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Archive for the ‘Economía y Empleo’ Category

A juzgar por las primeras decisiones de calado adoptadas por el nuevo presidente del Partido Popular, los cambios que pueden esperarse en esta formación tras el congreso del 20 y 21 de julio se limitan al nombre de algunos de sus dirigentes y poco más. Pablo Casado ya ha anunciado el bloqueo de su grupo parlamentario a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que propone el Gobierno de España. En consecuencia, si Rajoy recortaba en educación y en sanidad desde el Gobierno, ya podemos asegurar que Casado también recorta en educación y en sanidad… desde la oposición.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 que el Gobierno socialista ha acordado con la Comisión Europea supone pasar de un déficit del 1,3% al 1,8% sobre PIB. Se trata de un margen de medio punto sobre PIB, cerca de 6.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de gasto de las administraciones públicas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó la distribución de estos recursos extraordinarios: dos décimas para el gasto de las comunidades autónomas (en torno a 2.500 millones), otras dos décimas para aliviar las cuentas de la Seguridad Social (2.500 millones) y una décima para el presupuesto de la administración central (sobre los 1.000 millones).

Las posiciones de unos y de otros responden a valores ideológicos diferentes y tienen consecuencias muy distintas también. El Gobierno socialista busca hacer compatible el propósito de la estabilidad presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos de bienestar y equidad social. Para ello persigue aumentar tanto los gastos como los ingresos fiscales del Estado, estableciendo, por ejemplo: un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades; una imposición justa para las empresas tecnológicas multinacionales que practican la elusión fiscal; una carga fiscal adecuada para el negocio bancario que ha recibido grandes recursos públicos en su reciente rescate financiero; así como un eficacia mejorada en la lucha contra el fraude fiscal.

Con este aumento equilibrado de gastos y de ingresos se puede comenzar a revertir los graves recortes en políticas sociales impuestos por los gobiernos del PP desde 2012, a la vez que se lograrán nuevas inversiones en investigación, innovación e infraestructuras destinadas a modernizar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar solidez a la economía española, al tiempo que se aporta equidad y justicia a la sociedad en su conjunto. Por eso, el aprovechamiento más importante del nuevo margen fiscal está destinado al gasto autonómico, que es responsable de los servicios públicos en educación, sanidad, empleo, vivienda y lucha contra la marginalidad social.

La posición del PP, como la de Ciudadanos, es igual de clara pero absolutamente contraria. La derecha azul y naranja priorizan la reducción acelerada del déficit, al tiempo que plantean nuevas bajadas de impuestos. Es decir, menos ingresos y aún menos gastos en el Estado. Solo hay una manera de cuadrar estas cuentas: con nuevos recortes sobre el gasto social y el gasto destinado a mejorar el modelo productivo. El modelo liberal del “cuanto menos Estado mejor” y el “sálvese quien pueda pagar” conduce a una economía frágil y a una sociedad desigual e injusta. Paradójicamente, las administraciones más perjudicadas por el veto del PP a la nueva senda de estabilidad presupuestaria son las comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por la propia derecha.

Las razones que llevan a Pablo Casado y al PP a esta posición contraria a la mejora del gasto social y productivo son de naturaleza tanto ideológica como estratégica. Los planteamientos ideológicos ya se han descrito. La estrategia de la derecha tampoco es nueva. Se reitera siempre desde la oposición. Consiste básicamente en aquella frase tan ilustrativa que el exministro Montoro dirigió a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canarias: “Que se hunda España, y ya llegaremos nosotros para salvar lo que se pueda”. Su prioridad es debilitar al Gobierno socialista por cualquier medio, aunque el medio pase por debilitar a la economía, al empleo y a los servicios públicos que atienden a la sociedad española.

La vigente ley de estabilidad presupuestaria otorga a la derecha una capacidad de veto en el Senado contraria a toda lógica. El funcionamiento habitual del poder legislativo prevé para el Senado la condición de cámara de segunda lectura, de tal modo que cualquier enmienda aprobada en la cámara territorial puede ser corregida en el Congreso, que representa la soberanía popular. Sin embargo, una modificación legal decidida unilateralmente por el PP en el año 2012 posibilita que la derecha, con poco más del 30% de los votos obtenidos en las últimas elecciones, imponga su criterio al 70% restante, gracias a su mayoría en el Senado. Parece razonable revisar esta incongruencia.

