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INSULTAR NO ES HACER OPOSICIÓN

INSULTAR NO ES HACER OPOSICIÓN

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se vio en la obligación de reprochar al líder del PP, Pablo Casado, por haber arrojado hasta 37 insultos y descalificaciones sobre el Presidente del Gobierno en el último debate acerca de la prórroga del Estado de Alarma.

El tiempo establecido para la intervención de Casado era de 15 minutos. Por tanto, el portavoz del principal grupo de la oposición utilizó cerca de 3 insultos por minuto. Todo un récord, incluso para quien ha hecho de la descalificación gruesa e infundada una marca de estilo propio.

“Mintiendo”, “manipulando”, “malversando”, “curandero”, “incompetencia culposa”, “incapaz”, “hacedor de sainetes”, “ineptitud”, “chiste de Gila”, “fracaso estrepitoso”, “temerario”, “bajeza moral”, “usar a las víctimas”, “actor de sudokus”, “chapuzas”, “improvisaciones dolosas”, “bandazos”, “ruina”, “usar a los españoles como a perros de Paulov”, “pésimo”, “desbordado”, “falsario”, “negligente”, “Gran Hermano”, “hipertrofiado”, “propagandista”, “irresponsable”, “caos”, “nefasto”, “instalado en el absolutismo”, “zoco de prebendas”, “tomar a parados como rehenes”, “fraude”, “perseguir las críticas con policías”, “contratación opaca”, “cesarismo”, “arbitrario”… Así hasta 37.

La oposición constituye una parte fundamental e imprescindible de la democracia liberal. Se trata de una institución clave para el equilibrio de poderes propio del Estado de Derecho. La tarea de los grupos políticos de la oposición supone una garantía clave para la calidad de un régimen democrático.

Oposición es control y es alternativa. Hacer oposición es practicar el seguimiento crítico a la acción del Gobierno, señalando los errores y reclamando rectificaciones. Hacer oposición es censurar al ejecutivo cuando lo merece, y aportar propuestas alternativas en cada momento. Pero el control al Gobierno no empece el ejercicio de la lealtad con el país, ni la persecución del bien común.

Practicar la oposición crítica no equivale a insultar y descalificar constantemente al Gobierno de turno, como hace el PP en España. Hacer oposición no equivale a buscar la desestabilización de las instituciones. Utilizar los gobiernos autonómicos para arremeter contra el Gobierno de España no es oposición legítima, sino desestabilización dolosa. Socavar las posiciones del Gobierno de tu país en las instituciones europeas no es práctica opositora normalizada, sino traición al interés general.

La oposición puede y debe ser crítica y exigente con el Gobierno, pero debe ser leal y consecuente con el bien común. El ejercicio partidista solo es legítimo en democracia mientras no  se anteponga a la seguridad y el interés del conjunto.

El ejercicio constante de la injuria y el bulo contra el Gobierno de España que practica la ultraderecha, no tiene nada que ver con la práctica de la oposición democrática. Vox persigue lo que ha perseguido siempre la ultraderecha en la historia de nuestro país: aprovechar el sufrimiento de la gente para socavar las instituciones democráticas y tomar el poder, por las buenas o por la malas.

Pero el PP forma parte de las fuerzas políticas que elaboraron la Constitución de 1978, que contribuyeron a construir nuestra democracia, y ha gobernado y gobierna buena parte de sus instituciones. La ultraderecha busca cambiar de régimen, arrojar al país a una involución democrática. Entendemos que el PP tiene propósitos distintos. Por eso le pedimos que se aleje de Vox, de sus estrategias y de sus tácticas.

En este momento crítico de la historia de España, la sociedad y su Gobierno demuestran cada día estar a la altura de sus responsabilidades. Tan solo reclamamos a la oposición que cumpla también con su papel.

PENA DE GOBIERNO DE MADRID

PENA DE GOBIERNO DE MADRID

Madrid conmemora el 2 de Mayo siendo el epicentro de una desgracia nacional, que compartimos con buena parte del mundo. Tras Nueva York y Lombardía, Madrid es la región con mayor índice de letalidad por COVID-19 de todo el planeta.

