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Archive for the ‘Política’ Category

Si alguna ventaja puede extraerse del discurso del nuevo presidente electo en la comunidad catalana es su claridad meridiana. Ya no hay lugar a dudas o equívocos. El máximo representante del separatismo catalán promueve la ideología del supremacismo y el odio racial, y se declara dispuesto a quebrar la legalidad democrática para alcanzar sus metas.

Ahora bien, Quim Torra ha sido propuesto por el ex-presidente catalán Puigdemont, huido de la justicia por golpismo, pero ha sido elegido por una mayoría de diputados en el Parlamento autonómico. Hasta 66 diputados separatistas han votado a un presidente con un pensamiento y una trayectoria bien conocida por su xenofobia radical, anti-española, anti-francesa y anti-europea. Si comparten su pensamiento y sus planes, es terrible. Y si no lo comparten, también.

La mayoría de los representantes de la sociedad catalana han investido presidente a un individuo que proclama que “no es natural hablar español en Cataluña”, que “aquí no cabe todo el mundo”, que sobran “los que no asumen nuestras señas de identidad”, y que “los españoles son bestias, carroñeros y víboras”. Se trata de un señor que admira públicamente a la formación Estat Catalá, conocida por proclamar “la superioridad de la raza catalana” durante la Transición Democrática.

No hace falta recordar que fueron precisamente estas ideas enfermizas, con expresiones casi calcadas, las que fomentaron el odio criminal entre seres humanos, la quiebra de la convivencia y la confrontación civil entre españoles y entre europeos durante el siglo XX. No cabe relativizar su gravedad, ni poner paños calientes. Este señor es peligroso, porque sus ideas y sus intenciones son peligrosas. Y quienes le han elegido han asumido una gran responsabilidad.

Porque, además, Torra acaba de asegurar pública y solemnemente que sus referencias legitimadoras a la hora de gobernar no proceden del ordenamiento jurídico vigente. Sus únicas referencias explícitas son tres: la voluntad del ex-presidente golpista, el “mandato” del referéndum fraudulento del 1 de octubre, y el objetivo “irrenunciable” de constituir una República catalana al margen de la legalidad constitucional. No cabe mayor desafío a nuestra democracia y a nuestra convivencia en paz.

Y ante tamaño desafío, la democracia española solo puede reaccionar de una manera: con la firme determinación de hacer frente a la amenaza separatista y supremacista, con las herramientas que proporcionan la ley y la política. Con serenidad, con proporcionalidad y con contundencia.

No caben atajos preventivos. Los demócratas tenemos el amparo y la legitimidad de la ley. Mientras el desafío se limite a los discursos irracionales, y ojalá se quede ahí, hagámosle frente con el discurso de la razón. Y en cuanto el discurso de paso a la acción contraria al orden constitucional, si sucede, aplíquese la ley, con la proporción y la contundencia precisas, en defensa de los derechos y la libertades de todos los españoles, catalanes incluidos. Aplicando el artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, que para eso se promulgó.

Y en paralelo, hagamos política también. Porque resulta imposible asumir que más de un 40% de catalanes puedan sentirse representados en las ideas y en los hechos de Quim Torra y de quienes le han hecho presidente. No podemos admitir que más de un 40% de catalanes comparte el discurso del odio racial.

Por tanto, es necesario promover el diálogo y el entendimiento en torno al presente y al futuro del modelo territorial del Estado, al encaje de Cataluña en tal modelo y a la consideración que merece la identidad catalana, en el marco de una España y una Europa de identidades plurales, diversas y libres. Los socialistas hemos promovido un escenario parlamentario útil con este fin. Aprovechémoslo.

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“Si no le gusta RTVE, cambie de canal”. La respuesta del ministro Cristóbal Montoro al Grupo Socialista en el Senado va más allá de la descortesía parlamentaria y ralla en la desfachatez. En todo caso resulta significativa respecto a la consideración que para este Gobierno merecen las demandas de juego limpio en la radio televisión pública.

