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Archive for the ‘Elecciones’ Category

El símil con aquella campaña institucional destinada a fomentar el ahorro energético no es mío. Es de Iñaki Gabilondo y se lo escuché en la cadena SER, pero sirve para ilustrar de manera precisa el momento político que vivimos en relación a la investidura del Presidente del Gobierno.

Y es que da la sensación de que algunos actores pretenden alargar el proceso que ha de investir al único Presidente posible, por motivos puramente tácticos y egoístas. Y puede que a ellos les convenga esperar, pero España, efectivamente, no puede.

La paradoja del momento es la siguiente. La ciudadanía ha cumplido con su responsabilidad democrática, acudiendo repetidamente a las urnas y arrojando un veredicto muy claro. El PSOE ha ganado de largo las elecciones generales, las europeas, las municipales y en diez de las doce elecciones autonómicas llamadas a votar.

Ha cumplido son su responsabilidad constitucional el Jefe del Estado que, tras la ronda preceptiva con los representantes políticos, ha propuesto un candidato a la presidencia del Gobierno. Y, finalmente, ha cumplido con su responsabilidad el propio candidato, Pedro Sánchez, que ha compartido sus planes con los dirigentes de diez fuerzas políticas con presencia en el Parlamento.

Ya solo queda que también asuman su responsabilidad el resto de los actores políticos con capacidad de decisión y voto en la sesión de investidura. Y tienen tres opciones legítimas: o apoyan al candidato propuesto, o intentan forjar una alternativa (que no es posible), o se hacen a un lado sin bloquear la única investidura posible. Estas son opciones legítimas, porque no resulta legítimo optar por el boicot a las instituciones, el bloqueo y la ingobernabilidad. Quizás ellos se puedan permitir ciertos tacticismos interesados, pero España no puede.

Quizás unos jueguen a presionar al candidato, intentando llevarle hasta el extremo con la intención de que varíe sus planteamientos en un acuerdo programático, parlamentario e institucional muy razonable. Puede que otros jueguen simplemente a retrasar la investidura para provocar el desgaste político del candidato y fomentar la sensación de inestabilidad. Incluso puede haber quienes jueguen a repetir elecciones, por si les fuera mejor en una nueva cita con las urnas.

Se trata de juegos tácticos tan comprensibles como evidentes, pero absolutamente inaceptables desde la perspectiva del interés general. Los cálculos partidistas son inevitables, pero han de subordinarse al bien común porque, de lo contrario, se subvierte claramente el mandato representativo.

En concreto, puede que algunos actores políticos estén apostando a hacer fracasar la investidura del único Presidente posible en julio, para irse de vacaciones en agosto y continuar el juego táctico en septiembre. Sería una irresponsabilidad.

Hay asuntos pendientes que no pueden esperar al juego táctico de ningún partido. El último informe FOESSA alerta sobre la existencia de más de ocho millones de excluidos sociales en España. Estamos pagando la extra de las pensiones con préstamos. La precarización de muchos empleos exige un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma urgente. Tenemos pendiente el nuevo sistema de financiación autonómica desde hace años. El cambio climático requiere respuestas legales y estructurales ya. En Europa nos esperan para afrontar el brexit, el presupuesto del euro, la armonización fiscal…

Además, aún tenemos por renovar el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE…

Definitivamente, no. España no puede esperar. Necesitamos un Gobierno estable ya. Los ciudadanos han hecho su trabajo. Ahora corresponde a diputados y diputada actuar con responsabilidad.

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En estos días previos a la sesión de investidura que tendremos pronto en el Congreso de los Diputados, se habla mucho del “con quién” saldría adelante la elección de Pedro Sánchez, del “cómo” explicarán unos y otros su voto, incluso del “cuándo” se producirá la votación definitiva. Pero siendo tales incógnitas de gran interés, resulta extraño que se centre tan escasa atención sobre algo tan fundamental como el “para qué” está reclamando la investidura Pedro Sánchez y el partido ganador de las elecciones generales.

