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Archive for the ‘Sociedad’ Category

Durante estos días ha visitado España el escritor bosnio Velibor Colic, con motivo de la promoción de su último libro, Manual de Exilio. La evocación de sus terribles experiencias como combatiente huido de la guerra de los Balcanes ha estremecido a muchos, entre los que me encuentro.

Para expresar la aversión al nacionalismo causante de tantos desastres en Europa, Colic suele utilizar la imagen de sus paseos vespertinos entre las ciudades de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania). Son apenas diez minutos sobre el Pont du Rhin y su maravilloso paisaje. Y es inevitable el recuerdo de las tres guerras y los millones de muertos ocasionados desde 1870 por la ideología terrible que trazó una frontera de rencores absurdos entre ambas ciudades.

Quien esto escribe nació precisamente en esa pequeña villa del oeste germano y he de coincidir con el pensamiento de aquel desertor del drama balcánico, reconvertido hoy en testigo legítimo y fiel de los peligros que encierra la bestia del nacionalismo exacerbado. Colic distingue entre los políticos que resuelven problemas y los políticos que los crean, y advierte contra el resurgir de los segundos en muchos países de Europa.

Y en esta misma semana, mientras el nacionalismo catalán perseveraba en su afán por socavar la convivencia democrática en Cataluña, hemos sido una mayoría los diputados, catalanes y no catalanes, en protagonizar al menos dos buenos ejemplos de la otra política, la que persigue soluciones para la gente. Porque en esta semana se han aprobado en el Congreso sendas iniciativas para garantizar el registro veraz de la jornada laboral y para recuperar el subsidio destinado a desempleados mayores de 52 años.

Reconozco que ambas conquistas no cuentan con el glamour de esos grandes conceptos de la independencia y la república. Admito también que nuestro logro carece de la épica de esas otras reivindicaciones, como la autodeterminación y el pueblo en pie. Incluso asumiré que no hay comparación posible entre defender una simple proposición de ley y la emoción de cantar els segadors frente a un enemigo cierto, aunque sea ciertamente inventado.

No obstante, espero que muchos entiendan mi satisfacción en el día de hoy por pertenecer a ese colectivo de políticos que aspiran con toda modestia a mejorar la vida de sus representados, sin apelar necesariamente a sus vísceras, sin dibujar fronteras de separación y sin instar a que nadie odie a nadie.

Eso es. Esta semana hemos dado un paso firme contra la explotación de muchos empleados con jornadas de trabajo que no se contabilizan, que no se reconocen, que no se pagan y por las que no se cotiza. Y esta semana hemos sumado muchas voluntades para que los parados más vulnerables, aquellos que han sobrepasado los 50 años de edad y no logran encontrar empleo, cuenten con el respaldo del Estado para asegurarles una vida digna, a ellos y a sus familias.

Hoy no llego a casa con el alma henchida por el flamear de las banderas y el tronar de los himnos. Pero dormiré con la conciencia tranquila por haber contribuido humildemente a que muchos de mis semejantes vivan un poco mejor, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y sientan la bandera que sientan.

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Durante uno de los infinitos debates televisivos que hemos mantenido en estos días a propósito del conflicto en Cataluña, una diputada partidaria del referéndum separatista me espetó la conocida frase de “Hay que acabar con el régimen del 78”. En aquel momento y en aquel formato solo acerté a contestar lo siguiente: “Gracias al régimen del 78 estás hoy sentada aquí defendiendo tus ideas en libertad. Tenlo en cuenta antes de despreciarlo”.

Al cabo de las horas llegué a la conclusión de que aquella frase peyorativa sobre el 78 resumía en buena medida tanto el propósito como la estrategia de quienes hoy plantean el desafío independentista en Cataluña. Se trata efectivamente de liquidar el pacto de convivencia que los españoles alcanzamos durante la Transición Democrática.

El denostado por algunos “régimen del 78” constituye ciertamente una anomalía histórica en España. Durante los dos últimos siglos la norma ha sido el conflicto civil permanente, el cainismo político, el uso y abuso de pronunciamientos y golpes al margen de la ley…, cuando no directamente el intercambio de bombas y machetazos.

