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EN EUROPA, TODOS DETRÁS DE PEDRO SÁNCHEZ

EN EUROPA, TODOS DETRÁS DE PEDRO SÁNCHEZ

Más allá de los dimes y diretes domésticos que recorren los medios de comunicación, donde de verdad se la está jugando el país durante estos días, es en las negociaciones acerca de la distribución de las ayudas de la Unión Europea para superar la crisis ocasionada por la pandemia.

Todo lo demás, por relevante que nos parezca en la peculiar burbuja del debate partidario, queda a años luz en cuanto a trascendencia para el interés general y los retos que nos depara el futuro.

En consecuencia, cabe requerir a todas las fuerzas políticas, a sus líderes y portavoces, que contribuyan a fortalecer la posición de España en esas negociaciones en marcha, respaldando las gestiones que lleva a cabo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en representación del interés de todos los españoles.

Las ayudas de las instituciones europeas para afrontar las consecuencias de la COVID-19 llegarán fundamentalmente desde tres vías: los 750.000 millones de euros propuestos por la Comisión Europea para la reconstrucción social y económica; los 540.000 millones ya consignados a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y el SURE (el fondo europeo  de ayudas al desempleo); y los 200.000 millones listos a distribuir por el BEI (Banco Europeo de Inversiones).

En estos días se está negociando cuánto de estos fondos llegará a España, cuándo lo hará, con qué condiciones, y con qué naturaleza, cuánto en modo transferencia y cuánto en modo préstamo. Nada más y nada menos.

Es decir, del éxito o del fracaso de estas negociaciones en dependerán las posibilidades de la sociedad española para reforzar su sistema nacional de salud, para reactivar su economía, para generar empleo de calidad, y para sostener el escudo social levantado en defensa de los más vulnerables.

Por tanto, antes que el debate obtuso entre progubernamentales y antigubernamentales porque sí, entre populistas y anti populistas, entre indepes y contra indepes, en estas fechas conviene prestar atención al debate trascendental en el seno del Consejo Europeo, entre gobiernos “frugales” (insolidarios) y “exigentes” (solidarios).

La posición del Gobierno español responde a varias claves:

  • El apoyo a las políticas europeas anticíclicas, de activación y estímulo de la demanda, en forma de nuevo “Plan Marshall”, como viene reclamando Pedro Sánchez;
  • Unas ayudas europeas en forma de transferencia sin condicionalidad sobre déficit y deuda, fundamentalmente, para evitar las consecuencias indeseadas de la anterior crisis financiera;
  • Unas ayudas que, sin embargo, alienten reformas positivas, como la transición ecológica justa y la transformación digital;
  • La exigencia de que en esta crisis “nadie quede atrás” y se proteja de manera justa y eficaz a los colectivos más vulnerables;
  • La necesidad de no retirar los estímulos económicos y las ayudas demasiado pronto, para no malograr la reactivación y no acrecentar las desigualdades;
  • Aprovechar esta oportunidad para relanzar la integración europea a partir de los principios de la solidaridad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.

El comportamiento del PP, el principal partido de la oposición, con importantes influencias en Europa, ha sido decepcionante.

Su portavoz parlamentaria en España descalificó las reclamaciones del Gobierno de España ante las instituciones europeas en términos de “mendicante”. Su portavoz parlamentaria en Europa remitió un informe a la Comisión Europea descalificando no solo al Gobierno, sino al propio Estado de Derecho español en su lucha contra el virus. Y el Gobierno conservador de la Comunidad de Madrid ha cuestionado la llegada de turistas europeos vía aeropuerto de Barajas.

El desmarque desleal del PP ha llegado, pues, de la peor manera y en el peor momento, debilitando las posiciones negociadoras del Presidente del Gobierno, y poniendo en riesgo la llegada de las ayudas imprescindibles para fortalecer nuestra sanidad, recuperar la economía y generar puestos de trabajo de calidad.

Tenemos una gran oportunidad en la Comisión parlamentaria de Reconstrucción para alcanzar acuerdos y consensos que ofrezcan la imagen de unidad y fortaleza, que ahora necesitamos para obtener el máximo rendimiento en las negociaciones europeas.

Ya habrá tiempo para los dimes y diretes. Ahora lo que conviene al país es ponernos todos detrás de Pedro Sánchez en la defensa del interés común en Europa.

EL ACUERDO SOLO PERJUDICA A LOS ULTRAS

EL ACUERDO SOLO PERJUDICA A LOS ULTRAS

En un escenario de crisis grave y riesgos de gran envergadura conviene cerrar filas. ¿En torno a quién o a qué? En torno al interés general. Es de sentido común.

Las amenazas que se ciernen sobre nuestro futuro más inmediato son extraordinarias. La pandemia no ha desaparecido, y el riesgo de los rebrotes es tan cierto como lo están experimentando en China y en Alemania, por ejemplo.

Para frenar al virus hemos tenido que parar la economía como nunca antes se hizo. Hemos tenido que enviar a millones de trabajadores a los ERTES. Aún sostenemos con fondos públicos la nómina de buena parte de los empleados por cuenta ajena y por cuenta propia…

Para salir de ésta con vida, y no digamos con cierto éxito, habremos de adoptar decisiones de gran alcance, movilizando voluntades y recursos como jamás antes hicimos.

Todo ello en el contexto de un Estado complejo, de un espectro político muy fragmentado y de una sociedad polarizada en exceso.

