LA EUROPA DE SÁNCHEZ Y LA EUROPA DE RUTTE

Formalmente, el Consejo Europeo de los días 17 a 20 de Julio ha sido un Consejo más. No se ha celebrado ningún acto solemne, ni se ha firmado un documento de carácter histórico, al modo de los fundacionales de la Unión. Sin embargo, esta reunión formalmente rutinaria ha supuesto de facto un trascendental punto de inflexión en el proceso de integración europea.

Además, en esta ocasión, los debates y las decisiones adoptadas en las instituciones comunitarias no han llegado al conjunto de la ciudadanía como algo abstruso y lejano a nuestro día a día, sino como discusiones y resoluciones decisivas para el empleo, para la sanidad, para la educación, para el futuro de nuestros jóvenes…

En estas maratonianas reuniones del fin de semana se han contrapuesto dos grandes modelos sobre el porvenir de las instituciones europeas.

Lo que podríamos llamar la Europa de Rutte, por el gobernante holandés que se erigió en portavoz de los llamados países “frugales”, limita el compromiso común al mantenimiento de un mercado interior abierto, sin criterio ni estrategias compartidas respecto de las desigualdades e injusticias que genere, por ejemplo, entre el norte y el sur, entre el oeste y el este, o entre los ganadores y los perdedores que resulten de cada crisis en cada país.

Por contra, lo que podríamos llamar la Europa de Sánchez, por el Presidente español, apuesta por un continente integrado y justo, en línea con el proyecto federal que figuraba en los sueños del europeísmo más ambicioso y primigenio. Frente a la Europa que se circunscribe a facilitar a los países industrializados la venta de sus lavadoras, y a permitir sin apenas restricciones la deslealtad fiscal de algunos “socios”, está la Europa que aspira a formar instituciones comunes para un pueblo común y unos principios comunes, fundamentados en los valores ilustrados de la igualdad, la libertad y la fraternidad.

La Europa de Sánchez se ha impuesto sobre la Europa de Rutte, por fortuna para los españoles, para los europeos más afectados por la pandemia y, en realidad, para la propia supervivencia del proyecto europeo. Un nuevo paso atrás, en el sentido que marcaban los también llamados gobiernos “tacaños”, hubiera dado definitivamente alas al europescepticismo y al populismo más anti-europeo, no solo en el voto, sino también en la conciencia y en el corazón de muchos europeístas.

Pueden contarse hasta siete razones, al menos, para constatar el formidable paso adelante que ha dado Europa durante este fin de semana.

Por vez primera, un problema que ha afectado a unos países más que a otros, ha sido considerado como un problema común, que requiere de respuestas comunes y que ha de emplear recursos comunes en su resolución. Parece poca cosa, pero resulta una novedad en toda regla sobre el transcurrir reciente de las instituciones europeas.

A diferencia de la respuesta que Europa planteó ante la crisis financiera de 2008, en esta ocasión no se ha apostado por medidas procíclicas de austeridad y ajuste fiscal, sino por políticas anticíclicas, de expansión del gasto, puramente keynesianas y socialdemócratas. Si en 2008 la estrategia estaba pensada para beneficio de los países más ricos, ahora las decisiones responden en mayor medida al interés común.

La dimensión de los recursos en juego adopta también, por vez primera, una escala europea. 750.000 millones de euros es una cantidad que evidencia una voluntad real para afrontar las consecuencias de la COVID-19, más allá de simulaciones, escenificaciones y postureos.

Los recursos se movilizan mayoritariamente en forma de transferencias y no créditos, a diferencia de otras ocasiones. Esos recursos se activan mediante deuda mutualizada contra el presupuesto europeo común, en una decisión histórica, medular y largamente reivindicada por los auténticos creyentes en la Europa federal.

Las ayudas se prestan sin condicionalidad sobre déficit y deuda, es decir, sin la contrapartida de los recortes sociales y sin la vigilancia de los “hombres de negro”, que tanto daño hizo antaño al proyecto europeo y tanto coste ocasionó sobre las condiciones de vida de millones de europeos del sur.

Las instituciones europeas, no obstante, estarán vigilantes para que los recursos comunes se empleen debidamente, en planes de inversiones orientados a la reactivación económica, la generación de empleo digno, la modernización del aparato productivo, la transición ecológica justa, la transformación digital… Pero esa supervisión funcionará mediante mayorías cualificadas y no a través de las viejas unanimidades, que otorgaban un irregular poder de veto a algunos gobiernos con intenciones no siempre loables.

En definitiva, el último Consejo Europeo se ha saldado con un éxito indudable para el interés de los españoles, y con un gran paso adelante para la vigencia y la fortaleza del proyecto ilusionante de la Europa común.

A lamentar tan solo las caras largas de la derecha española, cuyos dirigentes se equivocaron primero al obstaculizar las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, y vuelven a errar ahora lamentando unos acuerdos que todos los españoles valoran con acierto en lo mucho que importan para nuestro futuro.

¿MONARQUÍA?¿INDEPENDENCIA?¿Y SI DEBATIMOS SOBRE LO IMPORTANTE?

