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ALARMA, SALUD Y PARTIDISMO

ALARMA, SALUD Y PARTIDISMO

Practicar la política y practicar el partidismo son términos que a menudo se confunden y se intercambian en el debate público. Sin embargo, responden a actitudes y comportamientos muy diferentes.

Hacer política es, básicamente, contribuir al bien común, ejerciendo responsabilidades públicas o participando como ciudadano en el debate de ideas y propuestas. Una participación política activa y dinámica por parte de la ciudadanía, incluso desde posiciones contrapuestas, redunda siempre en la mejora de la democracia.

Hacer partidismo es cosa distinta, porque equivale a priorizar y anteponer el interés de la parte o del partido al que pertenecemos o con el que nos identificamos. Y esta conducta no siempre es positiva, ni tan siquiera aceptable. Sí puede serlo en una contienda electoral, por ejemplo. No lo es cuando está en juego el interés general.

El debate y la votación en el Congreso de los Diputados sobre la prórroga del Estado de Alarma era un debate para hacer política, no para hacer partidismo.

La pandemia se ha llevado por delante ya miles de vidas, y sigue amenazando la salud y la supervivencia de millones de españoles. Para contener la expansión de la enfermedad y proteger la salud de nuestras familias, por tanto, es preciso aplicar medidas de limitación de la movilidad, de confinamiento, de desescalada bajo control…

Y estas medidas solo se pueden llevar a cabo bajo el Estado de Alarma. No hay otra manera de hacerlo. No hay duda jurídica o política al respecto. Quienes hablan de “planes b”, están gravemente confundidos o, aún peor, pretenden confundir dolosamente a los españoles.

Los grupos parlamentarios que votaron NO a la prórroga del Estado de Alarma practicaron el peor de los partidismos. Antepusieron sus propios intereses partidarios y egoístas sobre el interés general y el bien común. Priorizaron su voluntad de dañar al Gobierno de España sobre su responsabilidad de contribuir a preservar la salud y la vida de los españoles.

¿Alguien puede imaginar qué hubiera ocurrido a partir de este fin de semana si hubiera dejado de tener vigencia el Estado de Alarma? El descontrol, el caos y el miedo se hubieran generalizado. El fin de las limitaciones a la movilidad, la derogación de las fases de desescalada, la ausencia de mando sanitario coherente… hubieran facilitado el rebrote de la pandemia y hubieran puesto en riesgo la salud y la vida de muchas personas.

El PP ha dimitido de su responsabilidad como partido de Gobierno y ha dejado tirados a los españoles ante una crisis gravísima.

Vox utiliza el virus para intentar derrocar a un Gobierno legítimo, por las buenas o por las malas.

Y otros grupos han esgrimido argumentos inaceptables para oponerse a una decisión que no respondía a claves políticas o ideológicas, sino al simple y dramático objetivo de salvar vidas.

Gracias a los Grupos Parlamentarios que apoyan al Gobierno de España, gracias a las alianzas y acuerdos alcanzados, y gracias también al buen trabajo de la portavoz socialista Adriana Lastra, la prórroga del Estado de Alarma volvió a salir adelante.

Pero los españoles no olvidarán el comportamiento de unos y otros ante la mayor crisis de nuestras vidas.

SÓLO NOS FALTA UNA OPOSICIÓN DE ALTURA

La sociedad española ha vivido una semana difícil. Entre la esperanza del descenso de fallecidos y el temor al rebrote del virus. Entre el optimismo de la desescalada y la incertidumbre sobre sus consecuencias. Entre la promesa de la nueva normalidad y la alarma por las previsiones de recesión y paro…

Lo que la ciudadanía española necesitaba en estos días de sus representantes políticos, por tanto, era aliento, confianza, responsabilidad, unidad. La mayoría lo entendimos así. La derecha española, sin embargo, no.

Con su abstención en el Congreso, los dirigentes del PP pusieron en riesgo el principal instrumento que tenemos los españoles para protegernos del virus: el estado de alarma. Con la ausencia de sus líderes en la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica, se han desentendido también de la inmensa tarea pendiente para asegurar trabajo y protección social a toda la ciudadanía.

