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Archive for the ‘Elecciones’ Category

Bastó que Pedro Sánchez apuntara someramente durante un desayuno informativo las claves de la apuesta socialista por garantizar pensiones dignas, para que se desataran las críticas instantáneas y furibundas desde la derecha, la explícita y la fáctica. Que si demagogia, que si revanchismo, que si seguidismo podemita…

Era lógico y previsible. Por varias razones. Hablar del sistema de pensiones es hablar del modo de vida de nueve millones de españoles y de quienes de ellos dependen. Muchos votos. Hablar de solidez en el sistema público de pensiones supone afectar intereses económicos muy privados y muy relevantes. Y si quien habla es alguien con serias posibilidades de convertirse en el próximo Presidente del Gobierno de España, los nervios se disparan.

Y esto irá a más. Porque el PSOE está empeñado en sumar voluntades para ganar las próximas elecciones, y quiere hacerlo desde una izquierda de gobierno, pero una izquierda valiente. Tan valiente como para ponerse al lado de los pensionistas de hoy y de mañana, a pesar de las diatribas, las campañas orquestadas y las apuestas evidentes de los poderes fácticos por la derecha vieja o nueva, azul o naranja, tradicional o transformista.

¿Por qué? Porque el PSOE es esto, precisamente. Desde hace 140 años, los socialistas han hecho frente a quienes tachaban de demagogia la jornada semanal de 40 horas, las vacaciones pagadas, la sanidad universal, la educación gratuita, las ayudas a la dependencia… y las pensiones dignas. Ese es el papel del partido de la igualdad, del partido constructor del Estado de Bienestar en España, del partido del crecimiento justo, del partido que defiende los derechos de aquellos a los que nunca defendieron ni defenderán esos poderes fácticos.

Porque, ¿cuál es el propósito y la estrategia de la derecha en materia de pensiones? Hablando claro: se trata de crear las condiciones que lleven a reducir el gasto público en prestaciones. ¿Las  razones? A menor gasto público, menos impuestos para los que más deben contribuir. Y a menos atractivo en las pensiones públicas, más negocio para quienes comercializan las pensiones privadas.

¿Cómo lo hacen? Cuando gobiernan los suyos, como ahora, disparan el déficit de la Seguridad Social recortando sus ingresos y esquilmando el Fondo de Reserva: cuotas reducidas por la precariedad salarial, reducciones de cuotas empresariales, cobertura de parados a la baja… Y una vez el déficit se convierte en estructural, avivan el discurso sobre lo “insostenible” de nuestro sistema de pensiones. “Algo habrá que hacer…”. ¿Qué? Recortar las prestaciones, desde luego.

En resumen: la derecha plantea encontrar un sistema de pensiones a la medida de su sistema económico, fiscal y laboral.

El PSOE, por el contrario, plantea buscar un sistema económico, fiscal y laboral a la medida del sistema de pensiones dignas al que no estamos dispuestos a renunciar.

La propuesta de Pedro Sánchez que tanto ha asustado a los poderes fácticos tiene dos objetivos: asegurar prestaciones dignas a los pensionistas y equilibrar las finanzas de la Seguridad Social.

Lo primero se logra derogando la reforma impuesta por el PP en 2013, que ha convertido a España en el único país europeo que no vincula la subida de las pensiones ni con precios ni con salarios. Hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones haciendo que suban conforme al coste de la vida, acabando con el límite del 0,25% que empobrece día a día a los pensionistas.

El segundo propósito se logra racionalizando gastos y aumentando ingresos. Los gastos a racionalizar son los gastos administrativos que se cargan indebidamente a las cuentas de la Seguridad Social, y los regalos millonarios que se hacen a muchos empresarios en forma de reducciones de cuotas.

Y los ingresos a aumentar han de llegar por varias vías: derogando la reforma laboral que tira a la baja los salarios (y sus cotizaciones); intensificando la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para evitar fraudes; destopando cotizaciones; y con impuestos, sí, porque los impuestos están para cumplir objetivos de interés social, como el de ofrecer un digno descanso a quienes llevan toda la vida trabajando duro.

