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Archive for the ‘España’ Category

En estos días todos los españoles conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución de 1978 y la gran mayoría, además, la celebramos. Solo desde la ignorancia o desde un interés muy parcial y espúreo puede negarse el servicio extraordinario que la Constitución vigente ha prestado al conjunto de los españoles, tanto en términos de desarrollo social, económico y cultural como en garantía de derechos y libertades. En una perspectiva histórica, además, puede afirmarse sin temor a exagerar que esta Constitución supone el mayor logro colectivo de los dos últimos siglos en nuestro país.

Junto a la conmemoración y la celebración, durante estas jornadas cabe expresar el propósito firme de defender la Constitución y el pacto de convivencia en paz y en libertad que conlleva. Sin embargo, frente a lo que expresan algunos, el mejor modo de defender la Constitución Española no es petrificarla y blindarla ante cualquier análisis crítico o propuesta de modificación. Por el contrario, la experiencia demuestra que la manera más eficaz de asegurar la vigencia, la continuidad y la estabilidad de un texto constitucional consiste precisamente en promover su adaptación flexible a la realidad social de cada momento histórico.

Por lo tanto, entre las opciones de “mutación” o modificación constitucional, cabe apostar por la segunda, porque la simple interpretación abierta de su contenido no satisface ya las muchas y bien fundamentadas demandas de cambio. Entre la rectificación menor o la reforma mayor de la Constitución, es preciso seguir el camino más ambicioso y eficaz de la reforma. Ahora bien, entre la reforma de la Carta Magna y la apertura de un proceso constituyente, que parta de cero, ignorando lo acordado, lo vivido y lo logrado con el texto vigente, resulta mucho más inteligente optar por la reforma derivada del pacto de 1978 y limitada por el respeto a sus cimientos más firmes.

La diferencia entre la reforma constitucional que defendemos muchos y el proceso constituyente que reclaman algunos consiste en que la primera vía, a diferencia de la segunda, respeta y no pone en riesgo los elementos identitarios de la comunidad política que hemos construido exitosamente en este país durante los cuarenta últimos años: la democracia, el Estado Social y Democrático de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la pluralidad ideológica, la unidad territorial y la descentralización política… En consecuencia, cualquier propuesta válida de reforma constitucional debe condicionarse a la búsqueda de cambios limitados, bien justificados en una amplia demanda social, y con el firme propósito de alcanzar consensos de cuantificación asimilable al alcanzado en 1978.

Los planteamientos radicales que algunas fuerzas políticas están llevando a cabo durante estos días ignoran estas prudentes condiciones y alejan cualquier posibilidad de reforma constitucional. La reclamación de Podemos respecto al cambio en la forma de Estado y la abolición de la monarquía parlamentaria afecta de lleno a uno de los fundamentos básicos del pacto constitucional, además de alejarse de los objetivos realmente estratégicos para la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Algo parecido ocurre con las últimas propuestas de Pablo Casado al frente del PP sobre la recentralización del Estado y la marcha atrás en la España de las Autonomías. Y, desde luego, las exigencias de autodeterminación en las formaciones separatistas o la ignorancia de los más elementales derechos humanos por parte de la extrema derecha, se sitúan en las antípodas de una reforma viable para la Constitución de 1978.

No obstante, ¿hay que tirar la toalla ante el objetivo de mejorar nuestra Constitución? Desde luego que no. Habría, al menos, cinco grandes vectores de reforma constitucional perfectamente alineados con el bien común y susceptibles de lograr grandes consensos.