En conclusión. El primer debate político de alcance que ha tenido oportunidad de protagonizar el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se puede saldar con un nuevo recorte en las políticas de las que depende el bienestar de los españoles más vulnerables. Un comienzo muy significativo.

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El eje predominante en el debate político de las democracias europeas se está desplazando claramente desde el comienzo de este siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la confrontación política se producía generalmente en torno al eje izquierda-derecha. Sin embargo, la globalización acelerada, los cambios tecnológicos y el auge populista están favoreciendo un esquema distinto y más peligroso, determinado sobre todo por la exacerbación y el conflicto entre identidades.

El debate izquierda-derecha ha alimentado fuertes pasiones en uno y otro bando, pero casi siempre contó con una base racional muy elaborada. La izquierda y la derecha han representado los valores tradicionales de la igualdad y la libertad; del énfasis en los derechos colectivos y los derechos individuales; de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, en expresión de Constant. La izquierda busca generalmente la redistribución solidaria mientras la derecha persigue garantías para el libre albedrío.

De un tiempo a esta parte, por el contrario, el pulso político no se discierne a partir de convicciones más o menos liberales o igualitaristas, sino muy a menudo desde la afirmación de la identidad propia frente a las demás. La identidad más comúnmente esgrimida es la identidad nacional, pero también se están abriendo rápidamente paso los programas políticos que hacen bandera de la identidad étnica o religiosa. La tesis a partir de la que se pretenden organizar el espacio compartido es la siguiente: nuestra identidad nacional, étnica o religiosa requiere defensa y predominio frente a la amenaza que representan las demás identidades nacionales, étnicas o religiosas.

¿Por qué avanzan estas ideas? Desde luego, no pueden presentarse como nuevas, ni pueden acreditar éxito alguno en la historia europea. Más bien al contrario: la confrontación irracional e identitaria se encuentra en el trasfondo causal de buena parte de los desastres que hemos sufrido los europeos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Estas ideas avanzan al calor de las desigualdades, las injusticias y las inseguridades vinculadas a los procesos de globalización desregulada y revolución tecnológica acelerada. El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza ocasionan temor, frustración e ira en amplios sectores de la población, muy receptivos a los mensajes simples que señalan culpables para su sufrimiento.

El discurso identitario, además, es puramente emocional y facilita la movilización en mayor medida que las construcciones racionales del discurso que defiende los derechos colectivos y la distribución solidaria. Es más fácil convencer al sufridor señalando a un culpable, aunque sea falso, que armando un análisis y una propuesta compleja para solucionar los problemas. La trinchera de la identidad sirve también para esconder la incapacidad y la incompetencia a la hora de elaborar programas realmente útiles para el bienestar colectivo. El “somos de los nuestros” y el “a por ellos” son argumentos muy socorridos y no requieren casi de esfuerzo intelectual alguno.

Ahora bien, las consecuencias de esta evolución están siendo muy negativas a la hora de afrontar los muchos desafíos de las sociedades europeas en el siglo XXI, desde la imprescindible integración en la Unión Europea hasta la administración del fenómeno migratorio y la articulación de políticas comunes en la lucha contra la pobreza o el cambio climático. El arrinconamiento del debate racional y la promoción constante de las emociones identitarias solo conducen a alimentar la confrontación, a dificultar la convivencia y a postergar las soluciones precisas a los problemas colectivos.

Es difícil ser optimista en el presente escenario político europeo. El discurso identitario avanza en muchos países, hasta el punto de que se afianza incluso en Gobiernos muy significativos. Ahí están los supremacistas del este europeo, el nuevo canciller austríaco, el ministro de interior alemán o el neofascista vicepresidente italiano, que un día niega auxilio humanitario a centenares de subsaharianos y otro día amenaza con expulsar a los gitanos de su país. También puede hablarse de la auténtica naturaleza del argumentario pro “brexit” o del avance del lepenismo entre las clases populares de buena parte de la Europa del sur.