Sin embargo, a diferencia de lo que practica cada día la derecha en relación al Gobierno de España, a los socialistas no se nos ocurrirá culpar al Gobierno de la Comunidad de Madrid por este drama. No echaremos los muertos a la cara de Díaz Ayuso, como hacen ellos con el Gobierno de la nación.

Sí hemos de sostener, sin embargo, que la gestión del gobierno autonómico en la pandemia es una mala gestión. En el antes, porque la sanidad pública madrileña afrontó la crisis debilitada, tras dos décadas de recortes y privatizaciones. En el durante, porque las deficiencias y los errores están siendo manifiestos. El festival irresponsable de IFEMA solo es el último ejemplo. Y en el post, porque se niega a aceptar la mano que se le tiende para acordar la reconstrucción social y económica de la región.

El presidente del PP, Pablo Casado, insiste en situar a España entre los países con más incidencia y mortalidad por el coronavirus. Se le olvida mencionar, sin embargo, que son las cifras terribles de Madrid, donde gobierna su partido, las que elevan decisivamente a nuestro país en todas las estadísticas internacionales.

Pretende la derecha situar el debate sobre la gestión de la crisis en la cantidad de tests realizados, cuando la realidad es que España es uno de los países que más pruebas PCR y más tests realiza, por delante porcentualmente de países como Francia, Reino Unido, Canadá o Bélgica.

Pero Casado olvida mencionar nuevamente que una de las razones por las que nuestra nación no realiza más tests tiene que ver precisamente con la deficiente gestión de su partido en la comunidad madrileña: el Gobierno de España había entregado a Madrid 579.600 kits de diagnóstico rápido el día 23 de abril, pero el ejecutivo de la señora Díaz Ayuso solo informaba de haber realizado 34.716 tests. ¿Dónde están los tests restantes? ¿Por qué no se han distribuido por los hospitales y las residencias de mayores de Madrid?

El debate sobre los tests es interesante y oportuno, pero el debate clave es el que afecta a los factores determinantes en la primera línea de batalla contra el virus. Lo que realmente determina la diferencia entre la vida y la muerte en una crisis como ésta es el estado de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales, el número y capacidad de los respiradores, la cantidad de profesionales intensivistas que trabajan en esas UCI…

Y la sanidad pública madrileña ha tenido que enfrentarse a la COVID extraordinariamente debilitada en todos estos factores claves, tras años de abandono por el gobierno regional. Baste recordar que la Comunidad de Madrid, la más rica de España, ha sido durante los últimos ejercicios, recurrentemente, de las últimas regiones en gasto sanitario por habitante.

Otro debate fundamental es el relativo a las residencias de mayores. La oposición, los expertos en servicios sociales, los trabajadores, las familias de los residentes… llevan años denunciando el estado calamitoso de una red dramáticamente precaria en recursos, y sometida a la terrible ley del máximo beneficio por parte de algunas empresas sin escrúpulos. Aún hoy, pese a la presión de los alcaldes y de la Justicia, son raras las residencias con equipos mínimamente medicalizados.

Durante la crisis, la gestión de Díaz Ayuso y su equipo también ha sido muy deficiente. Los profesionales sanitarios y los trabajadores de las residencias madrileñas han tenido que enfrentar la presión brutal de la pandemia faltos de protección, de recursos, de información, de coordinación, por parte de sus gestores autonómicos.

Algunos episodios han sido incluso grotescos, como el empeño en distribuir menús poco saludables entre los niños con familias vulnerables, o los aviones desaparecidos, o los desplantes al resto de presidentes autonómicos en varias reuniones para que la presidenta se hiciera fotos en Barajas, para que la presidenta fuera a misa…

En estos últimos días, además, demuestras que van de mal en peor. Mientras la gran mayoría de madrileños aguanta los rigores del confinamiento y la distancia obligada, Díaz Ayuso congrega irresponsablemente a cientos de personas en IFEMA para una perfomance de autobombo. Y al mismo tiempo que los profesionales sanitarios reciben el aplauso general por su entrega y sacrificio, el ejecutivo autonómico anuncia el despido anticipado de miles de ellos.

