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Archive for the ‘Corrupción’ Category

 

La constante sucesión de casos de corrupción vinculados al Partido Popular está ocasionando graves daños sobre la institucionalidad pública española. La consecuencia más directa y evidente tiene que ver con los propios fondos públicos desviados de su destino legítimo a favor del interés general. Sin embargo, quizás el daño cualitativamente más relevante se ha producido sobre  la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento limpio de las instituciones democráticas.

El crédito de la Justicia de nuestro país ante la ciudadanía se ha visto gravemente mermado por comportamientos inadecuados, irregulares o puede que directamente delictivos de algunos de los principales protagonistas institucionales.

El ministro intercambia mensajes de ánimo con alguno de los hoy encarcelados. El Fiscal General promociona como Fiscal Jefe Anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta especialidad. El propio Moix se estrena enfrentándose a sus subordinados tras el intento de obstaculizar las investigaciones sobre alguno de los principales encausados. Y finalmente la Presidenta de la Comunidad de Madrid desliza la sospecha de que la mismísima Guardia Civil está siendo manipulada a cuenta de las querellas internas en el PP.

Gran parte de los españoles tienen hoy la convicción, bien fundada, de que estos responsables institucionales en la Justicia de nuestro país están actuando antes como defensores de los corruptos que como garantes del Estado de Derecho. Y esta convicción resulta demoledora para la imprescindible legitimación de las instituciones públicas ante la sociedad a la que sirve.

El nombramiento de Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción concita todas las sospechas. Porque resulta muy plausible pensar que si las razones de nombrar a Moix no fueron las de experiencia y capacidad, quizás el Ministro de Justicia y su Fiscal General se fijaron en otros hitos significativos de su historial.

Moix fue el Fiscal Jefe de Madrid nombrado apenas unas semanas después del “tamayazo” y que se aseguró de evitar cualquier investigación al respecto. Durante doce años, entre 2003 y 2015 no vio o no quiso ver, no denunció o no quiso denunciar el saqueo que algunos dirigentes del PP cometían sobre las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. Hasta por tres veces rechazó las denuncias vecinales sobre irregularidades en el Canal de Isabel II, que después se ha evidenciado como epicentro de la corrupción en el PP madrileño. El propio expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy en la cárcel, se ha referido a él como “un tío serio y bueno”.

Para recuperar un mínimo de confianza ciudadana en las instituciones de nuestra Justica es preciso que los procedimientos penales culminen con garantías del castigo debido para los criminales corruptos. Es imprescindible que los ladrones devuelvan el dinero robado.

Y, sobre todo, resulta absolutamente necesario que todos estos referentes institucionales dimitan o sean cesados, para asegurar el funcionamiento eficaz de nuestro Estado de Derecho, para preservar su prestigio ante la ciudadanía, y por coherencia democrática, porque tanto el Ministro como el Fiscal General y el Fiscal Jefe Anticorrupción han sido reprobados por la mayoría de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados.

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En su afán de convertir la política en un ejercicio permanente de teatralización ante la opinión pública, el señor Iglesias está contribuyendo a inutilizar uno de los instrumentos más relevantes de nuestro ordenamiento constitucional, la moción de censura al Gobierno.

La intención que se oculta apenas tras este último gesto de Iglesias puede deducirse fácilmente del procedimiento empleado en su anuncio. Una comparecencia pública unilateral de Podemos. Irrumpiendo en plena campaña de primarias para elegir secretario general en el PSOE. Avisando con apenas diez minutos de antelación a los dirigentes de los partidos que han de apoyar necesariamente la iniciativa para que prospere.

La moción de censura es una herramienta clave en la institucionalidad política española. El constituyente faculta a la oposición parlamentaria para sustituir a un gobierno inviable por un gobierno viable en circunstancias excepcionales. Las condiciones para su legitimación y eficacia son tres: la excepcionalidad de la situación debe razonarse; la moción ha de incorporar una alternativa en el programa de Gobierno y en su presidencia; y, claro está, ha de contar con apoyos suficientes para salir adelante.

