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ECONOMÍA SÍ, PERO OTRA ECONOMÍA

ECONOMÍA SÍ, PERO OTRA ECONOMÍA

La pandemia ha trastocado todo el debate político en España.

El Gobierno y las fuerzas que le apoyan establecen tres prioridades: fortalecer el sistema sanitario, para proteger la vida y la salud; levantar un escudo social, para que nadie quede atrás; e impulsar la reconstrucción social y económica, para salir más fuertes.

Los ultras están a lo de toda la vida: el acoso y derribo del Gobierno, por las buenas o por las malas. Los independentistas también, en su marco conceptual pequeñito y con anteojeras.

¿Cuál es el planteamiento del PP? Su objetivo ha sido siempre el mismo: utilizar la crisis del COVID para desgastar al Gobierno. Para ello, su estrategia ha ido variando, de los reproches por la gestión sanitaria a los supuestos peligros para la libertad y, últimamente, al cuestionamiento de los planes del Gobierno acerca de la economía y el empleo.

Mantenemos el propósito de cimentar un sistema sanitario más sólido y solvente. Seguiremos construyendo ese gran escudo social contra la desigualdad y la pobreza. Pero no vamos a rehuir el debate sobre la política económica. Economía sí, pero otra economía, desde luego.

Los planteamientos de crítica y de propuesta de la derecha se fundamentan, paradójicamente, en los mismos paradigmas con que afrontaron a partir de 2011 la gran crisis de origen financiero. Hoy existe un amplio consenso en el análisis de que aquellas fórmulas retrasaron la recuperación económica y empobrecieron a amplios sectores de la población.

Sin embargo, el PP mantiene el discurso de las viejas recetas neoliberales fracasadas. Insisten en las políticas de austeridad a toda costa. Reivindican la reforma laboral de los “trabajadores pobres” que impusieron en 2012. Reclaman bajadas indiscriminadas de impuestos. Proponen “colaboraciones público-privadas”, que aluden a aquel viejo axioma de socializar pérdidas y privatizar beneficios…

Como si no hubieran aprendido nada del sufrimiento de millones de españoles durante todo este tiempo…

La señora Díaz Ayuso, siempre adelantada al resto de la derecha en sus palabras y en sus acciones, ya ha completado el círculo del revival neoliberal con un proyecto de ley de barra libre, aún más, para la especulación urbanística en Madrid.

Pero los demás sí hemos aprendido de los errores de la austeridad, la liberalización a ultranza y los recortes sociales. Hasta el punto de que algunos de los apóstoles de aquella religión se han convertido a un nuevo paradigma, que reclama ahora políticas fiscales expansivas, ingresos mínimos para toda la población, y hasta la nacionalización del capital de grandes referentes empresariales como Lufthansa.

Desde Lagarde a De Guindos, desde la Alemania de Merkel y Schauble al Luxemburgo de los paraísos fiscales, se habla ahora en otros términos y casi en otro idioma. Pero el Partido Popular español sigue anclado en sus dogmas y en sus errores…

Economía sí, pero otra economía. En eso está el Gobierno español, y en eso está buena parte del resto de Europa y del mundo.

Estrategias fiscales expansivas, con planes multimillonarios de inversión pública, que aluden sin complejos al New Deal, al Plan Marshall, a la vuelta de Keynes…

La modernización del modelo productivo, sustituyendo las dinámicas especulativas por la apuesta de la transición ecológica, la transformación digital, la economía del conocimiento, el impulso a la ciencia, la formación profesional cualificada, el reto demográfico, la responsabilidad social de las empresas…

Una nueva visión de las políticas laborales, en la conciencia de que ganar productividad y competitividad mediante la precarización de los empleos y los salarios no solo es injusto, es que, además, resulta contraproducente e ineficiente. Más derechos, más estabilidad, mejores salarios.  Porque así se suma productividad y competitividad, con solidez. Ese es el camino ahora, frente a las reformas laborales precarizadoras de antaño.

Una salida de la crisis sin perdedores. Con un escudo social amplio y robusto. Un ingreso mínimo vital que blinde a la sociedad respecto a la pobreza y la exclusión social. Políticas de vivienda que garanticen el derecho humano a contar con un techo digno para la familia…

Reforzar lo público, porque lo público concierne a todos, protege a todos, sirve a todos. Algunos, al parecer, acaban de descubrirlo en las UCI de los hospitales, en el servicio abnegado y eficaz de los profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los educadores y las educadoras, los cuidadores y las cuidadoras… Sin recortes irracionales y sin privatizaciones indecentes.

