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Archive for the ‘Sociedad’ Category

La imagen del Presidente del Gobierno ante un Tribunal de Justicia dando cuentas de la financiación irregular de su partido es demoledora para la convivencia democrática. La “normalidad” con que el Gobierno ha pretendido despachar este episodio desgraciado resulta tan poco creíble como ofensiva para la gran mayoría de los españoles.

La primera obligación de quien lidera la institucionalidad democrática de un país es la de velar por su credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué crédito institucional puede ofrecer aquél que se ve obligado a testificar judicialmente por los delitos cometidos en una organización bajo su responsabilidad? ¿Cómo confiar mínimamente en quien lidera un partido cuyos tesoreros y secretarios generales desfilan día sí y día no ante policías, fiscales y jueces para dar cuenta sobre todo tipo de corruptelas?

Al tiempo que Mariano Rajoy respondía con suficiencia y cinismo ante el Tribunal a las preguntas de los letrados, millones de ciudadanos procuraban encajar las consecuencias de sus políticas de ajuste. ¿Qué pueden pensar los pensionistas con prestaciones congeladas o los parados que han perdido la cobertura pública cuando ven al responsable de su sufrimiento despachando con frivolidad las acusaciones de depredación fraudulenta en las arcas públicas? ¿Qué daño produce este contraste sobre la confianza en las instituciones?

Buena parte del crecimiento económico, frágil y socialmente injusto por otra parte, descansa en este tiempo sobre el sector exterior, el turismo nacional y las exportaciones. Y la imagen del Presidente español ante el Tribunal de Justicia en el marco de un caso de corrupción grave ha recorrido los noticiarios de medio mundo. ¿Qué efectos puede tener esta situación sobre el prestigio y la reputación de España? ¿Cómo afectará aquella imagen a las decisiones de los grandes inversores internacionales en nuestro país?

La solicitud de dimisión por parte del secretario general del PSOE puede interpretarse en el contexto del ejercicio de oposición más previsible. Sin embargo, en esta ocasión muy especialmente la llamada de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Rajoy “para que no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país” adquiere un alcance de interés muy general.

La sociedad española afronta en estos momentos retos de una envergadura extraordinaria. El más inminente tiene que ver nada menos que con una seria amenaza secesionista por parte de un gobierno autonómico en rebeldía. Pero los desafíos socio-económicos son también mayúsculos, desde la agenda digital hasta la transición ambiental de la economía, desde la lucha contra la pobreza hasta el rescate de los jóvenes parados, precarizados y emigrados. ¿Está Rajoy en condiciones de liderar estos cambios entre escándalo y escándalo de corrupción?

La propia corrupción se ha convertido ya en la segunda gran preocupación ciudadana tras el paro. El daño que produce la multiplicación de casos que afectan al partido del Gobierno, en su núcleo central y en cada uno de sus territorios, resulta incompatible ya con cualquier intento de darle carácter excepcional. Estamos ante un problema de corrupción estructural y sistémico en el Partido Popular. Y Rajoy no puede escudarse con credibilidad en el argumento de que desconocía los manejos económicos de todos sus subordinados durante las casi tres décadas en las que ha formado parte de la dirección de su partido.

Por último, existe una condición imprescindible para aquél llamado a liderar la organización del espacio público compartido. Es la libertad, el estar y el saberse libre de ataduras espurias. La falta de otras condiciones, como la sabiduría o la capacidad, pueden compensarse con buenos equipos. Pero ser y sentirse libre es fundamental para quien ha de hacerse cargo de la defensa del interés común. ¿Es libre Rajoy? ¿Libre de quienes han financiado irregularmente sus campañas y su partido? ¿Libre respecto a aquellos que han administrado estas irregularidades bajo su liderazgo?

Demasiados interrogantes.

Definitivamente, lo de Rajoy no es “normal”.

Por eso pedimos su dimisión, en interés de nuestra institucionalidad democrática y en interés del conjunto de la sociedad española.

