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Archive for the ‘Justicia’ Category

 

La constante sucesión de casos de corrupción vinculados al Partido Popular está ocasionando graves daños sobre la institucionalidad pública española. La consecuencia más directa y evidente tiene que ver con los propios fondos públicos desviados de su destino legítimo a favor del interés general. Sin embargo, quizás el daño cualitativamente más relevante se ha producido sobre  la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento limpio de las instituciones democráticas.

El crédito de la Justicia de nuestro país ante la ciudadanía se ha visto gravemente mermado por comportamientos inadecuados, irregulares o puede que directamente delictivos de algunos de los principales protagonistas institucionales.

El ministro intercambia mensajes de ánimo con alguno de los hoy encarcelados. El Fiscal General promociona como Fiscal Jefe Anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta especialidad. El propio Moix se estrena enfrentándose a sus subordinados tras el intento de obstaculizar las investigaciones sobre alguno de los principales encausados. Y finalmente la Presidenta de la Comunidad de Madrid desliza la sospecha de que la mismísima Guardia Civil está siendo manipulada a cuenta de las querellas internas en el PP.

Gran parte de los españoles tienen hoy la convicción, bien fundada, de que estos responsables institucionales en la Justicia de nuestro país están actuando antes como defensores de los corruptos que como garantes del Estado de Derecho. Y esta convicción resulta demoledora para la imprescindible legitimación de las instituciones públicas ante la sociedad a la que sirve.

El nombramiento de Manuel Moix como jefe de la Fiscalía Anticorrupción concita todas las sospechas. Porque resulta muy plausible pensar que si las razones de nombrar a Moix no fueron las de experiencia y capacidad, quizás el Ministro de Justicia y su Fiscal General se fijaron en otros hitos significativos de su historial.

Moix fue el Fiscal Jefe de Madrid nombrado apenas unas semanas después del “tamayazo” y que se aseguró de evitar cualquier investigación al respecto. Durante doce años, entre 2003 y 2015 no vio o no quiso ver, no denunció o no quiso denunciar el saqueo que algunos dirigentes del PP cometían sobre las arcas públicas de la Comunidad de Madrid. Hasta por tres veces rechazó las denuncias vecinales sobre irregularidades en el Canal de Isabel II, que después se ha evidenciado como epicentro de la corrupción en el PP madrileño. El propio expresidente de la Comunidad de Madrid, hoy en la cárcel, se ha referido a él como “un tío serio y bueno”.

Para recuperar un mínimo de confianza ciudadana en las instituciones de nuestra Justica es preciso que los procedimientos penales culminen con garantías del castigo debido para los criminales corruptos. Es imprescindible que los ladrones devuelvan el dinero robado.

Y, sobre todo, resulta absolutamente necesario que todos estos referentes institucionales dimitan o sean cesados, para asegurar el funcionamiento eficaz de nuestro Estado de Derecho, para preservar su prestigio ante la ciudadanía, y por coherencia democrática, porque tanto el Ministro como el Fiscal General y el Fiscal Jefe Anticorrupción han sido reprobados por la mayoría de los representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados.

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simancas201115

Tras cada atentado terrorista con trascendencia social relevante surge la angustia por entender las causas del problema y por encontrar cuanto antes las soluciones al mismo. Generalmente, tras las primeras reacciones de sorpresa, de dolor y de rabia, aparecen los análisis pretendidamente racionales sobre los “por qué” ha sucedido y los “cómo” evitar que vuelva a suceder. Pero hay un problema: no existen las explicaciones racionales ni las soluciones consecuentemente lógicas.

Las motivaciones de quienes ejecutaron las matanzas de París hace unos días, como las que llevaron a poner las bombas en Atocha hace más de once años, no tienen que ver con razón alguna sino con el fanatismo y la sociopatía. Por tanto, resulta un error estratégico relacionar estos hechos terribles con el drama civil en Siria, con las dificultades de integración para las segundas generaciones de inmigrantes, o con las interpretaciones heterodoxas de la religión musulmana.

Los asesinos de París obtienen en estos y en otros graves problemas la justificación falaz y la excusa inaceptable que podrían encontrar en cualquier otra parte. No hay justificación ni explicación racional alguna para la conducta de quienes ametrallan o hacen explotar a civiles inocentes en plena calle, en una sala de fiestas, o en el tren que les lleva al trabajo.

