EL RELATO DE 2015

George Lakoff viene teorizando desde 1996 en torno a los marcos conceptuales en los que se desarrolla el debate político de nuestros días. La tesis de su conocidísimo libro “No pienses en un elefante” atribuye el éxito de una estrategia de comunicación política a la habilidad para situar el debate propio y el de los oponentes en un contexto conceptual propicio, a partir del cual estructurar un discurso coherente y eficaz. Según Lakoff, la lingüística cognitiva nos enseña que si piensas, discutes y propones en el marco analítico y emocional del elefante acabarás asumiendo las tesis del elefante, que es el símbolo del Partido Republicano en los Estados Unidos.

Lo que Lakoff denominaba “marcos conceptuales” o “visiones del mundo” en 1996, en España lo llamamos ahora “el relato”. ¿Y cuál será el relato que triunfará en el crucial año político que ahora comienza? De la respuesta a esta pregunta dependerá muy probablemente el resultado de las sucesivas elecciones catalanas, municipales, autonómicas y generales que nos esperan en unos meses y, lo que es más importante, el devenir de nuestras instituciones más relevantes.

Un “relato” eficaz ha de ofrecer una explicación sencilla y entendible de la realidad que aprecian los ciudadanos, de sus características y, sobre todo, de sus causas. A continuación es preciso señalar un culpable para los problemas. Un culpable fácilmente identificable y ajeno, por supuesto. Y, por último, hay que plantear una salida a modo de propuesta, en términos coherentes con lo anterior y de ejecución lo más simple posible.

En la actualidad hay tres grandes relatos en dura lid en nuestro país. El elefante del Gobierno se llama sacrificio y recuperación. Los socialistas manirrotos dejaron España al borde de la quiebra y el rescate. Todavía sufrimos las consecuencias de la “herencia socialista”. Gracias a la labor de un Gobierno eficaz y a los sacrificios de muchos españoles, la situación se está remontando: la economía vuelve a funcionar, se crea empleo y “la crisis es historia”. Ahora no podemos volver atrás. Para consolidar la recuperación no pueden volver a gobernar los socialistas despilfarradores. Tampoco cabe arriesgar la estabilidad votando a los radicales de Podemos. Y, desde luego, no puede apoyarse a quienes buscan romper España. Solo el PP garantiza la recuperación económica, la estabilidad política y la unidad del país.

Podemos tira del manual populista más tradicional para construir un relato simple y eficaz. Nosotros sabemos que ustedes están sufriendo mucho. ¿Saben cuál es la razón de su sufrimiento? Unos cuantos sinvergüenzas de la política de siempre y del dinero de siempre nos explotan y nos engañan. Son la casta. Mientras ellos disfrutan de privilegios y corruptelas, la gente sufre. Solo hay una salida. Echarlos a todos y que gobierne el pueblo, la ciudadanía auto-organizada. Es decir, Podemos. Este relato tiene una derivada en Cataluña: el populismo nacionalista, que sustituye la casta por España.

Hay un relato más. Claro que la gente sufre. La crisis ha castigado duramente a los españoles. Pero la causa de la crisis está en las políticas de la derecha europea. Y la derecha en el Gobierno español ha aprovechado la crisis para robar derechos y libertades a la gente, en su trabajo, en su sanidad, en su educación, en la atención a la dependencia, incluso en su derecho a manifestarse. La derecha ha gobernado para beneficiar al 10% de la población mientras el 90% de las clases medias y trabajadores perdía derechos y bienestar. La salida no puede estar en el PP, porque el PP es causante y cómplice de la crisis. Y tampoco puede estar en Podemos, porque sus líderes se limitan a hacer el discurso de la ira y el desahogo. Para recuperar los derechos perdidos no bastan la ira y el desahogo. Hacen falta propuestas viables, experiencia de gobierno, buenos equipos. Hace falta socialismo reformista.

