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Archive for the ‘España’ Category

El Gobierno y el Grupo Socialista en el Congreso están decididos a impulsar definitivamente la legislación que equipare a España con los países más avanzados del mundo en el reconocimiento de derechos.

Una de las propuestas a debate en la actualidad del Parlamento es la que ha de regular la eutanasia, o el derecho que ha de reconocerse a todo ser humano para dar por finalizada su vida en condiciones de sufrimiento grave y sin retorno. 

En un alarde más de la retórica inflamada y falaz que caracteriza al nuevo líder de la derecha española, Pablo Casado ha asegurado que “este problema no existe en España”. El texto de la enmienda a la totalidad que el PP ha presentado para tumbar la propuesta socialista llega a comparar la eutanasia con la esclavitud y la venta de órganos. Aún está por dilucidar si la causa de tales disparates tiene que ver con la falta de sensibilidad o la simple ignorancia.

La derecha informada suele hacer uso de argumentos algo más elaborados, y confronta la reivindicación de la eutanasia regulada con el testamento vital, la evitación de encarnizamiento terapéutico o los cuidados paliativos. Pero no existe contradicción alguna entre estas demandas y el derecho que trata de incorporar el PSOE a nuestra legislación.

De hecho, tanto el testamento vital como los protocolos contra la obstinación terapéutica ya están regulados en muchas Comunidades Autónomas. Y el Congreso está a punto de culminar la ley que consagra como un derecho a los cuidados paliativos, como la llamada sedación terminal. 

Tampoco hay conflicto entre la eutanasia y “el derecho constitucional a la vida”, como esgrime el PP. El propio artículo 15 de la Constitución Española relaciona “el derecho a la vida” con “la integridad física y moral” frente a “penas o tratos inhumanos o degradantes”. Y es que el derecho a vivir ha de asociarse indefectiblemente al derecho a vivir con dignidad, o a dejar de vivir cuando las condiciones de la vida resultan definitiva e irreversiblemente incompatibles con una mínima dignidad. 

La propuesta de ley socialista establece la eutanasia como un derecho para quienes sufren “una enfermedad grave e incurable con un pronóstico de vida limitado”, así como para quienes padecen “una discapacidad grave, crónica e irreversible” que les causa “un sufrimiento insoportable”. La mayoría absoluta de los diputados apoyaron la toma en consideración de esta ley, y solo el PP manifestó su voto en contra. 

Nos tememos que a la derecha española le ocurra con esta ley y este derecho tal y como le ha sucedido con otras leyes y otros derechos a lo largo de nuestra historia democrática. Ya pasó con el divorcio, con el aborto y con los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se opusieron, el derecho se consagró, y después no se atrevieron a tocarlo.

Por una vez, Casado y compañía podrían probar a apuntarse desde el principio a la conquista de nuevos derechos de ciudadanía para los españoles. O, al menos, a no estorbar.

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El acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, trasciende en su importancia y alcance a un mero pacto para aprobar una ley presupuestaria.

Este acuerdo proporciona al Gobierno socialista una hoja de ruta clara y un apoyo parlamentario muy significativo para llevarla a efecto. Los objetivos pactados son de suficiente enjundia y relevancia como para dar sentido a toda una legislatura

Los contenidos del pacto consolidan las razones que dieron vida a este Gobierno hace poco más de cuatro meses: la regeneración democrática y la reversión de los ajustes sociales emprendidos por las derechas de PP y Ciudadanos con la excusa de la crisis.

Pero, además, la consecución y la escenificación de un acuerdo tan importante envían un mensaje claro a los españoles con ideas progresistas. Las organizaciones políticas de la izquierda española se muestran capaces de simultanear sus legítimas diferencias con la unidad de acción que hace posibles los grandes cambios sociales. Es decir: vamos aprendiendo de la experiencia portuguesa.

Es preciso subrayar el calado de muchas de las medidas pactadas para la consecución de una sociedad más equitativa y más justa. La elevación del salario mínimo profesional y las reformas en el Estatuto de los Trabajadores corregirán en buena medida la precariedad de nuestro mercado laboral.