El gobierno regional ha intentado camuflar su propia inoperancia con acusaciones constantes, abruptas y falsas hacia el Gobierno de España. El día 23 de abril, el Gobierno de España había entregado al Gobierno regional de Madrid: 579.600 kits de diagnóstico rápido, 14 millones de mascarillas, 7 millones de guantes de nitrilo, 110 mil unidades de solución hidro alcohólica, 63 mil gafas de protección, 122 mil buzos de protección, 95 mil batas de protección, 800 dispositivos de ventilación…

Sin embargo, Díaz Ayuso no ha cejado en propagar las acusaciones falsas de “inoperancia”, “no hay ayuda”, “nos han dejado solos”… Incluso llegó a calumniar al Gobierno de España con falsas denuncias sobre retenciones y requisas de material de protección sanitaria, intentando dirigir las quejas de médicos, enfermeros y auxiliares hacia el Gobierno central.

Mientras Casado y Álvarez de Toledo criticaban al Gobierno de España por “no dar la cara” y “secuestrar el Parlamento”, a pesar de la comparecencia semanal de Pedro Sánchez y Salvador Illa, los populares cerraban la Asamblea de Madrid, negaban cualquier ejercicio de control a la oposición y clausuraban hasta el registro parlamentario. Solo hace unos días, mes y medio después de decretarse el Estado de Alarma, accedió Díaz Ayuso a dar explicaciones en sede parlamentaria.

Y si la derecha gobernante en Madrid falló en el antes y en el durante la crisis, todo indica que fallarán también en la gestión de la post-crisis. Tanto Pedro Sánchez como Ángel Gabilondo, ganador de las elecciones autonómicas y portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, han ofrecido a Díaz Ayuso un acuerdo para la reconstrucción social y económica.

La respuesta de la líder derechista en Madrid ha sido el desprecio a la mano tendida y la multiplicación de los improperios al Gobierno de España y al PSOE. Con esta actitud, al drama de  la crisis sanitaria corre el riesgo de sumarse el drama económico, social y de empleo que llegará después.

La ciudadanía madrileña se ha levantado en estos días contra el virus, con el mismo brío y la misma valentía con que se levantó hace más de doscientos años contra el invasor francés. Los profesionales sanitarios, los trabajadores públicos en general, los prestadores de servicios esenciales, han dado, están dando, una lección de sacrificio, responsabilidad y eficacia.

Qué pena que el Gobierno de Madrid no esté a su altura.

¿DE QUÉ LIBERTAD HABLAN?

¿DE QUÉ LIBERTAD HABLAN?

Las derechas de PP, Vox y Ciudadanos suelen argüir tramposamente a favor de la “libertad” en cada debate sobre políticas públicas. Lo acaban de hacer para oponerse a la regulación del derecho de eutanasia. Lo hicieron para imponer la censura parental en los colegios. Lo plantean para justificar la privatización progresiva de los servicios de educación, sanidad y pensiones. Y es el argumento habitual en sus programas de bajadas de impuestos a los más pudientes. 

En realidad, la libertad sin igualdad ni garantía de derechos es una falsa libertad. Una sociedad de hombres y mujeres libres en la que no se garantiza la igualdad de oportunidades y el ejercicio universal de derechos básicos, es una sociedad en la que predomina la ley del más fuerte. La falsa libertad que preconizan las derechas es la libertad que permite al poderoso imponer sus intereses y que condena al vulnerable a relegar los suyos.

Las derechas de PP y Vox arguyen que la instauración del derecho legal a la eutanasia restringe la libertad de ciudadanos y ciudadanas, porque sacrifica la autonomía personal ante la injerencia de quienes les “empujan” a morir. Sin embargo, la proposición de ley tomada en consideración por el Congreso se limita a otorgar a toda la ciudadanía el derecho (y no la obligación) de morir con dignidad, en condiciones extremas y con controles estrictos.

Los gobiernos de las derechas en Murcia y Andalucía, por ahora, aplican la censura parental a determinadas enseñanzas en los centros educativos públicos, amparándose en la libertad de padres y madres para decidir sobre la educación de sus hijos. Sin embargo, lo que esta medida retrógrada pone en peligro es el derecho de los escolares a recibir una educación abierta y libre de los prejuicios limitantes de algunos progenitores.