La invitación del ministro a cambiar de canal hubiera resultado justificada en el caso de que la interpelación versara sobre una empresa de su propiedad o de la propiedad de su partido. Pero la RTVE es una institución de todos los españoles, cuyo funcionamiento nos cuesta cerca de 1.000 millones de euros cada año y que nos abochorna cada día con su propaganda gubernamental y su sectarismo zafio.

El grado de manipulación es tal que ha obligado a los propios trabajadores de la radio televisión pública a organizarse y movilizarse en defensa de su profesionalidad. Periodistas, editores, corresponsales, técnicos… denuncian permanentemente las presiones que sufren para beneficiar al partido del Gobierno en el tratamiento de la información. Los comunicados públicos de los consejos de redacción son una constante llamada de auxilio, que debiera avergonzar a los actuales gestores del ente.

A las piezas sobre economía y empleo solo les falta el “We are the champions” como banda sonora. Las informaciones sobre corrupción van breves y al final si afectan al PP, y van a todo trapo y al principio si afectan a los partidos de la oposición. Las manifestaciones críticas con el Gobierno se ningunean, al tiempo que se magnifican las que acompañan los argumentos del ejecutivo.

Durante la última semana, la editora de los informativos en la delegación valenciana se ha visto obligada a dimitir, tras habérsele impedido la retransmisión de los insultos de la Secretaria de Estado de Comunicación contra unos manifestantes pensionistas. La primera alternativa es la auto-censura del propio profesional, pero cuando esto no funciona llega la censura directa.

Una de las primeras decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy tras su triunfo en las elecciones del año 2011 fue la de modificar la ley de RTVE impulsada por el Gobierno socialista, para sustituir la mayoría parlamentaria de dos tercios por la simple mayoría en la elección de los consejeros del ente público. Se finiquitaba así la etapa socialista de la RTVE de todos y para todos, con dirección elegida por consenso, y se daba paso, una vez más, a la etapa negra de la manipulación. De hecho, José Antonio Sánchez, actual Presidente, no se cansa de presumir  que es votante del PP.

Esa misma determinación lamentable está llevando al PP a bloquear la entrada en vigor de la nueva ley anti-manipulación de RTVE, aprobada en las Cortes a pesar del Gobierno, desde el pasado mes de septiembre. Los presidentes del Congreso y del Senado hacen uso de todo tipo de triquiñuelas dilatorias para aplazar la aplicación de la ley y asegurarse un tratamiento tan favorable a su partido como bochornoso para el conjunto de la sociedad española.

El desbloqueo en la aplicación de esta ley tiene que ver con la calidad misma de nuestra democracia. Se trata, incluso, de un imperativo moral.

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El día 2 de mayo se cumplieron 139 años desde la fundación del PSOE por un puñado de obreros en una fonda de la madrileña calle de Tetuán. La efemérides más que centenaria del Partido Socialista coincide con la borrachera demoscópica de otro partido, Ciudadanos, que el próximo mes de junio cumplirá su duodécimo año de vida, entrando casi en la adolescencia política.

Esta diferencia abismal de edades, y la soberbia que suele acompañar a las buenas encuestas, ha intensificado el conocido afán de los dirigentes de Ciudadanos por descalificar precisamente al PSOE, al que ellos llaman de forma peyorativa “partido viejo”. En realidad, tal descalificación logra de entrada un efecto contrario al buscado, porque pone de manifiesto el vivo contraste entre el proyecto históricamente consolidado de los unos, frente a la coyunturalidad posiblemente efímera de los otros.

Con seguridad, la fortaleza persistente del PSOE ha de resultar tan incomprensible como irritante para quienes viven la política desde la espuma del surfeo en la actualidad, desde la gestión de las últimas modas en la opinión pública, y desde la complicidad interesada de los poderes financiero-mediáticos. ¿Pero qué hacen aún ahí estos socialistas que ni están de moda, ni quedan bien en las encuestas, ni tienen el favor de la uno, ni de la dos, ni de la tres, ni de la cuatro, ni de la cinco, ni de la seis…?