La guerra civil en Siria debe preocupar y ocupar a la comunidad internacional porque se trata de un problema gravísimo en sí mismo, con miles de muertos y con millones de desplazados en Asia y en Europa. Las bolsas de pobreza y de marginación social en los suburbios de París o de otras grandes ciudades son también un reto en sí mismo para nuestros gobiernos. Como lo es la radicalización en el adoctrinamiento que ejerce una minoría de clérigos, tanto si son musulmanes como si son judíos o cristianos.

Si confundimos el debate sobre las causas y las soluciones de estos terribles atentados fanáticos con sendos debates sobre el papel de Occidente en Oriente Medio, o sobre el futuro de las sociedades multiculturales, o sobre las relaciones entre Islamismo y Cristianismo, no solo estaremos haciendo análisis erróneos sobre la naturaleza auténtica de estos hechos, sino que estaremos contribuyendo involuntariamente a darles una falsa legitimidad racional.

Europa y Naciones Unidas deben actuar urgentemente para acabar con el drama sirio, desde la unidad entre quienes defendemos los derechos humanos, desde el respeto a la legalidad internacional y agotando todas las vías pacíficas. Nuestras sociedades han de resolver el problema de la desigualdad, de la pobreza creciente y de los guetos de marginalidad en grandes núcleos urbanos. Y todos hemos de dejar atrás definitivamente los conflictos de religión que tanta sangre han derramado durante siglos en todo el mundo, mediante la libertad religiosa, la tolerancia hacia los cultos y la separación entre confesiones y Estados.

Pero esto es una cosa, y otra bien distinta es hacer frente a los fanatismos y las sociopatías criminales. Frente a estos deben desplegarse estrategias específicas de prevención, de detección, de control, de persecución y de represión legal.

En España, por desgracia, tenemos alguna experiencia sobre cómo defendernos y como vencer al fanatismo terrorista. Vencimos a ETA aislando a sus militantes como los fanáticos y sociópatas que son, sin admitir justificación o legitimidad política alguna en su conducta. Les vencimos desde la unidad de los demócratas, desde la solidaridad cerrada con las víctimas, desde el respaldo pleno a las fuerzas de seguridad, y desde la eficaz colaboración internacional.

Etarras o yihadistas, son lo mismo. Puro fanatismo a combatir y a vencer.

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simancas100915

La crisis de los refugiados en el este de Europa merece análisis desde diversas perspectivas. La más importante, desde luego, es la que pretende un trato humanitario para esas familias huidas de la guerra que se ha apropiado de sus hogares.

No obstante, la dimensión extraordinaria de este problema y la envergadura de los recursos que han de manejarse en su resolución también resultan útiles para otros debates, como el relativo a la posibilidad de fraccionar los actuales Estados-nación de Europa en sujetos de soberanía aún más limitados.

La llegada a la frontera europea de centenares de miles de refugiadosprocedentes de Siria, Iraq, Eritrea, Afganistán y Libia, constituye un desafío tan importante que ni los Estados más directamente afectados, como Grecia, Hungría o Italia, ni otros tan poderosos como Alemania o Francia, han osado pensar tan siquiera en afrontarlo por sí mismos.

Los Estados-nación no tienen capacidad, ni recursos, ni instrumentos para hacer frente a desafíos globales como el que representan estos miles de refugiados. Por eso han de recurrir a la capacidad, a los recursos y a los instrumentos supraestatales de la Unión Europa.

Es más, la solución definitiva y en origen de este problema, que pasa por poner fin a las guerras intestinas en el oriente medio y próximo, va a requerir de la implicación de otros actores globales, como Estados Unidos y Rusia, muy probablemente.

Este análisis relativo a la vigente crisis de los refugiados en Europa puede aplicarse igualmente al resto de los grandes retos a los que hacen frente las sociedades de nuestro tiempo, desde la regulación de los mercados financieros internacionales hasta la lucha contra el terrorismo yihadista, pasando por las consecuencias del cambio climático o los periódicos riesgos de pandemia.

