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Archive for the ‘Elecciones’ Category

Inauguramos curso con una situación política delicada. La voluntad democrática de los españoles  se expresó con claridad en las urnas entre los meses de abril y mayo. El PSOE ganó las elecciones generales, las europeas, las municipales y las autonómicas, en diez de doce comunidades.

El panorama político nacional e internacional requiere de un Gobierno español con plenas funciones de manera inmediata: un brexit salvaje a la vista; una desaceleración económica en ciernes a escala europea; una financiación autonómica con necesidades perentorias; un déficit galopante en la Seguridad Social…

Sin embargo, la sesión de investidura a la que se sometió el candidato ganador de las elecciones en el mes de julio fracasó, por voluntad del resto de los grupos parlamentarios con más representación en el Congreso. A día de hoy, en consecuencia, el país sigue contando con un Gobierno limitado en sus funciones, y sin perspectiva de solución a corto plazo. Situación de bloqueo, en definitiva.

En este contexto, sorprenden especialmente las posiciones que justifican el bloqueo “porque no vamos a facilitar el Gobierno gratis, a cambio de nada”. Tales argumentos provienen, a veces, tanto desde la derecha como desde la izquierda.

Resulta difícil interpretar esta lógica retributiva para la investidura de un Presidente del Gobierno. En principio, la lógica democrática invita a pensar que los votos se aportan a cambio de la satisfacción del interés general y no del interés propio o partidario. Si el apoyo o la abstención en una investidura no se quiere plantear “gratis”, ¿cuál es la retribución que se espera? ¿Un pago? ¿Una contraprestación? ¿De qué tipo?

Pareciera, incluso, que aquellos que mantienen secuestrado el resultado de la voluntad democrática expresada en la urnas pretendieran recibir un rescate por su liberación. O me pagas o mantengo el boicot a las urnas y el bloqueo a la formación de Gobierno, parecen expresar.

En nuestro sistema democrático parlamentario, una vez celebradas las elecciones con un claro ganador, aún sin mayoría absoluta en el Congreso, a los demás grupos parlamentarios solo les cabe mantener tres conductas lícitas. O se apoya al candidato del grupo ganador; o se propone una alternativa; o se facilita la formación de Gobierno mediante una abstención responsable. El bloqueo sin alternativa no es un comportamiento lícito. Pedir un rescate en interés propio, tampoco.

En el contexto político actual de nuestro país, la segunda opción no existe.

El apoyo al candidato ganador requiere cierta equivalencia ideológica y programática, ciertamente. Y, desde luego, puede plantearse conforme a un acuerdo formal, con naturaleza y alcance diversos.

La abstención responsable también puede condicionarse. No a cambio de una retribución o rescate de interés partidario, como la renuncia a formar Gobierno en una comunidad autónoma, por supuesto. Tampoco mediante la exigencia de que el candidato ganador cambie de ideas y de programa, para asumir las de quienes han perdido las elecciones. Sí puede plantearse, sin embargo, un compromiso de diálogo y entendimiento en torno a cuestiones de Estado.

¿Cuál es el planteamiento del PSOE en este escenario?

Pedimos un ejercicio de realismo, responsabilidad y generosidad a todos los grupos parlamentarios que han recibido la confianza de la ciudadanía para atender el interés general.

Realismo para asumir que el PSOE ganó inequívocamente las elecciones y que no existe alternativa viable a un Gobierno liderado por el PSOE.

Responsabilidad para facilitar y no bloquear la formación del Gobierno que votaron mayoritariamente los ciudadanos y ciudadanas.

Y generosidad para anteponer el interés general al propio o partidario.

¿Cómo hacerlo?

Mediante un acuerdo programático con Unidas Podemos y otras formaciones progresistas, que establezca una agenda legislativa y de gestión política a desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años. Este acuerdo aseguraría un Gobierno coherente, estable y eficaz en el desarrollo de una agenda de progreso, impulsado, apoyado y controlado desde el Parlamento. A tal efecto, el PSOE ha elaborado una propuesta abierta con 300 medidas progresistas, con amplio respaldo social y político.