Y es que, en democracia, el vigor político no se mide mediante al peso de los elogios de los tertulianos o las falsas promesas de votos en encuestas de diseño. Cuando este partido de moda acabe la escuela secundaria de la política, se dará cuenta de que el auténtico éxito en política ni tan siquiera tiene que ver con la telegenia del líder o el acierto de los cortes en el último programa de radio. Entonces entenderán que solo hay dos cosas realmente importantes para la madurez de un partido: su razón de ser y su credibilidad.

La razón de ser del PSOE es incluso más vieja que sus siglas. Se trata de hacer justicia, se trata de combatir las desigualdades. Más allá de modas, de encuestas y de concursos de telegenia para partidos adolescentes, los españoles saben que el PSOE existe desde hace casi siglo y medio para conquistar avances en igualdad, en libertad y en justicia. Y saben que cuando un socialista gobierna, sea donde sea, sea cuando sea, lo hace para lograr más justicia. Y saben que cuando un socialista hace oposición, lo hace también para lograr más justicia, cada día, en cada lugar.

Y la credibilidad del PSOE está en su historia, en sus hechos, en la coherencia y el empeño de su gente. Claro que se han cometido errores, y ha habido incumplimientos, y se han aprovechado sinvergüenzas. Pero los españoles saben que el balance de la aportación del Partido Socialista a la historia del último siglo y medio de la sociedad española es un balance netamente positivo.

Y saben que algunas de las mejores páginas de esa historia se han escrito con puño, con letra y con tinta socialista. A veces, también, con sacrificio y con sangre socialista. Desde el fin del trabajo infantil hasta la jornada de 40 horas y el descanso dominical. Desde el consenso constitucional hasta el fin de ETA. Desde la universalización de la sanidad pública hasta la ley de la dependencia. Desde las becas para el acceso obrero a la universidad hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo…

¿Viejos? Hay algo de gerontofobia en esas expresiones, además. Las sociedades más avanzadas y más sabias son las que más respeto muestran por los mayores, y no las que desprecian todo aquello que les antecedió.

La “vejez” del PSOE proporciona firmeza en los principios, a salvo de modas, encuestas o posibilismos. Por eso entre los socialistas no se dará aquello de firmar hoy por la abolición de la cadena perpetua, para abrazar mañana esa misma cadena perpetua al calor de la indignación popular por el último crimen. Por eso en el PSOE no se denunciará un día la “descomposición” del PP en Madrid, para respaldar a ese mismo PP en el día siguiente.

Esa “vejez” aporta experiencia para no adoptar decisiones a golpe de encuesta mañanera. Y reporta cantera, mayor y joven, con mochila de gobierno y con mochila de originalidad, porque se ha gobernado mucho, y se ha hecho mucha oposición, y se ha trabajado mucho codo a codo con la sociedad española, en cada tiempo y en cada rincón. Sin necesidad de fichajes improvisados y efectistas de última hora.

Y la “vejez” aporta, sobre todo, confianza. Confianza en el compromiso acreditado con unos valores y en la solvencia de un trabajo que puede contrastarse, medirse, valorarse.

¿Viejos? Cuando algunos despierten de la borrachera de la moda y las encuestas mareantes, el PSOE seguirá aquí, cumpliendo años, y cumpliendo con su razón de ser. Una razón tan vieja como la desigualdad.

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El auge y caída de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid podría servir de argumento para una película acerca de una determinada concepción del poder político. De hecho, la etapa de gobierno del PP madrileño entre 1995 y hoy mismo daría para toda una serie, que rivalizaría claramente con los seriales más rentables de las factorías HBO o Netflix, en cuanto a la crueldad de los personajes o los giros dramáticos en el guion.

Para la gran mayoría de quienes dedicamos nuestro esfuerzo a la tarea política, quiero pensar, el poder político responde precisamente a aquello que establece el diccionario de la Real Academia: la facultad o potencia de hacer. Se trata, por tanto, de un instrumento habilitante y capacitador para llevar a la práctica unas ideas determinadas en búsqueda del bien común.

