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Archive for the ‘Sociedad’ Category

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que el Gobierno socialista ha presentado en el Parlamento es objetivamente el mejor plan presupuestario de la última década, y lo es claramente desde la perspectiva de los derechos de los españoles y las españolas.

El propósito fundamental de este proyecto es el de corregir las injusticias y revertir los recortes que han castigado duramente a las clases medias y trabajadoras durante los siete años de gobierno de la derecha. Se trata de lograr un crecimiento económico justo, que reparta los beneficios de una manera más justa y equitativa.

Se trata de reducir las gravísimas brechas de desigualdad que se han abierto en este tiempo entre capital y trabajo, entre ocupados y parados, entre grandes asalariados y trabajadores pobres, entre hombres y mujeres, entre mayores y jóvenes, entre la ciudad y el campo… Y se trata también de reconstruir buena parte del Estado de Bienestar demolido por las políticas desigualitarias y privatizadoras del PP.

Sin embargo, una parte importante de los actores políticos y mediáticos de la derecha están pervirtiendo tramposamente el debate en torno a los presupuestos para 2019. La trampa deliberada consiste en llevar a cabo una valoración del proyecto circunscrita al capítulo de las inversiones territorializadas, ignorando el grueso del presupuesto, y muy especialmente todos los beneficios sociales que incluye.

Para hacernos una idea de la magnitud de la perversión, baste recordar que el conjunto de la inversión territorializada suma cerca de 17.000 millones de euros, mientras que el total del presupuesto de gasto se aproxima a los 350.000 millones. Tal realidad no obsta para que algunos altavoces de la derecha política y mediática declaren y titulen falsamente sobre los presupuestos en términos de “maltrato”, “agravio”, “desprecio” o “castigo”.

Es decir, a la hora de valorar los presupuestos, estos portavoces de la derecha ignoran dolosamente todos los capítulos relativos al aumento del gasto social y a la ampliación de los derechos de las personas, para criticar el supuesto agravio comparativo entre territorios en las inversiones sobre infraestructuras. Aún más claro: pretenden ocultar los beneficios que estos presupuestos traerán para la ciudadanía, mediante la comparación sobre el número de traviesas o las toneladas de hormigón que se invertirá en cada comunidad, provincia o localidad.

En el paroxismo del absurdo, durante estos días hemos podido escuchar a una portavoz que “los presupuestos son buenos para los gallegos, pero malos para Galicia”. ¿Cómo puede ser esto? Si los presupuestos son buenos, que lo son, para los asalariados, para los pensionistas, para los parados de más de 52 años, para los dependientes, para sus cuidadores, para los becarios, para los investigadores, para los funcionarios públicos, para quienes buscan vivienda, para quienes viven de la cultura, para los jóvenes, para los mayores, para los niños y para las mujeres, definitivamente estos presupuestos son buenos para los españoles y para las españolas. Y son buenos en todos los territorios, independientemente de cuántas rotondas más tendrá nuestro vecino a lo largo de este año.

Los presupuestos para 2019 son buenos para España porque aumentan las pensiones por encima del IPC para todos los pensionistas, y un 3% para quienes perciben las mínimas, y un 7% para las viudas; porque elimina el copago farmacéutico a quienes ingresan menos de 11.200 euros al año; porque aumenta un 60% el gasto en prestaciones para las personas dependientes; porque incrementa un 41% el gasto en vivienda social; porque invierte 80 millones en el bono social térmico; porque 114.000 parados mayores de 52 años recuperan el subsidio vital; porque los funcionarios comienzan a recuperar el poder adquisitivo perdido; porque se incrementa en 20 millones hasta los 220 millones la financiación del pacto contra la violencia de género…

Y además aumenta la inversión en infraestructuras en más de un 40%, distribuyendo territorial y temporalmente los esfuerzos allí donde mejor convienen al interés general. Sabiendo, como hemos de saber, que el interés general pasa porque unos años la inversión en ferrocarril, en carreteras, en puertos o en aeropuertos ha de aumentar más en unos territorios, para hacerlo en mayor medida en otros territorios durante los ejercicios siguientes, porque esa es la lógica de la planificación y la ejecución plurianual de las grandes infraestructuras. Cuando invertimos en una línea ferroviaria, la inversión crece aquí el año que la construcción pasa por nuestro territorio, y decrece el año que se construye en el territorio de al lado.

