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Archive for the ‘Economía y Empleo’ Category

Pedro Sánchez acierta al establecer el “rescate” de los jóvenes españoles como prioridad estratégica en la acción política de los socialistas. La metáfora es adecuada, porque el colectivo de jóvenes se siente atrapado en un agujero negro de precariedad y marginación.

El problema de los jóvenes precarizados y marginados es ya el problema principal de presente y de futuro para el conjunto de la sociedad española. Y debiera ser también el principal objeto de atención y decisión política, con permiso de los inacabables escándalos de corrupción y las ensoñaciones independentistas.

El problema de los jóvenes presenta tres vertientes, a cual más alarmante. Es un problema de deterioro social evidente para una parte significativa de la población. Es un problema de índole económica, por cuanto excluye del circuito de producción y consumo a lo más dinámico de la sociedad. Y es un problema de legitimidad democrática, porque divorcia del sistema a quienes están llamados inexorablemente a protagonizarlo.

Los índices de desempleo juvenil rozan el 50% y los niveles de precariedad laboral son simplemente insoportables entre los más jóvenes. Los falsos becarios, falsos contratados a tiempo parcial y falsos autónomos son mayoritariamente jóvenes. Los contratos de formación y los contratos en prácticas que se derivan de la reforma laboral del PP condenan a los jóvenes a empleos indignos con jornadas abusivas y salarios del todo insuficientes.

Las brechas de desigualdad creciente en el acceso a la educación superior, a la formación digital y al aprendizaje de idiomas profundizan la injusticia y el malestar fundado. Y a esto debe añadirse la dificultad para acceder a una vivienda digna, dados los altos precios en el mercado libre de compra-venta y alquiler, y dada la falta injustificable de una política pública de vivienda social, como sí existe en otros países de nuestro entorno.

La marginación de los jóvenes de los procesos de producción, de empleo  y de consumo genera a su vez un grave problema de desequilibrio para el sistema económico, con graves repercusiones tanto en el entramado fiscal como en la propia Seguridad Social. Los jóvenes no ganan para pagar impuestos, y no trabajan para generar ingresos en la tesorería de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el nuestro, el panorama es preocupante.

Y todos estos problemas desembocan en un distanciamiento creciente de buena parte de la juventud respecto al sistema democrático. ¿Cómo pedir responsabilidad y compromiso con el sistema a aquello que se sienten maltratados injustamente? Los jóvenes ignorados y marginados son carne de cañón para los discursos populistas y antisistema, que nada resuelven en la problemática juvenil, pero que ofrecen un cauce sugerente para expresar frustración e ira.

Para ilustrar todos estos argumentos resulta muy útil la lectura del libro “La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?” de los profesores José Félix Tezanos y Verónica Díaz.

En consecuencia, resulta muy apropiado que el PSOE coloque la problemática juvenil en el frontispicio de su estrategia para esta nueva etapa. Una estrategia que deberá combinar denuncia y propuesta. Y que deberá contar con iniciativas de oposición allí donde no se gobierna, así como con iniciativas coherentes de gobierno allí donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de convertir su discurso en hechos comprobables.

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Los titulares sobre el último estudio del CIS solo reseñan la creciente preocupación de los españoles por la corrupción. Más de un 54% de los encuestados sitúa este problema entre los principales del país. Son muchos. Sin embargo, el problema principal que señalan los españoles mes tras mes en primer lugar es otro: el paro. De hecho, el porcentaje de españoles cuya preocupación principal tiene que ver con el empleo y la falta de empleo se ha incrementado entre abril y mayo del 69,6% al 71,3%.

No cabe hacer análisis reduccionistas o simples en torno a la crisis de credibilidad que sufren las que hemos considerado democracias avanzadas en Europa y norteamérica. Son varios los factores que contribuyen a las disfunciones del sistema, a la desafección creciente en amplias capas de la población y al auge de populismos y extremismos. Pero hay una constante a tener en cuenta: la preocupación, el miedo y el enfado de muchos por la pérdida progresiva de derechos en el ámbito del empleo.