Y con todos sus defectos y limitaciones, aquel esfuerzo del 78 nos ha proporcionado durante cuarenta años un marco razonable para la convivencia en paz. Pero, al parecer, algunos han decidido que ya está bien, que es hora de volver a lo realmente nuestro, que toca cerrar el paréntesis del “régimen del 78” y reencontrarnos con nuestro auténtico ser histórico.

Aquello “del 78” supone nada menos que el reconocimiento a la soberanía popular, el respeto obligado al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la garantía de derechos y libertades homologables en Europa, la mayor descentralización territorial de nuestra historia y nuestro entorno…

Los separatistas y sus acólitos desprecian estos lugares comunes de la democracia con consignas tan primarias como peligrosas, tan falsas como contagiosas: “Las calles siempre serán nuestras”, “el pueblo está por encima de las leyes”, “el derecho a decidir es previo a cualquier Constitución”, “somos un solo pueblo”, “no nos moveremos ni un solo milímetro”, “que se vayan”…

Y la pregunta es: ¿con qué vamos a sustituir el despreciado régimen del 78? ¿Con el nacionalismo étnico de Puigdemont? ¿Con el patriotismo depredador de los herederos de Pujol? ¿Con la revolución inane de los rufianes? ¿Con el neo-anarquismo de las CUP? ¿Con el sálveme yo y que arda Roma de Colau? ¿Qué proyecto alternativo de convivencia ofrecen los enterradores del régimen del 78?

¡Claro que quedaron cosas por hacer! ¡Desde luego que aquel Título VIII de la Constitución del 78 es manifiestamente mejorable! Y sin duda está pendiente de redefinir el encaje de Cataluña en una España y en una Europa federal. Hay demandas justas pendientes de atender en el sentimiento identitario de los catalanes. Hay mucho por mejorar en la organización territorial, en el respeto al autogobierno, en la financiación justa…

Pero estos propósitos legítimos no pueden perseguirse mediante la voladura del Estado de Derecho y la convivencia democrática. Estos objetivos justificados no pueden servir de coartada para quienes simplemente pretenden subvertir las normas que protegen los derechos de todos y romper unilateralmente un país con mucha historia en común.

Tienen razón los que exigen “votem”, pero también la tienen quienes ofrecen “parlem”. Y puede que la única manera de resolver este conflicto pase por “parlem” antes que “votem”, por dialogar y acordar entre quienes tienen la voluntad honesta de superar las diferencias, y por votar todos juntos después el fruto del diálogo y del acuerdo.

La única mediación que hace falta es la de la buena voluntad, el diálogo sincero y el uso de la razón. La razón en democracia pasa siempre por respetar la ley. Y, por suerte para nuestra democracia y nuestros derechos, hoy la ley es la ley del 78.

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Mientras el escenario español se atasca con el mono-tema del falso referéndum separatista en Cataluña, la política europea debate cómo afrontar el desafío que supone la entrada en el Parlamento alemán de casi un centenar de diputados partidarios del nacionalismo extremo, el odio racial y la eurofobia.

El nacionalismo exacerbado es una enfermedad que no cesa de crecer en los principales países de Europa, si bien con formulaciones y amenazas de distinta naturaleza y alcance. Los populismos nacionalistas en Alemania, Francia, Holanda, y también en Cataluña, coinciden en señalar a un colectivo al que culpar falsamente del sufrimiento asociado a la crisis, sean inmigrantes, sean élites políticas en general o sea “el Estado español”.

Y la respuesta debe ser tan contundente en la denuncia de su manipulación como eficaz a la hora de resolver los problemas de fondo que alimentan su discurso y sus apoyos sociales. Estos problemas de fondo son perfectamente identificables: la desigualdad y la pobreza crecientes que ocasiona la globalización liberalizada; y las limitaciones de participación efectiva que evidencia el modelo democrático vigente.