En democracia, por tanto, el poder constituye una oportunidad que concede temporal y condicionadamente la ciudadanía para llevar a cabo un programa político concreto, atendiendo al interés general y sometido a los controles legales. Y el poder es, al mismo tiempo, compromiso para con el resto de la sociedad y responsabilidad en el cumplimiento del cometido correspondiente.

Para cualquier responsable político sería absurdo abjurar del poder o rechazarlo de forma voluntaria. El poder de gobernar o de legislar, por ejemplo, permite adoptar decisiones que transformen la realidad en el sentido que indican las convicciones propias. La expresión y la reivindicación de las ideas, por interesante que resulte, siempre adolecerá de la recompensa que produce su plasmación práctica mediante el ejercicio democrático del poder. Los políticos aspiran, buscan y quieren, queremos, el poder, naturalmente.

Ahora bien, lo que la ciudadanía madrileña lleva más de veinte años contemplando en el gobierno de su Comunidad no tiene nada que ver con esta noción democrática del poder. El núcleo de dirigentes del PP que han protagonizado la política madrileña en este tiempo concibe el poder como un atributo al servicio de la voluntad personal y de los intereses propios. Se trata, además, de un poder desnudo del ropaje de la moralidad y factualmente ajeno a los controles democráticos.

Este poder se ejerce en beneficio propio, reclamando comisiones por la concesión de obra pública o usurpando un título académico para el que no se han reunido los méritos debidos. Es un poder para provecho de la camarilla propia, sean compañeros de partido, socios de empresa, familiares o amiguetes. Y se trata de un poder que faculta también para controlar, chantajear o fulminar al enemigo político, sea del partido opositor o, mucho más frecuente, sea del partido propio, mediante seguimientos policiales, “gestapillos” o dosieres.

Quienes participan de esta concepción del poder no contemplan límites legales ni éticos para alcanzarlo. Por ejemplo, corrompiendo a dos diputados para dar un golpe antidemocrático e impedir la formación del gobierno que ha ganado limpiamente las elecciones. Y si hacen lo necesario para llegar, tampoco muestran escrúpulo alguno en sus maniobras para mantenerse. Por ejemplo, acudiendo al dopaje financiero con dinero negro en las campañas electorales. Pero donde las dan, las toman, y quienes ejercen de este modo el poder suelen acabar muertos políticamente por fuego amigo. Por ejemplo, con la difusión de un vídeo personalmente humillante.

Importa mucho identificar claramente a esa minoría que ejerce el poder cual si se tratara de una mafia, para distinguirla claramente de la mayoría que concibe el poder como el ejercicio de una responsabilidad democrática y ética. Porque esto último es hacer política. Lo primero, no. Lo primero es otra cosa. Es algo contra lo que algunos llevamos dos décadas luchando en Madrid. Es algo que la sociedad madrileña no se merece y que debemos erradicar. De una vez por todas.

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Las justificaciones que han dado las tres potencias que acaban de bombardear supuestas instalaciones de armamento químico en Siria no son creíbles y, de hecho, casi nadie se las ha creído.

Si la acción militar hubiera sido en realidad una respuesta al supuesto ataque químico del régimen de Bashar al-Asad sobre población civil, lo lógico hubiera sido cargarse antes de razones esperando a las conclusiones de los inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas o, al menos, a la obstaculización definitiva de su labor sobre el terreno. Pero no se esperó.

Si los bombazos se hubieran querido legitimar en la vulneración de la legalidad internacional por Damasco, los atacantes debieran haber contado con la autorización, al menos, del Consejo de Seguridad de la ONU, por pura coherencia. Pero tampoco fue así.

Si las razones aducidas hubieran sido las de proteger al sufrido pueblo sirio, castigado por una guerra que dura ya más de siete años, y que ha ocasionado centenares de miles de muertos y millones de refugiados, la acción no se hubiera limitado a un simple bombardeo. De hecho, el sufrido pueblo sirio sigue siendo hoy el sufrido pueblo sirio, con unas cuantas explosiones más sobre su territorio.