El planteamiento del PSOE es valiente, pero es riguroso. Los números salen. Los ejemplos de lo que se quiere hacer aquí se pueden encontrar en nuestro entorno europeo. ¿Mucho gasto? Ahora gastamos en pensiones poco más del 11% del PIB, y hay margen hasta el 14 o el 15% de Italia, Francia o Alemania. ¿Impuestos con compromiso finalista? ¿Incluso a la banca? Lo hacen los británicos sin que se hunda la City. Lo hacen los franceses sin que quiebre la República y su grandeur…

La batalla será dura. Pero ¿qué batalla de las que merecen la pena no ha sido dura para el PSOE en sus 140 años de historia?

Que vayan preparando sus adjetivos para las propuestas que quedan, en lo laboral, en la educación, en la sanidad, en el ingreso mínimo… Van a necesitarlos todos.

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Soy consciente de que dicho así, política para las personas, corro el riesgo de que el lector despache esta tribuna, incluso antes de leerla, como una obviedad, una tautología o una boutade más en este principio de año tan dado a los deseos buenos e improbables. Sin embargo, creo que no hay reivindicación más justa para la política de hoy, y creo que no habría consecución más revolucionaria para la política de mañana.

Cualquiera de los analistas conspicuos que pueblan las tertulias televisivas y radiofónicas ha podido probablemente constatar en estas fiestas hasta qué punto se produce un divorcio absoluto entre los titulares de la política protagónica y las preocupaciones de las personas de carne y hueso con las que ha compartido celebración. 

Ni la unidad del Estado amenazada, ni el sorpasso de Rivera a Rajoy, ni la depresión de Pablo Iglesias, ni la escalada del PIB o del IBEX, ni los misterios del Popular, han formado parte, muy probablemente, de las conversaciones de fuera del plató televisivo o del estudio radiofónico. Política y personas son hoy, por desgracia, auténticas realidades paralelas. Casi un oxímoron, por paradójico que resulte. 

Tomando los titulares que ha dado la política durante 2017, casi podemos anticipar los debates que la política dará durante 2018. Se hablará del bucle separatista en Cataluña, de su alter ego en Tabarnia, y de quién se llevará el gato al agua en la financiación de los gobiernos autonómicos. Se hablará de la competición entre partidos y, aún más jugoso, de la pelea intra partidos.

Se hablará de las conspiraciones en la corte de Rajoy, de la última encuesta/apuesta de los poderes financieros por su héroe naranja, del neo-estalinismo circular de Iglesias y sus confluencias a la baja, de los pulsos de Sánchez y sus barones a propósito de las candidaturas para 2019, del capítulo enésimo en la temporada enésima de las corruptelas de la derecha capitalina… 

Y se hablará del PIB recuperado, del IBEX musculado y de la EPA remontada. Tendremos presupuestos sí, presupuestos no, presupuestos depende, con pagos sí, pagos no, y pagos depende a los socios presupuestarios. Nos contarán que vendemos un trocito más de nuestra Bankia, un trocito más de nuestra AENA, y un trocito más de las autopistas que mal vendimos, que bien compramos y que volveremos a mal vender… 

Pero ni en uno solo de todos estos titulares más que probables aparecerá persona alguna, de las que necesitan de la política y de las que, por desgracia, poco esperan de la política. Esas personas son las que sufren desempleo con demasiada duración, y las que sufren empleos mal pagados, y las que sufren servicios públicos deteriorados, y las que sufren prestaciones y subsidios recortados… 

Son los mayores con pensiones que pierden año a año poder de subsistencia, mientras aumentan los copagos, se alargan las listas de espera en la sanidad y se multiplican las facturas de la luz. Son los jóvenes traicionados por el sistema que les prometió un proyecto de vida a cambio del esfuerzo en su formación, y que se ven forzados a elegir entre precariedad o exilio, sin plantearse siquiera un futuro más allá del próximo contrato de tres días… 

Son las mujeres convencidas de que las promesas de igualdad legal se han convertido en la trampa de la desigualdad letal. Porque el pronóstico de una vida emancipada respecto al deber del cuidado familiar se ha convertido en el diagnóstico de una vida multiplicada por el mismo deber del cuidado familiar y la creciente desventaja en el entorno laboral. Y mientras tanto siguen sufriendo desigualdad y discriminación, cuando no acoso, agresión y asesinato.

