura de un Presidente progresista. Pareciera que el único propósito permanente de Iglesias es el de evitar un Gobierno presidido por un socialista, aunque la consecuencia sea el riesgo de un Gobierno conservador.

Llegamos a esta conclusión por dos motivos. En primer lugar, nunca quisieron negociar los contenidos de un programa de Gobierno, el “para qué”. Y, en segundo lugar, todos sus planteamientos para la configuración de los equipos de Gobierno eran desmesurados, desproporcionados e irreales. No se puede reclamar la gestión de más de la mitad del gasto social y todos los ingresos del Estado, cuando se es la cuarta fuerza política de la Cámara y no se aporta, ni tan siquiera, valor suficiente para conformar una mayoría absoluta.

No proponían asumir una parte “proporcional” del Gobierno. Al final, ni tan siquiera planteaban un co-gobierno. Querían el Gobierno entero, su columna vertebral. No era un planteamiento realista.

Descalificar como elementos decorativos algunas de las competencias ofertadas por el PSOE, constituye una falta de respeto a los socialistas y, sobre todo, a los españoles que necesitan de la buena gestión de esas competencias para mejorar su vida. Una vicepresidencia social o las políticas de vivienda, de sanidad, de igualdad, de economía social, de cultura, de agricultura, de cooperación exterior… no pueden despreciarse cuando se intenta negociar en serio un gobierno de coalición.

Primero nos reprocharon que las ofertas programáticas no eran lo suficientemente de izquierdas, y confirmamos nuestra disposición a subir el salario mínimo y derogar la reforma laboral. Después reclamaron colaborar en el Gobierno, y se les ofreció un Gobierno de cooperación. Más tarde pidieron que la cooperación se convirtiera en coalición, y se cedió para que fuera así. Exigieron una vicepresidencia para su portavoz parlamentaria, y también se respondió positivamente. Y, al final, se demostró que lo que querían era el Gobierno entero. Y ahí ya no se pudo ceder.

¿Y ahora? Ahora ya no hay candidato con encargo del Jefe del Estado. Pedro Sánchez dejó de ser candidato en la tarde del día 25. Ahora se abre el proceso institucional que establece el artículo 99 de la Constitución. Ya lo advertimos.

La situación es grave, pero hay salidas y vamos a trabajar duro para hacerlas realidad. El candidato ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, se pondrá en contacto con los líderes de los otros tres grandes grupos parlamentarios del Congreso, para que asuman su responsabilidad y contribuyan a desbloquear la formación de Gobierno en España. La ciudadanía hizo su trabajo, votó y encargó al PSOE liderar un Gobierno progresista, coherente y eficaz. Ahora corresponde a los representantes políticos de esa ciudadanía cumplir con su parte.

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No soy partidario de banalizar términos con una significación social relevante, como lo es, por desgracia, Herri Batasuna, organización terrorista vinculada a la banda ETA que ocasionó cerca de mil víctimas mortales durante más de cuarenta años en España. No obstante, ha sido y es tal el abuso que los portavoces de Ciudadanos hacen de la expresión “batasuna”, “batasunos” o “batasunizar”, con ánimo siempre de zaherir a sus adversarios políticos, que merece la pena analizar hasta qué punto son ellos mismos los que merecen ser aludidos con tales palabras.

Rivera, Arrimadas y compañía no utilizan el término batasuna o batasuno para aludir a criminales asesinos o cómplices de asesinos, lo que sería más preciso, sino para señalar a quienes ellos consideran gentes sectarias, radicales o intolerantes en sus pronunciamientos públicos. Últimamente, ellos mismos y sus entornos mediáticos se han referido con tales adjetivos, por ejemplo, a los socios del PSOE para la conformación del Gobierno autonómico de Navarra –Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezquerra- o a algunos de los participantes en la manifestación del Orgullo LGTBI.

La gran paradoja consiste en que el partido más radicalmente descalificador y crispador de la política española es hoy precisamente Ciudadanos. Lo curioso es que no hay portavoces políticos en este país que utilicen agresiones verbales y descalificaciones más hirientes que Rivera y Arrimadas. Mientras la portavoz parlamentaria del partido naranja denunciaba falsamente a Fernando Grande-Marlaska por “incitar al odio” y “ponernos una diana en la espalda”, tras advertir tan solo el ministro de las consecuencias políticas que tendrán los acuerdos de esta formación con la extrema derecha, muchos teníamos presente la infinidad de infamias insultantes que esta señora ha dedicado a sus contrincantes políticos en los últimos tiempos.

