LA SOCIALDEMOCRACIA ES HOY LA CENTRALIDAD EN EUROPA

Vivimos un momento socialdemócrata en la política europea.

Igual que hubo momento neoliberal con Thatcher y compañía a finales del siglo XX, y hubo momento “austeridad” en la respuesta a la crisis financiera de 2008, hoy contamos con un escenario equiparable a aquel gran consenso keynesiano que alumbró la Europa de los derechos y el bienestar en la segunda posguerra mundial.

Los gobiernos más estables, los más eficaces en sus respuestas a la crisis vigente, y los que están marcando claramente la senda a seguir, son los gobiernos socialdemócratas.

Se ha configurado un eje de liderazgo socialdemócrata que va desde el sur hispano-portugués hasta el centro germano-danés, y que llega bien al este con la referencia finesa y eslovena.

Este eje que conforma la centralidad para las grandes decisiones políticas y económicas contrasta con la situación del espacio de la derecha europea, profundamente dividido entre conservadores europeístas, neoliberales irredentos y ultras populistas.

Italia no logra digerir el revoltijo social-cristiano, neofascista y xenófobo que votó en las últimas elecciones, y aún carece de gobierno. La Francia de Macron deambula entre la ortodoxia liberal-nuclear y los guiños progresistas. Polacos y húngaros se regodean en su antieuropeismo. Y el nuevo gobierno sueco nace con las hipotecas más oscuras.

Por su parte, el Reino Unido post-brexit, dibujado a golpe de mentiras e improvisaciones por el partido conservador, ha convertido su vida política en un auténtico vodevil. Y todo parece indicar que el ascenso al poder de los laboristas solo es cuestión de tiempo.

Las políticas de la centralidad son las políticas del refuerzo al papel del Estado como regulador, como protector y como redistribuidor, frente a las políticas que impusieron el retraimiento de lo público en la gestión de la crisis financiera.

Las políticas de la centralidad son las políticas que ordenan el mercado para evitar, limitar y compensar sus efectos indeseados e injustos. Incidiendo en la oferta, incidiendo en la demanda, e incidiendo en los precios, porque los europeos ya hemos aprendido que aquella mano invisible en la que confían los neoliberales siempre abofetea las mismas mejillas.

Las políticas de la centralidad son las políticas que gestionan las crisis coyunturales, como la pandemia y la guerra energética de Putin, sin perder de vista los desafíos estratégicos, como el fortalecimiento de la ciencia, la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica.

Las políticas de centralidad son las políticas que cimientan las estructuras de la Unión Europea para la acción colectiva, porque ha sido la acción europea concertada de las vacunas la que ha salvado millones de vidas, y porque está siendo la acción europea concertada de los fondos Next Generation y la regulación energética la que nos está protegiendo de las embestidas del autócrata ruso.

¿Y cuáles son las políticas descentradas hoy en Europa? Las contrarias: las políticas que apuestan por el debilitamiento de lo público, las que proclaman bajadas generalizadas de impuestos, las que buscan renacionalizar las decisiones frente a “los burócratas de Bruselas”, las que hablan del “timo ibérico” en lugar de gobernar los mercados energéticos, las que generan inestabilidad cuando necesitamos estabilidad…

Es decir, las políticas más alejadas de la centralidad europea hoy son precisamente las políticas que abraza el Partido Popular de Feijóo.

La derecha española está perdiendo una gran oportunidad, otra vez, para demostrar algo de patriotismo y responsabilidad en un momento crítico para nuestro país y para el conjunto de Europa.

Precisamente cuando el gobierno de España hace todo lo posible para preservar el interés del país, en un entorno sumamente complejo, liderando algunas de las iniciativas más interesantes y reconocidas a nivel internacional, la derecha española insiste en la estrategia del catastrofismo y el descrédito de nuestras instituciones, aquí y en Bruselas.

Nadie entiende a la derecha española en Europa. Ya ocurrió hace años en el referéndum sobre la OTAN, cuando sorprendió a todos pidiendo la abstención. Volvió a ocurrir con el alineamiento de Aznar en la guerra ilegal de Irak. Ahora, cuando toda Europa quiere generalizar “la excepción ibérica”, el PP la descalifica como un timo.

Los más inteligentes aprovechan el momento socialdemócrata para apuntarse a la nueva centralidad…

188 VOTOS RESPONSABLES Y 26 MILLONES DE INFAMIAS

Todo el mundo ha entendido el alcance de la votación de los Presupuestos para 2021 en el Congreso.

Los que se han alegrado y los que se han enfadado saben que en esa votación se aprobaron unas cuentas imprescindibles y, a la vez, se garantizó la viabilidad y la continuidad del Gobierno progresista.

Los 188 diputados y diputadas que votamos esos Presupuestos somos conscientes de que hemos proporcionado recursos preciosos al Estado para afrontar la crisis de nuestras vidas y que, al mismo tiempo, hemos asegurado estabilidad al Gobierno de España para toda la legislatura.

Los 150 diputados y diputadas que votaron contra los Presupuestos han quedado igualmente en evidencia ante la sociedad española, en su caso por anteponer intereses políticos y electorales bastardos sobre los intereses generales del país, en el contexto más crítico de nuestra historia reciente.