Los altavoces de la derecha repiten machaconamente un agravio tan falso como malintencionado: el que compara a cada territorio con Cataluña. “Se premia al separatismo” o “Lluvia de millones para los golpistas”, se dice. Solo que es falso, e irresponsable. Es falso porque los “millones” llegan a Cataluña para mejorar la vida de los catalanes y catalanas, que son españoles y españolas con los mismos derechos que los demás. Es mentira porque la inversión territorializada que se plantea para Cataluña responde a una obligación legal, la que aparece en el Estatuto de Autonomía aprobado en las Cortes españolas. Es una falacia, porque la inversión per cápita que llegará a Cataluña (269 euros) apenas supera la media española (261 euros). Y es una irresponsabilidad, porque generando rencor hacia Cataluña nunca superaremos la crisis territorial que arrastramos desde hace demasiado tiempo.

La derecha madrileña se ha empleado duramente en esta estrategia deliberadamente tramposa. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha hablado de “desprecio” a Madrid. El portavoz Osorio ha aludido al viejo mantra del “cero Zapatero”. La consejera Rosalía Gonzalo llega incluso calificar este presupuesto como un “insulto a los madrileños”. Si han pronunciado estas palabras sin leer los presupuestos son poco responsables, y si lo han hecho tras leerlos, son unos manipuladores.

Porque más allá de la realidad de los millones de madrileños pensionistas, asalariados, funcionarios, parados, dependientes, investigadores, becarios, jóvenes y mujeres, que se beneficiarán en la Comunidad de Madrid de estos presupuestos eminentemente sociales, la inversión territorializada para 2019 en esta región se mantiene constante en valores absolutos respecto a 2018, y supera en cerca de 200 millones de euros la media de la inversión que los Gobiernos del PP destinaron en el periodo 2012-2018.

En definitiva, valoremos estos presupuestos justos con justicia. O, al menos, sin trampas ni mentiras.

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Los pactos suscritos por el PP de Pablo Casado y el partido Ciudadanos de Albert Rivera con la formación franquista VOX constituyen una de las agresiones más graves infligidas sobre la joven democracia española en sus cuarenta años de vida.

Cuarenta y tres años después de muerto el dictador Franco, Casado y Rivera han decidido normalizar la reentrada del franquismo en las instituciones españolas a cambio de su participación en el reparto de cargos tras las elecciones andaluzas.

Hace cuarenta y tres años, en España se encarcelaba a los ciudadanos por sus ideas políticas, no existían los derechos de reunión y asociación, y las mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos o a sus padres para solicitar el pasaporte o abrir una cuenta bancaria. Con su pacto en Andalucía, PP y Ciudadanos blanquean a los herederos de franquismo, enemigos de la democracia española y amenaza para los derechos y las libertades de los españoles. Se trata de una auténtica traición a España y a los españoles de hoy y de mañana.

Con el pacto que busca rehabilitar al franquismo en la política española se rompen los grandes consensos que han cimentado nuestra convivencia democrática, a la vez que se abre una brecha profunda en nuestro régimen de derechos y libertades.

Además, con este acuerdo vergonzante, PP y Ciudadanos arrojan a nuestro país al lado más oscuro de Europa, ese lado en el que se promueven los sentimientos antieuropeos de la xenofobia, el machismo y el ultranacionalismo. Mientras las fuerzas democráticas europeas tratan de contener y aislar a la extrema derecha, Casado y Rivera se desmarcan de sus compañeros Merkel y Macron dando alas a los socios españoles de Le Pen y Salvini.

El franquismo de VOX reivindica hoy la vuelta al “Estado unitario” vigente entre 1939 y 1975, durante la dictadura del general Franco, mientras rechaza la España de las Autonomías que, pese a sus dificultades, ha conllevado desarrollo, autogobierno y libertad de identidades en todos los territorios de nuestro país.

Los franquistas de VOX cuestionan los fundamentos de nuestro Estado de Bienestar, promoviendo la abolición del sistema público de pensiones, los recortes en la cartera de servicios de la sanidad pública y la generalización de los cheques escolares, en detrimento de la enseñanza pública. La bajada de impuestos a los sectores sociales más pudientes que propone el partido de Santiago Abascal resulta incompatible con la financiación suficiente del gasto social.