Las demás justificaciones son ya del género pintoresco. Aducir que se quiere castigar a la “dictadura de los Asad” sería más creíble si Francia no hubiera anunciado apresuradamente que ha decidido retirar ahora la legión de honor, su altísima distinción patria, al antes agasajado y ahora denostado Bashar…

Y hablar con credibilidad de la defensa de los derechos humanos hubiera requerido de Estados Unidos algún comentario crítico, por ejemplo, sobre los francotiradores israelíes que fulminan cada jornada a varios palestinos en las afueras de Gaza. O sobre la vulneración de las libertades más elementales por parte del régimen egipcio, subvencionado por Washington.

No. La acción militar llevada a cabo en Siria por las fuerzas militares de Estados Unidos, Reino Unido y Francia no responde a las justificaciones presentadas, por la sencilla razón de que las justificaciones reales no son presentables, y no se han presentado.

Hubo un tiempo en que las acciones militares se emprendían en defensa de intereses cuestionables, pero más o menos colectivos. A veces para conquistar nuevos territorios y otras veces para evitar perderlos. En ocasiones para hacerse con poder, con recursos o con mercados, y en otras ocasiones para que el enemigo no se hiciera con ellos…

Es cierto que buscar justificación o legitimación a las guerras es arriesgado, porque en esencia siempre las ganan los mismos privilegiados -de uno u otro bando- y las pierden los mismos desgraciados -de uno y otro bando también-.

Las supuestas razones de la guerra son casi siempre miserables. En este tiempo nuestro, aún más miserables. Porque, en realidad, ¿qué ha motivado la decisión de Trump, May y Macron para bombardear Siria? Ni tan siquiera el interés cuestionable de sus respectivos países, sino muy probablemente el interés aún más cuestionable de sus gobiernos y el interés político personal de ellos mismos.

Trump, May y Macron han decidido acallar el murmullo desaprobador de sus respectivas opiniones públicas con el ruido atronador de las bombas. El primero, por su incierto horizonte judicial. La segunda, por su cuestionamiento permanente en el propio partido tory. El tercero, por las huelgas contrarias a sus reformas precarizadoras del empleo. Nada como un buen serial de bombas para intentar unir a la tropa…

Hay más razones, seguro, tan miserables como ésta, o más. Por desgracia, la capacidad de hacerse oír hoy en el concierto internacional de las naciones es directamente proporcional al tamaño del arsenal propio. El reciente protagonismo del líder norcoreano acaba de demostrarlo fehacientemente. El gobierno israelí viene demostrándolo desde hace décadas. En consecuencia, las potencias que presumen de serlo han de mostrar al público de cuando en cuando el tamaño de sus misiles. No sea que les tachen de impotentes…

Y puestos a significar miserias, la palma se la lleva el anuncio del Gobierno estadounidense sobre las pruebas realizadas en Siria con sus nuevos y flamantes “misiles invisibles JASSM”. A estas armas, al parecer, se refirió el inefable Trump en aquel tuit sobre “misiles buenos, nuevos e inteligentes” que pasará a la historia de la ignominia internacional y, espero, del bochorno para el pueblo estadounidense. Es decir, Estados Unidos emprendió en realidad un bombardeo en Siria para que su industria armamentística probara un nuevo -y caro- juguete de destrucción.

Seguro que el régimen de Bashar al-Asad es un régimen detestable, que vulnera los derechos humanos y que merece ser derrotado y derrocado. Y seguro que también era así cuando Estados Unidos lo armaba, el Reino Unido lo financiaba y Francia le otorgaba su legión de honor.

Y seguro que el pueblo sirio requiere de atención y auxilio internacional, para lograr una convivencia en paz y en libertad. Como lo requería antes y como lo sigue requiriendo sin esperanza tras el bombardeo con misiles JASSM, el bombardeo mendaz.