Ignorar esta información equivaldría a dar por hecho que el comportamiento de los grupos parlamentarios en la sesión de investidura tendrá más que ver con sus estrategias partidarias que con los intereses de la ciudadanía española. Sin embargo, lo cierto es que los facilitadores de la investidura estarán abriendo la puerta a la consecución de unos objetivos de país que han sido perfectamente explicitados por el candidato Sánchez. Y, a la inversa, quienes dificulten la investidura serán responsables de obstaculizar el alcance de tales metas de interés general.

El primero de los grandes propósitos del Gobierno socialista que Pedro Sánchez aspira a formar en breve consiste combatir eficazmente las desigualdades que se han disparado en España desde la crisis de 2008, y como consecuencia de su gestión injusta por parte de la derecha gobernante entre 2011 y 2018.

Varias noticias en estos días lo han puesto de manifiesto, comenzando por la publicación del prestigioso informe FOESSA, el cual prueba que 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, forma parte ya de la categoría de los excluidos sociales, 1,2 millones más que hace una década. Además, casi la mitad, más de 4 millones de españoles, sufren exclusión severa.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer también el dato de la caída de los nacimientos en casi un 30% durante los últimos diez años, habiéndose elevado a 31 la edad media en el nacimiento del primer hijo. Los jóvenes españoles tienen muchísimas dificultades para emprender un proyecto vital de manera digna y estable.

Simultáneamente a esto, se han producido en nuestro país sendos debates interesantes acerca de las repercusiones de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo, y acerca de las consecuencias de una eventual bajada drástica de los impuestos, tal y como proponen las formaciones políticas de la derecha. Un hecho luctuoso, el fallecimiento de un trabajador explotado en la llamada economía colaborativa o digital, ha reverdecido también la discusión pública sobre la necesidad de revertir la reforma laboral precarizadora del PP.

Pues bien, este es el primer objetivo: combatir las desigualdades con políticas públicas redistribuidoras, fortaleciendo el Estado de Bienestar, recuperando derechos para los trabajadores, y cobrando impuestos justos a quienes más ganan, más tienen y más esconden.

Pero hay otras metas, tan relevantes como esta. Se trata de modernizar nuestro sistema productivo, poniéndonos al día en el reto de la digitalización de la economía y en la apuesta por la innovación para la mejora de la productividad. Tenemos pendiente también acelerar nuestra transición ecológica justa para combatir con determinación y eficacia el cambio climático.

Nuestro país necesita un nuevo impulso regenerador para mejorar la calidad de nuestra democracia, su funcionamiento y sus instituciones. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye el primer objetivo estratégico y transversal en este capítulo. Pero interesa mucho, igualmente, la lucha contra la corrupción y la garantía de limpieza en todas las instituciones democráticas.

Fomentar la convivencia territorial, avanzando en el perfeccionamiento federal de nuestro Estado de las Autonomías, acordando un sistema estable de financiación territorial, garantizando un marco competencial y financiero consensuado en el ámbito local, también son finalidades de interés común.

La integración progresiva en la Unión Europea hacia los inevitables Estados Unidos de Europa, la consecución de una administración europea más social y el fortalecimiento del papel de España en esa construcción, constituyen asimismo intenciones susceptibles de generar amplios consensos políticos y sociales.

Todo esto requerirá, por cierto, de una voluntad concertada para cortar el paso a la influencia de los enemigos de nuestra democracia y de los valores que la sustentan. En la Europa más avanzada en derechos y libertades, las fuerzas democráticas y europeístas se conjuran para aislar a la extrema derecha xenófoba, machista y antieuropea. Ojalá aquí PP y Ciudadanos participaran de ese propósito político y moral, y dejaran de blanquear y normalizar la influencia de Vox en nuestras instituciones.

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La operación política para la continuidad de la Grosse Koalition que la socialdemocracia alemana ejecutó en 2018 tenía buenos fundamentos, pero se ha evidenciado como la causa fundamental en el declive del histórico partido de Friedrich Ebert, Willy Brandt y Helmut Schmidt.

La última debacle electoral, con un 15,8% de los votos al Parlamento Europeo, y la pérdida del feudo tradicional de Bremen, se ha llevado por delante a su presidenta, Andrea Nahles. 