En consecuencia, debemos celebrar el éxito de la tramitación presupuestaria en el Congreso, fruto, además, de la negociación y del acuerdo entre 11 fuerzas políticas. Son fuerzas políticas distintas y sin embargo unidas en la responsabilidad de proporcionar a la sociedad las herramientas necesarias para vencer al virus, recuperar la economía y proteger a los más vulnerables.

En esto consiste el trabajo parlamentario. Esto es la Política, con mayúscula. Dialogar, entenderse, acordar entre diferentes, para afrontar los retos colectivos y conquistar un futuro mejor para todos y todas.

La ofensiva de las derechas ha sido brutal contra este trabajo de entendimiento y de acuerdo entre diferentes. Pero no ha sido fundamentalmente una ofensiva contra un proyecto de Presupuestos, o contra un Gobierno progresista. Ha sido una ofensiva brutal contra el interés de la sociedad española, en un momento extraordinariamente delicado.

VOX decidió declararse en huelga parlamentaria, no participar en el trabajo de enmiendas presupuestarias y convertir a sus 52 diputados y diputadas en videoaficionados. Aún estamos esperando a que renuncien al salario percibido durante estos meses, que los demás hemos dedicado a atender nuestras responsabilidades.

El PP ha acudido al argumentario gastado y falaz de ETA, el ogro comunista, la supuesta descomposición de España y la amenaza bolivariana.

Ciudadanos ha hablado de Puigdemont, Junqueras y Otegi.

En ningún momento han tratado de explicar qué parte del contenido de estos Presupuestos resulta tan negativo como para justificar su rechazo.

La hipocresía de las derechas ha llegado al límite de criticar los acuerdos del Grupo Socialista con los independentistas catalanes y vascos, al mismo tiempo que los propios Grupos de PP, Vox y Ciudadanos votaban cientos de enmiendas de ERC, JxC, PDCat y Bildu.

En tribuna despotricaban contra los acuerdos de PSOE y UP para transaccionar media docena de enmiendas con ERC y Bildu, mientras sus señorías de PP votaban 593 enmiendas firmadas por Rufian, Borrás y Bel, y al tiempo que los diputados de Cs respaldaban esas 593, más otras 11 de los separatistas vascos.

Cuando socialistas y comunistas acordamos enmiendas presupuestarias con los independentistas, cruzamos la frontera de la inmoralidad, según las derechas. Cuando ellos votan las enmiendas independentistas, lo hacen pensando en España, al parecer. Así de ridículo.

Las contradicciones en el discurso de las derechas han llegado al extremo de mostrar carteles en el Pleno reivindicando el régimen de 1978 y la Constitución Española, al tiempo que Vox y Ciudadanos votaban para tumbar las secciones presupuestarias que financian la Casa Real. Por cierto, tanto ERC como Bildu votaron responsablemente a favor.

La estrategia emprendida por las derechas políticas y mediáticas para responder a este éxito presupuestario del Gobierno resulta muy peligrosa. Jugar a la deslegitimación falaz del Gobierno conduce a la desestabilización de nuestro sistema democrático.

El PP pone en cuestión nuestro Estado de Derecho ante los socios europeos. Vox reivindica los gobiernos de la dictadura. Casado bloquea la renovación de los órganos constitucionales. Abascal instiga el vandalismo contra los monumentos públicos. Los populares hablan de presupuestos “manchados de sangre”. Los ultras acusan al Gobierno de genocidio….

PP y Vox deslegitiman al Gobierno y sus seguidores toman nota. Ahí están esos antiguos mandos militares, nostálgicos del franquismo, llamando a vieja tradición de pronunciamientos, golpes y asonadas. Ya se atreven a hablar sobre el fusilamiento de 26 millones de españoles.

Un juego muy peligroso.

Porque les duele el auténtico alcance de la votación que tuvo lugar el día 3 de diciembre en el Congreso de los Diputados.

 Y es que la mayoría de los españoles y españolas, legítimamente representados en el Parlamento, han decidido que hay Presupuesto, que hay Gobierno, que hay Legislatura y que, por tanto, hay futuro, un futuro de progreso.

LA EUROPA DE SÁNCHEZ Y LA EUROPA DE RUTTE

Formalmente, el Consejo Europeo de los días 17 a 20 de Julio ha sido un Consejo más. No se ha celebrado ningún acto solemne, ni se ha firmado un documento de carácter histórico, al modo de los fundacionales de la Unión. Sin embargo, esta reunión formalmente rutinaria ha supuesto de facto un trascendental punto de inflexión en el proceso de integración europea.

Además, en esta ocasión, los debates y las decisiones adoptadas en las instituciones comunitarias no han llegado al conjunto de la ciudadanía como algo abstruso y lejano a nuestro día a día, sino como discusiones y resoluciones decisivas para el empleo, para la sanidad, para la educación, para el futuro de nuestros jóvenes…

En estas maratonianas reuniones del fin de semana se han contrapuesto dos grandes modelos sobre el porvenir de las instituciones europeas.

