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Archive for the ‘Economía y Empleo’ Category

La gran mayoría de los analistas que han tratado sobre el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centraron su atención tan solo en los datos relativos a la intención de voto. Sin embargo, el informe del CIS ofrece resultados de gran interés social y político en torno a la problemática de la vivienda en España.

El acceso a la vivienda forma parte de los siete problemas más graves del país, según opina la población española en general. Entre los jóvenes de 25 a 34 años constituye, además, el primer problema tras el paro y la precariedad laboral.

De hecho, la dificultad para acceder a una vivienda digna se encuentra en la raíz de otras graves problemáticas que afectan a nuestra juventud, y que han sido objeto de tratamiento científico durante los últimos tiempos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el último informe FOESSA sobre la creciente exclusión social entre los jóvenes, así como en los recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística acerca del retraso paulatino en la emancipación, la nupcialidad y la paternidad/maternidad de la juventud española.

La problemática juvenil en relación a la vivienda tiene consecuencias que van más allá, incluso, de las graves limitaciones económicas, de la precariedad social lastimosa o de la muy preocupante evolución de la pirámide demográfica en España. La imposibilidad práctica de acceder a una vivienda digna, y la consiguiente dificultad extrema para iniciar una vida autónoma, están conduciendo inexorablemente a muchos jóvenes a la desafección hacia el propio sistema político democrático.

En consecuencia, el conjunto de las instituciones públicas -desde los partidos hasta las organizaciones empresariales y sindicales, desde el Gobierno nacional hasta el Parlamento, pasando por autonomías y ayuntamientos-, debieran implicarse en un gran acuerdo social y político para mejorar el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna. Este acuerdo ha de implicar iniciativa política, legislación adecuada y recursos suficientes para lograr efectos positivos a corto plazo. La legislatura que comienza debiera ser la legislatura del derecho a la vivienda.

Los datos de CIS son concluyentes: el 90,2% de la población española -que se eleva al 93,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años, y al 94,3% entre los que suman entre 25 y 34 años-, opinan que la vivienda es un derecho de la ciudadanía a proteger de manera activa por el Gobierno.

El propio estudio avanza las soluciones que cuentan con mayor respaldo social: la construcción de un parque público de viviendas en alquiler; la disposición de créditos públicos ventajosos para la compra de vivienda; la limitación de los precios de los alquileres; las ayudas públicas directas para los inquilinos de viviendas en alquiler; el establecimiento de ventajas fiscales para esos mismos inquilinos…

En una de sus últimas medidas antes de disolver las Cortes, el Gobierno socialista logró aprobar un decreto ley que promovía medidas muy interesantes, como la ampliación de los periodos de vigencia en los contratos de alquiler y la limitación de las fianzas impuestas por los arrendadores.  Sin embargo, afrontar esta grave problemática con auténtica ambición exigirá de medidas añadidas, que han de implicar necesariamente a otras administraciones.

El imprescindible acuerdo nacional para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda requerirá de la habilitación de suelo público para construir vivienda social, así como del concurso de las administraciones municipales y autonómicas para modificar en este sentido los planeamientos urbanísticos. Será necesaria la complicidad de parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y administraciones municipales para adaptar leyes, ordenanzas y presupuestos a este fin. Habremos de priorizar las políticas de vivienda en los presupuestos generales del Estado para los próximos ejercicios…

La resolución de este problema está muy relacionada con la solución debida para otras dificultades tan o más relevantes, como los niveles insoportables de desempleo juvenil, la precariedad de los contratos laborales de los jóvenes, la alta temporalidad, los salarios insuficientes…

Y tendremos que enfrentarnos con determinación a los poderes económicos que aún hacen de la especulación urbanística y del mercado libre de la vivienda una veta formidable de negocio, en demasiadas ocasiones a costa del bienestar y los legítimos proyectos vitales de millones de jóvenes.

Si queremos que los jóvenes sientan respeto, apego y complicidad con el sistema socioeconómico y político que les ofrecemos, hemos de atender a su llamada de auxilio en relación a la vivienda. Tal llamada está al alcance de los ojos y los oídos de todos los que se aproximen al último estudio del CIS con ánimo de ir más allá de los atractivos datos de intención de voto.

Una razón más que constituir el Gobierno que han votado los españoles. Cuanto antes.

