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Archive for the ‘Elecciones’ Category

Durante los últimos días he tenido que responder preguntas y apreciaciones de estudiantes universitarios, vecinos, viandantes y hasta compañeros de partido a propósito de la imagen que se ofrece del trabajo parlamentario.

Los hechos lamentables de estas jornadas han servido también para que algunos analistas y comentaristas, supuestamente mejor informados, promuevan los peores tópicos sobre el comportamiento de nuestros diputados y senadores.

Se generalizan las acusaciones acerca de un estatuto privilegiado que se corresponde mal con el trabajo generalmente escaso, de baja calidad, ineficaz, sectario, mal educado y moralmente reprochable.

Solo que no es así. Solo que se trata de un tópico falso, injusto y, para los que trabajamos duro cada día en el Parlamento, se trata de un tópico doloroso.

Porque la gran mayoría de los diputados y los senadores, junto a los cientos de trabajadores en ambas Cámaras, y junto a los miles de organizaciones y ciudadanos que colaboran voluntariamente, desarrollan una labor inmensa, intensa y encomiable para mejorar la vida de los españoles.

Cada cual, desde sus principios y convicciones, a veces con éxito y a veces sin éxito, pero casi siempre con la mejor voluntad, honestamente, y con una disposición para el diálogo y el acuerdo que resulta ignota y resultaría sorprendente para muchos de sus representados.

Es cierto que unos pocos actúan de forma reprochable. Por falta de ideas, por deshonestidad o por la voluntad manifiesta de emponzoñar la vida política y procurar daño colectivo. En algunos casos, incluso, se une la estulticia con la corrupción moral y el dolo. Pero no se puede juzgar al todo por la parte, especialmente por la parte ínfima y por la peor parte.

A modo de ilustración. Solo en la semana del 19 a 23 de noviembre. Solo en el Congreso. La actividad parlamentaria ha dado para todo lo siguiente.

En el pleno hemos tomado en consideración la Ley que aporta verdad, justicia y reparación a las víctimas de los bebés robados. Y hemos aprobado la Ley que mejora la protección de los ciclistas en carretera.

Y hemos convalidado dos Reales Decretos Leyes que adjudican el pago del impuesto de las hipotecas a los bancos, y que aumenta las multas a las concesionarias de autopistas que no dedican suficientes recursos para evitar los colapsos durante las nevadas.

Y hemos superado las enmiendas a la totalidad para las leyes que regulan las prácticas universitarias, las reglas de gasto en la financiación municipal y la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aportará 6000 millones de euros extras en el gasto social.

Y hemos tratado dos declaraciones institucionales muy trabajadas sobre la lucha contra la violencia de género (por la celebración el próximo 25 de noviembre del día contra este tipo de violencia) y sobre las manifestaciones de cultura popular que propondremos como patrimonio inmaterial de la Humanidad en la UNESCO.

Además, se han celebrado reuniones de varias ponencias para avanzar en las leyes que regulan los créditos inmobiliarios (para que los hipotecados solo tengan que pagar la tasación), que mejoran la transparencia en los secretos empresariales, que previenen la financiación de actividades terroristas, que combaten la discriminación por orientación sexual, que conceden la nacionalidad española a descendientes en el extranjero, que facilitará el voto para los españoles residentes fuera de España, que compensan a las víctimas del amianto… En estos días se trabaja sobre más de 40 iniciativas de ley en ponencia y otras 40 en fase de elaboración de enmiendas.

También se ha trabajado en comisiones legislativas, comisiones de investigación y subcomisiones. La Comisión de Ciencia y Tecnología ha debatido 10 propuestas no de ley sobre competencias digitales y ayudas a investigadores. La Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del PP ha sustanciado las comparecencias de Trillo y Matas. La Comisión de Seguridad Nacional ha recibido a un experto en ciberseguridad.

La Comisión de Defensa ha trabajado con INDRA en materia de seguridad y tecnología. La Comisión de Transición Ecológica ha tratado la comparecencia del Secretario de Estado para el Cambio Climático y ocho preguntas sobre seguridad nuclear y contaminación. La Comisión de Seguridad Vial ha visto una decena de propuestas sobre vehículos no contaminantes, el carnet por puntos y la señalética viaria. La Subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ha comenzado a trabajar en su informe sobre cotizaciones y prestaciones.