Lo que podríamos llamar la Europa de Rutte, por el gobernante holandés que se erigió en portavoz de los llamados países “frugales”, limita el compromiso común al mantenimiento de un mercado interior abierto, sin criterio ni estrategias compartidas respecto de las desigualdades e injusticias que genere, por ejemplo, entre el norte y el sur, entre el oeste y el este, o entre los ganadores y los perdedores que resulten de cada crisis en cada país.

Por contra, lo que podríamos llamar la Europa de Sánchez, por el Presidente español, apuesta por un continente integrado y justo, en línea con el proyecto federal que figuraba en los sueños del europeísmo más ambicioso y primigenio. Frente a la Europa que se circunscribe a facilitar a los países industrializados la venta de sus lavadoras, y a permitir sin apenas restricciones la deslealtad fiscal de algunos “socios”, está la Europa que aspira a formar instituciones comunes para un pueblo común y unos principios comunes, fundamentados en los valores ilustrados de la igualdad, la libertad y la fraternidad.

La Europa de Sánchez se ha impuesto sobre la Europa de Rutte, por fortuna para los españoles, para los europeos más afectados por la pandemia y, en realidad, para la propia supervivencia del proyecto europeo. Un nuevo paso atrás, en el sentido que marcaban los también llamados gobiernos “tacaños”, hubiera dado definitivamente alas al europescepticismo y al populismo más anti-europeo, no solo en el voto, sino también en la conciencia y en el corazón de muchos europeístas.

Pueden contarse hasta siete razones, al menos, para constatar el formidable paso adelante que ha dado Europa durante este fin de semana.

Por vez primera, un problema que ha afectado a unos países más que a otros, ha sido considerado como un problema común, que requiere de respuestas comunes y que ha de emplear recursos comunes en su resolución. Parece poca cosa, pero resulta una novedad en toda regla sobre el transcurrir reciente de las instituciones europeas.

A diferencia de la respuesta que Europa planteó ante la crisis financiera de 2008, en esta ocasión no se ha apostado por medidas procíclicas de austeridad y ajuste fiscal, sino por políticas anticíclicas, de expansión del gasto, puramente keynesianas y socialdemócratas. Si en 2008 la estrategia estaba pensada para beneficio de los países más ricos, ahora las decisiones responden en mayor medida al interés común.

La dimensión de los recursos en juego adopta también, por vez primera, una escala europea. 750.000 millones de euros es una cantidad que evidencia una voluntad real para afrontar las consecuencias de la COVID-19, más allá de simulaciones, escenificaciones y postureos.

Los recursos se movilizan mayoritariamente en forma de transferencias y no créditos, a diferencia de otras ocasiones. Esos recursos se activan mediante deuda mutualizada contra el presupuesto europeo común, en una decisión histórica, medular y largamente reivindicada por los auténticos creyentes en la Europa federal.

Las ayudas se prestan sin condicionalidad sobre déficit y deuda, es decir, sin la contrapartida de los recortes sociales y sin la vigilancia de los “hombres de negro”, que tanto daño hizo antaño al proyecto europeo y tanto coste ocasionó sobre las condiciones de vida de millones de europeos del sur.

Las instituciones europeas, no obstante, estarán vigilantes para que los recursos comunes se empleen debidamente, en planes de inversiones orientados a la reactivación económica, la generación de empleo digno, la modernización del aparato productivo, la transición ecológica justa, la transformación digital… Pero esa supervisión funcionará mediante mayorías cualificadas y no a través de las viejas unanimidades, que otorgaban un irregular poder de veto a algunos gobiernos con intenciones no siempre loables.

En definitiva, el último Consejo Europeo se ha saldado con un éxito indudable para el interés de los españoles, y con un gran paso adelante para la vigencia y la fortaleza del proyecto ilusionante de la Europa común.

A lamentar tan solo las caras largas de la derecha española, cuyos dirigentes se equivocaron primero al obstaculizar las negociaciones del Gobierno de Pedro Sánchez, y vuelven a errar ahora lamentando unos acuerdos que todos los españoles valoran con acierto en lo mucho que importan para nuestro futuro.

¿MONARQUÍA?¿INDEPENDENCIA?¿Y SI DEBATIMOS SOBRE LO IMPORTANTE?

Estamos ante la encrucijada política más trascendente de esta generación. La pandemia ha convertido en dramáticos e inaplazables algunos de los grandes retos colectivos, como la fortaleza de los sistemas sanitarios, la actualización del capitalismo global, la lucha contra las desigualdades, o la naturaleza del proyecto europeo.

Estos son los grandes debates del tiempo presente. Serán debates que trascenderán las fronteras territoriales e ideológicas. Y de sus conclusiones dependerá el futuro de gran parte de la Humanidad, también de los españoles.

Por eso se entiende poco el empeño de algunos por reemprender ahora los debates que protagonizaban el escenario político pre-Covid. ¿La vigencia de la monarquía como forma de Estado? ¿La autodeterminación y la independencia en un mundo cada día más interdependiente? ¿Quién tiene la bandera más grande? ¿La “amenaza comunista” en el siglo XXI? ¿Gibraltar español?