Y a través de la abstención responsable de PP y Ciudadanos, con el compromiso de mantener, como hemos hecho siempre, una actitud de diálogo y entendimiento en cuestiones de Estado, como la política exterior, la política antiterrorista, la defensa de la integridad territorial, el desarrollo de los pactos de Estado contra la violencia de género y el futuro de las pensiones, y las eventuales propuestas de reforma constitucional.

¿Apoyo gratis a la formación de Gobierno? No. Se trata de posibilitar la formación del Gobierno que han votado los españoles, a cambio del reconocimiento social ante un ejercicio de responsabilidad democrática, en beneficio del interés general. Esa es suficiente retribución.

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La aparición de nuevos actores políticos relevantes y la consiguiente fragmentación de la representación ciudadana en las instituciones no han traído consigo los grandes avances prometidos en materia de regeneración y calidad democrática. Antes al contrario, las nuevas formaciones políticas han asumido a gran velocidad algunos de los peores defectos de la política de siempre, como el sectarismo.

Sin embargo, la atomización de los Parlamentos, tanto en el ámbito nacional como en las distintas Comunidades Autónomas, sí ha confirmado algunos de los peores pronósticos respecto al agravamiento en los problemas para la gobernabilidad y la articulación de mayorías legislativas. Las dificultades que sufrimos ahora para investir a un Presidente que ha ganado las elecciones generales con claridad tuvo su antecedente hace solo tres años, cuando hubo de repetirse la llamada a las urnas para desbloquear la situación. 

Resulta evidente que los partidos políticos y sus dirigencias deben mejorar mucho en sus actitudes y capacidades para resolver estas situaciones de bloqueo mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo. Pero también es imperativo que vayamos pensando en acometer reformas legales y constitucionales que nos ayuden a evitar en lo posible estos escenarios contraproducentes para el interés general.

A este respecto, se hace imprescindible la reforma del artículo 99 de la Constitución, tomando como referencia, por ejemplo, los procedimientos de elección de Presidente en los Parlamentos de Asturias y Euskadi, donde no es posible votar en contra de una investidura y se facilita la formación pronta de Gobierno, con todas las garantías democráticas. 

No obstante, en estos momentos debemos afrontar los problemas de bloqueo institucional con las reglas vigentes. Por esta razón, desde el PSOE estamos reclamando al resto de las formaciones políticas con representación parlamentaria un doble ejercicio de realismo y responsabilidad. 

Pedimos un ejercicio de realismo para que el resto de los partidos políticos sean conscientes de que el pronunciamiento de la ciudadanía española respecto a quiénes quieren que les gobierne ha sido claro y recurrente en los últimos tiempos. Entre el 28 de abril y el 26 de mayo, los españoles han hecho ganar al PSOE las elecciones generales, la autonómicas, las municipales y las europeas. Además, sondeo tras sondeo, los del CIS y los privados, arrojan siempre el mismo resultado: los españoles quieren un Gobierno progresista, liderado por el PSOE y presidido por Pedro Sánchez.

La asunción del principio de realidad implica también tener en cuenta que no hay alternativa viable a la investidura de Pedro Sánchez en la aritmética parlamentaria. Las tres derechas no suman suficientes escaños para ello, y la alianza entre las tres derechas y Unidas Podemos o los nacionalismos periféricos resulta políticamente impracticable.

El segundo ejercicio que reivindicamos de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos es el de la responsabilidad. Si no existe una investidura alternativa, solo quedan dos opciones para el Gobierno de España: o se facilita la investidura de Pedro Sánchez o se bloquea el Gobierno y el país. Pero esta segunda opción no es una posibilidad legítima para los representantes de la ciudadanía en el Congreso. 

De mantener PP, Ciudadanos y Unidas Podemos su actitud vigente de bloqueo, España seguirá sin Gobierno plenamente constituido durante los dos próximos meses. Y si tal comportamiento persiste más allá del 23 de septiembre próximo, tendrán que repetirse las elecciones generales. Y no hay derecho a que estos partidos bloqueen la formación del único Gobierno posible, que es el que han votado, el que necesitan y merecen los españoles. Y no sería justo que los españoles fueran llamados de nuevo a las urnas, tras haberse pronunciado con rotunda claridad en las cuatro últimas ocasiones. 