Necesitamos de grandes acuerdos para establecer las bases sobre las que afrontar amenazas y reconstruir el futuro. Y esos acuerdos han de ser amplios y transversales, sumando a las instituciones diversas, sumando a las fuerzas políticas distintas, y sumando a las instancias sociales diferentes.

Dicho de otra manera: la división añadirá más dificultades a las que ya nos arroja la crisis. Divididos y enfrentados entre gobiernos, entre partidos y entre ciudadanos, estaremos en peores condiciones para salir de ésta.

Los socios europeos, los agentes económicos, los interlocutores sociales, la ciudadanía en general, valorarán un país unido en lo fundamental, y castigarán a un país dividido en el momento más trascendental de su historia reciente.

Esto no quiere decir que debamos renunciar a nuestras ideas diversas y a nuestras identidades políticas diferentes. Ni mucho menos. No se trata tampoco de negar legitimidad o capacidad a la oposición democrática, absolutamente imprescindible.

Se trata de asentar unos cuantos consensos básicos sobre temas fundamentales para enfrentar la crisis y lo peor de sus consecuencias: qué hacer para fortalecer nuestro sistema nacional de salud ante el riesgo de las pandemias; qué pasos dar para resucitar nuestra economía y nuestro empleo con cierta solidez; qué recursos movilizar para que nadie quede atrás, en la cuneta de la exclusión social; y cómo fijar una posición común para obtener las ayudas que necesitamos de la Unión Europea.

Y a partir de estas bases comunes, que nos fortalezcan como país ante los retos del futuro, que cada cual mantengan sus propias ideas, sus propio modelo de sociedad y su propia agenda política. La diversidad constituye la esencia de la democracia.

¿A quiénes perjudica el acuerdo en torno a las bases para la reconstrucción del país? Solo a los ultras, a aquellos que buscan obtener beneficio político de la división, a costa del interés general.

La derecha española parece vivir en estos días ante el dilema de seguir el ejemplo de las formaciones conservadoras europeas que cierran filas ante el interés general, o seguir transitando el camino de la confrontación y la desestabilización que marca la ultraderecha.

Ojalá acierten en sus decisiones. Su propio futuro y el de todos depende en buena medida de cómo salgan de esta encrucijada.

Desde el Gobierno de España y los grupos políticos que le apoyan en el Parlamento estamos dispuestos y listos para sumar fuerzas y atender unidos las urgencias del interés general. Ya habrá tiempo para las distinciones y la sana confrontación electoral.

EL INGRESO DE LA DIGNIDAD

EL INGRESO DE LA DIGNIDAD

La estrategia permanente de desestabilización que impulsa la derecha no puede oscurecer la celebración de una medida de alcance histórico como el Ingreso Mínimo Vital.

Se trata de una decisión que justifica por sí sola la constitución del Gobierno de coalición progresista, pero que va mucho más allá en sus consecuencias, porque contribuye a legitimar la actividad política que la impulsa y a dignificar la sociedad donde se aplica.

La votación del pasado día 10 de junio no fue una más de las que se producen cada semana en el Congreso. Esa votación se corresponde con un modelo de sociedad determinado, con la aplicación práctica de unos valores cívicos muy concretos y, en definitiva, con una manera específica de entender la convivencia.

Hay otros valores y otras maneras de vivir en sociedad, pero quienes votamos la aplicación del Ingreso Mínimo Vital lo hicimos desde los valores de la igualdad y la solidaridad, apostando por una sociedad que no se desentiende de la suerte de los más vulnerables, sino que les reconoce el derecho a vivir con dignidad y se responsabiliza del ejercicio universal de ese derecho.

El Nobel de economía Joseph Stiglitz dejó escrito que un sistema socioeconómico que no proporciona los medios para vivir con dignidad a una parte significativa de la población, es un sistema amenazado en su supervivencia misma.

El Ingreso Mínimo Vital tiene un propósito triple: erradicar la pobreza, especialmente la pobreza infantil; favorecer la inclusión social de los excluidos o con riesgo de exclusión; y reactivar la economía, por cuanto el cien por cien de estas prestaciones irán destinadas al consumo inmediato.

Los reparos y objeciones a la medida han llegado desde los ámbitos y con los argumentos más previsibles. Algunos provienen de la ignorancia, otros de la falta de sensibilidad, y los más de un apriorismo ideológico insolidario, que casa mal con los valores predominantes en la sociedad española.

El Ingreso Mínimo Vital no “fomenta la vagancia”, porque sus beneficiarios no han caído en la pobreza por voluntad propia, y la prestación conlleva itinerarios de inserción social y laboral. No “abre la puerta al fraude”, al menos no en mayor medida que cualquier otra ayuda que afecte a cualquier otro colectivo, porque los requisitos y controles son los adecuados para evitarlo.

Tampoco produce “efecto llamada”, porque los receptores habrán debido residir durante el año previo en nuestro país. Ni causará “caos competenciales” con otras administraciones, porque se ha estudiado y acordado su aplicación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

“Es muy caro”, dicen algunos, “más de 3.000 millones”, pero es que en España somos mayoría, por suerte, los que consideramos mucho más caro, inasumible, insoportable incluso, el precio de ignorar la pobreza.

Hasta el PP se vio obligado a respaldar la medida, a pesar de sus críticas mordaces y sus titubeos hasta minutos previos a la votación. No obstante, evidenció su hipocresía al votar al día siguiente contra la instauración de un impuesto sobre la especulación financiera, muy justo, y que ayudará a sufragar la prestación.