  1. La máxima protección constitucional para algunos derechos de ciudadanía, como la atención sanitaria o las pensiones.
  2. Medidas para la regeneración y el mejor funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, como la limitación de los aforamientos o el cambio en el método de elección del presidente o presidenta del Gobierno, para evitar bloqueos.
  3. Atención constitucional a objetivos de gran sensibilidad social, como la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra el cambio climático.
  4. La constitucionalización del compromiso de la sociedad española con la integración europea.
  5. La reforma del Título VIII para construir un modelo territorial en nuestro Estado que conjugue unidad territorial y autogobierno efectivo en los territorios, igualdad de derechos y derecho a la diferencia, descentralización y lealtad hacia el bien común, subsidiaridad y eficacia. Para este último objetivo hará falta clarificar competencias, constitucionalizar principios de financiación territorial, diseñar mecanismos útiles de colaboración y cooperación territorial, hacer del Senado una cámara interesante de representación territorial…

Conmemoremos todos juntos la Constitución, celebremos sus logros con la gran mayoría de españoles constitucionalistas, y propongámonos defenderla mediante una reforma ambiciosa y consensuada que nos proporcione, al menos, otros cuarenta años desarrollo y convivencia en libertad.

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Durante los últimos días he tenido que responder preguntas y apreciaciones de estudiantes universitarios, vecinos, viandantes y hasta compañeros de partido a propósito de la imagen que se ofrece del trabajo parlamentario.

Los hechos lamentables de estas jornadas han servido también para que algunos analistas y comentaristas, supuestamente mejor informados, promuevan los peores tópicos sobre el comportamiento de nuestros diputados y senadores.

Se generalizan las acusaciones acerca de un estatuto privilegiado que se corresponde mal con el trabajo generalmente escaso, de baja calidad, ineficaz, sectario, mal educado y moralmente reprochable.

Solo que no es así. Solo que se trata de un tópico falso, injusto y, para los que trabajamos duro cada día en el Parlamento, se trata de un tópico doloroso.

Porque la gran mayoría de los diputados y los senadores, junto a los cientos de trabajadores en ambas Cámaras, y junto a los miles de organizaciones y ciudadanos que colaboran voluntariamente, desarrollan una labor inmensa, intensa y encomiable para mejorar la vida de los españoles.

Cada cual, desde sus principios y convicciones, a veces con éxito y a veces sin éxito, pero casi siempre con la mejor voluntad, honestamente, y con una disposición para el diálogo y el acuerdo que resulta ignota y resultaría sorprendente para muchos de sus representados.

Es cierto que unos pocos actúan de forma reprochable. Por falta de ideas, por deshonestidad o por la voluntad manifiesta de emponzoñar la vida política y procurar daño colectivo. En algunos casos, incluso, se une la estulticia con la corrupción moral y el dolo. Pero no se puede juzgar al todo por la parte, especialmente por la parte ínfima y por la peor parte.

A modo de ilustración. Solo en la semana del 19 a 23 de noviembre. Solo en el Congreso. La actividad parlamentaria ha dado para todo lo siguiente.

En el pleno hemos tomado en consideración la Ley que aporta verdad, justicia y reparación a las víctimas de los bebés robados. Y hemos aprobado la Ley que mejora la protección de los ciclistas en carretera.

Y hemos convalidado dos Reales Decretos Leyes que adjudican el pago del impuesto de las hipotecas a los bancos, y que aumenta las multas a las concesionarias de autopistas que no dedican suficientes recursos para evitar los colapsos durante las nevadas.

Y hemos superado las enmiendas a la totalidad para las leyes que regulan las prácticas universitarias, las reglas de gasto en la financiación municipal y la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aportará 6000 millones de euros extras en el gasto social.

Y hemos tratado dos declaraciones institucionales muy trabajadas sobre la lucha contra la violencia de género (por la celebración el próximo 25 de noviembre del día contra este tipo de violencia) y sobre las manifestaciones de cultura popular que propondremos como patrimonio inmaterial de la Humanidad en la UNESCO.

