LA LEGISLATURA DEL DERECHO A LA VIVIENDA

La gran mayoría de los analistas que han tratado sobre el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centraron su atención tan solo en los datos relativos a la intención de voto. Sin embargo, el informe del CIS ofrece resultados de gran interés social y político en torno a la problemática de la vivienda en España.

El acceso a la vivienda forma parte de los siete problemas más graves del país, según opina la población española en general. Entre los jóvenes de 25 a 34 años constituye, además, el primer problema tras el paro y la precariedad laboral.

De hecho, la dificultad para acceder a una vivienda digna se encuentra en la raíz de otras graves problemáticas que afectan a nuestra juventud, y que han sido objeto de tratamiento científico durante los últimos tiempos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el último informe FOESSA sobre la creciente exclusión social entre los jóvenes, así como en los recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística acerca del retraso paulatino en la emancipación, la nupcialidad y la paternidad/maternidad de la juventud española.

La problemática juvenil en relación a la vivienda tiene consecuencias que van más allá, incluso, de las graves limitaciones económicas, de la precariedad social lastimosa o de la muy preocupante evolución de la pirámide demográfica en España. La imposibilidad práctica de acceder a una vivienda digna, y la consiguiente dificultad extrema para iniciar una vida autónoma, están conduciendo inexorablemente a muchos jóvenes a la desafección hacia el propio sistema político democrático.

En consecuencia, el conjunto de las instituciones públicas -desde los partidos hasta las organizaciones empresariales y sindicales, desde el Gobierno nacional hasta el Parlamento, pasando por autonomías y ayuntamientos-, debieran implicarse en un gran acuerdo social y político para mejorar el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna. Este acuerdo ha de implicar iniciativa política, legislación adecuada y recursos suficientes para lograr efectos positivos a corto plazo. La legislatura que comienza debiera ser la legislatura del derecho a la vivienda.

Los datos de CIS son concluyentes: el 90,2% de la población española -que se eleva al 93,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años, y al 94,3% entre los que suman entre 25 y 34 años-, opinan que la vivienda es un derecho de la ciudadanía a proteger de manera activa por el Gobierno.

El propio estudio avanza las soluciones que cuentan con mayor respaldo social: la construcción de un parque público de viviendas en alquiler; la disposición de créditos públicos ventajosos para la compra de vivienda; la limitación de los precios de los alquileres; las ayudas públicas directas para los inquilinos de viviendas en alquiler; el establecimiento de ventajas fiscales para esos mismos inquilinos…

En una de sus últimas medidas antes de disolver las Cortes, el Gobierno socialista logró aprobar un decreto ley que promovía medidas muy interesantes, como la ampliación de los periodos de vigencia en los contratos de alquiler y la limitación de las fianzas impuestas por los arrendadores.  Sin embargo, afrontar esta grave problemática con auténtica ambición exigirá de medidas añadidas, que han de implicar necesariamente a otras administraciones.

El imprescindible acuerdo nacional para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda requerirá de la habilitación de suelo público para construir vivienda social, así como del concurso de las administraciones municipales y autonómicas para modificar en este sentido los planeamientos urbanísticos. Será necesaria la complicidad de parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y administraciones municipales para adaptar leyes, ordenanzas y presupuestos a este fin. Habremos de priorizar las políticas de vivienda en los presupuestos generales del Estado para los próximos ejercicios…

La resolución de este problema está muy relacionada con la solución debida para otras dificultades tan o más relevantes, como los niveles insoportables de desempleo juvenil, la precariedad de los contratos laborales de los jóvenes, la alta temporalidad, los salarios insuficientes…

Y tendremos que enfrentarnos con determinación a los poderes económicos que aún hacen de la especulación urbanística y del mercado libre de la vivienda una veta formidable de negocio, en demasiadas ocasiones a costa del bienestar y los legítimos proyectos vitales de millones de jóvenes.

Si queremos que los jóvenes sientan respeto, apego y complicidad con el sistema socioeconómico y político que les ofrecemos, hemos de atender a su llamada de auxilio en relación a la vivienda. Tal llamada está al alcance de los ojos y los oídos de todos los que se aproximen al último estudio del CIS con ánimo de ir más allá de los atractivos datos de intención de voto.

Una razón más que constituir el Gobierno que han votado los españoles. Cuanto antes.