Una fiscalidad progresiva y justa, porque las inversiones y el sostenimiento de lo público requieren de recursos suficientes. Y tienen que contribuir más quienes más ganan, quienes más tienen y, sobre todo, quienes más esconden.

Y una sociedad que haga funcionar su motor al 100%, sin dejar a las mujeres a merced de olvidos, discriminaciones y violencias tan injustas como anacrónicas.

¿Hablar de economía? Cuando quieran.

Lealtad crítica, sí. Sabotaje, no


 

La crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha de considerarse como una guerra, a juzgar por muchos analistas. Desde luego, nos enfrentamos a un enemigo que amenaza dramáticamente nuestras vidas y nuestro bienestar. Y no hay duda tampoco de que la victoria sobre tal enemigo requiere la movilización máxima de recursos y energías colectivas. Como en una guerra.

Democracia y escenario de guerra no son realidades que conjuguen bien, ciertamente. Pero nadie puede dudar de que, en tiempos de guerra, hasta el régimen más democrático ha de exigir a sus actores políticos, sociales y económicos, un ejercicio claro de responsabilidad, de unidad de acción y de lealtad. Lealtad crítica, sí. Pero lealtad.

¿Se está dando esa lealtad mínima exigible en la batalla vigente contra el virus? Sí, por parte de la gran mayoría de la población española. Y no, por parte de la derecha española, fundamentalmente.

Nadie podría reprochar el legítimo ejercicio del control al Gobierno, ni la razonable exigencia de eficacia a quien lleva las riendas de la crisis. Eso sí. El sabotaje deliberado, doloso y oportunista que practica la dirección nacional y madrileña del PP, no. Y, desde luego, el planteamiento pseudo-golpista de los ultras herederos del franquismo, tampoco.

El Gobierno de España administra la lucha contra el virus mediante tres ejes de acción: el fortalecimiento del servicio sanitario; la protección social de los más vulnerables; y el sostenimiento del aparato económico de cara a la reconstrucción post-virus. Y su actuación sigue, a su vez, tres constantes: el consejo de los expertos; la coordinación con las administraciones competentes; y la máxima transparencia informativa.

¿Son discutibles sus acciones? Claro que sí. ¿Podrían haberse planteado decisiones mejores y podría haberse ejecutado mejor lo decidido? Indudablemente. Pero nadie puede discutir que cada decisión y cada ejecución resisten cualquier comparativa seria con lo decidido y ejecutado en otros lugares del mundo con guerras semejantes. En contenido, en tiempos, en eficacia y consenso social. Es indiscutible.

Se entienden, no obstante, las críticas acerca de gestiones concretas: el nivel de confinamiento en cada etapa de la crisis; la llegada de material de protección a los profesionales en primera línea de batalla; las ayudas concretas a colectivos, trabajadores, empresas… Se comprenden las reivindicaciones, las exigencias, las impaciencias…

Lo que no se entiende es la mentira, la manipulación, el bulo consciente, la obstaculización deliberada, los palos en las ruedas… Esto se entiende menos. Algunos no lo entendemos nada, de hecho. Especialmente cuando viene de representantes públicos, de dirigentes políticos y hasta de gobernantes autonómicos, que tienen el deber moral de ejercer la responsabilidad, la solidaridad y la lealtad en favor del interés general.

Lo que no se entiende es el sabotaje.

Porque sabotaje es intentar responsabilizar al Gobierno de España de los eventuales contagios que hubieran podido producirse en la manifestación feminista del 8 de marzo. Cuando ningún experto, ninguna autoridad sanitaria, y ningún portavoz de la derecha española, por cierto, planteaban la suspensión de los actos públicos en aquella jornada. Y cuando la propia derecha multiplicó en aquellos días sus apariciones públicas y colectivas, incluidas las manifestaciones por la igualdad.

Sabotaje es pedir un día junto al presidente de la comunidad murciana paralizar la actividad productiva para ralentizar el contagio, y reprochar con crudeza al Gobierno de España cuando adopta tal decisión. Como sabotaje es salir públicamente media hora antes de la publicación en el BOE de un decreto, acusando falsamente de retrasos dolosos y luchas intestinas, cuando se conoce lo complejo y lo inédito de las medidas decretadas.

Sabotaje es utilizar el altavoz institucional de la Comunidad de Madrid para mentir respecto a falsas requisas y falsas interceptaciones por parte del Gobierno español, sobre material de protección destinado a los profesionales que se juegan la vida en los hospitales. Cuando el gobierno autonómico de Madrid sabe que la administración central provee de tal material con toda la profusión y celeridad que puede, en condiciones muy difíciles. Y cuando nadie del Gobierno central ha denunciado la década de recortes aplicados en la sanidad pública madrileña. Estos sí muy reales.