¿De verdad vamos a perder tiempo y energías en polémicas interminables y estériles que nos sitúan a años luz de las grandes decisiones sobre las que el resto del mundo está edificando el futuro de todos? ¿Por qué no empleamos nuestras probadas capacidades para el análisis incisivo y la propuesta creativa en algo más productivo que zaherir al vecino con las viejas controversias arrastradas desde el siglo pasado? 

¿Y si los españoles decidimos de una vez poner el reloj en hora?

Ya vivimos a contrapié buena parte del siglo XX. Llegamos tarde a la industrialización, a la democracia, a la universalización de la enseñanza, a la integración europea, a la modernización de la economía… ¿También ahora vamos a entretenernos en porfías anacrónicas mientras otros construyen la era post-Covid?

¿Alguien se imagina a los alemanes discutiendo ahora sobre la duración del mandato de su Jefe de Estado o sobre la independencia de Baviera? No. Están pensando en otras cosas. Piensan en cómo mantener y mejorar su liderazgo económico, la resiliencia de su aparato productivo, su envidiable Estado de Bienestar, su papel en una Europa por definir, su influencia en un planeta multipolar… ¿Y nosotros con los borbones sí o borbones no? ¿En si mi bandera es más roja que la tuya?

Los sistemas sanitarios no están preparados para protegernos de una nueva pandemia como la sufrida durante los últimos meses. Seamos realistas. La economía global está varada, y carece de la regulación que ha de impedir crisis periódicas, sistémicas y devastadoras como las vividas antes, durante y, nos tememos, después del desastre Covid.

Están por definir y levantar los escudos sociales que protejan a la población más vulnerable de la amenaza del paro, la pobreza y la desigualdad. Y el proyecto europeo es, aún hoy, una página en blanco en la que unos quieren dibujar un simple mercado abierto y otros pretendemos rellenar con un gran proyecto de unidad, solidaridad, progreso, civilización y derechos de ciudadanía.

Los grandes avances sociales llegarán de la mano de grandes objetivos y grandes constructos políticos como la igualdad real entre hombres y mujeres, la transición ecológica justa, la transformación digital, la universalización equitativa de la educación, el reparto del trabajo, las rentas de ciudadanía… Ahí están los grandes temas de este tiempo.

Si un ciudadano o una ciudadana, haya sido rey o no, ha cometido delitos, que la justicia le investigue, le juzgue y le condene, como a todos los demás, desde luego, independientemente de cuál haya sido su estatus, su historia y su contribución a la democracia. Es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Pero de ahí a abrir un debate nacional sobre la revisión del pacto constitucional hay un trecho que puede resultar tan inoportuno como intrascendente.

Y recuperar la dialéctica soberanista, cuando la crisis de la Covid ha demostrado cuan irrelevantes son las fronteras a la hora de la verdad, y cuan dependientes somos en realidad unos de otros, puede convertir a los políticos en auténticos extraterrestres a los ojos de millones de ciudadanos preocupados por su salud, su familia, su empleo, su salario, su alquiler, su futuro…

Démosle una vuelta a las prioridades de la política española durante las próximas semanas estivales, e inauguremos el nuevo curso con la mayor coherencia posible entre nuestros debates y los auténticos retos a los que se enfrentan aquellos a los que hemos de representar y servir.

ES MÁS QUE UN NO A CALVIÑO

Habrá quienes se empeñen en hacer ver la elección del presidente del Eurogrupo como un revés para el Gobierno de España, o como un demérito para el perfil político y profesional de Nadia Calviño. Sin embargo, esta votación ajustadísima entre los ministros económicos de la UE refleja algo más profundo e inquietante: el predominio persistente de las opciones contrarias a la construcción de una Europa más solidaria, más democrática y, por tanto, más fuerte.

Calviño era la favorita para ocupar ese puesto, y lo era por su reconocida trayectoria personal en las instituciones de la Unión; por el apoyo explícito de las principales economías y los países más poblados del euro; por el respaldo transversal recibido, tanto en lo territorial como en lo ideológico; y por las claves no escritas para mantener los equilibrios en el mapa institucional de la Unión, tras haber recaído la presidencia de la Comisión en una figura conservadora y norteña.

La alianza de gobiernos que ha frustrado la esperada elección de Calviño responde a un interés tan claro como preocupante. ¿Qué ha unido a estos gobiernos? Su discrepancia con la armonización fiscal que España y otros países reclaman en la Unión. Su oposición a la legítima lucha de buena parte de Europa para acabar con las prácticas desleales del dumping fiscal, y con las prácticas directamente fraudulentas de los paraísos fiscales de facto. Y su rechazo a las figuras fiscales que han de gravar los beneficios de las multinacionales digitales y las transacciones financieras especulativas.

No son cuestiones menores. Es más, se trata de las cuestiones clave que hoy trazan la línea que distingue a los partidarios de Europa como espacio de progreso y solidaridad, respecto a los partidarios de Europa como espacio para el libre mercado y la competencia desregulada.

La primera acepción de Europa no solo es la más justa. Es la única viable. Si aquellos que obtuvieron ayer una victoria pírrica en el Eurogrupo, siguen marcando el paso de la construcción europea y continúan obstaculizando la integración solidaria, las corrientes eurofóbicas crecerán hasta hacerse imparables.

