La democracia no es indestructible. La supervivencia de la democracia depende de hasta qué punto estemos dispuestos los demócratas a defenderla. Se puede destruir. Ya ocurrió en España, en Alemania, en la Europa de los años 30. La hemos visto amenazada estos días en Estados Unidos.
La democracia tiene muchos enemigos, ya sea por motivaciones ideológicas o en defensa de intereses poderosos. A veces, el mayor adversario reside en la desidia, el aburrimiento o la ceguera de quienes están llamados a su defensa. Los populismos, las polarizaciones excesivas, las corruptelas, las ineficiencias… también son adversarios temibles.
Pero el principal peligro para la democracia viene del fascismo, como entonces, como ahora, como siempre.
No caigamos en la caricatura de despreciar un Tercer Reich redivivo. Trump es fascismo. No es aún el Hitler de 1933 y el incendio del Reichstag, pero sí se asemeja mucho al Hitler de 1923 y el golpe cervecero del Putsch.
Quienes minusvaloraron el peligro fascista en aquella asonada de la cervecería muniquesa lo lamentaron después sobre la tumba de la República democrática de Weimar.
Trump es fascismo, como lo es Bolsonaro, como lo es Le Pen, como lo es Salvini, como lo es Abascal. Y se le ha de combatir en defensa de la democracia, cuando aún estamos a tiempo.
El fascismo constituye un paso atrás en el proceso civilizatorio. Aún más, supone un retroceso grave en la humanización de nuestras sociedades. El fascismo representa el poder de la fuerza sobre la razón, que nos aleja del terrible estado de naturaleza.
El fascismo llama a los instintos primarios, como el egoísmo, el odio al diferente, la imposición violenta de la voluntad, frente a los valores que nos humanizan y nos civilizan, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia, el derecho.
Trump practica el fascismo cuando alienta al supremacismo blanco. Como lo hace Abascal al tachar de ilegítimo y criminal al Gobierno democrático. Como lo hace Espinosa al identificar inmigrantes con violadores. Como lo hace Olona al reivindicar el vandalismo sobre el homenaje monumental a la democracia. Como lo hace De Meer al azuzar el odio a los menores africanos.
No se puede ignorar, ni infravolorar, ni contemporizar, ni frivolizar con la amenaza fascista. La historia nos enseña que el precio a pagar es demasiado caro.
Para muchos alemanes de 1923, Hitler era un payaso que había protagonizado una patochada inofensiva en una cervecería de Munich. Apenas le tuvieron unos meses en la cárcel por aquello. Despreciaron por libelo su “Mein Kampf”. Se rieron de sus uniformes, sus marchas y su folclore. Diez años más tarde, ardían el parlamento y la democracia alemana.
En el año 2015, los americanos de bien y buena parte del mundo civilizado se reían de Trump y sus frikadas. En 2016 se convirtió en jefe del mayor ejército del mundo. Esta semana ha instigado a una multitud para asaltar el Capitolio y forzar un golpe de Estado.
¿Alguien cree que Trump va a parar?
En 2016, los demócratas estadounidenses se incineraron en las hogueras de su propia división. Como aquí, como tantas otras veces. Los republicanos, la derecha democrática, siguieron la estela de Trump, entre el acomplejamiento y el aprovechamiento. Como aquí, como tantas otras veces. Una parte del poder económico y mediático le justificó y le amparó, por interés, por recoger dividendos, por comodidad. Como aquí, como tantas otras veces.
Ahora lo lamentarán, en el mejor de los casos. O, en el peor de los casos, permitirán que salga impune de su Putsch particular, de su noche de los cristales rotos, y siga creciendo.
Lo peor del caso estadounidense no son las terribles imágenes de esos fascistas asaltando el parlamento y tratando de imponer la fuerza sobre los votos. Lo más temible es la constatación de que tras Trump y su fascismo del siglo XXI hay más de 74 millones de norteamericanos, que se registraron como votantes e introdujeron una papeleta con su nombre en una urna.
Eso, y los 3,6 millones de votos que obtuvo VOX en España.
Ahí está el reto.
La democracia sobrevive si la democracia se defiende.
Hay que combatir al fascismo y a los fascistas. Con la palabra y con el Estado de Derecho. Desmontando sus consignas falaces y aplicándoles la ley con contundencia.
Aislándoles, mientras tanto. Y, desde luego, no pactando con ellos, no gobernando con ellos, ni con su apoyo, como hacen aquí PP y Ciudadanos.
Si Hitler hubiera cumplido la condena que merecía por el golpe de 1923, no hubiera tenido después la posibilidad de destruir la democracia alemana y sembrar la desolación en toda Europa.
Si Trump es acusado y juzgado como merece por alentar un golpe de Estado en su país, la democracia americana tendrá la oportunidad de defenderse.
Aquí también hay que hacerlo. Cada vez que traspasen la barrera de la ley, la ley debe caer sobre ellos.
La democracia es grande. Tanto, que protege los derechos de aquellos que buscan destruirla, incluso. Y es lo correcto. Pero la democracia no puede ser ingenua, ni indefensa.
Es cierto que la democracia tiene limitaciones, defectos, fallos. Y buena parte de la defensa de la democracia pasa por reconocerlos y corregirlos.
Pero la única alternativa legítima a una democracia con fallos es una democracia mejor.
La pandemia ha cambiado muchas cosas en los modos de vida, en las relaciones sociales, en las formas de trabajar, en la percepción de lo público… La política también debe cambiar.
El virus nos ha arrojado a un agujero profundo de salud deteriorada, de economía hundida, de empleos perdidos, de precarización social… Y la primera condición para salir del agujero es recuperar la confianza.
Necesitamos recuperar la confianza en nosotros mismos, como sociedad fuerte y desarrollada, como economía sólida y resiliente, como democracia asentada y de calidad. Sin confianza no hay esperanza, ni recuperación, ni salida del túnel.
Pero recuperar la confianza es misión de todos. No solo de quienes gobiernan. La confianza es incompatible con los discursos catastrofistas, pesimistas, desesperanzadores.
Los representantes políticos de la sociedad española tenemos el derecho y el deber de plantear alternativas, de disentir, de practicar el control riguroso, de criticar…
Pero no tenemos derecho a dibujar cada día un horizonte negro en beneficio propio. No hay derecho a negar la confianza y la esperanza a la sociedad española.
La política y el partidismo no son lo mismo. Lo hemos dicho muchas veces. La distinción tiene ahora más sentido que nunca. La política busca el interés general desde perspectivas distintas. El partidismo solo busca el interés propio.