Por eso resulta tan frustrante por limitada la respuesta que están ofreciendo los grandes líderes europeos ante la magnitud del desafío. La pragmática Merkel parece contentarse con construir una nueva coalición de Gobierno que mantenga con socios distintos la misma inercia perniciosa de los últimos años. Y el grandilocuente Macron ha dibujado un “sueño europeo” sin más concreción que un “comisario del euro”, un “fondo monetario europeo” y una “fuerza conjunta de intervención militar”.

La inercia obtusa de Merkel y la artificiosidad pacata de Macron solo lograrán aumentar la frustración de millones de europeos y el caldo de cultivo para nacionalistas, populistas y eurófobos.  Y  a todo esto, ¿dónde está la izquierda europea? ¿Qué propone para salvar el reto re-nacionalista y para relanzar el auténtico sueño europeo?

Los europeos no avanzaremos en la construcción de un “demos” propio y no lograremos contrarrestar la movilización emocional que proporcionan los nuevos nacionalismos con el tran-tran de Merkel y las propuestas limitadas de Macron. El sueño europeo necesita de planteamientos más ambiciosos e ilusionantes.

¿Por qué no impulsar, una Agencia Tributaria Europea que comience a regular y a recaudar impuestos suficientes y progresivos de manera homogénea, acabando con la elusión, el dumping y los paraísos fiscales de facto? ¿Por qué no financiar con esos fondos un Estado de Bienestar Europeo que garantice a todos los europeos unos adecuados servicios sanitarios, educativos y de lucha contra la pobreza?

¿Por qué no establecer un Estatuto de los Trabajadores Europeos que garantice un salario mínimo común y unas condiciones laborales homogéneas de obligado cumplimiento por todas las empresas, frente a la pobreza laboral rampante? ¿Por qué no un sistema de pensiones conjunto y una política común de vivienda que proporcione seguridades nuevas a mayores y jóvenes en Europa?

¿Por qué no avanzar en la mejora de la calidad de nuestras democracias? ¿Por qué no proporcionar más apertura, más transparencia y más participación ciudadana efectiva en los procesos de decisión que atañen a la colectividad? ¿Por qué no aportar más legitimidad democrática a los centros europeos de decisión?

Estas medidas sí ayudarían probablemente a frenar en seco las veleidades neo-nacionalistas y sí restarían fundamentación al discurso eurófobo. Esto sí sería de verdad un sueño europeo. Con este tipo de medidas se podrían vislumbrar claramente las ventajas de la Europa federal a la que parece aspirar la (aún) mayor parte de la representación política europea.

¿Alguien se atreve siquiera a soñarlo?

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El hispanista Paul Preston suele reiterar que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Por eso preocupa tanto que los protagonistas de la algarada separatista en Cataluña parezcan ignorar las gravísimas consecuencias que el nacionalismo exacerbado produjo en el conjunto de Europa a lo largo del siglo pasado.

El nacionalismo busca excitar los sentimientos de pertenencia y de exclusión, manipulando para ello la historia, inventando agravios, enfrentando civilmente a buenos y malos patriotas, prometiendo quimeras… Hasta este momento, la estrategia separatista en Cataluña ya ha situado a las principales instituciones catalanas fuera de la ley y del sistema democrático. El riesgo está ahora en la quiebra de la convivencia pacífica.

Una de las consecuencias de esta deriva irracional y peligrosa está en el soslayo de los problemas reales que sufren los catalanes, y que no tienen nada que ver con la supuesta falta de reconocimiento a sus singularidades identitarias. Por ejemplo: una encuesta reciente refleja que más de un tercio de los trabajadores barceloneses recibe salarios por debajo de los 1000 euros.

Este sí es un problema real, que los catalanes comparten con el resto de españoles. Y, por cierto, ¿cómo se ha ocasionado? Fundamentalmente a causa de la reforma laboral que la derecha española aprobó hace apenas un lustro con el apoyo parlamentario de… la derecha catalana que ahora lidera la escapada separatista. Esta es la verdad.

Por eso los socialistas estamos contra la estéril ilegalidad separatista, y por eso esta misma semana hemos propuesto un gran Pacto de Rentas con el que dignificar el empleo y adecentar los salarios. También para todos los catalanes.