El relato más veraz es, sin duda, el último citado. Pero, ¿será el que se imponga? Por desgracia, la veracidad no es la primera condición para el triunfo de nuestro elefante. En teoría, resultaría difícil que el Gobierno consiguiera demostrar su compromiso con los derechos y el bienestar de la gente, cuando no ha cejado de practicar recortes y retrocesos durante los tres últimos años. Y debería resultar complicado también que los populistas generaran confianza mediante la receta simple de decir a cada cual lo que quiere escuchar, y de ir cambiando el programa conforme parezca resultar conveniente. Hoy de izquierdas, mañana de centro. Hoy españolista, mañana independentista. Hoy no pagamos la deuda, mañana sí. Hoy prometemos la renta universal, mañana no. Hoy jubilamos a los 60, mañana a los 65.

Pero el triunfo de uno u otro marco conceptual, como nos enseña Lakoff, no depende de su apego a la realidad ni de su solvencia propositiva. Depende sobre todo de los recursos que se pongan en juego para tratar de imponerlo. La derecha tiene los grandes medios de comunicación a su favor, la mayoría de los privados y casi todos los públicos, comenzando por una RTVE que ya se ha puesto las pinturas de guerra. Los populismos tienen a su favor parte de los medios privados que ven en su ascenso un buen método para fraccionar a la izquierda y debilitar al PSOE. Y cuentan también con el enfado legítimo de muchas personas de buena fe, que tanto en España como en el resto de Europa se están dejando seducir por el canto de sirena de la protesta radical sin opciones para solucionar los problemas.

El relato del progresismo reformista no tiene la ventaja de los apoyos mediáticos más poderosos, ni tiene a favor el viento de la ira popular. Por tanto, sus defensores deberán hacer uso intensivo de las herramientas más tradicionales de la izquierda que aspira a gobernar para cambiar la realidad: la empatía con los que sufren, la argumentación racional, la comunicación directa, el debate abierto, el esfuerzo pedagógico, la persuasión inteligente… Todo ello con mucho trabajo de calle y con mucha humildad sincera. Reconociendo los errores cometidos. Reivindicando también una hoja de servicios repleta de conquistas positivas para las clases medias y trabajadoras. Y, sobre todo, proponiendo alternativas de futuro, propias, sugerentes y viables para mejorar la vida de la gente. Sin dogmatismos estériles, pero con los valores de siempre: la igualdad y la libertad.

Alea Iacta Est. Ojalá gane el mejor. Trabajaremos para ello.

¿A QUIÉN BENEFICIA LA PRIVATIZACIÓN DE AENA?

 

El Gobierno se niega una y otra vez a comparecer en el Parlamento para explicar las razones y las condiciones de la recién iniciada privatización de AENA Aeropuertos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Los españoles merecemos algunas respuestas en torno a un proceso que en el mejor de los casos pondrá en manos privadas un sector estratégico para nuestra economía, y que en el peor de los casos supondrá el cierre de aeropuertos con resultados económicos negativos pero que contribuyen a vertebrar el territorio y a garantizar nuestro derecho a la movilidad.

Fomento se remite al Decreto 13/2010 del anterior Gobierno socialista para legitimar la venta del capital de AENA. Sin embargo, aquella norma perseguía unos objetivos que hoy no se mantienen. Se trataba entonces, lisa y llanamente, de vender patrimonio público para obtener una financiación que el Estado no lograba adquirir en los mercados. Hoy no es el caso, porque la prima de riesgo se ha reducido mucho y los tipos de interés vigentes en el mercado son más asumibles.

Aquel Decreto facultaba al Gobierno para vender hasta el 49% del capital de AENA a la par que blindaba la continuidad de la red aeroportuaria española, la primera del mundo en número de viajeros y la más eficiente, precisamente por la combinación de aeropuertos-cauce y aeropuertos-hubs o distribuidores. Hoy esta red está en peligro, puesto que el documento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que informa la privatización aconseja la fractura de AENA en “tres o cuatro lotes”.

Entonces se planteaba también la gestión individualizada, vía concesión incluso, de los aeropuertos con más tráficos, en clave de estímulo a la competencia y a cambio de un canon que facilitara la financiación de la red en su conjunto. En el proceso actual, sin embargo, la CNMC promueve directamente la privatización total de todos los aeropuertos, y el Gobierno se ha reservado vía Real Decreto Ley 8/2014 la capacidad de enajenar o cerrar cualquier instalación aeroportuaria, con tan solo un informe previo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (en caso de aeropuertos con valor superior a los 20 millones de euros) o del Secretario de Estado de Fomento (para todos los demás).

