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Archive for the ‘Elecciones’ Category

La imagen del Presidente del Gobierno ante un Tribunal de Justicia dando cuentas de la financiación irregular de su partido es demoledora para la convivencia democrática. La “normalidad” con que el Gobierno ha pretendido despachar este episodio desgraciado resulta tan poco creíble como ofensiva para la gran mayoría de los españoles.

La primera obligación de quien lidera la institucionalidad democrática de un país es la de velar por su credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué crédito institucional puede ofrecer aquél que se ve obligado a testificar judicialmente por los delitos cometidos en una organización bajo su responsabilidad? ¿Cómo confiar mínimamente en quien lidera un partido cuyos tesoreros y secretarios generales desfilan día sí y día no ante policías, fiscales y jueces para dar cuenta sobre todo tipo de corruptelas?

Al tiempo que Mariano Rajoy respondía con suficiencia y cinismo ante el Tribunal a las preguntas de los letrados, millones de ciudadanos procuraban encajar las consecuencias de sus políticas de ajuste. ¿Qué pueden pensar los pensionistas con prestaciones congeladas o los parados que han perdido la cobertura pública cuando ven al responsable de su sufrimiento despachando con frivolidad las acusaciones de depredación fraudulenta en las arcas públicas? ¿Qué daño produce este contraste sobre la confianza en las instituciones?

Buena parte del crecimiento económico, frágil y socialmente injusto por otra parte, descansa en este tiempo sobre el sector exterior, el turismo nacional y las exportaciones. Y la imagen del Presidente español ante el Tribunal de Justicia en el marco de un caso de corrupción grave ha recorrido los noticiarios de medio mundo. ¿Qué efectos puede tener esta situación sobre el prestigio y la reputación de España? ¿Cómo afectará aquella imagen a las decisiones de los grandes inversores internacionales en nuestro país?

La solicitud de dimisión por parte del secretario general del PSOE puede interpretarse en el contexto del ejercicio de oposición más previsible. Sin embargo, en esta ocasión muy especialmente la llamada de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Rajoy “para que no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país” adquiere un alcance de interés muy general.

La sociedad española afronta en estos momentos retos de una envergadura extraordinaria. El más inminente tiene que ver nada menos que con una seria amenaza secesionista por parte de un gobierno autonómico en rebeldía. Pero los desafíos socio-económicos son también mayúsculos, desde la agenda digital hasta la transición ambiental de la economía, desde la lucha contra la pobreza hasta el rescate de los jóvenes parados, precarizados y emigrados. ¿Está Rajoy en condiciones de liderar estos cambios entre escándalo y escándalo de corrupción?

La propia corrupción se ha convertido ya en la segunda gran preocupación ciudadana tras el paro. El daño que produce la multiplicación de casos que afectan al partido del Gobierno, en su núcleo central y en cada uno de sus territorios, resulta incompatible ya con cualquier intento de darle carácter excepcional. Estamos ante un problema de corrupción estructural y sistémico en el Partido Popular. Y Rajoy no puede escudarse con credibilidad en el argumento de que desconocía los manejos económicos de todos sus subordinados durante las casi tres décadas en las que ha formado parte de la dirección de su partido.

Por último, existe una condición imprescindible para aquél llamado a liderar la organización del espacio público compartido. Es la libertad, el estar y el saberse libre de ataduras espurias. La falta de otras condiciones, como la sabiduría o la capacidad, pueden compensarse con buenos equipos. Pero ser y sentirse libre es fundamental para quien ha de hacerse cargo de la defensa del interés común. ¿Es libre Rajoy? ¿Libre de quienes han financiado irregularmente sus campañas y su partido? ¿Libre respecto a aquellos que han administrado estas irregularidades bajo su liderazgo?

Demasiados interrogantes.

Definitivamente, lo de Rajoy no es “normal”.

Por eso pedimos su dimisión, en interés de nuestra institucionalidad democrática y en interés del conjunto de la sociedad española.

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Los secesionistas no tienen derecho a secesionar territorio alguno, desde luego. Pero tampoco tienen derecho a conducir a la sociedad catalana al callejón sin salida de la insurrección legal. Y menos aún tienen derecho para forzar a catalanes y demás españoles a malgastar las energías que debiéramos dedicar a los auténticos desafíos de nuestro tiempo, como la globalización sin reglas, la economía sin justicia y el recorte generalizado de derechos.