Y son los niños, a los que roba el futuro el empobrecimiento de sus padres. Y los propios pobres, desmentidos cada día por los titulares de la recuperación virtual, pero enterrados cada día en el pozo de la desigualdad real. Y los refugiados ignorados, y los inmigrantes encarcelados, y los diferentes discriminados… 

Pero qué aburrida puede resultar la política cuando habla de los problemas aburridos de las personas aburridas… 

Sí. Algunos estamos empeñados en eso, en la política de las personas, por insólito que resulte en los discursos celebrados de algunos políticos, en los titulares rutilantes de la prensa, en los totales exclusivos de la radio o en las tertulias-trifulcas de la televisión.

Ese es nuestro improbable buen propósito para el año nuevo.

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Los resultados de las elecciones autonómicas en Cataluña devuelven el contencioso ocasionado por el desafío separatista al escenario previo al 6 de septiembre, cuando las fuerzas independentistas ejecutaron su golpe a la legalidad y a la convivencia democrática. Aquella ruptura unilateral generó un colapso social, económico e institucional cuyas consecuencias tardarán mucho tiempo en superarse. Las urnas legítimas y libres del 21-D ofrecen una nueva oportunidad a la conjunción PDCat-ERC-CUP para perseguir una nueva relación de Cataluña con el resto de España y de Europa, pero esta vez respetando las reglas del juego de nuestra democracia.

Desde la perspectiva del progresismo español, los resultados electorales en Cataluña son malos, sin apenas matices. El independentismo se vuelve a imponer en escaños sobre las opciones no independentistas; si bien pierde en votos frente al no independentismo, cede la primera plaza y retrocede tanto en diputados como en porcentaje de apoyos respecto a las elecciones de 2015 y, desde luego, respecto a la parodia de votación del 1 de octubre. A la vez, la derecha de Ciudadanos y la antigua Convergencia, coincidentes en el apoyo a la reforma laboral del PP y a sus políticas de recortes, se impone sobre la izquierda; si bien lo hace sobre una estrategia de voto útil en clave de rechazo y apoyo al proceso separatista, respectivamente.

La conclusión es un panorama político e institucional complejo, difícil de gestionar y plagado de riesgos, tanto para la gobernabilidad de Cataluña, como para el reto decisivo de la recuperación económica, en Cataluña y en el resto de España. En consecuencia, se entienden mal las expresiones de alborozo que mostraron algunos en la noche electoral. Ciudadanos es la primera fuerza, pero el independentismo mantiene todas las bazas para gobernar. Puigdemont queda por delante de Junqueras, pero el separatismo que ambos dos representan es derrotado en votos. El PSC avanza, pero poco. Los comunes podemitas pagan su tacticismo con un fuerte retroceso. La CUP se disuelve, porque su radicalidad ya no es nada original en el separatismo. Y el PP se hunde con la sensación de haberle hecho el trabajo sucio a sus rivales más directos.

Hay algo importante por celebrar, sin embargo. Las previsiones de una participación record se confirmaron, y la ciudadanía catalana participó como nunca antes en unas elecciones decisivas para su futuro. Y la jornada se celebró sin apenas incidentes de mención, a pesar de las sombras de duda que intentaron arrojar precisamente aquellos que hace solo unas semanas, el último 1 de octubre, protagonizaron un vodevil sonrojante de votaciones al margen de la ley, sin censo, sin junta electoral, sin resultados verificables y sin garantía democrática alguna.

¿Y ahora? Con toda probabilidad, PDCat-ERC-CUP intentarán hacer valer su exigua mayoría en escaños, que no en votos, para formar Gobierno. Y probablemente lo lograrán, a pesar de las contradicciones internas en ese mundo, que no son menores, en estrategia y en desencuentros personales. Procurarán desarrollar su programa de horizonte separatista pero, eso sí, habrán de hacerlo conforme a la legalidad y sin hurtar sus derechos a la mayoría de ciudadanos catalanes que no votan separatismo. Porque si vuelven a actuar como el 6 de septiembre y los días sucesivos, a la democracia española no le quedará más remedio que defenderse aplicando la Constitución, con toda legitimidad.