Aquella operación estaba bien justificada en el interés general, por cuanto habían fracasado las demás opciones que la conservadora Merkel había intentado para formar gobierno. El país estaba abocado al fracaso de una repetición electoral, y los socialdemócratas acudieron al rescate de la institucionalidad democrática.

El acuerdo alcanzado entre la CDU y el SPD incorporaba avances sociales de gran alcance, como la fijación del salario mínimo en 1.500 euros mensuales. Y su legitimidad democrática era impecable: el acuerdo fue suscrito por la mayoría de los militantes socialdemócratas en una consulta transparente. 

Pero el coste político que ha acabado pagando el partido socialdemócrata por esta decisión meditada, justificada y democrática, ha sido muy alto. No solo está lejos ya de los históricos porcentajes de apoyo -por encima del 40%- que sustentaron los gobiernos responsables de haber levantado el legendario Estado de Bienestar alemán, sino que el 26 de mayo fue superado incluso por el partido verde y las últimas encuestas le arrojan por debajo del 13%. 

¿Por qué ha castigado tan duramente el electorado progresista a la gran coalición? Posiblemente porque ni siquiera el elector más templado y pragmático haya entendido que una fórmula “excepcional” pueda alargarse cerca de tres lustros en el tiempo -con alguna breve interrupción-.

Las coaliciones entre grandes adversarios ideológicos y políticos se justifican en la coyunturalidad de una crisis social, económica o política. Cuando lo excepcional se convirtió en habitual en Alemania, el elector acabó convencido de que la aspiración estructural del SPD pasaba por mantenerse como socio menor y subalterno de la democracia cristiana. Y, al parecer, una buena parte de la población con ideas progresistas no comparte tal estrategia. 

Los grandes y pequeños avances logrados en el día a día del gobierno común han sido, sin duda, bien valorados por el electorado tradicional de la socialdemocracia. Con toda seguridad, una alianza de Merkel con el partido liberal hubiera supuesto la aplicación de recortes injustos de impuestos y adelgazamiento de las políticas públicas.

Pero ese electorado tradicional no se conforma con la política de la conllevanza o la resignación constante de lo menos malo. Izquierda es también ilusión, esperanza, pulsión de cambio y de justicia. Y la presencia permanente de ministros socialistas bajo el manto conservador de Merkel ha resultado poco motivador. 

Además, la democracia de calidad requiere de alternativas globales y reales. Desde la segunda gran guerra, socialcristianos y socialdemócratas han representado dos opciones compatibles pero distintas; leales ambas a los fundamentos del Estado Social, pero diversas en sus programas políticos; admirables cada una en sus conquistas para el interés general, pero controvertidas en el debate ideológico y electoral.

Cuando las dos grandes opciones se convierten en una sola, las alternativas surgen en otras latitudes. Y la latitud ecologista de los verdes resulta interesante, pero la alternativa extremista de los neonazis constituye un riesgo cada día más evidente y peligroso. Un riesgo a evitar. 

Es injusto, porque el compromiso del SPD con el progreso en Alemania y en el conjunto de Europa es inequívoco. Y porque Andrea Nahles es una política sólida en sus valores y en sus capacidades. Pero la política es así. Los únicos que no se equivocan son los electores ante la urna. 

Europa necesita una Alemania fuerte en su apuesta por más Europa y por una Europa más social. Y el papel del SPD en esta apuesta es determinante.

Si el SPD siguiera el camino declinante del socialismo francés o italiano, las oportunidades del populismo se multiplicarían, como ha ocurrido con Le Pen y Salvini, por desgracia todos los europeos.

El liderazgo emergente del socialismo europeo de la mano de Pedro Sánchez necesita de un SPD renovado y en forma. Pronto. Ojalá sea así.

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En su afán por alcanzar o mantenerse en el poder, las derechas de PP y Ciudadanos parecen dispuestas a alcanzar acuerdos en algunos parlamentos y en algunos ayuntamientos con la ultraderecha de Vox. Para ello, pretenden convencer a la sociedad española de que Vox es un partido normal.

