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Archive for the ‘Corrupción’ Category

Los argumentos a favor de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno Rajoy son tan evidentes que resulta más interesante centrarse en rebatir los argumentos esgrimidos por sus contrarios.

Tras la contundente sentencia del caso Gurtel, la elección es inequívoca: o mantenemos el Gobierno en manos de Rajoy y su partido condenado por corrupción, o damos paso a un Gobierno que recupere la dignidad de nuestras instituciones democráticas. Tan fácil como esto.

El primer argumento utilizado contra la moción ha sido el de la inestabilidad. La propia vicepresidenta del Gobierno intentó achacar a la iniciativa del PSOE la responsabilidad por el aumento en los últimos días del coste de la deuda y la caída de algunos valores bursátiles. “Nos cuesta mucho dinero”, se atrevió a manifestar la señora Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a las instituciones económicas y lo que ciertamente disuade a los inversores es la corrupción que anega a la dirigencia del partido gobernante, constatada ya por los tribunales de Justicia. Nada desestabiliza más en una democracia que los comportamientos corruptos en sus mandatarios. El primer objetivo de la moción consiste, precisamente, en recuperar la dignidad de las instituciones y, por tanto, su estabilidad.

El segundo argumento contrario a la moción reprocha su carácter supuestamente “no democrático”, en razón a que “busca obtener en los despachos lo que no se obtuvo en las urnas”. Son palabras del líder de Ciudadanos. Además de desconocer los cauces que la Constitución establece para formar Gobierno, esta argumentación ignora los principios más elementales del parlamentarismo.

En las democracias parlamentarias no gobierna de forma automática aquel que obtiene un voto más que el segundo clasificado, sino aquel que logra el apoyo mayoritario entre los legítimos representantes de la ciudadanía. Por tanto, un candidato que suma el apoyo de la mayoría parlamentaria, por ejemplo mediante un moción de censura, es un candidato con plena legitimidad democrática. Resulta extraño, sin embargo, que el propio Rivera, al tiempo que niega legitimidad al candidato socialista con más de cinco millones de votos populares, proponga la elección de un presidente “instrumental” sin respaldo electoral alguno.

El tercer impedimento tiene que ver con la reivindicación de unas elecciones generales a corto plazo.  Paradójicamente, Ciudadanos reclama un acuerdo entre los partidos constitucionalistas para poner en práctica una medida claramente inconstitucional: la llamada “moción instrumental”. Porque tal cosa no existe en nuestra Carta Marga. Por el contrario, el artículo 113 de la Constitución ofrece la posibilidad de “exigir la responsabilidad política del Gobierno” mediante una moción constructiva, que conlleve simultáneamente la investidura de un nuevo Presidente.

Toda vez que el candidato socialista ha comprometido públicamente la convocatoria electoral en breve plazo, y dado que el actual presidente ha manifestado su intención de agotar la legislatura, las opciones en el voto de la moción de censura también son claras a este respecto. Votar sí equivale a elecciones adelantadas, y votar no equivale a elecciones retrasadas.

El cuarto motivo es el de la garantía de la integridad territorial. Pretenden argumentar los contrarios a la moción que el supuesto voto favorable por parte de los diputados nacionalistas e independentistas pondría en riesgo la unidad del país. Sin embargo, el candidato ha sido absolutamente explícito en su voluntad de defender desde el Gobierno “el ordenamiento constitucional y la unidad de España”.

Hace falta tener mala fe para poner en duda el compromiso del PSOE con la Constitución y la integridad territorial de España. El Partido Socialista fue protagonista fundamental en la elaboración, la aprobación y el desarrollo de la Constitución de 1978. El PSOE es el partido español que más tiempo ha gobernado aplicando la ley de leyes. Y ningún partido ha sido más firme, coherente y leal en el apoyo al actual Gobierno durante la aplicación del artículo 155, para hacer frente al desafío separatista en Cataluña.

También se habla de lo inadecuado de dar lugar a un gobierno “Frankenstein”, como eufemismo de un ejecutivo con apoyos fragmentados y diversos. Ciertamente, resulta mucho más interesante para la estabilidad política del país contar con un gobierno de apoyos amplios y sólidos. Pero esa es una decisión a adoptar por el pueblo soberano, y el pueblo soberano decidió libremente en las últimas elecciones que su representación fuera como es: fragmentada y diversa.