Estamos ante la encrucijada política más trascendente de esta generación. La pandemia ha convertido en dramáticos e inaplazables algunos de los grandes retos colectivos, como la fortaleza de los sistemas sanitarios, la actualización del capitalismo global, la lucha contra las desigualdades, o la naturaleza del proyecto europeo.

Estos son los grandes debates del tiempo presente. Serán debates que trascenderán las fronteras territoriales e ideológicas. Y de sus conclusiones dependerá el futuro de gran parte de la Humanidad, también de los españoles.

Por eso se entiende poco el empeño de algunos por reemprender ahora los debates que protagonizaban el escenario político pre-Covid. ¿La vigencia de la monarquía como forma de Estado? ¿La autodeterminación y la independencia en un mundo cada día más interdependiente? ¿Quién tiene la bandera más grande? ¿La “amenaza comunista” en el siglo XXI? ¿Gibraltar español?

¿De verdad vamos a perder tiempo y energías en polémicas interminables y estériles que nos sitúan a años luz de las grandes decisiones sobre las que el resto del mundo está edificando el futuro de todos? ¿Por qué no empleamos nuestras probadas capacidades para el análisis incisivo y la propuesta creativa en algo más productivo que zaherir al vecino con las viejas controversias arrastradas desde el siglo pasado? 

¿Y si los españoles decidimos de una vez poner el reloj en hora?

Ya vivimos a contrapié buena parte del siglo XX. Llegamos tarde a la industrialización, a la democracia, a la universalización de la enseñanza, a la integración europea, a la modernización de la economía… ¿También ahora vamos a entretenernos en porfías anacrónicas mientras otros construyen la era post-Covid?

¿Alguien se imagina a los alemanes discutiendo ahora sobre la duración del mandato de su Jefe de Estado o sobre la independencia de Baviera? No. Están pensando en otras cosas. Piensan en cómo mantener y mejorar su liderazgo económico, la resiliencia de su aparato productivo, su envidiable Estado de Bienestar, su papel en una Europa por definir, su influencia en un planeta multipolar… ¿Y nosotros con los borbones sí o borbones no? ¿En si mi bandera es más roja que la tuya?

Los sistemas sanitarios no están preparados para protegernos de una nueva pandemia como la sufrida durante los últimos meses. Seamos realistas. La economía global está varada, y carece de la regulación que ha de impedir crisis periódicas, sistémicas y devastadoras como las vividas antes, durante y, nos tememos, después del desastre Covid.

Están por definir y levantar los escudos sociales que protejan a la población más vulnerable de la amenaza del paro, la pobreza y la desigualdad. Y el proyecto europeo es, aún hoy, una página en blanco en la que unos quieren dibujar un simple mercado abierto y otros pretendemos rellenar con un gran proyecto de unidad, solidaridad, progreso, civilización y derechos de ciudadanía.

Los grandes avances sociales llegarán de la mano de grandes objetivos y grandes constructos políticos como la igualdad real entre hombres y mujeres, la transición ecológica justa, la transformación digital, la universalización equitativa de la educación, el reparto del trabajo, las rentas de ciudadanía… Ahí están los grandes temas de este tiempo.

Si un ciudadano o una ciudadana, haya sido rey o no, ha cometido delitos, que la justicia le investigue, le juzgue y le condene, como a todos los demás, desde luego, independientemente de cuál haya sido su estatus, su historia y su contribución a la democracia. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Pero de ahí a abrir un debate nacional sobre la revisión del pacto constitucional hay un trecho que puede resultar tan inoportuno como intrascendente.

Y recuperar la dialéctica soberanista, cuando la crisis de la Covid ha demostrado cuan irrelevantes son las fronteras a la hora de la verdad, y cuan dependientes somos en realidad unos de otros, puede convertir a los políticos en auténticos extraterrestres a los ojos de millones de ciudadanos preocupados por su salud, su familia, su empleo, su salario, su alquiler, su futuro…

Démosle una vuelta a las prioridades de la política española durante las próximas semanas estivales, e inauguremos el nuevo curso con la mayor coherencia posible entre nuestros debates y los auténticos retos a los que se enfrentan aquellos a los que hemos de representar y servir.

ES MÁS QUE UN NO A CALVIÑO

Habrá quienes se empeñen en hacer ver la elección del presidente del Eurogrupo como un revés para el Gobierno de España, o como un demérito para el perfil político y profesional de Nadia Calviño. Sin embargo, esta votación ajustadísima entre los ministros económicos de la UE refleja algo más profundo e inquietante: el predominio persistente de las opciones contrarias a la construcción de una Europa más solidaria, más democrática y, por tanto, más fuerte.

Calviño era la favorita para ocupar ese puesto, y lo era por su reconocida trayectoria personal en las instituciones de la Unión; por el apoyo explícito de las principales economías y los países más poblados del euro; por el respaldo transversal recibido, tanto en lo territorial como en lo ideológico; y por las claves no escritas para mantener los equilibrios en el mapa institucional de la Unión, tras haber recaído la presidencia de la Comisión en una figura conservadora y norteña.