La Comisión de Educación ha recibido informes orales de las asociaciones Save the Children y Secretariado Gitano. La Comisión de Políticas Integrales sobre Discapacidad ha atendido las reivindicaciones de cuatro entidades del sector. La Comisión que investiga el accidente de Angrois ha tratado nuevas comparecencias para esclarecer hechos y responsabilidades. La Comisión de Infancia y Adolescencia ha debatido y votado seis proposiciones no de ley sobre derechos de niños y niñas.

La Comisión de Evaluación del Estado Autonómico ha tratado las comparecencias de dos expertos constitucionalistas. La Comisión de Fomento ha formulado y contestado una veintena de preguntas sobre infraestructuras y sistemas de transporte en todos los territorios de España. La Comisión de la Unión Europea ha recibido la comparecencia del Secretario de Estado para la Unión Europea en un debate sobre el Brexit, el Consejo Europeo del día 25 y la situación de Gibraltar.

Además, se han celebrado jornadas sobre industrias culturales, mujeres juristas y servicios sociales. Se han presentado libros a propósito de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Española. Y cada diputado y diputada ha celebrado decenas de reuniones sectoriales y ha realizado decenas de actuaciones propias de su circunscripción…

Solo en el Congreso. Solo en cinco días.

El trabajo parlamentario debe valorarse por algo más que unos cuantos insultos y un escupitajo.

Por favor.

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El acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, trasciende en su importancia y alcance a un mero pacto para aprobar una ley presupuestaria.

Este acuerdo proporciona al Gobierno socialista una hoja de ruta clara y un apoyo parlamentario muy significativo para llevarla a efecto. Los objetivos pactados son de suficiente enjundia y relevancia como para dar sentido a toda una legislatura

Los contenidos del pacto consolidan las razones que dieron vida a este Gobierno hace poco más de cuatro meses: la regeneración democrática y la reversión de los ajustes sociales emprendidos por las derechas de PP y Ciudadanos con la excusa de la crisis.

Pero, además, la consecución y la escenificación de un acuerdo tan importante envían un mensaje claro a los españoles con ideas progresistas. Las organizaciones políticas de la izquierda española se muestran capaces de simultanear sus legítimas diferencias con la unidad de acción que hace posibles los grandes cambios sociales. Es decir: vamos aprendiendo de la experiencia portuguesa.

Es preciso subrayar el calado de muchas de las medidas pactadas para la consecución de una sociedad más equitativa y más justa. La elevación del salario mínimo profesional y las reformas en el Estatuto de los Trabajadores corregirán en buena medida la precariedad de nuestro mercado laboral.

La mejora en los permisos de maternidad y paternidad, intransferibles ahora, junto al avance en la universalización de la enseñanza entre 0 y 3 años, contribuirán también al bienestar de las familias y a la igualdad real entre mujeres y hombres.

Se introducen igualmente mejoras importantes en la normativa sobre vivienda, a fin de evitar los efectos negativos que sobre muchas familias está teniendo la escalada en los precios de los alquileres. Se plantean nuevas herramientas para defender los intereses de los inquilinos y se promueve la vivienda social.

El acuerdo incluye otras medidas de impacto positivo sobre el bienestar social de los españoles, como la subida de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las becas, la reducción de las tasas universitarias, las nuevas ayudas a las personas en situación de dependencia…

Como es lógico, junto a las decisiones sobre el gasto se plantean también iniciativas relevantes sobre los ingresos públicos. La elevación del tipo efectivo en el impuesto de sociedades, el gravamen sobre las grandes rentas y fortunas, la imposición sobre transacciones financieras y el negocio tecnológico, la persecución del fraude…

Se trata de transformar la política fiscal en el sentido de la progresividad y la justicia tributaria. Sin subir impuestos a trabajadores, clases medias y autónomos modestos. Para que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden.

Tras la consecución de este acuerdo importante, aún quedará mucho por hacer. Tenemos que salvar el bloqueo de las derechas en la Mesa del Congreso, para eliminar a su vez la anomalía del veto senatorial sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hemos de aprobar después este nuevo margen financiero para disponer de 6000 millones de euros extras en el proyecto de presupuestos. Y hay que construir la mayoría necesaria para sacarlos adelante en las Cortes…

Nadie dijo que esto sería fácil. Pero el acuerdo suscrito entre el Gobierno socialista y Podemos ofrece esperanzas renovadas para seguir haciendo país, un país más justo.