El problema consiste en que las derechas, española y catalana, buscan consolidar un modelo de recuperación económica que cronifica los problemas de precariedad laboral y desigualdad social.

Lo hace por dos vías: por una parte, la reforma laboral facilita la mejora de la competitividad mediante el recorte de salarios y derechos de los trabajadores; y por otra parte, la política fiscal de redistribución inversa drena recursos de las rentas bajas a las rentas altas subiendo impuestos indirectos, bajando los directos y devaluando el Estado de Bienestar.

Los resultados son evidentes. Desde el inicio de la crisis, las rentas salariales han perdido más de 40.000 millones de euros a favor de las rentas del capital o excedentes de explotación en las empresas. Del 12,5% de aumento de la productividad experimentado en este mismo tiempo, los salarios se han beneficiado de apenas un 0,8% y todo lo demás ha engrosado el beneficio empresarial.

La desigualdad salarial no solo no se corrige con la recuperación económica sino que se acentúa. Según el índice de Gini salarial, en el periodo de crisis los salarios del 10% de trabajadores menos favorecidos han caído un 25%, mientras que en el periodo de recuperación (desde 2013) los salarios del 10% más favorecido están creciendo el doble que los salarios del 10% más pobre. Ocho millones de españoles se consideran trabajadores pobres. Y el porcentaje de españoles bajo el umbral de la pobreza ha sobrepasado ya el 22%.

El resultado puede valorarse muy negativamente en términos de justicia social. Pero también resulta un fracaso en términos de eficacia económica. La devaluación salarial hace caer el consumo y la tasa de ahorro de las familias. Si las empresas compiten bajando salarios no se ven impelidas a invertir en innovación, tecnología o formación. Los modelos de recuperación que apuestan por la desigualdad no son solo más injustos; también son más débiles y vulnerables.

El Pacto de Rentas que propone el PSOE a los interlocutores sociales y políticos pasa por cinco medidas:

  • Recuperar los salarios dignos, elevando el salario mínimo hasta 1000 euros mensuales en 2020, promoviendo la generalización de las cláusulas de revisión salarial en los convenios, y proponiendo a empresarios y sindicatos una subida de salarios de entre 2-3% en 2018 y de entre 2,5-3,5% para el periodo 2019-2021.
  • Elevar los salarios de los empleados públicos, al menos conforme al aumento de la inflación, y generalizar la jornada de 35 horas semanales sin merma en la retribución económica.
  • Derogar la reforma laboral del PP y acordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el equilibrio entre los poderes en el seno de la empresa y refuerce la negociación colectiva. Se trata de luchar contra la explotación de los trabajadores subcontratados, y se trata de corregir la legislación que posibilita la explotación de los falsos contratos a tiempo parcial, de los falsos autónomos, de los falsos contratos de formación, de los falsos becarios…
  • Un plan de choque para mejorar la inserción laboral digna de los jóvenes, revisando y promoviendo contratos de relevo y de prácticas.
  • Una ley de igualdad salarial que acabe con la brecha de género que discrimina a las mujeres con peores retribuciones por igual trabajo.

Estos son los problemas reales, ensoñaciones nacionalistas aparte. Y estas son las soluciones viables, para los catalanes también.

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La imagen del Presidente del Gobierno ante un Tribunal de Justicia dando cuentas de la financiación irregular de su partido es demoledora para la convivencia democrática. La “normalidad” con que el Gobierno ha pretendido despachar este episodio desgraciado resulta tan poco creíble como ofensiva para la gran mayoría de los españoles.

La primera obligación de quien lidera la institucionalidad democrática de un país es la de velar por su credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué crédito institucional puede ofrecer aquél que se ve obligado a testificar judicialmente por los delitos cometidos en una organización bajo su responsabilidad? ¿Cómo confiar mínimamente en quien lidera un partido cuyos tesoreros y secretarios generales desfilan día sí y día no ante policías, fiscales y jueces para dar cuenta sobre todo tipo de corruptelas?