La norma de 2010 buscaba una participación más activa y determinante de las administraciones y agentes económicos territoriales en la gestión de los aeropuertos, con objeto de mejorar su eficiencia. Pero el Gobierno actual ha limitado tal participación a los tradicionales comités de rutas, que colaboran desde hace años en la búsqueda de nuevos mercados foráneos, y unos inespecíficos comités de coordinación sin competencia decisoria alguna.

Los argumentos a favor del proceso privatizador vigente que aluden a la “sostenibilidad” de las cuentas de AENA o a la mejora de su “competitividad” tampoco son aceptables, toda vez que la propia dirección de la empresa pública y el Ministerio de Fomento vienen presumiendo desde hace meses de sus “magníficos resultados de explotación”, de la “viabilidad de su deuda” y de contar con “los aeropuertos más competitivos de Europa”.

Finalmente, no podrá esgrimirse como motivo para la privatización la posibilidad que se abre para una política de moderación en las tarifas aeroportuarias, largamente demandada por los agentes del sector. De hecho, Fomento y AENA llegaron hace escasas fechas a un gran acuerdo con los operadores más habituales de nuestros aeropuertos para congelar esas tarifas durante este año y para moderar los crecimientos futuros.

En consecuencia, si la privatización de AENA no persigue financiar al Estado en condiciones ventajosas, ni blindar la red aeroportuaria, ni optimizar la eficiencia con gestiones individualizadas, ni fomentar la participación territorial, ni mejorar las cuentas de AENA, ni aumentar su competitividad, ni moderar sus tarifas, ¿por qué se afronta la privatización parcial de AENA? O mejor aún: ¿a quién o a quiénes se pretende favorecer privatizando parcialmente nuestra red aeroportuaria?

En realidad el Gobierno se resiste a admitir que estamos en la primera fase de una estrategia que conduce a la privatización total de AENA y al desmantelamiento de la vigente red de aeropuertos de interés general del Estado. Esta es la verdad. ¿Por qué pensamos así?

En primer lugar, porque la consulta realizada oficialmente por la dirección de AENA Aeropuertos al Consejo Consultivo de Privatizaciones del Estado (CCP) preveía la venta final de hasta el 60% de su capital, según consta en el informe emitido por esta entidad el día 21 de octubre de 2013. La enajenación del 49% es pues tan solo un primer paso en el camino de poner la empresa pública en manos privadas de forma mayoritaria.

En segundo lugar, porque a diferencia del proceso iniciado en 2010 y abortado por el Gobierno del PP, ahora no se buscan solo financiadores externos para AENA, sino que se explicita la conformación de un “núcleo estable” de accionistas privados con intereses en el sector, a los que se invitará a compartir la “planificación estratégica” de la compañía, según palabras pronunciadas públicamente por el propio Presidente de AENA Aeropuertos, tras confirmar que la primera empresa interesada “y bienvenida” para formar parte de este núcleo estable es la línea aérea de bandera irlandesa Ryanair, conocida por sus prácticas irregulares.

En tercer lugar, porque el artículo 22 del mencionado Real Decreto Ley 8/2014 otorga al Gobierno la posibilidad de “cerrar o enajenar, total o parcialmente, cualquiera de las instalaciones o infraestructuras aeroportuarias necesarias para mantener la prestación del servicio aeroportuario en cualquier aeropuerto de la red de interés general”, siendo este un requisito sine qua non para hacer atractivo el proceso de privatización de AENA ante eventuales inversores nacionales o internacionales, para los que la obligación de sostener económicamente las instalaciones menos rentables podría suponer un factor disuasorio.

Y en cuarto lugar, porque el también mencionado Informe de la CNMC, que marca al Gobierno la ruta a seguir para privatizar AENA, establece de manera diáfana la necesidad de romper la red aeroportuaria española en varios lotes, con la finalidad de salvar las reticencias de la Comisión Europea, nada proclive a sustituir monopolios públicos por monopolios privados. El mismo informe recomienda la privatización directa e individualizada de los aeropuertos rentables, y el cierre de los menos rentables, a no ser que las administraciones territoriales se comprometan a aportar fondos propios para su mantenimiento, cuando hasta ahora toda la red se autofinanciaba compensando los beneficios económicos de unas instalaciones con las pérdidas de las demás.