Pero Vox no es un partido normal. La ultraderecha española socava los fundamentos de nuestra convivencia en paz, persigue minar las bases de nuestra institucionalidad democrática, y explicita planes que conllevan riesgos gravísimos para los derechos, para las libertades y para la vida misma de muchos de españoles.

Pactar con Vox a cambio de poder equivale a vender el alma al principal enemigo de la sociedad española y a la más grande amenaza para su futuro. No se puede pactar con Vox.

Decimos que la ultraderecha socava los fundamentos de nuestra convivencia en paz porque se afana en distinguir a España de lo que ellos llaman la anti-España, a los buenos españoles de los, según ellos, malos españoles. Fomentan el odio al migrante y el rechazo al homosexual. Combaten la igualdad entre mujeres y hombres persiguiendo a sus activistas. Censuran a los periodistas libres y amenazan con cerrar los medios que no les son afines.

Sostenemos que la ultraderecha persigue minar las bases de nuestra institucionalidad democrática, porque niega la España diversa y plural y pretende acabar con la España de las Autonomías que consagra nuestra Constitución. Alienta la salida de nuestro país de la Unión Europea y de todos los “organismos supranacionales” que, según ellos, contravienen el “interés nacional”. Buscan ilegalizar los partidos políticos “con ascendencia marxista” y “enemigos de España” que, según su retórica, serían todos menos Vox.

Mantenemos que la ultraderecha explicita planes que conllevan riesgos gravísimos para los derechos, las libertades y la vida de millones de españoles, porque plantean reformas legales que permitan a todo hombre y mujer llenar sus hogares con armas de fuego. Por el contrario, ya están desarmando a las mujeres de sus asesinos y maltratadores al combatir las leyes contra la violencia de género. Buscan la amnistía fiscal prácticamente total para las grandes fortunas, quieren acabar con el vigente sistema público de pensiones y proponen la liberalización total del suelo para la especulación sin límite.

Este partido es un peligro para la sociedad española, y las fuerzas políticas que le ofrezcan plataformas para su expansión, para ampliar su influencia o para aplicar sus programas de locura desde los gobiernos, están traicionando a este país y poniendo en serio riesgo su futuro.

Si hay una nación en Europa con razones bien fundadas y bien recientes para establecer cordones sanitarios frente a la ultraderecha, ese país es España. Hace poco más de cuatro décadas que los españoles logramos salir del túnel del fascismo. No nos merecemos que PP y Ciudadanos permitan gobernar de nuevo a los herederos del franquismo, tan solo para tocar poder ellos mismos e impedir que gobierne el socialismo ganador de las elecciones en muchos territorios.

Mientras los conservadores de Merkel en Alemania y los liberales de Macron en Francia tienen muy clara la obligación política y moral de alejarse de las ultraderechas, aquí en España, Casado y Rivera coquetean con los extremistas para alzarse a las poltronas.

Ojalá rectifiquen a tiempo. Por ellos y por el bien de nuestra joven democracia.

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Durante la mañana siguiente a la jornada de constitución del Congreso de los Diputados, una ciudadana que visitaba sus instalaciones me abordó para reprochar las “gamberradas y macarradas” protagonizadas en aquella ocasión por los parlamentarios, según ella, ante la mirada de millones de españoles por televisión. 

En el diccionario de la Real Academia Española se define al gamberro como “autor de grosería e incivilidad”, y al macarra como “persona agresiva y achulada”. En consecuencia, y rememorando lo sucedido en la Carrera de San Jerónimo el día 21 de mayo, he de convenir para mi vergüenza que sí, que hubieron gamberradas y macarradas. 

El Congreso de los Diputados alberga la representación de la soberanía nacional y, por tanto, de la voluntad democrática de todos los españoles. En esta institución se depositan las mejores esperanzas de millones de hombres y mujeres para obtener respuestas a sus problemas y desafíos. El honor y la responsabilidad que asumimos quienes nos sentamos en esos escaños son, pues, inmensos.