URBANISMO PARA LA CASTA EN MADRID

En Madrid aprendimos hace mucho tiempo que una de las políticas con más carga ideológica en su ejecución es la política que planifica, ordena y asigna usos al suelo, es decir, la política urbanística. Las decisiones que se adoptan en el urbanismo madrileño afectan de manera directa y extraordinaria a muchos intereses, perfectamente identificables, diversos y muy a menudo contrapuestos.

Por eso resulta muy revelador comprobar quiénes aplauden y quienes critican el urbanismo de la capital, porque los aplausos y los silbidos ayudan a identificar tanto a los beneficiarios como a los perjudicados por las decisiones que desde hace dos años viene adoptando en este ámbito el gobierno municipal liderado por Podemos.

Significativas son las continuas alabanzas al urbanismo podemita por parte de los máximos mandatarios de los dos grandes clubes de fútbol de Madrid, inmersos ambos en actuaciones relevantes y discutibles sobre los estadios respectivos. Esclarecedor es también el formidable nivel de entendimiento al que continuamente llega el gobierno municipal con la empresa OHL, uno de los actores urbanísticos más activos y más controvertidos de la capital.

Y sorprendente resulta que haya sido precisamente el Ayuntamiento “del cambio” el que más lejos haya llegado en las negociaciones con el presidente del BBVA, para atender las demandas históricas de este potentísimo operador financiero en la llamada a ser “la mayor operación urbanística de Europa”, la operación Chamartín.

Podemos y Partido Popular se han coaligado con entusiasmo para aprobar tanto el traslado del estadio atlético a San Blas como para respaldar la última ampliación propuesta por el club del estadio Santiago Bernabéu. Son claramente dos grandes operaciones de ciudad que, sin embargo, hubieran merecido por parte del Gobierno municipal un tratamiento más adecuado para el interés general.

El primero no ha previsto las actuaciones necesarias para evitar el colapso circulatorio en torno al nuevo estadio. Y el segundo ha soslayado la modificación del planeamiento que la Justicia ha reclamado y tenemos que reclamará de nuevo, anulando posiblemente las decisiones adoptadas. Eso sí, los mandatarios urbanísticos de la ciudad son recibidos con gran simpatía en ambos palcos. Mejor incluso que en los tiempos de Botella, Gallardón o Alvarez del Manzano.

OHL aparece demasiado a menudo últimamente en las páginas de los periódicos, y no solo por sus éxitos empresariales. Sus relaciones durante años con lo peor del PP madrileño están siendo objeto de investigación judicial, en España y en Suiza. Pero sus tratos con el urbanismo capitalino van ahora mejor que nunca.

Para probarlo ahí esta esa quinta torre en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que OHL construirá y negociará sobre un suelo reservado en principio como bien de dominio público, y destinado en su momento para un gran centro municipal de convenciones. Pero lo construido ahí ya no será un centro de convenciones, porque será otra cosa, ni será municipal, porque será privado. La bendición podemita a la operación Canalejas también ha merecido la mejor consideración por parte del accionariado de OHL, pero no tanto por parte de los madrileños partidarios de proteger el patrimonio arquitectónico y paisajístico en el centro de la capital.

Pero, desde luego, el episodio más significativo del urbanismo madrileño en esta etapa “del cambio” tiene que ver indudablemente con las negociaciones en marcha sobre el futuro de la operación Chamartín. Durante más de veinte años, las administraciones públicas gobernadas por la derecha más derechista de Europa no fueron capaces de responder con suficiente generosidad a las reclamaciones del BBVA, que se había hecho con la propiedad de la mayor parte del ámbito a desarrollar.

No obstante, fue llegar Podemos al Ayuntamiento de Madrid y las negociaciones parecen avanzar a un ritmo y con unas expectativas extraordinarias. Digo “parecen” porque la “nueva política” del urbanismo madrileño incorpora unas salvaguardas de opacidad hasta ahora desconocidas en los tratos del Ayuntamiento con los operadores privados.

Tendremos que esperar a la conclusión de estas negociaciones entre Podemos en Madrid, PP en Fomento y el BBVA, para comprobar hasta qué punto se ha cedido en la exigencia histórica para el gobierno público de la operación y para el equilibrio adecuado entre el interés general y el negocio privado.

Se constata, por tanto, el aplauso fundado de buena parte de la casta. Pero pocos aplausos más se escuchan ante el urbanismo capitalino de estos dos años. No se pueden aplaudir, desde luego, sus éxitos en la construcción de vivienda pública destinada a los madrileños con más dificultades económicas. Cumplida ya la primera mitad de su mandato, Podemos ha levantado tan solo 165 de las 4.000 viviendas prometidas. A este ritmo necesitaría medio siglo de gobierno para cumplir sus compromisos.