¿Qué están ofreciendo a los españoles en estos momentos los señores Casado, Rivera e Iglesias? ¿El bloqueo infinito, la ingobernabilidad del país, la llamada en bucle a las urnas? ¿Quieren que España carezca de Gobierno cuando se materialice el brexit salvaje? ¿O cuando tengamos que afrontar una eventual escalada secesionista? ¿Quieren que tengamos que prorrogar para 2020 los presupuestos obsoletos ya prorrogados en 2019? ¿Quieren que los Gobiernos autonómicos sigan careciendo de los recursos suficientes para financiar los servicios públicos en la sanidad, la educación y los servicios sociales? 

Desde el PSOE estamos pidiendo realismo y responsabilidad para que el conjunto de las formaciones políticas que representan el interés general posibiliten un Gobierno ya, progresista, coherente y sin depender de las fuerzas independentistas, porque esta es también la voluntad inequívoca de la ciudadanía española, expresada en elección tras elección y en sondeo tras sondeo. 

A Unidas Podemos les pedimos una reflexión respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo “a la portuguesa”, como están sugiriendo algunas de sus propias organizaciones integrantes, como Izquierda Unida, Anticapitalistas y los comunes catalanes. Un acuerdo programático para la investidura y la legislatura. Este es el modelo que funciona en Portugal y Dinamarca, y es el modelo que nos funcionó en España durante el último año. Con este modelo sacamos adelante la subida del salario mínimo, la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años y el proyecto de presupuestos más social de la historia de nuestra democracia. 

Al Partido Popular, a Ciudadanos y al resto de los grupos parlamentarios tan solo les pedimos que se hagan a un lado. Si no quieren apoyar la investidura de Pedro Sánchez y no tienen alternativa, que no condenen al país al bloqueo, la paralización y la ingobernabilidad. No es necesario que voten a favor. Bastará con que se abstengan. 

Gobierno ya, en interés de los españoles y las españolas.

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La mayoría formada por las tres derechas, Unidas Podemos y el independentismo más intransigente ha arrojado el país al bloqueo institucional, ha traicionado el interés general de los españoles y ha dado la espalda a la voluntad democrática de la ciudadanía, expresada de manera clara y recurrente entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

Los españoles y las españolas no tienen hoy el Gobierno socialista que votaron, que necesitan y que merecen, por dos razones: por la ambición desmedida e irreal de Podemos por los cargos; y por la irresponsabilidad de la derecha, que ha vuelto a anteponer su interés por dañar al PSOE sobre su deber patriótico de posibilitar que haya Gobierno en España.

En democracia, ante una sesión de investidura solo caben tres posiciones legítimas: votar al candidato propuesto por el Jefe del Estado; articular una alternativa; o hacerse a un lado, permitiendo que salga adelante la única alternativa posible. El bloqueo, la ingobernabilidad, el boicot a la decisión democrática de los ciudadanos, no es una opción legítima. Sin embargo, esta ha sido la opción elegida por las derechas y Unidas Podemos, lamentablemente.

Lo sucedido durante estos últimos días nos lleva a la conclusión de que Pablo Iglesias nunca tuvo voluntad de llegar a un acuerdo con el PSOE. Todo indica que, en realidad, siempre mantuvo la estrategia evidenciada en 2016, cuando también frustró la investidura de un Presidente progresista. Pareciera que el único propósito permanente de Iglesias es el de evitar un Gobierno presidido por un socialista, aunque la consecuencia sea el riesgo de un Gobierno conservador.

Llegamos a esta conclusión por dos motivos. En primer lugar, nunca quisieron negociar los contenidos de un programa de Gobierno, el “para qué”. Y, en segundo lugar, todos sus planteamientos para la configuración de los equipos de Gobierno eran desmesurados, desproporcionados e irreales. No se puede reclamar la gestión de más de la mitad del gasto social y todos los ingresos del Estado, cuando se es la cuarta fuerza política de la Cámara y no se aporta, ni tan siquiera, valor suficiente para conformar una mayoría absoluta.

No proponían asumir una parte “proporcional” del Gobierno. Al final, ni tan siquiera planteaban un co-gobierno. Querían el Gobierno entero, su columna vertebral. No era un planteamiento realista.