Aquí, en el escenario doméstico, el independentismo catalán permanece anclado en las creencias pre-racionales del “nosotros y vosotros, mi tierra y tu tierra”. Ciudadanos cada día parece más proclive a responder al fuego identitario catalanista con fuego indentitario españolista. Y el episodio de la llegada al puerto valenciano de más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo ha destapado un buen número de reacciones muy lamentables, con expresiones relativas al falso “efecto llamada”, a las “avalanchas”, las “oleadas” o las “hordas” peligrosas de inmigrantes.

No hay salida positiva en los discursos y en las políticas que buscan afrontar los problemas con la exaltación emocional de la identidad propia y la incitación al temor o al odio hacia la identidad ajena. Al final de ese camino solo se encuentra el abismo. ¿O no hemos aprendido nada de la dramática historia europea del siglo XX?

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Si el populismo consiste en anteponer los criterios de oportunidad sobre los principios, y en la prevalencia de la búsqueda de titulares sobre la búsqueda de soluciones, Ciudadanos es el partido más populista de España.

Los ejemplos con los que ilustrar esta afirmación son abundantes. El más reciente es el abandono de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico. Se trata de la comisión parlamentaria encargada de analizar las necesidades de nuestro modelo territorial, con el objeto de promover reformas que contribuyan a mejorar tanto la funcionalidad de nuestro Estado como la propia convivencia en una sociedad con identidades plurales.

Ciudadanos ha abandonado abruptamente esta Comisión con los trabajos apenas iniciados, a pesar de que buena parte de su discurso descansa precisamente en la necesidad de hacer frente a los desafíos del modelo territorial español. La discusión sobre el orden de comparecientes, que han utilizado como coartada, camufla apenas la pretensión oportunista de seguir apareciendo como l’enfant terrible de la política española, sin complicidad alguna con las formaciones más tradicionales.

Este episodio tiene lugar apenas una semana después del espectáculo ofrecido por el partido naranja en el propio Pleno del Congreso, a cuenta del debate sobre la prisión permanente. Uno tras otro, los portavoces de todos los grupos mostraron su asombro e incredulidad ante el viraje de 180 grados que llevó a Ciudadanos desde la firma con el PSOE en 2016 de un compromiso para la “derogación inmediata” hasta la propuesta actual de cadena perpetua y endurecida. Al calor del dramatismo que genera la actualidad, claro está.

Sin salir del Congreso de los Diputados, hemos de tomar nota de otra contradicción flagrante. Cada fin de semana, Rivera y los suyos ofrecen grandes lecciones sobre regeneración y calidad democrática. Algunos lunes, incluso, denuncian las limitaciones de nuestra legislación electoral y reclaman reformas para que la representación del pueblo se parezca más al propio pueblo. Sin embargo, el afán hiper-democrático se agota inexorablemente cada martes, cuando Ciudadanos une sus votos al PP para vetar la tramitación siquiera de todas las proposiciones de ley que firman los partidos de la oposición. No sea que adquieran algo de protagonismo.

El contraste entre el discurso y los hechos del partido naranja en relación a la calidad de nuestra democracia se extiende a otras instituciones. Sin ir más lejos, aquí en Madrid, y durante los tres últimos años, Ciudadanos ha tenido cada día la oportunidad de elegir entre dos tipos de Gobierno: o el Gobierno continuista del PP de Gonzalez y Granados, de Gurtel, Púnica y Lezo, o el Gobierno de Ángel Gabilondo. Pero Rivera no ha tenido duda nunca de a quien arropar cuando se trata de dirimir el poder en el centro político, económico y financiero de España. Calidad democrática aparte, desde luego.

Incluso en Cataluña, epicentro de su movimiento, el partido Ciudadanos mantiene una actitud guiada antes por la maximización permanente de sus intereses electorales que por la solución al enredo fenomenal causado por el desafío secesionista.

La firme voluntad oportunista de Rivera, Arrimadas y compañía se demuestra claramente en la secuencia de sus reivindicaciones y renuncias en torno al poder. Cuando la reivindicación de la presidencia de la Generalidad catalana tan solo equivalía a una toma de postura incómoda para sus rivales constitucionalistas, Ciudadanos reclamó una moción de censura en el Parlamento catalán. Sin embargo, ahora que la candidata de Ciudadanos cuenta con la legitimidad, nada menos, de encabezar el partido más votado en Cataluña, ni tan siquiera acepta que se insinúe la posibilidad de intentar una investidura.