La mejora en los permisos de maternidad y paternidad, intransferibles ahora, junto al avance en la universalización de la enseñanza entre 0 y 3 años, contribuirán también al bienestar de las familias y a la igualdad real entre mujeres y hombres.

Se introducen igualmente mejoras importantes en la normativa sobre vivienda, a fin de evitar los efectos negativos que sobre muchas familias está teniendo la escalada en los precios de los alquileres. Se plantean nuevas herramientas para defender los intereses de los inquilinos y se promueve la vivienda social.

El acuerdo incluye otras medidas de impacto positivo sobre el bienestar social de los españoles, como la subida de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las becas, la reducción de las tasas universitarias, las nuevas ayudas a las personas en situación de dependencia…

Como es lógico, junto a las decisiones sobre el gasto se plantean también iniciativas relevantes sobre los ingresos públicos. La elevación del tipo efectivo en el impuesto de sociedades, el gravamen sobre las grandes rentas y fortunas, la imposición sobre transacciones financieras y el negocio tecnológico, la persecución del fraude…

Se trata de transformar la política fiscal en el sentido de la progresividad y la justicia tributaria. Sin subir impuestos a trabajadores, clases medias y autónomos modestos. Para que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden.

Tras la consecución de este acuerdo importante, aún quedará mucho por hacer. Tenemos que salvar el bloqueo de las derechas en la Mesa del Congreso, para eliminar a su vez la anomalía del veto senatorial sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hemos de aprobar después este nuevo margen financiero para disponer de 6000 millones de euros extras en el proyecto de presupuestos. Y hay que construir la mayoría necesaria para sacarlos adelante en las Cortes…

Nadie dijo que esto sería fácil. Pero el acuerdo suscrito entre el Gobierno socialista y Podemos ofrece esperanzas renovadas para seguir haciendo país, un país más justo.

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La mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados decidieron el pasado primero de junio censurar a un Gobierno agotado y promover un Gobierno nuevo y distinto. Se trata de un procedimiento excepcional, pero perfectamente constitucional y legítimo.

La derecha, sin embargo, nunca lo aceptó. El PP interpreta su salida del poder como si de una usurpación se tratara, y Ciudadanos evidencia cada día la frustración de quienes ya se veían aupados a la Moncloa por algunas encuestas favorables.

Unos y otros, la derecha azul y la derecha naranja, tienen derecho a expresar enojos y frustraciones. Ambas tienen incluso el deber de ejercer una oposición exigente y dura. Pero ni el PP ni Ciudadanos tienen derecho a bloquear y boicotear la acción de un Gobierno legítimo en aras del bien común.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nació con tres propósitos prioritarios: revertir los recortes sociales aplicados por los Gobiernos de Mariano Rajoy; promover medidas de regeneración democrática que devuelvan la confianza ciudadana en sus instituciones; y “normalizar” la situación política en Cataluña.

El presidente Sánchez y sus ministros están acometiendo estos objetivos con iniciativa y determinación. Más allá de la valoración que cada cual quiera hacer de los resultados hasta ahora, esta voluntad no puede negarse honestamente.

Sin embargo, la actitud de la oposición de derechas no es ni de colaboración ni de crítica, sino de puro obstruccionismo. Se trata de un comportamiento desleal, no ya hacia el Gobierno, sino hacia la sociedad española, que espera y merece algo distinto de PP y Ciudadanos.

Casado y Rivera no están ejerciendo la crítica sobre los planes presupuestarios del Gobierno socialista para atender las necesidades sociales de la ciudadanía española. Esto sería perfectamente lícito y entendible en los partidos que han protagonizado durante los últimos años los mayores recortes en bienestar social de nuestra historia democrática. PP y Ciudadanos se limitan a impedir por medios arteros que el Gobierno pueda proponer su proyecto de presupuestos.

PP y Ciudadanos bloquean, contra el reglamento y los precedentes parlamentarios, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido votada por 181 frente 164 diputados. De esta manera impiden que el Gobierno pueda contar con los 6000 millones de euros extras que ha negociado con la Comisión Europea. ¿A quiénes perjudica este comportamiento? No solo al Gobierno, sino a los millones de españoles que necesitan y reclaman mejoras en las pensiones, en el empleo, y en los servicios educativos y sanitarios.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado los trámites legales para reformar la Constitución y acabar con el aforamiento de diputados y senadores. Se trata de una medida de regeneración democrática ampliamente demandada por la ciudadanía. Pero la derecha se ha precipitado a denostarla y a anunciar su oposición.