El Gobierno del PP acaba de aprobar su proyecto de presupuestos en el Congreso gracias al apoyo de un conjunto fragmentado y diverso de hasta siete partidos políticos distintos: Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Nueva Canarias. ¿Qué apoyos requeriría un gobierno alternativo tras la moción de censura? Pues eso, un conjunto de apoyos fragmentados y diversos, pero distinto en su configuración y en sus objetivos.

En todo caso, los analistas dados al lamento por la representación crecientemente fragmentada y a la nostalgia por las grandes mayorías, debieran asumir que esta es una tendencia a escala europea y muy de fondo. Por tanto, sin abandonar la lógica vocación de mayoría inherente al menos a la socialdemocracia, conviene acostumbrarse por un tiempo a hacer política con mucha voluntad de diálogo y mucha capacidad de acuerdo.

En realidad, solo hay una razón creíble para votar contra la moción de censura presentada por el PSOE: mantener en el Gobierno a Mariano Rajoy y a su partido condenado por corrupción. Pero es una razón moralmente inaceptable.

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La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gurtel conduce a Mariano Rajoy y al Gobierno del PP a una situación insostenible.

La Justicia ha declarado probada la existencia de “una auténtica y eficaz corrupción institucional” en torno al partido en el poder. La red criminal implica a todos los niveles de la administración pública, desde el Gobierno central hasta varias Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

El funcionamiento de la trama corrupta es tan simple como inmoral. Los responsables institucionales del PP adjudicaban contratos públicos a determinadas empresas, a cambio de regalos personales y mordidas para la financiación ilegal del partido. 

Los jueces constatan la existencia durante varios años de la caja B del Partido Popular, una financiación “extra contable”, en palabras del tesorero condenado, para pagar sobresueldos y financiar las actividades del partido al margen de los límites legales. 

La notoriedad de los condenados y la gravedad de las condenas no permiten en esta ocasión al Gobierno y al PP acudir al argumento del hecho aislado. Además, esta condena coincide en el tiempo con la detención de Eduardo Zaplana, expresidente autonómico y exministro popular, investigado también por el blanqueo del botín de sus propias corruptelas. Y aún están pendientes los juicios por un sinfín de casos parecidos. 

La implicación política de Mariano Rajoy en el escándalo es directa y muy clara. Él era Presidente del Partido Popular mientras se cometían buena parte de los hechos juzgados, y con anterioridad también formaba parte de la dirección del partido y de sus campañas electorales, hoy cuestionadas en la sentencia por su falta de limpieza.

El daño infligido sobre la sociedad española y sus instituciones es de una gravedad extraordinaria. Justo cuando comienzan a amainar los vientos que han impulsado el crecimiento de la economía española. Cuando se intensifican las presiones para repartir el fruto del crecimiento con cierta equidad. En el contexto del desafío separatista en Cataluña. En pleno proceso de decisiones para acelerar la integración europea. En el peor momento. 

La sentencia condena a los corruptos pero produce también un efecto demoledor sobre el prestigio y la credibilidad del Gobierno, de las instituciones democráticas y de la actividad política en general. Y el descrédito institucional alimenta a los populismos, que no aportan soluciones, pero administran la ira y la frustración ciudadanas en beneficio propio. 

Es cierto que la sentencia del caso Gurtel no resulta novedosa, por desgracia. Ni es la primera ni será la última de este tenor, muy probablemente. Pero la situación, en lo político y en lo moral, resulta ya absolutamente insoportable.

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Durante estos días se han divulgado dos informaciones que de forma aislada golpean duramente la conciencia colectiva, pero que asumidas de manera simultánea constatan el fracaso definitivo del modelo social instaurado por la hegemonía derechista en España.

El trasiego de “arrepentidos” del PP por los tribunales de Justicia, más que revelador, está resultando impúdico. El exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha sido el último. El otrora referente de la todopoderosa derecha levantina no ha buscado eufemismos para reconocer que su partido se financiaba con “dinero negro” procedente de mordidas empresariales.