VOX retoma la ideología franquista anti-igualitaria en relación a los derechos de la mujer, arremetiendo contra las organizaciones feministas y proponiendo la derogación de la ley que establece medidas contra la violencia de género.

El franquismo de VOX cuestiona la vocación europeísta de la democracia española, reivindicando la vuelta a las relaciones internacionales de carácter bilateral y negando la participación de nuestro país en las instituciones europeas.

Los dirigentes de VOX promueven los valores de odio al diferente y al extranjero que sustentaron la dictadura franquista durante cuarenta años, frente a los valores de igualdad, libertad, solidaridad y tolerancia que establece la Constitución de 1978 y que conmemoramos en estos días.

Muchos votantes y militantes de PP Y Ciudadanos se avergüenzan hoy de los pactos que estos partidos han suscrito con los herederos del franquismo. Han de pagarlo en las urnas.

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En la vida política española se está normalizando el conflicto radicalizado y extremo. No se trata de la diferencia legítima y saludable de pareceres. No se trata tampoco del debate, la polémica o la controversia lógicas en una sociedad plural y democrática. Estamos asumiendo como normal una dinámica de conflictos de gran intensidad, que imposibilita el ejercicio de la política para organizar el espacio público y socava la mismísima convivencia democrática.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por normalizar el debate en torno al problema territorial en Cataluña, los partidarios de la radicalización del conflicto lanzan a diario expresiones como fascistas, golpistas, traidores, opresores, vendidos, presos políticos, expolios… Las sesiones parlamentarias de control al Gobierno se han convertido en un concurso de descalificaciones en las que cada dos minutos y medio se acusa falsamente al ejecutivo de “pactar con filoetarras”, “arrodillarse ante los separatistas” y “vender España”.

El crimen machista sobre la joven Laura Luelmo ha sido utilizado sin ambages ni escrúpulos como arma reprochatoria contra el PSOE por su oposición a la cadena perpetua. Y un debate parlamentario sobre los métodos de estimación de voto en las encuestas del CIS, que debía  transcurrir entre argumentos de carácter científico y técnico, se ha convertido en una cacería con tal ensañamiento hacia su presidente, que el diputado proponente llegó a verter hasta 24 insultos en apenas cinco minutos de intervención en tribuna.

¿Cuál ha sido el proceso que nos ha llevado hasta aquí?

Las ideas se han ido sustituyendo por las identidades. Las ideas son compatibles, complementarias, maleables, perfeccionables, modificables. Las identidades no, al parecer. Las identidades son exclusivas y excluyentes. Una idea se mejora con otra idea. Una identidad se afirma contra otra identidad.

La argumentación se sustituye por la propaganda, y los documentos o las exposiciones por los tuits o los pantallazos de Instagram. Tenemos acceso al mayor caudal de comunicación de la historia, pero cada cual solo habla a su parroquia y solo escucha a su parroquia. Y en cada parroquia se abomina de todos los que no son de la parroquia.

El debate se sustituye por la diatriba, porque el primero requiere conocer y entender al otro para responderle, mientras que la segunda tan solo exige voluntad. Y ya no se rebate la perspectiva del otro, sino a la persona del otro. La política consiste hoy en negar al otro el derecho a ser escuchado.

Los frentes sustituyen a las posiciones. Las posiciones son relativas, cambiantes, intercambiables en función de los hechos y del aprendizaje. Los frentes son férreos, concebidos para la confrontación. El que sabe adaptar su posición es un actor flexible e inteligente. El que se sale del frente es un traidor.

En las instituciones políticas no hay compañeros de distintas filiaciones. Ni tan siquiera existen ya los adversarios políticos que confrontan ideas y posiciones. Ahora hay enemigos. Con el adversario, el diálogo es obligado y el entendimiento es aconsejable. Con el enemigo no vale ni el diálogo ni el entendimiento. O muere él o mueres tú.

Como dijera Unamuno en otro contexto histórico, ya no se trata de convencer, sino de vencer. No se persigue compartir ideas o posiciones con el de enfrente. Ni siquiera se procura ya que el de enfrente asuma tus ideas o posiciones. Se trata de hundir al otro, de borrarlo del mapa político.