Sabotaje es también reprochar a los medios de comunicación que “están poniendo el foco en lo positivo”, “las recuperaciones de pacientes”, “los aplausos a los sanitarios”, en lugar de mostrar “las morgues y tal”. Cuando el jefe de la oposición sabe cuan importante es mantener una moral alta en la sociedad española, en estos momentos de gran sacrificio generalizado.

La salida televisiva del líder de la oposición, tras el anuncio del decreto del estado de alarma por parte del presidente del Gobierno, pasará a los manuales de la ciencia política como ejemplo de deslealtad en tiempos de congoja, y cuando más necesario resulta el respaldo aglutinador de los representantes de la ciudadanía.

Por sobrar, han sobrado las chanzas sobre el problema de los test chinos, que se han acallado abruptamente cuando tales problemas se han sufrido también en Alemania, en Italia, en Holanda… Claro. Y por faltar, han faltado los apoyos al Gobierno español ante los desmarques insolidarios de los gobernantes derechistas en Alemania y Holanda. Ha tenido que ser el socialista portugués Costa el que defendiera pública, clara y lealmente la posición del Gobierno y del pueblo español.

A la ultraderecha de Vox se le pueden reprochar muchas cosas. La incoherencia no, sin embargo. Están siendo fieles a sí mismos. Fieles a la tradición autoritaria de buena parte de la derecha española. Reivindicando el derrocamiento del gobierno legítimo salido de las urnas, y suspirando por un mando “cabal”, “de concentración”, y preferiblemente de uniforme, claro. Esta vez no lo conseguirán.

Esto es una guerra, en cierta manera. Y la población española entiende mal que alguien pretenda obtener rentabilidad política de su padecimiento y su sacrificio.

Cuando esto pase, deberemos obtener alguna enseñanza para la reconstrucción del espacio compartido. La defensa de lo público, de la sanidad especialmente. La confianza en la ciencia. La apuesta por la investigación. La imprescindible colaboración eficiente entre administraciones.

Y algo de lealtad entre semejantes con un enemigo común.

 

 

Tribuna Abierta publicada en @eldiario.es el 01-04-2020

LA DERECHA RECORTA EL SALARIO MÍNIMO

Casado lo dijo porque lo piensa. Dijo literalmente que si es Presidente del Gobierno situaría el salario mínimo en los 850 euros, es decir, que lo recortaría en 50 euros respecto a lo que ahora está vigente. Escuchamos todos cómo lo decía y lo argumentaba en Onda Cero. Puede que después algún asesor le recomendara ocultar esa intención a las puertas de la campaña electoral. Pero lo dijo.

Y lo dijo porque lo piensa. Es totalmente coherente con el pensamiento de su gurú económico y con el modelo de gestión económica del último Gobierno de su partido en España.

Daniel Lacalle, actual portavoz económico del PP de Casado, ha defendido públicamente que “El salario mínimo hay que eliminarlo” (12 de mayo de 2014), al tiempo que criticaba la “tibieza” en las políticas austericidas en España durante la crisis, y negaba el cambio climático. ¿Cómo no va a ser creíble la intención de Casado de recortar el salario mínimo si su máximo asesor económico aboga públicamente por su supresión?

Otra referencia fundamental para el pensamiento económico de Casado es el actual Presidente del Banco de España, nombrado por el Gobierno del PP en una de sus últimas decisiones. El dirigente de nuestro banco central ha pronosticado públicamente también que la subida del salario mínimo conllevaría pérdidas de empleo. Tan negros augurios no se han confirmado en los primeros meses de este año. Todo lo contrario: el ritmo de creación de empleo se mantiene firme. Pero la opinión de este señor también es coherente con la declaración de Casado.

Además, Fátima Báñez, la última Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno del PP y ahora asesora a sueldo de la CEOE, fue la responsable de congelar durante dos años el salario mínimo en nuestro país durante la crisis. El efecto de la congelación del SMI, unido a la subida de los precios y los recortes en prestaciones sociales, fue una rebaja sustancial en la capacidad adquisitiva de los asalariados. Recorte del salario real y empobrecimiento de los trabajadores, en suma. Muy coherente con Casado también.

La derecha nunca ha ocultado que su estrategia favorita para que la economía española gane competitividad pasa por la rebaja de derechos laborales y el recorte salarial. Practicaron esta política con fruición y saña durante los años de la crisis económica. Esta es la dinámica de la reforma laboral emprendida por el PP desde el Gobierno entre 2012 y 2013, precisamente.