Las formaciones derechistas llevan décadas recortando recursos para la educación pública y desviando fondos públicos para financiar la enseñanza privada. Lo hacen al socaire de la supuesta libertad de las familias para escoger el modelo de enseñanza que han de recibir sus hijos. En realidad, este trasvase de fondos públicos a centros privados debilita la capacidad del Estado para asegurar a todos y a todas una educación en igualdad de oportunidades, al tiempo que, con el dinero de todos, facilita a las familias con más recursos el acceso a una enseñanza de mayor calidad.

Lo mismo ocurre con la financiación pública de la sanidad privada. No se aporta así más libertad a toda la ciudadanía para que opte entre el servicio público o el privado. Tan solo se resta capacidad a la sanidad pública para atender debidamente a todos los enfermos por igual, mientras se ofrece a los ciudadanos más pudientes la posibilidad de acudir a un aseguramiento privado financiado por todos, pero accesible y ventajoso tan solo para unos pocos. 

La ultraderecha pretende extender este modelo desigualitario a la Seguridad Social y las pensiones. Los gurús económicos de Vox ya han propuesto formalmente acabar con el vigente modelo de reparto en el sistema público de pensiones, para transformarlo en el un modelo de capitalización. Para que los españoles sean libres, dicen, a la hora de decidir cuánto de su ahorro se destina a financiar las prestaciones de jubilación. Como si la mayoría de los trabajadores, que apenas llegan a fin de mes, fueran realmente libres para capitalizar recursos a voluntad en los planes privados de pensiones. 

Y, claro está, PP, Vox y Ciudadanos sazonan con abundantes referencias a la libertad su discurso fiscal regresivo. “Donde mejor está el dinero de los ciudadanos es en su bolsillo”, repiten machaconamente. Como si, en realidad, todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de acumular cantidades equivalentes de dinero en sus bolsillos. Como si muchos ciudadanos no necesitaran de la solidaridad colectiva para garantizar una vida digna a sus familias. No. El dinero de los ciudadanos debe distribuirse de una manera justa para asegurar que todos y todas pueden ejercer sus derechos y libertades.

La izquierda ya aprendió hace tiempo que no hay igualdad sin libertad. A las derechas les corresponde aprender ahora que tampoco hay libertad sin igualdad.

CONSTITUCIONALISTAS


CONSTITUCIONALISTAS

No hay nada más contrario a la Constitución Española de 1978, que su utilización para identificar una posición política partidaria y zaherir a las demás.

Y no hay mayor falsificación histórica y política acerca de esa misma Constitución, su origen y su vigencia, que tratar de situar al PSOE fuera del constitucionalismo.

Sin embargo, estos son los componentes habituales del discurso de las derechas españolas y sus portavoces más significados, como Pablo Casado, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas.

El éxito de la Constitución de 1978 radica precisamente en su carácter suprapartidario. La Carta Magna recoge el compendio de derechos fundamentales que garantizan nuestras libertades, al tiempo que establece los procedimientos que nos convierten en una democracia homologable a las más avanzadas del mundo.

Esgrimir las reglas que fundamentan nuestra convivencia como un patrimonio particular y partidista, así como un arma contra el adversario político, ha de considerarse una actitud abiertamente inconstitucional.

La Constitución de 1978 es encuentro y concordia, todo lo contrario del desencuentro y el enfrentamiento permanente que procuran los que se hacen llamar constitucionalistas a sí mismos de manera excluyente.

El PSOE es uno de los artífices protagonistas de la Transición Democrática y de la aprobación de la Constitución Española del 78. Lo atestiguan el sacrificio de muchos luchadores socialistas por la libertad, las aportaciones intelectuales de dirigentes como Gregorio Peces Barba, y el liderazgo de grandes hombres como Felipe González y Alfonso Guerra.

La Constitución no la hizo el PSOE, desde luego. Pero el Partido Socialista fue una de las organizaciones que más determinación y esfuerzo aportó a su elaboración en el Parlamento, y a su aprobación mediante referéndum en la sociedad española.