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La mayoría de los españoles representados en el Congreso de los Diputados decidieron el pasado primero de junio censurar a un Gobierno agotado y promover un Gobierno nuevo y distinto. Se trata de un procedimiento excepcional, pero perfectamente constitucional y legítimo.

La derecha, sin embargo, nunca lo aceptó. El PP interpreta su salida del poder como si de una usurpación se tratara, y Ciudadanos evidencia cada día la frustración de quienes ya se veían aupados a la Moncloa por algunas encuestas favorables.

Unos y otros, la derecha azul y la derecha naranja, tienen derecho a expresar enojos y frustraciones. Ambas tienen incluso el deber de ejercer una oposición exigente y dura. Pero ni el PP ni Ciudadanos tienen derecho a bloquear y boicotear la acción de un Gobierno legítimo en aras del bien común.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez nació con tres propósitos prioritarios: revertir los recortes sociales aplicados por los Gobiernos de Mariano Rajoy; promover medidas de regeneración democrática que devuelvan la confianza ciudadana en sus instituciones; y “normalizar” la situación política en Cataluña.

El presidente Sánchez y sus ministros están acometiendo estos objetivos con iniciativa y determinación. Más allá de la valoración que cada cual quiera hacer de los resultados hasta ahora, esta voluntad no puede negarse honestamente.

Sin embargo, la actitud de la oposición de derechas no es ni de colaboración ni de crítica, sino de puro obstruccionismo. Se trata de un comportamiento desleal, no ya hacia el Gobierno, sino hacia la sociedad española, que espera y merece algo distinto de PP y Ciudadanos.

Casado y Rivera no están ejerciendo la crítica sobre los planes presupuestarios del Gobierno socialista para atender las necesidades sociales de la ciudadanía española. Esto sería perfectamente lícito y entendible en los partidos que han protagonizado durante los últimos años los mayores recortes en bienestar social de nuestra historia democrática. PP y Ciudadanos se limitan a impedir por medios arteros que el Gobierno pueda proponer su proyecto de presupuestos.

PP y Ciudadanos bloquean, contra el reglamento y los precedentes parlamentarios, una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que ha sido votada por 181 frente 164 diputados. De esta manera impiden que el Gobierno pueda contar con los 6000 millones de euros extras que ha negociado con la Comisión Europea. ¿A quiénes perjudica este comportamiento? No solo al Gobierno, sino a los millones de españoles que necesitan y reclaman mejoras en las pensiones, en el empleo, y en los servicios educativos y sanitarios.

Por otro lado, el Gobierno ha iniciado los trámites legales para reformar la Constitución y acabar con el aforamiento de diputados y senadores. Se trata de una medida de regeneración democrática ampliamente demandada por la ciudadanía. Pero la derecha se ha precipitado a denostarla y a anunciar su oposición.

En relación a Cataluña, PP y Ciudadanos practican la estrategia del “cuanto peor, mejor”. Lejos de seguir el ejemplo practicado por el PSOE cuando estaba en la oposición, colaborando lealmente con el Gobierno en sus iniciativas frente al separatismo, acusan falsamente al ejecutivo de entreguismo y complicidad con los partidarios de la independencia. En lugar de buscar conjuntamente con el Gobierno una solución al problema, se limitan a alimentar el conflicto con la esperanza de obtener un rendimiento político y electoral espúreo.

Los españoles merecen un Gobierno que solucione sus problemas. Y este Gobierno merece que le dejen gobernar.

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El expresidente José María Aznar compareció el pasado 18 de septiembre ante la comisión que investiga la corrupción del PP en el Congreso de los Diputados. Más allá del ejercicio previsible de desmemoria y chulería, la evidencia más inquietante de esa comparecencia fue la competición impúdica entre Casado y Rivera, PP y Ciudadanos, derecha azul y derecha naranja, para hacerse con el patrocinio del famoso tercer hombre en la foto de las Azores.

Ver a Aznar entrando en la Comisión acompañado por la plana mayor del “nuevo PP” y escuchar al ex patrón de la derecha dedicando todo tipo de carantoñas al portavoz de Ciudadanos, resultó mucho más significativo y elocuente que la sarta de falsedades con que contestaba a sus auténticos interrogadores. El titular de la semana puede resumirse, por tanto, en un “vuelve el aznarismo”, con todo lo que ello conlleva.