Sin embargo, el pasado día 21, en aquella cámara solemne se dieron actos de grosería, de incivilidad, de agresividad y de chulería; en grado sumo, además. Y desde bien temprano. Porque apenas pasadas las siete de la mañana, los integrantes del partido de la extrema derecha, contra el sentido común, decidieron ocupar en el hemiciclo un espacio que no les correspondía. De nada sirvió que este modesto diputado les advirtiera amablemente del desatino y les invitara a rectificar. Me despacharon con cajas destempladas. Querían espectáculo y lo consiguieron. 

El comportamiento de los ultras respondió a las peores expectativas durante toda la jornada. Fieles a su credo antidemocrático, se dedicaron a golpear el mobiliario, vociferar y patalear ruidosamente para acallar las intervenciones que no les gustaban. Hurtando la palabra en la casa de la palabra. “Muera la inteligencia” es la frase que se atribuye a Millán-Astray, y parece que sus seguidores han entrado en nuestro Parlamento a empellones. 

El Reglamento del Congreso establece la lógica obligación de acatar la Constitución mediante acto de promesa o juramento. Parece razonable que aquellos que se disponen a asumir el poder legislativo, nada menos, comprometan el respeto a la norma que encabeza nuestro ordenamiento jurídico. Y que lo hagan con cierta sobriedad y solemnidad, añadiría yo. Por consiguiente, muchos diputados nos atuvimos a la expresión formal del “sí, prometo” o “sí, juro”. 

Sin embargo, otros representantes electos de la democracia española utilizaron este momento trascendente para lanzar soflamas de todo tipo. Algunos cayeron en la simple inoportunidad, puesto que no era aquel el momento para reclamar justicia social o atención para el terruño propio. Un diputado, incluso, añadió entre risas que acataba “por todo el planeta”. Tenemos cuatro años por delante sustanciar toda suerte de iniciativas parlamentarias con tan loables fines.

Otros diputados pecaron de redundancia, puesto que acatar la Constitución española “por España” no añade nada a la fórmula correcta del “sí, prometo”. ¿Consideran acaso que si no mencionan el “por España” alguien interpretará que acatan la Constitución española “por Alemania”, o “por Turquía”, o “por Azerbayán”?

Algunos diputados fueron más allá en su incongruencia y llegaron a acatar la Constitución “por la república”, lo cual es un oxímoron, o por la libertad de “presos y exiliados políticos”, lo cual es una falacia, porque en nuestra democracia no existen ni unos ni otros.

Desde las bancadas de la derecha, con más o menos aspavientos, se contestaban algunas de estas excentricidades con aparente indignación -Rivera habló de “vergüenza”-, pero la realidad que es que muchos de ellos las legitimaban con aderezos propios a la fórmula correcta. Los ultras acataron “por España”, como hemos dicho. Pero algunos diputados del PP lo hicieron por “el Rey” y el propio Rivera lo hizo “para defender la Constitución”, cuando ninguna de estas expresiones está prevista en el Reglamento del Congreso.

Procuré invitar a aquella ciudadana reprochadora para que se quedara con las buenas noticias de la jornada de constitución del Parlamento, que también las hubo. Se ha dado inicio a una nueva legislatura llamada a atender el bienestar de quienes nos eligieron con sus votos. Contamos, además, con el Parlamento con más proporción de mujeres de toda Europa.

Por otra parte, en las votaciones de aquel día se evidenció una clara mayoría de diputados con valores progresistas, que augura reformas importantes en el sentido de la justicia social. Y el Congreso eligió una Mesa destinada a facilitar la tarea reformista y no a obstaculizarla, como ocurrió en la legislatura recién culminada. 

Meritxell Batet, la nueva Presidenta del Congreso, ofreció un discurso de alcance, llamando al dialogo y al respeto mutuo. “Todos representamos al pueblo, pero ninguno representamos a todo el pueblo”, nos dijo. Antes había aclarado, para los mal informados y, especialmente, para los mal intencionados, que el Tribunal Constitucional falló hace tiempo dando por buenas las distintas fórmulas de acatamiento de la Carta Magna, por excéntricas que resultaran, siempre que el compromiso fuera claro e incondicionado. 