La alianza de gobiernos que ha frustrado la esperada elección de Calviño responde a un interés tan claro como preocupante. ¿Qué ha unido a estos gobiernos? Su discrepancia con la armonización fiscal que España y otros países reclaman en la Unión. Su oposición a la legítima lucha de buena parte de Europa para acabar con las prácticas desleales del dumping fiscal, y con las prácticas directamente fraudulentas de los paraísos fiscales de facto. Y su rechazo a las figuras fiscales que han de gravar los beneficios de las multinacionales digitales y las transacciones financieras especulativas.

No son cuestiones menores. Es más, se trata de las cuestiones clave que hoy trazan la línea que distingue a los partidarios de Europa como espacio de progreso y solidaridad, respecto a los partidarios de Europa como espacio para el libre mercado y la competencia desregulada.

La primera acepción de Europa no solo es la más justa. Es la única viable. Si aquellos que obtuvieron ayer una victoria pírrica en el Eurogrupo, siguen marcando el paso de la construcción europea y continúan obstaculizando la integración solidaria, las corrientes eurofóbicas crecerán hasta hacerse imparables.

Pero el principio de la solidaridad no fue el único frustrado en la elección del presidente del Eurogrupo. El principio democrático también fue vulnerado, puesto que los gobiernos que representaban a la inmensa mayoría de la población europea fueron doblegados por los gobiernos contrarios a la armonización fiscal, mucho menos representativos en términos de población con derecho a voto.

Merece la pena analizar también el comportamiento del Partido Popular europeo en esta elección. A pesar del apoyo expresado por Merkel y del respaldo oficial, y en voz baja, de los populares españoles, la realidad es que el grueso de los partidos conservadores de Europa ha apostado por la opción irlandesa. Quizás hayan tenido algo que ver también los continuos reproches del partido de Casado en Europa al Gobierno de su propio país. La dirigencia del PP debiera reflexionar sobre ello.

La reacción de la propia ministra Calviño y del Gobierno español ha sido positiva. Se ha aceptado la elección de Donohoe con deportividad y se ha comprometido colaboración absoluta. Es lo que hay que hacer.

La siguiente batalla europea será decisiva. La definición y el reparto de los fondos para la reconstrucción social y económica servirán para establecer definitivamente el rumbo de esta Europa que muchos, pero no todos, queremos próspera, solidaria, justa y democrática. Y esa batalla hay que ganarla de la mano del liderazgo del presidente Sánchez.

RECONSTRUYENDO, SIN EL PP

El Congreso ya ha aprobado sus conclusiones para la reconstrucción social y económica en nuestro país. Han salido adelante con mayorías absolutas en los cuatro ámbitos de la sanidad, la economía, la política económica y la política europea. El consenso ha sido especialmente amplio en lo relativo al reforzamiento de la sanidad pública y las posiciones españolas ante la Unión Europea.

Se han alcanzado acuerdos de gran interés con casi todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía española, progresistas, conservadoras, liberales, nacionalistas… Sin embargo, hay un pero, un pero grave. El PP, principal partido de la oposición, ha antepuesto su afán de dañar al Gobierno y se ha negado a respaldar los acuerdos que necesita la sociedad española para afrontar las amenazas que se ciernen sobre su futuro.

El plantón del PP resulta significativamente grave ante el Consejo Europeo de este mes de julio, donde España se juega la llegada de 140.000 millones de euros, con los que financiar la reactivación de la economía, la generación de empleos dignos y el fortalecimiento de nuestro sistema nacional de salud. En Europa cotiza bien la unidad, pero el PP ha decidido negarle apoyo al Presidente del Gobierno en su negociación ante los socios europeos.

Han sido dos meses de trabajo intenso y enriquecedor en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Más de 150 comparecencias, miles de documentos, miles de aportaciones directas por parte de la ciudadanía, cerca de 1100 enmiendas presentadas, centenares de transacciones negociadas, cientos de horas de debates y más de cinco horas de votaciones… Un trabajo esforzado, que ha dado buenos frutos, y que aún los dará mejores ante el debate plenario que tendrá lugar en los últimos días de julio.

El escenario no era fácil. Se trataba de una comisión para acordar los fundamentos sobre los que reconstruir un país golpeado duramente por una enfermedad. Se trataba de hacerlo en muy poco tiempo, en pleno confinamiento, con un escenario político muy polarizado y a pocas fechas de las elecciones gallegas, vascas y, muy probablemente, catalanas.

Y a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias muy sustanciales conque unos y otros afrontamos los grandes retos de futuro, se han sustanciado y se han votado centenares de acuerdos sobre cuestiones de gran importancia. Más allá de las votaciones que las distintas formaciones políticas han formalizado en las conclusiones finales, muy influenciadas por el escenario preelectoral, hay que subrayar la cantidad y la calidad de los entendimientos parciales que se han puesto de manifiesto en estas semanas. Un buen augurio, por cierto, de cara a los debates presupuestarios en ciernes.

Nos hemos puesto de acuerdo en que es preciso reforzar el sistema nacional de salud, con nuevos y más relevantes recursos financieros, humanos, técnicos y organizativos. Hemos acordado que la reactivación económica debe desarrollarse en paralelo a la modernización de nuestro modelo productivo, con una transición ecológica justa, con la transformación digital pendiente, y asegurando la recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis anterior.