El ingreso es mínimo, ciertamente, pero la dignidad que aporta al conjunto de nuestra sociedad es infinita.

NO ES CRISPACIÓN, ES DESESTABILIZACIÓN

NO ES CRISPACIÓN, ES DESESTABILIZACIÓN

Lo expresó con claridad la portavoz socialista Adriana Lastra en el Pleno del Congreso: “Han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España. Esta es su estrategia y ya es hora de decirlo abiertamente”.

La Vicepresidenta Calvo lo planteó también con igual rotundidad: “¿En qué andan ustedes contra el Gobierno constitucional de España, en el peor momento para este país?”.

Durante las últimas semanas, el debate público ha tratado sobre la “crispación” de la vida política española, generalmente en términos de espontaneidad, como si tal conducta se hubiera generalizado en toda la “clase política”, y como si “todos los políticos” fueran responsables por igual de las consecuencias negativas de tal conducta.

Solo que no hay espontaneidad alguna en los comportamientos crispadores, y no son en absoluto achacables por igual a todos los representantes públicos y, desde luego, los responsables de su promoción son perfectamente identificables.

Estamos, efectivamente, ante una estrategia premeditada de las derechas españolas para desestabilizar las instituciones democráticas, y así promover la caída del Gobierno constitucional de nuestro país.

Nadie va a quejarse de que la oposición haga oposición. Faltaría más. Toda la oposición que haga falta. Tampoco nos quejaremos de que la oposición se limite a criticar todo lo que hace el Gobierno, sin reconocer jamás acierto alguno, y sin plantear propuesta alternativa alguna. Están en su derecho.

Ni tan siquiera lamentaremos que utilicen sistemáticamente un tono desabrido, insultante, exagerado, plagado de adjetivos descalificadores… Estamos acostumbrados al mal estilo de la derecha. Nada que objetar.

No. Lo que denunciamos es otra cosa, y nada tiene que ver con el ejercicio legítimo y constitucional de la oposición democrática. Denunciamos el intento de dañar dolosamente a las instituciones de nuestra democracia para tumbar al Gobierno de la nación.

Y no es la primera vez. Ya lo confesó Luis María Ansón respecto a otros tiempos: “Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado”.

No estamos ante el problema de un tono incómodo e inconveniente en el debate político normalizado. Estamos ante un problema para la democracia española, en un momento muy delicado de nuestro país, cuando hemos de hacer frente a una terrible crisis sanitaria y cuando hemos de afrontar una no menos dramática reconstrucción social y económica.

“Les avisamos de que no podrían gobernar”, espetó Pablo Casado al Gobierno en el Congreso. “Pretenden gobernar sin permiso”, le siguió inmediatamente una de las portavoces populares. Como si hubiera de tratarse como usurpador a cualquier Gobierno en España no conformado por las derechas.

“Este Gobierno es una dictadura”, “una dictadura constitucional”, “una alarma dictatorial”, “un Gobierno despótico”, “un estado de excepción encubierto”, “una agenda autoritaria”, “planes totalitarios”, “un Gobierno aliado de narco-tiranías asesinas”, “Gobierno ilegítimo”… Buena parte de las descalificaciones que vierten Casado, Abascal, Álvarez de Toledo, Olona, García Egea y demás portavoces, no tratan tan solo de criticar al Gobierno, sino de deslegitimarle, legitimando así las acciones encaminadas a tumbarle.

Hablan falsamente de “Parlamento cerrado” y de “Parlamento secuestrado”, y ¡lo hacen desde la propia tribuna del Parlamento perfectamente abierto! Pretenden, incluso, escenificar un falso enfrentamiento del Gobierno con instituciones emblemáticas de nuestra democracia, como la Guardia Civil, respecto a las que el ejecutivo muestra cada día la máxima consideración y respeto por su labor al servicio del bien común.

De hecho, la estrategia de la desestabilización por parte de las derechas ha quedado al descubierto al reclamar abiertamente algunos de sus portavoces la constitución de un “Gobierno de concentración”. Abascal y compañía proponen, por tanto, derrocar al Gobierno legítimo salido de las urnas, y poner al frente del país otro Gobierno, por voluntad de aquellos que perdieron las elecciones.

Para facilitar las cosas, y por si acaso hubiera resistencias, esas mismas derechas ya promueven el paso de los gobernantes legítimos a la cárcel, previo trámite engorrosamente preceptivo por los tribunales de Justicia. “Por autorizar las manifestaciones del 8-M”, dicen, y se traicionan a sí mismos exponiendo, puede que inconscientemente, algunos de sus planes. Con la Constitución de 1978, y con este Gobierno vigente, el derecho de manifestación no está sujeto a autorización gubernativa alguna. Podemos adivinar qué nos reservan aquellos otros para el futuro.

Se apropian de los símbolos de todos, bandera constitucional incluida, para arrojarla como un arma contra sus enemigos políticos. Provocan riesgos para la salud de miles de personas, convocando manifestaciones sin seguridad sanitaria, en plena pandemia. Insultan e injurian gravemente a las familias de los gobernantes, para después denunciar la respuesta de los insultados e injuriados. Utilizan las instituciones donde gobiernan, para sustituir la colaboración leal exigible por la confrontación gratuita y esterilizante…

No es crispación. Es desestabilización. Y hacen daño. Al Estado, a la democracia, al interés general. En el peor momento. Cuando nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestras vidas.

Buscan desestabilizar las instituciones y tumbar al Gobierno, pero no van a conseguir ni una cosa ni la otra.