De estas tres condiciones, la moción anunciada por Iglesias tan solo cumple la primera. Porque es cierto que abundan las razones para censurar y sustituir al Gobierno del PP, responsable de propiciar graves injusticias y anegado de corrupción hasta más allá de lo soportable. Pero en el planteamiento de Iglesias no hay rastro de las otras condiciones, ni programa alternativo, ni candidato a la presidencia, ni un mínimo trabajo previo para sumar apoyos a su iniciativa.

¿Por qué? Porque en realidad Iglesias ha planteado una censura falsa, sin posibilidad ni vocación de salir adelante. No tiene un programa alternativo que merezca tal consideración por parte de los demás grupos. El único candidato al que está dispuesto a apoyar es él mismo, y sabe que nunca obtendrá el respaldo suficiente.

Y, además, los números no salen, porque cualquier suma alternativa al PP requiere del apoyo de Ciudadanos y los independentistas. Los primeros han demostrado su decisión de blindar al PP, incluso allí donde sus vínculos con la corrupción son más evidentes, como Madrid y Murcia. Y los segundos se han apresurado a plantear condiciones de imposible cumplimiento, por inconvenientes y por inconstitucionales.

En consecuencia, solo cabe inferir que Iglesias ha lanzado esta iniciativa con la misma finalidad con la que se subió al “tramabús”, para obtener notoriedad pública y para rentabilizar en términos de expectativa electoral favorable el clima de indignación ciudadana ante los casos de corrupción que afectan al PP.

El problema es que estos fuegos de artificio no le salen gratis a nuestra democracia. Trivilializar el uso de un mecanismo constitucional tan relevante debilita a la institucionalidad democrática. El todo vale para la foto genera desconfianza y frustración entre la ciudadanía.

Mientras tanto, Rajoy sonríe satisfecho, porque cuanto más se hable de las performance de Iglesias menos se hablará de la operación Lezo y de las responsabilidades de la dirigencia del PP en el lodazal de corruptelas en que han convertido la vida pública española.

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simancas180516

 

 

Por si alguien albergaba aún alguna duda, el “arrepentido” David Marjaliza ha detallado ante el juez Eloy Velasco las razones por las que la mafia corrupta que saqueaba Madrid impidió la formación del Gobierno elegido democráticamente por los madrileños el 25 de mayo del año 2003.

En aquella “época loca”, según explica ante el juez el corrupto confeso Marjaliza, la corrupción era una práctica generalizada en la Comunidad de Madrid. Recalificaciones urbanísticas fraudulentas, contratos públicos amañados, privatizaciones bajo comisión, financiación ilegal de campañas políticas, puertas giratorias a gogó… El régimen madrileño era un régimen al servicio de corruptos, corrompidos y corruptores.

A todo esto llegan las elecciones autonómicas de 2003 y un equipo nuevo, ilusionado, decente, a cuyo frente se sitúa un joven de apenas 36 años, que se había dado a conocer precisamente por perseguir la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, obtiene un resultado que le permite formar un Gobierno de cambio.

Este equipo nuevo, ilusionado y decente había obtenido un gran apoyo ciudadano, además, merced a un programa bien trabajado, que proponía un modelo sólido de crecimiento para Madrid, lejos del burbujeo especulativo sobre el suelo. Proponíamos un Plan de Estrategia Territorial, elaborado por expertos universitarios, que determinara el uso del suelo en función del interés social, del fomento de la industria, de la preservación ambiental, del bienestar social, antes que al servicio de la mafia especuladora.

Este equipo, preñado de ganas por servir con decencia a los madrileños, se comprometía además a garantizar transparencia en los procesos de contratación pública, a prevenir y perseguir las irregularidades, a asegurar que pagaran sus impuestos quienes debían pagarlos, a poner fin a las privatizaciones espurias, a acabar con los trasvases permanentes entre las arcas públicas y algunos bolsillos privados…

Llegábamos, además, con la credibilidad de nuestras trayectorias personales. En aquel equipo había compañeros y compañeras que ya habían demostrado su carácter incorruptible y su compromiso personal con una política limpia al servicio del interés general, en las comisiones de vigilancia de las contrataciones de la capital, en las comisiones de urbanismo del Parlamento regional, en los Gobiernos municipales de la región…