No hay mejor aliado para Rajoy en estos momentos que el desvarío secesionista. ¿Qué mejor argumento que la amenaza separatista para desviar la atención de la pobreza laboral creciente, de los jóvenes sin futuro o de las corruptelas por doquier? Cuánto más grande sea el esperpento independentista, más se reivindicará Rajoy como defensor del imperio de la ley y de la unidad de la patria.

Ensoñadores independentistas aparte, la mayoría de quienes hoy dirigen el procés catalán se apuntaron a la aventura por pura estrategia herestética. Se trataba de dar la vuelta a un escenario con la recesión económica y la corrupción política como protagonistas inevitables. Elevemos la mirada de la gente hacia las banderas esteladas para que no se fijen en el piso del deterioro social y moral.

Pero la escapada se les ha ido de las manos, y ahora no saben cómo parar un procés absolutamente desbocado. Quizás confiaron ingenuamente en que el PP les daría una salida tarde o temprano. Ignoraban quizás que las amenazas de secesión sonaban como música celestial en un Gobierno deseoso de sustituir la imagen de la madrastra recortadora por la del príncipe rescatador, al menos de cuando en cuando.

Los secesionistas están atrapados en su propia trampa. Ya han renegado de la Constitución, de las leyes y de las sentencias judiciales. Escriben leyes de transitoriedad que no se atreven a registrar siquiera. Anuncian proclamas de república independiente que no se creen ni sus propios consejeros. Fulminan al disidente por dudar, mostrando la debilidad más cruda.

Pero su trampa es en buena medida la de todos, catalanes y demás españoles incluidos. Porque será inevitable ocupar tiempo, titulares y trabajo a desenredar el lío que están provocando. Porque el descrédito internacional nos mancha a todos. Y porque Puigdemont, Junqueras y compañía están trabajando duramente para construir este otoño una sensacional vía de escape a un Gobierno español acorralado por la pobreza y la corrupción ¿Quién se atreverá a cuestionar a aquellos que están llamados a salvar España de la secesión?

No tienen derecho.

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Con motivo de las celebraciones por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en 1977, algunas formaciones populistas y separatistas han aprovechado para insistir en sus descalificaciones falaces hacia la Transición Democrática, la Constitución Española y el “régimen” que se instauró a partir de entonces en nuestro país.

Descartada la ignorancia como causa de tal ejercicio de falsificación de la historia, hemos de entender que se trata de una estrategia orientada a deslegitimar este “régimen” para sustituirlo por otro. La gran pregunta es ¿qué otro régimen?

Representantes de Podemos, Izquierda Unida, ERC y En Común Podem han asegurado en estos días que la Constitución de 1978 no fue fruto del consenso político en una sociedad libre, sino una especie de “carta otorgada” por los herederos de la dictadura a una sociedad sometida “al miedo, la censura y el chantaje”. Es el “candado” que supuestamente impide a los españoles el disfrute de la democracia “auténtica”.

Basta acudir a la evidencia histórica para refutar esta fabulación interesada. La Transición hacia la democracia tuvo lugar por la demanda mayoritaria y exigente de la ciudadanía española, y por el acierto de una generación de dirigentes políticos que, por una vez, supieron anteponer el interés común del entendimiento a la tentación particular del enfrentamiento.

Y más allá de los errores y las insuficiencias, que los hubo, el resultado de aquel episodio fue inequívocamente positivo para la sociedad española. Desde la consecución de la democracia hasta el disfrute de derechos y libertades equiparables a los propios de las naciones de nuestro entorno. Desde la entrada en Europa, hasta el sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil, la separación Estado-Iglesia o el autogobierno de nacionalidades y regiones.

Entonces, ¿por qué esa insistencia en descalificar tan gravemente uno de los pocos hechos históricos colectivos de los que podemos sentirnos razonablemente orgullosos? Evidentemente para socavar el apoyo ciudadano al sistema político vigente, propiciar su caída y alentar su sustitución por otro “régimen”.

Ahora bien, teniendo en cuenta las militancias y las trayectorias de quienes protagonizan tal estrategia, las conclusiones pueden resultar inquietantes. ¿Cuál es la alternativa? El régimen comunista que abrazan algunos ya fracasó en el siglo pasado. Los populismos bolivarianos que asesoran otros están sumiendo a millones de criaturas en la pobreza, la violencia y la represión. Los separatismos socavan la convivencia, enfrentan a los ciudadanos y achican los espacios de solidaridad…

El auténtico “candado” no es el régimen del 78 y la Constitución que ampara la libertad de la que disfrutan sus descalificadores. El auténtico “candado” es el revisionismo que falsea la historia con el propósito de liquidar lo mejor que ha dado el esfuerzo común de los españoles, para llevarnos a un futuro incierto, en el mejor de los casos…

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Pedro Sánchez acierta al establecer el “rescate” de los jóvenes españoles como prioridad estratégica en la acción política de los socialistas. La metáfora es adecuada, porque el colectivo de jóvenes se siente atrapado en un agujero negro de precariedad y marginación.