Pero el principio de la solidaridad no fue el único frustrado en la elección del presidente del Eurogrupo. El principio democrático también fue vulnerado, puesto que los gobiernos que representaban a la inmensa mayoría de la población europea fueron doblegados por los gobiernos contrarios a la armonización fiscal, mucho menos representativos en términos de población con derecho a voto.

Merece la pena analizar también el comportamiento del Partido Popular europeo en esta elección. A pesar del apoyo expresado por Merkel y del respaldo oficial, y en voz baja, de los populares españoles, la realidad es que el grueso de los partidos conservadores de Europa ha apostado por la opción irlandesa. Quizás hayan tenido algo que ver también los continuos reproches del partido de Casado en Europa al Gobierno de su propio país. La dirigencia del PP debiera reflexionar sobre ello.

La reacción de la propia ministra Calviño y del Gobierno español ha sido positiva. Se ha aceptado la elección de Donohoe con deportividad y se ha comprometido colaboración absoluta. Es lo que hay que hacer.

La siguiente batalla europea será decisiva. La definición y el reparto de los fondos para la reconstrucción social y económica servirán para establecer definitivamente el rumbo de esta Europa que muchos, pero no todos, queremos próspera, solidaria, justa y democrática. Y esa batalla hay que ganarla de la mano del liderazgo del presidente Sánchez.

EL ACUERDO SOLO PERJUDICA A LOS ULTRAS

En un escenario de crisis grave y riesgos de gran envergadura conviene cerrar filas. ¿En torno a quién o a qué? En torno al interés general. Es de sentido común.

Las amenazas que se ciernen sobre nuestro futuro más inmediato son extraordinarias. La pandemia no ha desaparecido, y el riesgo de los rebrotes es tan cierto como lo están experimentando en China y en Alemania, por ejemplo.

Para frenar al virus hemos tenido que parar la economía como nunca antes se hizo. Hemos tenido que enviar a millones de trabajadores a los ERTES. Aún sostenemos con fondos públicos la nómina de buena parte de los empleados por cuenta ajena y por cuenta propia…

Para salir de ésta con vida, y no digamos con cierto éxito, habremos de adoptar decisiones de gran alcance, movilizando voluntades y recursos como jamás antes hicimos.

Todo ello en el contexto de un Estado complejo, de un espectro político muy fragmentado y de una sociedad polarizada en exceso.

Necesitamos de grandes acuerdos para establecer las bases sobre las que afrontar amenazas y reconstruir el futuro. Y esos acuerdos han de ser amplios y transversales, sumando a las instituciones diversas, sumando a las fuerzas políticas distintas, y sumando a las instancias sociales diferentes.

Dicho de otra manera: la división añadirá más dificultades a las que ya nos arroja la crisis. Divididos y enfrentados entre gobiernos, entre partidos y entre ciudadanos, estaremos en peores condiciones para salir de ésta.

Los socios europeos, los agentes económicos, los interlocutores sociales, la ciudadanía en general, valorarán un país unido en lo fundamental, y castigarán a un país dividido en el momento más trascendental de su historia reciente.

Esto no quiere decir que debamos renunciar a nuestras ideas diversas y a nuestras identidades políticas diferentes. Ni mucho menos. No se trata tampoco de negar legitimidad o capacidad a la oposición democrática, absolutamente imprescindible.

Se trata de asentar unos cuantos consensos básicos sobre temas fundamentales para enfrentar la crisis y lo peor de sus consecuencias: qué hacer para fortalecer nuestro sistema nacional de salud ante el riesgo de las pandemias; qué pasos dar para resucitar nuestra economía y nuestro empleo con cierta solidez; qué recursos movilizar para que nadie quede atrás, en la cuneta de la exclusión social; y cómo fijar una posición común para obtener las ayudas que necesitamos de la Unión Europea.

Y a partir de estas bases comunes, que nos fortalezcan como país ante los retos del futuro, que cada cual mantengan sus propias ideas, sus propio modelo de sociedad y su propia agenda política. La diversidad constituye la esencia de la democracia.

¿A quiénes perjudica el acuerdo en torno a las bases para la reconstrucción del país? Solo a los ultras, a aquellos que buscan obtener beneficio político de la división, a costa del interés general.

La derecha española parece vivir en estos días ante el dilema de seguir el ejemplo de las formaciones conservadoras europeas que cierran filas ante el interés general, o seguir transitando el camino de la confrontación y la desestabilización que marca la ultraderecha.

Ojalá acierten en sus decisiones. Su propio futuro y el de todos depende en buena medida de cómo salgan de esta encrucijada.

Desde el Gobierno de España y los grupos políticos que le apoyan en el Parlamento estamos dispuestos y listos para sumar fuerzas y atender unidos las urgencias del interés general. Ya habrá tiempo para las distinciones y la sana confrontación electoral.

AGENDAS REALES Y FICTICIAS

La disociación entre la agenda de preocupaciones de los actores políticos y la agenda de preocupaciones de la ciudadanía forma parte de los tópicos habituales en la crítica al funcionamiento de las instituciones públicas. En el comienzo de esta legislatura, no obstante, esta disociación está adquiriendo carácter exagerado, incluso grotesco.