Siempre hubo un espacio y un tiempo para la política y para el partidismo legítimo. Hasta ahora primó lo segundo sobre lo primero. Es hora de invertir las proporciones. Más política, menos partidismo. Es lo que toca.
Algunos temas centrales para recuperar la confianza deben quedar al margen de la controversia partidista. Es necesario.
El refuerzo de los sistemas públicos de salud y los planes de vacunación deben compartirse, sin recelos, sin diatribas, sin conflictos. Es preciso que toda la población confíe en el comienzo del fin de la pesadilla.
La distribución de fondos europeos para reconstruir la economía, para modernizar nuestro aparato productivo, para crear buenos empleos, para proteger a los más vulnerables, tienen que ser más objeto de consenso que de disenso.
El funcionamiento de nuestras instituciones, las reglas del juego de nuestra democracia, han de situarse fuera del cuadrilátero diario. La legitimidad del Gobierno legítimo, la renovación de las instituciones caducadas, el papel simbólico y unificador de la Jefatura del Estado, no pueden ser objeto permanente de cuestionamiento.
Al Gobierno se le controla y se le critica. Las instituciones se renuevan con criterios exigentes de transparencia, mérito y autonomía. Al rey emérito se le investiga y se le juzga con todas las de la ley. Desde luego. Pero sin legitimidad en las instituciones de nuestra democracia no hay confianza, y sin confianza no salimos de ésta.
La política exterior requiere de posiciones de Estado. No hay una política socialista y una política popular para la defensa de los intereses de España en Europa y en el mundo. Las divergencias internas en política exterior son garantía de fracaso en negociaciones en las que nos jugamos mucho.
Más cosas. Las Administraciones gestionan y colaboran. Los partidos debaten y confrontan cuando es necesario. No cabe utilizar las Administraciones para la confrontación política. Es ineficiente. Y es desleal.
En la política española los desacuerdos son la regla y los acuerdos son la excepción. Es lo más fácil. Excitar a la parroquia propia, afianzarse en las ideas vírgenes de uno, y negarse siquiera a contaminarse en el diálogo con el otro. Esto también debe cambiar.
La democracia es compleja. Las responsabilidades de los políticos son importantes, y hay que abandonar las zonas de confort. Remangarse, hablar, convencer, ser convencidos, entenderse y acordar.
¿Tiene coste? Sí. Pero no hacerlo tiene un coste colectivo mucho mayor.
Y hay que bajar el diapasón de la discusión política. Apuntémoslo todos. Yo también.
Abusamos mucho de la exageración, de la demagogia, del zasca, del golpe fácil, para buscar el aplauso de la clack, en nuestro tendido parlamentario o en las redes sociales.
Reprimamos esas tentaciones. La confianza exige un mínimo de empatía, de reconocimiento del otro, de respeto, de cortesía si se quiere.
¿Propósitos buenos y volátiles para el año nuevo? Esta vez no. Muchos tememos que nos va la supervivencia en ello.
Hay quienes cada día procuran convertir el verbo “politizar” en un término peyorativo, atribuyéndole falsamente dos significados negativos: confrontación estéril y manejo partidista. Pero la política no es solo confrontación. Y la política no es partidismo.
Los seres humanos somos seres eminentemente sociales, vivimos en sociedad, interactuamos en comunidad. La política es la actividad que organiza el espacio público compartido. Y cuando la política es democrática, se practica desde los principios y conforme a los intereses de las mayorías, respetando los derechos de todos.
Incluso aquellos que promueven la antipolítica, procurando el descrédito de las instituciones democráticas, persiguen un objetivo político. Su propósito consiste en sustituir la política democrática por la política autocrática, o tecnocrática, o plutocrática, o mediocrática.
Es decir, persiguen que, en lugar de organizar el espacio público conforme a los valores, intereses y voluntades de la mayoría, se haga en función de los valores, intereses y voluntades de un dictador, de ciertos tecnócratas, de los más pudientes…
Se dice, por ejemplo, que la elección de los vocales del gobierno de los jueces mediante el voto de los representantes democráticos de la ciudadanía equivale a “politizar” la Justicia.
Quienes así se pronuncian defienden que “despolitizar” la Justicia consiste en que el gobierno de los jueces no sea elegido por los representantes de 47 millones de españoles, sino por solo cinco mil togados. Hacen política, solo que no es política democrática, sino política tecnocrática, política conservadora, en defensa de intereses de parte, de la parte de siempre.
La señora Arrimadas ha llegado a defender en tribuna parlamentaria que la priorización, distribución y gestión de los fondos públicos destinados a superar la vigente crisis sanitaria, económica y social no debe estar a cargo de “políticos”, sino de una “institución independiente”.
Pero, ¿cabe algo más “político” que definir y gestionar los recursos públicos que han de servir para salvar vidas, empleos y bienestar social? Si los “políticos” elegidos por la ciudadanía no tienen este cometido, ¿cuál es su papel? ¿Para qué sirven?
¿Y quiénes han de ser esos “independientes”? ¿Quién les elegirá? ¿Y en función de qué valores y de qué intereses actuarán? ¿Serán partidarios de promover empleos estables o subempleos precarios? ¿Defenderán la transición ecológica o la depredación ambiental?
Arrimadas, como otros pregoneros derechistas de la antipolítica, también defienden agencias independientes para gestionar la sanidad, mantener la educación fuera del debate “político”, prescindir de la opinión de los representantes públicos en la conformación de entidades reguladoras…
Llevada esta convicción al extremo, cabría invitar a la presidenta de Ciudadanos a dejar su puesto para que lo ocupe un independiente de prestigio, ¿o no es suficientemente importante el liderazgo de su partido para que lo detente una personalidad no contaminada por la “política”?
No. Hacer política democrática en la configuración del gobierno democrático de los jueces es justo lo que corresponde en un régimen democrático. Y es lo que corresponde en la gestión de los fondos europeos para sacarnos de la crisis, y en el desarrollo de las políticas sanitarias y educativas que harán de nuestra sociedad una sociedad más o menos justa…
Por el contrario, votar contra los presupuestos generales de España en el momento más crítico de nuestra historia reciente, con la mirada puesta en la siguiente campaña electoral, no es hacer política sino partidismo, del peor.
La antipolítica no es un fenómeno nuevo, ni en la historia ni en Europa. Resurge cada vez que una crisis grave afecta a la estabilidad de las instituciones democráticas. Y siempre busca lo mismo: apartar la política del interés común, para ponerla al servicio del interés de unos pocos.