Al tiempo que Mariano Rajoy respondía con suficiencia y cinismo ante el Tribunal a las preguntas de los letrados, millones de ciudadanos procuraban encajar las consecuencias de sus políticas de ajuste. ¿Qué pueden pensar los pensionistas con prestaciones congeladas o los parados que han perdido la cobertura pública cuando ven al responsable de su sufrimiento despachando con frivolidad las acusaciones de depredación fraudulenta en las arcas públicas? ¿Qué daño produce este contraste sobre la confianza en las instituciones?

Buena parte del crecimiento económico, frágil y socialmente injusto por otra parte, descansa en este tiempo sobre el sector exterior, el turismo nacional y las exportaciones. Y la imagen del Presidente español ante el Tribunal de Justicia en el marco de un caso de corrupción grave ha recorrido los noticiarios de medio mundo. ¿Qué efectos puede tener esta situación sobre el prestigio y la reputación de España? ¿Cómo afectará aquella imagen a las decisiones de los grandes inversores internacionales en nuestro país?

La solicitud de dimisión por parte del secretario general del PSOE puede interpretarse en el contexto del ejercicio de oposición más previsible. Sin embargo, en esta ocasión muy especialmente la llamada de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Rajoy “para que no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país” adquiere un alcance de interés muy general.

La sociedad española afronta en estos momentos retos de una envergadura extraordinaria. El más inminente tiene que ver nada menos que con una seria amenaza secesionista por parte de un gobierno autonómico en rebeldía. Pero los desafíos socio-económicos son también mayúsculos, desde la agenda digital hasta la transición ambiental de la economía, desde la lucha contra la pobreza hasta el rescate de los jóvenes parados, precarizados y emigrados. ¿Está Rajoy en condiciones de liderar estos cambios entre escándalo y escándalo de corrupción?

La propia corrupción se ha convertido ya en la segunda gran preocupación ciudadana tras el paro. El daño que produce la multiplicación de casos que afectan al partido del Gobierno, en su núcleo central y en cada uno de sus territorios, resulta incompatible ya con cualquier intento de darle carácter excepcional. Estamos ante un problema de corrupción estructural y sistémico en el Partido Popular. Y Rajoy no puede escudarse con credibilidad en el argumento de que desconocía los manejos económicos de todos sus subordinados durante las casi tres décadas en las que ha formado parte de la dirección de su partido.

Por último, existe una condición imprescindible para aquél llamado a liderar la organización del espacio público compartido. Es la libertad, el estar y el saberse libre de ataduras espurias. La falta de otras condiciones, como la sabiduría o la capacidad, pueden compensarse con buenos equipos. Pero ser y sentirse libre es fundamental para quien ha de hacerse cargo de la defensa del interés común. ¿Es libre Rajoy? ¿Libre de quienes han financiado irregularmente sus campañas y su partido? ¿Libre respecto a aquellos que han administrado estas irregularidades bajo su liderazgo?

Demasiados interrogantes.

Definitivamente, lo de Rajoy no es “normal”.

Por eso pedimos su dimisión, en interés de nuestra institucionalidad democrática y en interés del conjunto de la sociedad española.

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La recuperación de la economía española se sostiene sobre los pies de barro de la precariedad laboral y la devaluación salarial. Los datos macroeconómicos del crecimiento del PIB, el control del déficit e, incluso, la reducción estadística del paro se convertirán en un mero espejismo de mejoría si no se corrige con rapidez y contundencia el grave problema del empobrecimiento laboral.

Se trata de un problema con una triple dimensión, social, política y económica. La dimensión social es evidente por sus consecuencias negativas en los ingresos de las familias. La dimensión política se deduce del desafecto que el deterioro social genera sobre el propio sistema democrático. Y la dimensión económica tiene que ver con el debilitamiento progresivo de la demanda interna.

Hace tiempo que algunos hemos desistido de participar en las estériles batallas estadísticas. Este Gobierno se ha mostrado capaz de torturar cualquier tabla en beneficio de su discurso económico triunfalista. Por tanto, basta con esgrimir dos argumentos. El primero es objetivo y medible: la caída de la participación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tres puntos sobre PIB representan 3.000 millones de euros perdidos en salarios desde el inicio de la crisis.