El teatrillo que la derecha naranja interpreta en cada rueda de prensa, buscando el cuerpo a cuerpo con la derecha azul, puede resultar entretenido, incluso convincente para algunos incautos. A la hora de la verdad, por el contrario, cuando se analizan los posicionamientos realmente determinantes para el poder, el poder de verdad, el poder económico, financiero y mediático, el partido de Rivera no se aparta ni un milímetro de lo que se espera de un partido de orden, del orden conservador. Ahí están los presupuestos, y la reforma laboral, y la subida del 0,25% en las pensiones, y la ley Wert…

¿Populismo? En España es de color naranja intenso.

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Las convocatorias se suceden, los actos se llenan, las concentraciones se desbordan… Los pensionistas constituyen un colectivo paciente, pero la paciencia parece haberse agotado para un número creciente de ellos. Hasta hace bien poco mostraban un perfil político conservador y poco movilizado. Sin embargo, las cosas están cambiando.

¿Cuál ha sido el detonante? Probablemente no pueda hablarse de un solo factor. Sin duda ha influido mucho la carta recibida por cada pensionista en la que se informa de la subida de la prestación por debajo del aumento del coste de la vida, un año más. Seguro que ha tenido que ver la coincidencia de esa carta con las noticias sobre las celebraciones del Gobierno por el crecimiento de la riqueza nacional. Y con seguridad han afectado las declaraciones de la inefable presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, doña Celia Villalobos, reprochando a muchos pensionistas vivir más años de los debidos a costa de la pensión.

Pero la causa del enfado progresivo de muchos pensionistas tiene más fondo y viene de más lejos. Los pensionistas se están empobreciendo clara y gravemente desde la aplicación de los recortes impuestos por el Gobierno del PP entre los años 2012 y 2013, con la excusa de la crisis. Por virtud de aquellos recortes, los pensionistas españoles son los únicos de Europa que no ven aumentar sus prestaciones conforme se incrementan los precios, porque una ley de 2012 limita esa subida al 0,25%. Además, los pensionistas han asumido en este tiempo nuevos gastos como consecuencia de la retirada de la subvención pública a muchos medicamentos, y por causa del aumento de las facturas que corresponden a suministros básicos, como la electricidad o el gas.

No obstante, las preocupaciones muchos pensionistas no se limitan a su propia condición. En cada ocasión que tienen para transmitir preguntas o inquietudes a aquellos que les representamos en las instituciones, un gran número de pensionistas expresan preocupación por el futuro del propio sistema público de pensiones y por cómo afectará el desequilibrio de sus cuentas a las pensiones de mañana, a las propias y a las de sus hijos y nietos.

La derecha política y económica, la azul y la naranja, se equivoca en algo crucial. Para ellos, el éxito de una sociedad puede medirse en décimas del PIB o en puntos de Ibex. Para la gran mayoría de la sociedad española, sin embargo, los avances y los retrocesos tienen mucho más que ver con las condiciones de equidad y de justicia social, con el ejercicio de los derechos, con la atención a las necesidades básicas. El éxito y la dignidad misma de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Por ejemplo, a las personas que han trabajado y han cotizado toda la vida con la esperanza de asegurar una vejez sin grandes privaciones.

En su afán por reducir el gasto público, desequilibrar las cuentas de la Seguridad Social y promocionar el negocio de los fondos privados de pensiones, a la derecha se le ha ido la mano. Han buscado, como siempre, convencer a la mayoría de lo “insostenible” de nuestro sistema público de pensiones, intentando engañar respecto a las causas auténticas de su déficit actual: la reforma laboral del PP que tira salarios y cotizaciones; los regalos del PP a los empresarios en forma de reducciones injustificadas en las cotizaciones sociales; los gastos impropios que se cargan a las cuentas de la Seguridad Social; el vaciado del Fondo de Reserva que llegó a 67.000 millones de euros con el último Gobierno socialista. Es decir, causas imputables a la propia derecha.