El problema de los jóvenes precarizados y marginados es ya el problema principal de presente y de futuro para el conjunto de la sociedad española. Y debiera ser también el principal objeto de atención y decisión política, con permiso de los inacabables escándalos de corrupción y las ensoñaciones independentistas.

El problema de los jóvenes presenta tres vertientes, a cual más alarmante. Es un problema de deterioro social evidente para una parte significativa de la población. Es un problema de índole económica, por cuanto excluye del circuito de producción y consumo a lo más dinámico de la sociedad. Y es un problema de legitimidad democrática, porque divorcia del sistema a quienes están llamados inexorablemente a protagonizarlo.

Los índices de desempleo juvenil rozan el 50% y los niveles de precariedad laboral son simplemente insoportables entre los más jóvenes. Los falsos becarios, falsos contratados a tiempo parcial y falsos autónomos son mayoritariamente jóvenes. Los contratos de formación y los contratos en prácticas que se derivan de la reforma laboral del PP condenan a los jóvenes a empleos indignos con jornadas abusivas y salarios del todo insuficientes.

Las brechas de desigualdad creciente en el acceso a la educación superior, a la formación digital y al aprendizaje de idiomas profundizan la injusticia y el malestar fundado. Y a esto debe añadirse la dificultad para acceder a una vivienda digna, dados los altos precios en el mercado libre de compra-venta y alquiler, y dada la falta injustificable de una política pública de vivienda social, como sí existe en otros países de nuestro entorno.

La marginación de los jóvenes de los procesos de producción, de empleo  y de consumo genera a su vez un grave problema de desequilibrio para el sistema económico, con graves repercusiones tanto en el entramado fiscal como en la propia Seguridad Social. Los jóvenes no ganan para pagar impuestos, y no trabajan para generar ingresos en la tesorería de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el nuestro, el panorama es preocupante.

Y todos estos problemas desembocan en un distanciamiento creciente de buena parte de la juventud respecto al sistema democrático. ¿Cómo pedir responsabilidad y compromiso con el sistema a aquello que se sienten maltratados injustamente? Los jóvenes ignorados y marginados son carne de cañón para los discursos populistas y antisistema, que nada resuelven en la problemática juvenil, pero que ofrecen un cauce sugerente para expresar frustración e ira.

Para ilustrar todos estos argumentos resulta muy útil la lectura del libro “La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?” de los profesores José Félix Tezanos y Verónica Díaz.

En consecuencia, resulta muy apropiado que el PSOE coloque la problemática juvenil en el frontispicio de su estrategia para esta nueva etapa. Una estrategia que deberá combinar denuncia y propuesta. Y que deberá contar con iniciativas de oposición allí donde no se gobierna, así como con iniciativas coherentes de gobierno allí donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de convertir su discurso en hechos comprobables.

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El PSOE salió mal del Gobierno en el año 2011. Al Gobierno de Zapatero le tocó bregar con lo más duro de la crisis, se adoptaron decisiones alejadas del programa electoral y muchos votantes se sintieron defraudados.

En consecuencia, durante los años duros de austeridad y recortes por parte del PP, el Partido Socialista no lo tuvo fácil para erigirse como alternativa creíble.

A estas dificultades se añadió mientras tanto la desorientación general de la socialdemocracia europea, atrapada en la disyuntiva de defender a un sistema injusto frente a los populismos o de defender a los populismos estériles frente al sistema.

Y la falta de iniciativa provocó huecos y los huecos se llenaron con otras alternativas, como Podemos y sus confluencias, que no proporcionaban respuestas viables, ni tan siquiera bienintencionadas, pero que encauzaban con eficacia la frustración de buena parte del electorado más joven y progresista.

Los malos resultados en las elecciones sirvieron de acelerante para las divisiones internas y la imagen de contestación interna permanente acabó por situar al PSOE ante su crisis más grave desde la recuperación de la democracia.