En esta preocupación, en estos miedos y en estos enfados coinciden desde los millennials explotados hasta los cincuentones que alimentan las listas de parados de larga duración. Aquí convergen los empleados digitales a cinco euros la hora con los obreros industriales que sufren la deslocalización de sus empresas. En la angustia por el trabajo comparten trinchera las mujeres obligadas a elegir entre profesión o familia, junto con los falsos becarios, los falsos aprendices, los falsos autónomos y los falsos contratados a tiempo parcial, que sirven cervezas o limpian habitaciones a tiempo total.

¿Cuál es el origen del problema? La globalización y el avance tecnológico han cambiado por completo el papel del factor trabajo en los procesos productivos, relegándolo, precarizándolo, empobreciéndolo. La economía produce el empleo, pero el empleo cada vez es menos relevante para la economía. Sin embargo, nuestras sociedades siguen fundamentándose en el protagonismo del trabajo, como factor de socialización, como fuente de rentas, como vía de participación social, como base de la autoestima personal….

Por ahora, el balance neto de la revolución tecnológica presente es un balance negativo en términos de empleo. El avance tecnológico, por ahora, destruye más empleos de los que crea. Las actividades económicas más tecnificadas y más lucrativas necesitan cada vez menos mano de obra. Los demandantes de empleo son muchos y las reglas para determinar salarios y condiciones de empleo son pocas, por lo que el empleo se precariza y se paga mal.

Más cambios. El viejo esquema de formación-trabajo-jubilación ha dado paso al nuevo esquema formación-trabajo-formación-trabajo-jubilación, pero las políticas de formación y de empleo aún no se han adaptado. Los nuevos modelos de competitividad demandan un trabajo que la sociedad no ofrece. Esta disfunción agrava el problema.

Por tanto, si admitimos que el factor trabajo es un factor clave para la convivencia en sociedad y para la legitimación de la mismísima democracia, no podemos dejar su evolución al albur del mercado, al libre juego de la oferta y la demanda. Porque el trabajo no es una estadística más. El empleo no puede tratarse como una mercancía más, que se compra y que se vende conforme a las condiciones que marca el zoco de la globalización desregulada.

En primer lugar hay que asegurar el gobierno de la política sobre la economía, adoptando decisiones que ayuden a distribuir justamente las ganancias extras de la productividad que llegan vía tecnológica. Si hasta ahora esas ganancias han retribuido sobre todo al capital, asegurémonos de que una buena parte contribuye a financiar buenos empleos.

Hará falta un Estatuto Europeo de los Trabajadores que garantice contratos dignos y que evite deslocalizaciones y dumpings. Se necesitarán nuevas legislaciones que repartan los tiempos de trabajo, y que reduzcan por tanto la jornada laboral. Habrá que reforzar la negociación colectiva para lograr subidas salariales y conquistar nuevos derechos, en el ámbito de la conciliación, por ejemplo.

En segundo lugar hay que apostar por políticas activas de empleo más efectivas, en la formación, en la orientación, en la ayuda para la incorporación y para la promoción en el mercado laboral.

En tercer lugar es preciso establecer políticas pasivas que protejan debidamente al trabajador del riesgo del desempleo. Con índices de paro por encima del 15% y tasas de desempleo de larga duración por encima del 8% ya no sirven los viejos esquemas de prestación pública limitada en el tiempo. Resulta inevitable establecer un ingreso mínimo permanente para las personas que no logran incorporarse al trabajo, y mientras no logran incorporarse al trabajo.

Y en cuarto lugar, si la primera demanda de la ciudadanía es el buen empleo, el propio Estado debe ocuparse de su generación, en la medida de sus posibilidades, que no son pocas. Una fiscalidad exigente y globalmente armonizada puede contribuir a la financiación de actividades intensivas en empleo y de gran interés social, como el cuidado de las personas dependientes y la preservación ambiental.

Si la socialdemocracia europea quiere recuperar crédito social y apoyo electoral, debe atender prioritariamente las demandas prioritarias de quienes pueden apoyarla y votarla. Y la primera prioridad de esa mayoría hoy son los buenos empleos. Sin ninguna duda.

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En Madrid aprendimos hace mucho tiempo que una de las políticas con más carga ideológica en su ejecución es la política que planifica, ordena y asigna usos al suelo, es decir, la política urbanística. Las decisiones que se adoptan en el urbanismo madrileño afectan de manera directa y extraordinaria a muchos intereses, perfectamente identificables, diversos y muy a menudo contrapuestos.