Para que los españoles y sus representantes tengan claras las consecuencias de la aplicación de estas medidas, resulta interesante relacionar los aeropuertos y helipuertos con resultados económicos negativos en el ejercicio 2013 y que, por tanto, corren serio riesgo de supervivencia conforme a los planes del Gobierno y la CNMC: Albacete, Algeciras, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Granada-Jaén, El Hierro, Jerez, Logroño, La Gomera, León, Madrid-Torrejón, Menorca, Málaga, Melilla, Huesca, Pamplona, Reus, Sabadell, Salamanca, Murcia-San Javier, San Bonet, Santander, Santiago, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

Romper la red aeroportuaria, privatizar los aeropuertos y cerrar los aeropuertos con resultados económicos negativos constituye una barbaridad de consecuencias extraordinariamente negativas para la economía y la sociedad española en el cortísimo plazo. Los aeropuertos suponen un sector de relevancia estratégica para el desarrollo económico de un país que tiene en el turismo su industria principal, y en el que ocho de cada diez visitantes eligen estas instalaciones como puerta de entrada. La red aeroportuaria constituye, asimismo, un factor clave en la vertebración del territorio y una garantía básica para el ejercicio del derecho fundamental a la movilidad, especialmente en las islas.

Valorar los aeropuertos españoles exclusivamente en términos de resultados de explotación individual es de una irresponsabilidad mayúscula. Una AENA privada sería una AENA fraccionada y sin la red que le proporciona hoy una ventaja competitiva ampliamente envidiada en el mundo. Una AENA privada y fraccionada estaría avocada a cerrar sus instalaciones menos rentables, porque esa sería la exigencia lógica de un accionariado exento de obligaciones con el interés general. Y una AENA con aeropuertos amenazados de cierre avocaría a invertir preciosos recursos públicos de comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos para su mantenimiento, cuando hoy tal aportación no es necesaria.

Los españoles no necesitamos una AENA fraccionada y privatizada, sino una red de aeropuertos de interés general bajo titularidad pública y con gestión eficiente, para que pueda contribuir de manera decisiva en la consecución de los propósitos comunes del crecimiento económico, la creación de empleos de calidad y el progreso social del país. Esto es lo que demandamos del Gobierno.

La Ministra de Fomento debe comparecer cuanto antes en el Parlamento, como se le ha solicitado, para explicar por qué y a quiénes pretende beneficiar con este proceso privatizador contrario al interés general. Se encontrará con un Grupo Socialista preparado para acordar una planificación estratégica que mejore la competitividad y la eficiencia de nuestros aeropuertos, en el marco de una AENA pública y no sometida a más interés que al interés de todos los españoles.

 Artículo publicado en Público.es el 26-07-2014

PEAJES: GANANCIAS PRIVADAS Y PÉRDIDAS PÚBLICAS

Muchos ciudadanos han reaccionado con una mezcla de estupor e indignación ante la noticia de que el Gobierno está dispuesto a rescatar con fondos públicos el negocio de las autopistas de peaje quebradas durante los dos últimos años.

En función de las supuestas quitas que se acaben negociando, y sumando los intereses debidos al pago aplazado en 30 años, estamos hablando de entre 3.120 millones de euros (50% de quita, 1% de interés) y 10.560 millones de euros (0% de quita, 4% de interés), procedentes de los impuestos de los ciudadanos, para cubrir el agujero actual de cerca de 4.800 millones generado por nueve concesionarias privadas en quiebra.

No está mal, si tenemos en cuenta que el presupuesto estatal de becas es de 1.440 millones, que este año se dedican 1.176 millones a atender a las personas que no pueden valerse por sí mismas, o que todo el gasto público en I+D+i es de 5.400 millones.

La historia de los peajes quebrados en España es la historia de un despropósito y una desvergüenza. El Gobierno de Aznar y Cascos planeó un conjunto de autopistas de pago con un diseño absurdo (las radiales de Madrid conducen al atasco de la M-40), con unas previsiones de tráficos fantásticas (solo se han cubierto entre un 15% y un 35%) y unas provisiones de gasto en expropiaciones que los tribunales multiplicaron por un 1.200%.