Tanto empeño han puesto en mostrar las debilidades del sistema, para cercenarlo, para justificar la reducción del gasto, para legitimar nuevos recortes en las prestaciones, para estimular el negocio de las pensiones privadas, que han logrado generar dudas sobre la viabilidad misma de las pensiones públicas.

Y los pensionistas han tomado conciencia de la amenaza. Y se han enfadado. Y se están movilizando para defender lo que es suyo, y es de todos, y forma parte de nuestro modo de vida.

Hay razones para el enfado y para la movilización. Pero desde la garantía de que el sistema público de pensiones es perfectamente viable y tiene todo el futuro que la propia sociedad quiera darle. Con otras políticas, desde luego. Derogando los recortes del PP. Vinculando la subida de las pensiones con el coste de la vida. Equilibrando las cuentas por la vía de recuperar los salarios, racionalizar los gastos impropios, eliminar las reducciones injustificadas en las cotizaciones y aplicar los impuestos necesarios sobre las rentas, beneficios y patrimonios más privilegiados.

Hay soluciones, y llegarán más rápido si sabemos combinar el trabajo institucional que nos toca a los representantes de la ciudadanía, con la movilización justa y legítima de quienes se saben y se sienten llamados a defender en la calle el patrimonio de todos, nuestro Estado de Bienestar.

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Si las sociedades cambian, y cambian las economías y cambian los procesos productivos, resulta inexorable que cambien también los empleos y las relaciones laborales. Ahora bien, el cambio no implica necesariamente precarización. Y si los modelos vigentes de globalización económica y digitalización de los procesos productivos siguen dando lugar a la devaluación constante en los derechos de los trabajadores, es preciso denunciar y promover reformas.

Cada día se dan a conocer nuevas experiencias en la llamada economía digital que mal utilizan la coartada de la novedad, el glamour del emprendimiento o la supuesta modernidad del anglicismo permanente, para hacer negocio a costa de mal contratar o mal pagar a los trabajadores.

En unas ocasiones se trata de desarrolladoras de aplicaciones informáticas. En otros casos son empresas de alquiler de vehículos con conductor o de reparto de comida a domicilio. Solo tienen en común eso: su supuesta novedad, el uso de aplicaciones tecnológicas, los reclamos comerciales en inglés, y la resistencia -a menudo fraudulenta o directamente ilegal- a reconocer y respetar los derechos de sus trabajadores.

Si en la producción tradicional ya existen dificultades para hacer valer los derechos laborales, como consecuencia del desarme provocado por la reforma laboral del PP, en las supuestamente nuevas formas de producción digital las situaciones de explotación se multiplican. Se abusa de la contratación temporal sin causa real. Se generalizan los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas a tiempo completo. Se trabajan horas que ni se reconocen ni se pagan. Se pagan salarios exiguos. Se promueven los falsos autónomos para evitar el respeto a las jornadas de descanso y el pago de cotizaciones sociales…

Son constantes ya las denuncias de repartidores de comida a domicilio que no están contratados como lo que realmente son: trabajadores por cuenta ajena en una empresa que organiza su labor, que les manda y que se niega a reconocer sus derechos laborales. También son frecuentes las quejas de teleoperadores, comerciales o conductores al servicio de plataformas digitales que ganan mucho dinero, pero que se niegan a compartir esas ganancias con un trato digno a los trabajadores que contribuyen a generarlas.

La incorporación de las nuevas tecnologías digitales a las actividades económicas y, por consiguiente, al empleo, no debe interpretarse como un fenómeno perjudicial o negativo, sino que constituye una gran oportunidad para el desarrollo general. Estas tecnologías pueden contribuir al bienestar general, a mejorar la productividad de la economía, a ganar competitividad para las empresas, a liberar a los trabajadores de actividades penosas, a repartir mejor los tiempos de trabajo, a generar más rentas que pueden distribuirse de forma justa…

Pero, como cualquier fenómeno social, la digitalización de los procesos productivos debe gobernarse y debe regularse para garantizar su compatibilización con el interés general y los derechos de los más vulnerables. ¿Cómo hacerlo? Adaptando los modos de producción, intensificando la educación digital desde edades tempranas, asegurando una formación adecuada y permanente de los trabajadores, y cambiando algunas normas…

Es preciso recuperar la exigencia de causalidad para los contratos temporales. Un contrato temporal solo es legítimo y solo debe ser legal si responde a un puesto de trabajo realmente temporal. Es necesario blindar la regulación del trabajo a tiempo parcial para erradicar la explotación mediante horas trabajadas y no reconocidas. Es urgente establecer la obligación del registro de horas trabajadas en todas las empresas. Es de justicia combatir la brecha salarial y de promoción profesional entre hombres y mujeres. Y es preciso fomentar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, para ellos y para ellas.