Por tanto, el futuro debiera desterrar la unilateralidad separatista de unos, por ilegal, al igual que la cerrazón inmovilista de otros, por contraproducente. Es tiempo de reformas en la organización territorial del Estado, y esas reformas deben acometerse en el marco de la legalidad, pero de manera abierta y valiente. Desde el diálogo, el encuentro y la voluntad de acuerdo. Ahí está la Comisión de Evaluación y Mejora de la Organización Territorial del Estado, propuesta por el PSOE y constituida ya en el Congreso de los Diputados, para albergar los debates. Ojalá funcione.

Dos errores a evitar, por último. Cometerían un error los independentistas incursos en causas judiciales si interpretan los votos como una exoneración de sus responsabilidades ante la ley. Ningún porcentaje de votos faculta a nadie en democracia para saltarse impunemente las normas. Y se equivocarían también los dirigentes de Ciudadanos si intentan cobrarse rápidamente, en cash y en el escenario nacional, el buen resultado obtenido en Cataluña. Aquello ha sido excepcional, porque estaba en juego algo tan relevante y tan previo a la política como la propia convivencia democrática. En España, Ciudadanos ha sido, es y será ante la gran mayoría, tan solo esa media naranja que acompaña dócil y alegremente al PP en sus políticas más injustas de recortes sociales y precariedad laboral.

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El término “soberanía” se esgrime de forma habitual desde posiciones nacionalistas y populistas como sinónimo de democracia avanzada. Nacionalistas e independentistas enfrentan la soberanía propia y legítima a las imposiciones ilegítimas y antidemocráticas de aquellos a los que rechazan como ajenos. Los populistas confrontan la soberanía legítima del pueblo con la casta que usurpa el poder, según ellos.

Es curioso, porque la “soberanía” y el “soberano” son términos con una tradición muy alejada de las reivindicaciones democráticas. Siempre se habló del rey soberano como aquel capaz de declarar la guerra y hacer la paz, de mandar sobre personas y sobre haciendas, de impartir justicia… Soberanía equivalía a poder concentrado y centralizado.

Durante el siglo XIX y parte del XX, la soberanía se asocia ya a la nación, pero no tanto al pueblo. Es aún soberanía nacional, no popular. Se reclama la soberanía propia frente a las potencias invasoras o coloniales, en nombre de la nación, no en nombre del demos, no de la gente.

Sin embargo, en este siglo XXI, la reivindicación permanente de la “soberanía” viene, por ejemplo, de los dictadores que disfrazan su autocracia de patriotismo, y que denuncian las reclamaciones internacionales de respeto a los derechos humanos como injerencias intolerables.

Asimismo, la extrema derecha comparte con algunos populismos el discurso eurofóbico, que denuncia las políticas comunitarias como agresiones que mancillan la soberanía, ahora no solo de la nación, sino también del pueblo inocente y maltratado.

Soberanía es igualmente lo que exigen nacionalismos, separatismos e independentismos, como el bálsamo redentor de todos los males. Sea cual sea la complejidad del problema a tratar. Sea cual sea el alcance del desafío al que responder. Sea cual sea el incumplimiento propio a justificar. La causa del mal estará siempre en la falta de soberanía. El culpable será siempre el que usurpa nuestra soberanía. Y la Arcadia feliz llegará siempre de la mano del ejercicio propio de la soberanía.

Solo que la soberanía de la que hablan no existe.

¿Qué es soberanía, más allá de discursos románticos y más allá de ejercicios de demagogia fútil? Soberanía equivale a poder. Soberanía hoy, en las sociedades modernas, es capacidad para organizar el espacio público compartido para alcanzar objetivos de interés general. Soberanía, en definitiva, es posibilidad de favorecer el ejercicio de derechos y libertades de ciudadanía, de propiciar bienestar para el pueblo.

Y en la era de la globalización esas capacidades hay que situarlas en su dimensión más eficaz. Porque la dimensión de los espacios públicos a organizar y a regular hoy para hacer efectivos los derechos y las libertades de ciudadanía ha trascendido las fronteras de cualquier soberanía nacional.