Además, se han celebrado reuniones de varias ponencias para avanzar en las leyes que regulan los créditos inmobiliarios (para que los hipotecados solo tengan que pagar la tasación), que mejoran la transparencia en los secretos empresariales, que previenen la financiación de actividades terroristas, que combaten la discriminación por orientación sexual, que conceden la nacionalidad española a descendientes en el extranjero, que facilitará el voto para los españoles residentes fuera de España, que compensan a las víctimas del amianto… En estos días se trabaja sobre más de 40 iniciativas de ley en ponencia y otras 40 en fase de elaboración de enmiendas.

También se ha trabajado en comisiones legislativas, comisiones de investigación y subcomisiones. La Comisión de Ciencia y Tecnología ha debatido 10 propuestas no de ley sobre competencias digitales y ayudas a investigadores. La Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del PP ha sustanciado las comparecencias de Trillo y Matas. La Comisión de Seguridad Nacional ha recibido a un experto en ciberseguridad.

La Comisión de Defensa ha trabajado con INDRA en materia de seguridad y tecnología. La Comisión de Transición Ecológica ha tratado la comparecencia del Secretario de Estado para el Cambio Climático y ocho preguntas sobre seguridad nuclear y contaminación. La Comisión de Seguridad Vial ha visto una decena de propuestas sobre vehículos no contaminantes, el carnet por puntos y la señalética viaria. La Subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha comenzado a trabajar en su informe sobre cotizaciones y prestaciones.

La Comisión de Educación ha recibido informes orales de las asociaciones Save the Children y Secretariado Gitano. La Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad ha atendido las reivindicaciones de cuatro entidades del sector. La Comisión que investiga el accidente de Angrois ha tratado nuevas comparecencias para esclarecer hechos y responsabilidades. La Comisión de Infancia y Adolescencia ha debatido y votado seis proposiciones no de ley sobre derechos de niños y niñas.

La Comisión de Evaluación del Estado Autonómico ha tratado las comparecencias de dos expertos constitucionalistas. La Comisión de Fomento ha formulado y contestado una veintena de preguntas sobre infraestructuras y sistemas de transporte en todos los territorios de España. La Comisión de la Unión Europea ha recibido la comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea en un debate sobre el Brexit, el Consejo Europeo del día 25 y la situación de Gibraltar.

Además, se han celebrado jornadas sobre industrias culturales, mujeres juristas y servicios sociales. Se han presentado libros a propósito de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. Y cada diputado y diputada ha celebrado decenas de reuniones sectoriales y ha realizado decenas de actuaciones propias de su circunscripción…

Solo en el Congreso. Solo en cinco días.

El trabajo parlamentario debe valorarse por algo más que unos cuantos insultos y un escupitajo.

Por favor.

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Las derechas de PP y Ciudadanos llevan meses intentando situar en el primer plano de la actualidad política el supuesto ultraje permanente a los símbolos patrios y la necesidad perentoria de protegerlos de sus muchos enemigos.

La portavoz del PP en el Congreso ha llevado tal estrategia al paroxismo de proponer una nueva Ley, que castigue a quienes cometan “demérito” o “desprestigio” de los símbolos nacionales con cese e inhabilitación de hasta diez años para ejercer cualquier cargo público.

Evidentemente, los símbolos de la nación constituyen un factor importante para ensalzar los principios que fundamentan nuestra convivencia en democracia. Y la ofensa a tales símbolos equivale a una ofensa a la colectividad, por lo que merece reproche social, incluso jurídico.

De hecho, el Código Penal ya castiga con penas muy relevantes a quienes cometan ultraje a la nación, a su unidad y a sus símbolos. Se trata de fuertes multas aplicadas sobre aquellos que injurian o desprecian públicamente, de palabra o con hechos, a tales símbolos y lo que ellos representan. Si el “símbolo” afectado es el Rey, además, las penas son de cárcel.

Y si los símbolos ya están protegidos ante sus eventuales ultrajadores, incluso penalmente protegidos, ¿por qué esa insistencia?

Debe añadirse que estos tipos penales no son pacíficos, ni en el debate social ni en la doctrina jurídica. Si la tipificación actual ya supone un riesgo apreciable para el ejercicio de la libertad de expresión, garantizada en la Constitución, ¿qué se pretende con la propuesta para su agravamiento?