En el día de su convocatoria, las elecciones internas a la secretaría general situaban al Partido Socialista en un escenario de riesgo, por cuanto la disputa auguraba grandes dosis de dramatismo y el resultado no se adivinaba concluyente.

Sin embargo, la conclusión de este proceso democrático se ha saldado de una manera positiva, tanto en lo interno como en lo externo. Internamente ha provocado un estado de movilización y buenas expectativas como hacía tiempo que no se experimentaba. Y ante el resto de la sociedad, el PSOE aparece como una opción reforzada en su crédito político y en sus expectativas.

Pedro Sánchez ha adquirido unos atributos muy positivos como consecuencia de este proceso accidentado. A los ojos de la mayoría social progresista en nuestro país, el otra vez secretario general del PSOE es un hombre valiente, que no se arredra ante los obstáculos y que defiende con convicción y firmeza la causa justa de los más débiles. Además, es un ganador, que no es un atributo baladí en esta sociedad de la imagen.

Por tanto, se trata de una buena oportunidad para el Partido Socialista y para España. El PSOE dispone ahora probablemente de la mejor oportunidad desde 2011 para presentarse ante la ciudadanía española con un proyecto que merece atención, crédito y apoyo como alternativa progresista al PP. Se trata de aprovechar esta oportunidad.

¿Cómo? Definiendo y defendiendo una opción de izquierda valiente y de gobierno, de gobierno pero valiente, como acaba de manifestar José Luis Abalos desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Una izquierda dispuesta a romper algunos moldes, a desmentir algunos tópicos establecidos en el sistema, a desautorizar algunas ortodoxias tramposas. Dispuesta a pisar algunos callos en nombre de la igualdad y la justicia. Pero dejando muy claro que el PSOE no se limita a la protesta inteligente, sino que busca inequívocamente el respaldo de las mayorías para reformar el país desde el Gobierno.

Este propósito requiere identificar algunas prioridades, que sintonicen bien con las prioridades de esa ciudadanía progresista a la espera de respuestas valientes y viables. Primero, un nuevo modelo económico subordinado a los objetivos políticos de la igualdad y la justicia, centrado en los buenos empleos. Segundo, una moralización de la vida pública que destierre corruptelas, fraudes y trampas fiscales. Y tercero, una apuesta decidida por la Europa unida y social, como la mejor esperanza de futuro para cerca de 400 millones de europeos.

Pero la oportunidad es positiva también para España, porque los españoles ven alejarse definitivamente el riesgo tenebroso de tener que elegir entre lo malo y lo peor, entre la derecha corrupta y una alternativa populista y estéril. Entre dejar el sistema como está y cargarse el sistema al completo, lo bueno y lo malo, resurge con fuerza una alternativa reformista de alcance. Es una buena noticia.

Y es una buena oportunidad, para el PSOE y para España. Aprovechémosla.

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En su afán de convertir la política en un ejercicio permanente de teatralización ante la opinión pública, el señor Iglesias está contribuyendo a inutilizar uno de los instrumentos más relevantes de nuestro ordenamiento constitucional, la moción de censura al Gobierno.

La intención que se oculta apenas tras este último gesto de Iglesias puede deducirse fácilmente del procedimiento empleado en su anuncio. Una comparecencia pública unilateral de Podemos. Irrumpiendo en plena campaña de primarias para elegir secretario general en el PSOE. Avisando con apenas diez minutos de antelación a los dirigentes de los partidos que han de apoyar necesariamente la iniciativa para que prospere.

La moción de censura es una herramienta clave en la institucionalidad política española. El constituyente faculta a la oposición parlamentaria para sustituir a un gobierno inviable por un gobierno viable en circunstancias excepcionales. Las condiciones para su legitimación y eficacia son tres: la excepcionalidad de la situación debe razonarse; la moción ha de incorporar una alternativa en el programa de Gobierno y en su presidencia; y, claro está, ha de contar con apoyos suficientes para salir adelante.

De estas tres condiciones, la moción anunciada por Iglesias tan solo cumple la primera. Porque es cierto que abundan las razones para censurar y sustituir al Gobierno del PP, responsable de propiciar graves injusticias y anegado de corrupción hasta más allá de lo soportable. Pero en el planteamiento de Iglesias no hay rastro de las otras condiciones, ni programa alternativo, ni candidato a la presidencia, ni un mínimo trabajo previo para sumar apoyos a su iniciativa.

¿Por qué? Porque en realidad Iglesias ha planteado una censura falsa, sin posibilidad ni vocación de salir adelante. No tiene un programa alternativo que merezca tal consideración por parte de los demás grupos. El único candidato al que está dispuesto a apoyar es él mismo, y sabe que nunca obtendrá el respaldo suficiente.