El PP modificó la legislación laboral para desequilibrar las relaciones de poder en el seno de la empresa a favor del empleador. Debilitó a los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva, hasta reducirla casi a la inoperancia. Estableció la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, consciente de que los trabajadores negocian con más fortaleza en este último marco. Habilitó la subcontratación como subterfugio para la precarización de los empleos. Facilitó hasta el extremo los descuelgues empresariales del convenio, flexibilizó el despido colectivo…

¿Cómo no vamos a creer que el candidato del PP quiere precarizar los salarios y los empleos? Eso es exactamente lo que ha hecho el PP mientras ejerció el Gobierno. Por eso, entre otras razones, se presentó y se ganó una moción de censura.

El Gobierno del PSOE presidido por Pedro Sánchez ha emprendido una estrategia de crecimiento económico diametralmente opuesta a la del PP. Los socialistas queremos un crecimiento justo: crecer repartiendo. Solo nos vale un crecimiento económico que conlleve buenos empleos, condiciones laborales dignas y derechos sociales.

Para el Gobierno del PSOE, la competitividad más sólida y duradera solo se logra mediante la mejora de la educación y el conocimiento, con la apuesta por la investigación y la innovación, e invirtiendo en infraestructuras estratégicas. En apenas diez meses, el ejecutivo de Sánchez, además, ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Reindustrialización dotado con más de 400 millones de euros.

En este poco tiempo y con el respaldo de tan solo 84 diputados en el Congreso, el Gobierno Sánchez ha elevado el salario mínimo en más de un 22%, la subida más importante de nuestra historia democrática. Y ahora nos planteamos elevarlo hasta los 1150 euros, el equivalente al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. La subida del salario de los empleados públicos ha alcanzado el 2,25%, muy por encima de la inflación.

Hemos establecido la obligación legal de registrar la hora de entrada y de salida en la jornada laboral de todas las empresas, a fin de acabar con los falsos contratos a tiempo parcial, las horas trabajadas que no se pagan y, en definitiva, la explotación laboral. Y ahora nos proponemos elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, de la mano de los interlocutores sociales, para recuperar los derechos arrebatados por la reforma laboral del PP.

En este tiempo se ha puesto en marcha un Plan Director de Trabajo Digno, que ha convertido más de 60.000 contratos temporales en contratos indefinidos, y que ha transformado cerca de 20.000 falsos autónomos en auténticos contratados por cuenta ajena, con todos sus derechos. Se ha elaborado un Plan de Choque para el Empleo Joven, que ayudará a lograr buenos empleos a más de 180.000 jóvenes con el concurso de 3.000 orientadores. El Plan Reincorpórate, por su parte, destinará 4.000 millones de euros en tres años a rescatar para el mercado laboral a miles de parados de larga duración.

Se ha legislado para obligar a las empresas a establecer planes de igualdad y acabar con la brecha salarial y profesional entre mujeres y hombres. Se ha restablecido la cotización social para los y las cuidadoras de personas en situación de dependencia. Y se han multiplicado los esfuerzos para ofrecer prestaciones dignas a las personas que quedan en desempleo, recuperando el subsidio para mayores de 52 años, que el PP suprimió.

No. Las declaraciones de Casado planteando un recorte del salario mínimo no son una noticia falsa. Han sido un rasgo de sinceridad, creíble y coherente con la política de su partido. Movilicémonos ante el 28 de abril para que esos planes no se hagan realidad.

TIERNO, DIPUTADO SOCIALISTA

 

TIERNO, DIPUTADO SOCIALISTA

 

En la conmemoración del centenario del nacimiento de Enrique Tierno Galván van a subrayarse lógicamente sus facetas más conocidas, como popular Alcalde de Madrid, como reconocido intelectual marxista y, muy justamente, ojalá, como comprometido luchador anti-franquista.

 

No obstante, quienes hoy disfrutamos del honor de representar a los españoles en el Congreso de los Diputados hemos de destacar también la contribución fundamental de Tierno a la construcción del edificio de nuestra institucionalidad democrática española desde los escaños de esta sede de la soberanía popular.

 

Porque Tierno Galván fue muchas cosas a lo largo de su prolífica vida política e intelectual, y una de sus contribuciones más notables a la historia de España se llevó a cabo precisamente aquí, en la madrileña Carrera de San Jerónimo, como diputado socialista en la Legislatura constituyente y en la primera Legislatura constitucional, entre 1977 y 1982.

 

En su labor como diputado, Tierno tuvo la responsabilidad y el privilegio, nada menos, que de redactar el preámbulo de la Constitución Española de 1978. Además, para el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista que firma estas líneas, resulta obligado significar que el viejo profesor fue actor clave en la consecución de la unidad de todos los socialistas en el seno del PSOE, abriendo así la puerta al triunfo histórico de 1982.