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Entretenidos como estamos en los títulos que se presumen pero que no son y en los prófugos que sí son pero se simulan, no atendemos al peligro que se cierne en el conjunto de Europa sobre la mismísima convivencia en paz y en democracia.

Las últimas elecciones en Hungría han consolidado en el poder al populismo supremacista de Viktor Orbán con cerca del 50% de los votos. La segunda opción en apoyos populares ha sido, además, un partido con las mismas ideas ultranacionalistas y con planteamientos aún más radicales.

Pero antes de las elecciones húngaras, tuvieron lugar las italianas y las alemanas. Los escenarios no son idénticos, pero en todos ellos se constata el creciente atractivo electoral de los discursos que apelan a la emocionalidad negativa, al rechazo al diferente, o directamente al odio hacia “los otros”.

Europa ha sido durante la segunda mitad del siglo XX una referencia de avance civilizatorio, gracias a que el conjunto de las sociedades europeas han compartido muy mayoritariamente como pilares de la convivencia los principios herederos de la ilustración y la revolución francesa: la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Sin embargo, estos sólidos fundamentos de civilización, que han dado lugar a una calidad democrática y a unos niveles de bienestar admirados y envidiados en todo el mundo, se cuestionan ahora por doquier desde opciones políticas que arrastran grandes apoyos populares.

Si la concepción progresista de  los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la protección de las minorías y el rechazo a cualquier forma de discriminación, han formado parte esencial de la identidad europea durante décadas, ahora arrasan en las urnas los planteamientos basados en el odio irracional al inmigrante, al homosexual, a quien nació en otra tierra o al que profesa una religión distinta.

Orbán ha triunfado con un llamamiento a “recuperar los valores del cristianismo”, es decir a la sustitución de la razón y la ley por el dogmatismo y el sectarismo religioso. Su programa ha consistido básicamente en tres puntos: la criminalización del inmigrante y el gitano, la oposición cerrada a la institucionalidad europea y el desprecio a los presupuestos democráticos de la libertad de prensa y de expresión. Xenofobia, eurofobia y retroceso democrático.

Todo ello a pesar de que los inmigrantes no superen el 1,5% de la población húngara, de que Bruselas se haya limitado a instar para el respeto a los derechos humanos, y de que el principal peligro para la democracia en Hungría sea el propio Orbán, que acaba de celebrar el cierre por asfixia institucional del principal periódico que cuestionaba sus políticas.

Ha pasado en Hungría. Pero ha pasado también en Italia, donde los dos primeros partidos en apoyo popular coinciden con la mayor parte de estos postulados. Pasó en Alemania, donde los supremacistas se han erigido ya en la primera fuerza de oposición. Y antes pasó en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Noruega…

Estas formulaciones de odio populista no han logrado aún grandes apoyos en la sociedad española, afortunadamente. Sí comparten buena parte de su base ideológica con el supremacismo independentista en Cataluña, que también busca el rechazo irracional al no nacionalista, cierta pulsión eurofóbica y la supeditación de las garantías democráticas a sus objetivos políticos.

Sigamos atentos, pues, a nuestros másters y a nuestros prófugos, pero no perdamos de vista esta amenaza a los pilares mismos de nuestro modo de vida, porque viene pisando fuerte…

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Madrid es la Comunidad capital de España y una de las regiones más importantes de Europa, en términos políticos, económicos y culturales. En esta Comunidad trabajan, estudian, se esfuerzan y viven cada día cerca de seis millones y medio de hombres y mujeres. Ni la Comunidad de Madrid ni esos hombres y mujeres se merecen el bochorno al que les están sometiendo precisamente aquellos que son responsables de velar por su bienestar.

El prestigio y la credibilidad de las instituciones que organizan el espacio público son factores claves para fundamentar el desarrollo colectivo y la propia convivencia. Y cuando ese prestigio y esa credibilidad se ven vituperados hasta la indignidad, como es el caso de la Comunidad de Madrid en estos momentos, el daño infringido desborda a gobiernos, parlamentos y partidos, hasta alcanzar al corazón de la sociedad misma.