En relación a Cataluña, PP y Ciudadanos practican la estrategia del “cuanto peor, mejor”. Lejos de seguir el ejemplo practicado por el PSOE cuando estaba en la oposición, colaborando lealmente con el Gobierno en sus iniciativas frente al separatismo, acusan falsamente al ejecutivo de entreguismo y complicidad con los partidarios de la independencia. En lugar de buscar conjuntamente con el Gobierno una solución al problema, se limitan a alimentar el conflicto con la esperanza de obtener un rendimiento político y electoral espúreo.

Los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Y este Gobierno merece que le dejen gobernar.

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Cada vez que el Gobierno socialista ofrece una noticia relevante y positiva para los españoles, surge como por causalidad otra noticia negativa y no tan relevante que desvía la atención. Es automático y es reiterativo pero, desde luego, no es casual. Cuando el Gobierno anuncia la recuperación de la sanidad universal, el fin de los recortes educativos o el gasto añadido contra la pobreza infantil, “aparecen” falsas polémicas sobre tesis doctorales o charlas de sobremesa grabadas hace casi una década.

Es una constante y era previsible. El Partido Socialista sabía que la derecha no abandona nunca el poder de buena gana y suele hacer uso de prácticas torticeras para hacer oposición, tales como utilizar la lucha antiterrorista contra el Gobierno, azuzar conflictos territoriales o practicar la “caza al hombre”. Fue lo habitual durante los gobiernos de González y Zapatero. La derecha y sus cloacas siempre han tratado de tumbar a los gobiernos socialistas y, sobre todo, a sus políticas progresistas, por las buenas o por las malas. Al gobierno que yo mismo había de presidir en Madrid hace quince años ni tan siquiera le dejaron nacer.

Ahora bien, tal realidad no puede impedir, ni ralentizar, ni ocultar, el avance en las políticas que el Gobierno socialista pone en marcha a favor de la justicia social y la decencia en la vida pública. Ni lo lograron antes, ni lo van a lograr ahora.

El último éxito a subrayar ha sido el acuerdo suscrito por la gran mayoría de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, para garantizar la mejora anual de las pensiones con arreglo al aumento del coste de la vida. Un logro que debe apuntarse tanto a la movilización de los pensionistas, como al empuje del Gobierno y el buen trabajo de los diputados socialistas. (Permitan que cite a todos los integrantes de esa comisión: Merçé Perea, Carmen Cuello, Amalia Rodríguez, Salvador de la Encina, Jesús M. Fernández, Sonia Ferrer, Gema López, Margarita Pérez y Luis C. Sahuquillo y, especialmente, a su portavoz Adriana Lastra).

Tras varios años de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas, la representación parlamentaria de los españoles, liderada por el PSOE, ha recuperado el compromiso público con la dignidad de las pensiones. Volvemos así a la senda del consenso en la garantía de nuestro sistema de pensiones, que el PP rompió unilateralmente con su reforma-recorte del año 2013. Se termina de esta manera con la indignidad del 0,25% como subida límite anual, que arrojaba a nuestros pensionistas a la pobreza progresiva.

No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer. Para transformar este acuerdo parlamentario en una ley de presupuestos es preciso antes aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria negociada por la ministra Calviño en Bruselas. Esta nueva senda ofrece un margen de 2500 millones de euros más en las cuentas de la Seguridad Social, pero la derecha de PP y Ciudadanos la está bloqueando en la Mesa del Congreso, contra el Reglamento y contra el más elemental sentido de la responsabilidad.

Y a medio plazo es necesario definir una doble estrategia, en el Parlamento y mediante el diálogo social, en los gastos y en los ingresos del sistema de pensiones. Respecto a los primeros, además de comprometer la subida conforme al IPC, cabe trasladar gastos administrativos y de personal, hasta ahora sostenidos por la Seguridad Social, a los presupuestos de la administración central del Estado. Asimismo, habrá que revisar el cúmulo de reducciones y bonificaciones de dudosa eficacia que se aplica al albur de las políticas de promoción del empleo.