Por eso resulta muy revelador comprobar quiénes aplauden y quienes critican el urbanismo de la capital, porque los aplausos y los silbidos ayudan a identificar tanto a los beneficiarios como a los perjudicados por las decisiones que desde hace dos años viene adoptando en este ámbito el gobierno municipal liderado por Podemos.

Significativas son las continuas alabanzas al urbanismo podemita por parte de los máximos mandatarios de los dos grandes clubes de fútbol de Madrid, inmersos ambos en actuaciones relevantes y discutibles sobre los estadios respectivos. Esclarecedor es también el formidable nivel de entendimiento al que continuamente llega el gobierno municipal con la empresa OHL, uno de los actores urbanísticos más activos y más controvertidos de la capital.

Y sorprendente resulta que haya sido precisamente el Ayuntamiento “del cambio” el que más lejos haya llegado en las negociaciones con el presidente del BBVA, para atender las demandas históricas de este potentísimo operador financiero en la llamada a ser “la mayor operación urbanística de Europa”, la operación Chamartín.

Podemos y Partido Popular se han coaligado con entusiasmo para aprobar tanto el traslado del estadio atlético a San Blas como para respaldar la última ampliación propuesta por el club del estadio Santiago Bernabéu. Son claramente dos grandes operaciones de ciudad que, sin embargo, hubieran merecido por parte del Gobierno municipal un tratamiento más adecuado para el interés general.

El primero no ha previsto las actuaciones necesarias para evitar el colapso circulatorio en torno al nuevo estadio. Y el segundo ha soslayado la modificación del planeamiento que la Justicia ha reclamado y tenemos que reclamará de nuevo, anulando posiblemente las decisiones adoptadas. Eso sí, los mandatarios urbanísticos de la ciudad son recibidos con gran simpatía en ambos palcos. Mejor incluso que en los tiempos de Botella, Gallardón o Alvarez del Manzano.

OHL aparece demasiado a menudo últimamente en las páginas de los periódicos, y no solo por sus éxitos empresariales. Sus relaciones durante años con lo peor del PP madrileño están siendo objeto de investigación judicial, en España y en Suiza. Pero sus tratos con el urbanismo capitalino van ahora mejor que nunca.

Para probarlo ahí esta esa quinta torre en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que OHL construirá y negociará sobre un suelo reservado en principio como bien de dominio público, y destinado en su momento para un gran centro municipal de convenciones. Pero lo construido ahí ya no será un centro de convenciones, porque será otra cosa, ni será municipal, porque será privado. La bendición podemita a la operación Canalejas también ha merecido la mejor consideración por parte del accionariado de OHL, pero no tanto por parte de los madrileños partidarios de proteger el patrimonio arquitectónico y paisajístico en el centro de la capital.

Pero, desde luego, el episodio más significativo del urbanismo madrileño en esta etapa “del cambio” tiene que ver indudablemente con las negociaciones en marcha sobre el futuro de la operación Chamartín. Durante más de veinte años, las administraciones públicas gobernadas por la derecha más derechista de Europa no fueron capaces de responder con suficiente generosidad a las reclamaciones del BBVA, que se había hecho con la propiedad de la mayor parte del ámbito a desarrollar.

No obstante, fue llegar Podemos al Ayuntamiento de Madrid y las negociaciones parecen avanzar a un ritmo y con unas expectativas extraordinarias. Digo “parecen” porque la “nueva política” del urbanismo madrileño incorpora unas salvaguardas de opacidad hasta ahora desconocidas en los tratos del Ayuntamiento con los operadores privados.

Tendremos que esperar a la conclusión de estas negociaciones entre Podemos en Madrid, PP en Fomento y el BBVA, para comprobar hasta qué punto se ha cedido en la exigencia histórica para el gobierno público de la operación y para el equilibrio adecuado entre el interés general y el negocio privado.

Se constata, por tanto, el aplauso fundado de buena parte de la casta. Pero pocos aplausos más se escuchan ante el urbanismo capitalino de estos dos años. No se pueden aplaudir, desde luego, sus éxitos en la construcción de vivienda pública destinada a los madrileños con más dificultades económicas. Cumplida ya la primera mitad de su mandato, Podemos ha levantado tan solo 165 de las 4.000 viviendas prometidas. A este ritmo necesitaría medio siglo de gobierno para cumplir sus compromisos.