En realidad, no hay nada más inconstitucional que la utilización de la Constitución como arma arrojadiza contra el adversario político. Y no hay nada más anti español que intentar apropiarse de los símbolos colectivos para deteriorar al contrincante político y obtener alguna baza electoral.

El pacto constitucional que ahora conmemoramos sirvió precisamente para acabar con siglos de enfrentamiento cainita, y la Constitución es la herramienta que sostiene la convivencia en libertad. Erigirse falsamente en defensor único de la Constitución y acusar al adversario político, con igual falsedad, de ignorarla o despreciarla, supone en sí mismo la mayor traición posible a nuestra Carta Magna.

Hacer este tipo de acusaciones sobre los dirigentes independentistas puede entenderse en algunos extremos, pero intentar sumar al PSOE en el totum revolutum de los enemigos del constitucionalismo, representa una falacia y una ofensa absolutamente intolerables.

Ni tan siquiera la ansiedad de las derechas por la reciente pérdida del poder, o el contexto de campaña electoral, justifica acusar de beligerancia contra la Constitución al único partido del actual espectro político que tuvo una participación protagonista en su elaboración y aprobación.

Por otra parte, la mejor manera de promocionar el apego de los españoles al proyecto colectivo y a sus símbolos nacionales no consiste en aumentar las penas para sus ofensores, sino en aumentar las motivaciones para tal apego.

Y, desde luego, la insistencia de PP y Ciudadanos para que naufraguen unos presupuestos que conllevan subidas salariales, mejora de las pensiones y el fin de los copagos farmacéuticos, no ayuda a que los españoles se despierten cada día más orgullosos de serlo.

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El episodio lamentable de las sentencias contradictorias en el Tribunal Supremo ha reverdecido dos debates interesantes para determinar la calidad de nuestra democracia: la libertad de crítica a los jueces y la garantía de su independencia. 

La estabilidad y la calidad de la democracia no se resiente cuando la ciudadanía ejerce la crítica sobre las actuaciones de sus poderes, se trate del ejecutivo, del legislativo o del judicial. En ocasiones, los jueces, como los ministros y los diputados, actúan de manera anómala, incorrecta o irregular, y la ciudadanía tiene derecho a manifestar su disconformidad y su reproche.

El daño a la democracia y a la Justicia no deviene de la crítica legítima sino de la influencia ilegítima y del desacato explícito o disimulado. A la democracia y a la Justicia se la daña también cuando se la mal utiliza y se la manipula. Se la daña incluso cuando, sin serlo, la Justicia aparece como influenciable, manipulable e injusta. Pero no cuando se critica a los jueces. 

El otro debate, el relativo a la independencia de los jueces, ha dado un giro inesperado e interesante a propósito del posicionamiento del Supremo en favor de los intereses bancarios.

Mientras Ciudadanos (el partido) y otros grupos derechistas intentaban situar el debate sobre la independencia judicial en la crítica a la elección parlamentaria (y democrática) de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, millones de ciudadanos (de a pie) caían en la cuenta de que lo realmente importante es garantizar que los jueces sean independientes respecto a otros poderes no democráticos, como los poderes financieros. 

Realmente es preciso asegurar que tanto los miembros del gobierno de los jueces como los propios detentadores del poder jurisdiccional ejercen sus funciones con independencia. Pero esto no quiere decir que unos y otros deban ser personas sin atisbo de inclinación ideológica o de convicción política. Fundamentalmente porque esas personas no existen. Se trata simplemente de lograr que actúen en el ejercicio de sus responsabilidades con honestidad, con rigor, con imparcialidad, y con independencia respecto a interés parcial o partidario alguno. 