La principal responsabilidad institucional en la lucha contra la COVID y sus consecuencias corresponde al Gobierno de España, indudablemente. Pero nuestro enemigo en esta guerra es de una letalidad sin precedentes. Y la dimensión de los recursos a movilizar es gigantesca. No basta, por tanto, con el liderazgo del Gobierno. Todos hemos de implicarnos y poner a disposición del bien común lo mejor de nuestras energías. Todos: el Gobierno y la oposición. Lo exige el momento histórico y lo reclaman los españoles: unidad y lealtad.

Estamos ante la mayor crisis de nuestras vidas. Y la inmensa mayoría de los españoles está respondiendo como se espera de una sociedad madura y responsable. La ciudadanía cumple en las limitaciones de su confinamiento. Los profesionales de la sanidad, de la seguridad, de la limpieza, de la alimentación, de los servicios esenciales, cumplen entre el reconocimiento general.

Nuestras instituciones democráticas, muy complejas y aún jóvenes, están aguantando bien la presión. Se corresponsabilizan los sindicatos, colaboran las patronales, arriman el hombro las entidades de solidaridad, se esfuerzan los medios de comunicación, aconsejan los expertos, dirige el Gobierno desde la prudencia y la transparencia… Todos están a la altura. Menos la oposición.

La respuesta de España a la crisis es similar a la de otros países con una afectación importante por el virus. Las medidas son parecidas. Los procesos son equivalentes. Los resultados pueden compararse… ¿Dónde está la diferencia? De nuevo, en el comportamiento de la oposición. Mientras la oposición de derechas en Italia y Portugal respalda a sus Gobiernos, aquí el PP le da la espalda. Mientras la oposición de izquierdas en Francia y Reino Unido antepone la lucha común, aquí Casado prioriza el cálculo partidista.

Los dirigentes del PP saben que para salvar vidas hay que contener la propagación del virus, y que para contener al virus hay que limitar la movilidad, y que para limitar movimientos solo contamos con el estado de alarma. Saben también que la mayor parte de las ayudas sociales a parados, autónomos y familias vulnerables, dependen de la vigencia del estado de alarma. Y a pesar de saberlo, intentaron tumbar el estado de alarma.

En España, la derecha se desentiende de su deber de ayudar al Gobierno para ayudar al país, y allí donde gobiernan, como en Madrid, van de irresponsabilidad en irresponsabilidad y de deslealtad en deslealtad.

Porque a los recortes y privatizaciones en la sanidad madrileña de ayer, hay que añadir la gestión más que deficiente de la crisis de hoy. Porque al insólito festival de IFEMA, hay que sumar los contratos precarios de los sanitarios y los menús insalubres dispensados a niños sin recursos… Y porque a los desplantes de Ayuso en las conferencias de presidentes, hay que agregar las acusaciones de falsas requisas de material de protección, y la exigua utilización de menos del 10% de los tests suministrados por el Gobierno de España.

Mientras el Gobierno de la nación se esfuerza para que en esta crisis nadie quede atrás, el PP boicotea la adopción de medidas que ayudan a millones de españoles a aguantar con dignidad las peores consecuencias de la COVID. El PP se ha opuesto en el Congreso a las prestaciones extraordinarias a parados y autónomos en cese de actividad, a la prohibición del despido en estado de alarma, a las moratorias en hipotecas y alquileres e, incluso, a las ayudas a las víctimas de violencia de género.

Al tiempo que el presidente del Gobierno lideraba las reivindicaciones de solidaridad en las instituciones europeas, Casado debilitaba la posición española asegurando “entender a los alemanes y holandeses que no quieren dar dinero a Pedro Sánchez”.

En el último Pleno del Congreso, cuando millones de españoles esperaban soluciones, responsabilidad y unidad de sus representantes, Casado utilizó la tribuna para lanzar cerca de 40 insultos a Pedro Sánchez, como le espetó la portavoz socialista Adriana Lastra en una brillante intervención.

El PP tiene que decidir definitivamente su papel en este momento crítico de nuestra historia. O se suma a la ultraderecha en el camino de la irresponsabilidad y el sabotaje. O suma fuerzas con el Gobierno y la gran mayoría de los españoles para vencer al virus y reconstruir el bien común.