La derecha política y mediática se empeña en colocar en primer término de la actualidad política el supuesto escándalo protagonizado por el ministro de Transportes al saludar en el aeropuerto de Barajas a una mandataria extranjera en tránsito. Se han dedicado tertulias enteras y portadas varias a elucubrar sobre si el saludo fue en el avión, en su escalerilla o en la zona VIP de la terminal, sobre si duró cinco, diez o veinte minutos…

Esa misma derecha ha logrado que los medios de comunicación hablaran y escribieran profusamente sobre los procedimientos drásticos a establecer para evitar un supuesto adoctrinamiento ideológico de los escolares españoles, cuya existencia niegan los propios gestores derechistas de la educación pública.

También se emplean grandes titulares acerca de las idas y venidas sobre los días y las horas en los que podrán tener lugar los próximos encuentros previstos entre el gobierno de España y el gobierno catalán. Las informaciones ni tan siquiera se centran ya en los contenidos de tales encuentros, sino en los cambios que se producen respecto a las agendas de unos y otros.

Podemos imaginar cuan extraños y lejanos resultan estos debates mediáticos para la gran mayoría de los españoles y las españolas, que han de afrontar cada día problemas y desafíos acuciantes en relación a sus puestos de trabajo, sus salarios, sus pensiones, sus viviendas, los estragos climáticos, etc.

En sus primeros diez días de gestión, el gobierno de España ha adoptado decisiones muy relevantes para esa agenda real: la actualización de las pensiones, el acuerdo para elevar el salario mínimo, la subida de salario de los trabajadores públicos, la declaración de emergencia climática, las ayudas a los afectados por los temporales… Incluso se ha dado a conocer públicamente una sentencia del Tribunal Constitucional que respalda las decisiones del gobierno en materia de alquileres.

En este tiempo, además, el gobierno y los grupos que lo sustentan, han anunciado medidas importantes para promulgar una nueva ley educativa, una nueva legislación contra el cambio climático, el cambio en el código penal para proteger la libertad sexual de la mujer, la derogación de la reforma laboral, el impulso al Pacto de Toledo sobre pensiones…

Sin embargo, hay una decisión evidente, y ridícula, para tratar de esconder todos estos asuntos que forman parte de la agenda real de preocupaciones de la ciudadanía española.

La disociación entre aquella agenda ficticia y esta agenda real responde a la estrategia de las derechas y sus operadores mediáticos de generar un falso clima de crispación y desgobierno coincidente con los primeros pasos del gobierno de coalición progresista.

No consiguen su propósito de opacar la gestión del Gobierno, desde luego, pero sí contribuyen con sus ruidos a crispar y deteriorar la convivencia.

LA LEGISLATURA DEL DERECHO A LA VIVIENDA

La gran mayoría de los analistas que han tratado sobre el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centraron su atención tan solo en los datos relativos a la intención de voto. Sin embargo, el informe del CIS ofrece resultados de gran interés social y político en torno a la problemática de la vivienda en España.

El acceso a la vivienda forma parte de los siete problemas más graves del país, según opina la población española en general. Entre los jóvenes de 25 a 34 años constituye, además, el primer problema tras el paro y la precariedad laboral.

De hecho, la dificultad para acceder a una vivienda digna se encuentra en la raíz de otras graves problemáticas que afectan a nuestra juventud, y que han sido objeto de tratamiento científico durante los últimos tiempos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el último informe FOESSA sobre la creciente exclusión social entre los jóvenes, así como en los recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística acerca del retraso paulatino en la emancipación, la nupcialidad y la paternidad/maternidad de la juventud española.

La problemática juvenil en relación a la vivienda tiene consecuencias que van más allá, incluso, de las graves limitaciones económicas, de la precariedad social lastimosa o de la muy preocupante evolución de la pirámide demográfica en España. La imposibilidad práctica de acceder a una vivienda digna, y la consiguiente dificultad extrema para iniciar una vida autónoma, están conduciendo inexorablemente a muchos jóvenes a la desafección hacia el propio sistema político democrático.

En consecuencia, el conjunto de las instituciones públicas -desde los partidos hasta las organizaciones empresariales y sindicales, desde el Gobierno nacional hasta el Parlamento, pasando por autonomías y ayuntamientos-, debieran implicarse en un gran acuerdo social y político para mejorar el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna. Este acuerdo ha de implicar iniciativa política, legislación adecuada y recursos suficientes para lograr efectos positivos a corto plazo. La legislatura que comienza debiera ser la legislatura del derecho a la vivienda.

Los datos de CIS son concluyentes: el 90,2% de la población española -que se eleva al 93,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años, y al 94,3% entre los que suman entre 25 y 34 años-, opinan que la vivienda es un derecho de la ciudadanía a proteger de manera activa por el Gobierno.