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En su afán por desacreditar al Gobierno, las derechas de PP y Ciudadanos practican un discurso económico plagado de malos augurios infundados, de tergiversaciones zafias, cuando no de falsedades manifiestas.

La realidad del balance de la economía española bajo el Gobierno de Pedro Sánchez es, sin embargo, muy positiva: crece la economía, crece el empleo, aumentan los salarios, aumentan las pensiones, a la vez que disminuyen tanto el déficit como la deuda pública, y se animan los mercados. Esta es la verdad.

El crecimiento interanual del PIB español en el primer trimestre de  2019 se situará en torno al 2,3%, de acuerdo con la reciente actualización del INE y con las estimaciones de la EIREF. Según la OCDE y el Banco Central Europeo, España crecerá este año 2019 el doble que el conjunto de los países de la zona euro: el 2,2% frente al 1,1%. El BBVA eleva la estimación al 2,5%, incluso.

Se trata, por otra parte, de un crecimiento de mejor calidad, por cuanto va acompañado de medidas redistribuidas de amplio calado -como la elevación del salario mínimo en un 22% y la subida de las pensiones por encima del IPC-, y de reformas estructurales que estimulan la innovación y la transición ecológica.

Pese a todas las mentiras que vierte la derecha, la realidad es que el empleo ha mejorado también de manera muy significativa con la gestión del Gobierno socialista. Los datos de la evolución de la Encuesta de Población Activa (EPA), que son los datos más rigurosos y contrastables, lo demuestran fehacientemente.

En diciembre de 2018, últimos datos publicados, la creación anual de empleo alcanzó el récord de los últimos doce años: 566.000 nuevos ocupados. La creación de puestos de trabajo fue más acelerada durante el segundo semestre de 2018 (con gobierno PSOE) que en el segundo semestre de 2017 (con gobierno PP): 220.500 nuevos empleos frente a 185.100. Para este año 2019 se prevé la creación de 330.000 nuevos empleos, al menos.

Además, las actuaciones del Gobierno socialista contra el fraude y la explotación laboral han transformado centenares de miles de empleos temporales y precarios en empleos estables y dignos.

El déficit público en el ejercicio 2018 se redujo del 3,1% hasta el 2,6%, una décima mejor de lo comprometido con Bruselas. Y para este año 2019, la Comisión Europea estima que el déficit en España seguirá reduciéndose y quedará por debajo del francés y del italiano. De hecho, se espera que durante las próximas semanas Eurostat confirme formalmente que nuestro país ha salido del procedimiento correctivo de la UE, al establecer su déficit por debajo del umbral del 3% del PIB por vez primera desde el inicio de la crisis.

España cumplió en el año 2018 el objetivo europeo para la deuda pública, establecido en el 97,6% sobre el PIB. En realidad, la deuda pública se redujo hasta el 97,2% del producto interior bruto, un punto menos que el año anterior.

Por otra parte, la economía española hubiera presentado mejores cifras aún en materia de crecimiento, empleo, déficit y deuda, si las derechas no hubieran sumado sus votos a los independentistas en el Congreso de los Diputados para tumbar la nueva senda de déficit y el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

A todo esto, la prima de riesgo española se mantiene estable en torno a los 100 o 110 puntos, por debajo de la media lograda por el Gobierno Rajoy (120 puntos); el IBEX 35 ha arrancado con fuerza en este año 2019; la demanda de bonos del Tesoro español alcanza récords históricos; y la inversión extranjera en España aumentó desde los 6.700 millones de euros en 2017 hasta los 38.200 en 2018.

¿La economía? ¿Con el PSOE? Más y mejor.

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A juzgar por las primeras decisiones de calado adoptadas por el nuevo presidente del Partido Popular, los cambios que pueden esperarse en esta formación tras el congreso del 20 y 21 de julio se limitan al nombre de algunos de sus dirigentes y poco más. Pablo Casado ya ha anunciado el bloqueo de su grupo parlamentario a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que propone el Gobierno de España. En consecuencia, si Rajoy recortaba en educación y en sanidad desde el Gobierno, ya podemos asegurar que Casado también recorta en educación y en sanidad… desde la oposición.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 que el Gobierno socialista ha acordado con la Comisión Europea supone pasar de un déficit del 1,3% al 1,8% sobre PIB. Se trata de un margen de medio punto sobre PIB, cerca de 6.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de gasto de las administraciones públicas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó la distribución de estos recursos extraordinarios: dos décimas para el gasto de las comunidades autónomas (en torno a 2.500 millones), otras dos décimas para aliviar las cuentas de la Seguridad Social (2.500 millones) y una décima para el presupuesto de la administración central (sobre los 1.000 millones).