La señora Arrimadas ha acusado al PSOE falsamente de pactar con pro-etarras, de negociar presupuestos en las cárceles, de alquilar el uso del Falcon con indultos a delincuentes, de romper España mil veces y hasta de “ponerse a cuatro patas delante de los independentistas”. Diversos portavoces de Ciudadanos han hablado de que el PSOE “vende Navarra al independentismo” e, incluso, de que “traiciona a sus muertos”. Resulta ridículo que quien denigra de manera tan indigna a sus adversarios políticos, intente aparecer ante la opinión pública como víctima de radicalidades y exabruptos. El ministro Marlaska, al lado de Inés Arrimadas, es Santa Teresa de Calcuta resucitada.

A menudo, Ciudadanos utiliza estas prácticas de sobre actuación y de matonismo verbal para desviar la atención mediática sobre cuestiones que le generan problemas, en su propia organización y ante sus electores. Insultan más conforme más disidentes aparecen en sus filas, especialmente cuando esos críticos se corresponden con miembros fundadores y referencias del discurso más centrado y moderado en la formación. Las descalificaciones y los insultos crecen de manera directamente proporcional a la publicación de imágenes, fotografías y documentos que prueban sin lugar a dudas la disposición del otrora partido regenerador a pactar con la extrema derecha más rancia, machista, xenófoba y anti-europea. A más imágenes de Aguado con Monasterio, más exabruptos de Arrimadas. Es automático.

Todos hemos podido leer en los informes que aprueba el Consejo General de Ciudadanos, además, cómo consideran un “éxito” con gran “rédito mediático” cada “acto especial” en el que logran aparecer como víctimas “defensoras de la libertad”, sea en Rentería, en el pueblo de Josu Ternera o, siguiendo la misma lógica, en las manifestaciones del Orgullo.

El colmo de la hipocresía ha llegado con las denuncias de Ciudadanos sobre el supuesto “bloqueo” del Parlamento, el “Gobierno descontrolado” y las inexistentes maniobras de Meritxell Batet para proteger al Presidente Sánchez a costa del funcionamiento reglamentario del Congreso.

En primer lugar, cabe recordar que el bloqueo más descarado, grave y fraudulento del Congreso de los Diputados se produjo durante la Legislatura XII, cuando Ciudadanos y PP se aliaban en la Mesa para paralizar arteramente la tramitación de decenas de leyes respaldadas por la mayoría de los españoles representados en el Pleno. La ciudadanía española no cuenta hoy con una ley que garantice el poder adquisitivo de las pensiones, una ley de eutanasia o la reforma legal que despenalice los piquetes, porque el partido de Rivera y Arrimadas vulneraron la Constitución Española y las normas más elementales de la democracia parlamentaria. Eso era bloqueo.

En segundo lugar, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, a diferencia del Gobierno del PP que respaldaba Ciudadanos, se somete regularmente a control parlamentario a través de las preguntas escritas y las solicitudes de información y documentación de los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios. Cerca de 400 preguntas y requerimientos de información están siendo contestadas ya en estos días por el Gobierno presuntamente “descontrolado”, según Arrimadas.

La portavoz del partido naranja también suele hablar, sin saber de lo que habla, sobre la necesidad de constituir la Diputación Permanente y las comisiones, “para ejercer el control constitucionalmente obligado sobre el Gobierno”. También exige a Batet, siempre de malos modos, que convoque de inmediato un “Pleno de control”. En realidad, la Diputación Permanente no es un órgano de control al Gobierno, por la sencilla razón de que el Gobierno no forma parte de este órgano. Las comisiones no se pueden constituir aún, porque la decisión sobre no contabilizar a los diputados presos suspendidos no es firme. Y Batet, precisamente, es la única autoridad que ahora no puede convocar un “Pleno de control”. Sí podría hacerlo la propia señora Arrimadas, si lograra juntar 176 firmas de diputados, y si se leyera el Reglamento del Congreso antes de reclamar lo que no puede reclamar y antes insultar a todo el que se le pone por delante.