Hoy, por desgracia para todos, la oposición no está a la altura.

Publicado en EL SOCIALISTA nº064 08-05-2020

INSULTAR NO ES HACER OPOSICIÓN

INSULTAR NO ES HACER OPOSICIÓN

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se vio en la obligación de reprochar al líder del PP, Pablo Casado, por haber arrojado hasta 37 insultos y descalificaciones sobre el Presidente del Gobierno en el último debate acerca de la prórroga del Estado de Alarma.

El tiempo establecido para la intervención de Casado era de 15 minutos. Por tanto, el portavoz del principal grupo de la oposición utilizó cerca de 3 insultos por minuto. Todo un récord, incluso para quien ha hecho de la descalificación gruesa e infundada una marca de estilo propio.

“Mintiendo”, “manipulando”, “malversando”, “curandero”, “incompetencia culposa”, “incapaz”, “hacedor de sainetes”, “ineptitud”, “chiste de Gila”, “fracaso estrepitoso”, “temerario”, “bajeza moral”, “usar a las víctimas”, “actor de sudokus”, “chapuzas”, “improvisaciones dolosas”, “bandazos”, “ruina”, “usar a los españoles como a perros de Paulov”, “pésimo”, “desbordado”, “falsario”, “negligente”, “Gran Hermano”, “hipertrofiado”, “propagandista”, “irresponsable”, “caos”, “nefasto”, “instalado en el absolutismo”, “zoco de prebendas”, “tomar a parados como rehenes”, “fraude”, “perseguir las críticas con policías”, “contratación opaca”, “cesarismo”, “arbitrario”… Así hasta 37.

La oposición constituye una parte fundamental e imprescindible de la democracia liberal. Se trata de una institución clave para el equilibrio de poderes propio del Estado de Derecho. La tarea de los grupos políticos de la oposición supone una garantía clave para la calidad de un régimen democrático.

Oposición es control y es alternativa. Hacer oposición es practicar el seguimiento crítico a la acción del Gobierno, señalando los errores y reclamando rectificaciones. Hacer oposición es censurar al ejecutivo cuando lo merece, y aportar propuestas alternativas en cada momento. Pero el control al Gobierno no empece el ejercicio de la lealtad con el país, ni la persecución del bien común.

Practicar la oposición crítica no equivale a insultar y descalificar constantemente al Gobierno de turno, como hace el PP en España. Hacer oposición no equivale a buscar la desestabilización de las instituciones. Utilizar los gobiernos autonómicos para arremeter contra el Gobierno de España no es oposición legítima, sino desestabilización dolosa. Socavar las posiciones del Gobierno de tu país en las instituciones europeas no es práctica opositora normalizada, sino traición al interés general.

La oposición puede y debe ser crítica y exigente con el Gobierno, pero debe ser leal y consecuente con el bien común. El ejercicio partidista solo es legítimo en democracia mientras no  se anteponga a la seguridad y el interés del conjunto.

El ejercicio constante de la injuria y el bulo contra el Gobierno de España que practica la ultraderecha, no tiene nada que ver con la práctica de la oposición democrática. Vox persigue lo que ha perseguido siempre la ultraderecha en la historia de nuestro país: aprovechar el sufrimiento de la gente para socavar las instituciones democráticas y tomar el poder, por las buenas o por la malas.

Pero el PP forma parte de las fuerzas políticas que elaboraron la Constitución de 1978, que contribuyeron a construir nuestra democracia, y ha gobernado y gobierna buena parte de sus instituciones. La ultraderecha busca cambiar de régimen, arrojar al país a una involución democrática. Entendemos que el PP tiene propósitos distintos. Por eso le pedimos que se aleje de Vox, de sus estrategias y de sus tácticas.

En este momento crítico de la historia de España, la sociedad y su Gobierno demuestran cada día estar a la altura de sus responsabilidades. Tan solo reclamamos a la oposición que cumpla también con su papel.