Las posiciones de unos y de otros responden a valores ideológicos diferentes y tienen consecuencias muy distintas también. El Gobierno socialista busca hacer compatible el propósito de la estabilidad presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos de bienestar y equidad social. Para ello persigue aumentar tanto los gastos como los ingresos fiscales del Estado, estableciendo, por ejemplo: un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades; una imposición justa para las empresas tecnológicas multinacionales que practican la elusión fiscal; una carga fiscal adecuada para el negocio bancario que ha recibido grandes recursos públicos en su reciente rescate financiero; así como un eficacia mejorada en la lucha contra el fraude fiscal.

Con este aumento equilibrado de gastos y de ingresos se puede comenzar a revertir los graves recortes en políticas sociales impuestos por los gobiernos del PP desde 2012, a la vez que se lograrán nuevas inversiones en investigación, innovación e infraestructuras destinadas a modernizar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar solidez a la economía española, al tiempo que se aporta equidad y justicia a la sociedad en su conjunto. Por eso, el aprovechamiento más importante del nuevo margen fiscal está destinado al gasto autonómico, que es responsable de los servicios públicos en educación, sanidad, empleo, vivienda y lucha contra la marginalidad social.

La posición del PP, como la de Ciudadanos, es igual de clara pero absolutamente contraria. La derecha azul y naranja priorizan la reducción acelerada del déficit, al tiempo que plantean nuevas bajadas de impuestos. Es decir, menos ingresos y aún menos gastos en el Estado. Solo hay una manera de cuadrar estas cuentas: con nuevos recortes sobre el gasto social y el gasto destinado a mejorar el modelo productivo. El modelo liberal del “cuanto menos Estado mejor” y el “sálvese quien pueda pagar” conduce a una economía frágil y a una sociedad desigual e injusta. Paradójicamente, las administraciones más perjudicadas por el veto del PP a la nueva senda de estabilidad presupuestaria son las comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por la propia derecha.

Las razones que llevan a Pablo Casado y al PP a esta posición contraria a la mejora del gasto social y productivo son de naturaleza tanto ideológica como estratégica. Los planteamientos ideológicos ya se han descrito. La estrategia de la derecha tampoco es nueva. Se reitera siempre desde la oposición. Consiste básicamente en aquella frase tan ilustrativa que el exministro Montoro dirigió a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canarias: “Que se hunda España, y ya llegaremos nosotros para salvar lo que se pueda”. Su prioridad es debilitar al Gobierno socialista por cualquier medio, aunque el medio pase por debilitar a la economía, al empleo y a los servicios públicos que atienden a la sociedad española.

La vigente ley de estabilidad presupuestaria otorga a la derecha una capacidad de veto en el Senado contraria a toda lógica. El funcionamiento habitual del poder legislativo prevé para el Senado la condición de cámara de segunda lectura, de tal modo que cualquier enmienda aprobada en la cámara territorial puede ser corregida en el Congreso, que representa la soberanía popular. Sin embargo, una modificación legal decidida unilateralmente por el PP en el año 2012 posibilita que la derecha, con poco más del 30% de los votos obtenidos en las últimas elecciones, imponga su criterio al 70% restante, gracias a su mayoría en el Senado. Parece razonable revisar esta incongruencia.

En conclusión. El primer debate político de alcance que ha tenido oportunidad de protagonizar el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se puede saldar con un nuevo recorte en las políticas de las que depende el bienestar de los españoles más vulnerables. Un comienzo muy significativo.

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El eje predominante en el debate político de las democracias europeas se está desplazando claramente desde el comienzo de este siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la confrontación política se producía generalmente en torno al eje izquierda-derecha. Sin embargo, la globalización acelerada, los cambios tecnológicos y el auge populista están favoreciendo un esquema distinto y más peligroso, determinado sobre todo por la exacerbación y el conflicto entre identidades.