También se ha dado un acuerdo sustancial en la construcción de un escudo social amplio, que proteja a los más vulnerables, que combata la pobreza y que asegure la igualdad de oportunidades. Y la gran mayoría de las formaciones políticas han convenido en respaldar al Gobierno en la reclamación de fondos europeos para la reconstrucción, en el marco de una integración con firmes pilares sociales y de solidaridad en el seno de la Unión.

El PP ha vuelvo a cometer un error grave de cálculo. Es una constante. Cuando las urnas sitúan a la derecha en la oposición, sus dirigentes subordinan cualquier interés de país, cualquier ejercicio de responsabilidad colectiva, al objetivo prioritario de echar al PSOE del gobierno.

Casado sabe que las posibilidades de que el Gobierno de España obtenga fondos suficientes en Europa para financiar la reconstrucción de nuestro país, dependen en buena medida del apoyo interno que Pedro Sánchez pueda esgrimir ante nuestros socios. Pero, aún sabiendo esto, el PP boicotea las posiciones españolas con sus documentos, sus declaraciones y sus cartas a la Comisión. El viernes día 3 de julio se negó a respaldar las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción en el capítulo europeo, con la excusa peregrina de que no se reivindicaba con suficiente gallardía la recuperación del peñón de Gibraltar, ¡que se perdió hace siglos!

Aún más significativa fue la razón por la que el principal partido de la oposición se negó a apoyar las conclusiones de la Comisión en materia sanitaria. La derecha insistía en eliminar del texto el compromiso por la atención sanitaria universal y por la eliminación de los copagos farmacéuticos. Se trataba de exigencias que el PP sabía inasumibles, por injustas, para sostener su negativa a apoyar al Gobierno en estos momentos tan difíciles, cuando tan importante resulta el respaldo general al sistema sanitario que nos protege a todos de la enfermedad.

Seguimos reconstruyendo, sin el PP, y a pesar del PP, por desgracia.

EN EUROPA, TODOS DETRÁS DE PEDRO SÁNCHEZ

Más allá de los dimes y diretes domésticos que recorren los medios de comunicación, donde de verdad se la está jugando el país durante estos días, es en las negociaciones acerca de la distribución de las ayudas de la Unión Europea para superar la crisis ocasionada por la pandemia.

Todo lo demás, por relevante que nos parezca en la peculiar burbuja del debate partidario, queda a años luz en cuanto a trascendencia para el interés general y los retos que nos depara el futuro.

En consecuencia, cabe requerir a todas las fuerzas políticas, a sus líderes y portavoces, que contribuyan a fortalecer la posición de España en esas negociaciones en marcha, respaldando las gestiones que lleva a cabo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en representación del interés de todos los españoles.

Las ayudas de las instituciones europeas para afrontar las consecuencias de la COVID-19 llegarán fundamentalmente desde tres vías: los 750.000 millones de euros propuestos por la Comisión Europea para la reconstrucción social y económica; los 540.000 millones ya consignados a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y el SURE (el fondo europeo  de ayudas al desempleo); y los 200.000 millones listos a distribuir por el BEI (Banco Europeo de Inversiones).

En estos días se está negociando cuánto de estos fondos llegará a España, cuándo lo hará, con qué condiciones, y con qué naturaleza, cuánto en modo transferencia y cuánto en modo préstamo. Nada más y nada menos.

Es decir, del éxito o del fracaso de estas negociaciones en dependerán las posibilidades de la sociedad española para reforzar su sistema nacional de salud, para reactivar su economía, para generar empleo de calidad, y para sostener el escudo social levantado en defensa de los más vulnerables.

Por tanto, antes que el debate obtuso entre progubernamentales y antigubernamentales porque sí, entre populistas y anti populistas, entre indepes y contra indepes, en estas fechas conviene prestar atención al debate trascendental en el seno del Consejo Europeo, entre gobiernos “frugales” (insolidarios) y “exigentes” (solidarios).

La posición del Gobierno español responde a varias claves:

• El apoyo a las políticas europeas anticíclicas, de activación y estímulo de la demanda, en forma de nuevo “Plan Marshall”, como viene reclamando Pedro Sánchez;
• Unas ayudas europeas en forma de transferencia sin condicionalidad sobre déficit y deuda, fundamentalmente, para evitar las consecuencias indeseadas de la anterior crisis financiera;
• Unas ayudas que, sin embargo, alienten reformas positivas, como la transición ecológica justa y la transformación digital;
• La exigencia de que en esta crisis “nadie quede atrás” y se proteja de manera justa y eficaz a los colectivos más vulnerables;
• La necesidad de no retirar los estímulos económicos y las ayudas demasiado pronto, para no malograr la reactivación y no acrecentar las desigualdades;
• Aprovechar esta oportunidad para relanzar la integración europea a partir de los principios de la solidaridad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

El comportamiento del PP, el principal partido de la oposición, con importantes influencias en Europa, ha sido decepcionante.

Su portavoz parlamentaria en España descalificó las reclamaciones del Gobierno de España ante las instituciones europeas en términos de “mendicante”. Su portavoz parlamentaria en Europa remitió un informe a la Comisión Europea descalificando no solo al Gobierno, sino al propio Estado de Derecho español en su lucha contra el virus. Y el Gobierno conservador de la Comunidad de Madrid ha cuestionado la llegada de turistas europeos vía aeropuerto de Barajas.