Existe una institución crucial para ofrecer garantía de cumplimiento en todos estos buenos objetivos: la inspección de trabajo y Seguridad Social. En España contamos de promedio con la mitad de inspectores que la media de la zona euro. La consecuencia es la indefensión de los trabajadores y el abuso de algunos empresarios. Necesitamos más inspectores, mejor gobierno de la inspección y normas que establezcan infracciones claras y sanciones realmente disuasorias.

En una sociedad desarrollada, modernidad y precariedad no han de ser sinónimos, sino antónimos.

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La dirección y la militancia del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) merecen todo nuestro respeto, adopten la decisión que adopten en relación a la formación de Gobierno en su país. Sin duda, la propuesta de gran coalición formulada por Martin Schulz, y respaldada por la mayoría de su dirigencia, responde a una interpretación bien intencionada del interés general. Y, probablemente, los frutos de ese Gobierno conjunto serían muy estimables a corto plazo, para los alemanes y para el conjunto de los europeos. Sin embargo, no es una buena idea.

La socialdemocracia alemana tiene una historia muy respetable de grandes contribuciones a la consolidación de las ideas progresistas, a la internacionalización de los derechos de los trabajadores, a la construcción efectiva del modelo europeo del bienestar social, y a la propia materialización de la Europa unida. Sus planteamientos y sus decisiones merecen, pues, atención, consideración y respeto por parte de los hermanos socialistas en España.

Ningún socialista español ni europeo puede albergar dudas respecto a las motivaciones que han llevado a Schulz y compañía por el camino de la nueva Grosse Koalition (GroKo). Las ventajas que conlleva el acuerdo son evidentes para la estabilidad política y económica de su país, para la conquista de nuevos derechos sociales y laborales y, desde luego, para la fortaleza del eje franco-alemán en el liderazgo del proceso de integración europea, amenazado por factores tan relevantes como el brexit y el avance de los populismos eurófobos.

No obstante, el daño que puede ocasionar la prolongación de esta alianza anti-natura es muy considerable en términos de calidad de la democracia. Y la legitimidad, el prestigio y el crédito de las instituciones democráticas resultan fundamentales, no solo para el desarrollo social y económico, sino para la propia convivencia incluso. La gran coalición puede ser rentable en la perspectiva inmediata, pero podría resultar demoledora a largo plazo para Alemania y para el conjunto de Europa.

La democracia requiere para su funcionamiento normalizado y creíble de un Gobierno legítimo y de una oposición igualmente legitimada para ejercer de alternativa. La presencia simultánea en el ejecutivo de la derecha de Gobierno y de la izquierda de Gobierno cumple la primera condición, pero niega la segunda. Porque no hay alternativa creíble en la extrema derecha alemana ni en los pequeños grupos parlamentarios que conforman verdes, liberales o radicales. Por ahora, al menos y afortunadamente.

Las diferencias ideológicas deben plasmarse en programas políticos diversos y en opciones alternativas de Gobierno. Tales diferencias pueden dejarse a un lado en contextos extraordinarios de emergencia nacional, pero no pueden desdibujarse de manera permanente. Si las opciones distintas se convierten en opciones indistinguibles e intercambiables, el juego democrático pierde su carácter competitivo y la ciudadanía se aleja.

Los consensos en política son positivos y deben fomentarse, especialmente en relación a las propias reglas del juego democrático, al funcionamiento de las instituciones y los grandes asuntos de Estado, como la política exterior o la lucha contra el enemigo terrorista. Pero más allá de los consensos básicos, la controversia entre partidos distintos con ideas distintas no solo no es negativa sino que resulta enriquecedora y democráticamente saludable.