Los vocales del CGPJ ejercen tareas muy relevantes, como la inspección, la formación, los nombramientos o las sanciones a los jueces. Deciden, por ejemplo, si hay que reforzar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia de género y cómo hacerlo. Y aún contando con su comportamiento honesto e independiente, importa su ideología, su trayectoria, su pensamiento.

¿Quién ha de determinar en una democracia de calidad el perfil de esos vocales? ¿La voluntad corporativa de los propios jueces, como plantea Ciudadanos, o la voluntad de la ciudadanía española a través de sus representantes legítimos en el Parlamento? ¿Y quién dice que los vocales elegidos por los representantes democráticos (e ideológicos) de los españoles serán menos independientes que los vocales eventualmente elegidos por las asociaciones profesionales (e igualmente ideológicas) de los propios jueces? 

Las funciones jurisdiccionales de los jueces y su papel en el control de legalidad resultan igualmente determinantes para la vigencia del Estado democrático de derecho. En consecuencia, también resulta prioritario garantizar su ejercicio en condiciones estrictas de independencia e imparcialidad. Independencia e imparcialidad respecto a los otros poderes democráticos, desde luego, pero también respecto a los demás poderes, en la economía o en los medios de comunicación, por ejemplo. Y esta garantía quizás exija adoptar respecto a la judicatura algunas de las medidas de transparencia que ya se aplican en el ámbito de los poderes ejecutivo y legislativo.

En conclusión, los jueces y las juezas deben ser independientes, respecto a los intereses políticos y respecto a otros intereses también. Además, deben parecerlo. Y esta es una tarea en la que quizás haya que ayudarles desde una sociedad cada día más exigente con la calidad de su democracia.

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Durante los últimos meses, una parte de la izquierda española insiste en la crítica a la institución monárquica con una intensidad y una recurrencia difíciles de entender. Sea cual sea el asunto a tratar, desde la eliminación de los aforamientos a la regulación de la libertad de expresión, desde el comercio de armas al caso Villarejo o el conflicto catalán, los portavoces de Podemos, Izquierda Unida y ERC, entre otros, insisten en la estéril descalificación al monarca.

El debate doctrinal en torno a la forma de la Jefatura del Estado resulta indudablemente interesante. Las ventajas y los inconvenientes de contar con un Rey o un Presidente dan lugar, de hecho, a centenares de tesis y libros del mayor interés. La regulación de sus funciones y prerrogativas también estimula con toda lógica el trabajo de juristas y politólogos. Se entiende, incluso, el seguimiento singular de las actividades del Rey por una parte de los medios de comunicación, y la curiosidad general por las idas y venidas de su notoria familia.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la forma de la Jefatura de Estado es parte fundamental del Pacto Constitucional, y sabiendo que su eventual revisión jamás contaría con el apoyo imprescindible de la derecha, ¿qué es lo que se pretende en realidad? ¿De verdad resulta relevante a día de hoy el debate sobre la monarquía en la izquierda española? ¿No hay prioridades de mayor interés para centrar la atención y el trabajo de quienes aspiran a ensanchar el campo de los derechos, las libertades y el bienestar social de los españoles? ¿Y dónde conduce este debate?

Los republicanos catalanes son, por definición, contrarios a la institución monárquica. Se entiende, pues, su rechazo doctrinario a todo lo que representa tal institución. Sin embargo, se entienden mucho menos sus ataques furibundos y pertinaces al Rey, al de antes y al de ahora. En primer lugar, porque quienes aspiran a entenderse con la institucionalidad española harían bien en respetar la forma de Estado que los españoles nos hemos dado democráticamente desde 1978, con amplia mayoría de apoyos en Cataluña, por cierto.

Y, en segundo lugar, porque solo los interlocutores institucionalmente fuertes son capaces de llegar a acuerdos relevantes. En consecuencia, no les conviene el debilitamiento del Estado, sino más bien lo contrario, paradójicamente. El reproche por el discurso de Felipe VI en el día 3 de octubre de 2017 no puede justificar tal beligerancia, porque el Rey hizo lo que le correspondía como “símbolo” constitucional de la unidad de España -¿alguien esperaba cosa distinta?-, y porque, en realidad, los ataques de ERC a “los borbones” vienen de mucho antes.