La democracia española es una democracia madura. Nuestras instituciones son instituciones fuertes, a prueba de agresiones desestabilizadoras. El pueblo de España es un pueblo con sólidas convicciones democráticas. No nos llevarán atrás, aunque lo intenten.

Y hay Gobierno progresista para rato. Para cuatro años. Se llama democracia.

ALARMA, SALUD Y PARTIDISMO

ALARMA, SALUD Y PARTIDISMO

Practicar la política y practicar el partidismo son términos que a menudo se confunden y se intercambian en el debate público. Sin embargo, responden a actitudes y comportamientos muy diferentes.

Hacer política es, básicamente, contribuir al bien común, ejerciendo responsabilidades públicas o participando como ciudadano en el debate de ideas y propuestas. Una participación política activa y dinámica por parte de la ciudadanía, incluso desde posiciones contrapuestas, redunda siempre en la mejora de la democracia.

Hacer partidismo es cosa distinta, porque equivale a priorizar y anteponer el interés de la parte o del partido al que pertenecemos o con el que nos identificamos. Y esta conducta no siempre es positiva, ni tan siquiera aceptable. Sí puede serlo en una contienda electoral, por ejemplo. No lo es cuando está en juego el interés general.

El debate y la votación en el Congreso de los Diputados sobre la prórroga del Estado de Alarma era un debate para hacer política, no para hacer partidismo.

La pandemia se ha llevado por delante ya miles de vidas, y sigue amenazando la salud y la supervivencia de millones de españoles. Para contener la expansión de la enfermedad y proteger la salud de nuestras familias, por tanto, es preciso aplicar medidas de limitación de la movilidad, de confinamiento, de desescalada bajo control…

Y estas medidas solo se pueden llevar a cabo bajo el Estado de Alarma. No hay otra manera de hacerlo. No hay duda jurídica o política al respecto. Quienes hablan de “planes b”, están gravemente confundidos o, aún peor, pretenden confundir dolosamente a los españoles.

Los grupos parlamentarios que votaron NO a la prórroga del Estado de Alarma practicaron el peor de los partidismos. Antepusieron sus propios intereses partidarios y egoístas sobre el interés general y el bien común. Priorizaron su voluntad de dañar al Gobierno de España sobre su responsabilidad de contribuir a preservar la salud y la vida de los españoles.

¿Alguien puede imaginar qué hubiera ocurrido a partir de este fin de semana si hubiera dejado de tener vigencia el Estado de Alarma? El descontrol, el caos y el miedo se hubieran generalizado. El fin de las limitaciones a la movilidad, la derogación de las fases de desescalada, la ausencia de mando sanitario coherente… hubieran facilitado el rebrote de la pandemia y hubieran puesto en riesgo la salud y la vida de muchas personas.

El PP ha dimitido de su responsabilidad como partido de Gobierno y ha dejado tirados a los españoles ante una crisis gravísima.

Vox utiliza el virus para intentar derrocar a un Gobierno legítimo, por las buenas o por las malas.

Y otros grupos han esgrimido argumentos inaceptables para oponerse a una decisión que no respondía a claves políticas o ideológicas, sino al simple y dramático objetivo de salvar vidas.

Gracias a los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno de España, gracias a las alianzas y acuerdos alcanzados, y gracias también al buen trabajo de la portavoz socialista Adriana Lastra, la prórroga del Estado de Alarma volvió a salir adelante.

Pero los españoles no olvidarán el comportamiento de unos y otros ante la mayor crisis de nuestras vidas.

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN

La iniciativa fue del Presidente socialista del Gobierno. El liderazgo en el Congreso ha sido de la portavoz y vicesecretaria general socialista. El PSOE ha apostado fuerte por la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

El Presidente acordó con el jefe de la oposición situar esta Comisión en el ámbito parlamentario, con la legitimidad democrática, la formalidad institucional y la transparencia pública que ello conlleva.

Los primeros pasos están siendo prometedores. Tanto el Plan de Trabajo, como la relación de comparecientes, la documentación a recabar y el calendario de tareas han sido elaborados desde el entendimiento entre distintos y aprobados con una mayoría amplísima. De hecho, en el clima político en el que vivimos, este tipo de acuerdos resultan cuando menos una originalidad esperanzadora.

Los participantes en esta Comisión partimos de un análisis necesariamente común. Nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestro tiempo. Buena parte del mundo en el que vivíamos ha sido fuertemente golpeado por el virus y sus consecuencias. Ahora toca reconstruir lo destruido, movilizando recursos y energías como nunca antes lo hicimos.

Se trata de levantar los fundamentos de lo que se ha dado en llamar la “nueva normalidad”, un statu quo nuevo que preserve las conquistas de nuestra civilización y, a la vez, nos proteja de las amenazas emergentes. El reto, además, consiste en tomar el drama presente como una oportunidad de mejorar el futuro.

Solo hay una manera de afrontar este reto con alguna posibilidad de éxito, y es hacerlo desde la voluntad sincera de entendimiento y de acuerdo entre los principales actores políticos, sociales y económicos del país. El desafío es de tal envergadura, que solamente podrá abordarse sumando ideas y esfuerzos.

Las formas acordadas para el funcionamiento de la Comisión son las más adecuadas para este propósito. Las comparecencias y las propuestas aportadas desde el conjunto de la sociedad nos permitirán escuchar voces distintas. Los grupos de trabajo posibilitarán el encuentro, el diálogo y el acuerdo entre las fuerzas políticas diversas. Y la dinámica de propuestas, enmiendas y votaciones asegura transparencia, diligencia y democracia.