El aznarismo es convivencia apacible y cómplice con la corrupción. Las investigaciones policiales y la Justicia han demostrado ya que durante los años de presidencia de Aznar en el PP se llevaron a cabo las mayores corruptelas: desde la famosa caja B acreditada en los papeles de Bárcenas hasta la generalización de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de financiación electoral o regalos personales, pasando por los sobresueldos en negro y otras fechorías.

La sentencia del caso Gürtel es diáfana: “…se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” (página 155). Doce de catorce de los ministros del primer Gobierno Aznar han pasado por imputaciones, procesos, condenas, o recibieron sobresueldos. Primeros espadas de sus equipos han sido encarcelados o condenados a cárcel, como Matas, Zaplana, Sepúlveda o el mismo Bárcenas. Todos sus tesoreros involucrados en casos de mordidas…

Pero el aznarismo es más, porque también equivale a hacer política con desprecio por los valores mayoritarios en la sociedad española. Lo hizo el propio Aznar llevándonos a una guerra ilegal e inmoral en Irak, de la mano de su amigo tejano. Y lo están volviendo a hacer sus discípulos en este pretendido “nuevo PP”, emulando a la extrema derecha europea mediante el discurso del miedo a la inmigración. Se equivocó el expresidente entonces y se equivocan ahora Casado y compañía. La llama de la xenofobia racista e intolerante no prenderá en nuestro país.

Y aznarismo en política es, sobre todo, el “todo vale” para alcanzar el poder. En los años 90 fue la guerra sucia del “sindicato del crimen” contra los gobiernos de Felipe Gonzalez, y la utilización inmoral de la lucha antiterrorista para desgastar al ejecutivo. Y hoy es la caza al hombre emprendida contra Pedro Sánchez y la deslealtad absoluta en el conflicto del Estado con los independentistas catalanes.

El último episodio de este “todo vale” consiste en obstaculizar de manera fraudulenta los intentos legítimos del Gobierno socialista para aprobar una nueva senda de estabilidad y unos nuevos presupuestos. Lo hacen a dos manos, PP y Ciudadanos, azules y naranjas.

Más de 180 diputados, la mayoría absoluta, votaron el 18 de septiembre a favor de las reformas que podrían sortear el veto de la derecha en el Senado, la suma de 6000 millones de euros extras para políticas sociales, y un presupuesto para 2019 con verdadera justicia social. Pero PP y Ciudadanos intentan valerse de su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de las reformas y frustrar los presupuestos llamados a revertir los recortes aplicados desde 2012.

La derecha española salió de Rajoy para acabar volviendo a Aznar. No es una buena noticia para ellos. Para los españoles tampoco.

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A juzgar por las primeras decisiones de calado adoptadas por el nuevo presidente del Partido Popular, los cambios que pueden esperarse en esta formación tras el congreso del 20 y 21 de julio se limitan al nombre de algunos de sus dirigentes y poco más. Pablo Casado ya ha anunciado el bloqueo de su grupo parlamentario a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que propone el Gobierno de España. En consecuencia, si Rajoy recortaba en educación y en sanidad desde el Gobierno, ya podemos asegurar que Casado también recorta en educación y en sanidad… desde la oposición.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 que el Gobierno socialista ha acordado con la Comisión Europea supone pasar de un déficit del 1,3% al 1,8% sobre PIB. Se trata de un margen de medio punto sobre PIB, cerca de 6.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de gasto de las administraciones públicas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó la distribución de estos recursos extraordinarios: dos décimas para el gasto de las comunidades autónomas (en torno a 2.500 millones), otras dos décimas para aliviar las cuentas de la Seguridad Social (2.500 millones) y una décima para el presupuesto de la administración central (sobre los 1.000 millones).

Las posiciones de unos y de otros responden a valores ideológicos diferentes y tienen consecuencias muy distintas también. El Gobierno socialista busca hacer compatible el propósito de la estabilidad presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos de bienestar y equidad social. Para ello persigue aumentar tanto los gastos como los ingresos fiscales del Estado, estableciendo, por ejemplo: un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades; una imposición justa para las empresas tecnológicas multinacionales que practican la elusión fiscal; una carga fiscal adecuada para el negocio bancario que ha recibido grandes recursos públicos en su reciente rescate financiero; así como un eficacia mejorada en la lucha contra el fraude fiscal.