El desmarque desleal del PP ha llegado, pues, de la peor manera y en el peor momento, debilitando las posiciones negociadoras del Presidente del Gobierno, y poniendo en riesgo la llegada de las ayudas imprescindibles para fortalecer nuestra sanidad, recuperar la economía y generar puestos de trabajo de calidad.

Tenemos una gran oportunidad en la Comisión parlamentaria de Reconstrucción para alcanzar acuerdos y consensos que ofrezcan la imagen de unidad y fortaleza, que ahora necesitamos para obtener el máximo rendimiento en las negociaciones europeas.

Ya habrá tiempo para los dimes y diretes. Ahora lo que conviene al país es ponernos todos detrás de Pedro Sánchez en la defensa del interés común en Europa.

EL ACUERDO SOLO PERJUDICA A LOS ULTRAS

En un escenario de crisis grave y riesgos de gran envergadura conviene cerrar filas. ¿En torno a quién o a qué? En torno al interés general. Es de sentido común.

Las amenazas que se ciernen sobre nuestro futuro más inmediato son extraordinarias. La pandemia no ha desaparecido, y el riesgo de los rebrotes es tan cierto como lo están experimentando en China y en Alemania, por ejemplo.

Para frenar al virus hemos tenido que parar la economía como nunca antes se hizo. Hemos tenido que enviar a millones de trabajadores a los ERTES. Aún sostenemos con fondos públicos la nómina de buena parte de los empleados por cuenta ajena y por cuenta propia…

Para salir de ésta con vida, y no digamos con cierto éxito, habremos de adoptar decisiones de gran alcance, movilizando voluntades y recursos como jamás antes hicimos.

Todo ello en el contexto de un Estado complejo, de un espectro político muy fragmentado y de una sociedad polarizada en exceso.

Necesitamos de grandes acuerdos para establecer las bases sobre las que afrontar amenazas y reconstruir el futuro. Y esos acuerdos han de ser amplios y transversales, sumando a las instituciones diversas, sumando a las fuerzas políticas distintas, y sumando a las instancias sociales diferentes.

Dicho de otra manera: la división añadirá más dificultades a las que ya nos arroja la crisis. Divididos y enfrentados entre gobiernos, entre partidos y entre ciudadanos, estaremos en peores condiciones para salir de ésta.

Los socios europeos, los agentes económicos, los interlocutores sociales, la ciudadanía en general, valorarán un país unido en lo fundamental, y castigarán a un país dividido en el momento más trascendental de su historia reciente.

Esto no quiere decir que debamos renunciar a nuestras ideas diversas y a nuestras identidades políticas diferentes. Ni mucho menos. No se trata tampoco de negar legitimidad o capacidad a la oposición democrática, absolutamente imprescindible.

Se trata de asentar unos cuantos consensos básicos sobre temas fundamentales para enfrentar la crisis y lo peor de sus consecuencias: qué hacer para fortalecer nuestro sistema nacional de salud ante el riesgo de las pandemias; qué pasos dar para resucitar nuestra economía y nuestro empleo con cierta solidez; qué recursos movilizar para que nadie quede atrás, en la cuneta de la exclusión social; y cómo fijar una posición común para obtener las ayudas que necesitamos de la Unión Europea.

Y a partir de estas bases comunes, que nos fortalezcan como país ante los retos del futuro, que cada cual mantengan sus propias ideas, sus propio modelo de sociedad y su propia agenda política. La diversidad constituye la esencia de la democracia.

¿A quiénes perjudica el acuerdo en torno a las bases para la reconstrucción del país? Solo a los ultras, a aquellos que buscan obtener beneficio político de la división, a costa del interés general.

La derecha española parece vivir en estos días ante el dilema de seguir el ejemplo de las formaciones conservadoras europeas que cierran filas ante el interés general, o seguir transitando el camino de la confrontación y la desestabilización que marca la ultraderecha.

Ojalá acierten en sus decisiones. Su propio futuro y el de todos depende en buena medida de cómo salgan de esta encrucijada.

Desde el Gobierno de España y los grupos políticos que le apoyan en el Parlamento estamos dispuestos y listos para sumar fuerzas y atender unidos las urgencias del interés general. Ya habrá tiempo para las distinciones y la sana confrontación electoral.

EL INGRESO DE LA DIGNIDAD

La estrategia permanente de desestabilización que impulsa la derecha no puede oscurecer la celebración de una medida de alcance histórico como el Ingreso Mínimo Vital.

Se trata de una decisión que justifica por sí sola la constitución del Gobierno de coalición progresista, pero que va mucho más allá en sus consecuencias, porque contribuye a legitimar la actividad política que la impulsa y a dignificar la sociedad donde se aplica.

La votación del pasado día 10 de junio no fue una más de las que se producen cada semana en el Congreso. Esa votación se corresponde con un modelo de sociedad determinado, con la aplicación práctica de unos valores cívicos muy concretos y, en definitiva, con una manera específica de entender la convivencia.