El debate izquierda-derecha ha alimentado fuertes pasiones en uno y otro bando, pero casi siempre contó con una base racional muy elaborada. La izquierda y la derecha han representado los valores tradicionales de la igualdad y la libertad; del énfasis en los derechos colectivos y los derechos individuales; de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, en expresión de Constant. La izquierda busca generalmente la redistribución solidaria mientras la derecha persigue garantías para el libre albedrío.

De un tiempo a esta parte, por el contrario, el pulso político no se discierne a partir de convicciones más o menos liberales o igualitaristas, sino muy a menudo desde la afirmación de la identidad propia frente a las demás. La identidad más comúnmente esgrimida es la identidad nacional, pero también se están abriendo rápidamente paso los programas políticos que hacen bandera de la identidad étnica o religiosa. La tesis a partir de la que se pretenden organizar el espacio compartido es la siguiente: nuestra identidad nacional, étnica o religiosa requiere defensa y predominio frente a la amenaza que representan las demás identidades nacionales, étnicas o religiosas.

¿Por qué avanzan estas ideas? Desde luego, no pueden presentarse como nuevas, ni pueden acreditar éxito alguno en la historia europea. Más bien al contrario: la confrontación irracional e identitaria se encuentra en el trasfondo causal de buena parte de los desastres que hemos sufrido los europeos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Estas ideas avanzan al calor de las desigualdades, las injusticias y las inseguridades vinculadas a los procesos de globalización desregulada y revolución tecnológica acelerada. El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza ocasionan temor, frustración e ira en amplios sectores de la población, muy receptivos a los mensajes simples que señalan culpables para su sufrimiento.

El discurso identitario, además, es puramente emocional y facilita la movilización en mayor medida que las construcciones racionales del discurso que defiende los derechos colectivos y la distribución solidaria. Es más fácil convencer al sufridor señalando a un culpable, aunque sea falso, que armando un análisis y una propuesta compleja para solucionar los problemas. La trinchera de la identidad sirve también para esconder la incapacidad y la incompetencia a la hora de elaborar programas realmente útiles para el bienestar colectivo. El “somos de los nuestros” y el “a por ellos” son argumentos muy socorridos y no requieren casi de esfuerzo intelectual alguno.

Ahora bien, las consecuencias de esta evolución están siendo muy negativas a la hora de afrontar los muchos desafíos de las sociedades europeas en el siglo XXI, desde la imprescindible integración en la Unión Europea hasta la administración del fenómeno migratorio y la articulación de políticas comunes en la lucha contra la pobreza o el cambio climático. El arrinconamiento del debate racional y la promoción constante de las emociones identitarias solo conducen a alimentar la confrontación, a dificultar la convivencia y a postergar las soluciones precisas a los problemas colectivos.

Es difícil ser optimista en el presente escenario político europeo. El discurso identitario avanza en muchos países, hasta el punto de que se afianza incluso en Gobiernos muy significativos. Ahí están los supremacistas del este europeo, el nuevo canciller austríaco, el ministro de interior alemán o el neofascista vicepresidente italiano, que un día niega auxilio humanitario a centenares de subsaharianos y otro día amenaza con expulsar a los gitanos de su país. También puede hablarse de la auténtica naturaleza del argumentario pro “brexit” o del avance del lepenismo entre las clases populares de buena parte de la Europa del sur.

Aquí, en el escenario doméstico, el independentismo catalán permanece anclado en las creencias pre-racionales del “nosotros y vosotros, mi tierra y tu tierra”. Ciudadanos cada día parece más proclive a responder al fuego identitario catalanista con fuego indentitario españolista. Y el episodio de la llegada al puerto valenciano de más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo ha destapado un buen número de reacciones muy lamentables, con expresiones relativas al falso “efecto llamada”, a las “avalanchas”, las “oleadas” o las “hordas” peligrosas de inmigrantes.

No hay salida positiva en los discursos y en las políticas que buscan afrontar los problemas con la exaltación emocional de la identidad propia y la incitación al temor o al odio hacia la identidad ajena. Al final de ese camino solo se encuentra el abismo. ¿O no hemos aprendido nada de la dramática historia europea del siglo XX?