Tampoco se escuchan aplausos por parte de los madrileños que habitan barrios necesitados de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, que no son pocos en realidad. Se están cobrando ahora las primeras ayudas comprometidas en julio de 2016.

El urbanismo podemita es poco amigo de operaciones de ciudad que mejoren la calidad de vida de los madrileños de a pie, pero sí gusta de los grandes titulares que aseguran esas otras operaciones vistosas en la plaza de España o en la Gran Vía, por ejemplo. Su afectación a la vida de los madrileños que peor lo pasan no será importante, pero estas costosas operaciones garantizan presencia en los medios de comunicación por mucho tiempo.

Y no son precisamente aplausos lo que dedican cada día los automovilistas madrileños a su gobierno municipal durante el atasco cotidiano. El empeño podemita por los carriles bici en los principales bulevares de Madrid no ha mejorado la opinión de los ciclistas sobre nuestra capital. De hecho la última encuesta de la organización de consumidores y usuarios (OCU) sitúa a Madrid como la peor a este respecto entre las principales ciudades españolas. Eso sí, la reordenación del tráfico ha multiplicado los problemas de circulación para los demás vehículos.

¿Urbanismo para la gente? No. Más bien urbanismo para una poca gente, la misma de siempre…

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El Gobierno del PP y el grupo parlamentario de Ciudadanos han acordado dedicar 500 millones de euros del erario público para lo que llaman “complementos salariales”, destinados a trabajadores jóvenes con salarios más reducidos. Además, plantean obtener estos recursos de los fondos que la Comisión Europea transfiere a nuestro país en el marco del programa “Garantía Juvenil”, cuyo objetivo es mejorar la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los más jóvenes.

No es una buena idea. Por tres razones, al menos. El primer error es recurrente en la regulación del mercado laboral por parte de la derecha española, porque limita sus políticas activas de empleo a subvencionar a los empresarios contratantes, bien con reducciones en las cotizaciones sociales, bien con rebajas fiscales o bien con ayudas casi directas como las que se plantean con estos complementos.

Pero es que estas políticas de subvención no funcionan, porque está comprobado que un empresario no contrata a un joven tan solo ni fundamentalmente en razón a lo barato que le resulte su salario. Le contratará, en primer lugar, si le necesita. Y le contratará, en segundo lugar, si el joven referido cuenta con la formación y las habilidades que le son útiles en su empresa.

El segundo error es grave. Porque esta medida premia precisamente a los empleadores más cicateros, a aquellos que pagan salarios más bajos a sus trabajadores jóvenes. Incluso se incentivan los acuerdos espurios para rebajar el salario a aportar por la empresa a fin de obtener la compensación pública. Resulta injusto sufragar con dinero público el salario que no está dispuesto a pagar el empresario que se está beneficiando del esfuerzo del trabajador joven.

Y el tercer error tiene que ver con el fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos precisamente con los recursos que Europa destina a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españoles. Porque estos fondos que nos envía la Comisión Europea no tienen como objeto ahorrar a unos cuantos empleadores los salarios que debieran salir de sus empresas, sino invertir los recursos que el Gobierno español regatea para que nuestros jóvenes mejoren sus capacidades y habilidades de cara a su integración en el mercado laboral.

La derecha española está haciendo el camino que los conservadores británicos en el Gobierno ya están desandando, en virtud de su experiencia. Una de las últimas medidas del Primer Ministro Camerón antes de su dimisión fue precisamente la de elevar el salario mínimo para reducir la factura desmesurada y abusiva que el erario público del Reino Unido estaba pagando en materia de complementos salariales. Iban ya por encima de los 7.000 millones de libras anuales, y los resultados no estaban siendo eficaces en modo alguno.

En algo tienen razón los autores de esta propuesta. Las políticas activas de empleo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la integración laboral de los jóvenes, llevan mucho tiempo fracasando en nuestro país. De hecho, el Tribunal de Cuentas europeo acaba de denunciar en un informe muy duro que el Estado español está resultando el más ineficiente en la aplicación de los fondos destinados a garantizar un contrato laboral o una acción formativa a los jóvenes menores de 25 años.

Los fondos europeos deben asignarse a políticas eficaces para la mejora de la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los jóvenes, y no a premiar con recursos públicos a aquellos empleadores menos dispuestos a pagar salarios justos a los trabajadores más vulnerables de nuestro país.