PENA DE GOBIERNO DE MADRID

PENA DE GOBIERNO DE MADRID

Madrid conmemora el 2 de Mayo siendo el epicentro de una desgracia nacional, que compartimos con buena parte del mundo. Tras Nueva York y Lombardía, Madrid es la región con mayor índice de letalidad por COVID-19 de todo el planeta.

Sin embargo, a diferencia de lo que practica cada día la derecha en relación al Gobierno de España, a los socialistas no se nos ocurrirá culpar al Gobierno de la Comunidad de Madrid por este drama. No echaremos los muertos a la cara de Díaz Ayuso, como hacen ellos con el Gobierno de la nación.

Sí hemos de sostener, sin embargo, que la gestión del gobierno autonómico en la pandemia es una mala gestión. En el antes, porque la sanidad pública madrileña afrontó la crisis debilitada, tras dos décadas de recortes y privatizaciones. En el durante, porque las deficiencias y los errores están siendo manifiestos. El festival irresponsable de IFEMA solo es el último ejemplo. Y en el post, porque se niega a aceptar la mano que se le tiende para acordar la reconstrucción social y económica de la región.

El presidente del PP, Pablo Casado, insiste en situar a España entre los países con más incidencia y mortalidad por el coronavirus. Se le olvida mencionar, sin embargo, que son las cifras terribles de Madrid, donde gobierna su partido, las que elevan decisivamente a nuestro país en todas las estadísticas internacionales.

Pretende la derecha situar el debate sobre la gestión de la crisis en la cantidad de tests realizados, cuando la realidad es que España es uno de los países que más pruebas PCR y más tests realiza, por delante porcentualmente de países como Francia, Reino Unido, Canadá o Bélgica.

Pero Casado olvida mencionar nuevamente que una de las razones por las que nuestra nación no realiza más tests tiene que ver precisamente con la deficiente gestión de su partido en la comunidad madrileña: el Gobierno de España había entregado a Madrid 579.600 kits de diagnóstico rápido el día 23 de abril, pero el ejecutivo de la señora Díaz Ayuso solo informaba de haber realizado 34.716 tests. ¿Dónde están los tests restantes? ¿Por qué no se han distribuido por los hospitales y las residencias de mayores de Madrid?

El debate sobre los tests es interesante y oportuno, pero el debate clave es el que afecta a los factores determinantes en la primera línea de batalla contra el virus. Lo que realmente determina la diferencia entre la vida y la muerte en una crisis como ésta es el estado de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales, el número y capacidad de los respiradores, la cantidad de profesionales intensivistas que trabajan en esas UCI…

Y la sanidad pública madrileña ha tenido que enfrentarse a la COVID extraordinariamente debilitada en todos estos factores claves, tras años de abandono por el gobierno regional. Baste recordar que la Comunidad de Madrid, la más rica de España, ha sido durante los últimos ejercicios, recurrentemente, de las últimas regiones en gasto sanitario por habitante.

Otro debate fundamental es el relativo a las residencias de mayores. La oposición, los expertos en servicios sociales, los trabajadores, las familias de los residentes… llevan años denunciando el estado calamitoso de una red dramáticamente precaria en recursos, y sometida a la terrible ley del máximo beneficio por parte de algunas empresas sin escrúpulos. Aún hoy, pese a la presión de los alcaldes y de la Justicia, son raras las residencias con equipos mínimamente medicalizados.

Durante la crisis, la gestión de Díaz Ayuso y su equipo también ha sido muy deficiente. Los profesionales sanitarios y los trabajadores de las residencias madrileñas han tenido que enfrentar la presión brutal de la pandemia faltos de protección, de recursos, de información, de coordinación, por parte de sus gestores autonómicos.

Algunos episodios han sido incluso grotescos, como el empeño en distribuir menús poco saludables entre los niños con familias vulnerables, o los aviones desaparecidos, o los desplantes al resto de presidentes autonómicos en varias reuniones para que la presidenta se hiciera fotos en Barajas, para que la presidenta fuera a misa…

En estos últimos días, además, demuestras que van de mal en peor. Mientras la gran mayoría de madrileños aguanta los rigores del confinamiento y la distancia obligada, Díaz Ayuso congrega irresponsablemente a cientos de personas en IFEMA para una perfomance de autobombo. Y al mismo tiempo que los profesionales sanitarios reciben el aplauso general por su entrega y sacrificio, el ejecutivo autonómico anuncia el despido anticipado de miles de ellos.