 

Efectivamente, los ocho párrafos que abren el texto constitucional salieron de la pluma de Tierno Galván, auxiliado en tan relevante labor por Raul Morodo, Donato Fuejo, Pablo Lucas y Enrique Linde. Suele hablarse de esas palabras como la contribución “utópica” a la redacción de la Carta Magna. Pero muchos preferimos subrayar el detalle de los objetivos y, sobre todo, de los valores que el preámbulo anticipa como inspiración para cada uno de los 169 artículos de la Constitución.

 

El preámbulo constitucional establece como principios informantes de toda la Ley de leyes a la justicia, la libertad y la seguridad. Plantea como gran objetivo de país la convivencia democrática bajo la garantía del Estado de Derecho. Compromete la vigencia de los derechos humanos. Y, claro está, habla de la cultura como función inexorable de una sociedad democrática avanzada.

 

Tres cuestiones más merece la pena subrayar de la contribución de Tierno a la historia reciente de España desde el Parlamento nacional. Porque el profesor fue uno de los artífices protagonistas de eso que se ha dado en llamar el consenso constitucional, que unos pocos denostan falazmente como claudicación ante el naufragio franquista, y que los más reconocemos como el cimiento sólido para el mayor periodo de convivencia en paz y progreso en la historia española de los dos últimos siglos.

 

Tierno, junto a otros luchadores por la democracia y las libertades, perseguido, depurado, exiliado, y encarcelado por la dictadura, supo dejar de lado cualquier tentación revanchista para contribuir al gran pacto por la convivencia y la recuperación de las libertades que supuso la Transición Democrática Española.

 

No fue esta la única tentación regresiva que Tierno contribuyó a evitar. Uno de los grandes riesgos que presentaba el escenario político partidario español tras la muerte de Franco era el de la gran fragmentación, el particularismo y el personalismo que predominaban en el ámbito político de la izquierda.

 

Socialistas del interior, socialistas del exterior, socialistas tradicionales, socialistas renovadores, comunistas, marxistas sin partido, todos parecían durante un tiempo incapaces de configurar una opción izquierdista caracterizada por la unidad y la eficacia. Tierno supo subordinar sus legítimas posibilidades de liderazgo al objetivo fundamental de la unidad de la izquierda reformista en torno al PSOE, que por entonces ya comandaban con determinación y acierto unos jóvenes Felipe González y Alfonso Guerra.

 

Otra faceta a destacar en la contribución de Tierno Galván a la política española es la del compromiso de la intelectualidad en la brega partidaria e institucional. Hubiera resultado cómodo y rentable para el viejo profesor haberse instalado en la atalaya de la referencia intelectual exquisita durante los procelosos años de la Transición. Desde la cima de su merecido prestigio como catedrático universitario y jurista de renombre podría haberse limitado a examinar, aprobar o suspender las conductas de unos y otros.

 

Pero Tierno decidió implicarse a fondo, arriesgando su prestigio en el barro de la confrontación partidaria, tomando partido, haciendo partido, ganando partido. Por eso lideró el Partido Socialista Popular cuando entendió necesario aglutinar bajo estas siglas a muchos de los viejos luchadores progresistas contra la dictadura. Y por eso decidió después fusionar el PSP bajo las siglas históricas del PSOE. Y por eso mismo formó parte de las candidaturas socialistas al Congreso primero y al Ayuntamiento de Madrid después. Exitosamente, como el centenario que ahora celebramos está poniendo justamente de manifiesto.

 

En consecuencia, conmemoremos también desde el Congreso de los Diputados la feliz contribución de don Enrique Tierno Galván a la democracia que hoy fundamenta nuestros derechos y libertades.

  

Artículo publicado en Revista Entreletras entreletras.eu en Enero 2018

 

 

SIN PARTIDOS NO HAY DEMOCRACIA

Los dos candidatos que han disputado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas compartían la peculiaridad de carecer de un partido político al uso. De hecho, el ganador Macron está improvisando a toda velocidad una formación política que le proporcione apoyo parlamentario a partir de las elecciones legislativas de junio. Unos meses antes, Donald Trump se convertía en Presidente de los Estados Unidos tras un enfrentamiento premeditado con su propio partido.

Últimamente pareciera como si el prescindir de un partido político o el mostrarse abiertamente apartidista o antipartidista acredite a cualquier personaje como un miembro solvente de la “nueva política”, de la política “abierta” o de la democracia “avanzada”. Algunos analistas llegan a aplaudir la intención del nuevo Presidente francés para reclutar sus candidatos al Parlamento entre “miembros de la sociedad civil”, como si las demás candidaturas fueran a estar integradas por miembros de las fuerzas armadas o por integrantes del colegio de obispos.