Resulta igual de legítimo el cuestionamiento intelectual de Unidos Podemos a la figura del Rey y a todo lo que ello implica. La tradición mayoritaria de la izquierda es una tradición indudablemente republicana. El PSOE, por cierto, oficialmente fue siempre “accidentalista”, es decir: partidario de la forma de Estado que mejor conviniera a la consecución de sus objetivos prioritarios de justicia social y de emancipación de las clases trabajadoras. Y hoy esos objetivos pasan por aplicar programas de progreso desde las instituciones democráticas que legitima la Constitución de 1978, una Constitución que se acordó estableciendo la monarquía parlamentaria como forma de Estado.

Pero más allá de este cuestionamiento doctrinal, legítimo y respetable, resulta menos lógico el ataque permanente a la Jefatura del Estado y a su titular. Por tres razones, al menos. Uno, porque su neutralidad política está asegurada por el Título Segundo de la Constitución, por el refrendo gubernamental obligado para sus actos, y por la propia vocación contrastada del Rey, del de ahora y del de antes.

Dos, porque ni la monarquía ni el monarca constituyen obstáculo alguno a la hora de aplicar las políticas propias de la izquierda, y que vienen acordando últimamente PSOE y Unidos Podemos. Y tres, porque, en todo caso, el cuestionamiento permanente de la Jefatura del Estado conduce al cuestionamiento en buena medida de todo el sistema político, y a la consiguiente desafección de la ciudadanía hacia las instituciones de las depende la aplicación de aquellas políticas.

En consecuencia, antes que proseguir en la estéril diatriba antimonárquica, resultaría mucho más coherente y, desde luego, bastante más eficaz, que la izquierda destinara sus esfuerzos a promover los valores progresistas y a combatir los populismos y radicalidades que hoy amenazan los pilares de la convivencia democrática en toda Europa.

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El Gobierno y el Grupo Socialista en el Congreso están decididos a impulsar definitivamente la legislación que equipare a España con los países más avanzados del mundo en el reconocimiento de derechos.

Una de las propuestas a debate en la actualidad del Parlamento es la que ha de regular la eutanasia, o el derecho que ha de reconocerse a todo ser humano para dar por finalizada su vida en condiciones de sufrimiento grave y sin retorno. 

En un alarde más de la retórica inflamada y falaz que caracteriza al nuevo líder de la derecha española, Pablo Casado ha asegurado que “este problema no existe en España”. El texto de la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado para tumbar la propuesta socialista llega a comparar la eutanasia con la esclavitud y la venta de órganos. Aún está por dilucidar si la causa de tales disparates tiene que ver con la falta de sensibilidad o la simple ignorancia.

La derecha informada suele hacer uso de argumentos algo más elaborados, y confronta la reivindicación de la eutanasia regulada con el testamento vital, la evitación de encarnizamiento terapéutico o los cuidados paliativos. Pero no existe contradicción alguna entre estas demandas y el derecho que trata de incorporar el PSOE a nuestra legislación.

De hecho, tanto el testamento vital como los protocolos contra la obstinación terapéutica ya están regulados en muchas Comunidades Autónomas. Y el Congreso está a punto de culminar la ley que consagra como un derecho a los cuidados paliativos, como la llamada sedación terminal. 

Tampoco hay conflicto entre la eutanasia y “el derecho constitucional a la vida”, como esgrime el PP. El propio artículo 15 de la Constitución Española relaciona “el derecho a la vida” con “la integridad física y moral” frente a “penas o tratos inhumanos o degradantes”. Y es que el derecho a vivir ha de asociarse indefectiblemente al derecho a vivir con dignidad, o a dejar de vivir cuando las condiciones de la vida resultan definitiva e irreversiblemente incompatibles con una mínima dignidad. 