También el Presidente de la Mesa de Edad, el diputado socialista Agustín Zamarrón, con su aspecto valleinclanesco y su retórica barroca, hizo un trabajo impecable durante la elección de los integrantes del órgano de gobierno de la Cámara. 

A todos los que se sintieron defraudados o avergonzados aquel día, mi comprensión y mis disculpas. Ojalá no se repita. Pero…

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La reacción de la derecha a la convalidación parlamentaria de seis Decretos Leyes de alto contenido social ha sido furibunda. Al parecer, PP y Ciudadanos interpretan las buenas noticias para los españoles como malas noticias para sus expectativas políticas y electorales. Solo así puede explicarse su voto contrario y sus críticas desaforadas a todas estas iniciativas que mejoran la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas.

Resulta conveniente que la ciudadanía tenga presente el contenido fundamental de las normas aprobadas por sus representantes en la última sesión del Congreso en esta legislatura:

  • El decreto que recupera el subsidio para parados mayores de 52 años y establece la obligación del registro de entrada y salida del trabajo para las empresas, a fin de combatir la explotación laboral.
  • El decreto que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a aprobar planes de igualdad entre mujeres y hombres, y amplía los permisos de paternidad a 16 semanas.
  • El decreto que mejora los derechos de las personas que viven de alquiler, ampliando la duración de sus contratos y limitando la cuantía de la fianza.
  • El decreto que aporta seguridad a los españoles que viven en Gran Bretaña y a las empresas con intereses en el mercado británico, ante la eventualidad de un “brexit” sin acuerdo en la Unión Europea.
  • El decreto que pone fin al conflicto jurídico y laboral en el sector de la estiba portuaria, y que garantiza derechos a miles de trabajadores y trabajadoras en los puertos españoles.
  • El decreto que faculta a los Ayuntamientos de toda España para invertir sus superávits presupuestarios en gastos sociales que mejoren la vida de sus vecinos y vecinas.

Se trata, por tanto, en todos y cada uno de los casos, de iniciativas de claro interés general, que hubieran debido contar en condiciones normales con el respaldo unánime de los diputados y diputadas.

Los argumentos esgrimidos por la derecha para oponerse y criticar estas normas sociales han sido a cada cual más peregrino y absurdo. Comenzaron por cuestionar la constitucionalidad de las medidas adoptadas por un Gobierno “en funciones”, hasta que leyeron la Constitución y se dieron cuenta de que el Gobierno no está “en funciones” sino después de la celebración de las elecciones.

Tras admitir, informe jurídico mediante, que el Gobierno puede gobernar, exigieron que, al menos, no gobernara con medidas de buena aceptación popular, no fuera a ser que a alguien se le ocurriera valorarlo positivamente. Llevando el argumento al límite, solo podría admitirse que el Gobierno adoptara medidas impopulares y, por tanto, contrarias al interés general. Absurdo, desde luego.

A continuación, adujeron que los decretos eran financieramente insostenibles. Cuestión absolutamente incierta, porque gracias a la buena marcha de la economía, el empleo y la recaudación fiscal con Gobierno socialista, existe financiación pública suficiente para hacer frente a estas obligaciones. En todo caso, les recordamos que lo realmente insostenible es mantener a miles de parados mayores de 52 años sin ayuda pública, o mantener a millones de mujeres trabajadoras sin planes de igualdad para combatir la brecha salarial.

El último argumento falaz es el de los “socios”. Miente Casado al asegurar que los decretos se convalidaron con el voto determinante de Bildu. En realidad, este voto, uno de sesenta y cinco, no resultó decisivo en ninguna de las votaciones. Es cierto, y los socialistas estamos orgullosos de ello, que la capacidad de diálogo y de acuerdo del Gobierno y su grupo parlamentario, han permitido en estos diez últimos meses sacar adelante muchas iniciativas de interés general con apoyos amplios y diversos.