El gobierno regional ha intentado camuflar su propia inoperancia con acusaciones constantes, abruptas y falsas hacia el Gobierno de España. El día 23 de abril, el Gobierno de España había entregado al Gobierno regional de Madrid: 579.600 kits de diagnóstico rápido, 14 millones de mascarillas, 7 millones de guantes de nitrilo, 110 mil unidades de solución hidro alcohólica, 63 mil gafas de protección, 122 mil buzos de protección, 95 mil batas de protección, 800 dispositivos de ventilación…

Sin embargo, Díaz Ayuso no ha cejado en propagar las acusaciones falsas de “inoperancia”, “no hay ayuda”, “nos han dejado solos”… Incluso llegó a calumniar al Gobierno de España con falsas denuncias sobre retenciones y requisas de material de protección sanitaria, intentando dirigir las quejas de médicos, enfermeros y auxiliares hacia el Gobierno central.

Mientras Casado y Álvarez de Toledo criticaban al Gobierno de España por “no dar la cara” y “secuestrar el Parlamento”, a pesar de la comparecencia semanal de Pedro Sánchez y Salvador Illa, los populares cerraban la Asamblea de Madrid, negaban cualquier ejercicio de control a la oposición y clausuraban hasta el registro parlamentario. Solo hace unos días, mes y medio después de decretarse el Estado de Alarma, accedió Díaz Ayuso a dar explicaciones en sede parlamentaria.

Y si la derecha gobernante en Madrid falló en el antes y en el durante la crisis, todo indica que fallarán también en la gestión de la post-crisis. Tanto Pedro Sánchez como Ángel Gabilondo, ganador de las elecciones autonómicas y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, han ofrecido a Díaz Ayuso un acuerdo para la reconstrucción social y económica.

La respuesta de la líder derechista en Madrid ha sido el desprecio a la mano tendida y la multiplicación de los improperios al Gobierno de España y al PSOE. Con esta actitud, al drama de  la crisis sanitaria corre el riesgo de sumarse el drama económico, social y de empleo que llegará después.

La ciudadanía madrileña se ha levantado en estos días contra el virus, con el mismo brío y la misma valentía con que se levantó hace más de doscientos años contra el invasor francés. Los profesionales sanitarios, los trabajadores públicos en general, los prestadores de servicios esenciales, han dado, están dando, una lección de sacrificio, responsabilidad y eficacia.

Qué pena que el Gobierno de Madrid no esté a su altura.

GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

GUERRA Y RECONSTRUCCIÓN

La sociedad española afronta dos grandes desafíos. El primero y prioritario consiste en doblegar al virus, salvar vidas y preservar la salud de los españoles.

Pero hay un segundo reto para el que hemos de ir preparándonos: el de reconstruir un país fuertemente golpeado en su sistema sanitario, en su estructura de protección social, en su economía, en el empleo..

Ambos desafíos han de afrontarse desde la responsabilidad general, desde la unidad de propósitos y desde la lealtad en el esfuerzo a desarrollar por todos los actores concernidos.

Hay quienes cuestionan la alusión a la “guerra” en las acciones contra la pandemia. Sin embargo, tanto el número de afectados, como la gravedad de sus efectos y la dimensión de los recursos a movilizar, facultan para utilizar perfectamente ese símil.

Estamos en una guerra contra el virus. Se trata de una guerra dura y cruenta, que se está cobrando muchas vidas y está causando mucho sufrimiento. Pero es una guerra que estamos ganando. Los datos sobre la evolución de contagios, hospitalizaciones y decesos así lo ponen de manifiesto.

Se está ganando la guerra gracias a la dirección estratégica de nuestros científicos, al esfuerzo titánico de todos los servidores públicos, y a la disciplina responsable que demuestran cada día la gran mayoría de los españoles, en cumplimiento de los decretos vinculados al estado de alarma. Gracias también al liderazgo eficaz y prudente del Gobierno de España.