En paralelo, y con ocasión de la tradicional reunión de poderes económicos en Davos, la ONG Oxfam-Intermón ha dado a conocer algunos datos reveladores sobre la situación socioeconómica de España tras la gestión de la crisis por el Gobierno Rajoy. Hasta el 28% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza, por percibir menos del 60% de los ingresos medios y por carecer de acceso seguro a los elementos materiales que proporcionan una vida digna.

Entretanto, la Legislatura vigente, que nació tarde y mal, languidece en su agonía. El Presidente no tiene más plan que aguantar y aguantar, a la espera de que los problemas se resuelvan por sí mismos o acaben pudriéndose ante la resignación general. Sin programa y sin equipo creíble, el Gobierno no gobierna y bloquea cualquier iniciativa de la oposición, haciendo uso abusivo y fraudulento de la prerrogativa constitucional del veto presupuestario.

Paradójicamente, el sustento más seguro y eficaz para Rajoy es Puigdemont. La función cómica cotidiana de ex honorable contribuye a camuflar jornada tras jornada las peores consecuencias de la acción y la inacción del Gobierno español. La amenaza secesionista frena, además, los reprochatorios al PP en la medida en que tiene la responsabilidad de dirigir la supervivencia misma del Estado de Derecho.

El enfado y la frustración de la ciudadanía son perfectamente comprensibles. Los problemas se acumulan sin solución, los escándalos se suceden sin asunción de responsabilidad y las instituciones parecen inermes para ofrecer respuestas. Es el caldo de cultivo ideal para que prosperen populistas y oportunistas, morados o naranjas.

Los “arrepentidos”, además, parecen sucederse sin fin. La semana pasada fue el empresario Marjaliza el que reconocía las comisiones millonarias que se repartía con el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados. Antes de ayer fueron Correa, Crespo y el “bigotes” quienes describían sin sonrojo el saqueo del presupuesto público. Ayer era Pedro J. Ramírez el arrepentido por solicitar siete veces el voto al PP, tras las revelaciones de sus “cuatro horas con Bárcenas”. Y ahora es Costa el que deja en evidencia a toda la cúpula popular.

Y si los escándalos de corrupción no paran, en paralelo tampoco lo hacen las evidencias del crecimiento de la desigualdad y la injusticia social en nuestro país. El mencionado informe Oxfam refleja también que España es el quinto país de Europa en cuanto a desigualdad de ingresos, solo por detrás de algunos países del este. Y cerca del 14% de los asalariados españoles viven en la pobreza, dada la precariedad de sus contratos y lo eximio de sus sueldos.

O paramos esto pronto o el daño producido sobre la credibilidad de nuestras instituciones democráticas será pronto tan profundo como irreversible.

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La constante sucesión de casos de corrupción vinculados al Partido Popular está ocasionando graves daños sobre la institucionalidad pública española. La consecuencia más directa y evidente tiene que ver con los propios fondos públicos desviados de su destino legítimo a favor del interés general. Sin embargo, quizás el daño cualitativamente más relevante se ha producido sobre  la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento limpio de las instituciones democráticas.

El crédito de la Justicia de nuestro país ante la ciudadanía se ha visto gravemente mermado por comportamientos inadecuados, irregulares o puede que directamente delictivos de algunos de los principales protagonistas institucionales.

El ministro intercambia mensajes de ánimo con alguno de los hoy encarcelados. El Fiscal General promociona como Fiscal Jefe Anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta especialidad. El propio Moix se estrena enfrentándose a sus subordinados tras el intento de obstaculizar las investigaciones sobre alguno de los principales encausados. Y finalmente la Presidenta de la Comunidad de Madrid desliza la sospecha de que la mismísima Guardia Civil está siendo manipulada a cuenta de las querellas internas en el PP.

Gran parte de los españoles tienen hoy la convicción, bien fundada, de que estos responsables institucionales en la Justicia de nuestro país están actuando antes como defensores de los corruptos que como garantes del Estado de Derecho. Y esta convicción resulta demoledora para la imprescindible legitimación de las instituciones públicas ante la sociedad a la que sirve.

El nombramiento de Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción concita todas las sospechas. Porque resulta muy plausible pensar que si las razones de nombrar a Moix no fueron las de experiencia y capacidad, quizás el Ministro de Justicia y su Fiscal General se fijaron en otros hitos significativos de su historial.