El sentido de la historia no se dirige hacia el fraccionamiento de los espacios públicos de soberanía, de decisión y de acción colectiva, sino hacia su agregación y su globalización. Si cada día constatamos las limitaciones de los Estados-nación para atender las legítimas demandas ciudadanas de desarrollo y justicia social, ¿cómo puede sostenerse racionalmente que tales demandas podrán satisfacerse, por ejemplo, en una Cataluña desgajada de España y de la Unión Europea?

El oficialismo independentista en Cataluña procura soslayar un debate racional mediante la excitación de los sentimientos de la ciudadanía. Así, en lugar de contribuir a un análisis riguroso y ponderado sobre aspectos positivos y negativos del separatismo, se dedica a magnificar supuestos agravios, a señalarse falsamente como víctimas y a engañar a los catalanes en torno a las formidables ventajas de la desconexión con España y con Europa.

Un debate racional sobre el separatismo catalán ha de aludir necesariamente al anacronismo que supone exigir independencia y desconexión en el siglo de la interdependencia y la interconexión progresiva. Y ha de alertar sobre los riesgos económicos asociados a las fronteras, los aranceles y las rupturas de los mercados. Y debe enfrentarse a las consecuencias de vulnerar la ley catalana, la ley española, los tratados europeos y la legalidad internacional, que solo contempla la autodeterminación para casos que difieren radicalmente de la situación catalana.

Tan solo un vistazo a los noticiarios televisivos de estos días debiera convencer a cualquier catalán de lo contraproducente que resulta quebrar, restar y separar, cuando la razón práctica conduce a sumar capacidades y esfuerzos ante la magnitud de los retos que tenemos por delante.

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GRANADOS O LA RAZÓN DEL TAMAYAZO

Han sido muchos los analistas políticos y los ciudadanos en general que en estos días han evocado aquel lamentable episodio del “tamayazo”, la operación antidemocrática que frustró en el año 2003 la formación de un gobierno progresista en Madrid mediante la compra de dos diputados.

En primer lugar, porque el encarcelado Francisco Granados fue precisamente el presidente de la comisión parlamentaria que frustró una investigación veraz sobre el caso. Y, sobre todo, porque la mayoría está viendo confirmada la tesis de que aquel golpe tenía como objeto defender el modelo de especulación y latrocinio que la derecha consolidó en la economía y la política madrileña a partir de entonces.

Los protagonistas del tamayazo formaron una coalición de intereses espurios con el propósito de impedir por medios arteros y criminales la toma de posesión del gobierno que habían votado los madrileños. ¿Por qué? Porque eran plenamente conscientes de que ese gobierno sería un gobierno decente. Quienes obtuvimos la confianza de los ciudadanos no solo contábamos con el programa, sino también con la credibilidad para llevar a cabo una gestión en la que prevaleciera el interés general y público sobre los intereses del entramado de corruptelas que representaban todos los Granados y todos los Marjalizas.

Ahí estuvo la causa del tamayazo, y no en las disensiones internas de uno u otro partido, o en las dificultades propias de cualquier coalición de gobierno. Tumbaron aquel gobierno para enriquecerse a costa de la democracia, de la ley y del sufrimiento de los muchos madrileños que han pagado esa factura en forma de paro, pobreza y deterioro de los servicios públicos llamados a atender sus necesidades más básicas.

¿Y en qué consistía aquel programa que tanto atemorizaba a los Granados y los Marjalizas? Un mero repaso por el índice de aquella campaña electoral arroja pistas claras. Primero un mayor control y transparencia de las contrataciones públicas, limitando discrecionalidades de cargos públicos, promoviendo el concurso con publicidad, penalizando fraccionamientos tramposos, potenciando la comisión de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea de Madrid, retransmitiendo las reuniones de las comisiones de contratación… ¿Cómo iban a permitirlo?

Segundo, aprobando un Plan Regional de Estrategia Territorial que estableciera los usos para cada hectárea de suelo conforme al interés de todos, y al que debían someterse todos los planes urbanísticos y todas las recalificaciones que corruptos y corruptores llevaban años dibujando y explotando para beneficio de sus cuentas en Suiza. Imposible aceptarlo, claro.