No vamos pues hacia sociedades integradas sino hacia sociedades crispadas y fracturadas, y no nos conducimos por la senda de la mejora de la calidad democrática en nuestras instituciones y en nuestros comportamientos. Cada día damos pasos hacia atrás.

No es la primera vez que este escenario se produce en el seno de las democracias occidentales. Durante los años treinta del siglo pasado vivimos episodios semejantes. ¿Y qué nos dice la historia sobre lo que viene después?

Vienen los salvadores y taumaturgos, promoviendo la anti-política, el desmantelamiento de las aburridas instituciones democráticas, el fin de los partidos que solo piensan en ellos mismos, el cuestionamiento de los medios de comunicación que forman parte del sistema, la eliminación de intermediarios y contrapesos estériles, tantos Parlamentos, tantas televisiones públicas…

Entonces llegan los que “hablan claro” aunque no digan nada sensato, los que “mueven el cotarro” aunque no resuelvan ningún problema, los que señalan a los “culpables evidentes” aunque sean falsos culpables, los que plantean “soluciones sencillas” aunque las dificultades sean complejas, los que “dicen aquello que la gente quiere oír” aunque aquello solo procure retrocesos…

¿Y si nos lo pensamos un poco antes de que lleguen los que ya están llegando?

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Durante los últimos días he tenido que responder preguntas y apreciaciones de estudiantes universitarios, vecinos, viandantes y hasta compañeros de partido a propósito de la imagen que se ofrece del trabajo parlamentario.

Los hechos lamentables de estas jornadas han servido también para que algunos analistas y comentaristas, supuestamente mejor informados, promuevan los peores tópicos sobre el comportamiento de nuestros diputados y senadores.

Se generalizan las acusaciones acerca de un estatuto privilegiado que se corresponde mal con el trabajo generalmente escaso, de baja calidad, ineficaz, sectario, mal educado y moralmente reprochable.

Solo que no es así. Solo que se trata de un tópico falso, injusto y, para los que trabajamos duro cada día en el Parlamento, se trata de un tópico doloroso.

Porque la gran mayoría de los diputados y los senadores, junto a los cientos de trabajadores en ambas Cámaras, y junto a los miles de organizaciones y ciudadanos que colaboran voluntariamente, desarrollan una labor inmensa, intensa y encomiable para mejorar la vida de los españoles.

Cada cual, desde sus principios y convicciones, a veces con éxito y a veces sin éxito, pero casi siempre con la mejor voluntad, honestamente, y con una disposición para el diálogo y el acuerdo que resulta ignota y resultaría sorprendente para muchos de sus representados.

Es cierto que unos pocos actúan de forma reprochable. Por falta de ideas, por deshonestidad o por la voluntad manifiesta de emponzoñar la vida política y procurar daño colectivo. En algunos casos, incluso, se une la estulticia con la corrupción moral y el dolo. Pero no se puede juzgar al todo por la parte, especialmente por la parte ínfima y por la peor parte.

A modo de ilustración. Solo en la semana del 19 a 23 de noviembre. Solo en el Congreso. La actividad parlamentaria ha dado para todo lo siguiente.

En el pleno hemos tomado en consideración la Ley que aporta verdad, justicia y reparación a las víctimas de los bebés robados. Y hemos aprobado la Ley que mejora la protección de los ciclistas en carretera.

Y hemos convalidado dos Reales Decretos Leyes que adjudican el pago del impuesto de las hipotecas a los bancos, y que aumenta las multas a las concesionarias de autopistas que no dedican suficientes recursos para evitar los colapsos durante las nevadas.

Y hemos superado las enmiendas a la totalidad para las leyes que regulan las prácticas universitarias, las reglas de gasto en la financiación municipal y la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aportará 6000 millones de euros extras en el gasto social.

Y hemos tratado dos declaraciones institucionales muy trabajadas sobre la lucha contra la violencia de género (por la celebración el próximo 25 de noviembre del día contra este tipo de violencia) y sobre las manifestaciones de cultura popular que propondremos como patrimonio inmaterial de la Humanidad en la UNESCO.

Además, se han celebrado reuniones de varias ponencias para avanzar en las leyes que regulan los créditos inmobiliarios (para que los hipotecados solo tengan que pagar la tasación), que mejoran la transparencia en los secretos empresariales, que previenen la financiación de actividades terroristas, que combaten la discriminación por orientación sexual, que conceden la nacionalidad española a descendientes en el extranjero, que facilitará el voto para los españoles residentes fuera de España, que compensan a las víctimas del amianto… En estos días se trabaja sobre más de 40 iniciativas de ley en ponencia y otras 40 en fase de elaboración de enmiendas.