La guerra se está ganando, pero la guerra no está ganada. Hay que perseverar en el esfuerzo, en la prudencia, en la responsabilidad, en la unidad, en la lealtad…

También hay quienes dicen que es pronto para hablar de la reconstrucción post-pandemia. Se equivocan igualmente. Si el virus está ocasionando miles de víctimas, entre fallecidos, enfermos y afectados, las consecuencias del COVID-19 sobre la economía y el empleo están siendo ya dramáticas para millones de españoles, y el horizonte es francamente preocupante. Aquí y en todo el mundo.

Es urgente, por tanto, comenzar los trabajos de reconstrucción social y económica. En este sentido, el Presidente del Gobierno ha ofrecido una gran acuerdo de reconstrucción a todos los interlocutores institucionales, políticos y sociales.

Estamos ante la mayor crisis de nuestra generación. Salir de esta crisis requerirá esfuerzos gigantescos, que no pueden limitarse a las energías desplegadas por un Gobierno o por las fuerzas que le dan soporte habitual. Las consecuencias del COVID afectan a todos y todos estamos llamados a arrimar el hombro para afrontarlas.

El Presidente Sánchez ha recabado el acuerdo de los Gobiernos autonómicos, de las entidades locales, de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de las fuerzas políticas… Se trata de un requerimiento de unidad y de lealtad para el Gobierno de España, que tiene como contrapartida idéntico ofrecimiento de unidad y lealtad en cada una de las administraciones autonómicas y locales, en cada instancia social también.

Los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno han registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de creación de una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, abierta a todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía española.

El objeto de la Comisión consiste en recibir propuestas, celebrar debates y elaborar conclusiones acordadas, en torno a cuatro grandes cuestiones: el reforzamiento de la sanidad pública; la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y la posición de España ante las instituciones de la Unión Europea, cuyo concurso valiente y solidario resulta vital en estos momentos.

Tiene que salir bien. Va a salir bien.

ULTRAS EN PANDEMIA

ULTRAS EN PANDEMIA

La ultraderecha española ha eclosionado definitivamente al calor de la crisis del COVID-19. Como suele decirse, las desgracias nunca vienen solas. Y los ultras jamás desaprovecharon una tragedia en la historia de España para desatar su propia pandemia de odio y enfrentamiento civil.

No han defraudado en ninguna de sus constantes históricas, salvo en la de la violencia física y directa. Aún, al menos.

Del sectarismo de culpar por el virus a las feministas, al golpismo de reclamar un Gobierno de concentración, pasando por la inhumanidad de proponer que se prive a los extranjeros pobres de la asistencia sanitaria.

De la hipocresía de auto-donarse parte de sus ingresos “para luchar contra el virus”, al matonismo de amenazar de muerte a un diputado socialista, pasando por la desestabilización de afirmar que el Gobierno esconde a los muertos.

Del ridículo de pedir que el Estado pague todas las nóminas tras reclamar bajadas de impuestos, a la irresponsabilidad de romper el confinamiento en el Congreso, pasando por la traición de difundir imágenes de féretros en la Gran Vía.

Los ultras han encontrado en el COVID-19 el mejor caldo de cultivo para dar rienda suelta a su tradición de golpes, pronunciamientos y trabas al progreso del pueblo español.

Han culpado de extender dolosamente el virus a los participantes en las manifestaciones por la igualdad entre hombres y mujeres, que tuvieron lugar el 8 de marzo. Y lo hacen obviando que ningún experto o autoridad sanitaria recomendó entonces suspender aquellos actos, y que los propios ultras organizaron un congreso multitudinario aquel mismo día.

Feministas, izquierdistas, ecologistas, inmigrantes, islamistas y chinos han sido señalados, al viejo modo nazi, para conducir hacia ellos la frustración y la ira popular.

Como parte de esta estrategia, registraron en el Congreso una propuesta formal para que la sanidad pública española dejara de atender la salud de todos los inmigrantes que carecieran de documentación legal y dinero para pagarse los servicios. Además de la estupidez que supone la medida en términos de contención de la pandemia, hay que señalar la crueldad inhumana de la petición.