Los contenidos a desarrollar están bien apuntados en el Plan de Trabajo de la Comisión:

SANIDAD Y SALUD PÚBLICA. Analizar la situación de nuestro sistema sanitario y de salud pública y concretar medidas para: 1 el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud y sus planificaciones futuras, incluyendo dentro de este objeto las condiciones de salud pública y bienestar a establecer en las residencias de personas mayores, y 2, el reforzamiento del sistema de Salud Pública, en particular, su capacidad de vigilancia, antelación y respuesta ante eventuales emergencias sanitarias, atendiendo a la experiencia de la presente crisis de la COVID-19. En ambos casos, las medidas se plantearán con respeto al reparto de competencias en dichas materias derivado de la Constitución y los Estatutos de Autonomía.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Acordar los pilares en los que deberá sustentarse la reactivación económica y la modernización del modelo productivo en sus diversos sectores, con especial atención a aquellos más afectados por la crisis. Se dará relevancia al objetivo de acometer una transición ecológica determinada y justa, además de la diversificación productiva, y el impulso a la economía social, solidaria y de proximidad. Se tratará también la garantía de los derechos laborales y de conciliación de los trabajadores y las trabajadoras, analizando las fórmulas de teletrabajo, la prevención de la seguridad y la salud en el trabajo, la reforma horaria y los modelos de empleo vinculados a la conciliación de la vida personal y familiar. Asimismo, se incluirán propuestas relativas a la transformación digital, la ciencia y la investigación, entre otros aspectos, con respeto al marco competencial vigente.

POLÍTICAS SOCIALES Y SISTEMA DE CUIDADOS. Acordar medidas para el refuerzo de nuestro sistema de protección social y de los cuidados, de forma que se pueda garantizar la dignidad y el bienestar de las personas que resulten más vulnerables como consecuencia de esta crisis. Se tratarán también las políticas educativas y culturales. Las políticas de igualdad efectiva entre mujeres y hombres tendrán también un papel importante. Y se incluirán, asimismo, propuestas de mejora del sistema fiscal que ha de contribuir a la financiación de las políticas públicas y al pleno ejercicio de aquellos derechos sociales.

UNIÓN EUROPEA. Establecer criterios comunes en la fijación de la posición española respecto a la respuesta de las instituciones europeas a la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas.

Las palabras del Presidente de la Comisión, también socialista, al finalizar la primera reunión de trabajo, reflejan bien el sentimiento general:

“Hoy hemos dotado de contenido el Plan de Trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. Y lo hemos hecho alcanzando acuerdos entre diferentes y con amplias mayorías. Sin broncas ni exabruptos. Con política. Sigamos ese camino.”

Ojalá todos y todas sepamos estar a la altura de tan altas expectativas.

SÓLO NOS FALTA UNA OPOSICIÓN DE ALTURA

La sociedad española ha vivido una semana difícil. Entre la esperanza del descenso de fallecidos y el temor al rebrote del virus. Entre el optimismo de la desescalada y la incertidumbre sobre sus consecuencias. Entre la promesa de la nueva normalidad y la alarma por las previsiones de recesión y paro…

Lo que la ciudadanía española necesitaba en estos días de sus representantes políticos, por tanto, era aliento, confianza, responsabilidad, unidad. La mayoría lo entendimos así. La derecha española, sin embargo, no.

Con su abstención en el Congreso, los dirigentes del PP pusieron en riesgo el principal instrumento que tenemos los españoles para protegernos del virus: el estado de alarma. Con la ausencia de sus líderes en la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, se han desentendido también de la inmensa tarea pendiente para asegurar trabajo y protección social a toda la ciudadanía.

La principal responsabilidad institucional en la lucha contra la COVID y sus consecuencias corresponde al Gobierno de España, indudablemente. Pero nuestro enemigo en esta guerra es de una letalidad sin precedentes. Y la dimensión de los recursos a movilizar es gigantesca. No basta, por tanto, con el liderazgo del Gobierno. Todos hemos de implicarnos y poner a disposición del bien común lo mejor de nuestras energías. Todos: el Gobierno y la oposición. Lo exige el momento histórico y lo reclaman los españoles: unidad y lealtad.

Estamos ante la mayor crisis de nuestras vidas. Y la inmensa mayoría de los españoles está respondiendo como se espera de una sociedad madura y responsable. La ciudadanía cumple en las limitaciones de su confinamiento. Los profesionales de la sanidad, de la seguridad, de la limpieza, de la alimentación, de los servicios esenciales, cumplen entre el reconocimiento general.

Nuestras instituciones democráticas, muy complejas y aún jóvenes, están aguantando bien la presión. Se corresponsabilizan los sindicatos, colaboran las patronales, arriman el hombro las entidades de solidaridad, se esfuerzan los medios de comunicación, aconsejan los expertos, dirige el Gobierno desde la prudencia y la transparencia… Todos están a la altura. Menos la oposición.

La respuesta de España a la crisis es similar a la de otros países con una afectación importante por el virus. Las medidas son parecidas. Los procesos son equivalentes. Los resultados pueden compararse… ¿Dónde está la diferencia? De nuevo, en el comportamiento de la oposición. Mientras la oposición de derechas en Italia y Portugal respalda a sus Gobiernos, aquí el PP le da la espalda. Mientras la oposición de izquierdas en Francia y Reino Unido antepone la lucha común, aquí Casado prioriza el cálculo partidista.