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Si el populismo consiste en anteponer los criterios de oportunidad sobre los principios, y en la prevalencia de la búsqueda de titulares sobre la búsqueda de soluciones, Ciudadanos es el partido más populista de España.

Los ejemplos con los que ilustrar esta afirmación son abundantes. El más reciente es el abandono de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico. Se trata de la comisión parlamentaria encargada de analizar las necesidades de nuestro modelo territorial, con el objeto de promover reformas que contribuyan a mejorar tanto la funcionalidad de nuestro Estado como la propia convivencia en una sociedad con identidades plurales.

Ciudadanos ha abandonado abruptamente esta Comisión con los trabajos apenas iniciados, a pesar de que buena parte de su discurso descansa precisamente en la necesidad de hacer frente a los desafíos del modelo territorial español. La discusión sobre el orden de comparecientes, que han utilizado como coartada, camufla apenas la pretensión oportunista de seguir apareciendo como l’enfant terrible de la política española, sin complicidad alguna con las formaciones más tradicionales.

Este episodio tiene lugar apenas una semana después del espectáculo ofrecido por el partido naranja en el propio Pleno del Congreso, a cuenta del debate sobre la prisión permanente. Uno tras otro, los portavoces de todos los grupos mostraron su asombro e incredulidad ante el viraje de 180 grados que llevó a Ciudadanos desde la firma con el PSOE en 2016 de un compromiso para la “derogación inmediata” hasta la propuesta actual de cadena perpetua y endurecida. Al calor del dramatismo que genera la actualidad, claro está.

Sin salir del Congreso de los Diputados, hemos de tomar nota de otra contradicción flagrante. Cada fin de semana, Rivera y los suyos ofrecen grandes lecciones sobre regeneración y calidad democrática. Algunos lunes, incluso, denuncian las limitaciones de nuestra legislación electoral y reclaman reformas para que la representación del pueblo se parezca más al propio pueblo. Sin embargo, el afán hiper-democrático se agota inexorablemente cada martes, cuando Ciudadanos une sus votos al PP para vetar la tramitación siquiera de todas las proposiciones de ley que firman los partidos de la oposición. No sea que adquieran algo de protagonismo.

El contraste entre el discurso y los hechos del partido naranja en relación a la calidad de nuestra democracia se extiende a otras instituciones. Sin ir más lejos, aquí en Madrid, y durante los tres últimos años, Ciudadanos ha tenido cada día la oportunidad de elegir entre dos tipos de Gobierno: o el Gobierno continuista del PP de Gonzalez y Granados, de Gurtel, Púnica y Lezo, o el Gobierno de Ángel Gabilondo. Pero Rivera no ha tenido duda nunca de a quien arropar cuando se trata de dirimir el poder en el centro político, económico y financiero de España. Calidad democrática aparte, desde luego.

Incluso en Cataluña, epicentro de su movimiento, el partido Ciudadanos mantiene una actitud guiada antes por la maximización permanente de sus intereses electorales que por la solución al enredo fenomenal causado por el desafío secesionista.

La firme voluntad oportunista de Rivera, Arrimadas y compañía se demuestra claramente en la secuencia de sus reivindicaciones y renuncias en torno al poder. Cuando la reivindicación de la presidencia de la Generalidad catalana tan solo equivalía a una toma de postura incómoda para sus rivales constitucionalistas, Ciudadanos reclamó una moción de censura en el Parlamento catalán. Sin embargo, ahora que la candidata de Ciudadanos cuenta con la legitimidad, nada menos, de encabezar el partido más votado en Cataluña, ni tan siquiera acepta que se insinúe la posibilidad de intentar una investidura.

El teatrillo que la derecha naranja interpreta en cada rueda de prensa, buscando el cuerpo a cuerpo con la derecha azul, puede resultar entretenido, incluso convincente para algunos incautos. A la hora de la verdad, por el contrario, cuando se analizan los posicionamientos realmente determinantes para el poder, el poder de verdad, el poder económico, financiero y mediático, el partido de Rivera no se aparta ni un milímetro de lo que se espera de un partido de orden, del orden conservador. Ahí están los presupuestos, y la reforma laboral, y la subida del 0,25% en las pensiones, y la ley Wert…

¿Populismo? En España es de color naranja intenso.