El propio estudio avanza las soluciones que cuentan con mayor respaldo social: la construcción de un parque público de viviendas en alquiler; la disposición de créditos públicos ventajosos para la compra de vivienda; la limitación de los precios de los alquileres; las ayudas públicas directas para los inquilinos de viviendas en alquiler; el establecimiento de ventajas fiscales para esos mismos inquilinos…

En una de sus últimas medidas antes de disolver las Cortes, el Gobierno socialista logró aprobar un decreto ley que promovía medidas muy interesantes, como la ampliación de los periodos de vigencia en los contratos de alquiler y la limitación de las fianzas impuestas por los arrendadores.  Sin embargo, afrontar esta grave problemática con auténtica ambición exigirá de medidas añadidas, que han de implicar necesariamente a otras administraciones.

El imprescindible acuerdo nacional para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda requerirá de la habilitación de suelo público para construir vivienda social, así como del concurso de las administraciones municipales y autonómicas para modificar en este sentido los planeamientos urbanísticos. Será necesaria la complicidad de parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y administraciones municipales para adaptar leyes, ordenanzas y presupuestos a este fin. Habremos de priorizar las políticas de vivienda en los presupuestos generales del Estado para los próximos ejercicios…

La resolución de este problema está muy relacionada con la solución debida para otras dificultades tan o más relevantes, como los niveles insoportables de desempleo juvenil, la precariedad de los contratos laborales de los jóvenes, la alta temporalidad, los salarios insuficientes…

Y tendremos que enfrentarnos con determinación a los poderes económicos que aún hacen de la especulación urbanística y del mercado libre de la vivienda una veta formidable de negocio, en demasiadas ocasiones a costa del bienestar y los legítimos proyectos vitales de millones de jóvenes.

Si queremos que los jóvenes sientan respeto, apego y complicidad con el sistema socioeconómico y político que les ofrecemos, hemos de atender a su llamada de auxilio en relación a la vivienda. Tal llamada está al alcance de los ojos y los oídos de todos los que se aproximen al último estudio del CIS con ánimo de ir más allá de los atractivos datos de intención de voto.

Una razón más que constituir el Gobierno que han votado los españoles. Cuanto antes.

CON EL PSOE, LA ECONOMÍA CRECE MÁS Y MEJOR

En su afán por desacreditar al Gobierno, las derechas de PP y Ciudadanos practican un discurso económico plagado de malos augurios infundados, de tergiversaciones zafias, cuando no de falsedades manifiestas.

La realidad del balance de la economía española bajo el Gobierno de Pedro Sánchez es, sin embargo, muy positiva: crece la economía, crece el empleo, aumentan los salarios, aumentan las pensiones, a la vez que disminuyen tanto el déficit como la deuda pública, y se animan los mercados. Esta es la verdad.

El crecimiento interanual del PIB español en el primer trimestre de  2019 se situará en torno al 2,3%, de acuerdo con la reciente actualización del INE y con las estimaciones de la EIREF. Según la OCDE y el Banco Central Europeo, España crecerá este año 2019 el doble que el conjunto de los países de la zona euro: el 2,2% frente al 1,1%. El BBVA eleva la estimación al 2,5%, incluso.

Se trata, por otra parte, de un crecimiento de mejor calidad, por cuanto va acompañado de medidas redistribuidas de amplio calado -como la elevación del salario mínimo en un 22% y la subida de las pensiones por encima del IPC-, y de reformas estructurales que estimulan la innovación y la transición ecológica.

Pese a todas las mentiras que vierte la derecha, la realidad es que el empleo ha mejorado también de manera muy significativa con la gestión del Gobierno socialista. Los datos de la evolución de la Encuesta de Población Activa (EPA), que son los datos más rigurosos y contrastables, lo demuestran fehacientemente.

En diciembre de 2018, últimos datos publicados, la creación anual de empleo alcanzó el récord de los últimos doce años: 566.000 nuevos ocupados. La creación de puestos de trabajo fue más acelerada durante el segundo semestre de 2018 (con gobierno PSOE) que en el segundo semestre de 2017 (con gobierno PP): 220.500 nuevos empleos frente a 185.100. Para este año 2019 se prevé la creación de 330.000 nuevos empleos, al menos.

Además, las actuaciones del Gobierno socialista contra el fraude y la explotación laboral han transformado centenares de miles de empleos temporales y precarios en empleos estables y dignos.

El déficit público en el ejercicio 2018 se redujo del 3,1% hasta el 2,6%, una décima mejor de lo comprometido con Bruselas. Y para este año 2019, la Comisión Europea estima que el déficit en España seguirá reduciéndose y quedará por debajo del francés y del italiano. De hecho, se espera que durante las próximas semanas Eurostat confirme formalmente que nuestro país ha salido del procedimiento correctivo de la UE, al establecer su déficit por debajo del umbral del 3% del PIB por vez primera desde el inicio de la crisis.

España cumplió en el año 2018 el objetivo europeo para la deuda pública, establecido en el 97,6% sobre el PIB. En realidad, la deuda pública se redujo hasta el 97,2% del producto interior bruto, un punto menos que el año anterior.