Los dirigentes del PP saben que para salvar vidas hay que contener la propagación del virus, y que para contener al virus hay que limitar la movilidad, y que para limitar movimientos solo contamos con el estado de alarma. Saben también que la mayor parte de las ayudas sociales a parados, autónomos y familias vulnerables, dependen de la vigencia del estado de alarma. Y a pesar de saberlo, intentaron tumbar el estado de alarma.

En España, la derecha se desentiende de su deber de ayudar al Gobierno para ayudar al país, y allí donde gobiernan, como en Madrid, van de irresponsabilidad en irresponsabilidad y de deslealtad en deslealtad.

Porque a los recortes y privatizaciones en la sanidad madrileña de ayer, hay que añadir la gestión más que deficiente de la crisis de hoy. Porque al insólito festival de IFEMA, hay que sumar los contratos precarios de los sanitarios y los menús insalubres dispensados a niños sin recursos… Y porque a los desplantes de Ayuso en las conferencias de presidentes, hay que agregar las acusaciones de falsas requisas de material de protección, y la exigua utilización de menos del 10% de los tests suministrados por el Gobierno de España.

Mientras el Gobierno de la nación se esfuerza para que en esta crisis nadie quede atrás, el PP boicotea la adopción de medidas que ayudan a millones de españoles a aguantar con dignidad las peores consecuencias de la COVID. El PP se ha opuesto en el Congreso a las prestaciones extraordinarias a parados y autónomos en cese de actividad, a la prohibición del despido en estado de alarma, a las moratorias en hipotecas y alquileres e, incluso, a las ayudas a las víctimas de violencia de género.

Al tiempo que el presidente del Gobierno lideraba las reivindicaciones de solidaridad en las instituciones europeas, Casado debilitaba la posición española asegurando “entender a los alemanes y holandeses que no quieren dar dinero a Pedro Sánchez”.

En el último Pleno del Congreso, cuando millones de españoles esperaban soluciones, responsabilidad y unidad de sus representantes, Casado utilizó la tribuna para lanzar cerca de 40 insultos a Pedro Sánchez, como le espetó la portavoz socialista Adriana Lastra en una brillante intervención.

El PP tiene que decidir definitivamente su papel en este momento crítico de nuestra historia. O se suma a la ultraderecha en el camino de la irresponsabilidad y el sabotaje. O suma fuerzas con el Gobierno y la gran mayoría de los españoles para vencer al virus y reconstruir el bien común.

Hoy, por desgracia para todos, la oposición no está a la altura.

Publicado en EL SOCIALISTA nº064 08-05-2020

INSULTAR NO ES HACER OPOSICIÓN

INSULTAR NO ES HACER OPOSICIÓN

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se vio en la obligación de reprochar al líder del PP, Pablo Casado, por haber arrojado hasta 37 insultos y descalificaciones sobre el Presidente del Gobierno en el último debate acerca de la prórroga del Estado de Alarma.

El tiempo establecido para la intervención de Casado era de 15 minutos. Por tanto, el portavoz del principal grupo de la oposición utilizó cerca de 3 insultos por minuto. Todo un récord, incluso para quien ha hecho de la descalificación gruesa e infundada una marca de estilo propio.

“Mintiendo”, “manipulando”, “malversando”, “curandero”, “incompetencia culposa”, “incapaz”, “hacedor de sainetes”, “ineptitud”, “chiste de Gila”, “fracaso estrepitoso”, “temerario”, “bajeza moral”, “usar a las víctimas”, “actor de sudokus”, “chapuzas”, “improvisaciones dolosas”, “bandazos”, “ruina”, “usar a los españoles como a perros de Paulov”, “pésimo”, “desbordado”, “falsario”, “negligente”, “Gran Hermano”, “hipertrofiado”, “propagandista”, “irresponsable”, “caos”, “nefasto”, “instalado en el absolutismo”, “zoco de prebendas”, “tomar a parados como rehenes”, “fraude”, “perseguir las críticas con policías”, “contratación opaca”, “cesarismo”, “arbitrario”… Así hasta 37.

La oposición constituye una parte fundamental e imprescindible de la democracia liberal. Se trata de una institución clave para el equilibrio de poderes propio del Estado de Derecho. La tarea de los grupos políticos de la oposición supone una garantía clave para la calidad de un régimen democrático.

Oposición es control y es alternativa. Hacer oposición es practicar el seguimiento crítico a la acción del Gobierno, señalando los errores y reclamando rectificaciones. Hacer oposición es censurar al ejecutivo cuando lo merece, y aportar propuestas alternativas en cada momento. Pero el control al Gobierno no empece el ejercicio de la lealtad con el país, ni la persecución del bien común.

Practicar la oposición crítica no equivale a insultar y descalificar constantemente al Gobierno de turno, como hace el PP en España. Hacer oposición no equivale a buscar la desestabilización de las instituciones. Utilizar los gobiernos autonómicos para arremeter contra el Gobierno de España no es oposición legítima, sino desestabilización dolosa. Socavar las posiciones del Gobierno de tu país en las instituciones europeas no es práctica opositora normalizada, sino traición al interés general.

La oposición puede y debe ser crítica y exigente con el Gobierno, pero debe ser leal y consecuente con el bien común. El ejercicio partidista solo es legítimo en democracia mientras no  se anteponga a la seguridad y el interés del conjunto.