La propuesta de ley socialista establece la eutanasia como un derecho para quienes sufren “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado”, así como para quienes padecen “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causa “un sufrimiento insoportable”. La mayoría absoluta de los diputados apoyaron la toma en consideración de esta ley, y solo el PP manifestó su voto en contra. 

Nos tememos que a la derecha española le ocurra con esta ley y este derecho tal y como le ha sucedido con otras leyes y otros derechos a lo largo de nuestra historia democrática. Ya pasó con el divorcio, con el aborto y con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se opusieron, el derecho se consagró, y después no se atrevieron a tocarlo.

Por una vez, Casado y compañía podrían probar a apuntarse desde el principio a la conquista de nuevos derechos de ciudadanía para los españoles. O, al menos, a no estorbar.

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El acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, trasciende en su importancia y alcance a un mero pacto para aprobar una ley presupuestaria.

Este acuerdo proporciona al Gobierno socialista una hoja de ruta clara y un apoyo parlamentario muy significativo para llevarla a efecto. Los objetivos pactados son de suficiente enjundia y relevancia como para dar sentido a toda una legislatura

Los contenidos del pacto consolidan las razones que dieron vida a este Gobierno hace poco más de cuatro meses: la regeneración democrática y la reversión de los ajustes sociales emprendidos por las derechas de PP y Ciudadanos con la excusa de la crisis.

Pero, además, la consecución y la escenificación de un acuerdo tan importante envían un mensaje claro a los españoles con ideas progresistas. Las organizaciones políticas de la izquierda española se muestran capaces de simultanear sus legítimas diferencias con la unidad de acción que hace posibles los grandes cambios sociales. Es decir: vamos aprendiendo de la experiencia portuguesa.

Es preciso subrayar el calado de muchas de las medidas pactadas para la consecución de una sociedad más equitativa y más justa. La elevación del salario mínimo profesional y las reformas en el Estatuto de los Trabajadores corregirán en buena medida la precariedad de nuestro mercado laboral.

La mejora en los permisos de maternidad y paternidad, intransferibles ahora, junto al avance en la universalización de la enseñanza entre 0 y 3 años, contribuirán también al bienestar de las familias y a la igualdad real entre mujeres y hombres.

Se introducen igualmente mejoras importantes en la normativa sobre vivienda, a fin de evitar los efectos negativos que sobre muchas familias está teniendo la escalada en los precios de los alquileres. Se plantean nuevas herramientas para defender los intereses de los inquilinos y se promueve la vivienda social.

El acuerdo incluye otras medidas de impacto positivo sobre el bienestar social de los españoles, como la subida de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las becas, la reducción de las tasas universitarias, las nuevas ayudas a las personas en situación de dependencia…

Como es lógico, junto a las decisiones sobre el gasto se plantean también iniciativas relevantes sobre los ingresos públicos. La elevación del tipo efectivo en el impuesto de sociedades, el gravamen sobre las grandes rentas y fortunas, la imposición sobre transacciones financieras y el negocio tecnológico, la persecución del fraude…

Se trata de transformar la política fiscal en el sentido de la progresividad y la justicia tributaria. Sin subir impuestos a trabajadores, clases medias y autónomos modestos. Para que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden.

Tras la consecución de este acuerdo importante, aún quedará mucho por hacer. Tenemos que salvar el bloqueo de las derechas en la Mesa del Congreso, para eliminar a su vez la anomalía del veto senatorial sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hemos de aprobar después este nuevo margen financiero para disponer de 6000 millones de euros extras en el proyecto de presupuestos. Y hay que construir la mayoría necesaria para sacarlos adelante en las Cortes…

Nadie dijo que esto sería fácil. Pero el acuerdo suscrito entre el Gobierno socialista y Podemos ofrece esperanzas renovadas para seguir haciendo país, un país más justo.

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