Por otra parte, la economía española hubiera presentado mejores cifras aún en materia de crecimiento, empleo, déficit y deuda, si las derechas no hubieran sumado sus votos a los independentistas en el Congreso de los Diputados para tumbar la nueva senda de déficit y el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

A todo esto, la prima de riesgo española se mantiene estable en torno a los 100 o 110 puntos, por debajo de la media lograda por el Gobierno Rajoy (120 puntos); el IBEX 35 ha arrancado con fuerza en este año 2019; la demanda de bonos del Tesoro español alcanza récords históricos; y la inversión extranjera en España aumentó desde los 6.700 millones de euros en 2017 hasta los 38.200 en 2018.

¿La economía? ¿Con el PSOE? Más y mejor.

CASADO RECORTA DESDE LA OPOSICIÓN

A juzgar por las primeras decisiones de calado adoptadas por el nuevo presidente del Partido Popular, los cambios que pueden esperarse en esta formación tras el congreso del 20 y 21 de julio se limitan al nombre de algunos de sus dirigentes y poco más. Pablo Casado ya ha anunciado el bloqueo de su grupo parlamentario a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que propone el Gobierno de España. En consecuencia, si Rajoy recortaba en educación y en sanidad desde el Gobierno, ya podemos asegurar que Casado también recorta en educación y en sanidad… desde la oposición.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 que el Gobierno socialista ha acordado con la Comisión Europea supone pasar de un déficit del 1,3% al 1,8% sobre PIB. Se trata de un margen de medio punto sobre PIB, cerca de 6.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de gasto de las administraciones públicas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó la distribución de estos recursos extraordinarios: dos décimas para el gasto de las comunidades autónomas (en torno a 2.500 millones), otras dos décimas para aliviar las cuentas de la Seguridad Social (2.500 millones) y una décima para el presupuesto de la administración central (sobre los 1.000 millones).

Las posiciones de unos y de otros responden a valores ideológicos diferentes y tienen consecuencias muy distintas también. El Gobierno socialista busca hacer compatible el propósito de la estabilidad presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos de bienestar y equidad social. Para ello persigue aumentar tanto los gastos como los ingresos fiscales del Estado, estableciendo, por ejemplo: un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades; una imposición justa para las empresas tecnológicas multinacionales que practican la elusión fiscal; una carga fiscal adecuada para el negocio bancario que ha recibido grandes recursos públicos en su reciente rescate financiero; así como un eficacia mejorada en la lucha contra el fraude fiscal.

Con este aumento equilibrado de gastos y de ingresos se puede comenzar a revertir los graves recortes en políticas sociales impuestos por los gobiernos del PP desde 2012, a la vez que se lograrán nuevas inversiones en investigación, innovación e infraestructuras destinadas a modernizar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar solidez a la economía española, al tiempo que se aporta equidad y justicia a la sociedad en su conjunto. Por eso, el aprovechamiento más importante del nuevo margen fiscal está destinado al gasto autonómico, que es responsable de los servicios públicos en educación, sanidad, empleo, vivienda y lucha contra la marginalidad social.

La posición del PP, como la de Ciudadanos, es igual de clara pero absolutamente contraria. La derecha azul y naranja priorizan la reducción acelerada del déficit, al tiempo que plantean nuevas bajadas de impuestos. Es decir, menos ingresos y aún menos gastos en el Estado. Solo hay una manera de cuadrar estas cuentas: con nuevos recortes sobre el gasto social y el gasto destinado a mejorar el modelo productivo. El modelo liberal del “cuanto menos Estado mejor” y el “sálvese quien pueda pagar” conduce a una economía frágil y a una sociedad desigual e injusta. Paradójicamente, las administraciones más perjudicadas por el veto del PP a la nueva senda de estabilidad presupuestaria son las comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por la propia derecha.

Las razones que llevan a Pablo Casado y al PP a esta posición contraria a la mejora del gasto social y productivo son de naturaleza tanto ideológica como estratégica. Los planteamientos ideológicos ya se han descrito. La estrategia de la derecha tampoco es nueva. Se reitera siempre desde la oposición. Consiste básicamente en aquella frase tan ilustrativa que el exministro Montoro dirigió a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canarias: “Que se hunda España, y ya llegaremos nosotros para salvar lo que se pueda”. Su prioridad es debilitar al Gobierno socialista por cualquier medio, aunque el medio pase por debilitar a la economía, al empleo y a los servicios públicos que atienden a la sociedad española.

La vigente ley de estabilidad presupuestaria otorga a la derecha una capacidad de veto en el Senado contraria a toda lógica. El funcionamiento habitual del poder legislativo prevé para el Senado la condición de cámara de segunda lectura, de tal modo que cualquier enmienda aprobada en la cámara territorial puede ser corregida en el Congreso, que representa la soberanía popular. Sin embargo, una modificación legal decidida unilateralmente por el PP en el año 2012 posibilita que la derecha, con poco más del 30% de los votos obtenidos en las últimas elecciones, imponga su criterio al 70% restante, gracias a su mayoría en el Senado. Parece razonable revisar esta incongruencia.

En conclusión. El primer debate político de alcance que ha tenido oportunidad de protagonizar el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se puede saldar con un nuevo recorte en las políticas de las que depende el bienestar de los españoles más vulnerables. Un comienzo muy significativo.