El ejercicio constante de la injuria y el bulo contra el Gobierno de España que practica la ultraderecha, no tiene nada que ver con la práctica de la oposición democrática. Vox persigue lo que ha perseguido siempre la ultraderecha en la historia de nuestro país: aprovechar el sufrimiento de la gente para socavar las instituciones democráticas y tomar el poder, por las buenas o por la malas.

Pero el PP forma parte de las fuerzas políticas que elaboraron la Constitución de 1978, que contribuyeron a construir nuestra democracia, y ha gobernado y gobierna buena parte de sus instituciones. La ultraderecha busca cambiar de régimen, arrojar al país a una involución democrática. Entendemos que el PP tiene propósitos distintos. Por eso le pedimos que se aleje de Vox, de sus estrategias y de sus tácticas.

En este momento crítico de la historia de España, la sociedad y su Gobierno demuestran cada día estar a la altura de sus responsabilidades. Tan solo reclamamos a la oposición que cumpla también con su papel.

PENA DE GOBIERNO DE MADRID

PENA DE GOBIERNO DE MADRID

Madrid conmemora el 2 de Mayo siendo el epicentro de una desgracia nacional, que compartimos con buena parte del mundo. Tras Nueva York y Lombardía, Madrid es la región con mayor índice de letalidad por COVID-19 de todo el planeta.

Sin embargo, a diferencia de lo que practica cada día la derecha en relación al Gobierno de España, a los socialistas no se nos ocurrirá culpar al Gobierno de la Comunidad de Madrid por este drama. No echaremos los muertos a la cara de Díaz Ayuso, como hacen ellos con el Gobierno de la nación.

Sí hemos de sostener, sin embargo, que la gestión del gobierno autonómico en la pandemia es una mala gestión. En el antes, porque la sanidad pública madrileña afrontó la crisis debilitada, tras dos décadas de recortes y privatizaciones. En el durante, porque las deficiencias y los errores están siendo manifiestos. El festival irresponsable de IFEMA solo es el último ejemplo. Y en el post, porque se niega a aceptar la mano que se le tiende para acordar la reconstrucción social y económica de la región.

El presidente del PP, Pablo Casado, insiste en situar a España entre los países con más incidencia y mortalidad por el coronavirus. Se le olvida mencionar, sin embargo, que son las cifras terribles de Madrid, donde gobierna su partido, las que elevan decisivamente a nuestro país en todas las estadísticas internacionales.

Pretende la derecha situar el debate sobre la gestión de la crisis en la cantidad de tests realizados, cuando la realidad es que España es uno de los países que más pruebas PCR y más tests realiza, por delante porcentualmente de países como Francia, Reino Unido, Canadá o Bélgica.

Pero Casado olvida mencionar nuevamente que una de las razones por las que nuestra nación no realiza más tests tiene que ver precisamente con la deficiente gestión de su partido en la comunidad madrileña: el Gobierno de España había entregado a Madrid 579.600 kits de diagnóstico rápido el día 23 de abril, pero el ejecutivo de la señora Díaz Ayuso solo informaba de haber realizado 34.716 tests. ¿Dónde están los tests restantes? ¿Por qué no se han distribuido por los hospitales y las residencias de mayores de Madrid?

El debate sobre los tests es interesante y oportuno, pero el debate clave es el que afecta a los factores determinantes en la primera línea de batalla contra el virus. Lo que realmente determina la diferencia entre la vida y la muerte en una crisis como ésta es el estado de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales, el número y capacidad de los respiradores, la cantidad de profesionales intensivistas que trabajan en esas UCI…

Y la sanidad pública madrileña ha tenido que enfrentarse a la COVID extraordinariamente debilitada en todos estos factores claves, tras años de abandono por el gobierno regional. Baste recordar que la Comunidad de Madrid, la más rica de España, ha sido durante los últimos ejercicios, recurrentemente, de las últimas regiones en gasto sanitario por habitante.

Otro debate fundamental es el relativo a las residencias de mayores. La oposición, los expertos en servicios sociales, los trabajadores, las familias de los residentes… llevan años denunciando el estado calamitoso de una red dramáticamente precaria en recursos, y sometida a la terrible ley del máximo beneficio por parte de algunas empresas sin escrúpulos. Aún hoy, pese a la presión de los alcaldes y de la Justicia, son raras las residencias con equipos mínimamente medicalizados.

Durante la crisis, la gestión de Díaz Ayuso y su equipo también ha sido muy deficiente. Los profesionales sanitarios y los trabajadores de las residencias madrileñas han tenido que enfrentar la presión brutal de la pandemia faltos de protección, de recursos, de información, de coordinación, por parte de sus gestores autonómicos.

Algunos episodios han sido incluso grotescos, como el empeño en distribuir menús poco saludables entre los niños con familias vulnerables, o los aviones desaparecidos, o los desplantes al resto de presidentes autonómicos en varias reuniones para que la presidenta se hiciera fotos en Barajas, para que la presidenta fuera a misa…

En estos últimos días, además, demuestras que van de mal en peor. Mientras la gran mayoría de madrileños aguanta los rigores del confinamiento y la distancia obligada, Díaz Ayuso congrega irresponsablemente a cientos de personas en IFEMA para una perfomance de autobombo. Y al mismo tiempo que los profesionales sanitarios reciben el aplauso general por su entrega y sacrificio, el ejecutivo autonómico anuncia el despido anticipado de miles de ellos.