Las relaciones económicas a regular escapan de las soberanías alicortas que nacionalistas y populistas reclaman en sus discursos viejunos. Los grandes retos frente a la elusión fiscal, el dumping laboral, el cambio climático, las crisis de refugiados o el terrorismo yihadista, por citar solo algunos, se ganarán desde soberanías amplias y compartidas, o se perderán.

Reclamar la soberanía del pueblo español ya se va quedando viejo. Exigir la soberanía de la nación catalana, o del pueblo vasco, o del murciano, es ya, sencillamente, una “paletada”.

En este siglo XXI de la globalización y la revolución tecnológica, las únicas soberanías viables, eficaces y, por tanto, deseables, son las soberanías que se comparten en espacios públicos cada vez más amplios. Con el propósito, no de agitar banderas al viento, sino de hacer realidad los derechos y las libertades, el progreso y la justicia social, para todos, se emocionen con la bandera que se emocionen…

¿Soberanía? Hoy, la del pueblo europeo. Mañana, la compartida con toda la Humanidad.

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Eran exactamente las 19 horas, 59 minutos y 34 segundos del 20 de noviembre, cuando el Registro General de las Cortes recibió el escrito del Gobierno por el que se vetaba la tramitación de la Proposición de Ley de mejora de la pensión de viudedad. Exactamente 26 segundos antes de expirar el plazo legal.

Esos 26 segundos marcan la diferencia entre dar curso o mandar a la papelera una propuesta de ley presentada por un Grupo de 84 diputados elegidos por la ciudadanía española. Es cierto que el Constituyente otorgó al Gobierno la facultad de evitar la tramitación de iniciativas que desequilibraran la balanza de gastos e ingresos públicos. Y es igual de cierto que este Gobierno hace uso abusivo y fraudulento de tal facultad.

El documento que el Gobierno registró con apenas 26 segundos de margen esgrime un coste presuntamente inasumible y desequilibrante de 858,42 millones de euros para aplicar la medida propuesta. Asegurar, como hace el Gobierno, que un gasto de 858 millones descabalga de manera insuperable un presupuesto de más de 400.000 millones es un insulto a la inteligencia de los españoles. Y frustrar con tal falacia la subida de las pensiones a las viudas con menos recursos constituye una injusticia muy lamentable.

Los demócratas sabemos que la democracia también es aritmética, y sabemos que por muy justa que sea tu idea, si hay más partidarios de rechazarla que de aceptarla, la buena idea no saldrá adelante. Lo que resulta difícilmente asumible desde una cultura democrática es que un Gobierno en minoría logre impedir vez tras vez la tramitación y el debate siquiera de aquellas iniciativas con las que no está de acuerdo.

En el  año escaso que ha transcurrido desde el inicio de esta Legislatura, el Gobierno ha hecho uso del veto a las propuestas de leyes de la oposición en 50 ocasiones, si bien surtió efecto sobre 44 iniciativas. Debe añadirse a esta denuncia, por cierto, la complicidad permanente del grupo parlamentario de Ciudadanos, que martes tras martes, en cada reunión de la Mesa del Congreso, hace paréntesis en su discurso acerca de la regeneración democrática para respaldar los abusos antidemocráticos del Gobierno del PP.

A esta dinámica perversa de los vetos presupuestarios hay que sumar también la táctica dilatoria que PP y Ciudadanos aplican a la limón para ampliar los plazos de presentación de enmiendas en determinadas propuestas de Ley que ya han salvado los demás obstáculos. Algunas de estas dilaciones indebidas superan el año y, además, pueden ir seguidas por las oportunas sesiones de comparecencias y solicitudes de informes varios, que retrasan aún más, e innecesariamente, el trabajo legislativo.

Esto último es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la trascendental iniciativa popular para el establecimiento de una prestación de ingreso mínimo para parados que han agotado las ayudas públicas. Un retraso injustificable.

Finalmente, el fraude se completa con el abuso tradicional que los Gobiernos hacen de su facultad para aprobar Decretos Leyes, y que la doctrina constitucional limita a casos de “extraordinaria y urgente necesidad”. Como es sabido, los Decretos Leyes recortan drásticamente la capacidad de los grupos parlamentarios para influir en la redacción de las normas que entran en vigor.