También se ha trabajado en comisiones legislativas, comisiones de investigación y subcomisiones. La Comisión de Ciencia y Tecnología ha debatido 10 propuestas no de ley sobre competencias digitales y ayudas a investigadores. La Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del PP ha sustanciado las comparecencias de Trillo y Matas. La Comisión de Seguridad Nacional ha recibido a un experto en ciberseguridad.

La Comisión de Defensa ha trabajado con INDRA en materia de seguridad y tecnología. La Comisión de Transición Ecológica ha tratado la comparecencia del Secretario de Estado para el Cambio Climático y ocho preguntas sobre seguridad nuclear y contaminación. La Comisión de Seguridad Vial ha visto una decena de propuestas sobre vehículos no contaminantes, el carnet por puntos y la señalética viaria. La Subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha comenzado a trabajar en su informe sobre cotizaciones y prestaciones.

La Comisión de Educación ha recibido informes orales de las asociaciones Save the Children y Secretariado Gitano. La Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad ha atendido las reivindicaciones de cuatro entidades del sector. La Comisión que investiga el accidente de Angrois ha tratado nuevas comparecencias para esclarecer hechos y responsabilidades. La Comisión de Infancia y Adolescencia ha debatido y votado seis proposiciones no de ley sobre derechos de niños y niñas.

La Comisión de Evaluación del Estado Autonómico ha tratado las comparecencias de dos expertos constitucionalistas. La Comisión de Fomento ha formulado y contestado una veintena de preguntas sobre infraestructuras y sistemas de transporte en todos los territorios de España. La Comisión de la Unión Europea ha recibido la comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea en un debate sobre el Brexit, el Consejo Europeo del día 25 y la situación de Gibraltar.

Además, se han celebrado jornadas sobre industrias culturales, mujeres juristas y servicios sociales. Se han presentado libros a propósito de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. Y cada diputado y diputada ha celebrado decenas de reuniones sectoriales y ha realizado decenas de actuaciones propias de su circunscripción…

Solo en el Congreso. Solo en cinco días.

El trabajo parlamentario debe valorarse por algo más que unos cuantos insultos y un escupitajo.

Por favor.

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Las derechas de PP y Ciudadanos llevan meses intentando situar en el primer plano de la actualidad política el supuesto ultraje permanente a los símbolos patrios y la necesidad perentoria de protegerlos de sus muchos enemigos.

La portavoz del PP en el Congreso ha llevado tal estrategia al paroxismo de proponer una nueva Ley, que castigue a quienes cometan “demérito” o “desprestigio” de los símbolos nacionales con cese e inhabilitación de hasta diez años para ejercer cualquier cargo público.

Evidentemente, los símbolos de la nación constituyen un factor importante para ensalzar los principios que fundamentan nuestra convivencia en democracia. Y la ofensa a tales símbolos equivale a una ofensa a la colectividad, por lo que merece reproche social, incluso jurídico.

De hecho, el Código Penal ya castiga con penas muy relevantes a quienes cometan ultraje a la nación, a su unidad y a sus símbolos. Se trata de fuertes multas aplicadas sobre aquellos que injurian o desprecian públicamente, de palabra o con hechos, a tales símbolos y lo que ellos representan. Si el “símbolo” afectado es el Rey, además, las penas son de cárcel.

Y si los símbolos ya están protegidos ante sus eventuales ultrajadores, incluso penalmente protegidos, ¿por qué esa insistencia?

Debe añadirse que estos tipos penales no son pacíficos, ni en el debate social ni en la doctrina jurídica. Si la tipificación actual ya supone un riesgo apreciable para el ejercicio de la libertad de expresión, garantizada en la Constitución, ¿qué se pretende con la propuesta para su agravamiento?

En realidad, no hay nada más inconstitucional que la utilización de la Constitución como arma arrojadiza contra el adversario político. Y no hay nada más anti español que intentar apropiarse de los símbolos colectivos para deteriorar al contrincante político y obtener alguna baza electoral.