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La recuperación de la economía española se sostiene sobre los pies de barro de la precariedad laboral y la devaluación salarial. Los datos macroeconómicos del crecimiento del PIB, el control del déficit e, incluso, la reducción estadística del paro se convertirán en un mero espejismo de mejoría si no se corrige con rapidez y contundencia el grave problema del empobrecimiento laboral.

Se trata de un problema con una triple dimensión, social, política y económica. La dimensión social es evidente por sus consecuencias negativas en los ingresos de las familias. La dimensión política se deduce del desafecto que el deterioro social genera sobre el propio sistema democrático. Y la dimensión económica tiene que ver con el debilitamiento progresivo de la demanda interna.

Hace tiempo que algunos hemos desistido de participar en las estériles batallas estadísticas. Este Gobierno se ha mostrado capaz de torturar cualquier tabla en beneficio de su discurso económico triunfalista. Por tanto, basta con esgrimir dos argumentos. El primero es objetivo y medible: la caída de la participación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tres puntos sobre PIB representan 3.000 millones de euros perdidos en salarios desde el inicio de la crisis.

Y el segundo es menos objetivo pero aún más contundente si cabe: la convicción muy mayoritaria, que reflejan todos los estudios de opinión, sobre el retroceso de los salarios más bajos al rebufo de la precarización del mercado laboral. Los tres últimos deciles de la estructura salarial han caído más de un 30% desde el año 2012. Hay siete millones de trabajadores viviendo bajo los umbrales de la pobreza. Otros tantos, sobre todo mujeres con contratos a tiempo parcial, cobran salarios por debajo del sueldo mínimo.

La causa es indudable. La reforma laboral del PP abrió las puertas a un modelo de competitividad basado en la devaluación de salarios y condiciones laborales. La prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, el desarme de los sindicatos en la negociación colectiva, la facilitación de los descuelgues, el fin de la ultractividad de los convenios… Todos estos instrumentos tenían un fin, abaratar los costes salariales. Y el fin se cumplió.

La caída salarial se suma al aumento de los fenómenos de explotación laboral que el Gobierno consiente y no persigue, como el fraude de las horas que se trabajan y no se pagan, como los falsos autónomos, o lo becarios explotados, o los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas enteras.

Por eso resulta tan indignante escuchar declaraciones de la Ministra de Empleo a favor de “un crecimiento sano de los salarios”. Si los salarios no crecen en este país es por la vigencia de un compendio de normas, dictadas por la propia Ministra y su partido, que tienen como finalidad la propia devaluación salarial. ¿Quieren rectificar? Es fácil. Presenten en el Congreso un decreto de derogación de la reforma de 2012. Lo demás es postureo.

El coste social de los salarios bajos se traduce en un aumento peligroso de la exclusión social y de la pobreza, que afecta ya a más del 20% de la población infantil, por ejemplo. Y es que el drama salarial debe valorarse en el contexto de la caída de las prestaciones por desempleo, que dejan sin ayuda a dos de cada tres parados EPA. Y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que sostienen a millones de familias. Y los recortes en prestaciones a dependientes, y las becas recortadas, y los copagos sanitarios…

El coste político se comprueba fácilmente entre una juventud cada día más descreída y divorciada del sistema democrático. Que primero optó por desentenderse de la política, que ahora opta por votar a los populismos antisistema, y que mañana puede optar por algo aún peor…

Y el coste económico ha de medirse en un análisis inteligente sobre las fuentes del crecimiento en nuestro país. Hoy los factores exógenos son mayoritariamente decisivos: la política expansiva de las autoridades monetarias europeas; el cambio favorable euro-dólar; el precio barato del petróleo; el tirón ocasional del turismo; un sector exportador en racha…

Pero las economías sólidas han de asentarse sobre algo mejor que un compendio de buenas noticias coyunturales. Ese algo mejor es la demanda interna. Y la demanda interna depende en buena medida de los salarios. ¿Quiénes van a pagar en España por los productos y los servicios de nuestras empresas? ¿Con estos salarios? Muy pocos.