Como ha asegurado Pedro Sánchez, el Gobierno tiene el derecho y la obligación de gobernar hasta el último día, adoptando decisiones que beneficien al conjunto de los españoles. El Gobierno cumplirá con este deber, y el grupo parlamentario socialista le seguirá dando su apoyo para ello.

Ahora bien, si el Gobierno socialista ha adoptado tantas y tan buenas iniciativas en solo diez meses y con 84 diputados (15 en la diputación permanente), ¿qué no podrá hacer con cuatro años por delante y una mayoría parlamentaria más sólida?

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En su afán por desacreditar al Gobierno, las derechas de PP y Ciudadanos practican un discurso económico plagado de malos augurios infundados, de tergiversaciones zafias, cuando no de falsedades manifiestas.

La realidad del balance de la economía española bajo el Gobierno de Pedro Sánchez es, sin embargo, muy positiva: crece la economía, crece el empleo, aumentan los salarios, aumentan las pensiones, a la vez que disminuyen tanto el déficit como la deuda pública, y se animan los mercados. Esta es la verdad.

El crecimiento interanual del PIB español en el primer trimestre de  2019 se situará en torno al 2,3%, de acuerdo con la reciente actualización del INE y con las estimaciones de la EIREF. Según la OCDE y el Banco Central Europeo, España crecerá este año 2019 el doble que el conjunto de los países de la zona euro: el 2,2% frente al 1,1%. El BBVA eleva la estimación al 2,5%, incluso.

Se trata, por otra parte, de un crecimiento de mejor calidad, por cuanto va acompañado de medidas redistribuidas de amplio calado -como la elevación del salario mínimo en un 22% y la subida de las pensiones por encima del IPC-, y de reformas estructurales que estimulan la innovación y la transición ecológica.

Pese a todas las mentiras que vierte la derecha, la realidad es que el empleo ha mejorado también de manera muy significativa con la gestión del Gobierno socialista. Los datos de la evolución de la Encuesta de Población Activa (EPA), que son los datos más rigurosos y contrastables, lo demuestran fehacientemente.

En diciembre de 2018, últimos datos publicados, la creación anual de empleo alcanzó el récord de los últimos doce años: 566.000 nuevos ocupados. La creación de puestos de trabajo fue más acelerada durante el segundo semestre de 2018 (con gobierno PSOE) que en el segundo semestre de 2017 (con gobierno PP): 220.500 nuevos empleos frente a 185.100. Para este año 2019 se prevé la creación de 330.000 nuevos empleos, al menos.

Además, las actuaciones del Gobierno socialista contra el fraude y la explotación laboral han transformado centenares de miles de empleos temporales y precarios en empleos estables y dignos.

El déficit público en el ejercicio 2018 se redujo del 3,1% hasta el 2,6%, una décima mejor de lo comprometido con Bruselas. Y para este año 2019, la Comisión Europea estima que el déficit en España seguirá reduciéndose y quedará por debajo del francés y del italiano. De hecho, se espera que durante las próximas semanas Eurostat confirme formalmente que nuestro país ha salido del procedimiento correctivo de la UE, al establecer su déficit por debajo del umbral del 3% del PIB por vez primera desde el inicio de la crisis.

España cumplió en el año 2018 el objetivo europeo para la deuda pública, establecido en el 97,6% sobre el PIB. En realidad, la deuda pública se redujo hasta el 97,2% del producto interior bruto, un punto menos que el año anterior.

Por otra parte, la economía española hubiera presentado mejores cifras aún en materia de crecimiento, empleo, déficit y deuda, si las derechas no hubieran sumado sus votos a los independentistas en el Congreso de los Diputados para tumbar la nueva senda de déficit y el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

A todo esto, la prima de riesgo española se mantiene estable en torno a los 100 o 110 puntos, por debajo de la media lograda por el Gobierno Rajoy (120 puntos); el IBEX 35 ha arrancado con fuerza en este año 2019; la demanda de bonos del Tesoro español alcanza récords históricos; y la inversión extranjera en España aumentó desde los 6.700 millones de euros en 2017 hasta los 38.200 en 2018.

¿La economía? ¿Con el PSOE? Más y mejor.

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