El gobierno regional ha intentado camuflar su propia inoperancia con acusaciones constantes, abruptas y falsas hacia el Gobierno de España. El día 23 de abril, el Gobierno de España había entregado al Gobierno regional de Madrid: 579.600 kits de diagnóstico rápido, 14 millones de mascarillas, 7 millones de guantes de nitrilo, 110 mil unidades de solución hidro alcohólica, 63 mil gafas de protección, 122 mil buzos de protección, 95 mil batas de protección, 800 dispositivos de ventilación…

Sin embargo, Díaz Ayuso no ha cejado en propagar las acusaciones falsas de “inoperancia”, “no hay ayuda”, “nos han dejado solos”… Incluso llegó a calumniar al Gobierno de España con falsas denuncias sobre retenciones y requisas de material de protección sanitaria, intentando dirigir las quejas de médicos, enfermeros y auxiliares hacia el Gobierno central.

Mientras Casado y Álvarez de Toledo criticaban al Gobierno de España por “no dar la cara” y “secuestrar el Parlamento”, a pesar de la comparecencia semanal de Pedro Sánchez y Salvador Illa, los populares cerraban la Asamblea de Madrid, negaban cualquier ejercicio de control a la oposición y clausuraban hasta el registro parlamentario. Solo hace unos días, mes y medio después de decretarse el Estado de Alarma, accedió Díaz Ayuso a dar explicaciones en sede parlamentaria.

Y si la derecha gobernante en Madrid falló en el antes y en el durante la crisis, todo indica que fallarán también en la gestión de la post-crisis. Tanto Pedro Sánchez como Ángel Gabilondo, ganador de las elecciones autonómicas y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, han ofrecido a Díaz Ayuso un acuerdo para la reconstrucción social y económica.

La respuesta de la líder derechista en Madrid ha sido el desprecio a la mano tendida y la multiplicación de los improperios al Gobierno de España y al PSOE. Con esta actitud, al drama de  la crisis sanitaria corre el riesgo de sumarse el drama económico, social y de empleo que llegará después.

La ciudadanía madrileña se ha levantado en estos días contra el virus, con el mismo brío y la misma valentía con que se levantó hace más de doscientos años contra el invasor francés. Los profesionales sanitarios, los trabajadores públicos en general, los prestadores de servicios esenciales, han dado, están dando, una lección de sacrificio, responsabilidad y eficacia.

Qué pena que el Gobierno de Madrid no esté a su altura.

GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

La sociedad española afronta dos grandes desafíos. El primero y prioritario consiste en doblegar al virus, salvar vidas y preservar la salud de los españoles.

Pero hay un segundo reto para el que hemos de ir preparándonos: el de reconstruir un país fuertemente golpeado en su sistema sanitario, en su estructura de protección social, en su economía, en el empleo..

Ambos desafíos han de afrontarse desde la responsabilidad general, desde la unidad de propósitos y desde la lealtad en el esfuerzo a desarrollar por todos los actores concernidos.

Hay quienes cuestionan la alusión a la “guerra” en las acciones contra la pandemia. Sin embargo, tanto el número de afectados, como la gravedad de sus efectos y la dimensión de los recursos a movilizar, facultan para utilizar perfectamente ese símil.

Estamos en una guerra contra el virus. Se trata de una guerra dura y cruenta, que se está cobrando muchas vidas y está causando mucho sufrimiento. Pero es una guerra que estamos ganando. Los datos sobre la evolución de contagios, hospitalizaciones y decesos así lo ponen de manifiesto.

Se está ganando la guerra gracias a la dirección estratégica de nuestros científicos, al esfuerzo titánico de todos los servidores públicos, y a la disciplina responsable que demuestran cada día la gran mayoría de los españoles, en cumplimiento de los decretos vinculados al estado de alarma. Gracias también al liderazgo eficaz y prudente del Gobierno de España.

La guerra se está ganando, pero la guerra no está ganada. Hay que perseverar en el esfuerzo, en la prudencia, en la responsabilidad, en la unidad, en la lealtad…

También hay quienes dicen que es pronto para hablar de la reconstrucción post-pandemia. Se equivocan igualmente. Si el virus está ocasionando miles de víctimas, entre fallecidos, enfermos y afectados, las consecuencias del COVID-19 sobre la economía y el empleo están siendo ya dramáticas para millones de españoles, y el horizonte es francamente preocupante. Aquí y en todo el mundo.

Es urgente, por tanto, comenzar los trabajos de reconstrucción social y económica. En este sentido, el Presidente del Gobierno ha ofrecido una gran acuerdo de reconstrucción a todos los interlocutores institucionales, políticos y sociales.

Estamos ante la mayor crisis de nuestra generación. Salir de esta crisis requerirá esfuerzos gigantescos, que no pueden limitarse a las energías desplegadas por un Gobierno o por las fuerzas que le dan soporte habitual. Las consecuencias del COVID afectan a todos y todos estamos llamados a arrimar el hombro para afrontarlas.

El Presidente Sánchez ha recabado el acuerdo de los Gobiernos autonómicos, de las entidades locales, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de las fuerzas políticas… Se trata de un requerimiento de unidad y de lealtad para el Gobierno de España, que tiene como contrapartida idéntico ofrecimiento de unidad y lealtad en cada una de las administraciones autonómicas y locales, en cada instancia social también.

Los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno han registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de creación de una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, abierta a todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía española.

El objeto de la Comisión consiste en recibir propuestas, celebrar debates y elaborar conclusiones acordadas, en torno a cuatro grandes cuestiones: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante las instituciones de la Unión Europea, cuyo concurso valiente y solidario resulta vital en estos momentos.

Tiene que salir bien. Va a salir bien.