La antipolítica presenta casi siempre dos vertientes: la populista y la tecnocrática.
Los populistas denigran la política democrática en su afán de sustituirla por el poder del autócrata, el taumaturgo, el falso salvador, el demagogo.
Los tecnocráticos reniegan de la política democrática para restaurar la aristocracia, el gobierno de los que se reivindican como pocos pero mejores.
Sí, la política tiene muchos defectos, pero es insustituible.
Y sí, la política democrática resulta a veces insuficiente, limitada, lenta, contradictoria, exasperante… pero la única alternativa compatible con la salvaguarda de nuestros derechos y libertades es… una mejor política democrática.
Dediquemos a ello nuestros mejores esfuerzos durante 2021.
Los socialistas manifestamos a menudo orgullo por nuestra historia. Con errores y limitaciones innegables, presumimos razonadamente de haber estado ahí cada vez que España se la ha jugado, defendiendo siempre el interés general, comprometidos siempre con los mismos principios de igualdad, libertad y democracia.
En la defensa de las clases populares durante el último cuarto del siglo XIX. En las luchas por la democratización y la europeización de la España de principios del XX. En la proclamación, en la gestión y en la defensa armada de la República. En la resistencia anti franquista. En la conquista de la democracia y la elaboración de la Constitución del 78. En la Década del cambio entre 1982 y 1992. En el protagonismo europeo y la victoria sobre ETA. En el logro de la referencia mundial para la defensa de los derechos civiles…
El PSOE ha estado siempre ahí, sin desentenderse de los retos del país, por difíciles que resultaran. Sin borrarse de los escenarios que se presentaban en cada etapa, por complejos que parecieran. Sin eludir las decisiones que tocaba adoptar, por complicada que fuera su explicación. Como siempre, como ahora mismo.
Los socialistas hemos sufrido siempre por parte de enemigos y adversarios el embate duro, a menudo cruel, injusto, hasta violento y mortal. Son las reglas inevitables del juego cuando se amenazan los intereses de algunos poderes fácticos. Lo sabíamos y lo sabemos.
Por eso, el PSOE dirigido por Felipe González gozó en general de una gran lealtad y de una profunda solidaridad interna, a pesar de todas las dificultades. Y por eso el PSOE dirigido por Zapatero disfrutó de un formidable apoyo en todo el partido, pese a haber sido elegido originariamente por la mínima.
Y por eso algunos no acabamos de entender las motivaciones que guían a determinadas voces, pocas pero históricamente significativas, en la crítica dura, a veces injusta, incluso dolorosa, al PSOE de siempre que ahora dirigen Pedro Sánchez y su equipo.
Me ha impresionado recientemente el discurso severo del histórico dirigente socialista Francisco Vázquez, durante el último aniversario de la Constitución.
Tengo cierta ventaja a la hora de evaluar los comportamientos de unos y otros a lo largo de estas tres etapas socialistas, puesto que estuve presente cada vez en su desarrollo, casi siempre como un mero colaborador, nunca importante, respecto a quienes adoptaban las decisiones.
Y me duele comprobar hasta qué punto ahora se asumen dentro algunas de las acusaciones falaces de fuera, desde lo erróneo a lo absurdo, desde la exageración a la mentira.
Son muy pocos, ciertamente, sin eco ni seguimiento interno significativo. De hecho, podría decirse que algunos han perdido aquel instinto fino que les conectaba casi siempre de manera eficaz con el estado de ánimo de la mayoría de los militantes y de los votantes socialistas.
Son pocos y desconectados, creo, pero hay daño, porque hablan en público, porque generan desconcierto entre los propios y cierta legitimación en los ataques externos. En el peor momento, además, cuando arrecia la tormenta perfecta del virus, el desmarque de la derecha democrática y la amenaza de la ultraderecha envalentonada.
¿Cuál es la crítica? ¿Se refiere al contenido de las políticas en marcha? No se han escuchado alternativas a la declaración del Estado de Alarma, a las decisiones para combatir la pandemia, para reforzar el sistema de salud, para proteger a los más vulnerables. Tampoco se han oído opciones distintas a estos presupuestos expansivos, sociales, reformistas, ecologistas…
¿Son contrarias a la tradición de los valores socialistas algunas de las reformas en marcha, para la defensa de una educación equitativa, para la extensión del Ingreso Mínimo Vital, para la lucha contra el cambio climático, para la regulación del derecho de eutanasia, para la vigencia de la Memoria Democrática…? Seguro que no.
¿Son las formas, entonces? ¿Se trata de comparar la legitimidad de este nuevo equipo frente a las legitimidades de los anteriores? Pedro Sánchez ganó el último Congreso, y no se le puso fácil precisamente. Lo ganó con más margen incluso que el obtenido por González en Suresnes, por Zapatero en Madrid o por Rubalcaba en Sevilla. Después integró a todos los que mostraron disposición para colaborar, hubieran votado lo que hubieran votado. Yo mismo soy buena muestra de ello, pero los hay mucho más relevantes.
¿Es menos legítima esta dirección socialista que las anteriores? ¿Por qué?
¿O lo es este Gobierno?
Los pactos, las alianzas. Puede que ahí esté la madre del cordero.
El pacto, la alianza, es la respuesta democrática elemental cuando no se dan mayorías claras de gobierno. En estos tiempos de elevada fragmentación política, los gobiernos europeos son gobiernos mayoritariamente compuestos por formaciones diversas, a veces contrapuestas. También ocurre hoy en la mayor parte de los gobiernos autonómicos y locales de nuestro país.
El problema, por tanto, no debe ser el pacto, sino con quién se pacta y qué se pacta. En el Gobierno de España se ha pactado con la otra formación progresista con importante implantación territorial, Unidas Podemos. Y se ha pactado un acuerdo público de gobierno, con medidas de progreso, sin mácula constitucional alguna.
No está siendo fácil, desde luego. No es sencillo tratar y gobernar con quienes parten de principios y culturas políticas muy diferentes. Pero está funcionando y, en todo caso, ¿cuál era la alternativa? ¿Pactar con la derecha corrupta? ¿Dejarles gobernar por incomparecencia de la izquierda? Seguro que nadie lo plantea en serio. ¿Acaso alguna de las decisiones gubernamentales adoptadas se han salido de aquel acuerdo público del mes de diciembre? No.