Como era previsible, estos negocios resultaron fallidos desde un principio. El Gobierno socialista procuró una solución. Se trataba de reconvertir el sector concesional de autopistas, aglutinando “paquetes viables” que incluyeran peajes rentables (que los hay) con peajes no rentables. En tanto se negociaba con el sector, para ayudar al sostenimiento provisional de las empresas, los presupuestos estatales incluyeron unos préstamos a devolver, con el voto afirmativo del PP en la oposición.

Cuando Rajoy y Pastor llegan al Gobierno interrumpen este proceso de reconversión, por petición de las empresas concesionarias y las constructoras que tienen detrás. Las empresas, claro está, preferían quedarse con el negocio lucrativo y limpio de los peajes rentables, y que el Estado “rescatara” el negocio ruinoso de los peajes fallidos, pagándoles deudas e inversión con dinero público. A fin de justificar ante la opinión pública una decisión tan excepcional e impopular, anularon los préstamos y dejaron quebrar una tras otra a las empresas en mala situación. Ahora “no queda más remedio”, según ellos, que activar las ventajosas cláusulas de “rescate institucional” que Aznar y Cascos incluyeron en los contratos, para asegurar la socialización de las pérdidas.

En el colmo del cinismo, el Gobierno se presenta a sí mismo como un héroe salvador del interés público, porque intenta negociar una “quita” del 50%, dicen, en el pago a los acreedores de este negocio privado fallido. Se planea ante la ciudadanía una disyuntiva tramposa y falaz: o pagamos con dinero público el total del rescate (4.800 millones, más intereses) o aceptamos el heroísmo del Gobierno para pagar “solo” la mitad con los impuestos de todos (2.400 millones, más intereses). ¿Prefieres dos puñetazos o prefieres solo uno? Oiga, prefiero que no me pegue usted. Porque hay alternativa: volver a la reconversión empresarial y negar un solo euro público para asumir las pérdidas de unos negocios privados, de los que nunca hubiéramos sabido nada si hubieran generado ganancias.

Se nos dice además, faltando clamorosamente a la verdad, que “la solución planteada no costará dinero a los ciudadanos”. El truco reside en considerar el monto del rescate institucional como una obligación contractual que las empresas concesionarias pueden considerar ya como un activo. Mientras no se pague un euro por encima de este rescate, no hay sobre coste público, según esta teoría tan alambicada como mendaz. Pero entonces, ¿de dónde va a salir cada euro que se pague a bancos y empresas si no es de la caja común? La única verdad es que el Gobierno pretende compensar las pérdidas de estos negocios privados con los recursos públicos que niega a parados, becarios y dependientes. Esta es la única verdad.

Hay varias reflexiones de fondo a hacer a partir de este escándalo. La primera tiene que ver con la propia economía de mercado. Muchos de los beneficiarios privados de esta operación acostumbran a ofrecer discursos grandilocuentes sobre las bondades del mercado dejado a su libre albedrío en la asignación de recursos, y sobre la necesidad de reducir el papel regulador del Estado. Tales planteamientos, al parecer, solo sirven para cuando sus negocios arrojan resultados positivos, porque cuando, como en este caso, los negocios fallan, los supuestos partidarios del “mercado libre” llaman inmediatamente a la puerta del Estado para que recoja la basura y pague las facturas del desaguisado. A veces me dan ganas de salir a la puerta del Parlamento con una pancarta que diga: “¡Capitalismo, sí! ¡Pero capitalismo de verdad, oiga!”

La otra reflexión está relacionada con la política de los “rescates”, que es el eufemismo utilizado ahora para aludir a la antiquísima práctica del capitalismo tramposo para privatizar ganancias y socializar pérdidas. Se nos dice que el rescate bancario era inexorable porque el riesgo de caída del sistema financiero era un riesgo “sistémico”, es decir, que si cae la banca, se derrumba la civilización. ¿Y también es sistémico el riesgo de quiebra de las autopistas de peaje? ¿Se derrumbará la civilización occidental si unas cuantas constructoras pierden una parte ínfima del dinero que invirtieron en el negocio absurdo de unas radiales que pretenden cobrar por ir de ningún sitio a ninguna parte?