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Las convocatorias se suceden, los actos se llenan, las concentraciones se desbordan… Los pensionistas constituyen un colectivo paciente, pero la paciencia parece haberse agotado para un número creciente de ellos. Hasta hace bien poco mostraban un perfil político conservador y poco movilizado. Sin embargo, las cosas están cambiando.

¿Cuál ha sido el detonante? Probablemente no pueda hablarse de un solo factor. Sin duda ha influido mucho la carta recibida por cada pensionista en la que se informa de la subida de la prestación por debajo del aumento del coste de la vida, un año más. Seguro que ha tenido que ver la coincidencia de esa carta con las noticias sobre las celebraciones del Gobierno por el crecimiento de la riqueza nacional. Y con seguridad han afectado las declaraciones de la inefable presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, doña Celia Villalobos, reprochando a muchos pensionistas vivir más años de los debidos a costa de la pensión.

Pero la causa del enfado progresivo de muchos pensionistas tiene más fondo y viene de más lejos. Los pensionistas se están empobreciendo clara y gravemente desde la aplicación de los recortes impuestos por el Gobierno del PP entre los años 2012 y 2013, con la excusa de la crisis. Por virtud de aquellos recortes, los pensionistas españoles son los únicos de Europa que no ven aumentar sus prestaciones conforme se incrementan los precios, porque una ley de 2012 limita esa subida al 0,25%. Además, los pensionistas han asumido en este tiempo nuevos gastos como consecuencia de la retirada de la subvención pública a muchos medicamentos, y por causa del aumento de las facturas que corresponden a suministros básicos, como la electricidad o el gas.

No obstante, las preocupaciones muchos pensionistas no se limitan a su propia condición. En cada ocasión que tienen para transmitir preguntas o inquietudes a aquellos que les representamos en las instituciones, un gran número de pensionistas expresan preocupación por el futuro del propio sistema público de pensiones y por cómo afectará el desequilibrio de sus cuentas a las pensiones de mañana, a las propias y a las de sus hijos y nietos.

La derecha política y económica, la azul y la naranja, se equivoca en algo crucial. Para ellos, el éxito de una sociedad puede medirse en décimas del PIB o en puntos de Ibex. Para la gran mayoría de la sociedad española, sin embargo, los avances y los retrocesos tienen mucho más que ver con las condiciones de equidad y de justicia social, con el ejercicio de los derechos, con la atención a las necesidades básicas. El éxito y la dignidad misma de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Por ejemplo, a las personas que han trabajado y han cotizado toda la vida con la esperanza de asegurar una vejez sin grandes privaciones.

En su afán por reducir el gasto público, desequilibrar las cuentas de la Seguridad Social y promocionar el negocio de los fondos privados de pensiones, a la derecha se le ha ido la mano. Han buscado, como siempre, convencer a la mayoría de lo “insostenible” de nuestro sistema público de pensiones, intentando engañar respecto a las causas auténticas de su déficit actual: la reforma laboral del PP que tira salarios y cotizaciones; los regalos del PP a los empresarios en forma de reducciones injustificadas en las cotizaciones sociales; los gastos impropios que se cargan a las cuentas de la Seguridad Social; el vaciado del Fondo de Reserva que llegó a 67.000 millones de euros con el último Gobierno socialista. Es decir, causas imputables a la propia derecha.

Tanto empeño han puesto en mostrar las debilidades del sistema, para cercenarlo, para justificar la reducción del gasto, para legitimar nuevos recortes en las prestaciones, para estimular el negocio de las pensiones privadas, que han logrado generar dudas sobre la viabilidad misma de las pensiones públicas.

Y los pensionistas han tomado conciencia de la amenaza. Y se han enfadado. Y se están movilizando para defender lo que es suyo, y es de todos, y forma parte de nuestro modo de vida.

Hay razones para el enfado y para la movilización. Pero desde la garantía de que el sistema público de pensiones es perfectamente viable y tiene todo el futuro que la propia sociedad quiera darle. Con otras políticas, desde luego. Derogando los recortes del PP. Vinculando la subida de las pensiones con el coste de la vida. Equilibrando las cuentas por la vía de recuperar los salarios, racionalizar los gastos impropios, eliminar las reducciones injustificadas en las cotizaciones y aplicar los impuestos necesarios sobre las rentas, beneficios y patrimonios más privilegiados.