Descalificar como elementos decorativos algunas de las competencias ofertadas por el PSOE, constituye una falta de respeto a los socialistas y, sobre todo, a los españoles que necesitan de la buena gestión de esas competencias para mejorar su vida. Una vicepresidencia social o las políticas de vivienda, de sanidad, de igualdad, de economía social, de cultura, de agricultura, de cooperación exterior… no pueden despreciarse cuando se intenta negociar en serio un gobierno de coalición.

Primero nos reprocharon que las ofertas programáticas no eran lo suficientemente de izquierdas, y confirmamos nuestra disposición a subir el salario mínimo y derogar la reforma laboral. Después reclamaron colaborar en el Gobierno, y se les ofreció un Gobierno de cooperación. Más tarde pidieron que la cooperación se convirtiera en coalición, y se cedió para que fuera así. Exigieron una vicepresidencia para su portavoz parlamentaria, y también se respondió positivamente. Y, al final, se demostró que lo que querían era el Gobierno entero. Y ahí ya no se pudo ceder.

¿Y ahora? Ahora ya no hay candidato con encargo del Jefe del Estado. Pedro Sánchez dejó de ser candidato en la tarde del día 25. Ahora se abre el proceso institucional que establece el artículo 99 de la Constitución. Ya lo advertimos.

La situación es grave, pero hay salidas y vamos a trabajar duro para hacerlas realidad. El candidato ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, se pondrá en contacto con los líderes de los otros tres grandes grupos parlamentarios del Congreso, para que asuman su responsabilidad y contribuyan a desbloquear la formación de Gobierno en España. La ciudadanía hizo su trabajo, votó y encargó al PSOE liderar un Gobierno progresista, coherente y eficaz. Ahora corresponde a los representantes políticos de esa ciudadanía cumplir con su parte.

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El símil con aquella campaña institucional destinada a fomentar el ahorro energético no es mío. Es de Iñaki Gabilondo y se lo escuché en la cadena SER, pero sirve para ilustrar de manera precisa el momento político que vivimos en relación a la investidura del Presidente del Gobierno.

Y es que da la sensación de que algunos actores pretenden alargar el proceso que ha de investir al único Presidente posible, por motivos puramente tácticos y egoístas. Y puede que a ellos les convenga esperar, pero España, efectivamente, no puede.

La paradoja del momento es la siguiente. La ciudadanía ha cumplido con su responsabilidad democrática, acudiendo repetidamente a las urnas y arrojando un veredicto muy claro. El PSOE ha ganado de largo las elecciones generales, las europeas, las municipales y en diez de las doce elecciones autonómicas llamadas a votar.

Ha cumplido son su responsabilidad constitucional el Jefe del Estado que, tras la ronda preceptiva con los representantes políticos, ha propuesto un candidato a la presidencia del Gobierno. Y, finalmente, ha cumplido con su responsabilidad el propio candidato, Pedro Sánchez, que ha compartido sus planes con los dirigentes de diez fuerzas políticas con presencia en el Parlamento.

Ya solo queda que también asuman su responsabilidad el resto de los actores políticos con capacidad de decisión y voto en la sesión de investidura. Y tienen tres opciones legítimas: o apoyan al candidato propuesto, o intentan forjar una alternativa (que no es posible), o se hacen a un lado sin bloquear la única investidura posible. Estas son opciones legítimas, porque no resulta legítimo optar por el boicot a las instituciones, el bloqueo y la ingobernabilidad. Quizás ellos se puedan permitir ciertos tacticismos interesados, pero España no puede.

Quizás unos jueguen a presionar al candidato, intentando llevarle hasta el extremo con la intención de que varíe sus planteamientos en un acuerdo programático, parlamentario e institucional muy razonable. Puede que otros jueguen simplemente a retrasar la investidura para provocar el desgaste político del candidato y fomentar la sensación de inestabilidad. Incluso puede haber quienes jueguen a repetir elecciones, por si les fuera mejor en una nueva cita con las urnas.

Se trata de juegos tácticos tan comprensibles como evidentes, pero absolutamente inaceptables desde la perspectiva del interés general. Los cálculos partidistas son inevitables, pero han de subordinarse al bien común porque, de lo contrario, se subvierte claramente el mandato representativo.

En concreto, puede que algunos actores políticos estén apostando a hacer fracasar la investidura del único Presidente posible en julio, para irse de vacaciones en agosto y continuar el juego táctico en septiembre. Sería una irresponsabilidad.