En poco más de un año, el Gobierno del PP ha llevado al Congreso hasta 25 Decretos Leyes, mientras que tan solo ha tramitado con normalidad y garantías de participación 15 Proyectos de Ley, de los que solo se han terminado de aprobar cinco: los presupuestos generales del Estado y cuatro transposiciones de directivas europeas. Por tanto, cero en iniciativa legal propia bien tramitada.

Estos son tiempos procelosos para la defensa del Estado de Derecho, la legalidad y nuestra Constitución. Y, desde luego, el Gobierno no ofrece precisamente buen ejemplo con tanto veto y tanto decreto injustificado.

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Algo se está moviendo en la conciencia colectiva respecto a las expresiones más contumaces del machismo. La gran mayoría de los españoles ha dejado de transigir con lo que hasta hace demasiado poco tiempo aún se daba en llamar violencia “doméstica” o simples “peleas de pareja”. Y poco a poco están dejando de ser tolerables también ciertas conductas en el entorno laboral, universitario o festivalero, que antes entraban en la categoría de normales o inevitables, y que ya comienzan a denunciarse de manera general como lo que realmente son: auténtica violencia machista.

Casi la mitad de las mujeres españolas denuncian haber sido víctimas de un abuso o agresión sexual en alguna ocasión durante los últimos 15 años, según una macro-encuesta del Gobierno datada en 2015. En muchos casos se trata de violencia ocasionada por la pareja o expareja, pero en otras ocasiones la agresión parte de hombres que hacen uso de su prevalencia sobre la mujer, porque son sus jefes, sus profesores, sus entrenadores, sus psiquiatras… Otro escenario demasiado habitual en este tipo de violencias se da en las fiestas populares, que algunos agresores interpretan como una especie de “barra libre” para sus apetencias sexuales.

Cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar los actos de violencia machista públicamente y ante la Justicia, afrontando el coste lamentable que tales denuncias suponen en su entorno familiar y social. Cada vez son mayores las muestras de comprensión y respaldo público que estas víctimas reciben. Y cada vez son más los violentos que obtienen el reproche social y el castigo judicial que corresponde a su conducta.

Es cierto también que las reacciones de banalización, cuando no de comprensión o legitimación de la violencia machista están aún presentes en esta sociedad. Pero día a día reciben más contestación. Ha ocurrido últimamente con el intento de culpabilizar a la víctima en el juicio por violación de “la manada” en Pamplona. Ha pasado con algunas campañas institucionales paternalistas que llamaban a “no maltratar a lo más grande de Galicia”. Ocurre a menudo con menciones de políticos, periodistas o publicistas que no respetan debidamente los derechos de las mujeres.

Las cifras son muy llamativas y absolutamente inaceptables en lo referido a la cantidad de mujeres afectadas por esta violencia. 44 mujeres asesinadas por el machismo en lo que va de año, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Más de dos millones de agresiones ocasionadas por parejas o exparejas. Millón y medio de agresiones fuera de las relaciones de pareja. Y tanto o más graves aún resultan los porcentajes de jóvenes que contemplan la violencia machista como “normal” (27%) o que entienden que el problema “se exagera” (21%).

Hay un punto de inflexión en nuestro tiempo, sin duda, respecto a la consideración social de la violencia machista. Una inflexión en el buen sentido, en el sentido de la condena al machismo y del apoyo a sus víctimas. Pero hace falta más esfuerzo, mucho más, para arrinconar definitivamente al machismo y erradicar sus consecuencias más dañinas.

Este esfuerzo tiene tres caminos fundamentales: la educación en valores de igualdad, desde la infancia más tierna; la penalización contundente para las conductas violentas, en lo social y en lo judicial; y la protección efectiva de las víctimas, para que escapen, para que denuncien, para que se sientan protegidas, y para que puedan rehacer sus vidas libres de maltrato alguno.

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Algunos de los actores más recientes en la política española se empeñan en distinguir lo que llaman “vieja política” o “régimen del 78” de la “nueva política”, que representarían presuntamente ellos mismos. En esta descalificación peyorativa suelen coincidir, desde perspectivas distintas, tanto los dirigentes de Podemos como los de Ciudadanos y buena parte del universo separatista catalán.