En consecuencia, hay que aconsejar a las organizaciones empresariales que eleven un poco la mirada en su negociación sobre recomendaciones salariales para este año. Elevar los salarios conforme el crecimiento de la economía y de los precios no debiera ser solo empeño sindical. Nos va mucho en ello a todos. A ellos también.

Y hay una agenda legal a desarrollar también en el objetivo de los salarios mejorados.

Hay que establecer el salario mínimo para 2018, tras la subida del 8% arrancada por el PSOE para este año. Deberíamos cumplir cuanto antes el compromiso suscrito en la Carta Social Europea del 60% del salario medio.

Nuestra ley de subcontratas para cumplir el principio de “igual trabajo, igual salario” se votará en septiembre.

A continuación se debatirán propuestas de gran interés para reforzar la negociación colectiva, recuperar la prevalencia del convenio sectorial, reestablecer la ultractividad, luchar contra los fenómenos de explotación laboral…

Ojalá no nos distraigamos demasiado con otros menesteres menos determinantes para la vida real de la gente.

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El Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento el llamado “techo de gasto”, que define las grandes líneas de su proyecto presupuestario para 2018. El PSOE ha votado en contra de la fórmula pactada por PP y Ciudadanos a base de recortes importantes de gasto público y bajadas relativas de impuestos.

El gran argumento de la derecha para defender esta política presupuestaria se resume en la afirmación de que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Suena bien, pero ¿realmente es así? El portavoz socialista Pedro Saura solicita con razón que Montoro aclare a qué bolsillos se refiere concretamente.

El presupuesto que el reprobado Ministro de Hacienda dibuja para el año próximo calcula un aumento del gasto de poco más del 2% para un PIB que crecerá nominalmente por encima del 4%. Por tanto, y de entrada, el gasto público perderá peso respecto a la riqueza generada.

Además, la senda de cumplimiento del déficit reserva para las Comunidades Autónomas el ajuste más duro: del 0,6% en 2017 al 0,4% en 2018, tras la última rectificación. Y recordemos que las administraciones autonómicas son las responsables de gestionar los principales servicios del Estado de Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales…

En total, los recortes previstos en el gasto público ascienden a más de 9.000 millones de euros, de los que más de 2.000 corresponderán a las autonomías.

Al reprobado Ministro de Hacienda se le ha repetido que está bien procurar la reducción del déficit en etapas de crecimiento. Pero hay dos maneras de hacerlo, grosso modo. Montoro quiere bajar el 41% de gastos hasta el 38% de ingresos, siempre sobre PIB. Mientras que otros consideramos que quizás puede hacerse a la inversa, es decir, elevando el 38% de ingresos hasta el 41% de gastos.

Es la diferencia entre aspirar a una sociedad justa o renunciar a lograrlo.

PP y Ciudadanos han pactado eximir de tributar por IRPF a quienes cobren menos de 14.000 euros al año. Bien, pero recordemos de entrada que las rentas inferiores a 12.000 euros hace años que no cotizan. Ya vamos acotando ventajas.

Si dividimos los casi 20 millones de impositores españoles en deciles, comprobamos además que los dos deciles más pobres, cuatro millones de españoles, no obtienen rebaja alguna en su fiscalidad, cero. Y de los tres deciles siguientes, otros cuatro millones no verán un euro extra con la rebaja. Tan solo dos millones de españoles obtendrán un beneficio medio de 35 euros mensuales de media.

Es decir, toda la operación para legitimar el recorte de 9.000 millones de euros en el gasto público tan solo beneficiará a dos millones de personas en 35 euros mensuales más para sus bolsillos.