Por si no funcionaba la sutileza del señalamiento público falaz, han reclamado directamente la dimisión de quien ganó las elecciones generales para poner al mando un gobierno de “emergencia”, de “concentración”, de “condición militar” o a las órdenes del Jefe del Estado. Solo les faltó entrar a caballo en las Cortes o encomendar la misión a un Teniente Coronel con bigote.

Los ultras fueron los primeros en poner pies en polvorosa, saliendo en tropel del Congreso cuando aún no se había decretado el confinamiento general. Y también han sido los primeros en contravenir el confinamiento decretado, regresando en tropel al Congreso y poniendo en riesgo la la salud y la vida de todos sus trabajadores. La cuestión es sembrar siempre la cizaña y el caos, hasta su ascensión al poder, por las buenas o por las otras.

Los primeros, siempre. Los primeros también en exigir que no se paguen impuestos. Y los primeros en exigir que el Estado, con esos impuestos que no se han de pagar, sufrague todas las nóminas de todos los españoles. Los primeros en hacer el ridículo, sobre todo.

Los primeros en exigir a los demás, pero eso de donar parte de sus retribuciones, ni hablar. Solo cuando quedaron en vergüenza ante la solidaridad de los demás, admitieron donar una proporción de sus ingresos a la “asociación de víctimas del COVID-19”. Se olvidaron de aclarar, no obstante, que la mencionada “asociación” no es sino un chiringuito más de la ultraderecha española. Una auto-donación, vamos.

Ni siquiera el Congreso ha escapado a la campaña de mentiras, bulos e intoxicaciones de la ultraderecha. A los falsos cadáveres escondidos supuestamente por el Gobierno de España en el parking de Collserola, al falso cargamento sanitario camino de Francia “porque el Gobierno de España no paga”, y de ahí a calificar los hospitales de campaña como “campos de concentración del Gobierno”.

No. Los campos de concentración eran otra cosa. Muchos españoles de bien murieron allí en otros tiempos, a manos de la ultraderecha. A los hospitales se acude a recibir ayuda. A los campos de concentración se iba a recibir tortura y fusilamiento.

Mentiras también respecto al Congreso. “Congreso cerrado” y “Congreso secuestrado”, decían. Como si se estuvieran refiriendo a las Cortes franquistas. Falso. Durante la vigencia del estado de alarma, el Congreso de los Diputados ha ejercido funciones de legislación y control al Gobierno. El Presidente ha comparecido en tres ocasiones. La Vicepresidenta económica, la Ministra de trabajo y el Ministro de agricultura se han sometido en Pleno a las consideraciones de la oposición.

El Ministro de sanidad ha dado semanalmente cuentas de su gestión al frente de la crisis en la Comisión de sanidad, y diariamente se ha remitido toda la documentación disponible a las comisiones correspondientes del Congreso. Las pregunta escritas se han registrado y se han contestado, a razón de cerca de 200 por jornada.

Y el reproche viene de ellos, de los ultras que sostienen la Mesa de la Asamblea de Madrid y el Gobierno autonómico de la comunidad con más afectación por el virus. Con más afectación por el virus y con menos presencia en el Parlamento por parte de su Gobierno regional. Porque la Asamblea de Madrid lleva cerrada desde el 10 de marzo, sin plenos ni comisiones e, incluso, con el registro cerrado. Pero el que está “secuestrado”, según los ultras, es el Congreso de España.

Hay mentiras y mentiras especialmente mal intencionadas. La imagen difundida por la ultraderecha de la Gran Vía madrileña plagada de féretros no es una falsedad más. Tiene una intención tan evidente como aviesa. Se trata de generar pesimismo, desmoralización y desestabilización en la sociedad española y en su democracia.

Pero, cuando todo lo demás les falla, surge su yo más íntimo. Entonces, los ultras amenazan directamente al diputado socialista Viondi con pegarle “dos tiros en la cabeza”.

No puede esperarse nada bueno de la ultraderecha en este país. Pero, por fortuna, en el Pleno de Congreso del día 9 de Abril, la gran mayoría de los representantes de los españoles respaldaron al Gobierno en la prórroga del estado de alarma. La mayor parte de los grupos parlamentarios plantearon propuestas y críticas constructivas para hacer frente a esta crisis con eficacia y con justicia.