El pacto constitucional que ahora conmemoramos sirvió precisamente para acabar con siglos de enfrentamiento cainita, y la Constitución es la herramienta que sostiene la convivencia en libertad. Erigirse falsamente en defensor único de la Constitución y acusar al adversario político, con igual falsedad, de ignorarla o despreciarla, supone en sí mismo la mayor traición posible a nuestra Carta Magna.

Hacer este tipo de acusaciones sobre los dirigentes independentistas puede entenderse en algunos extremos, pero intentar sumar al PSOE en el totum revolutum de los enemigos del constitucionalismo, representa una falacia y una ofensa absolutamente intolerables.

Ni tan siquiera la ansiedad de las derechas por la reciente pérdida del poder, o el contexto de campaña electoral, justifica acusar de beligerancia contra la Constitución al único partido del actual espectro político que tuvo una participación protagonista en su elaboración y aprobación.

Por otra parte, la mejor manera de promocionar el apego de los españoles al proyecto colectivo y a sus símbolos nacionales no consiste en aumentar las penas para sus ofensores, sino en aumentar las motivaciones para tal apego.

Y, desde luego, la insistencia de PP y Ciudadanos para que naufraguen unos presupuestos que conllevan subidas salariales, mejora de las pensiones y el fin de los copagos farmacéuticos, no ayuda a que los españoles se despierten cada día más orgullosos de serlo.

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El episodio lamentable de las sentencias contradictorias en el Tribunal Supremo ha reverdecido dos debates interesantes para determinar la calidad de nuestra democracia: la libertad de crítica a los jueces y la garantía de su independencia. 

La estabilidad y la calidad de la democracia no se resiente cuando la ciudadanía ejerce la crítica sobre las actuaciones de sus poderes, se trate del ejecutivo, del legislativo o del judicial. En ocasiones, los jueces, como los ministros y los diputados, actúan de manera anómala, incorrecta o irregular, y la ciudadanía tiene derecho a manifestar su disconformidad y su reproche.

El daño a la democracia y a la Justicia no deviene de la crítica legítima sino de la influencia ilegítima y del desacato explícito o disimulado. A la democracia y a la Justicia se la daña también cuando se la mal utiliza y se la manipula. Se la daña incluso cuando, sin serlo, la Justicia aparece como influenciable, manipulable e injusta. Pero no cuando se critica a los jueces. 

El otro debate, el relativo a la independencia de los jueces, ha dado un giro inesperado e interesante a propósito del posicionamiento del Supremo en favor de los intereses bancarios.

Mientras Ciudadanos (el partido) y otros grupos derechistas intentaban situar el debate sobre la independencia judicial en la crítica a la elección parlamentaria (y democrática) de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, millones de ciudadanos (de a pie) caían en la cuenta de que lo realmente importante es garantizar que los jueces sean independientes respecto a otros poderes no democráticos, como los poderes financieros. 

Realmente es preciso asegurar que tanto los miembros del gobierno de los jueces como los propios detentadores del poder jurisdiccional ejercen sus funciones con independencia. Pero esto no quiere decir que unos y otros deban ser personas sin atisbo de inclinación ideológica o de convicción política. Fundamentalmente porque esas personas no existen. Se trata simplemente de lograr que actúen en el ejercicio de sus responsabilidades con honestidad, con rigor, con imparcialidad, y con independencia respecto a interés parcial o partidario alguno. 

Los vocales del CGPJ ejercen tareas muy relevantes, como la inspección, la formación, los nombramientos o las sanciones a los jueces. Deciden, por ejemplo, si hay que reforzar la formación de los jueces en la lucha contra la violencia de género y cómo hacerlo. Y aún contando con su comportamiento honesto e independiente, importa su ideología, su trayectoria, su pensamiento.

¿Quién ha de determinar en una democracia de calidad el perfil de esos vocales? ¿La voluntad corporativa de los propios jueces, como plantea Ciudadanos, o la voluntad de la ciudadanía española a través de sus representantes legítimos en el Parlamento? ¿Y quién dice que los vocales elegidos por los representantes democráticos (e ideológicos) de los españoles serán menos independientes que los vocales eventualmente elegidos por las asociaciones profesionales (e igualmente ideológicas) de los propios jueces? 