Si Rivera y Arrimadas quieren encontrar comportamientos fraudulentos en las presidencias parlamentarias, debieran dirigir su atención a la presidencia de la Asamblea de Madrid, ocupada hoy por un correligionario suyo merced a los votos de la extrema derecha. El Presidente del Parlamento de la Comunidad de Madrid ha decidido, prevaricando a mi juicio, no proponer como candidato a la presidencia de la Comunidad a Ángel Gabilondo, el ganador de las elecciones autonómicas, que además cuenta con el apoyo de tres grupos parlamentarios. Esto sí que es fraude parlamentario.

En todo caso, que formulen denuncias retóricas sobre radicalidad aquellos que toman café, negocian y pactan con la extrema derecha machista, xenófoba, anti-europea y nostálgica del franquismo, resulta más propio de los programas de humor que del debate político serio.

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La gran mayoría de los analistas que han tratado sobre el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centraron su atención tan solo en los datos relativos a la intención de voto. Sin embargo, el informe del CIS ofrece resultados de gran interés social y político en torno a la problemática de la vivienda en España.

El acceso a la vivienda forma parte de los siete problemas más graves del país, según opina la población española en general. Entre los jóvenes de 25 a 34 años constituye, además, el primer problema tras el paro y la precariedad laboral.

De hecho, la dificultad para acceder a una vivienda digna se encuentra en la raíz de otras graves problemáticas que afectan a nuestra juventud, y que han sido objeto de tratamiento científico durante los últimos tiempos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el último informe FOESSA sobre la creciente exclusión social entre los jóvenes, así como en los recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística acerca del retraso paulatino en la emancipación, la nupcialidad y la paternidad/maternidad de la juventud española.

La problemática juvenil en relación a la vivienda tiene consecuencias que van más allá, incluso, de las graves limitaciones económicas, de la precariedad social lastimosa o de la muy preocupante evolución de la pirámide demográfica en España. La imposibilidad práctica de acceder a una vivienda digna, y la consiguiente dificultad extrema para iniciar una vida autónoma, están conduciendo inexorablemente a muchos jóvenes a la desafección hacia el propio sistema político democrático.

En consecuencia, el conjunto de las instituciones públicas -desde los partidos hasta las organizaciones empresariales y sindicales, desde el Gobierno nacional hasta el Parlamento, pasando por autonomías y ayuntamientos-, debieran implicarse en un gran acuerdo social y político para mejorar el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna. Este acuerdo ha de implicar iniciativa política, legislación adecuada y recursos suficientes para lograr efectos positivos a corto plazo. La legislatura que comienza debiera ser la legislatura del derecho a la vivienda.

Los datos de CIS son concluyentes: el 90,2% de la población española -que se eleva al 93,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años, y al 94,3% entre los que suman entre 25 y 34 años-, opinan que la vivienda es un derecho de la ciudadanía a proteger de manera activa por el Gobierno.

El propio estudio avanza las soluciones que cuentan con mayor respaldo social: la construcción de un parque público de viviendas en alquiler; la disposición de créditos públicos ventajosos para la compra de vivienda; la limitación de los precios de los alquileres; las ayudas públicas directas para los inquilinos de viviendas en alquiler; el establecimiento de ventajas fiscales para esos mismos inquilinos…

En una de sus últimas medidas antes de disolver las Cortes, el Gobierno socialista logró aprobar un decreto ley que promovía medidas muy interesantes, como la ampliación de los periodos de vigencia en los contratos de alquiler y la limitación de las fianzas impuestas por los arrendadores.  Sin embargo, afrontar esta grave problemática con auténtica ambición exigirá de medidas añadidas, que han de implicar necesariamente a otras administraciones.

El imprescindible acuerdo nacional para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda requerirá de la habilitación de suelo público para construir vivienda social, así como del concurso de las administraciones municipales y autonómicas para modificar en este sentido los planeamientos urbanísticos. Será necesaria la complicidad de parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y administraciones municipales para adaptar leyes, ordenanzas y presupuestos a este fin. Habremos de priorizar las políticas de vivienda en los presupuestos generales del Estado para los próximos ejercicios…

La resolución de este problema está muy relacionada con la solución debida para otras dificultades tan o más relevantes, como los niveles insoportables de desempleo juvenil, la precariedad de los contratos laborales de los jóvenes, la alta temporalidad, los salarios insuficientes…

Y tendremos que enfrentarnos con determinación a los poderes económicos que aún hacen de la especulación urbanística y del mercado libre de la vivienda una veta formidable de negocio, en demasiadas ocasiones a costa del bienestar y los legítimos proyectos vitales de millones de jóvenes.