Si no se produce competencia entre los partidos del sistema, la competencia ideológica y política se dará a los ojos de la ciudadanía entre los partidarios del sistema y su única alternativa: los movimientos anti-sistema. Se está otorgando de esta manera el título de alternativa auténtica y efectiva a la extrema derecha, eurófoba y populista. El desgaste propio de toda acción de Gobierno alimentará ahora necesariamente a la alternativa de la extrema derecha alemana, con los riesgos inherentes al efecto contagio para el resto de Europa.

Es cierto que Merkel tenía difícil sumar otras opciones de apoyo mayoritario para un nuevo Gobierno en el Parlamento alemán, pero hay alternativas a la reedición de la GroKo. ¿Por qué no atreverse a formar un Gobierno minoritario con apoyos externos alternativos? Un Gobierno CDU-CSU podría obtener respaldo externo estable del SPD en todos aquellos asuntos en los que estuviera en juego la estabilidad institucional, la fortaleza del desarrollo económico y la integración europea. Para otros objetivos relacionados con el modelo económico y social, Merkel podía buscar apoyos en liberales o verdes, por ejemplo.

Este escenario quizás resultara más incómodo y trabajoso para la Canciller, pero así es como se gobierna en buena parte de Europa. En España, sin ir más lejos. Es cierto que aquí la cosa no funciona bien, pero la causa no está en la falta de una mayoría absoluta en el Parlamento -una auténtica rareza en la Europa democrática, por otra parte-, sino en la ausencia de ideas, en la falta de liderazgo y en la nula capacidad para el diálogo y el acuerdo que muestran Rajoy y los suyos. En otros lares, las minorías mayoritarias gobiernan con eficacia razonable. Aquí lo hizo Zapatero.

En definitiva, todo el respeto para la socialdemocracia alemana y la difícil decisión que tiene por delante, pero no podemos dejar de advertir sobre los graves riesgos en que incurrirá si antepone el sentido de la responsabilidad más inmediata a la previsión inteligente para su futuro… y el nuestro.

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Trabajadores de Opel España salen de la factoría de Figueruelas (Zaragoza).

La sociedad española no puede dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social

En pocos días, el Congreso de los Diputados constituirá formalmente la ponencia encargada de redactar la Ley que ha de establecer un Ingreso Mínimo para parados sin recursos en nuestro país. Como era de esperar, en su contra se han alzado voces que llaman a la “responsabilidad” del legislador, porque “algo así no nos lo podemos permitir”.

Los argumentos también han sido previsibles: que si “cuesta demasiado”, que si se trata de un estímulo a la “vagancia”, que si supone un “efecto llamada” a la inmigración económica… Para la mayoría de la sociedad española, sin embargo, lo que “no nos podemos permitir” es la realidad de un 28% de españoles sufriendo riesgo de pobreza y exclusión social, como señala Eurostat, en un país, además, cuyo Gobierno presume cada día del crecimiento sostenido del PIB.

Va a costar sobremanera que la tramitación de esta ley concite la debida atención mediática y social, en un contexto casi monopolizado por el bucle de la política catalana o las revelaciones de los arrepentidos en las interminables causas judiciales del PP. No obstante, hay muchas razones para reclamar el foco sobre este asunto. En primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular, llegada al Congreso gracias al esfuerzo y la esperanza de más de 700.000 firmantes.

Segundo, porque sus promotores fueron los sindicatos UGT y CCOO, legítimos representantes de los trabajadores españoles. Y tercero, porque interpela a los poderes públicos para cumplir una obligación moral antes que política: la de luchar efectivamente contra la pobreza y proveer a nuestros semejantes de los medios necesarios para vivir con dignidad.

Quien esto firma tuvo el privilegio de defender en la tribuna del Congreso la toma en consideración de esta propuesta de ley. Y si entonces había razones para admitirla a trámite, hoy, más de un año después, las razones para que entre en vigor son aún más sólidas, tanto en el orden social como en la clave económica e, incluso, en términos puramente democráticos.