¿Cómo iban a dejarnos gobernar? Hubiéramos frustrado el botín de aquella “época loca” que con tanta precisión, y con tanta desvergüenza, describe en estos días el corrupto Marjaliza en sede judicial. “Entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda” para el corrupto. 20.000 inmuebles, 6.000 viviendas sociales. Sobres y bolsas de dinero negro que se amontonaban en los altillos del suegro, que desbordaban las cajas de seguridad de los bancos, que se blanqueaban mediante redes mafiosas en Suiza. Vacaciones gratis, coches deportivos, regalos, “atenciones”, fiestas, campañas trampeadas por el dopaje de dinero sucio…

No iban a permitir que un puñado de políticos bienintencionados, ingenuos, inmunes a sus corruptelas mafiosas, les estropearan la “época loca” por el simple hecho de que habían obtenido unos miles de votos en unas elecciones democráticas. Buscaron la manera de frustrar aquel Gobierno, con el método que mejor conocían, con la compra mafiosa de las voluntades. Y para nuestra vergüenza encontraron dos sujetos dispuestos a corromperse con ellos.

Habrá quienes vuelvan a decir aquello de que sigo “sangrando por la herida”. Pero mi herida, la herida de aquel equipo decente, la herida de mi partido, son heridas insignificantes al dado de la herida de los madrileños. Esta es la herida que ha de importarnos.

¿Cuántos recursos robados podríamos haber dedicado a crear buenos empleos para los madrileños? ¿Cuántas mordidas millonarias podríamos haber invertido en mejorar la vida de hombres, mujeres, niños, jóvenes, mayores, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la atención a la dependencia? ¿Cuántas privatizaciones y cuantas recalificaciones mafiosas hubiéramos podido evitar en interés de todos? Esa es la herida que duele, sí.

Hay más cosas que duelen. Porque el partido que gobernó aquella “época loca” sigue gobernando la Comunidad de Madrid, y algunos de los protagonistas de aquellas “locuras” siguen en activo, como si la cosa no fuera con ellos.

Pero hay esperanza. En el año 2003 teníamos un equipo ilusionado y limpio para el cambio. Hoy tenemos a Ángel Gabilondo, y tenemos un nuevo equipo preparado, honesto, valiente, que representan tanto o aún mejor la esperanza en un futuro de desarrollo, de justicia y de decencia para Madrid. Ojalá puedan gobernar cuanto antes.

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simancas170216

Se ha estudiado y se ha escrito mucho sobre las motivaciones y las conductas de terroristas, asesinos, violadores, atracadores y otras tipologías criminales. Por el contrario, se echa de menos un análisis objetivo y profundo en torno a la mentalidad del corrupto. Puede que la razón haya que buscarla en cierta justificación, incluso cierta permisividad social, hacia el comportamiento de quienes se enriquecen espuriamente a costa de los demás.

En estos días en los que proliferan informaciones sobre casos de corrupción, pueden leerse comentarios que llegan a caracterizar a sus protagonistas como herederos de la histórica tradición picaresca en nuestro país. Se atribuye a los corruptos, de esta manera, un carácter cuasi romántico, prácticamente inevitable por razón de una pretendida desviación genética entre los españoles.

Sin embargo, la conducta de los corruptos resulta más dañina si cabe para la colectividad que la propia de terroristas o asesinos, porque estos últimos atacan nuestra convivencia desmarcándose claramente del sistema de valores y normas que nos hemos dado. Por el contrario, los corruptores y los corrompidos socavan el sistema desde dentro, pudriendo su legitimidad, quebrando la confianza en sus instituciones y estimulando otras conductas antisociales.

Los corruptos que vamos conociendo por las crónicas de tribunales no tienen nada que ver con el lazarillo de Tormes, con Guzmanzillo de Alfarache o con el don Pablos de Quevedo. No se trata de pobres avispados que emplean su ingenio para escapar del hambre y la miseria. Los comisionistas de contratos públicos, los evasores fiscales, los otorgadores de créditos tramposos, los manipuladores del urbanismo, los empresarios que manejan dinero negro o explotan a sus trabajadores, incluso los deportistas que se dopan o que se venden, no son pícaros sin maldad, sino sociópatas peligrosos.