Otras preguntas para las que no espero respuesta: ¿Y cuándo un rescate millonario a los parados que ya no tienen cobertura social? ¿O a los dependientes que han perdido la ayuda pública? ¿O a los becarios sin beca?

Y los ciudadanos aún no saben lo mejor: tras el “rescate” multimillonario a las concesiones de peajes quebrados con dinero de todos, ¡el Gobierno aún pretende seguir cobrando a los ciudadanos por utilizar estas carreteras!

Nos tendrán enfrente. En el Parlamento, en la calle y en los tribunales.

CONTROLADORES: PULSO FALLIDO

El Gobierno acierta al negar la existencia de “vencedores y vencidos” en el final del conflicto que ha mantenido con los controladores del tráfico aéreo. El laudo arbitral dictado por Manuel Pimentel abre una nueva etapa de acuerdos en las relaciones laborales de un sector clave para nuestro transporte aéreo, del que depende no solo la seguridad de los usuarios, sino también la buena marcha de actividades económicas tan determinantes como el turismo. Felicitémonos pues, Gobierno, controladores y ciudadanos.

Ahora bien, más allá de las celebraciones por el consenso logrado tras años de graves conflictos, resulta obligado establecer algunas conclusiones sobre lo sucedido. La más importante es la constatación del fracaso del chantaje al que fue sometido el Estado por parte de un colectivo estratégico en defensa de privilegios inaceptables. El Estado aguantó el pulso atendiendo al interés general y el Estado ha ganado el pulso. Se trata de una lección muy importante de enseñar y de aprender.

Las nuevas condiciones laborales determinadas por el laudo de obligado cumplimiento aseguran los derechos de los trabajadores del control aéreo, pero recogen lo más fundamental de la posición defendida por el Gobierno desde el primer momento. Primero, el cumplimiento de la ley, que no está y ni estará sometida al arbitrio de amenaza o presión corporativa alguna. Segundo, la recuperación por el Estado de las funciones básicas e incuestionables del empleador: la organización del trabajo, el nombramiento de los responsables, el acceso y la formación en el puesto.

En tercer lugar, un régimen salarial compatible con el equilibrio de las cuentas de nuestro transporte aéreo. Se acabaron los sueldos de escándalo cercanos al millón de euros anuales. El salario medio se establece en los 200.000 euros (que no está mal) y las prejubilaciones pasan de los 52 a los 57 años mínimo, con percepciones que bajan desde los 170.000 a los 60.000 euros aproximadamente. De esta manera, la masa salarial de los controladores desciende de 780 a 480 millones de euros por ejercicio. Es decir, un ahorro lineal de 300 millones que permitirá rebajar las tasas a pagar por los usuarios.

Cuatro, crucial también: por vez primera se vinculan los salarios futuros a la productividad. Si los controladores quieren más sueldo que sus colegas europeos, deberán corresponder mejorando su productividad. Todo un avance. Y quinto, los horarios. Pueden contar las horas como les venga bien, pero el nuevo convenio marca para los dos primeros años de vigencia el máximo establecido en la ley: 1670 horas anuales.

En el inicio de la controversia pública con los controladores fueron muchos los que apostaron por la claudicación o el desastre. Pero no ha habido ni claudicación ni desastre. Y ahora toca reconocer la iniciativa valiente y acertada del Gobierno de España al afrontar la racionalización de un sector que llevaba demasiado tiempo en la irracionalidad más flagrante.

Una llamada de atención también sobre el instrumento. El laudo voluntario de obligado cumplimiento se ha mostrado como un mecanismo útil en la resolución de conflictos laborales graves. Tomemos nota para el futuro.

En definitiva, el acuerdo sobre el control en el tránsito aéreo abre la puerta a la culminación de la reforma estructural emprendida sobre el conjunto del transporte aéreo en nuestro país. Una gran noticia. Y no estamos muy sobrados…

TIEMPO DE NÚMEROS

Hubo un tiempo en el que reinaron las ideologías. También hubo un tiempo para los héroes, para los valores, para la moral o para las creencias. El tiempo de hoy es un tiempo de números.