Desde entonces, además, el PSOE ha sido el partido político que más tiempo ha gobernado España conforme al ordenamiento constitucional.

Por tanto, tachar a los militantes y votantes del PSOE como “anti-constitucionalistas” resulta ridículo, y movería a la hilaridad si no fuéramos conscientes de que la reiteración de tales acusaciones falsas contribuyen a deteriorar el clima político y la convivencia social.

Y que lo haga el partido de José María Aznar, que calificó la Constitución como “charlotada intolerable”, o el partido de Arrimadas, que se apoya también en la ultraderecha franquista para tocar poder, más que paradójico, es obsceno.

Efectivamente, hay quienes en nuestro país se manifiestan contrarios a preceptos clave de nuestra Constitución, como la integridad territorial o la monarquía parlamentaria. Y quieren cambiarla en parte, en todo o, incluso, hacer otra constitución propia para un sujeto político que reivindican distinto.

Se equivocan gravemente, porque esta Constitución ha proporcionado, proporciona y ha de proporcionar convivencia, libertad y progreso al conjunto del pueblo español, por muchos años.

Pero incluso aquellos que no la aceptan han de admitir que hoy ejercen su libertad de expresión y de participación política, precisamente, gracias a la Constitución Española de 1978. En consecuencia, también estos han de ser considerados constitucionalistas, desde esta perspectiva al menos. Esa es la grandeza de nuestra Carta Magna que no acaban de entender Casado y Arrimadas.

Dejen de usar la Constitución como un ariete contra los demás, y léanla con un poco más de atención. Por favor.

AGENDAS REALES Y FICTICIAS

AGENDAS REALES Y FICTICIAS

La disociación entre la agenda de preocupaciones de los actores políticos y la agenda de preocupaciones de la ciudadanía forma parte de los tópicos habituales en la crítica al funcionamiento de las instituciones públicas. En el comienzo de esta legislatura, no obstante, esta disociación está adquiriendo carácter exagerado, incluso grotesco.

La derecha política y mediática se empeña en colocar en primer término de la actualidad política el supuesto escándalo protagonizado por el ministro de Transportes al saludar en el aeropuerto de Barajas a una mandataria extranjera en tránsito. Se han dedicado tertulias enteras y portadas varias a elucubrar sobre si el saludo fue en el avión, en su escalerilla o en la zona VIP de la terminal, sobre si duró cinco, diez o veinte minutos…

Esa misma derecha ha logrado que los medios de comunicación hablaran y escribieran profusamente sobre los procedimientos drásticos a establecer para evitar un supuesto adoctrinamiento ideológico de los escolares españoles, cuya existencia niegan los propios gestores derechistas de la educación pública.

También se emplean grandes titulares acerca de las idas y venidas sobre los días y las horas en los que podrán tener lugar los próximos encuentros previstos entre el gobierno de España y el gobierno catalán. Las informaciones ni tan siquiera se centran ya en los contenidos de tales encuentros, sino en los cambios que se producen respecto a las agendas de unos y otros.

Podemos imaginar cuan extraños y lejanos resultan estos debates mediáticos para la gran mayoría de los españoles y las españolas, que han de afrontar cada día problemas y desafíos acuciantes en relación a sus puestos de trabajo, sus salarios, sus pensiones, sus viviendas, los estragos climáticos, etc.

En sus primeros diez días de gestión, el gobierno de España ha adoptado decisiones muy relevantes para esa agenda real: la actualización de las pensiones, el acuerdo para elevar el salario mínimo, la subida de salario de los trabajadores públicos, la declaración de emergencia climática, las ayudas a los afectados por los temporales… Incluso se ha dado a conocer públicamente una sentencia del Tribunal Constitucional que respalda las decisiones del gobierno en materia de alquileres.

En este tiempo, además, el gobierno y los grupos que lo sustentan, han anunciado medidas importantes para promulgar una nueva ley educativa, una nueva legislación contra el cambio climático, el cambio en el código penal para proteger la libertad sexual de la mujer, la derogación de la reforma laboral, el impulso al Pacto de Toledo sobre pensiones…

Sin embargo, hay una decisión evidente, y ridícula, para tratar de esconder todos estos asuntos que forman parte de la agenda real de preocupaciones de la ciudadanía española.