A los corruptos de nuestra sociedad no les guía el afán por salir de la pobreza, porque son todos pudientes hombres públicos o de empresa. No han de sortear las reglas morales para sobrevivir. Practican la inmoralidad por puro egoísmo, para enriquecerse. Ignoran las normas y se saltan las leyes para acumular riqueza a costa del prójimo. Muestran una repugnante falta de empatía hacia aquellos a los que perjudican con sus mordidas. Son egocéntricos y hedonistas hasta el vómito.

Los crímenes de los corruptos no solo detraen recursos preciosos que hacen muchísima falta para mejorar la vida de los millones de españoles que de verdad sufren pobreza. No solo agravan los recortes en las políticas públicas llamadas a rescatar a los caídos en la cuneta de esta loca carrera por la acumulación y la desigualdad. También destruyen la esperanza en cualquier proyecto colectivo de futuro. Destrozan la confianza en las convenciones y las instituciones.

Y abren un hueco descomunal a los demagogos, a los populistas y a los supuestos salvadores, hábiles en la expresión del hartazgo y la rabia que muchos quieren escuchar, pero inútiles y faltos de voluntad para solucionar realmente los problemas más complejos.

Lo primero es señalarles como es debido. No son pícaros a los que mirar con comprensión, con indulgencia o, como hacen algunos incluso, con admiración. Son criminales peligrosos. Tanto, al menos, como los terroristas, los asesinos y los violadores. Porque destruyen nuestra convivencia.

Y lo segundo es blindar nuestras normas para hacérselo más difícil. Multipliquemos los recursos para que policías, fiscales y jueces los detecten, los detengan, los juzguen, los encarcelen y les hagan devolver lo robado. Cada euro dedicado a este menester se nos devolverá con creces en forma de decencia.

Nos están matando. Y hay que defenderse.

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simancas221015

Un nuevo partido de derecha constitucional es lícito y legítimo. Desde hacía tiempo, un buen número de españoles con ideología conservadora echaban de menos una opción de derecha europea, actualizada y aparentemente ajena a las prácticas clientelistas y corruptas con que se vincula al Partido Popular. Lo que no es lícito es que un partido de derechas, por renovado y moderno que se considere, intente hacerse pasar por lo que no es.

Ciudadanos no es un partido de centro, ni reformista, ni mucho menos progresista, como sostiene su máximo dirigente en un intento de pescar en todos los caladeros posibles. Ciudadanos es un partido de derechas, tal y como demuestra por sus hechos y por sus propuestas. Un partido legítimo, con posicionamientos políticos legítimos, pero un partido de derechas, con posicionamientos políticos inequívocamente de derechas.

Sus hechos son muy evidentes. Ciudadanos ha administrado los votos y la representación institucional que obtuvo en las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo como corresponde a un partido de derechas. Allí donde ha tenido la oportunidad de elegir, ha elegido siempre sumar fuerzas con el Partido Popular.

En la Comunidad de Madrid, el partido de Rivera pudo elegir entre sumar sus votos con el PP para hacer presidenta a Cristina Cifuentes y su programa de derechas, o sumar sus votos con PSOE y Podemos para hacer presidente a Ángel Gabilondo y su programa de izquierdas. Ciudadanos eligió apoyar al PP presidido por Esperanza Aguirre, el PP de las privatizaciones y los recortes, y el PP de los casos Gürtel, Púnica y Gestapillo.

Exactamente lo mismo sucedió en Murcia y La Rioja. En ambos parlamentos autonómicos podían formarse dos mayorías bien distintas: una liderada por el PP, y otra liderada por el PSOE. Y tanto en Murcia como en La Rioja, Ciudadanos eligió sumar sus escaños a los de los diputados del PP para investir sendos presidentes de derechas. Hay quienes contraponen el caso andaluz. No es válido. En Andalucía solo había un gobierno posible, el socialista. La suma de los votos del PP, Podemos, IU y Ciudadanos no era una alternativa viable.

Por tanto, los hechos son los hechos. Cuando el partido Ciudadanos ha podido elegir entre apoyar opciones de gobierno de derechas y opciones de gobierno de izquierdas, siempre ha elegido apoyar a la derecha. Porque es un partido de derechas.

Es un partido de derechas por sus hechos, y también por la carga ideológica implícita en muchas de sus propuestas más emblemáticas.