El discurso anti-partido es paradójicamente más duro entre algunos militantes notorios de los partidos tradicionales, que buscan popularidad personal a costa del prestigio colectivo. La crítica acerada llega también de los partidos de formación más reciente, que sin embargo asumen de forma inmediata las estructuras y procedimientos, las virtudes y, sobre todo, los vicios de los partidos más antiguos.

La crítica suele extenderse a los “aparatos” de las organizaciones políticas, generalmente mucho más reducidos y austeros que los propios de los medios que recogen tales críticas. Y en la misma línea argumental se fustiga a los políticos “profesionales”, a los que acumulan más experiencia, que son precisamente a los que se llama cuando se requiere una opinión o una gestión de rigor sobre un tema importante.

Sin embargo, las mejores esperanzas para el futuro de Europa no van a llegar de los taumaturgos ocasionales o de las estrellas que los medios encienden un día y apagan al día siguiente. Los proyectos políticos que sacarán a los europeos de esta trampa de la globalización sin reglas y los mercados sin alma no surgirán de los populismos efímeros o de los nuevos césares presuntamente omniscientes. ¿Cómo confiar nuestro futuro colectivo a movimientos políticos que surgen de la nada y que dependen en todo del pensamiento, la voluntad y el prestigio cambiante de una sola persona?

Los europeos solo conquistaremos un futuro mejor de la mano de proyectos políticos sólidos, con bases ideológicas coherentes, con equipos integrados, con liderazgos consolidados, con bagaje del que aprender, con experiencia que compartir, con aciertos acreditados, con errores cometidos, con solvencia demostrada. Es decir, de la mano de partidos políticos. Quizás sean muy distintos a los actuales. Quizás no tanto. Seguro que habrán de tener una dimensión transnacional y europea. Pero no serán movimientos, ni plataformas, ni clubes de fans. Serán partidos. O no serán.

Y los partidos tienen que cambiar, y tienen que abrirse, y tienen que ser más transparentes, y tienen que adoptar cauces y procedimientos de participación más actualizados, y tienen que ser más democráticos. Pero tienen que ser partidos, herramientas bien preparadas para organizar el espacio público compartido. Aunque eso implique contar con realidades al parecer tan incómodas como las direcciones que tienen que dirigir, los aparatos que tienen que organizar, y los políticos con más y con menos experiencia.

Necesitamos a los partidos. Son imprescindibles para que la democracia funcione. Y cuanto más hagamos por denostarlos, peor nos irá.

PERO, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Old wooden crate with a photoshopped question mark on dirty concrete floor.

Ha vuelto a ocurrir. Nada menos que en la institución política más poderosa del mundo. Una vez más, las mayorías han adoptado una decisión irracional que cuestiona los cimientos mismos del sistema. Antes de la elección de Trump fue el Brexit y el “no” colombiano al acuerdo de paz. Pero ya hubo pistas previas en el Gobierno Berlusconi, el “no” francés al Tratado de la UE y los apoyos electorales crecientes a partidos extremistas en toda Europa.

Esto es lo que ocurre cuando los actores “racionales” del sistema reaccionan ante los problemas y los desafíos desde el continuismo, la resignación, la analgesia o la táctica de esconder la cabeza como el avestruz. Si a las mayorías no se les ofrece una alternativa reformista decidida y valiente, las mayorías optan por la ruptura. Probablemente tales mayorías son conscientes de que así no obtendrán solución viable alguna. Pero, al menos, de esta manera logran expresar su queja, su frustración y su rabia.

El vaquero Trump ha cabalgado sin esfuerzo sobre la incertidumbre, el miedo y el enfado de millones de americanos. Aún no sabemos hacia dónde. Pero podemos temernos lo peor…

Comencemos por reconocer que las mayorías no siempre tienen la razón. Desde que el marqués de Condorcet escribiera sobre su famosa paradoja sabemos de la volubilidad en las preferencias colectivas. Sí, las mayorías se han equivocado gravemente a lo largo de la historia. En democracia convenimos, sin embargo, en seguir su criterio, acertado o no, porque todas las alternativas que se han teorizado o ensayado han resultado mucho peores.

Y reconozcamos también que cuando todos participamos de la “espectacularización” de la política, no debería sorprendernos que resultaran exitosos los políticos que hacen del espectáculo su especialidad. Si nos resignamos a convertir la política en un circo de malabarismos, saltimbanquis y luces de colores, ¿a quién extraña que ganen los clowns? Si reducimos la política a la imagen, al eslogan y a la tertulia estridente, ¿por qué asombrarse de que la respuesta del elector no sea más racional?