Y el segundo es menos objetivo pero aún más contundente si cabe: la convicción muy mayoritaria, que reflejan todos los estudios de opinión, sobre el retroceso de los salarios más bajos al rebufo de la precarización del mercado laboral. Los tres últimos deciles de la estructura salarial han caído más de un 30% desde el año 2012. Hay siete millones de trabajadores viviendo bajo los umbrales de la pobreza. Otros tantos, sobre todo mujeres con contratos a tiempo parcial, cobran salarios por debajo del sueldo mínimo.

La causa es indudable. La reforma laboral del PP abrió las puertas a un modelo de competitividad basado en la devaluación de salarios y condiciones laborales. La prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, el desarme de los sindicatos en la negociación colectiva, la facilitación de los descuelgues, el fin de la ultractividad de los convenios… Todos estos instrumentos tenían un fin, abaratar los costes salariales. Y el fin se cumplió.

La caída salarial se suma al aumento de los fenómenos de explotación laboral que el Gobierno consiente y no persigue, como el fraude de las horas que se trabajan y no se pagan, como los falsos autónomos, o lo becarios explotados, o los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas enteras.

Por eso resulta tan indignante escuchar declaraciones de la Ministra de Empleo a favor de “un crecimiento sano de los salarios”. Si los salarios no crecen en este país es por la vigencia de un compendio de normas, dictadas por la propia Ministra y su partido, que tienen como finalidad la propia devaluación salarial. ¿Quieren rectificar? Es fácil. Presenten en el Congreso un decreto de derogación de la reforma de 2012. Lo demás es postureo.

El coste social de los salarios bajos se traduce en un aumento peligroso de la exclusión social y de la pobreza, que afecta ya a más del 20% de la población infantil, por ejemplo. Y es que el drama salarial debe valorarse en el contexto de la caída de las prestaciones por desempleo, que dejan sin ayuda a dos de cada tres parados EPA. Y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que sostienen a millones de familias. Y los recortes en prestaciones a dependientes, y las becas recortadas, y los copagos sanitarios…

El coste político se comprueba fácilmente entre una juventud cada día más descreída y divorciada del sistema democrático. Que primero optó por desentenderse de la política, que ahora opta por votar a los populismos antisistema, y que mañana puede optar por algo aún peor…

Y el coste económico ha de medirse en un análisis inteligente sobre las fuentes del crecimiento en nuestro país. Hoy los factores exógenos son mayoritariamente decisivos: la política expansiva de las autoridades monetarias europeas; el cambio favorable euro-dólar; el precio barato del petróleo; el tirón ocasional del turismo; un sector exportador en racha…

Pero las economías sólidas han de asentarse sobre algo mejor que un compendio de buenas noticias coyunturales. Ese algo mejor es la demanda interna. Y la demanda interna depende en buena medida de los salarios. ¿Quiénes van a pagar en España por los productos y los servicios de nuestras empresas? ¿Con estos salarios? Muy pocos.

En consecuencia, hay que aconsejar a las organizaciones empresariales que eleven un poco la mirada en su negociación sobre recomendaciones salariales para este año. Elevar los salarios conforme el crecimiento de la economía y de los precios no debiera ser solo empeño sindical. Nos va mucho en ello a todos. A ellos también.

Y hay una agenda legal a desarrollar también en el objetivo de los salarios mejorados.

Hay que establecer el salario mínimo para 2018, tras la subida del 8% arrancada por el PSOE para este año. Deberíamos cumplir cuanto antes el compromiso suscrito en la Carta Social Europea del 60% del salario medio.

Nuestra ley de subcontratas para cumplir el principio de “igual trabajo, igual salario” se votará en septiembre.

A continuación se debatirán propuestas de gran interés para reforzar la negociación colectiva, recuperar la prevalencia del convenio sectorial, reestablecer la ultractividad, luchar contra los fenómenos de explotación laboral…

Ojalá no nos distraigamos demasiado con otros menesteres menos determinantes para la vida real de la gente.