Se ha pactado ahora con quienes se ha pactado siempre, por otra parte. Yo viví aquel ayuntamiento madrileño de la movida pactado entre socialistas y comunistas. Y estuve presente en aquel Palacio de Cristal de la Arganzuela, cuando Almunia y Frutos sellaban la alianza social-comunista para las elecciones del año 2000, al ritmo de la banda sonora de Morricone en Novecento. Ninguna voz histórica se levantó entonces contra aquella iniciativa.
Los gobiernos socialistas en minoría pactaron investiduras, presupuestos y leyes con los independentistas Pujol y Arzallus, a pesar de su declarada deslealtad a la Constitución y pese al latrocinio sistemático y público del primero, por cierto. Porque se entendió entonces, con la solidaridad de la gran mayoría del PSOE, que era lo que importaba al interés general del país.
Y ahora se ha recibido el respaldo de otros independentistas catalanes y vascos a otros presupuestos, tan decisivos para el interés general, o puede que más, que aquellos de entonces.
De hecho, se ha recibido el apoyo extraordinario de hasta 13 fuerzas políticas distintas para un presupuesto extraordinario ante la crisis más extraordinaria de nuestras vidas. Algunos, y creo que la mayoría de los españoles, valoramos positivamente esta noticia, sobre todo en un escenario de polarización y controversia partidaria extrema como el presente.
Yo mismo he participado muy modestamente en algunas de las negociaciones para que ERC votara estos presupuestos vitales, a cambio de inversiones justas en Cataluña y del reforzamiento de algunas políticas públicas. También Bildu los ha respaldado, después de transaccionar medidas para cuidar el litoral cantábrico, mejorar el servicio ferroviario y fortalecer la formación para el empleo en el Pirineo oriental, por ejemplo.
Se han negociado otras enmiendas presupuestarias con Ciudadanos, con el Partido Nacionalista Vasco, con el Partido Demócrata de Cataluña, con Más País-Equo, con Compromís, con Nueva Canarias, con el Partido Regionalista de Cantabria, con Teruel Existe… en una suma encomiable de voluntades diversas y en favor del interés general.
Seguimos reclamando a ERC que renuncie claramente a la vía unilateral en su reivindicación independentista, y seguimos exigiendo a Bildu que condene con nitidez el terrorismo etarra, desde luego. Es inaceptable que no lo haga. Claro que queda mucho camino por recorrer.
Pero, ¿es o no es una buena noticia que ambas formaciones participen hoy del sistema constitucional hasta el punto de negociar una ley de presupuestos? ¿Qué cesión inaceptable se ha producido? Y ¿cuál era la alternativa, una vez más? ¿Trabajar para mantenerles fuera del sistema? ¿Acabar el año sin presupuestos y con el independentismo en el monte, otra vez? ¿Volver a 2017?
¿Dónde está la traición al legado constitucional? Ni uno solo de los preceptos constitucionales se ha vulnerado. El Presidente del Gobierno ha comprometido con firmeza este mismo 6 de diciembre que, “con el PSOE al timón, la Constitución se cumplirá de norte a sur, de este a oeste, del primer al último de sus artículos”. Ha comprometido y cumple su compromiso.
¿Qué amenaza real se cierne ahora sobre la unidad territorial? Antes al contrario. Con la derecha en el poder, se promulgaban leyes de desconexión, se aprobaban declaraciones de independencia y se fugaban por Europa rebeldes y sediciosos. Ahora, los independentistas negocian en Madrid mejoras para parados, autónomos y servicios de cercanías ferroviarias.
¿Falta de respeto a la monarquía? De las declaraciones de ministros y dirigentes socialistas solo han salido muestras de respeto y confirmaciones de lealtad para con el pacto constitucional, monarquía incluida. Ni un reproche, a pesar del bochorno. Y pedirle al PSOE que, además, calle a quienes tienen en su ideario el cambio de la forma de Estado, ahora, precisamente ahora, quizás es pedir demasiado.
¿Falta de respaldo al español como “lengua vehicular” en la enseñanza? Jamás apareció ese concepto “vehicular” en ninguna de las leyes educativas impulsadas por los gobiernos de González y Zapatero, porque nunca antes, tampoco ahora, hizo falta para fomentar una enseñanza de calidad y con equidad, también en lo que a las lenguas se refiere.
¿Amenazas a la independencia de la Justicia? Ha sido el PP el que presumió de controlar los tribunales “por la puerta de atrás” y es el PP el que subvierte la Constitución bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y ¿quién puede sostener que los vocales propuestos hoy por determinados grupos vayan a resultar menos independientes que los propuestos en su día por PP, por CiU o por el PNV?
¿Respeto a los muertos? Este argumento solo viene de fuera, claro está, y es sencillamente inaceptable, porque es de miserables dudar siquiera de la consideración que todo socialista siente y manifiesta por aquellos de nosotros que han dado la vida en defensa de los principios que compartimos.
¿Aludir a la venezuelización o el boliviarismo del PSOE o del Gobierno? Tan ridículo como cuando se acusaba y se acusa mendazmente a González o a Zapatero de comportamientos inadecuados. Falsedades que se combaten como tales falsedades.
Como ocurrió en otras etapas, el PSOE que dirige Sánchez también se enfrenta ahora a graves problemas, con valentía, con principios firmes, desde la inteligencia, la prudencia y el sentido de la responsabilidad que aprendió del PSOE que otros dirigieron en épocas tan o más difíciles.
No he escuchado a esta dirección pedir halagos ni ayudas, pero se echan de menos, eso sí, algunos reproches más para aquellos que, como el PP, se borran de su responsabilidad en tiempos de amenazas recias en España, y para aquellos otros que, como VOX, amenazan directamente, estos sí, un día tras otro, la legalidad e incluso la propia convivencia constitucional.
No sé si algunas de esas voces minoritarias ahora, pero referenciales en otro tiempo, actúan desde la discrepancia o desde la revancha. Si la motivación es la primera, cabe pedirles que hagan sus críticas a quienes dirigen el PSOE y el Gobierno en directo, cara a cara, para dar y recibir razones. Porque esa es nuestra cultura.
Si el motivo es el otro, cabe llamarles a la reflexión. Porque esa no es nuestra cultura.
Dicho con toda humildad. Porque yo estaba allí y estoy aquí. Porque aquel y este son el PSOE de siempre. El PSOE del que los socialistas y muchos españoles nos sentimos orgullosos.