Tampoco se escuchan aplausos por parte de los madrileños que habitan barrios necesitados de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, que no son pocos en realidad. Se están cobrando ahora las primeras ayudas comprometidas en julio de 2016.

El urbanismo podemita es poco amigo de operaciones de ciudad que mejoren la calidad de vida de los madrileños de a pie, pero sí gusta de los grandes titulares que aseguran esas otras operaciones vistosas en la plaza de España o en la Gran Vía, por ejemplo. Su afectación a la vida de los madrileños que peor lo pasan no será importante, pero estas costosas operaciones garantizan presencia en los medios de comunicación por mucho tiempo.

Y no son precisamente aplausos lo que dedican cada día los automovilistas madrileños a su gobierno municipal durante el atasco cotidiano. El empeño podemita por los carriles bici en los principales bulevares de Madrid no ha mejorado la opinión de los ciclistas sobre nuestra capital. De hecho la última encuesta de la organización de consumidores y usuarios (OCU) sitúa a Madrid como la peor a este respecto entre las principales ciudades españolas. Eso sí, la reordenación del tráfico ha multiplicado los problemas de circulación para los demás vehículos.

¿Urbanismo para la gente? No. Más bien urbanismo para una poca gente, la misma de siempre…

POR UNA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL

Los costes sociales de la crisis económica están alcanzando unos niveles insoportables. Los estrategas de la macroeconomía siguen sacrificando peones en su truculento juego de ajedrez. Y mientras los titulares reflejan el vaivén del tanteo, un sector creciente de la población sufre un deterioro gravísimo en sus condiciones de vida. Ya no hablamos de rebajas paulatinas en las capacidades adquisitivas. Ahora tenemos que hablar de precarización brutal, de dinámicas crecientes de exclusión social y de falta de atención ante las necesidades más básicas. O se adoptan soluciones con carácter inmediato, o estamos avocados a un estallido social de consecuencias imprevisibles.

Los desahucios pueden ser tan solo la punta del iceberg que se nos viene encima. Con cerca de un 26% de la población en paro, con más de 1,7 millones de familias sin un solo salario, con más de trescientas mil familias viviendo de la pensión del abuelo, con un 40% de parados sin cobertura pública alguna, y con unos servicios sociales en retroceso, la situación solo puede calificarse de auténtica emergencia social. Y una nueva normativa de segunda oportunidad que pare los desahucios será positiva. Pero no bastará, porque muchas familias seguirán sin tener ingresos con los que hacer frente ni tan siquiera a las hipotecas renegociadas o a los alquileres solidarios.

La legitimidad de la economía de mercado y, por extensión, de nuestras democracias liberales en Europa, ha estado vinculada implícitamente desde la segunda gran guerra a la garantía de altos niveles de empleo y sistemas públicos de bienestar, para hacer frente a la precarización social y a la desigualdad exacerbada. Los actuales niveles de desempleo, de inequidad social y de empobrecimiento generalizado en algunos países de Europa, como el nuestro, están afectando a los cimientos mismos de la confianza en el régimen vigente. O el sistema se relegitima o el sistema acabará quebrando.

El sistema conviene en que la renta disponible por las familias que no poseen capital o medios de producción propios ha de provenir fundamentalmente de los ingresos percibidos por el trabajo. Pero si no hay trabajo, solo tenemos dos alternativas. O nos aseguramos de que crear los puestos de trabajo necesarios para asegurar la supervivencia de la población, o cambiamos el paradigma. Si la economía de mercado ya no es capaz de generar empleos suficientes para todos, asegurémonos de que proporcione al menos los recursos precisos para que los poderes públicos proporcionen una renta de inserción social a todas las familias con riesgo de quedar excluidas.

¿Cómo financiar esa renta mínima de inserción? Con impuestos, desde luego. Mientras la precariedad crece en los países del Sur de Europa, los parámetros de desigualdad no paran de crecer. Con políticas fiscales valientes y progresivas, y con un combate eficaz contra el fraude fiscal y los paraísos del dinero negro, pueden obtenerse los recursos precisos para que los sectores más vulnerables de la población no caigan en la indigencia. Hay margen para obtener ingresos fiscales. ¿De dónde? De donde hay dinero, claro está. En las transacciones financieras especulativas, en los grandes depósitos bancarios, en las grandes fortunas, en los grandes beneficios empresariales. Es hora de acabar con la ingeniería fiscal y la impunidad de los defraudadores. La financiación de esta renta de inserción es un buen motivo.