¿Seguro? No tanto, porque si Montoro y Garicano les permiten mantener 35 euros más en el bolsillo derecho, no es menos cierto que les están quitando mucho más del bolsillo izquierdo merced a los recortes en prestaciones sociales. ¿Compensarán esos 35 euros de rebaja impositiva los tijeretazos en becas, en salud pública, en atención a dependientes o en vivienda social? Definitivamente no.

Además, ¿qué hay de los otros ocho millones de contribuyentes más pobres que ni tan siquiera verán esos 35 euros extras en el bolsillo derecho? Estos sufrirán los recortes en el Estado de Bienestar sin compensación fiscal alguna.

¿Y si además de recortar unos poquitos impuestos a las rentas más bajas los aumentáramos para las rentas más altas? ¿Y si nos atreviéramos a equiparar la tributación de las rentas del capital con lo que tributan las rentas del trabajo? ¿Y si estableciéramos una base imponible común en la zona euro para evitar la elusión fiscal de las grandes empresas? ¿Y si garantizáramos un tipo efectivo razonable en el impuesto de sociedades?

¿Y si en lugar de hacer frases tramposas para justificar nuevos recortes nos dedicáramos a generar ingresos suficientes para atender los gastos necesarios?

¿Y si rascamos un poco más en los bolsillos más llenos?

El dinero de los ciudadanos estará mejor allí donde mejor contribuya a construir una sociedad más justa.

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Los secesionistas no tienen derecho a secesionar territorio alguno, desde luego. Pero tampoco tienen derecho a conducir a la sociedad catalana al callejón sin salida de la insurrección legal. Y menos aún tienen derecho para forzar a catalanes y demás españoles a malgastar las energías que debiéramos dedicar a los auténticos desafíos de nuestro tiempo, como la globalización sin reglas, la economía sin justicia y el recorte generalizado de derechos.

No hay mejor aliado para Rajoy en estos momentos que el desvarío secesionista. ¿Qué mejor argumento que la amenaza separatista para desviar la atención de la pobreza laboral creciente, de los jóvenes sin futuro o de las corruptelas por doquier? Cuánto más grande sea el esperpento independentista, más se reivindicará Rajoy como defensor del imperio de la ley y de la unidad de la patria.

Ensoñadores independentistas aparte, la mayoría de quienes hoy dirigen el procés catalán se apuntaron a la aventura por pura estrategia herestética. Se trataba de dar la vuelta a un escenario con la recesión económica y la corrupción política como protagonistas inevitables. Elevemos la mirada de la gente hacia las banderas esteladas para que no se fijen en el piso del deterioro social y moral.

Pero la escapada se les ha ido de las manos, y ahora no saben cómo parar un procés absolutamente desbocado. Quizás confiaron ingenuamente en que el PP les daría una salida tarde o temprano. Ignoraban quizás que las amenazas de secesión sonaban como música celestial en un Gobierno deseoso de sustituir la imagen de la madrastra recortadora por la del príncipe rescatador, al menos de cuando en cuando.

Los secesionistas están atrapados en su propia trampa. Ya han renegado de la Constitución, de las leyes y de las sentencias judiciales. Escriben leyes de transitoriedad que no se atreven a registrar siquiera. Anuncian proclamas de república independiente que no se creen ni sus propios consejeros. Fulminan al disidente por dudar, mostrando la debilidad más cruda.

Pero su trampa es en buena medida la de todos, catalanes y demás españoles incluidos. Porque será inevitable ocupar tiempo, titulares y trabajo a desenredar el lío que están provocando. Porque el descrédito internacional nos mancha a todos. Y porque Puigdemont, Junqueras y compañía están trabajando duramente para construir este otoño una sensacional vía de escape a un Gobierno español acorralado por la pobreza y la corrupción ¿Quién se atreverá a cuestionar a aquellos que están llamados a salvar España de la secesión?

No tienen derecho.