Formalmente, el Consejo Europeo de los días 17 a 20 de Julio ha sido un Consejo más. No se ha celebrado ningún acto solemne, ni se ha firmado un documento de carácter histórico, al modo de los fundacionales de la Unión. Sin embargo, esta reunión formalmente rutinaria ha supuesto de facto un trascendental punto de inflexión en el proceso de integración europea.
Además, en esta ocasión, los debates y las decisiones adoptadas en las instituciones comunitarias no han llegado al conjunto de la ciudadanía como algo abstruso y lejano a nuestro día a día, sino como discusiones y resoluciones decisivas para el empleo, para la sanidad, para la educación, para el futuro de nuestros jóvenes…
En estas maratonianas reuniones del fin de semana se han contrapuesto dos grandes modelos sobre el porvenir de las instituciones europeas.
Lo que podríamos llamar la Europa de Rutte, por el gobernante holandés que se erigió en portavoz de los llamados países “frugales”, limita el compromiso común al mantenimiento de un mercado interior abierto, sin criterio ni estrategias compartidas respecto de las desigualdades e injusticias que genere, por ejemplo, entre el norte y el sur, entre el oeste y el este, o entre los ganadores y los perdedores que resulten de cada crisis en cada país.
Por contra, lo que podríamos llamar la Europa de Sánchez, por el Presidente español, apuesta por un continente integrado y justo, en línea con el proyecto federal que figuraba en los sueños del europeísmo más ambicioso y primigenio. Frente a la Europa que se circunscribe a facilitar a los países industrializados la venta de sus lavadoras, y a permitir sin apenas restricciones la deslealtad fiscal de algunos “socios”, está la Europa que aspira a formar instituciones comunes para un pueblo común y unos principios comunes, fundamentados en los valores ilustrados de la igualdad, la libertad y la fraternidad.
La Europa de Sánchez se ha impuesto sobre la Europa de Rutte, por fortuna para los españoles, para los europeos más afectados por la pandemia y, en realidad, para la propia supervivencia del proyecto europeo. Un nuevo paso atrás, en el sentido que marcaban los también llamados gobiernos “tacaños”, hubiera dado definitivamente alas al europescepticismo y al populismo más anti-europeo, no solo en el voto, sino también en la conciencia y en el corazón de muchos europeístas.
Pueden contarse hasta siete razones, al menos, para constatar el formidable paso adelante que ha dado Europa durante este fin de semana.
Por vez primera, un problema que ha afectado a unos países más que a otros, ha sido considerado como un problema común, que requiere de respuestas comunes y que ha de emplear recursos comunes en su resolución. Parece poca cosa, pero resulta una novedad en toda regla sobre el transcurrir reciente de las instituciones europeas.
A diferencia de la respuesta que Europa planteó ante la crisis financiera de 2008, en esta ocasión no se ha apostado por medidas procíclicas de austeridad y ajuste fiscal, sino por políticas anticíclicas, de expansión del gasto, puramente keynesianas y socialdemócratas. Si en 2008 la estrategia estaba pensada para beneficio de los países más ricos, ahora las decisiones responden en mayor medida al interés común.
La dimensión de los recursos en juego adopta también, por vez primera, una escala europea. 750.000 millones de euros es una cantidad que evidencia una voluntad real para afrontar las consecuencias de la COVID-19, más allá de simulaciones, escenificaciones y postureos.
Los recursos se movilizan mayoritariamente en forma de transferencias y no créditos, a diferencia de otras ocasiones. Esos recursos se activan mediante deuda mutualizada contra el presupuesto europeo común, en una decisión histórica, medular y largamente reivindicada por los auténticos creyentes en la Europa federal.
Las ayudas se prestan sin condicionalidad sobre déficit y deuda, es decir, sin la contrapartida de los recortes sociales y sin la vigilancia de los “hombres de negro”, que tanto daño hizo antaño al proyecto europeo y tanto coste ocasionó sobre las condiciones de vida de millones de europeos del sur.
Las instituciones europeas, no obstante, estarán vigilantes para que los recursos comunes se empleen debidamente, en planes de inversiones orientados a la reactivación económica, la generación de empleo digno, la modernización del aparato productivo, la transición ecológica justa, la transformación digital… Pero esa supervisión funcionará mediante mayorías cualificadas y no a través de las viejas unanimidades, que otorgaban un irregular poder de veto a algunos gobiernos con intenciones no siempre loables.
En definitiva, el último Consejo Europeo se ha saldado con un éxito indudable para el interés de los españoles, y con un gran paso adelante para la vigencia y la fortaleza del proyecto ilusionante de la Europa común.
A lamentar tan solo las caras largas de la derecha española, cuyos dirigentes se equivocaron primero al obstaculizar las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, y vuelven a errar ahora lamentando unos acuerdos que todos los españoles valoran con acierto en lo mucho que importan para nuestro futuro.
Habrá quienes se empeñen en hacer ver la elección del presidente del Eurogrupo como un revés para el Gobierno de España, o como un demérito para el perfil político y profesional de Nadia Calviño. Sin embargo, esta votación ajustadísima entre los ministros económicos de la UE refleja algo más profundo e inquietante: el predominio persistente de las opciones contrarias a la construcción de una Europa más solidaria, más democrática y, por tanto, más fuerte.
Calviño era la favorita para ocupar ese puesto, y lo era por su reconocida trayectoria personal en las instituciones de la Unión; por el apoyo explícito de las principales economías y los países más poblados del euro; por el respaldo transversal recibido, tanto en lo territorial como en lo ideológico; y por las claves no escritas para mantener los equilibrios en el mapa institucional de la Unión, tras haber recaído la presidencia de la Comisión en una figura conservadora y norteña.
La alianza de gobiernos que ha frustrado la esperada elección de Calviño responde a un interés tan claro como preocupante. ¿Qué ha unido a estos gobiernos? Su discrepancia con la armonización fiscal que España y otros países reclaman en la Unión. Su oposición a la legítima lucha de buena parte de Europa para acabar con las prácticas desleales del dumping fiscal, y con las prácticas directamente fraudulentas de los paraísos fiscales de facto. Y su rechazo a las figuras fiscales que han de gravar los beneficios de las multinacionales digitales y las transacciones financieras especulativas.
No son cuestiones menores. Es más, se trata de las cuestiones clave que hoy trazan la línea que distingue a los partidarios de Europa como espacio de progreso y solidaridad, respecto a los partidarios de Europa como espacio para el libre mercado y la competencia desregulada.