Moix fue el Fiscal Jefe de Madrid nombrado apenas unas semanas después del “tamayazo” y que se aseguró de evitar cualquier investigación al respecto. Durante doce años, entre 2003 y 2015 no vio o no quiso ver, no denunció o no quiso denunciar el saqueo que algunos dirigentes del PP cometían sobre las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. Hasta por tres veces rechazó las denuncias vecinales sobre irregularidades en el Canal de Isabel II, que después se ha evidenciado como epicentro de la corrupción en el PP madrileño. El propio expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy en la cárcel, se ha referido a él como “un tío serio y bueno”.

Para recuperar un mínimo de confianza ciudadana en las instituciones de nuestra Justica es preciso que los procedimientos penales culminen con garantías del castigo debido para los criminales corruptos. Es imprescindible que los ladrones devuelvan el dinero robado.

Y, sobre todo, resulta absolutamente necesario que todos estos referentes institucionales dimitan o sean cesados, para asegurar el funcionamiento eficaz de nuestro Estado de Derecho, para preservar su prestigio ante la ciudadanía, y por coherencia democrática, porque tanto el Ministro como el Fiscal General y el Fiscal Jefe Anticorrupción han sido reprobados por la mayoría de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados.

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En su afán de convertir la política en un ejercicio permanente de teatralización ante la opinión pública, el señor Iglesias está contribuyendo a inutilizar uno de los instrumentos más relevantes de nuestro ordenamiento constitucional, la moción de censura al Gobierno.

La intención que se oculta apenas tras este último gesto de Iglesias puede deducirse fácilmente del procedimiento empleado en su anuncio. Una comparecencia pública unilateral de Podemos. Irrumpiendo en plena campaña de primarias para elegir secretario general en el PSOE. Avisando con apenas diez minutos de antelación a los dirigentes de los partidos que han de apoyar necesariamente la iniciativa para que prospere.

La moción de censura es una herramienta clave en la institucionalidad política española. El constituyente faculta a la oposición parlamentaria para sustituir a un gobierno inviable por un gobierno viable en circunstancias excepcionales. Las condiciones para su legitimación y eficacia son tres: la excepcionalidad de la situación debe razonarse; la moción ha de incorporar una alternativa en el programa de Gobierno y en su presidencia; y, claro está, ha de contar con apoyos suficientes para salir adelante.

De estas tres condiciones, la moción anunciada por Iglesias tan solo cumple la primera. Porque es cierto que abundan las razones para censurar y sustituir al Gobierno del PP, responsable de propiciar graves injusticias y anegado de corrupción hasta más allá de lo soportable. Pero en el planteamiento de Iglesias no hay rastro de las otras condiciones, ni programa alternativo, ni candidato a la presidencia, ni un mínimo trabajo previo para sumar apoyos a su iniciativa.

¿Por qué? Porque en realidad Iglesias ha planteado una censura falsa, sin posibilidad ni vocación de salir adelante. No tiene un programa alternativo que merezca tal consideración por parte de los demás grupos. El único candidato al que está dispuesto a apoyar es él mismo, y sabe que nunca obtendrá el respaldo suficiente.

Y, además, los números no salen, porque cualquier suma alternativa al PP requiere del apoyo de Ciudadanos y los independentistas. Los primeros han demostrado su decisión de blindar al PP, incluso allí donde sus vínculos con la corrupción son más evidentes, como Madrid y Murcia. Y los segundos se han apresurado a plantear condiciones de imposible cumplimiento, por inconvenientes y por inconstitucionales.

En consecuencia, solo cabe inferir que Iglesias ha lanzado esta iniciativa con la misma finalidad con la que se subió al “tramabús”, para obtener notoriedad pública y para rentabilizar en términos de expectativa electoral favorable el clima de indignación ciudadana ante los casos de corrupción que afectan al PP.

El problema es que estos fuegos de artificio no le salen gratis a nuestra democracia. Trivilializar el uso de un mecanismo constitucional tan relevante debilita a la institucionalidad democrática. El todo vale para la foto genera desconfianza y frustración entre la ciudadanía.