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Con motivo de las celebraciones por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en 1977, algunas formaciones populistas y separatistas han aprovechado para insistir en sus descalificaciones falaces hacia la Transición Democrática, la Constitución Española y el “régimen” que se instauró a partir de entonces en nuestro país.

Descartada la ignorancia como causa de tal ejercicio de falsificación de la historia, hemos de entender que se trata de una estrategia orientada a deslegitimar este “régimen” para sustituirlo por otro. La gran pregunta es ¿qué otro régimen?

Representantes de Podemos, Izquierda Unida, ERC y En Común Podem han asegurado en estos días que la Constitución de 1978 no fue fruto del consenso político en una sociedad libre, sino una especie de “carta otorgada” por los herederos de la dictadura a una sociedad sometida “al miedo, la censura y el chantaje”. Es el “candado” que supuestamente impide a los españoles el disfrute de la democracia “auténtica”.

Basta acudir a la evidencia histórica para refutar esta fabulación interesada. La Transición hacia la democracia tuvo lugar por la demanda mayoritaria y exigente de la ciudadanía española, y por el acierto de una generación de dirigentes políticos que, por una vez, supieron anteponer el interés común del entendimiento a la tentación particular del enfrentamiento.

Y más allá de los errores y las insuficiencias, que los hubo, el resultado de aquel episodio fue inequívocamente positivo para la sociedad española. Desde la consecución de la democracia hasta el disfrute de derechos y libertades equiparables a los propios de las naciones de nuestro entorno. Desde la entrada en Europa, hasta el sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil, la separación Estado-Iglesia o el autogobierno de nacionalidades y regiones.

Entonces, ¿por qué esa insistencia en descalificar tan gravemente uno de los pocos hechos históricos colectivos de los que podemos sentirnos razonablemente orgullosos? Evidentemente para socavar el apoyo ciudadano al sistema político vigente, propiciar su caída y alentar su sustitución por otro “régimen”.

Ahora bien, teniendo en cuenta las militancias y las trayectorias de quienes protagonizan tal estrategia, las conclusiones pueden resultar inquietantes. ¿Cuál es la alternativa? El régimen comunista que abrazan algunos ya fracasó en el siglo pasado. Los populismos bolivarianos que asesoran otros están sumiendo a millones de criaturas en la pobreza, la violencia y la represión. Los separatismos socavan la convivencia, enfrentan a los ciudadanos y achican los espacios de solidaridad…

El auténtico “candado” no es el régimen del 78 y la Constitución que ampara la libertad de la que disfrutan sus descalificadores. El auténtico “candado” es el revisionismo que falsea la historia con el propósito de liquidar lo mejor que ha dado el esfuerzo común de los españoles, para llevarnos a un futuro incierto, en el mejor de los casos…

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El PSOE salió mal del Gobierno en el año 2011. Al Gobierno de Zapatero le tocó bregar con lo más duro de la crisis, se adoptaron decisiones alejadas del programa electoral y muchos votantes se sintieron defraudados.

En consecuencia, durante los años duros de austeridad y recortes por parte del PP, el Partido Socialista no lo tuvo fácil para erigirse como alternativa creíble.

A estas dificultades se añadió mientras tanto la desorientación general de la socialdemocracia europea, atrapada en la disyuntiva de defender a un sistema injusto frente a los populismos o de defender a los populismos estériles frente al sistema.

Y la falta de iniciativa provocó huecos y los huecos se llenaron con otras alternativas, como Podemos y sus confluencias, que no proporcionaban respuestas viables, ni tan siquiera bienintencionadas, pero que encauzaban con eficacia la frustración de buena parte del electorado más joven y progresista.

Los malos resultados en las elecciones sirvieron de acelerante para las divisiones internas y la imagen de contestación interna permanente acabó por situar al PSOE ante su crisis más grave desde la recuperación de la democracia.

En el día de su convocatoria, las elecciones internas a la secretaría general situaban al Partido Socialista en un escenario de riesgo, por cuanto la disputa auguraba grandes dosis de dramatismo y el resultado no se adivinaba concluyente.