Además se nos ocurrió hacer públicos nuestros planes de conformar una mayoría progresista en la Asamblea General de Caja de Madrid para sustituir al presidente Blesa, compañero de pupitre de Aznar, y para hacer de la Caja un instrumento al servicio del desarrollo económico, el empleo y el bienestar de los madrileños en lugar de una máquina hedionda de favores a especuladores y enchufados. Aquella “amenaza” fue posiblemente el detonante.

Pero en la coalición contraria al gobierno decente figuraban también aquellos que habían puesto los ojos, y que después pondrían las manos, sobre los presupuestos públicos destinados a financiar los servicios más básicos para la población madrileña. Son aquellos que esperaban beneficiarse de la privatización de la sanidad pública y la expansión de los conciertos educativos, y que después se hicieron con unos cuantos hospitales y muchos colegios, financiados entre todos pero que solo escogen al alumnado que puede pagar sus cuotas “voluntarias”.

Todavía hay quienes se dirigen a mí lamentando la carrera política que frustró aquella operación. Y siempre respondo que esa es una cuestión carente de importancia, que jamás me quitó el sueño. Lo que a menudo me impide dormir es la conciencia plena de que aquel gobierno que robaron a los madrileños hubiera parado los pies a los Granados y los Marjalizas que hoy nos repugnan y que, al menos, hubiera intentado mejorar la vida de millones de madrileños que hoy lo están pasando mal.

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ARRIOLISMO

“Es cosa de Arriola”. Este es el comentario habitual entre los dirigentes del PP cuando tienen que explicar una decisión llamativa o un cambio brusco de criterio. Porque Arriola es quien dicta en última instancia la estrategia del Gobierno y del PP. Por eso resulta imposible identificar a la derecha española con alguna de las corrientes europeas de pensamiento político. El PP no es conservador, ni demócrata-cristiano, ni liberal, ni centrista. El PP es “arriolista”.

¿En qué consiste el “arriolismo”? En ser dogmático en lo que importa, y oportunista en todo lo demás. La ideología arriolista defiende intereses antes que ideas, intereses económicos fundamentalmente. Cuando estos intereses están en juego, se hace lo que hay que hacer, con el mayor sigilo y disimulo posibles. Como en la privatización de AENA, como en el rescate de los peajes, como en la amnistía fiscal o en la rebaja de los impuestos a las rentas altas. Y cuando la cosa tiene menos importancia para los poderes económicos, se trata de evitar la movilización de la mayoría social con valores progresistas. Si cuela, bien. Si no es así, marcha atrás. Como en el aborto.

Este ha sido el error de cálculo de Gallardón. Rajoy es más arriolista que Aznar, y si el gurú, encuesta en mano, le recomienda batirse en retirada, Rajoy se retira. Porque lo primero es lo primero, y lo primero es mantener el poder para hacer lo importante. Y si Arriola le susurra que no se involucre en la coalición internacional frente al Estado Islámico, porque despertaría los recuerdos de la guerra iraquí, pues Rajoy deja a un lado el atlantismo del PP. Y si hay que mirar hacia otro lado mientras se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, pues a rabiar Rouco Varela, que ya le ha resuelto lo que importa con la Ley Wert.

El arriolismo resulta política y electoralmente rentable al PP a corto plazo, pero es un desastre para el país, para la democracia y para la política misma. Una de las razones más importantes tras la desafección ciudadana hacia la política democrática tiene que ver precisamente con la impostura, la simulación, el engaño y la preeminencia de los intereses espurios en el comportamiento de algunos políticos. Pero la doctrina arriolista está haciendo un daño muy especial en dos cuestiones relevantes: el auge independentista en Cataluña y el impulso del populismo en parte de la izquierda política.

¿Por qué el Gobierno se empeña en el inmovilismo tautológico de “la defensa de la ley” como reacción única al desafío secesionista en Cataluña? Porque Arriola ha calculado que el PP gana más con el asunto sin resolver que con el asunto resuelto. Cuanto mayor y más creíble sea la amenaza de la ruptura de España, más se movilizará el electorado de la derecha para evitarlo. Cuanto más miedo despierte el soberanismo de Mas y Junquera en España, más posibilidades tiene el Gobierno de que su electorado olvide los recortes en los servicios, el empobrecimiento general y la pérdida de derechos. En realidad, Rajoy, Arriola, Mas y Junquera participan de una espiral irracional que ya está teniendo un coste muy alto en términos de deterioro de la convivencia para todos los españoles.