Las funciones jurisdiccionales de los jueces y su papel en el control de legalidad resultan igualmente determinantes para la vigencia del Estado democrático de derecho. En consecuencia, también resulta prioritario garantizar su ejercicio en condiciones estrictas de independencia e imparcialidad. Independencia e imparcialidad respecto a los otros poderes democráticos, desde luego, pero también respecto a los demás poderes, en la economía o en los medios de comunicación, por ejemplo. Y esta garantía quizás exija adoptar respecto a la judicatura algunas de las medidas de transparencia que ya se aplican en el ámbito de los poderes ejecutivo y legislativo.

En conclusión, los jueces y las juezas deben ser independientes, respecto a los intereses políticos y respecto a otros intereses también. Además, deben parecerlo. Y esta es una tarea en la que quizás haya que ayudarles desde una sociedad cada día más exigente con la calidad de su democracia.

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El brasileño Bolsonaro constituye el último ejemplo de campaña exitosa basada en la priorización del trabajo político a través las redes sociales. El estadounidense Trump mantiene tal estrategia desde hace años, al igual Salvini en Italia, Le Pen en Francia, y otros referentes autoritarios en el mundo. El triunfo del brexit puede atribuirse en buena medida también a una campaña muy centrada en internet. 

Las redes proporcionan un instrumento aparentemente positivo para la divulgación y la influencia política y electoral. Se trata de una vía de incidencia masiva, instantánea, sin filtro ajeno y con posibilidad cierta de valorar reacciones o feedbacks. En principio todo apunta a favor. Sin embargo, la experiencia demuestra que existen contraindicaciones importantes para el sistema democrático. 

Para empezar, los universos de seguidores se vinculan generalmente a personajes antes que a organizaciones. En las redes se sigue más al líder que al proyecto político que representa. Y la referencia individual siempre es más pobre que la referencia colectiva. 

Tales universos, además, funcionan en modo burbuja, de tal modo que los seguidores en redes de un líder no son seguidores de los demás, salvo en clave trol o saboteador. Solo escuchan a un personaje, el “suyo”. Esto resulta un problema, porque la calidad de un sistema democrático se mide, entre otros parámetros, por su capacidad para generar encuentro, diálogo, argumentación, contraste enriquecedor y, eventualmente, acuerdo entre diferentes. La red favorece el sectarismo. 

Por otra parte, los liderazgos en política se valoran fundamentalmente por su capacidad para enfrentarse a las agendas incómodas. A un proyecto y a su líder se le debe analizar por sus respuestas a los retos complejos y a las preguntas difíciles. Sin embargo, en el universo de la red social propia, el líder fabrica su propia agenda, con los temas que le son propicios y sin riesgo de ser interrogado por aquello de lo que no sabe o a lo que no quiere contestar. 

En la misma línea, la democracia es debate. Hoy no se concibe una campaña electoral en una democracia madura sin, al menos, un debate entre los principales contendientes. La generalización de las campañas en las redes sociales permite a los candidatos obviar esta condición democrática esencial. Bolsonaro, por ejemplo, se ha permitido el lujo de no hacer un solo debate con sus rivales. 

Finalmente, por no agotar los argumentos, el formato de campaña en red favorece la dinámica de las fake, de las mentiras en campaña. Un candidato en un medio tradicional no puede engañar a su público sin que un periodista se lo afee en una entrevista o un rival se lo reproche en un debate. Por el contrario, el líder puede volcar hechos, datos o argumentos puramente falsos bajo su perfil en la red, sin posibilidad práctica de contraste o desmentido eficaz. Es el método mediante el cual Trump miente habitualmente, por ejemplo. 

En consecuencia, las redes sociales suponen una oportunidad muy interesante para fortalecer y mejorar la eficacia en el trabajo político y electoral, pero siempre y cuando se utilice con honestidad y no sustituya a otros factores claves para la garantía de calidad democrática en un sistema político. Redes sí, pero que no sustituyan al diálogo entre diferentes, a los debates entre adversarios y a la sana intermediación de los medios periodísticos independientes. 

Eso sí, estos medios periodísticos, que están siendo barridos literalmente en su papel de intermediarios en la comunicación política, debieran tomar nota de que solo sobrevivirán en tal función si renuncian a actuar como simples forofos de una u otra opción política. Hay un lugar en el sistema para la prensa tradicional, veraz, crítica e independiente. Para el “forofeo”, las redes se bastan y se sobran.

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