Mientras tanto, Rajoy sonríe satisfecho, porque cuanto más se hable de las performance de Iglesias menos se hablará de la operación Lezo y de las responsabilidades de la dirigencia del PP en el lodazal de corruptelas en que han convertido la vida pública española.

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simancas180516

 

 

Por si alguien albergaba aún alguna duda, el “arrepentido” David Marjaliza ha detallado ante el juez Eloy Velasco las razones por las que la mafia corrupta que saqueaba Madrid impidió la formación del Gobierno elegido democráticamente por los madrileños el 25 de mayo del año 2003.

En aquella “época loca”, según explica ante el juez el corrupto confeso Marjaliza, la corrupción era una práctica generalizada en la Comunidad de Madrid. Recalificaciones urbanísticas fraudulentas, contratos públicos amañados, privatizaciones bajo comisión, financiación ilegal de campañas políticas, puertas giratorias a gogó… El régimen madrileño era un régimen al servicio de corruptos, corrompidos y corruptores.

A todo esto llegan las elecciones autonómicas de 2003 y un equipo nuevo, ilusionado, decente, a cuyo frente se sitúa un joven de apenas 36 años, que se había dado a conocer precisamente por perseguir la corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, obtiene un resultado que le permite formar un Gobierno de cambio.

Este equipo nuevo, ilusionado y decente había obtenido un gran apoyo ciudadano, además, merced a un programa bien trabajado, que proponía un modelo sólido de crecimiento para Madrid, lejos del burbujeo especulativo sobre el suelo. Proponíamos un Plan de Estrategia Territorial, elaborado por expertos universitarios, que determinara el uso del suelo en función del interés social, del fomento de la industria, de la preservación ambiental, del bienestar social, antes que al servicio de la mafia especuladora.

Este equipo, preñado de ganas por servir con decencia a los madrileños, se comprometía además a garantizar transparencia en los procesos de contratación pública, a prevenir y perseguir las irregularidades, a asegurar que pagaran sus impuestos quienes debían pagarlos, a poner fin a las privatizaciones espurias, a acabar con los trasvases permanentes entre las arcas públicas y algunos bolsillos privados…

Llegábamos, además, con la credibilidad de nuestras trayectorias personales. En aquel equipo había compañeros y compañeras que ya habían demostrado su carácter incorruptible y su compromiso personal con una política limpia al servicio del interés general, en las comisiones de vigilancia de las contrataciones de la capital, en las comisiones de urbanismo del Parlamento regional, en los Gobiernos municipales de la región…

¿Cómo iban a dejarnos gobernar? Hubiéramos frustrado el botín de aquella “época loca” que con tanta precisión, y con tanta desvergüenza, describe en estos días el corrupto Marjaliza en sede judicial. “Entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda” para el corrupto. 20.000 inmuebles, 6.000 viviendas sociales. Sobres y bolsas de dinero negro que se amontonaban en los altillos del suegro, que desbordaban las cajas de seguridad de los bancos, que se blanqueaban mediante redes mafiosas en Suiza. Vacaciones gratis, coches deportivos, regalos, “atenciones”, fiestas, campañas trampeadas por el dopaje de dinero sucio…

No iban a permitir que un puñado de políticos bienintencionados, ingenuos, inmunes a sus corruptelas mafiosas, les estropearan la “época loca” por el simple hecho de que habían obtenido unos miles de votos en unas elecciones democráticas. Buscaron la manera de frustrar aquel Gobierno, con el método que mejor conocían, con la compra mafiosa de las voluntades. Y para nuestra vergüenza encontraron dos sujetos dispuestos a corromperse con ellos.

Habrá quienes vuelvan a decir aquello de que sigo “sangrando por la herida”. Pero mi herida, la herida de aquel equipo decente, la herida de mi partido, son heridas insignificantes al dado de la herida de los madrileños. Esta es la herida que ha de importarnos.

¿Cuántos recursos robados podríamos haber dedicado a crear buenos empleos para los madrileños? ¿Cuántas mordidas millonarias podríamos haber invertido en mejorar la vida de hombres, mujeres, niños, jóvenes, mayores, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en la atención a la dependencia? ¿Cuántas privatizaciones y cuantas recalificaciones mafiosas hubiéramos podido evitar en interés de todos? Esa es la herida que duele, sí.