La renta mínima de inserción social debiera establecerse a escala europea y las instituciones de la Unión Europea habrían de asumirla como un deber propio. Porque si la economía de mercado y la democracia liberal necesitan de un relegitimación urgente, el proyecto europeo se encuentra en la UVI de la credibilidad entre los ciudadanos. Quienes manejan el timón deben elegir entre una Europa que recupere su condi

PARAR LOS DESAHUCIOS

 

 

 

 

 

El Estado ha de asumir ineludiblemente dos responsabilidades en tanto superamos la crisis económica en vigor. Hay que repartir las cargas de la crisis con un mínimo de justicia moral, y hay que limitar la precarización más grave para los colectivos sociales vulnerables. Ambas responsabilidades pasan por frenar la escalada de desahucios, que está provocando la frustración y la ira de gran parte de la ciudadanía española. Con toda razón.

 

Resulta política y socialmente intolerable que el Estado soslaye las reglas más básicas del mercado capitalista para rescatar a los Bancos del desastre en el que se han metido ellos mismos, mientras los propios Bancos aplican con rigor aquellas reglas despojando a cientos de miles de ciudadanos de un techo que les cobije. Es decir, los españoles rescatan a los Bancos, para que los Bancos desahucien a los españoles. No es aceptable.

Tampoco puede tolerarse que el estallido de la burbuja inmobiliaria, que unos ayudaron a inflar, y que otros utilizaron para enriquecerse, acabe descargando todas sus consecuencias sobre aquellos que tan solo buscaban acceder a una vivienda digna en las condiciones que se le ofrecían. No. Las responsabilidades deben repartirse justamente. O pagamos todos o no pagarán solo los más débiles de la cadena. Si los Bancos repartieron créditos sin mesura ni control, que paguen. Si el Estado no supo o no quiso parar la borrachera, que pague. Pero no es admisible que el único pagano del desaguisado sea el pobre ciudadano al que pillaron con hipoteca y sin trabajo.

¿Se debía haber hecho antes? Sin duda. Es verdad que las tasas de morosidad eran muy poco relevantes hace tan solo tres años. Pero también es verdad que este problema debió preverse y no se previó. Lo cual no obsta para hacer ahora el trabajo que debe hacerse. 400.000 familias han perdido ya su vivienda. Y otras 250.000 están a la espera de la orden judicial para dejar su casa y mantener su deuda. No hay excusas para la inacción.

A menudo se reprocha a los políticos, a los partidos y a los parlamentarios su supuesta lejanía respecto a las preocupaciones de la gente, su falta de empatía social, la inexistencia de alternativas concretas para los problemas más cotidianos. Pues bien, durante las últimas semanas se ha discutido en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que afronta con sensibilidad y eficacia el grave problema de los desahucios. Es cierto que el PP lo ha tumbado con su mayoría absoluta. Pero también es cierto que la atención de los medios de comunicación ha estado más centrada en los dimes y diretes de la vida interna del PSOE que en sus propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos.

La propuesta socialista sigue el curso de las leyes de “segunda oportunidad” que ya se encuentran en vigor en otros países como Suecia y Francia. Se trata de ofrecer a los ciudadanos con insolvencia sobrevenida no dolosa nuevas condiciones para hacer frente a sus deudas, con cuotas más reducidas y más tiempo para pagarlas. Se trata de generalizar la dación en pago para las familias con dificultades, extendiendo esta posibilidad a aquellas con ingresos de hasta dos veces y media el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no solo a aquellas sin ningún tipo de ingresos, como ocurre ahora.

Se trata de posibilitar un arrendamiento social de la vivienda entregada en pago, por la que las familias pagarían una cantidad anual no superior al 2% de la deuda pendiente, y nunca por encima del 33% de los ingresos familiares. Se trata de prohibir el desahucio de las familias que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas. Y se trata de obligar a todos los Bancos que reciben ayudas públicas a ofrecer estas facilidades a sus deudores.

Por desgracia, ya hemos comprobado en otras sociedades a dónde conduce la falta de respuestas para este y otros problemas de similar naturaleza, en un contexto de crisis y sufrimiento. En Grecia, la generalización de los desahucios condujo a la multiplicación de los suicidios y a la desesperación de amplias capas de la población. La respuesta política no tardó en materializarse con un aumento de los apoyos al partido nazi. Hoy la extrema derecha se ha adueñado de las calles atenienses mediante la coartada de una red propia de auxilio social. No terminará bien. Aquí aún estamos a tiempo de evitar la escalada. O quizás no.