Rivera y sus gurús económicos han propuesto la implantación del contrato laboral único, que es una vieja reivindicación de los economistas más neoliberales y derechistas de España y de Europa. El contrato único equivale al contrato único temporal y precario, y supone la eliminación factual del contrato indefinido, más conocido como contrato “fijo”. Convertir a todos los trabajadores en trabajadores temporales y precarios es una propuesta legítima, pero no es de centro ni progresista. Es de derechas.

Ciudadanos ha propuesto combatir el déficit fiscal de las Comunidades Autónomas ofreciéndoles margen competitivo para establecer copagos en la prestación de servicios públicos. Esto es: si una comunidad ofrece a sus ciudadanos una prestación sanitaria que vaya más allá de la cartera básica, como pueden ser las prótesis, el transporte sanitario o ciertos medicamentos, la administración autonómica se vería obligada a financiar tal prestación cobrando nuevos copagos a los ciudadanos. Igual ocurriría con la educación no obligatoria, como la enseñanza superior universitaria: vía libre para subir las tasas. ¿Lícito? Sí, pero de derechas.

El partido Ciudadanos, que se autocalifica de centrista, ha apoyado al PP en su negativa a extender la atención sanitaria universal para los inmigrantes sin permiso de residencia. El derecho humano básico a recibir auxilio en la enfermedad, se haya nacido donde se haya nacido, puede ignorarse y puede combatirse. De hecho, se ignora y se combate. Pero esta no es una opción progresista, sino de derechas.

Rivera, Garitano, Torres y compañía defienden simplificar los tipos de IVA a tan solo dos, elevando el actual tipo super-reducido del 4% al 7%. Esto supone casi duplicar la imposición indirecta sobre artículos de primera necesidad, como el pan, la leche, el queso, los huevos, la verdura, los libros y las viviendas de protección oficial, por ejemplo. ¿De izquierdas? No. ¿De centro? Tampoco.

Ciudadanos se manifiesta en contra de las diversas rentas mínimas frente a la pobreza que han puesto en marcha varias administraciones, y que han sido propuestas desde el PSOE hasta los sindicatos para su generalización. Ellos proponen sustituir tales rentas por unos “complementos salariales”, destinados exclusivamente a quienes ya perciben rentas, pero son insuficientes. Insolidario y de derechas.

Plantean también legalizar la prostitución, para respetar la libertad individual y porque “regular dicha actividad permitiría recaudar hasta 6.000 millones de euros”. El primer argumento ignora deliberadamente que la prostitución se ejerce hoy de forma mayoritaria en condiciones de explotación y violencia contra las mujeres. El segundo argumento es simplemente indigno. De derechas.

¿Su modelo de televisión pública? Ciudadanos acaba de acordar con el PP de la Comunidad de Madrid mantener el modelo vigente en Telemadrid, símbolo donde los haya de la televisión sectaria y al servicio del poder. Con la derecha, de nuevo.

¿Imagen cuidada? Seguro. ¿Nuevos? No tanto. ¿De centro progresista? Ni hablar. Son de derechas. Que nadie se equivoque.

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simancas180915

Resulta enormemente frustrante que las instituciones, los representantes públicos y los medios de comunicación en España deban cuasi monopolizar en estos días su atención sobre el desafío irresponsable del secesionismo catalán, cuando la sociedad española tiene pendientes de resolver problemas sociales y económicos de una gravedad extrema. Pero no hacer frente a este desafío con razones fundadas y decisiones firmes sería, por desgracia, de una irresponsabilidad pareja.

El independentismo catalán no es un fenómeno nuevo en la presente historia de España. Desde la proclamación de la Constitución Española de 1978, que los catalanes votaron muy mayoritariamente, los independentistas han estado siempre presentes como opción anacrónica y minoritaria, pero legítima en el marco de nuestro Estado de Derecho. El secesionismo pierde su condición de proyecto político legítimo cuando sus administradores desafían la legalidad vigente y hacen uso de la mentira para promoverlo.