Con este aumento equilibrado de gastos y de ingresos se puede comenzar a revertir los graves recortes en políticas sociales impuestos por los gobiernos del PP desde 2012, a la vez que se lograrán nuevas inversiones en investigación, innovación e infraestructuras destinadas a modernizar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar solidez a la economía española, al tiempo que se aporta equidad y justicia a la sociedad en su conjunto. Por eso, el aprovechamiento más importante del nuevo margen fiscal está destinado al gasto autonómico, que es responsable de los servicios públicos en educación, sanidad, empleo, vivienda y lucha contra la marginalidad social.

La posición del PP, como la de Ciudadanos, es igual de clara pero absolutamente contraria. La derecha azul y naranja priorizan la reducción acelerada del déficit, al tiempo que plantean nuevas bajadas de impuestos. Es decir, menos ingresos y aún menos gastos en el Estado. Solo hay una manera de cuadrar estas cuentas: con nuevos recortes sobre el gasto social y el gasto destinado a mejorar el modelo productivo. El modelo liberal del “cuanto menos Estado mejor” y el “sálvese quien pueda pagar” conduce a una economía frágil y a una sociedad desigual e injusta. Paradójicamente, las administraciones más perjudicadas por el veto del PP a la nueva senda de estabilidad presupuestaria son las comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por la propia derecha.

Las razones que llevan a Pablo Casado y al PP a esta posición contraria a la mejora del gasto social y productivo son de naturaleza tanto ideológica como estratégica. Los planteamientos ideológicos ya se han descrito. La estrategia de la derecha tampoco es nueva. Se reitera siempre desde la oposición. Consiste básicamente en aquella frase tan ilustrativa que el exministro Montoro dirigió a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canarias: “Que se hunda España, y ya llegaremos nosotros para salvar lo que se pueda”. Su prioridad es debilitar al Gobierno socialista por cualquier medio, aunque el medio pase por debilitar a la economía, al empleo y a los servicios públicos que atienden a la sociedad española.

La vigente ley de estabilidad presupuestaria otorga a la derecha una capacidad de veto en el Senado contraria a toda lógica. El funcionamiento habitual del poder legislativo prevé para el Senado la condición de cámara de segunda lectura, de tal modo que cualquier enmienda aprobada en la cámara territorial puede ser corregida en el Congreso, que representa la soberanía popular. Sin embargo, una modificación legal decidida unilateralmente por el PP en el año 2012 posibilita que la derecha, con poco más del 30% de los votos obtenidos en las últimas elecciones, imponga su criterio al 70% restante, gracias a su mayoría en el Senado. Parece razonable revisar esta incongruencia.

En conclusión. El primer debate político de alcance que ha tenido oportunidad de protagonizar el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se puede saldar con un nuevo recorte en las políticas de las que depende el bienestar de los españoles más vulnerables. Un comienzo muy significativo.

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El eje predominante en el debate político de las democracias europeas se está desplazando claramente desde el comienzo de este siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la confrontación política se producía generalmente en torno al eje izquierda-derecha. Sin embargo, la globalización acelerada, los cambios tecnológicos y el auge populista están favoreciendo un esquema distinto y más peligroso, determinado sobre todo por la exacerbación y el conflicto entre identidades.

El debate izquierda-derecha ha alimentado fuertes pasiones en uno y otro bando, pero casi siempre contó con una base racional muy elaborada. La izquierda y la derecha han representado los valores tradicionales de la igualdad y la libertad; del énfasis en los derechos colectivos y los derechos individuales; de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, en expresión de Constant. La izquierda busca generalmente la redistribución solidaria mientras la derecha persigue garantías para el libre albedrío.

De un tiempo a esta parte, por el contrario, el pulso político no se discierne a partir de convicciones más o menos liberales o igualitaristas, sino muy a menudo desde la afirmación de la identidad propia frente a las demás. La identidad más comúnmente esgrimida es la identidad nacional, pero también se están abriendo rápidamente paso los programas políticos que hacen bandera de la identidad étnica o religiosa. La tesis a partir de la que se pretenden organizar el espacio compartido es la siguiente: nuestra identidad nacional, étnica o religiosa requiere defensa y predominio frente a la amenaza que representan las demás identidades nacionales, étnicas o religiosas.