La primera acepción de Europa no solo es la más justa. Es la única viable. Si aquellos que obtuvieron ayer una victoria pírrica en el Eurogrupo, siguen marcando el paso de la construcción europea y continúan obstaculizando la integración solidaria, las corrientes eurofóbicas crecerán hasta hacerse imparables.
Pero el principio de la solidaridad no fue el único frustrado en la elección del presidente del Eurogrupo. El principio democrático también fue vulnerado, puesto que los gobiernos que representaban a la inmensa mayoría de la población europea fueron doblegados por los gobiernos contrarios a la armonización fiscal, mucho menos representativos en términos de población con derecho a voto.
Merece la pena analizar también el comportamiento del Partido Popular europeo en esta elección. A pesar del apoyo expresado por Merkel y del respaldo oficial, y en voz baja, de los populares españoles, la realidad es que el grueso de los partidos conservadores de Europa ha apostado por la opción irlandesa. Quizás hayan tenido algo que ver también los continuos reproches del partido de Casado en Europa al Gobierno de su propio país. La dirigencia del PP debiera reflexionar sobre ello.
La reacción de la propia ministra Calviño y del Gobierno español ha sido positiva. Se ha aceptado la elección de Donohoe con deportividad y se ha comprometido colaboración absoluta. Es lo que hay que hacer.
La siguiente batalla europea será decisiva. La definición y el reparto de los fondos para la reconstrucción social y económica servirán para establecer definitivamente el rumbo de esta Europa que muchos, pero no todos, queremos próspera, solidaria, justa y democrática. Y esa batalla hay que ganarla de la mano del liderazgo del presidente Sánchez.
El Congreso ya ha aprobado sus conclusiones para la reconstrucción social y económica en nuestro país. Han salido adelante con mayorías absolutas en los cuatro ámbitos de la sanidad, la economía, la política económica y la política europea. El consenso ha sido especialmente amplio en lo relativo al reforzamiento de la sanidad pública y las posiciones españolas ante la Unión Europea.
Se han alcanzado acuerdos de gran interés con casi todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía española, progresistas, conservadoras, liberales, nacionalistas… Sin embargo, hay un pero, un pero grave. El PP, principal partido de la oposición, ha antepuesto su afán de dañar al Gobierno y se ha negado a respaldar los acuerdos que necesita la sociedad española para afrontar las amenazas que se ciernen sobre su futuro.
El plantón del PP resulta significativamente grave ante el Consejo Europeo de este mes de julio, donde España se juega la llegada de 140.000 millones de euros, con los que financiar la reactivación de la economía, la generación de empleos dignos y el fortalecimiento de nuestro sistema nacional de salud. En Europa cotiza bien la unidad, pero el PP ha decidido negarle apoyo al Presidente del Gobierno en su negociación ante los socios europeos.
Han sido dos meses de trabajo intenso y enriquecedor en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Más de 150 comparecencias, miles de documentos, miles de aportaciones directas por parte de la ciudadanía, cerca de 1100 enmiendas presentadas, centenares de transacciones negociadas, cientos de horas de debates y más de cinco horas de votaciones… Un trabajo esforzado, que ha dado buenos frutos, y que aún los dará mejores ante el debate plenario que tendrá lugar en los últimos días de julio.
El escenario no era fácil. Se trataba de una comisión para acordar los fundamentos sobre los que reconstruir un país golpeado duramente por una enfermedad. Se trataba de hacerlo en muy poco tiempo, en pleno confinamiento, con un escenario político muy polarizado y a pocas fechas de las elecciones gallegas, vascas y, muy probablemente, catalanas.
Y a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias muy sustanciales conque unos y otros afrontamos los grandes retos de futuro, se han sustanciado y se han votado centenares de acuerdos sobre cuestiones de gran importancia. Más allá de las votaciones que las distintas formaciones políticas han formalizado en las conclusiones finales, muy influenciadas por el escenario preelectoral, hay que subrayar la cantidad y la calidad de los entendimientos parciales que se han puesto de manifiesto en estas semanas. Un buen augurio, por cierto, de cara a los debates presupuestarios en ciernes.
Nos hemos puesto de acuerdo en que es preciso reforzar el sistema nacional de salud, con nuevos y más relevantes recursos financieros, humanos, técnicos y organizativos. Hemos acordado que la reactivación económica debe desarrollarse en paralelo a la modernización de nuestro modelo productivo, con una transición ecológica justa, con la transformación digital pendiente, y asegurando la recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis anterior.
También se ha dado un acuerdo sustancial en la construcción de un escudo social amplio, que proteja a los más vulnerables, que combata la pobreza y que asegure la igualdad de oportunidades. Y la gran mayoría de las formaciones políticas han convenido en respaldar al Gobierno en la reclamación de fondos europeos para la reconstrucción, en el marco de una integración con firmes pilares sociales y de solidaridad en el seno de la Unión.
El PP ha vuelvo a cometer un error grave de cálculo. Es una constante. Cuando las urnas sitúan a la derecha en la oposición, sus dirigentes subordinan cualquier interés de país, cualquier ejercicio de responsabilidad colectiva, al objetivo prioritario de echar al PSOE del gobierno.
Casado sabe que las posibilidades de que el Gobierno de España obtenga fondos suficientes en Europa para financiar la reconstrucción de nuestro país, dependen en buena medida del apoyo interno que Pedro Sánchez pueda esgrimir ante nuestros socios. Pero, aún sabiendo esto, el PP boicotea las posiciones españolas con sus documentos, sus declaraciones y sus cartas a la Comisión. El viernes día 3 de julio se negó a respaldar las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción en el capítulo europeo, con la excusa peregrina de que no se reivindicaba con suficiente gallardía la recuperación del peñón de Gibraltar, ¡que se perdió hace siglos!
Aún más significativa fue la razón por la que el principal partido de la oposición se negó a apoyar las conclusiones de la Comisión en materia sanitaria. La derecha insistía en eliminar del texto el compromiso por la atención sanitaria universal y por la eliminación de los copagos farmacéuticos. Se trataba de exigencias que el PP sabía inasumibles, por injustas, para sostener su negativa a apoyar al Gobierno en estos momentos tan difíciles, cuando tan importante resulta el respaldo general al sistema sanitario que nos protege a todos de la enfermedad.
Seguimos reconstruyendo, sin el PP, y a pesar del PP, por desgracia.
Más allá de los dimes y diretes domésticos que recorren los medios de comunicación, donde de verdad se la está jugando el país durante estos días, es en las negociaciones acerca de la distribución de las ayudas de la Unión Europea para superar la crisis ocasionada por la pandemia.