En el marco de la legalidad vigente pueden defenderse las opciones más diversas. Se pueden promover incluso objetivos que quedan fuera de la norma básica constitucional. Por ejemplo, el legítimo perseguir la autodeterminación de un territorio de España, la proclamación de la república o la propiedad pública de todos los medios de producción, por citar ejemplos extremos. Pero dentro de la legalidad. Proponiendo los cambios constitucionales precisos conforme a los procedimientos que marcan las normas.

Ibarretxe lo hizo así. Quiso cambiar la Constitución para promover la soberanía vasca, llevó la propuesta a las Cortes Generales, perdió democráticamente y renunció. Mas, Junqueras y compañía, por el contrario, aseguran una y otra vez que no reconocen la legalidad española, que les da igual lo que establezcan las leyes, y que si tienen mayoría de diputados en el Parlamento catalán el 27 de septiembre iniciarán un proceso unilateral de “desconexión” e independencia. La iniciativa de Ibarretxe era errónea pero legítima. La aventura de los separatistas catalanes es ilegal e ilegítima.

Es cierto que no se puede responder con una simple defensa de la legalidad al problema de fondo que ha hecho prender entre muchos catalanes el deseo de separarse de España. No basta, pero es imprescindible. Hay que recuperar confianzas y complicidades para seguir caminando juntos, porque por separado a todos nos iría peor. Ahí está la reforma constitucional propuesta por PSOE y PSC.

Pero, mientras tanto, hay que asegurar que se cumple la ley, y que se responde con firmeza a quienes la desafían. Porque desafiar la ley es quebrar la base misma de la convivencia democrática. No cabe confrontar ley y democracia, o ley y personas, como hacen falazmente los separatistas. No hay democracia sin ley.

Dice Miquel Iceta que para asegurar el cumplimiento de la ley en Cataluña “basta medio abogado del Estado”. Ojalá. Pero si en lugar de medio abogado del Estado, hace falta uno entero, o hace falta hacer uso de los instrumentos que prevé nuestro ordenamiento jurídico, utilícense. Porque renunciar a la ley es renunciar al fundamento principal de nuestra convivencia en democracia y en paz.

Pero además de la ley, cabe exigir la verdad en el debate soberanista. Nadie puede objetar la utilización libre de todos los argumentos al alcance de cada posición. Poco cabe objetar incluso ante el abuso de la exageración, el victimismo o la teatralidad propia de toda campaña. Ahora bien, no puede admitirse la mentira pura y directa con el propósito deliberado de engañar a la ciudadanía.

Mas, Junqueras y compañía mienten cuando dicen que una Cataluña independiente no quedaría fuera de la Unión Europea y de todas las ventajas que conlleva la condición de territorio miembro. Ocultan que ningún país serio del mundo reconocería como Estado independiente a una Cataluña separada de manera unilateral. Engañan cuando aseguran que la causa principal de los problemas económicos y sociales de la sociedad catalana está en el “expolio” fiscal del Estado español, y que una Cataluña independiente dispondría de manera inmediata de 16.000 millones extra por año para gastar.

Por otra parte, el planteamiento plebiscitario de las elecciones de 27 de septiembre choca claramente con la intención explícita de acometer el proceso soberanista si los independentistas cuentan tan solo con mayoría de diputados en el Parlamento catalán. Si adoptan el principio democrático por encima del principio de legalidad incluso, y si quieren conferir al resultado del día 27 un carácter plebiscitario, deberían establecer como condición previa a cualquier proceso unilateral la suma de la mayoría del censo electoral en Cataluña o, al menos, la suma de la mayoría de los votos emitidos en las urnas.

Admitir que adoptarán decisiones unilaterales con el respaldo único de la mayoría de los diputados catalanes, equivale a admitir que actuarán a pesar del criterio de la mayoría de los votantes en Cataluña y la mayoría de la sociedad catalana misma. ¿Dónde queda pues el principio democrático conforme a su interpretación habitual?

Esperemos que no haya opción a comprobar el alcance de los planes independentistas, y que la mayoría de los electores del 27 de septiembre den la espalda con contundencia a quienes aspiran a salvarse a sí mismos a costa de crear un problema gravísimo al conjunto de los catalanes y de los españoles en general.