Hay asuntos pendientes que no pueden esperar al juego táctico de ningún partido. El último informe FOESSA alerta sobre la existencia de más de ocho millones de excluidos sociales en España. Estamos pagando la extra de las pensiones con préstamos. La precarización de muchos empleos exige un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma urgente. Tenemos pendiente el nuevo sistema de financiación autonómica desde hace años. El cambio climático requiere respuestas legales y estructurales ya. En Europa nos esperan para afrontar el brexit, el presupuesto del euro, la armonización fiscal…

Además, aún tenemos por renovar el Consejo del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de RTVE…

Definitivamente, no. España no puede esperar. Necesitamos un Gobierno estable ya. Los ciudadanos han hecho su trabajo. Ahora corresponde a diputados y diputada actuar con responsabilidad.

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En estos días previos a la sesión de investidura que tendremos pronto en el Congreso de los Diputados, se habla mucho del “con quién” saldría adelante la elección de Pedro Sánchez, del “cómo” explicarán unos y otros su voto, incluso del “cuándo” se producirá la votación definitiva. Pero siendo tales incógnitas de gran interés, resulta extraño que se centre tan escasa atención sobre algo tan fundamental como el “para qué” está reclamando la investidura Pedro Sánchez y el partido ganador de las elecciones generales.

Ignorar esta información equivaldría a dar por hecho que el comportamiento de los grupos parlamentarios en la sesión de investidura tendrá más que ver con sus estrategias partidarias que con los intereses de la ciudadanía española. Sin embargo, lo cierto es que los facilitadores de la investidura estarán abriendo la puerta a la consecución de unos objetivos de país que han sido perfectamente explicitados por el candidato Sánchez. Y, a la inversa, quienes dificulten la investidura serán responsables de obstaculizar el alcance de tales metas de interés general.

El primero de los grandes propósitos del Gobierno socialista que Pedro Sánchez aspira a formar en breve consiste combatir eficazmente las desigualdades que se han disparado en España desde la crisis de 2008, y como consecuencia de su gestión injusta por parte de la derecha gobernante entre 2011 y 2018.

Varias noticias en estos días lo han puesto de manifiesto, comenzando por la publicación del prestigioso informe FOESSA, el cual prueba que 8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, forma parte ya de la categoría de los excluidos sociales, 1,2 millones más que hace una década. Además, casi la mitad, más de 4 millones de españoles, sufren exclusión severa.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de dar a conocer también el dato de la caída de los nacimientos en casi un 30% durante los últimos diez años, habiéndose elevado a 31 la edad media en el nacimiento del primer hijo. Los jóvenes españoles tienen muchísimas dificultades para emprender un proyecto vital de manera digna y estable.

Simultáneamente a esto, se han producido en nuestro país sendos debates interesantes acerca de las repercusiones de la subida del salario mínimo sobre la creación de empleo, y acerca de las consecuencias de una eventual bajada drástica de los impuestos, tal y como proponen las formaciones políticas de la derecha. Un hecho luctuoso, el fallecimiento de un trabajador explotado en la llamada economía colaborativa o digital, ha reverdecido también la discusión pública sobre la necesidad de revertir la reforma laboral precarizadora del PP.

Pues bien, este es el primer objetivo: combatir las desigualdades con políticas públicas redistribuidoras, fortaleciendo el Estado de Bienestar, recuperando derechos para los trabajadores, y cobrando impuestos justos a quienes más ganan, más tienen y más esconden.

Pero hay otras metas, tan relevantes como esta. Se trata de modernizar nuestro sistema productivo, poniéndonos al día en el reto de la digitalización de la economía y en la apuesta por la innovación para la mejora de la productividad. Tenemos pendiente también acelerar nuestra transición ecológica justa para combatir con determinación y eficacia el cambio climático.

Nuestro país necesita un nuevo impulso regenerador para mejorar la calidad de nuestra democracia, su funcionamiento y sus instituciones. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres constituye el primer objetivo estratégico y transversal en este capítulo. Pero interesa mucho, igualmente, la lucha contra la corrupción y la garantía de limpieza en todas las instituciones democráticas.