La disociación entre aquella agenda ficticia y esta agenda real responde a la estrategia de las derechas y sus operadores mediáticos de generar un falso clima de crispación y desgobierno coincidente con los primeros pasos del gobierno de coalición progresista.

No consiguen su propósito de opacar la gestión del Gobierno, desde luego, pero sí contribuyen con sus ruidos a crispar y deteriorar la convivencia.

FISCALÍA, POLÍTICA E INDEPENDENCIA

FISCALÍA, POLÍTICA E INDEPENDENCIA

 

 

La polémica generada desde la derecha política, mediática y judicial a propósito del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado se inscribe en la estrategia artera de deslegitimación del Gobierno progresista recién constituido.

Perdidas las elecciones y a falta de argumentos con los que oponerse al programa de Gobierno acordado por PSOE y Unidas Podemos, las derechas acuden, como es tradicional, a la vía de la crispación y la desestabilización, sin atender a las razones de los votos, de la legalidad institucional o del interés general. 

Los reproches sobre la “politización” del nombramiento de Delgado son de una hipocresía rayana en lo grosero, porque todos somos conscientes de que esa derecha hoy reprochadora es la misma que promovió a Carlos Lesmes para ser Presidente del Tribunal Supremo tras ejercer ocho años como Director General en el Gobierno Aznar, o que hizo a Andrés Ollero magistrado del Tribunal Constitucional tras ser diputado del PP durante 17 años, por poner solo dos ejemplos. 

Cuando Álvarez de Toledo habla de “escándalo” y “estupor” parece olvidarse del espectáculo que ofreció en el año 2012 una parlamentaria que hoy forma parte del Grupo que dirige. Doña Elvira Rodríguez compareció en las Cortes para ser Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ante la Comisión de Economía que había dejado de presidir como diputada del PP tan solo la tarde anterior. De hecho, aquella sesión hubo de ser presidida por el vicepresidente primero, porque aún no había dado tiempo para elegir un sucesor a doña Elvira. 

A pesar de quedar en evidencia por estos antecedentes, las derechas han insistido en la estrategia de deslegitimación falaz del adversario, sea en el mencionado caso de Dolores Delgado (fiscal de prestigio durante más de 25 años), sea en el caso del Presidente del CIS (catedrático de sociología con más de 50 libros publicados), o de los dirigentes de Correos y Paradores Nacionales (con una gestión incontestablemente exitosa).

El presidente Zapatero acierta cuando alude a cierta “inmadurez” en nuestra democracia, cuando importantes responsables institucionales cuestionan la honestidad o la profesionalidad de determinadas personas alegando tan solo su filiación política. Pareciera como si haber desempeñado una función política, imposibilitara a partir de ese momento a cualquier ciudadano para ejercer un puesto que requiera un ejercicio honesto de autonomía en el sometimiento a la ley y el interés público. 

El planteamiento es tan absurdo como suponer que si un hombre o una mujer han formado parte del consejo de administración de una empresa, o de una congregación religiosa, o de una entidad deportiva, ofreciera más garantías de servicio público cabal que un hombre o una mujer que hubieran dedicado parte de su vida a la militancia política y la gestión de un Ayuntamiento, una Comunidad o un Ministerio.

¿Haber servido al interés público desde un partido político, un Parlamento o un Gobierno convierte automáticamente a una persona en un personaje presuntamente deshonesto? ¿Qué mensaje estamos trasladando a la ciudadanía sobre los valores que mueven a los actores políticos en su labor cotidiana? Si son sospechosos de deshonestidad al frente de la fiscalía, ¿por qué no han de serlo desde un escaño o un ministerio? ¿O damos por hecho que toda labor política es intrínsecamente deshonesta? 

Este tipo de prejuicios y discriminaciones preventivas son ilegales e inconstitucionales, desde luego. No hay, ni puede haber, precepto legal alguno que impida a una persona ejercer un puesto de servicio público por causa de su filiación o trayectoria política.