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Ya está aquí de nuevo la campaña recurrente sobre “la crisis”, “las grandes dificultades” y “la insostenibilidad” de nuestro sistema público de pensiones. Está en los discursos de los políticos de la derecha, en los informes de las fundaciones de la derecha, en los medios más cercanos a la derecha…

El drama está bien servido. El déficit en las cuentas de la Seguridad Social se ha disparado en el ejercicio 2016 hasta los 19.000 millones de euros, el 1,7% del PIB, “el desfase más alto de la historia”. ¿Por qué? Se nos dice que el número de pensionistas y el gasto en pensiones “crecen a un ritmo insostenible”.

Y junto al déficit llega el otro dato terrible: “la hucha de las pensiones se vacía”. El Gobierno se ha visto “obligado” por la crisis a tirar de la hucha para las pagas extras y apenas llega el dinero para este año 2017.

El colofón es inevitable. Los grupos políticos deben ponerse de acuerdo en el Pacto de Toledo para reducir gastos, recortando las prestaciones públicas e incentivando la contratación de planes privados de pensiones.

Solo que todo es mentira.

El déficit de la Seguridad Social se ha disparado, sí. Pero no a causa de un aumento desaforado del número de pensionistas y del gasto en pensiones, cuyo crecimiento ha sido moderado y regular a lo largo de la última década. Entre 2011 y 2016 se han sumado medio millón de pensionistas, efectivamente. Pero también han llegado 600.000 ocupados más. Y las prestaciones han tenido el límite (injusto) de subida en el 0,25%.

El déficit se ha disparado desde 2011 (-487 ME) hasta 2016 (-19.000 ME) debido a la reforma laboral del PP que precariza contratos y devalúa salarios. Y se ha disparado por la suma interminable de las reducciones promovidas por el PP en las cotizaciones empresariales, al socaire de los incentivos indiscriminados a la contratación. Y se ha disparado porque se han perdido 15 puntos de cobertura pública a los parados, que también cotizaban.

No es cierto que el Gobierno del PP se haya visto obligado a vaciar la hucha de las pensiones como consecuencia de la crisis entre 2012 y 2016. De hecho, el Gobierno socialista incrementó su dotación en plena crisis, de 45.700 millones en 2007 a 66.800 millones en 2011. La han vaciado porque han querido.

También se falta a la verdad cuando se valora nuestro sistema público de pensiones como “insostenible”, a la luz de sus cuentas globales. La mejor referencia a este respecto es el gasto en pensiones sobre PIB. Mientras España no llega al 11%, algunos países de nuestro entorno están muy por encima: Italia 15,8%, Francia 13,8&, Portugal 13%, Austria 13,2%, Bélgica 11,8%…

Y, desde luego, la mejor manera de atajar este desequilibrio indeseable en las cuentas de la Seguridad Social no llegará por los gastos sino por los ingresos. Ahí está el problema y ahí están las soluciones de verdad.

Si derogamos la reforma laboral del PP, estabilizamos los contratos y mejoramos los salarios, crecerán las cotizaciones sociales y equilibraremos las finanzas del sistema de pensiones. Si eliminamos las reducciones indiscriminadas e inútiles de cotizaciones empresariales destinadas a estimular la contratación, ganaremos en ingresos.

Si “destopamos” las cotizaciones para que los salarios más altos colaboren más con la caja común, también acertaremos. Si procuramos que los autónomos más pudientes coticen según sus ingresos reales, y no se refugien en la base mínima, como hacen ahora de manera mayoritaria, seguro que ayudamos a equilibrar el sistema. Como también lo haremos al aumentar la cobertura pública a parados. E impidiendo que las cotizaciones sociales tengan que sostener los gastos administrativos de la Seguridad Social.

En el improbable caso de que el déficit persistiera a pesar de todas estas medidas, la solución no estará en recortar unas prestaciones ya exiguas, que este año perderán mucho poder adquisitivo, sino en aportar los fondos necesarios desde los presupuestos generales, vía fiscal. Porque hay margen para el incremento tanto del gasto como del ingreso público en España, si nos comparamos con el resto de Europa.

Porque no se trata de adaptar el gasto en pensiones a la estructura del presupuesto público que impone la ortodoxia económica neoliberal, sino de adaptar esa ortodoxia al objetivo social irrenunciable de contar con un sistema suficiente y justo de pensiones públicas.