Hay otros valores y otras maneras de vivir en sociedad, pero quienes votamos la aplicación del Ingreso Mínimo Vital lo hicimos desde los valores de la igualdad y la solidaridad, apostando por una sociedad que no se desentiende de la suerte de los más vulnerables, sino que les reconoce el derecho a vivir con dignidad y se responsabiliza del ejercicio universal de ese derecho.

El Nobel de economía Joseph Stiglitz dejó escrito que un sistema socioeconómico que no proporciona los medios para vivir con dignidad a una parte significativa de la población, es un sistema amenazado en su supervivencia misma.

El Ingreso Mínimo Vital tiene un propósito triple: erradicar la pobreza, especialmente la pobreza infantil; favorecer la inclusión social de los excluidos o con riesgo de exclusión; y reactivar la economía, por cuanto el cien por cien de estas prestaciones irán destinadas al consumo inmediato.

Los reparos y objeciones a la medida han llegado desde los ámbitos y con los argumentos más previsibles. Algunos provienen de la ignorancia, otros de la falta de sensibilidad, y los más de un apriorismo ideológico insolidario, que casa mal con los valores predominantes en la sociedad española.

El Ingreso Mínimo Vital no “fomenta la vagancia”, porque sus beneficiarios no han caído en la pobreza por voluntad propia, y la prestación conlleva itinerarios de inserción social y laboral. No “abre la puerta al fraude”, al menos no en mayor medida que cualquier otra ayuda que afecte a cualquier otro colectivo, porque los requisitos y controles son los adecuados para evitarlo.

Tampoco produce “efecto llamada”, porque los receptores habrán debido residir durante el año previo en nuestro país. Ni causará “caos competenciales” con otras administraciones, porque se ha estudiado y acordado su aplicación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

“Es muy caro”, dicen algunos, “más de 3.000 millones”, pero es que en España somos mayoría, por suerte, los que consideramos mucho más caro, inasumible, insoportable incluso, el precio de ignorar la pobreza.

Hasta el PP se vio obligado a respaldar la medida, a pesar de sus críticas mordaces y sus titubeos hasta minutos previos a la votación. No obstante, evidenció su hipocresía al votar al día siguiente contra la instauración de un impuesto sobre la especulación financiera, muy justo, y que ayudará a sufragar la prestación.

El ingreso es mínimo, ciertamente, pero la dignidad que aporta al conjunto de nuestra sociedad es infinita.

NO ES CRISPACIÓN, ES DESESTABILIZACIÓN

Lo expresó con claridad la portavoz socialista Adriana Lastra en el Pleno del Congreso: “Han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España. Esta es su estrategia y ya es hora de decirlo abiertamente”.

La Vicepresidenta Calvo lo planteó también con igual rotundidad: “¿En qué andan ustedes contra el Gobierno constitucional de España, en el peor momento para este país?”.

Durante las últimas semanas, el debate público ha tratado sobre la “crispación” de la vida política española, generalmente en términos de espontaneidad, como si tal conducta se hubiera generalizado en toda la “clase política”, y como si “todos los políticos” fueran responsables por igual de las consecuencias negativas de tal conducta.

Solo que no hay espontaneidad alguna en los comportamientos crispadores, y no son en absoluto achacables por igual a todos los representantes públicos y, desde luego, los responsables de su promoción son perfectamente identificables.

Estamos, efectivamente, ante una estrategia premeditada de las derechas españolas para desestabilizar las instituciones democráticas, y así promover la caída del Gobierno constitucional de nuestro país.

Nadie va a quejarse de que la oposición haga oposición. Faltaría más. Toda la oposición que haga falta. Tampoco nos quejaremos de que la oposición se limite a criticar todo lo que hace el Gobierno, sin reconocer jamás acierto alguno, y sin plantear propuesta alternativa alguna. Están en su derecho.

Ni tan siquiera lamentaremos que utilicen sistemáticamente un tono desabrido, insultante, exagerado, plagado de adjetivos descalificadores… Estamos acostumbrados al mal estilo de la derecha. Nada que objetar.

No. Lo que denunciamos es otra cosa, y nada tiene que ver con el ejercicio legítimo y constitucional de la oposición democrática. Denunciamos el intento de dañar dolosamente a las instituciones de nuestra democracia para tumbar al Gobierno de la nación.

Y no es la primera vez. Ya lo confesó Luis María Ansón respecto a otros tiempos: “Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado”.

No estamos ante el problema de un tono incómodo e inconveniente en el debate político normalizado. Estamos ante un problema para la democracia española, en un momento muy delicado de nuestro país, cuando hemos de hacer frente a una terrible crisis sanitaria y cuando hemos de afrontar una no menos dramática reconstrucción social y económica.

“Les avisamos de que no podrían gobernar”, espetó Pablo Casado al Gobierno en el Congreso. “Pretenden gobernar sin permiso”, le siguió inmediatamente una de las portavoces populares. Como si hubiera de tratarse como usurpador a cualquier Gobierno en España no conformado por las derechas.

“Este Gobierno es una dictadura”, “una dictadura constitucional”, “una alarma dictatorial”, “un Gobierno despótico”, “un estado de excepción encubierto”, “una agenda autoritaria”, “planes totalitarios”, “un Gobierno aliado de narco-tiranías asesinas”, “Gobierno ilegítimo”… Buena parte de las descalificaciones que vierten Casado, Abascal, Álvarez de Toledo, Olona, García Egea y demás portavoces, no tratan tan solo de criticar al Gobierno, sino de deslegitimarle, legitimando así las acciones encaminadas a tumbarle.