Sin embargo, la conclusión de este proceso democrático se ha saldado de una manera positiva, tanto en lo interno como en lo externo. Internamente ha provocado un estado de movilización y buenas expectativas como hacía tiempo que no se experimentaba. Y ante el resto de la sociedad, el PSOE aparece como una opción reforzada en su crédito político y en sus expectativas.

Pedro Sánchez ha adquirido unos atributos muy positivos como consecuencia de este proceso accidentado. A los ojos de la mayoría social progresista en nuestro país, el otra vez secretario general del PSOE es un hombre valiente, que no se arredra ante los obstáculos y que defiende con convicción y firmeza la causa justa de los más débiles. Además, es un ganador, que no es un atributo baladí en esta sociedad de la imagen.

Por tanto, se trata de una buena oportunidad para el Partido Socialista y para España. El PSOE dispone ahora probablemente de la mejor oportunidad desde 2011 para presentarse ante la ciudadanía española con un proyecto que merece atención, crédito y apoyo como alternativa progresista al PP. Se trata de aprovechar esta oportunidad.

¿Cómo? Definiendo y defendiendo una opción de izquierda valiente y de gobierno, de gobierno pero valiente, como acaba de manifestar José Luis Abalos desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Una izquierda dispuesta a romper algunos moldes, a desmentir algunos tópicos establecidos en el sistema, a desautorizar algunas ortodoxias tramposas. Dispuesta a pisar algunos callos en nombre de la igualdad y la justicia. Pero dejando muy claro que el PSOE no se limita a la protesta inteligente, sino que busca inequívocamente el respaldo de las mayorías para reformar el país desde el Gobierno.

Este propósito requiere identificar algunas prioridades, que sintonicen bien con las prioridades de esa ciudadanía progresista a la espera de respuestas valientes y viables. Primero, un nuevo modelo económico subordinado a los objetivos políticos de la igualdad y la justicia, centrado en los buenos empleos. Segundo, una moralización de la vida pública que destierre corruptelas, fraudes y trampas fiscales. Y tercero, una apuesta decidida por la Europa unida y social, como la mejor esperanza de futuro para cerca de 400 millones de europeos.

Pero la oportunidad es positiva también para España, porque los españoles ven alejarse definitivamente el riesgo tenebroso de tener que elegir entre lo malo y lo peor, entre la derecha corrupta y una alternativa populista y estéril. Entre dejar el sistema como está y cargarse el sistema al completo, lo bueno y lo malo, resurge con fuerza una alternativa reformista de alcance. Es una buena noticia.

Y es una buena oportunidad, para el PSOE y para España. Aprovechémosla.

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Los titulares sobre el último estudio del CIS solo reseñan la creciente preocupación de los españoles por la corrupción. Más de un 54% de los encuestados sitúa este problema entre los principales del país. Son muchos. Sin embargo, el problema principal que señalan los españoles mes tras mes en primer lugar es otro: el paro. De hecho, el porcentaje de españoles cuya preocupación principal tiene que ver con el empleo y la falta de empleo se ha incrementado entre abril y mayo del 69,6% al 71,3%.

No cabe hacer análisis reduccionistas o simples en torno a la crisis de credibilidad que sufren las que hemos considerado democracias avanzadas en Europa y norteamérica. Son varios los factores que contribuyen a las disfunciones del sistema, a la desafección creciente en amplias capas de la población y al auge de populismos y extremismos. Pero hay una constante a tener en cuenta: la preocupación, el miedo y el enfado de muchos por la pérdida progresiva de derechos en el ámbito del empleo.