Por eso los socialistas nos oponemos al índice de revalorización y al factor de sostenibilidad de las pensiones que el PP impuso unilateralmente en su reforma de 2013. Y por eso condicionamos cualquier acuerdo en el seno del Pacto de Toledo a su derogación, a la vinculación entre las prestaciones y el coste de la vida, y al reequilibrio de las finanzas de la Seguridad Social vía mejora de los ingresos.

Hay mucho por estudiar, por reflexionar, por acordar y por decidir, para asegurar ese sistema estable y justo de pensiones que nos merecemos. Pero hagámoslo de manera honesta y veraz.

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Durante estos días se tramita en el Congreso de los Diputados una de esas leyes que afectan decisivamente a las condiciones de vida de millones de personas, pero que no son objeto de gran atención pública, por carecer de los habituales resortes de controversia en los medios de comunicación. Es la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, categoría en la que participan más de 3,2 millones de españoles, debidamente dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social.

La derecha económica y política ha construido toda una épica en torno al “emprendimiento”, a los “emprendedores”, al “háztelo tú mismo”, al “sé tu propio jefe”, al “triunfa desde tu garaje como Gates o como Jobs”… Cuantos más parados se animen a desinflar las cifras del desempleo, mejor, aunque no siempre se “emprenda” en las condiciones mínimas debidas.

De hecho, la realidad cotidiana para la gran mayoría de los “emprendedores” españoles de verdad tiene poco de épica y mucho de obstáculos, de precariedad y de discriminación en el ejercicio de derechos que consideramos básicos para otros tipos de trabajadores.

El Partido Popular y, sobre todo, Ciudadanos han creído descubrir en el colectivo de trabajadores por cuenta propia un caladero privilegiado de votos, y campaña tras campaña se vuelcan en discursos, eslóganes, fotos y promesas de todo tipo. La realidad, sin embargo, es que desde la promulgación de la vigente ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en el año 2006 y con gobierno socialista, pocos avances reales se han producido para mejorar las condiciones de trabajo y de vida para estas personas.

En el inicio de la presente legislatura Ciudadanos y PP pactaron una doble iniciativa relacionada con los trabajadores autónomos: una ley de medidas urgentes y una subcomisión parlamentaria de estudio. No obstante, y más allá de toda la propaganda habitual, el resultado tiene visos de ser un fiasco.

Primero por el orden curioso con que han decidido afrontar el trabajo. Este será el primer proceso legislativo en el que primero se hace la ley y después se abre una comisión de estudio y propuesta. ¿Por qué lo hacen así? Para incluir en la ley las medidas fáciles y baratas, derivando las difíciles y costosas al estudio sin mayores consecuencias. La segunda frustración tiene que ver con el contenido, porque la propuesta a discutir solo contiene seis artículos de alcance menor. Y porque la mayor parte de los compromisos suscritos por Ciudadanos con PP y con PSOE han sido vetados por el grupo que apoya al Gobierno.

En consecuencia, el proyecto en tramitación habla de la modulación de recargos por ingresos fuera de plazo en la Seguridad Social, por poner un ejemplo ilustrativo, pero obvia las soluciones a todos los grandes problemas que de verdad sufren los trabajadores autónomos. No hay ni rastro de ayudas a la financiación. Nada sobre cómo afrontar la morosidad excesiva, en lo público y en lo privado. Nada sobre la mejora de la fiscalidad que se demanda vivamente. Nada sobre el fraude creciente de los falsos autónomos explotados. Muy poco sobre la equiparación de prestaciones sociales con el régimen general de la Seguridad Social, en cese de actividad, en accidentes de trabajo, en formación profesional.

Y ahí es donde están los auténticos desafíos. Los autónomos no necesitan más ánimo o más alabanza a su valentía y su esfuerzo. Lo que necesitan son ayudas para financiar sus proyectos, y reglas claras para que les paguen las facturas pendientes, y facilidades para optar a los concursos públicos en igualdad de condiciones con las grandes empresas, y trámites administrativos más simples,  y una legislación que no les empobrezca cuando caen enfermos o han de jubilarse…

Nuestro propósito será el de atender estos retos auténticos durante la tramitación de la ley. Menos jabón y más solución.

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Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

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