¿Por qué avanzan estas ideas? Desde luego, no pueden presentarse como nuevas, ni pueden acreditar éxito alguno en la historia europea. Más bien al contrario: la confrontación irracional e identitaria se encuentra en el trasfondo causal de buena parte de los desastres que hemos sufrido los europeos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Estas ideas avanzan al calor de las desigualdades, las injusticias y las inseguridades vinculadas a los procesos de globalización desregulada y revolución tecnológica acelerada. El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza ocasionan temor, frustración e ira en amplios sectores de la población, muy receptivos a los mensajes simples que señalan culpables para su sufrimiento.

El discurso identitario, además, es puramente emocional y facilita la movilización en mayor medida que las construcciones racionales del discurso que defiende los derechos colectivos y la distribución solidaria. Es más fácil convencer al sufridor señalando a un culpable, aunque sea falso, que armando un análisis y una propuesta compleja para solucionar los problemas. La trinchera de la identidad sirve también para esconder la incapacidad y la incompetencia a la hora de elaborar programas realmente útiles para el bienestar colectivo. El “somos de los nuestros” y el “a por ellos” son argumentos muy socorridos y no requieren casi de esfuerzo intelectual alguno.

Ahora bien, las consecuencias de esta evolución están siendo muy negativas a la hora de afrontar los muchos desafíos de las sociedades europeas en el siglo XXI, desde la imprescindible integración en la Unión Europea hasta la administración del fenómeno migratorio y la articulación de políticas comunes en la lucha contra la pobreza o el cambio climático. El arrinconamiento del debate racional y la promoción constante de las emociones identitarias solo conducen a alimentar la confrontación, a dificultar la convivencia y a postergar las soluciones precisas a los problemas colectivos.

Es difícil ser optimista en el presente escenario político europeo. El discurso identitario avanza en muchos países, hasta el punto de que se afianza incluso en Gobiernos muy significativos. Ahí están los supremacistas del este europeo, el nuevo canciller austríaco, el ministro de interior alemán o el neofascista vicepresidente italiano, que un día niega auxilio humanitario a centenares de subsaharianos y otro día amenaza con expulsar a los gitanos de su país. También puede hablarse de la auténtica naturaleza del argumentario pro “brexit” o del avance del lepenismo entre las clases populares de buena parte de la Europa del sur.

Aquí, en el escenario doméstico, el independentismo catalán permanece anclado en las creencias pre-racionales del “nosotros y vosotros, mi tierra y tu tierra”. Ciudadanos cada día parece más proclive a responder al fuego identitario catalanista con fuego indentitario españolista. Y el episodio de la llegada al puerto valenciano de más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo ha destapado un buen número de reacciones muy lamentables, con expresiones relativas al falso “efecto llamada”, a las “avalanchas”, las “oleadas” o las “hordas” peligrosas de inmigrantes.

No hay salida positiva en los discursos y en las políticas que buscan afrontar los problemas con la exaltación emocional de la identidad propia y la incitación al temor o al odio hacia la identidad ajena. Al final de ese camino solo se encuentra el abismo. ¿O no hemos aprendido nada de la dramática historia europea del siglo XX?

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Los argumentos a favor de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno Rajoy son tan evidentes que resulta más interesante centrarse en rebatir los argumentos esgrimidos por sus contrarios.

Tras la contundente sentencia del caso Gurtel, la elección es inequívoca: o mantenemos el Gobierno en manos de Rajoy y su partido condenado por corrupción, o damos paso a un Gobierno que recupere la dignidad de nuestras instituciones democráticas. Tan fácil como esto.

El primer argumento utilizado contra la moción ha sido el de la inestabilidad. La propia vicepresidenta del Gobierno intentó achacar a la iniciativa del PSOE la responsabilidad por el aumento en los últimos días del coste de la deuda y la caída de algunos valores bursátiles. “Nos cuesta mucho dinero”, se atrevió a manifestar la señora Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a las instituciones económicas y lo que ciertamente disuade a los inversores es la corrupción que anega a la dirigencia del partido gobernante, constatada ya por los tribunales de Justicia. Nada desestabiliza más en una democracia que los comportamientos corruptos en sus mandatarios. El primer objetivo de la moción consiste, precisamente, en recuperar la dignidad de las instituciones y, por tanto, su estabilidad.