Hablan falsamente de “Parlamento cerrado” y de “Parlamento secuestrado”, y ¡lo hacen desde la propia tribuna del Parlamento perfectamente abierto! Pretenden, incluso, escenificar un falso enfrentamiento del Gobierno con instituciones emblemáticas de nuestra democracia, como la Guardia Civil, respecto a las que el ejecutivo muestra cada día la máxima consideración y respeto por su labor al servicio del bien común.

De hecho, la estrategia de la desestabilización por parte de las derechas ha quedado al descubierto al reclamar abiertamente algunos de sus portavoces la constitución de un “Gobierno de concentración”. Abascal y compañía proponen, por tanto, derrocar al Gobierno legítimo salido de las urnas, y poner al frente del país otro Gobierno, por voluntad de aquellos que perdieron las elecciones.

Para facilitar las cosas, y por si acaso hubiera resistencias, esas mismas derechas ya promueven el paso de los gobernantes legítimos a la cárcel, previo trámite engorrosamente preceptivo por los tribunales de Justicia. “Por autorizar las manifestaciones del 8-M”, dicen, y se traicionan a sí mismos exponiendo, puede que inconscientemente, algunos de sus planes. Con la Constitución de 1978, y con este Gobierno vigente, el derecho de manifestación no está sujeto a autorización gubernativa alguna. Podemos adivinar qué nos reservan aquellos otros para el futuro.

Se apropian de los símbolos de todos, bandera constitucional incluida, para arrojarla como un arma contra sus enemigos políticos. Provocan riesgos para la salud de miles de personas, convocando manifestaciones sin seguridad sanitaria, en plena pandemia. Insultan e injurian gravemente a las familias de los gobernantes, para después denunciar la respuesta de los insultados e injuriados. Utilizan las instituciones donde gobiernan, para sustituir la colaboración leal exigible por la confrontación gratuita y esterilizante…

No es crispación. Es desestabilización. Y hacen daño. Al Estado, a la democracia, al interés general. En el peor momento. Cuando nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestras vidas.

Buscan desestabilizar las instituciones y tumbar al Gobierno, pero no van a conseguir ni una cosa ni la otra.

La democracia española es una democracia madura. Nuestras instituciones son instituciones fuertes, a prueba de agresiones desestabilizadoras. El pueblo de España es un pueblo con sólidas convicciones democráticas. No nos llevarán atrás, aunque lo intenten.

Y hay Gobierno progresista para rato. Para cuatro años. Se llama democracia.

ALARMA, SALUD Y PARTIDISMO

Practicar la política y practicar el partidismo son términos que a menudo se confunden y se intercambian en el debate público. Sin embargo, responden a actitudes y comportamientos muy diferentes.

Hacer política es, básicamente, contribuir al bien común, ejerciendo responsabilidades públicas o participando como ciudadano en el debate de ideas y propuestas. Una participación política activa y dinámica por parte de la ciudadanía, incluso desde posiciones contrapuestas, redunda siempre en la mejora de la democracia.

Hacer partidismo es cosa distinta, porque equivale a priorizar y anteponer el interés de la parte o del partido al que pertenecemos o con el que nos identificamos. Y esta conducta no siempre es positiva, ni tan siquiera aceptable. Sí puede serlo en una contienda electoral, por ejemplo. No lo es cuando está en juego el interés general.

El debate y la votación en el Congreso de los Diputados sobre la prórroga del Estado de Alarma era un debate para hacer política, no para hacer partidismo.

La pandemia se ha llevado por delante ya miles de vidas, y sigue amenazando la salud y la supervivencia de millones de españoles. Para contener la expansión de la enfermedad y proteger la salud de nuestras familias, por tanto, es preciso aplicar medidas de limitación de la movilidad, de confinamiento, de desescalada bajo control…

Y estas medidas solo se pueden llevar a cabo bajo el Estado de Alarma. No hay otra manera de hacerlo. No hay duda jurídica o política al respecto. Quienes hablan de “planes b”, están gravemente confundidos o, aún peor, pretenden confundir dolosamente a los españoles.

Los grupos parlamentarios que votaron NO a la prórroga del Estado de Alarma practicaron el peor de los partidismos. Antepusieron sus propios intereses partidarios y egoístas sobre el interés general y el bien común. Priorizaron su voluntad de dañar al Gobierno de España sobre su responsabilidad de contribuir a preservar la salud y la vida de los españoles.

¿Alguien puede imaginar qué hubiera ocurrido a partir de este fin de semana si hubiera dejado de tener vigencia el Estado de Alarma? El descontrol, el caos y el miedo se hubieran generalizado. El fin de las limitaciones a la movilidad, la derogación de las fases de desescalada, la ausencia de mando sanitario coherente… hubieran facilitado el rebrote de la pandemia y hubieran puesto en riesgo la salud y la vida de muchas personas.

El PP ha dimitido de su responsabilidad como partido de Gobierno y ha dejado tirados a los españoles ante una crisis gravísima.