Estos discursos suelen desechar las formas propias de los protagonistas de la Transición como demasiado pactistas y claudicantes, bien con el pasado franquista, bien con los nacionalismos periféricos. La voluntad de encuentro se tacha de complicidad y el propósito del consenso se explica como traición. Se trata de subrayar los méritos supuestos de la “nueva” política desde la autenticidad pura, insobornable, innegociable y no mestiza.

En realidad, lo que algunos llaman contraste entre vieja y nueva política no es sino una reedición en formato actualizado de contrastes muy gastados en la historia española de los dos últimos siglos: el diálogo frente a la discusión; la empatía frente al sectarismo; la concordia frente al cainismo; el consenso frente al disenso; y, en definitiva, la vocación de unir frente a la vocación de dividir. 

¿Por qué aquel valor mayoritario en favor del diálogo y el acuerdo entre diferentes que triunfaba en la Transición cotiza menos en el tiempo actual? Quizás porque se ha atenuado el temor a la repetición de los episodios guerracivilistas. Quizás queda lejos ya el miedo a perder las libertades democráticas que las nuevas generaciones perciben como irreversibles. 

Pero hay motivaciones más prosaicas en el manejo político cotidiano. La crisis económica ha provocado frustraciones y enfados que algunos han decidido rentabilizar antes que atemperar derogando sus causas. Y la ira ciudadana se rentabiliza mejor a corto plazo señalando culpables que proponiendo soluciones.

Además, la representación política se ha fragmentado sobremanera, y los cuarentas por ciento que antes se requerían para influir, ahora se han reducido a unos más asequibles veintitantos por cientos. Para obtener más del 40% de los votos hay que hacer discursos integradores. Para sumar algo más del 20% basta con tener movilizada a la propia parroquia. 

Algunos se preguntan por las razones que llevan, por ejemplo, a Donald Trump a mantener una estrategia de permanente radicalización en la política de su país. De hecho, con solo un 40% de apoyos se ha convertido en el presidente americano más impopular durante el primer año de gestión. Sus cálculos son tan lamentables como efectivos. Simplemente renuncia a sumar más voluntades de las que le bastan para ganar la previsible batalla por la reelección. 

Salvando las distancias geográficas e ideológicas, algo parecido ocurre con los “nuevos” actores políticos en España. A Iglesias, a Rivera y a Puigdemont parecen bastarles los apoyos muy movilizados de sus acólitos para cumplir objetivos de táctica electoral. Si la radicalización les va bien, ¿por qué apostar por el diálogo o el acuerdo? 

El maestro Ignatieff escribió que “los políticos deben descubrir formas de articular lo que nos es común y después impregnar con esa vida en común el tejido de las instituciones”. Porque hacer política honesta es eso, velar por un proyecto común para una ciudadanía compartida. Hacer política de verdad, más nueva o más vieja, consiste en anteponer y cuidar lo que afortunadamente nos une sobre lo que legítimamente nos separa. Y evitar que las ideas diferentes se conviertan en muros insalvables para el afán de una convivencia democrática y saludable. 

El auténtico liderazgo en política no consiste en exacerbar el ánimo de una facción para enfrentarse a otra facción en el seno de una misma sociedad, con los mismos problemas de presente y los mismos desafíos de futuro. Liderar es hacerse con el estado de ánimo del conjunto y, desde las propias ideas, tratar honestamente de conducirlo por el camino del progreso común.

Ese fue el propósito de aquellos grandes hombres y de aquellas grandes mujeres que hicieron posible la maravillosa rareza histórica de la Transición Democrática Española y la Constitución de 1978. Ojalá el carácter de aquella “vieja” política perviviera en mayor medida entre los protagonistas de la política supuestamente “nueva”. 

Este propósito honesto pervive, por cierto, en iniciativas actuales como la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico que el PSOE ha propuesto en el Congreso, con ánimo de fomentar el encuentro y el acuerdo en torno a las reformas pendientes en la organización territorial del Estado.

Y ese mismo propósito anima en estos días a los socialistas catalanes en su discurso, en sus propuestas y en sus alianzas, para hacer del 21-D una oportunidad de encuentro y no un nuevo motivo para el frentismo, el desencuentro y el conflicto. 

¿Sobra la vieja política? No. Los que sobran son los viejos vicios cainitas, demasiado presentes siempre en la historia de la política española.

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