¿Y por qué los aliados mediáticos de la derecha colaboran de manera tan entusiasta en la promoción de los portavoces de la izquierda populista? Porque Arriola ha calculado que el PP gana más teniendo en frente una izquierda fraccionada, cainita y sin credibilidad como gobierno. Si hay un espantajo que moviliza al electorado de la derecha tanto como la amenaza secesionista, es la izquierda radicalizada, populista y antisistema. Resulta infalible. El PSOE no infunde miedo al electorado de centro derecha, sino animadversión en unos casos y respeto desde la discrepancia en otros. El chavismo a la española, sí.

Seguramente, a Arriola se le pasa a veces por la cabeza que podrían arrepentirse ante un Parlamento demasiado fraccionado y una oposición sin capacidad para atender los asuntos de Estado. Pero la prioridad es acabar con el adversario al que realmente temen: un Gobierno socialista capaz de afrontar reformas a favor de la igualdad y el progreso. Y lo primero es lo primero.

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NO ES EL ABORTO, ES LA LIBERTAD

El debate sobre el anteproyecto de ley del Gobierno que limita la interrupción voluntaria del embarazo se está planteando de manera errónea en algunos ámbitos. No se trata de un debate entre proabortistas y antiabortistas. Se trata de un debate entre los partidarios de salvaguardar la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, y los partidarios de estableces prohibiciones, limitaciones y tutelas a tal libertad.

No he escuchado a nadie promocionar la práctica de los abortos, y estoy convencido de que la gran mayoría de los españoles queremos evitar ese trance a cualquier mujer. Todas las creencias religiosas y las convicciones morales son respetables en este asunto. Respetable es la posición de quien considera al concebido como un ser humano pleno dotado de alma propia y, en consecuencia, no admite la interrupción del embarazo. Y respetable es la posición de quien entiende que un ser humano no adquiere tal condición hasta el nacimiento.

El legislador ha de conocer y respetar todas las creencias y convicciones, pero ha de actuar conforme al marco jurídico vigente y el interés general. La doctrina constitucional española diferencia entre el bien jurídico del no nacido y los derechos humanos del nacido. Y vivimos en un Estado aconfesional que promulga sus leyes de manera autónoma respecto a dogmas religiosos y morales sectarios.

El Gobierno del PP ha decidido socavar la libertad de las mujeres, imponiendo a través de la ley un código religioso y moral que niega a las ciudadanas españolas la capacidad de decidir sobre su propia maternidad. Prácticamente todos los demás estamos a favor de proteger la libertad de las mujeres. Los primeros pretenden una ley de supuestos que penaliza la interrupción del embarazo, salvo en los casos de violación o riesgo para la vida de la madre. Los segundos queremos mantener una ley de plazos, que garantiza la decisión libre de las mujeres durante las primeras semanas de gestación.

La diferencia estriba en que la ley de plazos respeta la libertad y la convicción de todas las mujeres: las que deciden abortar y las que deciden no hacerlo. Mientras que la ley de supuestos condena a muchas mujeres a ser madres en contra de su voluntad, o a someterse a la decisión de médicos, curas y ministros en relación a su cuerpo y su vida.

Hay otras derivadas de interés en este debate. Por ejemplo, hay quienes manejan argumentos sanitarios, demográficos y económicos, defendiendo que el aborto legal pone en riesgo la salud de la mujer, que limita el crecimiento poblacional y que, incluso, dificulta la recuperación económica. Evidentemente, se trata de planteamientos falaces, porque está probado que la ilegalización del aborto no limita las interrupciones voluntarias de los embarazos, sino que los deriva a la práctica clandestina e insalubre para las mujeres sin recursos, y los desvía a las clínicas habilitadas en el extranjero para las mujeres con recursos.

Existe además cierta incongruencia en los argumentarios que defienden el supuesto derecho a la vida del concebido inocente, frente a la actitud insensible y cruel de la madre dispuesta al aborto, especialmente cuando se admite la interrupción del embarazo en determinados supuestos. ¿Hay menos “derecho a la vida” o menos inocencia en el concebido a partir de una violación? ¿Debe pagar el concebido por el pecado de su padre violador? No se sostiene.