Respecto a los ingresos hay que ser honestos y valientes. Si queremos un Estado de Bienestar de primera y unas pensiones de primera, necesitaremos una fiscalidad de primera también. Pero aún estamos a más de ocho puntos de PIB en porcentaje de gasto público respecto a la media de la zona euro. Hará falta destopar cotizaciones y prever ingresos provenientes de los impuestos. ¿A quién cobrárselos? A quienes más tienen, a quienes más ganan y, sobre todo, a quienes más esconden…

Ellos a sus ruidos. Nosotros, a gobernar por el bien común. Pero que no nos despisten…

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El expresidente José María Aznar compareció el pasado 18 de septiembre ante la comisión que investiga la corrupción del PP en el Congreso de los Diputados. Más allá del ejercicio previsible de desmemoria y chulería, la evidencia más inquietante de esa comparecencia fue la competición impúdica entre Casado y Rivera, PP y Ciudadanos, derecha azul y derecha naranja, para hacerse con el patrocinio del famoso tercer hombre en la foto de las Azores.

Ver a Aznar entrando en la Comisión acompañado por la plana mayor del “nuevo PP” y escuchar al ex patrón de la derecha dedicando todo tipo de carantoñas al portavoz de Ciudadanos, resultó mucho más significativo y elocuente que la sarta de falsedades con que contestaba a sus auténticos interrogadores. El titular de la semana puede resumirse, por tanto, en un “vuelve el aznarismo”, con todo lo que ello conlleva.

El aznarismo es convivencia apacible y cómplice con la corrupción. Las investigaciones policiales y la Justicia han demostrado ya que durante los años de presidencia de Aznar en el PP se llevaron a cabo las mayores corruptelas: desde la famosa caja B acreditada en los papeles de Bárcenas hasta la generalización de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de financiación electoral o regalos personales, pasando por los sobresueldos en negro y otras fechorías.

La sentencia del caso Gürtel es diáfana: “…se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” (página 155). Doce de catorce de los ministros del primer Gobierno Aznar han pasado por imputaciones, procesos, condenas, o recibieron sobresueldos. Primeros espadas de sus equipos han sido encarcelados o condenados a cárcel, como Matas, Zaplana, Sepúlveda o el mismo Bárcenas. Todos sus tesoreros involucrados en casos de mordidas…

Pero el aznarismo es más, porque también equivale a hacer política con desprecio por los valores mayoritarios en la sociedad española. Lo hizo el propio Aznar llevándonos a una guerra ilegal e inmoral en Irak, de la mano de su amigo tejano. Y lo están volviendo a hacer sus discípulos en este pretendido “nuevo PP”, emulando a la extrema derecha europea mediante el discurso del miedo a la inmigración. Se equivocó el expresidente entonces y se equivocan ahora Casado y compañía. La llama de la xenofobia racista e intolerante no prenderá en nuestro país.

Y aznarismo en política es, sobre todo, el “todo vale” para alcanzar el poder. En los años 90 fue la guerra sucia del “sindicato del crimen” contra los gobiernos de Felipe Gonzalez, y la utilización inmoral de la lucha antiterrorista para desgastar al ejecutivo. Y hoy es la caza al hombre emprendida contra Pedro Sánchez y la deslealtad absoluta en el conflicto del Estado con los independentistas catalanes.

El último episodio de este “todo vale” consiste en obstaculizar de manera fraudulenta los intentos legítimos del Gobierno socialista para aprobar una nueva senda de estabilidad y unos nuevos presupuestos. Lo hacen a dos manos, PP y Ciudadanos, azules y naranjas.

Más de 180 diputados, la mayoría absoluta, votaron el 18 de septiembre a favor de las reformas que podrían sortear el veto de la derecha en el Senado, la suma de 6000 millones de euros extras para políticas sociales, y un presupuesto para 2019 con verdadera justicia social. Pero PP y Ciudadanos intentan valerse de su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de las reformas y frustrar los presupuestos llamados a revertir los recortes aplicados desde 2012.

La derecha española salió de Rajoy para acabar volviendo a Aznar. No es una buena noticia para ellos. Para los españoles tampoco.

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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

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