Todo lo demás, por relevante que nos parezca en la peculiar burbuja del debate partidario, queda a años luz en cuanto a trascendencia para el interés general y los retos que nos depara el futuro.
En consecuencia, cabe requerir a todas las fuerzas políticas, a sus líderes y portavoces, que contribuyan a fortalecer la posición de España en esas negociaciones en marcha, respaldando las gestiones que lleva a cabo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en representación del interés de todos los españoles.
Las ayudas de las instituciones europeas para afrontar las consecuencias de la COVID-19 llegarán fundamentalmente desde tres vías: los 750.000 millones de euros propuestos por la Comisión Europea para la reconstrucción social y económica; los 540.000 millones ya consignados a través del MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y el SURE (el fondo europeo de ayudas al desempleo); y los 200.000 millones listos a distribuir por el BEI (Banco Europeo de Inversiones).
En estos días se está negociando cuánto de estos fondos llegará a España, cuándo lo hará, con qué condiciones, y con qué naturaleza, cuánto en modo transferencia y cuánto en modo préstamo. Nada más y nada menos.
Es decir, del éxito o del fracaso de estas negociaciones en dependerán las posibilidades de la sociedad española para reforzar su sistema nacional de salud, para reactivar su economía, para generar empleo de calidad, y para sostener el escudo social levantado en defensa de los más vulnerables.
Por tanto, antes que el debate obtuso entre progubernamentales y antigubernamentales porque sí, entre populistas y anti populistas, entre indepes y contra indepes, en estas fechas conviene prestar atención al debate trascendental en el seno del Consejo Europeo, entre gobiernos “frugales” (insolidarios) y “exigentes” (solidarios).
La posición del Gobierno español responde a varias claves:
El apoyo a las políticas europeas anticíclicas, de activación y estímulo de la demanda, en forma de nuevo “Plan Marshall”, como viene reclamando Pedro Sánchez;
Unas ayudas europeas en forma de transferencia sin condicionalidad sobre déficit y deuda, fundamentalmente, para evitar las consecuencias indeseadas de la anterior crisis financiera;
Unas ayudas que, sin embargo, alienten reformas positivas, como la transición ecológica justa y la transformación digital;
La exigencia de que en esta crisis “nadie quede atrás” y se proteja de manera justa y eficaz a los colectivos más vulnerables;
La necesidad de no retirar los estímulos económicos y las ayudas demasiado pronto, para no malograr la reactivación y no acrecentar las desigualdades;
Aprovechar esta oportunidad para relanzar la integración europea a partir de los principios de la solidaridad, la justicia social y la defensa de los derechos humanos.
El comportamiento del PP, el principal partido de la oposición, con importantes influencias en Europa, ha sido decepcionante.
Su portavoz parlamentaria en España descalificó las reclamaciones del Gobierno de España ante las instituciones europeas en términos de “mendicante”. Su portavoz parlamentaria en Europa remitió un informe a la Comisión Europea descalificando no solo al Gobierno, sino al propio Estado de Derecho español en su lucha contra el virus. Y el Gobierno conservador de la Comunidad de Madrid ha cuestionado la llegada de turistas europeos vía aeropuerto de Barajas.
El desmarque desleal del PP ha llegado, pues, de la peor manera y en el peor momento, debilitando las posiciones negociadoras del Presidente del Gobierno, y poniendo en riesgo la llegada de las ayudas imprescindibles para fortalecer nuestra sanidad, recuperar la economía y generar puestos de trabajo de calidad.
Tenemos una gran oportunidad en la Comisión parlamentaria de Reconstrucción para alcanzar acuerdos y consensos que ofrezcan la imagen de unidad y fortaleza, que ahora necesitamos para obtener el máximo rendimiento en las negociaciones europeas.
Ya habrá tiempo para los dimes y diretes. Ahora lo que conviene al país es ponernos todos detrás de Pedro Sánchez en la defensa del interés común en Europa.
En un escenario de crisis grave y riesgos de gran envergadura conviene cerrar filas. ¿En torno a quién o a qué? En torno al interés general. Es de sentido común.
Las amenazas que se ciernen sobre nuestro futuro más inmediato son extraordinarias. La pandemia no ha desaparecido, y el riesgo de los rebrotes es tan cierto como lo están experimentando en China y en Alemania, por ejemplo.
Para frenar al virus hemos tenido que parar la economía como nunca antes se hizo. Hemos tenido que enviar a millones de trabajadores a los ERTES. Aún sostenemos con fondos públicos la nómina de buena parte de los empleados por cuenta ajena y por cuenta propia…
Para salir de ésta con vida, y no digamos con cierto éxito, habremos de adoptar decisiones de gran alcance, movilizando voluntades y recursos como jamás antes hicimos.
Todo ello en el contexto de un Estado complejo, de un espectro político muy fragmentado y de una sociedad polarizada en exceso.
Necesitamos de grandes acuerdos para establecer las bases sobre las que afrontar amenazas y reconstruir el futuro. Y esos acuerdos han de ser amplios y transversales, sumando a las instituciones diversas, sumando a las fuerzas políticas distintas, y sumando a las instancias sociales diferentes.
Dicho de otra manera: la división añadirá más dificultades a las que ya nos arroja la crisis. Divididos y enfrentados entre gobiernos, entre partidos y entre ciudadanos, estaremos en peores condiciones para salir de ésta.
Los socios europeos, los agentes económicos, los interlocutores sociales, la ciudadanía en general, valorarán un país unido en lo fundamental, y castigarán a un país dividido en el momento más trascendental de su historia reciente.
Esto no quiere decir que debamos renunciar a nuestras ideas diversas y a nuestras identidades políticas diferentes. Ni mucho menos. No se trata tampoco de negar legitimidad o capacidad a la oposición democrática, absolutamente imprescindible.
Se trata de asentar unos cuantos consensos básicos sobre temas fundamentales para enfrentar la crisis y lo peor de sus consecuencias: qué hacer para fortalecer nuestro sistema nacional de salud ante el riesgo de las pandemias; qué pasos dar para resucitar nuestra economía y nuestro empleo con cierta solidez; qué recursos movilizar para que nadie quede atrás, en la cuneta de la exclusión social; y cómo fijar una posición común para obtener las ayudas que necesitamos de la Unión Europea.
Y a partir de estas bases comunes, que nos fortalezcan como país ante los retos del futuro, que cada cual mantengan sus propias ideas, sus propio modelo de sociedad y su propia agenda política. La diversidad constituye la esencia de la democracia.