Hay soluciones, y llegarán más rápido si sabemos combinar el trabajo institucional que nos toca a los representantes de la ciudadanía, con la movilización justa y legítima de quienes se saben y se sienten llamados a defender en la calle el patrimonio de todos, nuestro Estado de Bienestar.

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Si las sociedades cambian, y cambian las economías y cambian los procesos productivos, resulta inexorable que cambien también los empleos y las relaciones laborales. Ahora bien, el cambio no implica necesariamente precarización. Y si los modelos vigentes de globalización económica y digitalización de los procesos productivos siguen dando lugar a la devaluación constante en los derechos de los trabajadores, es preciso denunciar y promover reformas.

Cada día se dan a conocer nuevas experiencias en la llamada economía digital que mal utilizan la coartada de la novedad, el glamour del emprendimiento o la supuesta modernidad del anglicismo permanente, para hacer negocio a costa de mal contratar o mal pagar a los trabajadores.

En unas ocasiones se trata de desarrolladoras de aplicaciones informáticas. En otros casos son empresas de alquiler de vehículos con conductor o de reparto de comida a domicilio. Solo tienen en común eso: su supuesta novedad, el uso de aplicaciones tecnológicas, los reclamos comerciales en inglés, y la resistencia -a menudo fraudulenta o directamente ilegal- a reconocer y respetar los derechos de sus trabajadores.

Si en la producción tradicional ya existen dificultades para hacer valer los derechos laborales, como consecuencia del desarme provocado por la reforma laboral del PP, en las supuestamente nuevas formas de producción digital las situaciones de explotación se multiplican. Se abusa de la contratación temporal sin causa real. Se generalizan los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas a tiempo completo. Se trabajan horas que ni se reconocen ni se pagan. Se pagan salarios exiguos. Se promueven los falsos autónomos para evitar el respeto a las jornadas de descanso y el pago de cotizaciones sociales…

Son constantes ya las denuncias de repartidores de comida a domicilio que no están contratados como lo que realmente son: trabajadores por cuenta ajena en una empresa que organiza su labor, que les manda y que se niega a reconocer sus derechos laborales. También son frecuentes las quejas de teleoperadores, comerciales o conductores al servicio de plataformas digitales que ganan mucho dinero, pero que se niegan a compartir esas ganancias con un trato digno a los trabajadores que contribuyen a generarlas.

La incorporación de las nuevas tecnologías digitales a las actividades económicas y, por consiguiente, al empleo, no debe interpretarse como un fenómeno perjudicial o negativo, sino que constituye una gran oportunidad para el desarrollo general. Estas tecnologías pueden contribuir al bienestar general, a mejorar la productividad de la economía, a ganar competitividad para las empresas, a liberar a los trabajadores de actividades penosas, a repartir mejor los tiempos de trabajo, a generar más rentas que pueden distribuirse de forma justa…

Pero, como cualquier fenómeno social, la digitalización de los procesos productivos debe gobernarse y debe regularse para garantizar su compatibilización con el interés general y los derechos de los más vulnerables. ¿Cómo hacerlo? Adaptando los modos de producción, intensificando la educación digital desde edades tempranas, asegurando una formación adecuada y permanente de los trabajadores, y cambiando algunas normas…

Es preciso recuperar la exigencia de causalidad para los contratos temporales. Un contrato temporal solo es legítimo y solo debe ser legal si responde a un puesto de trabajo realmente temporal. Es necesario blindar la regulación del trabajo a tiempo parcial para erradicar la explotación mediante horas trabajadas y no reconocidas. Es urgente establecer la obligación del registro de horas trabajadas en todas las empresas. Es de justicia combatir la brecha salarial y de promoción profesional entre hombres y mujeres. Y es preciso fomentar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, para ellos y para ellas.

Existe una institución crucial para ofrecer garantía de cumplimiento en todos estos buenos objetivos: la inspección de trabajo y Seguridad Social. En España contamos de promedio con la mitad de inspectores que la media de la zona euro. La consecuencia es la indefensión de los trabajadores y el abuso de algunos empresarios. Necesitamos más inspectores, mejor gobierno de la inspección y normas que establezcan infracciones claras y sanciones realmente disuasorias.

En una sociedad desarrollada, modernidad y precariedad no han de ser sinónimos, sino antónimos.

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