Fomentar la convivencia territorial, avanzando en el perfeccionamiento federal de nuestro Estado de las Autonomías, acordando un sistema estable de financiación territorial, garantizando un marco competencial y financiero consensuado en el ámbito local, también son finalidades de interés común.

La integración progresiva en la Unión Europea hacia los inevitables Estados Unidos de Europa, la consecución de una administración europea más social y el fortalecimiento del papel de España en esa construcción, constituyen asimismo intenciones susceptibles de generar amplios consensos políticos y sociales.

Todo esto requerirá, por cierto, de una voluntad concertada para cortar el paso a la influencia de los enemigos de nuestra democracia y de los valores que la sustentan. En la Europa más avanzada en derechos y libertades, las fuerzas democráticas y europeístas se conjuran para aislar a la extrema derecha xenófoba, machista y antieuropea. Ojalá aquí PP y Ciudadanos participaran de ese propósito político y moral, y dejaran de blanquear y normalizar la influencia de Vox en nuestras instituciones.

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La operación política para la continuidad de la Grosse Koalition que la socialdemocracia alemana ejecutó en 2018 tenía buenos fundamentos, pero se ha evidenciado como la causa fundamental en el declive del histórico partido de Friedrich Ebert, Willy Brandt y Helmut Schmidt.

La última debacle electoral, con un 15,8% de los votos al Parlamento Europeo, y la pérdida del feudo tradicional de Bremen, se ha llevado por delante a su presidenta, Andrea Nahles. 

Aquella operación estaba bien justificada en el interés general, por cuanto habían fracasado las demás opciones que la conservadora Merkel había intentado para formar gobierno. El país estaba abocado al fracaso de una repetición electoral, y los socialdemócratas acudieron al rescate de la institucionalidad democrática.

El acuerdo alcanzado entre la CDU y el SPD incorporaba avances sociales de gran alcance, como la fijación del salario mínimo en 1.500 euros mensuales. Y su legitimidad democrática era impecable: el acuerdo fue suscrito por la mayoría de los militantes socialdemócratas en una consulta transparente. 

Pero el coste político que ha acabado pagando el partido socialdemócrata por esta decisión meditada, justificada y democrática, ha sido muy alto. No solo está lejos ya de los históricos porcentajes de apoyo -por encima del 40%- que sustentaron los gobiernos responsables de haber levantado el legendario Estado de Bienestar alemán, sino que el 26 de mayo fue superado incluso por el partido verde y las últimas encuestas le arrojan por debajo del 13%. 

¿Por qué ha castigado tan duramente el electorado progresista a la gran coalición? Posiblemente porque ni siquiera el elector más templado y pragmático haya entendido que una fórmula “excepcional” pueda alargarse cerca de tres lustros en el tiempo -con alguna breve interrupción-.

Las coaliciones entre grandes adversarios ideológicos y políticos se justifican en la coyunturalidad de una crisis social, económica o política. Cuando lo excepcional se convirtió en habitual en Alemania, el elector acabó convencido de que la aspiración estructural del SPD pasaba por mantenerse como socio menor y subalterno de la democracia cristiana. Y, al parecer, una buena parte de la población con ideas progresistas no comparte tal estrategia. 

Los grandes y pequeños avances logrados en el día a día del gobierno común han sido, sin duda, bien valorados por el electorado tradicional de la socialdemocracia. Con toda seguridad, una alianza de Merkel con el partido liberal hubiera supuesto la aplicación de recortes injustos de impuestos y adelgazamiento de las políticas públicas.

Pero ese electorado tradicional no se conforma con la política de la conllevanza o la resignación constante de lo menos malo. Izquierda es también ilusión, esperanza, pulsión de cambio y de justicia. Y la presencia permanente de ministros socialistas bajo el manto conservador de Merkel ha resultado poco motivador. 

Además, la democracia de calidad requiere de alternativas globales y reales. Desde la segunda gran guerra, socialcristianos y socialdemócratas han representado dos opciones compatibles pero distintas; leales ambas a los fundamentos del Estado Social, pero diversas en sus programas políticos; admirables cada una en sus conquistas para el interés general, pero controvertidas en el debate ideológico y electoral.