¿A quiénes perjudica el acuerdo en torno a las bases para la reconstrucción del país? Solo a los ultras, a aquellos que buscan obtener beneficio político de la división, a costa del interés general.
La derecha española parece vivir en estos días ante el dilema de seguir el ejemplo de las formaciones conservadoras europeas que cierran filas ante el interés general, o seguir transitando el camino de la confrontación y la desestabilización que marca la ultraderecha.
Ojalá acierten en sus decisiones. Su propio futuro y el de todos depende en buena medida de cómo salgan de esta encrucijada.
Desde el Gobierno de España y los grupos políticos que le apoyan en el Parlamento estamos dispuestos y listos para sumar fuerzas y atender unidos las urgencias del interés general. Ya habrá tiempo para las distinciones y la sana confrontación electoral.
Lo expresó con claridad la portavoz socialista Adriana Lastra en el Pleno del Congreso: “Han decidido convertirse en el mayor agente de desestabilización de España. Esta es su estrategia y ya es hora de decirlo abiertamente”.
La Vicepresidenta Calvo lo planteó también con igual rotundidad: “¿En qué andan ustedes contra el Gobierno constitucional de España, en el peor momento para este país?”.
Durante las últimas semanas, el debate público ha tratado sobre la “crispación” de la vida política española, generalmente en términos de espontaneidad, como si tal conducta se hubiera generalizado en toda la “clase política”, y como si “todos los políticos” fueran responsables por igual de las consecuencias negativas de tal conducta.
Solo que no hay espontaneidad alguna en los comportamientos crispadores, y no son en absoluto achacables por igual a todos los representantes públicos y, desde luego, los responsables de su promoción son perfectamente identificables.
Estamos, efectivamente, ante una estrategia premeditada de las derechas españolas para desestabilizar las instituciones democráticas, y así promover la caída del Gobierno constitucional de nuestro país.
Nadie va a quejarse de que la oposición haga oposición. Faltaría más. Toda la oposición que haga falta. Tampoco nos quejaremos de que la oposición se limite a criticar todo lo que hace el Gobierno, sin reconocer jamás acierto alguno, y sin plantear propuesta alternativa alguna. Están en su derecho.
Ni tan siquiera lamentaremos que utilicen sistemáticamente un tono desabrido, insultante, exagerado, plagado de adjetivos descalificadores… Estamos acostumbrados al mal estilo de la derecha. Nada que objetar.
No. Lo que denunciamos es otra cosa, y nada tiene que ver con el ejercicio legítimo y constitucional de la oposición democrática. Denunciamos el intento de dañar dolosamente a las instituciones de nuestra democracia para tumbar al Gobierno de la nación.
Y no es la primera vez. Ya lo confesó Luis María Ansón respecto a otros tiempos: “Para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado”.
No estamos ante el problema de un tono incómodo e inconveniente en el debate político normalizado. Estamos ante un problema para la democracia española, en un momento muy delicado de nuestro país, cuando hemos de hacer frente a una terrible crisis sanitaria y cuando hemos de afrontar una no menos dramática reconstrucción social y económica.
“Les avisamos de que no podrían gobernar”, espetó Pablo Casado al Gobierno en el Congreso. “Pretenden gobernar sin permiso”, le siguió inmediatamente una de las portavoces populares. Como si hubiera de tratarse como usurpador a cualquier Gobierno en España no conformado por las derechas.
“Este Gobierno es una dictadura”, “una dictadura constitucional”, “una alarma dictatorial”, “un Gobierno despótico”, “un estado de excepción encubierto”, “una agenda autoritaria”, “planes totalitarios”, “un Gobierno aliado de narco-tiranías asesinas”, “Gobierno ilegítimo”… Buena parte de las descalificaciones que vierten Casado, Abascal, Álvarez de Toledo, Olona, García Egea y demás portavoces, no tratan tan solo de criticar al Gobierno, sino de deslegitimarle, legitimando así las acciones encaminadas a tumbarle.
Hablan falsamente de “Parlamento cerrado” y de “Parlamento secuestrado”, y ¡lo hacen desde la propia tribuna del Parlamento perfectamente abierto! Pretenden, incluso, escenificar un falso enfrentamiento del Gobierno con instituciones emblemáticas de nuestra democracia, como la Guardia Civil, respecto a las que el ejecutivo muestra cada día la máxima consideración y respeto por su labor al servicio del bien común.
De hecho, la estrategia de la desestabilización por parte de las derechas ha quedado al descubierto al reclamar abiertamente algunos de sus portavoces la constitución de un “Gobierno de concentración”. Abascal y compañía proponen, por tanto, derrocar al Gobierno legítimo salido de las urnas, y poner al frente del país otro Gobierno, por voluntad de aquellos que perdieron las elecciones.
Para facilitar las cosas, y por si acaso hubiera resistencias, esas mismas derechas ya promueven el paso de los gobernantes legítimos a la cárcel, previo trámite engorrosamente preceptivo por los tribunales de Justicia. “Por autorizar las manifestaciones del 8-M”, dicen, y se traicionan a sí mismos exponiendo, puede que inconscientemente, algunos de sus planes. Con la Constitución de 1978, y con este Gobierno vigente, el derecho de manifestación no está sujeto a autorización gubernativa alguna. Podemos adivinar qué nos reservan aquellos otros para el futuro.
Se apropian de los símbolos de todos, bandera constitucional incluida, para arrojarla como un arma contra sus enemigos políticos. Provocan riesgos para la salud de miles de personas, convocando manifestaciones sin seguridad sanitaria, en plena pandemia. Insultan e injurian gravemente a las familias de los gobernantes, para después denunciar la respuesta de los insultados e injuriados. Utilizan las instituciones donde gobiernan, para sustituir la colaboración leal exigible por la confrontación gratuita y esterilizante…
No es crispación. Es desestabilización. Y hacen daño. Al Estado, a la democracia, al interés general. En el peor momento. Cuando nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestras vidas.
Buscan desestabilizar las instituciones y tumbar al Gobierno, pero no van a conseguir ni una cosa ni la otra.
La democracia española es una democracia madura. Nuestras instituciones son instituciones fuertes, a prueba de agresiones desestabilizadoras. El pueblo de España es un pueblo con sólidas convicciones democráticas. No nos llevarán atrás, aunque lo intenten.
Y hay Gobierno progresista para rato. Para cuatro años. Se llama democracia.
Blog de Rafael Simancas 