Lo cierto es que desde la caída del Muro de Berlín se han venido socavando las bases del contrato social que sostiene tanto la democracia representativa como la economía de mercado. Aquel contrato garantizaba beneficios para la mayoría en el desenvolvimiento de instituciones y mercados. Con la caída del Muro y el advenimiento de la globalización sin reglas, los beneficios son para las minorías, y las mayorías se sienten traicionadas. ¿Por qué habrían de callar, aguantar y desistir del cambio?

Cuando las fuerzas económicas actúan de modo libre y global, más allá de cualquier regla o institución que embride sus excesos, suelen ocasionarse ganadores y perdedores. Y sí, a veces los perdedores de derechos y de futuro deciden quejarse. Extrañémonos cuanto queramos, pero es así.

Cuando el resultado del voto a las fuerzas del sistema no sirve para reconducir suficientemente las injusticias o reducir desigualdades, muchos se preguntan por la pertinencia de su voto. Y algunos se convencerán de los discursos sobre “las limitaciones que establecen los mercados”, o “las bondades a largo plazo de la estabilidad presupuestaria”. Pero otros verán simplemente cómo las empresas practican dumping y elusión fiscal, cómo algunos cada vez ganan más, cómo ellos cada vez pierden más, y cómo las respuestas que le da el sistema van de la impotencia al engaño. Y se enfadan, sí. Podemos sorprendernos, pero ocurre.

Cuando en cada telediario se ofrecen imágenes sobre la automatización creciente en las fábricas, sobre las reducciones progresivas de personal en las empresas, sobre la llegada de inmigrantes dispuestos a trabajar en peores condiciones, sobre la precarización inevitable de los empleos, sobre el empobrecimiento de los más por el enriquecimiento de los menos… las mayorías exigen respuestas. Y si las mayorías no obtienen respuestas con garantías por las vías racionales, entonces las mayorías se vuelven hacia lo menos racional.

Sí, hay una deslegitimación del sistema por parte de las mayorías en buena parte de lo que llamamos mundo democrático avanzado. El contrato social está seriamente cuestionado. Por falta de eficacia, en primer lugar. Porque si el sistema no resuelve mis problemas, ¿por qué tengo que aceptarlo? Por falta de dimensión. Porque los instrumentos democráticos del sistema son aún de carácter estatal, y los retos a afrontar hace mucho tiempo que trascendieron las fronteras de los Estados. Por falta de participación. Porque las demandas de “empoderamiento” ciudadano desbordan una institucionalidad democrática que debe abrirse, actualizarse y reinventarse…

Y por el hueco de la quiebra del contrato social y la deslegitimación del sistema se cuela lo indeseable. Por el flanco de la falta de respuestas racionales nos ataca lo irracional. Por la brecha que abre el reformismo impotente, incapaz o cobarde (o todo ello a la vez) se introduce el riesgo del peor retroceso. Es el populismo que busca encaramarse al poder desde la rabia. Es el liquidacionismo que expulsa al niño por la ventana junto al agua sucia. Es el nacionalismo que exacerba estérilmente el sentimiento de pertenencia y de rechazo. Es el taumaturgo que promete una noche de pasión revolucionaria pero oculta las quinientas noches subsiguientes de pesadillas.

Hay respuesta racional. ¿Dónde? Donde siempre, en la izquierda reformista, la socialdemocracia, que ha sido artífice de los progresos más profundos y duraderos en las democracias avanzadas desde la segunda gran guerra. La respuesta está en un nuevo contrato social, que relegitime la economía global de mercado con reglas globales y derechos globales para las mayorías. Que relegitime las instituciones democráticas con respuestas globales, eficaces y justas al desafío del capitalismo desbocado, de la hegemonía financiera y de la automatización amenazante. Que reestablezca el equilibrio entre negocios y derechos. Que ofrezca garantías de futuro para las mayorías de hoy y de mañana.

Si el mercado necesitó reglas estatales cuando su dimensión era estatal, ahora requiere evidentemente de reglas globales. Si el bienestar de las personas necesitó de un Estado de Bienestar para asegurar una vida digna, ahora requiere de un Bienestar Global, sostenido y garantizado por el sistema.

¿Nos atrevemos? ¿Hay imaginación, capacidad y liderazgo para ello? Este es el reto.

El caso Trump nos ha arrojado de bruces contra la realidad. Solo hay dos opciones. O la reforma racional, decidida y valiente del sistema. O el abismo incierto de los “salvadores”.