Vox utiliza el virus para intentar derrocar a un Gobierno legítimo, por las buenas o por las malas.

Y otros grupos han esgrimido argumentos inaceptables para oponerse a una decisión que no respondía a claves políticas o ideológicas, sino al simple y dramático objetivo de salvar vidas.

Gracias a los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno de España, gracias a las alianzas y acuerdos alcanzados, y gracias también al buen trabajo de la portavoz socialista Adriana Lastra, la prórroga del Estado de Alarma volvió a salir adelante.

Pero los españoles no olvidarán el comportamiento de unos y otros ante la mayor crisis de nuestras vidas.

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

La iniciativa fue del Presidente socialista del Gobierno. El liderazgo en el Congreso ha sido de la portavoz y vicesecretaria general socialista. El PSOE ha apostado fuerte por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

El Presidente acordó con el jefe de la oposición situar esta Comisión en el ámbito parlamentario, con la legitimidad democrática, la formalidad institucional y la transparencia pública que ello conlleva.

Los primeros pasos están siendo prometedores. Tanto el Plan de Trabajo, como la relación de comparecientes, la documentación a recabar y el calendario de tareas han sido elaborados desde el entendimiento entre distintos y aprobados con una mayoría amplísima. De hecho, en el clima político en el que vivimos, este tipo de acuerdos resultan cuando menos una originalidad esperanzadora.

Los participantes en esta Comisión partimos de un análisis necesariamente común. Nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestro tiempo. Buena parte del mundo en el que vivíamos ha sido fuertemente golpeado por el virus y sus consecuencias. Ahora toca reconstruir lo destruido, movilizando recursos y energías como nunca antes lo hicimos.

Se trata de levantar los fundamentos de lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”, un statu quo nuevo que preserve las conquistas de nuestra civilización y, a la vez, nos proteja de las amenazas emergentes. El reto, además, consiste en tomar el drama presente como una oportunidad de mejorar el futuro.

Solo hay una manera de afrontar este reto con alguna posibilidad de éxito, y es hacerlo desde la voluntad sincera de entendimiento y de acuerdo entre los principales actores políticos, sociales y económicos del país. El desafío es de tal envergadura, que solamente podrá abordarse sumando ideas y esfuerzos.

Las formas acordadas para el funcionamiento de la Comisión son las más adecuadas para este propósito. Las comparecencias y las propuestas aportadas desde el conjunto de la sociedad nos permitirán escuchar voces distintas. Los grupos de trabajo posibilitarán el encuentro, el diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas diversas. Y la dinámica de propuestas, enmiendas y votaciones asegura transparencia, diligencia y democracia.

Los contenidos a desarrollar están bien apuntados en el Plan de Trabajo de la Comisión:

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA. Analizar la situación de nuestro sistema sanitario y de salud pública y concretar medidas para: 1 el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y sus planificaciones futuras, incluyendo dentro de este objeto las condiciones de salud pública y bienestar a establecer en las residencias de personas mayores, y 2, el reforzamiento del sistema de Salud Pública, en particular, su capacidad de vigilancia, antelación y respuesta ante eventuales emergencias sanitarias, atendiendo a la experiencia de la presente crisis de la COVID-19. En ambos casos, las medidas se plantearán con respeto al reparto de competencias en dichas materias derivado de la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Acordar los pilares en los que deberá sustentarse la reactivación económica y la modernización del modelo productivo en sus diversos sectores, con especial atención a aquellos más afectados por la crisis. Se dará relevancia al objetivo de acometer una transición ecológica determinada y justa, además de la diversificación productiva, y el impulso a la economía social, solidaria y de proximidad. Se tratará también la garantía de los derechos laborales y de conciliación de los trabajadores y las trabajadoras, analizando las fórmulas de teletrabajo, la prevención de la seguridad y la salud en el trabajo, la reforma horaria y los modelos de empleo vinculados a la conciliación de la vida personal y familiar. Asimismo, se incluirán propuestas relativas a la transformación digital, la ciencia y la investigación, entre otros aspectos, con respeto al marco competencial vigente.

POLÍTICAS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS. Acordar medidas para el refuerzo de nuestro sistema de protección social y de los cuidados, de forma que se pueda garantizar la dignidad y el bienestar de las personas que resulten más vulnerables como consecuencia de esta crisis. Se tratarán también las políticas educativas y culturales. Las políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres tendrán también un papel importante. Y se incluirán, asimismo, propuestas de mejora del sistema fiscal que ha de contribuir a la financiación de las políticas públicas y al pleno ejercicio de aquellos derechos sociales.

UNIÓN EUROPEA. Establecer criterios comunes en la fijación de la posición española respecto a la respuesta de las instituciones europeas a la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas.

Las palabras del Presidente de la Comisión, también socialista, al finalizar la primera reunión de trabajo, reflejan bien el sentimiento general:

“Hoy hemos dotado de contenido el Plan de Trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Y lo hemos hecho alcanzando acuerdos entre diferentes y con amplias mayorías. Sin broncas ni exabruptos. Con política. Sigamos ese camino.”

Ojalá todos y todas sepamos estar a la altura de tan altas expectativas.