Cuando las dos grandes opciones se convierten en una sola, las alternativas surgen en otras latitudes. Y la latitud ecologista de los verdes resulta interesante, pero la alternativa extremista de los neonazis constituye un riesgo cada día más evidente y peligroso. Un riesgo a evitar. 

Es injusto, porque el compromiso del SPD con el progreso en Alemania y en el conjunto de Europa es inequívoco. Y porque Andrea Nahles es una política sólida en sus valores y en sus capacidades. Pero la política es así. Los únicos que no se equivocan son los electores ante la urna. 

Europa necesita una Alemania fuerte en su apuesta por más Europa y por una Europa más social. Y el papel del SPD en esta apuesta es determinante.

Si el SPD siguiera el camino declinante del socialismo francés o italiano, las oportunidades del populismo se multiplicarían, como ha ocurrido con Le Pen y Salvini, por desgracia todos los europeos.

El liderazgo emergente del socialismo europeo de la mano de Pedro Sánchez necesita de un SPD renovado y en forma. Pronto. Ojalá sea así.

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En su afán por alcanzar o mantenerse en el poder, las derechas de PP y Ciudadanos parecen dispuestas a alcanzar acuerdos en algunos parlamentos y en algunos ayuntamientos con la ultraderecha de Vox. Para ello, pretenden convencer a la sociedad española de que Vox es un partido normal.

Pero Vox no es un partido normal. La ultraderecha española socava los fundamentos de nuestra convivencia en paz, persigue minar las bases de nuestra institucionalidad democrática, y explicita planes que conllevan riesgos gravísimos para los derechos, para las libertades y para la vida misma de muchos de españoles.

Pactar con Vox a cambio de poder equivale a vender el alma al principal enemigo de la sociedad española y a la más grande amenaza para su futuro. No se puede pactar con Vox.

Decimos que la ultraderecha socava los fundamentos de nuestra convivencia en paz porque se afana en distinguir a España de lo que ellos llaman la anti-España, a los buenos españoles de los, según ellos, malos españoles. Fomentan el odio al migrante y el rechazo al homosexual. Combaten la igualdad entre mujeres y hombres persiguiendo a sus activistas. Censuran a los periodistas libres y amenazan con cerrar los medios que no les son afines.

Sostenemos que la ultraderecha persigue minar las bases de nuestra institucionalidad democrática, porque niega la España diversa y plural y pretende acabar con la España de las Autonomías que consagra nuestra Constitución. Alienta la salida de nuestro país de la Unión Europea y de todos los “organismos supranacionales” que, según ellos, contravienen el “interés nacional”. Buscan ilegalizar los partidos políticos “con ascendencia marxista” y “enemigos de España” que, según su retórica, serían todos menos Vox.

Mantenemos que la ultraderecha explicita planes que conllevan riesgos gravísimos para los derechos, las libertades y la vida de millones de españoles, porque plantean reformas legales que permitan a todo hombre y mujer llenar sus hogares con armas de fuego. Por el contrario, ya están desarmando a las mujeres de sus asesinos y maltratadores al combatir las leyes contra la violencia de género. Buscan la amnistía fiscal prácticamente total para las grandes fortunas, quieren acabar con el vigente sistema público de pensiones y proponen la liberalización total del suelo para la especulación sin límite.

Este partido es un peligro para la sociedad española, y las fuerzas políticas que le ofrezcan plataformas para su expansión, para ampliar su influencia o para aplicar sus programas de locura desde los gobiernos, están traicionando a este país y poniendo en serio riesgo su futuro.

Si hay una nación en Europa con razones bien fundadas y bien recientes para establecer cordones sanitarios frente a la ultraderecha, ese país es España. Hace poco más de cuatro décadas que los españoles logramos salir del túnel del fascismo. No nos merecemos que PP y Ciudadanos permitan gobernar de nuevo a los herederos del franquismo, tan solo para tocar poder ellos mismos e impedir que gobierne el socialismo ganador de las elecciones en muchos territorios.

Mientras los conservadores de Merkel en Alemania y los liberales de Macron en Francia tienen muy clara la obligación política y moral de alejarse de las ultraderechas, aquí en España, Casado y Rivera coquetean con los extremistas para alzarse a las poltronas.

Ojalá rectifiquen a tiempo. Por ellos y por el bien de nuestra joven democracia.

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