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El Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento el llamado “techo de gasto”, que define las grandes líneas de su proyecto presupuestario para 2018. El PSOE ha votado en contra de la fórmula pactada por PP y Ciudadanos a base de recortes importantes de gasto público y bajadas relativas de impuestos.

El gran argumento de la derecha para defender esta política presupuestaria se resume en la afirmación de que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Suena bien, pero ¿realmente es así? El portavoz socialista Pedro Saura solicita con razón que Montoro aclare a qué bolsillos se refiere concretamente.

El presupuesto que el reprobado Ministro de Hacienda dibuja para el año próximo calcula un aumento del gasto de poco más del 2% para un PIB que crecerá nominalmente por encima del 4%. Por tanto, y de entrada, el gasto público perderá peso respecto a la riqueza generada.

Además, la senda de cumplimiento del déficit reserva para las Comunidades Autónomas el ajuste más duro: del 0,6% en 2017 al 0,4% en 2018, tras la última rectificación. Y recordemos que las administraciones autonómicas son las responsables de gestionar los principales servicios del Estado de Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales…

En total, los recortes previstos en el gasto público ascienden a más de 9.000 millones de euros, de los que más de 2.000 corresponderán a las autonomías.

Al reprobado Ministro de Hacienda se le ha repetido que está bien procurar la reducción del déficit en etapas de crecimiento. Pero hay dos maneras de hacerlo, grosso modo. Montoro quiere bajar el 41% de gastos hasta el 38% de ingresos, siempre sobre PIB. Mientras que otros consideramos que quizás puede hacerse a la inversa, es decir, elevando el 38% de ingresos hasta el 41% de gastos.

Es la diferencia entre aspirar a una sociedad justa o renunciar a lograrlo.

PP y Ciudadanos han pactado eximir de tributar por IRPF a quienes cobren menos de 14.000 euros al año. Bien, pero recordemos de entrada que las rentas inferiores a 12.000 euros hace años que no cotizan. Ya vamos acotando ventajas.

Si dividimos los casi 20 millones de impositores españoles en deciles, comprobamos además que los dos deciles más pobres, cuatro millones de españoles, no obtienen rebaja alguna en su fiscalidad, cero. Y de los tres deciles siguientes, otros cuatro millones no verán un euro extra con la rebaja. Tan solo dos millones de españoles obtendrán un beneficio medio de 35 euros mensuales de media.

Es decir, toda la operación para legitimar el recorte de 9.000 millones de euros en el gasto público tan solo beneficiará a dos millones de personas en 35 euros mensuales más para sus bolsillos.

¿Seguro? No tanto, porque si Montoro y Garicano les permiten mantener 35 euros más en el bolsillo derecho, no es menos cierto que les están quitando mucho más del bolsillo izquierdo merced a los recortes en prestaciones sociales. ¿Compensarán esos 35 euros de rebaja impositiva los tijeretazos en becas, en salud pública, en atención a dependientes o en vivienda social? Definitivamente no.

Además, ¿qué hay de los otros ocho millones de contribuyentes más pobres que ni tan siquiera verán esos 35 euros extras en el bolsillo derecho? Estos sufrirán los recortes en el Estado de Bienestar sin compensación fiscal alguna.

¿Y si además de recortar unos poquitos impuestos a las rentas más bajas los aumentáramos para las rentas más altas? ¿Y si nos atreviéramos a equiparar la tributación de las rentas del capital con lo que tributan las rentas del trabajo? ¿Y si estableciéramos una base imponible común en la zona euro para evitar la elusión fiscal de las grandes empresas? ¿Y si garantizáramos un tipo efectivo razonable en el impuesto de sociedades?

¿Y si en lugar de hacer frases tramposas para justificar nuevos recortes nos dedicáramos a generar ingresos suficientes para atender los gastos necesarios?

¿Y si rascamos un poco más en los bolsillos más llenos?

El dinero de los ciudadanos estará mejor allí donde mejor contribuya a construir una sociedad más justa.

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