Pero también resulta injusto para las personas que habiendo triunfado en sus profesiones respectivas, sean juristas o periodistas, opten por el servicio público a través de un puesto político durante un tiempo determinado. Se está dando por buena la estigmatización para quienes deciden servir a la colectividad participando en la organización del espacio público compartido. Es contrario al interés público, además, porque disuade del compromiso público a los más capaces de nuestra sociedad. 

Pensemos en qué futuro espera a nuestra democracia si damos por bueno que todo servidor público en la política activa ha de considerarse un paria en cualquier ámbito profesional o de servicio público para el resto de su vida.

COALICIÓN, ESTABILIDAD Y EFICACIA

COALICIÓN, ESTABILIDAD Y EFICACIA

Por primera vez en la historia de la vigente democracia española, el Gobierno de la nación estará conformado por una coalición, una coalición progresista. Ocurrirá con un Presidente del PSOE, como siempre ha ocurrido con los retos importantes que afronta el país. 

Los gobiernos de coalición entre varias formaciones políticas siempre fueron frecuentes en las democracias consolidadas del resto de Europa. Con la creciente fragmentación en la representación parlamentaria, además, se han convencido en habituales.

De hecho, hasta 19 de los 28 gobiernos nacionales de la Unión Europea son hoy coaliciones, incluida la propia Comisión Europea. 

La fórmula de la coalición también se utiliza desde hace tiempo en España, de forma profusa y normalizada, para constituir los gobiernos de las Comunidades Autónomas y de muchos Ayuntamientos.  

14 de los 19 ejecutivos autonómicos vigentes cuentan con consejeros procedentes de fuerzas políticas diversas. Hay gobiernos autonómicos de dos partidos (Andalucía), de tres partidos (Navarra) e, incluso, de cuatro partidos (Aragón).

En el ámbito municipal, la coalición se ha convertido en la fórmula más habitual para la formación de gobiernos, sobre todo en las grandes ciudades. Así ocurre, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Valladolid, en Murcia… 

Desde determinados ámbitos conservadores se empeñan durante estos días en identificar coalición con inestabilidad, ingobernabilidad, hipertrofia e ineficacia. Es cierto que pesan aún en la memoria colectiva algunas malas experiencias históricas. No existen antecedentes recientes de coaliciones en el gobierno nacional.

Y hay una ansiedad poco disimulada por parte de las derechas en el deseo de que fracase esta primera coalición progresista. 

Sin embargo, hay buenas y poderosas razones para que la experiencia de la coalición progresista sea un éxito. 

La coalición entre PSOE y Unidas Podemos responde a la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 10 de noviembre. La ciudadanía voto mayoritariamente por un Gobierno liderado por el PSOE y fruto del acuerdo entre fuerzas de progreso.

En un escenario político nacional en el que predomina la pluralidad y la diversidad de posiciones y planteamientos, coalición equivale a encuentro, a suma, a acuerdo y, por tanto, a estabilidad y eficacia.

Nadie puede sostener en serio que Alemania o Suecia, por poner algunos ejemplos de otras coaliciones de gobierno en Europa, sean precisamente referencias de ingobernabilidad. 

PSOE y Unidas Podemos ya hemos demostrado durante la legislatura XII, a partir de la moción de censura al Gobierno Rajoy, que compartimos valores fundamentales y que somos capaces de entendernos para impulsar políticas de progreso. Ahí está la subida histórica del salario mínimo para acreditarlo.

Ambas formaciones hemos suscrito un amplio acuerdo programático y legislativo, con medidas valientes para el avance social, el feminismo, el ecologismo y el europeísmo. 

También hemos firmado un protocolo de funcionamiento de la coalición progresista, que asegura la coherencia del Gobierno y el trabajo bien coordinado en el Parlamento.

Y, sobre todo, compartimos la gran ilusión y la enorme responsabilidad de responder positivamente a las esperanzas que millones de españoles y españolas han depositado en nosotros. 

Ya sabemos lo que hay enfrente: unas derechas radicalizadas, sin respeto alguno por la institucionalidad democrática, que van a hacer todo lo posible, lo lícito y lo ilícito, para frustrar el buen trabajo de este Gobierno, “aunque se hunda España”, como diría Montoro. 

Esto tiene que salir bien y nos va a salir bien.