CATALUÑA, NACIÓN O ESTADO

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Quienes administran políticamente el independentismo en Cataluña hacen un uso espurio y peligroso de la altísima carga emocional que conlleva siempre el debate sobre las identidades nacionales. Mas y Junqueras conocen bien los resortes emocionales del agravio y de la afirmación nacional, y están decididos a manipularlos sin límite al servicio de sus objetivos políticos inmediatos.

Un elemento clave de la manipulación independentista consiste en fomentar la confusión entre el sentimiento nacional y la reivindicación de un Estado propio. El maestro Álvarez Junco explicó hace escasas fechas en El País la diferencia entre una y otra realidad. Un grupo de personas que comparten ciertos rasgos culturales y viven sobre un territorio que consideran propio, puede considerarse una comunidad nacional. Un Estado es, sin embargo, una estructura político-organizativa que controla una población sobre un espacio determinado.

Nada tiene que ver una cosa con la otra. El propio Álvarez Junco contabiliza más de 6.000 comunidades que se consideran nación en el mundo, mientras que tan solo hay en torno a 200 Estados reconocidos.

En Cataluña estamos, por tanto, ante dos debates que debieran diferenciarse pero que se entremezclan en una ceremonia de confusión, honestamente errada por unos y deliberadamente manipulada por otros. El primer debate alude al reconocimiento de los atributos de realidad nacional para la comunidad que conforman quienes se sienten catalanes, de forma exclusiva o compartiendo otras identidades. El segundo debate tiene que ver con la derivación inexorable o no, necesaria o no, interesante o no, de convertir aquella realidad nacional en una estructura estatal propia separada de España.

Creo sinceramente que quienes tratamos de combatir la independencia de Cataluña deberíamos esforzarnos por no caer en las provocaciones de quienes pretenden identificar falazmente el legítimo sentimiento nacional de muchos catalanes con el propósito ilegítimo e ilegal del separatismo.

La identidad nacional catalana merece todo el respeto, tanto si hablamos de “nacionalidad”, conforme a la terminología constitucional , como si hablamos de “nación”, conforme al término utilizado en el Estatuto y en el Parlamento de Cataluña de manera mayoritaria. ¿Cómo no darse por enterados de que existe una lengua propia en Cataluña? ¿Cómo no respetar y querer el acervo cultural que representan figuras de la altura de Josep Pla, de Mercé Rodoreda, de Salvador Dalí o de Joan Manuel Serrat? ¿Cómo no reconocer el sentimiento evidente de pertenencia a una comunidad propia que exhiben con orgullo cada día millones de catalanes?

Ahora bien, el reconocimiento de una identidad y de una realidad nacional es una cosa, y cosa bien distinta es inferir de tal reconocimiento la pertinencia de unas condiciones exclusivas de integración en el modelo territorial del Estado español, o de unos privilegios diferentes a los propios del resto de la ciudadanía española, o la configuración inexorable de un Estado distinto. Es más, el reconocimiento de la comunidad nacional catalana no faculta para negar la existencia también evidente de la nación española.

Cataluña es una comunidad nacional, pero esta condición no faculta a dirigente político alguno en Cataluña a negar otras identidades nacionales, a exigir exclusividad identitaria a su ciudadanía o a conducir a la sociedad catalana a una aventura absurda vulnerando la legalidad vigente y contraviniendo los intereses generales, de catalanes, de españoles y de europeos todos.

La comunidad nacional catalana merece respeto, defensa y cierto nivel de autogobierno, conforme a la legalidad del Estado y de los Tratados europeos. La reivindicación de un Estado propio contraviene de hecho el respeto y la defensa que merecen Cataluña y los catalanes. Porque nada hay más anacrónico en el siglo de la interdependencia y la interconexión global que reclamar independencia y desconexión en una pequeña comunidad de apenas siete millones de habitantes.

Porque la ruptura de los mercados en España y en Europa es antieconómico, y nadie ha explicado a los catalanes que la ensoñación independentista puede conllevar un retroceso grave en sus condiciones de vida. Y porque ningún Estado vigente y ninguna organización supraestatal seria está en condiciones de avalar la ruptura unilateral en la integridad territorial de un miembro relevante de la comunidad internacional. El efecto contagio podría resultar letal para la seguridad y la convivencia a escala global.

Escuchemos, hablemos y acordemos fórmulas renovadas para reconocer, respetar y dar cauce a las comunidades nacionales, pero renunciemos a nadar contracorriente en el río que conduce racionalmente la organización de los espacios públicos compartidos hacia la integración de las voluntades democráticas y las acciones eficaces de gobierno.