Si queremos que los jóvenes sientan respeto, apego y complicidad con el sistema socioeconómico y político que les ofrecemos, hemos de atender a su llamada de auxilio en relación a la vivienda. Tal llamada está al alcance de los ojos y los oídos de todos los que se aproximen al último estudio del CIS con ánimo de ir más allá de los atractivos datos de intención de voto.

Una razón más que constituir el Gobierno que han votado los españoles. Cuanto antes.

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El símil con aquella campaña institucional destinada a fomentar el ahorro energético no es mío. Es de Iñaki Gabilondo y se lo escuché en la cadena SER, pero sirve para ilustrar de manera precisa el momento político que vivimos en relación a la investidura del Presidente del Gobierno.

Y es que da la sensación de que algunos actores pretenden alargar el proceso que ha de investir al único Presidente posible, por motivos puramente tácticos y egoístas. Y puede que a ellos les convenga esperar, pero España, efectivamente, no puede.

La paradoja del momento es la siguiente. La ciudadanía ha cumplido con su responsabilidad democrática, acudiendo repetidamente a las urnas y arrojando un veredicto muy claro. El PSOE ha ganado de largo las elecciones generales, las europeas, las municipales y en diez de las doce elecciones autonómicas llamadas a votar.

Ha cumplido son su responsabilidad constitucional el Jefe del Estado que, tras la ronda preceptiva con los representantes políticos, ha propuesto un candidato a la presidencia del Gobierno. Y, finalmente, ha cumplido con su responsabilidad el propio candidato, Pedro Sánchez, que ha compartido sus planes con los dirigentes de diez fuerzas políticas con presencia en el Parlamento.

Ya solo queda que también asuman su responsabilidad el resto de los actores políticos con capacidad de decisión y voto en la sesión de investidura. Y tienen tres opciones legítimas: o apoyan al candidato propuesto, o intentan forjar una alternativa (que no es posible), o se hacen a un lado sin bloquear la única investidura posible. Estas son opciones legítimas, porque no resulta legítimo optar por el boicot a las instituciones, el bloqueo y la ingobernabilidad. Quizás ellos se puedan permitir ciertos tacticismos interesados, pero España no puede.

Quizás unos jueguen a presionar al candidato, intentando llevarle hasta el extremo con la intención de que varíe sus planteamientos en un acuerdo programático, parlamentario e institucional muy razonable. Puede que otros jueguen simplemente a retrasar la investidura para provocar el desgaste político del candidato y fomentar la sensación de inestabilidad. Incluso puede haber quienes jueguen a repetir elecciones, por si les fuera mejor en una nueva cita con las urnas.

Se trata de juegos tácticos tan comprensibles como evidentes, pero absolutamente inaceptables desde la perspectiva del interés general. Los cálculos partidistas son inevitables, pero han de subordinarse al bien común porque, de lo contrario, se subvierte claramente el mandato representativo.

En concreto, puede que algunos actores políticos estén apostando a hacer fracasar la investidura del único Presidente posible en julio, para irse de vacaciones en agosto y continuar el juego táctico en septiembre. Sería una irresponsabilidad.

Hay asuntos pendientes que no pueden esperar al juego táctico de ningún partido. El último informe FOESSA alerta sobre la existencia de más de ocho millones de excluidos sociales en España. Estamos pagando la extra de las pensiones con préstamos. La precarización de muchos empleos exige un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma urgente. Tenemos pendiente el nuevo sistema de financiación autonómica desde hace años. El cambio climático requiere respuestas legales y estructurales ya. En Europa nos esperan para afrontar el brexit, el presupuesto del euro, la armonización fiscal…

Además, aún tenemos por renovar el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE…

Definitivamente, no. España no puede esperar. Necesitamos un Gobierno estable ya. Los ciudadanos han hecho su trabajo. Ahora corresponde a diputados y diputada actuar con responsabilidad.