El crédito de las instituciones madrileñas viene siendo arrastrado por el lodo de la corrupción y la mentira desde hace muchos años. El faraonismo dolosamente despilfarrador de Gallardón, el latrocinio sin límite de las ranas de Esperanza Aguirre, y ahora la vergüenza de los títulos usurpados por Cifuentes, han deteriorado la confianza ciudadana en la política y en los políticos más allá de los límites de la ira y el desprecio.

El largo brazo de la corrupción ha alcanzado incluso a un ámbito hasta ahora incólume: la universidad pública madrileña. La pretensión indigna de unos por engordar fraudulentamente su currículum, y el afán no menos indigno de otros por congraciarse con el poder a toda costa, está ocasionando un deterioro brutal en el crédito de la institución universitaria en general.

Centenares de miles de estudiantes y profesores se ven ahora sometidos a una sospecha y una desconsideración tan infundadas como injustas, porque en la universidad pública madrileña se trabaja mucho, se trabaja bien y, sobre todo, se trabaja desde la honestidad general. Personalmente he visto en estos días a profesores humillados y a estudiantes deprimidos hasta el llanto, a causa de la sucesión inacabable de las noticias vergonzosas que se suceden día tras día en medios de comunicación, con alcance en Madrid, en España y en todo el mundo.

La situación es insostenible. Cifuentes debería haber dimitido hace tiempo. El PP debería haber forzado su marcha hace semanas. Ciudadanos debiera haberle retirado su apoyo el mismo día en que estalló este escándalo último y definitivo. Pero no lo han hecho.

Por eso es de reconocer y de agradecer el paso adelante dado por Ángel Gabilondo, el Grupo Parlamentario Socialista y la dirección del PSOE de Madrid. Los socialistas no somos dados a iniciativas testimoniales ni a decisiones sin fruto positivo y cierto. No sabemos si la moción de censura prosperará o no prosperará, porque la aritmética parlamentaria sitúa hoy tal decisión en las manos de Albert Rivera y el grupo de Ciudadanos. Pero un elemental sentido de la responsabilidad nos ha llevado a adoptar esa medida extrema.

Es cierto que apenas queda un año de legislatura en la Comunidad de Madrid. También es verdad que en doce meses no hay tiempo suficiente para desarrollar un programa de cambios profundos, como necesita y demanda ya una mayoría en la sociedad madrileña. Y, desde luego, somos conscientes de que la decisión última en orden a impulsar un desarrollo justo en Madrid y regenerar sus instituciones ha de dilucidarse en las urnas, con el voto de la ciudadanía.

Pero estamos en una situación de emergencia democrática. Urge rescatar la dignidad de las instituciones madrileñas, universidad incluida. Resulta imprescindible garantizar que la presidencia de la Comunidad de Madrid y cada uno de sus centros de decisión se ponen al servicio de la sociedad y no a la orden de intereses particulares y espurios. Y la recuperación del crédito de la democracia española no puede esperar un año. No puede esperar ni un día más.

Ángel Gabilondo es, además, una garantía absoluta en la formación de un Gobierno para superar esta emergencia democrática y recuperar la dignidad de las instituciones madrileñas.

Ha de reconocerse también la disposición positiva del grupo parlamentario de Podemos, con un comportamiento muy alejado de eso que Rivera llama “el reparto de sillones”.

Ahora, la clave está en Ciudadanos, y su decisión es tan simple como relevante. O contribuyen a dignificar la vida política en Madrid, o siguen intentando administrar a una Cifuentes agónica en puro cálculo electoralista. O actúan en interés de la ciudadanía madrileña, o actúan en interés propio. O dignidad, o indignidad. O Gabilondo o Cifuentes. Ya no hay postureos o máscaras que valgan. En esta decisión se retratarán, para Madrid y para el conjunto de España. Para hoy y para mañana.

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