En esta preocupación, en estos miedos y en estos enfados coinciden desde los millennials explotados hasta los cincuentones que alimentan las listas de parados de larga duración. Aquí convergen los empleados digitales a cinco euros la hora con los obreros industriales que sufren la deslocalización de sus empresas. En la angustia por el trabajo comparten trinchera las mujeres obligadas a elegir entre profesión o familia, junto con los falsos becarios, los falsos aprendices, los falsos autónomos y los falsos contratados a tiempo parcial, que sirven cervezas o limpian habitaciones a tiempo total.

¿Cuál es el origen del problema? La globalización y el avance tecnológico han cambiado por completo el papel del factor trabajo en los procesos productivos, relegándolo, precarizándolo, empobreciéndolo. La economía produce el empleo, pero el empleo cada vez es menos relevante para la economía. Sin embargo, nuestras sociedades siguen fundamentándose en el protagonismo del trabajo, como factor de socialización, como fuente de rentas, como vía de participación social, como base de la autoestima personal….

Por ahora, el balance neto de la revolución tecnológica presente es un balance negativo en términos de empleo. El avance tecnológico, por ahora, destruye más empleos de los que crea. Las actividades económicas más tecnificadas y más lucrativas necesitan cada vez menos mano de obra. Los demandantes de empleo son muchos y las reglas para determinar salarios y condiciones de empleo son pocas, por lo que el empleo se precariza y se paga mal.

Más cambios. El viejo esquema de formación-trabajo-jubilación ha dado paso al nuevo esquema formación-trabajo-formación-trabajo-jubilación, pero las políticas de formación y de empleo aún no se han adaptado. Los nuevos modelos de competitividad demandan un trabajo que la sociedad no ofrece. Esta disfunción agrava el problema.

Por tanto, si admitimos que el factor trabajo es un factor clave para la convivencia en sociedad y para la legitimación de la mismísima democracia, no podemos dejar su evolución al albur del mercado, al libre juego de la oferta y la demanda. Porque el trabajo no es una estadística más. El empleo no puede tratarse como una mercancía más, que se compra y que se vende conforme a las condiciones que marca el zoco de la globalización desregulada.

En primer lugar hay que asegurar el gobierno de la política sobre la economía, adoptando decisiones que ayuden a distribuir justamente las ganancias extras de la productividad que llegan vía tecnológica. Si hasta ahora esas ganancias han retribuido sobre todo al capital, asegurémonos de que una buena parte contribuye a financiar buenos empleos.

Hará falta un Estatuto Europeo de los Trabajadores que garantice contratos dignos y que evite deslocalizaciones y dumpings. Se necesitarán nuevas legislaciones que repartan los tiempos de trabajo, y que reduzcan por tanto la jornada laboral. Habrá que reforzar la negociación colectiva para lograr subidas salariales y conquistar nuevos derechos, en el ámbito de la conciliación, por ejemplo.

En segundo lugar hay que apostar por políticas activas de empleo más efectivas, en la formación, en la orientación, en la ayuda para la incorporación y para la promoción en el mercado laboral.

En tercer lugar es preciso establecer políticas pasivas que protejan debidamente al trabajador del riesgo del desempleo. Con índices de paro por encima del 15% y tasas de desempleo de larga duración por encima del 8% ya no sirven los viejos esquemas de prestación pública limitada en el tiempo. Resulta inevitable establecer un ingreso mínimo permanente para las personas que no logran incorporarse al trabajo, y mientras no logran incorporarse al trabajo.

Y en cuarto lugar, si la primera demanda de la ciudadanía es el buen empleo, el propio Estado debe ocuparse de su generación, en la medida de sus posibilidades, que no son pocas. Una fiscalidad exigente y globalmente armonizada puede contribuir a la financiación de actividades intensivas en empleo y de gran interés social, como el cuidado de las personas dependientes y la preservación ambiental.

Si la socialdemocracia europea quiere recuperar crédito social y apoyo electoral, debe atender prioritariamente las demandas prioritarias de quienes pueden apoyarla y votarla. Y la primera prioridad de esa mayoría hoy son los buenos empleos. Sin ninguna duda.

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