Incluso algunos grupos muy alejados del Gobierno en términos ideológicos y políticos, como Ciudadanos y determinadas formaciones nacionalistas, mostraron una elogiable disposición para el acuerdo en torno a las medidas a adoptar.

Ojalá el Partido Popular abandone pronto la senda de falsedades y desestabilización que lidera la ultraderecha, y siga los pasos de otras formaciones conservadoras en Europa, situándose al lado del Gobierno, con lealtad crítica, pero desde el afán de unidad al servicio del interés general.

La frase de “A este virus le vencemos unidos” no es solo una frase. Es una necesidad, casi una exigencia de supervivencia.

El Presidente del Gobierno ha invitado a todos los grupos políticos a un gran pacto de Estado por la reconstrucción de nuestra economía y nuestra sociedad. Participar de ese pacto es más que una obligación política. Se trata de un imperativo moral.

PRIMERA LECCIÓN: DEFENDER LO PÚBLICO

PRIMERA LECCIÓN: DEFENDER LO PÚBLICO

Desde todas las coordenadas políticas e ideológicas se ofrecen propuestas a diario sobre cómo afrontar la crisis del COVID-19, con mejor o peor intención, con mayor o menor coherencia, fundamento o acierto. Sin embargo, una pregunta se abre paso en estos días. ¿Dónde están los liberales?

Han desaparecido por completo de la escena aquellos que abominaban del “Estado mastodóntico que asfixia a la sociedad”. Ya no se escucha a los que defendían derivar recursos públicos al sector privado para garantizar “la libertad de elección”. ¿Dónde quedan ahora las apuestas por “la mayor bajada de impuestos de la historia”?

Los que aseguraban en tribunas concienzudas que “la sociedad no existe, porque solo existen los individuos”, buscan y encuentran hoy en la sociedad organizada la cura para su enfermedad y el cuidado de sus seres queridos. Aquellos que lo confiaban todo a la “mano invisible del mercado”, prefieren hoy confiar en la mano bien visible de los profesionales de la sanidad pública.

¿Dónde están los liberales, pues? Unos, los más listos, están agazapados, conscientes de que sus proclamas hoy se percibirían como alta traición a los que sufren y a los que aguantan, gracias al Estado. Otros, los más desacomplejados, se apuntan ahora sin rubor a la reivindicación exigente de la iniciativa pública, porque “ya está tardando”. Y, finalmente, los más ridículos reclaman hoy al Estado que pague todas las nóminas del país, tras reclamar ayer que se dejaran de pagar todos los impuestos.

La lucha contra el virus ocasiona muchas desgracias, pero también nos deja unas cuantas enseñanzas que no hemos de desaprovechar en el futuro. La sociedad está mostrando algunas fortalezas de las que no éramos conscientes, pero también se ponen al descubierto ciertas debilidades, algunas recién descubiertas, y otras largamente denunciadas.

La primera enseñanza consiste en que hemos de defender lo público, porque de lo público depende la garantía de nuestra salud, de nuestro bienestar e, incluso, sabemos ahora fehacientemente, de nuestra supervivencia.

Estamos aprendiendo que defender lo público consiste en asegurar una dotación suficiente de recursos para los servicios estatales básicos, como la sanidad. Defender lo público equivale también a defender a los servidores públicos, su estabilidad, su profesionalidad, su dignidad.

La crisis nos enseña que los recortes en las políticas públicas, lejos de proporcionarnos “libertad de elección”, debilitan las capacidades colectivas para proporcionar seguridad, igualdad de oportunidades, desarrollo personal y bienestar a la gran mayoría de la población.

Sabemos hoy, mejor que ayer, que aquello de que “el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos” era una engañifa, una simple coartada falaz para que los más pudientes evitaran pagar impuestos y comprometerse así con el bienestar y el progreso general. Era el discurso del egoísmo.

Y también estamos aprendiendo que defender lo público, que defender lo de todos, requiere cuidar lo público, mejorar lo público, hacer lo público más eficiente. Entre todos. Con el concurso de todos.

De esta hemos de salir vivos, claro. Y con algunas lecciones bien aprendidas, también.