Es cierto que la macroeconomía española ha superado la crisis iniciada en 2008. Pero no es menos verdad que el crecimiento del PIB se ha financiado con pobreza laboral y desigualdad social. Las empresas del IBEX multiplican beneficios con porcentajes de dos dígitos, mientras el paro se mantiene por encima de los 3,7 millones de personas, de las que más de la mitad no reciben prestación publica alguna.

De hecho, casi la cuarta parte de los españoles que llevan parados más de dos años no tienen cobertura pública. Son más de 1,5 millones. La cobertura pública a los parados registrados ha pasado del 70% al 58% entre 2011 y 2017. En consecuencia, los hogares españoles con todos sus miembros en paro superan los 1,2 millones y más de uno de cada cinco españoles se sitúa ya por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, a medida que arreciaban los costes sociales de la crisis, el Gobierno recortaba el gasto destinado a proteger a sus víctimas.

En términos estructurales, además, todo parece indicar que la economía global y la revolución tecnológica digital se están saldando con un balance de empleo negativo. Todavía son menos los empleos creados que los que se destruyen al calor del avance técnico en los procesos productivos.

Y esto supone un problema grave para unas sociedades que tradicionalmente han vinculado renta con empleo y ayudas públicas con situaciones temporales de desempleo. Si las economías de mercado no son capaces de reducir las tasas de paro, y en tanto no cambiamos el paradigma económico en favor del reparto de los tiempos de trabajo o el fomento de nuevas actividades intensivas en mano de obra, parece razonable generalizar prestaciones de ingresos mínimos como la que nos ocupa.

También hay buenos argumentos de eficacia económica para respaldar esta iniciativa. Está demostrado que las economías que crecen a costa de reducir el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de los trabajadores están condenadas al fracaso a medio plazo. Una prestación pública para hogares sin recursos supone una inyección inmediata al consumo, que se traducirá necesariamente en el aumento de la actividad económica y el empleo. Esta es una línea de pensamiento que ya están asumiendo las autoridades de la Comisión Europea y el FMI a propósito del aumento necesario en los salarios.

Hay una razón democrática también a favor de este tipo de medidas. Porque si una prestación para hogares pobres podría “llamar” negativamente a la pereza o a la inmigración económica ilegal, como aseguran sus detractores, es seguro que la cronificación de las desigualdades y el aumento de la pobreza acabarán “llamando” al auge de los populismos que persiguen derruir el sistema vigente sin asegurar nada mejor.

Está comprobado históricamente que la desigualdad y la pobreza constituyen el auténtico cáncer de la democracia. En consecuencia, aquellos que cuentan afanosamente sus monedas, tal y como hacía el avaro Ebenezer Scrooge en el célebre Cuento de Navidad de Dickens, deberían calcular bien hasta dónde pueden tensar la cuerda de la injusticia social. Porque un día podría romperse…

En la ponencia legal en ciernes podremos discutir y acordar en torno al cuánto, al cuándo y al cómo. Si la ayuda se establece como una nueva prestación no contributiva a cargo de la Seguridad Social, financiada con los presupuestos del Estado, pero gestionada por las Comunidades Autónomas, salvaremos las dificultades competenciales. Si acordamos un calendario de aplicación progresiva, sortearemos también los inconvenientes presupuestarios. Si vinculamos bien la prestación con el marco global de las políticas activas y pasivas de empleo, así como con las rentas autonómicas de inserción, el conjunto podría resultar armonioso y eficaz.

Es mucho dinero, desde luego. Según las fórmulas y los tiempos de aplicación, podríamos hablar de entre 6.000 y 12.000 millones de euros al año. Pero ¿es demasiado? Habría que hacer comparaciones. ¿Comparamos con los más de 60.000 millones del rescate a la banca que nunca se recuperarán? ¿O con los 40.000 millones de dinero negro lavado en la amnistía fiscal de Montoro? ¿O con los 13.000 millones anuales “ahorrados” en prestaciones por desempleo desde 2011? ¿Y cómo de cara resulta la pobreza?

Será difícil, sin duda. Pero tengamos algo claro: lo que realmente no se puede permitir la sociedad española, si aspira a un mínimo de justicia, dignidad y decencia, es dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social.

Tribuna publicada en EL PAÍS el 6 de febrero de 2018

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