El segundo argumento contrario a la moción reprocha su carácter supuestamente “no democrático”, en razón a que “busca obtener en los despachos lo que no se obtuvo en las urnas”. Son palabras del líder de Ciudadanos. Además de desconocer los cauces que la Constitución establece para formar Gobierno, esta argumentación ignora los principios más elementales del parlamentarismo.

En las democracias parlamentarias no gobierna de forma automática aquel que obtiene un voto más que el segundo clasificado, sino aquel que logra el apoyo mayoritario entre los legítimos representantes de la ciudadanía. Por tanto, un candidato que suma el apoyo de la mayoría parlamentaria, por ejemplo mediante un moción de censura, es un candidato con plena legitimidad democrática. Resulta extraño, sin embargo, que el propio Rivera, al tiempo que niega legitimidad al candidato socialista con más de cinco millones de votos populares, proponga la elección de un presidente “instrumental” sin respaldo electoral alguno.

El tercer impedimento tiene que ver con la reivindicación de unas elecciones generales a corto plazo.  Paradójicamente, Ciudadanos reclama un acuerdo entre los partidos constitucionalistas para poner en práctica una medida claramente inconstitucional: la llamada “moción instrumental”. Porque tal cosa no existe en nuestra Carta Marga. Por el contrario, el artículo 113 de la Constitución ofrece la posibilidad de “exigir la responsabilidad política del Gobierno” mediante una moción constructiva, que conlleve simultáneamente la investidura de un nuevo Presidente.

Toda vez que el candidato socialista ha comprometido públicamente la convocatoria electoral en breve plazo, y dado que el actual presidente ha manifestado su intención de agotar la legislatura, las opciones en el voto de la moción de censura también son claras a este respecto. Votar sí equivale a elecciones adelantadas, y votar no equivale a elecciones retrasadas.

El cuarto motivo es el de la garantía de la integridad territorial. Pretenden argumentar los contrarios a la moción que el supuesto voto favorable por parte de los diputados nacionalistas e independentistas pondría en riesgo la unidad del país. Sin embargo, el candidato ha sido absolutamente explícito en su voluntad de defender desde el Gobierno “el ordenamiento constitucional y la unidad de España”.

Hace falta tener mala fe para poner en duda el compromiso del PSOE con la Constitución y la integridad territorial de España. El Partido Socialista fue protagonista fundamental en la elaboración, la aprobación y el desarrollo de la Constitución de 1978. El PSOE es el partido español que más tiempo ha gobernado aplicando la ley de leyes. Y ningún partido ha sido más firme, coherente y leal en el apoyo al actual Gobierno durante la aplicación del artículo 155, para hacer frente al desafío separatista en Cataluña.

También se habla de lo inadecuado de dar lugar a un gobierno “Frankenstein”, como eufemismo de un ejecutivo con apoyos fragmentados y diversos. Ciertamente, resulta mucho más interesante para la estabilidad política del país contar con un gobierno de apoyos amplios y sólidos. Pero esa es una decisión a adoptar por el pueblo soberano, y el pueblo soberano decidió libremente en las últimas elecciones que su representación fuera como es: fragmentada y diversa.

El Gobierno del PP acaba de aprobar su proyecto de presupuestos en el Congreso gracias al apoyo de un conjunto fragmentado y diverso de hasta siete partidos políticos distintos: Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Nueva Canarias. ¿Qué apoyos requeriría un gobierno alternativo tras la moción de censura? Pues eso, un conjunto de apoyos fragmentados y diversos, pero distinto en su configuración y en sus objetivos.

En todo caso, los analistas dados al lamento por la representación crecientemente fragmentada y a la nostalgia por las grandes mayorías, debieran asumir que esta es una tendencia a escala europea y muy de fondo. Por tanto, sin abandonar la lógica vocación de mayoría inherente al menos a la socialdemocracia, conviene acostumbrarse por un tiempo a hacer política con mucha voluntad de diálogo y mucha capacidad de acuerdo.

En realidad, solo hay una razón creíble para votar contra la moción de censura presentada por el PSOE: mantener en el Gobierno a Mariano Rajoy y a su partido condenado por corrupción. Pero es una razón moralmente inaceptable.

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