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En estos días previos a la sesión de investidura que tendremos pronto en el Congreso de los Diputados, se habla mucho del “con quién” saldría adelante la elección de Pedro Sánchez, del “cómo” explicarán unos y otros su voto, incluso del “cuándo” se producirá la votación definitiva. Pero siendo tales incógnitas de gran interés, resulta extraño que se centre tan escasa atención sobre algo tan fundamental como el “para qué” está reclamando la investidura Pedro Sánchez y el partido ganador de las elecciones generales.

Ignorar esta información equivaldría a dar por hecho que el comportamiento de los grupos parlamentarios en la sesión de investidura tendrá más que ver con sus estrategias partidarias que con los intereses de la ciudadanía española. Sin embargo, lo cierto es que los facilitadores de la investidura estarán abriendo la puerta a la consecución de unos objetivos de país que han sido perfectamente explicitados por el candidato Sánchez. Y, a la inversa, quienes dificulten la investidura serán responsables de obstaculizar el alcance de tales metas de interés general.

El primero de los grandes propósitos del Gobierno socialista que Pedro Sánchez aspira a formar en breve consiste combatir eficazmente las desigualdades que se han disparado en España desde la crisis de 2008, y como consecuencia de su gestión injusta por parte de la derecha gobernante entre 2011 y 2018.

Varias noticias en estos días lo han puesto de manifiesto, comenzando por la publicación del prestigioso informe FOESSA, el cual prueba que 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, forma parte ya de la categoría de los excluidos sociales, 1,2 millones más que hace una década. Además, casi la mitad, más de 4 millones de españoles, sufren exclusión severa.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer también el dato de la caída de los nacimientos en casi un 30% durante los últimos diez años, habiéndose elevado a 31 la edad media en el nacimiento del primer hijo. Los jóvenes españoles tienen muchísimas dificultades para emprender un proyecto vital de manera digna y estable.

Simultáneamente a esto, se han producido en nuestro país sendos debates interesantes acerca de las repercusiones de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo, y acerca de las consecuencias de una eventual bajada drástica de los impuestos, tal y como proponen las formaciones políticas de la derecha. Un hecho luctuoso, el fallecimiento de un trabajador explotado en la llamada economía colaborativa o digital, ha reverdecido también la discusión pública sobre la necesidad de revertir la reforma laboral precarizadora del PP.

Pues bien, este es el primer objetivo: combatir las desigualdades con políticas públicas redistribuidoras, fortaleciendo el Estado de Bienestar, recuperando derechos para los trabajadores, y cobrando impuestos justos a quienes más ganan, más tienen y más esconden.

Pero hay otras metas, tan relevantes como esta. Se trata de modernizar nuestro sistema productivo, poniéndonos al día en el reto de la digitalización de la economía y en la apuesta por la innovación para la mejora de la productividad. Tenemos pendiente también acelerar nuestra transición ecológica justa para combatir con determinación y eficacia el cambio climático.

Nuestro país necesita un nuevo impulso regenerador para mejorar la calidad de nuestra democracia, su funcionamiento y sus instituciones. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye el primer objetivo estratégico y transversal en este capítulo. Pero interesa mucho, igualmente, la lucha contra la corrupción y la garantía de limpieza en todas las instituciones democráticas.

Fomentar la convivencia territorial, avanzando en el perfeccionamiento federal de nuestro Estado de las Autonomías, acordando un sistema estable de financiación territorial, garantizando un marco competencial y financiero consensuado en el ámbito local, también son finalidades de interés común.

La integración progresiva en la Unión Europea hacia los inevitables Estados Unidos de Europa, la consecución de una administración europea más social y el fortalecimiento del papel de España en esa construcción, constituyen asimismo intenciones susceptibles de generar amplios consensos políticos y sociales.

Todo esto requerirá, por cierto, de una voluntad concertada para cortar el paso a la influencia de los enemigos de nuestra democracia y de los valores que la sustentan. En la Europa más avanzada en derechos y libertades, las fuerzas democráticas y europeístas se conjuran para aislar a la extrema derecha xenófoba, machista y antieuropea. Ojalá aquí PP y Ciudadanos participaran de ese propósito político y moral, y dejaran de blanquear y normalizar la influencia de Vox en nuestras instituciones.

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