Hay más cosas que duelen. Porque el partido que gobernó aquella “época loca” sigue gobernando la Comunidad de Madrid, y algunos de los protagonistas de aquellas “locuras” siguen en activo, como si la cosa no fuera con ellos.

Pero hay esperanza. En el año 2003 teníamos un equipo ilusionado y limpio para el cambio. Hoy tenemos a Ángel Gabilondo, y tenemos un nuevo equipo preparado, honesto, valiente, que representan tanto o aún mejor la esperanza en un futuro de desarrollo, de justicia y de decencia para Madrid. Ojalá puedan gobernar cuanto antes.

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simancas170216

Se ha estudiado y se ha escrito mucho sobre las motivaciones y las conductas de terroristas, asesinos, violadores, atracadores y otras tipologías criminales. Por el contrario, se echa de menos un análisis objetivo y profundo en torno a la mentalidad del corrupto. Puede que la razón haya que buscarla en cierta justificación, incluso cierta permisividad social, hacia el comportamiento de quienes se enriquecen espuriamente a costa de los demás.

En estos días en los que proliferan informaciones sobre casos de corrupción, pueden leerse comentarios que llegan a caracterizar a sus protagonistas como herederos de la histórica tradición picaresca en nuestro país. Se atribuye a los corruptos, de esta manera, un carácter cuasi romántico, prácticamente inevitable por razón de una pretendida desviación genética entre los españoles.

Sin embargo, la conducta de los corruptos resulta más dañina si cabe para la colectividad que la propia de terroristas o asesinos, porque estos últimos atacan nuestra convivencia desmarcándose claramente del sistema de valores y normas que nos hemos dado. Por el contrario, los corruptores y los corrompidos socavan el sistema desde dentro, pudriendo su legitimidad, quebrando la confianza en sus instituciones y estimulando otras conductas antisociales.

Los corruptos que vamos conociendo por las crónicas de tribunales no tienen nada que ver con el lazarillo de Tormes, con Guzmanzillo de Alfarache o con el don Pablos de Quevedo. No se trata de pobres avispados que emplean su ingenio para escapar del hambre y la miseria. Los comisionistas de contratos públicos, los evasores fiscales, los otorgadores de créditos tramposos, los manipuladores del urbanismo, los empresarios que manejan dinero negro o explotan a sus trabajadores, incluso los deportistas que se dopan o que se venden, no son pícaros sin maldad, sino sociópatas peligrosos.

A los corruptos de nuestra sociedad no les guía el afán por salir de la pobreza, porque son todos pudientes hombres públicos o de empresa. No han de sortear las reglas morales para sobrevivir. Practican la inmoralidad por puro egoísmo, para enriquecerse. Ignoran las normas y se saltan las leyes para acumular riqueza a costa del prójimo. Muestran una repugnante falta de empatía hacia aquellos a los que perjudican con sus mordidas. Son egocéntricos y hedonistas hasta el vómito.

Los crímenes de los corruptos no solo detraen recursos preciosos que hacen muchísima falta para mejorar la vida de los millones de españoles que de verdad sufren pobreza. No solo agravan los recortes en las políticas públicas llamadas a rescatar a los caídos en la cuneta de esta loca carrera por la acumulación y la desigualdad. También destruyen la esperanza en cualquier proyecto colectivo de futuro. Destrozan la confianza en las convenciones y las instituciones.

Y abren un hueco descomunal a los demagogos, a los populistas y a los supuestos salvadores, hábiles en la expresión del hartazgo y la rabia que muchos quieren escuchar, pero inútiles y faltos de voluntad para solucionar realmente los problemas más complejos.

Lo primero es señalarles como es debido. No son pícaros a los que mirar con comprensión, con indulgencia o, como hacen algunos incluso, con admiración. Son criminales peligrosos. Tanto, al menos, como los terroristas, los asesinos y los violadores. Porque destruyen nuestra convivencia.

Y lo segundo es blindar nuestras normas para hacérselo más difícil. Multipliquemos los recursos para que policías, fiscales y jueces los detecten, los detengan, los juzguen, los encarcelen y les hagan devolver lo robado. Cada euro dedicado a este menester se nos devolverá con creces en forma de decencia.

Nos están matando. Y hay que defenderse.

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