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CIUDADANOS, PARA EL CAMBIO O PARA LA CONTINUIDAD

Pasar de las tertulias a las instituciones tiene ventajas e inconvenientes. Las ventajas tienen que ver con la capacidad de influencia y decisión que se asume. Los inconvenientes consisten en la responsabilidad inexorable de tomar decisiones, aunque resulten incómodas, y en la imposibilidad manifiesta de seguir defendiendo a la vez una cosa y la contraria.

En las tertulias y en las entrevistas de los medios pueden sortearse las decisiones más comprometidas. Sin embargo, cuando se cuenta con un grupo parlamentario en un Parlamento, las decisiones no se pueden sortear. Y las decisiones tienen consecuencias, para la colectividad y para la organización propia.

Ciudadanos ha irrumpido con éxito en la vida política española con el discurso de la eficiencia económica y la regeneración democrática. Sus dirigentes han explicado con reiteración que quieren cambiar el modelo productivo vigente, haciéndolo descansar en la investigación, la innovación y el conocimiento. Y han defendido la necesidad de afrontar cambios profundos en la institucionalidad democrática, con más transparencia, mejores instrumentos de participación y un compromiso firme contra las corruptelas.

Con este discurso de cambio, Ciudadanos ha obtenido apoyos muy relevantes del electorado, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde sus 17 escaños resultan decisivos para conformar el futuro gobierno regional.

La disyuntiva insoslayable que tiene este nuevo partido ante sí consiste en lo siguiente: o confirman su disposición para el cambio, o renuncian a su discurso reformista y apoyan con sus votos la continuidad de las políticas del PP de Aguirre y Cifuentes en la Comunidad de Madrid. Cualquier decisión que adopte será legítima y respetable, pero tendrá consecuencias, sobre todo en su credibilidad ante la ciudadanía de Madrid y del conjunto de España.

El voto a favor de la investidura de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid sería un voto por la continuidad de las políticas que Ciudadanos ha venido denunciando insistentemente durante los últimos meses. Cifuentes es la candidata del PP que preside Esperanza Aguirre, ha sido la Delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid, y ha sido corresponsable, como diputada autonómica y dirigente del PP madrileño, de todas las decisiones que la derecha madrileña ha adoptado en orden a los recortes de derechos, las privatizaciones de servicios públicos y el compromiso insuficiente contra la corrupción, que ha permitido casos como Gurtel y Púnica.

Una eventual abstención en la investidura de Ángel Gabilondo, si este lograra el apoyo de Podemos, daría lugar a un gobierno de cambio auténtico en la Comunidad de Madrid, tras 20 años de gobiernos del PP. El perfil de Gabilondo es una garantía de cambio en sí mismo. Se trata del candidato mejor valorado por los madrileños, porque su programa, su trayectoria y su talante aseguran una disposición firme a favor de un desarrollo económico moderno y justo, unas políticas públicas eficientes para el bienestar social, y una limpieza absoluta en las instituciones madrileñas.

Gabilondo ha manifestado en muchas ocasiones que uno de los males de nuestra política reside en el partidismo, antes que en el bipartidismo tan denostado por algunos. Sustituir un el bipartidismo que se denuncia por un monopartidismo, otro bipartidismo o un tetrapartidismo nuevo no serviría para mejorar la calidad de la democracia. Hace falta superar el partidismo más sectario, abandonar las tentaciones dogmáticas y frentistas, para anteponer el interés general de la ciudadanía y los procedimientos democráticos del diálogo, la participación cívica y los acuerdos sobre los grandes proyectos colectivos a emprender. Gabilondo tiene el perfil adecuado para emprender esta estrategia.

La situación del Parlamento de Madrid es muy distinta de la que se vive en el Parlamento andaluz. En Andalucía solo existe una alternativa de gobierno viable, la que en lidera el PSOE y Susana Díaz tras ganar las elecciones. No existe posibilidad de un acuerdo distinto entre las demás fuerzas políticas, según se ha comprobado. La disyuntiva en Andalucía, pues, consiste en posibilitar el único gobierno factible o bloquear sine die la gestión de los intereses generales. En Madrid, sin embargo, hay dos opciones perfectamente viables: la continuidad o el cambio.

Está en juego el futuro de la ciudadanía madrileña, y esto es lo más importante. Pero Ciudadanos también se juega su credibilidad como opción política de cambio, de modernización y de regeneración democrática.

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