Y, además, los números no salen, porque cualquier suma alternativa al PP requiere del apoyo de Ciudadanos y los independentistas. Los primeros han demostrado su decisión de blindar al PP, incluso allí donde sus vínculos con la corrupción son más evidentes, como Madrid y Murcia. Y los segundos se han apresurado a plantear condiciones de imposible cumplimiento, por inconvenientes y por inconstitucionales.

En consecuencia, solo cabe inferir que Iglesias ha lanzado esta iniciativa con la misma finalidad con la que se subió al “tramabús”, para obtener notoriedad pública y para rentabilizar en términos de expectativa electoral favorable el clima de indignación ciudadana ante los casos de corrupción que afectan al PP.

El problema es que estos fuegos de artificio no le salen gratis a nuestra democracia. Trivilializar el uso de un mecanismo constitucional tan relevante debilita a la institucionalidad democrática. El todo vale para la foto genera desconfianza y frustración entre la ciudadanía.

Mientras tanto, Rajoy sonríe satisfecho, porque cuanto más se hable de las performance de Iglesias menos se hablará de la operación Lezo y de las responsabilidades de la dirigencia del PP en el lodazal de corruptelas en que han convertido la vida pública española.

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Durante estos días en los que se ha conocido el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre, los dos últimos presidentes populares de la Comunidad de Madrid, han sido muchos los madrileños que han rememorado el penoso episodio que dio nacimiento a esta etapa negra de la política en nuestra región: el tamayazo.

Desde el mismo mes de junio de 2003, cuando se perpetró aquel golpe antidemocrático, la gran mayoría de los madrileños concluyeron con buen juicio que las motivaciones de sus protagonistas estaban relacionadas con la corrupción. La conducta de los personajes y las evidencias del entramado revelaban con claridad que aquello se había montado para frustrar el Gobierno decente que habían votado los madrileños, y para dar paso a otro Gobierno con intenciones bien distintas y contrapuestas.

Las informaciones conocidas ahora a propósito de la operación Lezo, sumadas a las ya sabidas sobre Gurtel, Correa, Púnica y demás, ayudarán a muchos a entender aún mejor el qué y, sobre todo, el por qué de aquella operación. Los Ignacio González, Francisco Granados, Alberto López Viejo, Ricardo Romero de Tejada y demás conspiraron para abrir la mayor etapa de saqueo y rapiña sobre las arcas públicas que se ha conocido en nuestro país desde la recuperación de las libertades.

Ojalá el desarrollo del proceso judicial contribuya además a constatar los detalles del quiénes, del cómo y, sobre todo, del cuánto, en torno a aquel lamentable episodio. Los madrileños merecen saberlo, y los culpables merecen ser debidamente castigados.

Rememorar aquellos días aciagos no me provoca ninguna frustración personal, frente a lo que piensan algunos. La frustración es doble, pero tiene que ver con el presente y el futuro de los ciudadanos de mi Comunidad. La primera frustración es por el daño infligido sobre la propia democracia y su credibilidad. Los madrileños comprobaron cómo se puede torcer a golpe de talonario la voluntad democrática expresada limpiamente en las urnas. No es una buena enseñanza.

La segunda frustración está relacionada con la vida de mis conciudadanos. El saqueo de los corruptos se cebó en la especulación sobre el suelo de Madrid, en el inflado de la burbuja inmobiliaria, en el latrocinio sobre los contratos públicos, en la privatización de servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas… ¿Hasta qué punto un Gobierno decente podría haber mejorado la vida de los madrileños? Quiero pensar que mucho, y ese pensamiento resulta frustrante.

Pero entretanto se constata el por qué y se van aclarando el quiénes, el cómo y el por cuánto, conviene ir resolviendo las responsabilidades políticas. Aguirre, la “jefa”, ha dimitido ya. Pero Cifuentes tiene que dar cuentas también por su papel en la trama, el activo y el pasivo, porque formó parte de la dirección del PP y de su grupo parlamentario mientras se consumaban las fechorías.

Y ahora la carga de la prueba recae especialmente sobre Ciudadanos. Resulta contradictorio hasta lo insoportable el presentarse ante la ciudadanía como una fuerza política regeneradora de la vida pública y sostener al mismo tiempo un Gobierno del PP corrompido hasta el tuétano en Madrid. O se sopla o se sorbe…

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