El retroceso a una ley de supuestos arroja a España al rincón de los países más atrasados en materia de reconocimiento de los derechos de ciudadanía y las libertades civiles, cuando nuestro país había alcanzado un prestigio internacional muy relevante en esta materia, a partir de la legislación contra la violencia de género, el matrimonio homosexual o la propia ley de plazos aún vigente para la interrupción del embarazo.

El Gobierno y el PP han decidido dar satisfacción a una extrema derecha española un tanto enfadada por las subidas de impuestos y el tratamiento a los condenados por terrorismo. Y esta satisfacción pasa por sacrificar la libertad de las mujeres y el derecho a decidir sobre su propia maternidad.

No es el aborto. No. Es la libertad.

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El Gobierno parece firmemente decidido a no dejar en pie ni una sola de las instituciones del Estado. Ahora le ha tocado a la Agencia Tributaria, el pilar fundamental de nuestro sistema fiscal. El Ministro de Hacienda es el principal responsable de velar por su eficiencia y credibilidad ante la ciudadanía española. Sin embargo, Cristóbal Montoro se ha convertido en el protagonista del deterioro más grave sufrido por esta institución desde la propia Transición Democrática.

Sus desafortunadas declaraciones sobre la filiación política de los profesionales de la Agencia, o sus acusaciones sin pruebas en torno a la supuesta presión de algunos medios de comunicación para obtener trato de favor, resultan tan graves como insólitas. Pero da la sensación de que se trata tan solo de una maniobra burda de distracción, para ocultar el debate público sobre los problemas de fondo puestos al descubierto en las últimas semanas, precisamente a través de aquellos profesionales y estos medios de comunicación.

Mientras entretiene a la opinión pública con sus pulsos mediáticos y con polémicas absurdas sobre cuántos socialistas hay en la Agencia Tributaria, Montoro elude ofrecer explicaciones sobre las cuestiones más mollares. Aún no conocemos el listado de los beneficiarios por la lamentable amnistía fiscal con la que Hacienda premió a unos cuantos defraudadores, entre los que se encontraba Luis Bárcenas, ex tesorero del PP encarcelado por corrupción. Tampoco se ha aclarado por qué la dirección política de la Agencia decidió anular la multa de 450 millones de euros impuesta a una multinacional cementera que simulaba pérdidas para no pagar impuestos.

Oculto tras la espuma de sus shows mediáticos, el Ministro de Hacienda no explica por qué la Agencia Tributaria ha enviado un informe al Tribunal que juzga el caso Bárcenas defendiendo la pertinencia de las exenciones fiscales para las donaciones ilegales al Partido Popular. Y nada sabemos tampoco sobre las razones que han llevado a la misma Agencia a corregir el criterio negativo de la Abogacía del Estado sobre la legalidad de algunas facturas emitidas por la Infanta para eludir, supuestamente, sus responsabilidades ante el fisco. De hecho, cada vez somos más los españoles que sospechamos que las destituciones y relevos en el fisco tienen menos que ver con la ideología que con la obediencia exigida para con los manejos espurios de Montoro y sus secuaces.

La Agencia Tributaria del Estado ejerce una función extraordinariamente importante: garantizar que todos los españoles cumplen sus obligaciones legales ante la caja común, con igualdad de trato. La credibilidad y el prestigio de la institución resultan básicos para la legitimación de sus normas, de sus inspecciones y de sus sanciones. ¿Cómo exigirán los inspectores de Hacienda a cualquier ciudadano el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales mientras existan dudas fundadas de que la dirección política de la Agencia Tributaria lleva a cabo sus nombramientos por criterios ajenos a la profesionalidad, o de que las multas se ponen y se quitan en función de motivos inconfesables?

La historia más reciente de la Agencia Tributaria es la historia de un despropósito tras otro. Algunos son de forma, como la vulneración del deber de sigilo que establece la ley tributaria para los expedientes concretos. Otros son muy de fondo, como las destituciones de más de 300 profesionales no afectos al régimen instaurado por Montoro, las amnistías o las multas de ida y vuelta.

Cristóbal Montoro merece la destitución inmediata, porque en su propio lenguaje y aunque cada día nos de a entender que piensa firmemente lo contrario, los españoles “no somos g……..”.

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