Los números ejercen como identidad, como referencia y como autoridad. Los números mandan. Los españoles hemos soñado estas navidades con el 13 que repartió millones en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Los debates sobre economía han quedado reducidos a previsiones en torno a las cifras de crecimiento del PIB, de la evolución del IBEX 35 o del diferencial con el bono alemán.

El análisis político se circunscribe ya a medir la diferencia en las expectativas de voto que las encuestas ofrecen para PSOE y PP. Si hay algo por discutir se limita a los 67 años de la jubilación (como Alemania), a los 300.000 del ala que quieren seguir cobrando los controladores, o a los 800 asesinatos de ETA.

La serie cinematográfica de mayor éxito basa su trama en 4-8-15-16-23-42. El triunfo de una película o de una canción se mide sobre los oscars, los goyas o los grammys logrados. Y ya no hay más mérito válido para un deportista que superar la marca o el récord de otro deportista, en goles, en canastas o en milésimas de segundo, con o sin transfusión sanguínea. 

Hoy el número es el tótem de nuestra época. Ejerce de progenitor, de inspiración, de deidad. En la sociedad ya no hay explotadores y explotados, ricos y marginados. Ahora hay millonarios, mileuristas y ni-nis, que representan algo parecido al número cero.

En la política ya no parece haber izquierdas ni derechas. Ahora tenemos mayorías y minorías intercambiables, y el juego parlamentario es pura aritmética. Los programas son sucesiones de números asexuados. ¿Y cuál es el objetivo común para todos los programas? El 3. El 3% de déficit. En 2013.

Hasta cuando relatamos nuestros buenos propósitos para el nuevo año adoramos al monstruo. Perder 5 kilos. Hacerme 80 flexiones diarias. Conseguir la TV de 42 pulgadas y la cámara de 6 megapixeles. Que me rebajen la hipoteca hasta el euribor más 1,5, y que me suban la rentabilidad del depósito hasta el 4,2. Que la media de mi hijo en el instituto no baje del 7,5…

Es cierto que de vez en cuando algún número nos estalla en la cara y consigue rescatarnos de la hipnosis numérica cotidiana. A mí me ha ocurrido en este comienzo de año con dos.

Primero fue el 22. He escuchado que hay 22 españoles en lista de espera para donar un riñón a un receptor anónimo. Es decir (esto hay que explicarlo), que 22 personas han decidido arriesgar su salud y su vida para ofrecer salud y vida a un semejante al que ni tan siquiera conocen.

El segundo número que me ha impactado es el 1.190. Es el número de millones de euros que el Royal Bank of Scotland va a repartir entre sus directivos en forma de “bonus”. Es decir (esto también hay que explicarlo), el banco de Escocia, reflotado hace dos años con dinero público, va a distribuir en este año 1.190 millones entre los brokers que obtengan los mejores resultados en operaciones especulativas como las que dieron lugar a la crisis vigente.

Algo parecido me ocurrió con las 980 camas hospitalarias que gestiona Médicos Sin Fronteras en Haití, frente al 90% de los fondos aún pendientes de invertir por los gobiernos del mundo en la ayuda humanitaria a los haitianos.

También me ha pasado con las 3 horas de promedio diario que los voluntarios dedican en los hospitales de Madrid para acompañar a los pacientes en soledad, frente a las 3 horas de promedio diario que los espectadores de Gran Hermano 24h dedican a contemplar a esos personajes incalificables.

Finalmente, en estas vacaciones me han impresionado las 32 páginas de un libro escrito por Stéphane Hessel que a sus 92 años, algunos de ellos en un campo nazi de exterminio, nos insta al desperezo y a la indignación.

Son todas cifras del mismo tiempo y del mismo sistema numérico. Sin embargo parecen sacados de planetas distintos.

Quizás los valores estén gastados. Y puede que escaseen las ideas. Pero debemos esforzarnos para que los números no nos nublen la razón y el ánimo.

Que la exactitud aparente de los números no nos esconda la verdad de las cosas. Que la frialdad de los números no nos haga insensibles ante la alegría o el sufrimiento de las personas. Que la borrachera de los números no nos impida distinguir lo que está bien de lo que está mal. Que el baile de los números no anestesie nuestra capacidad para volver a indignarnos, para soñar y para aspirar a un mundo mejor. Por favor.

EN DEFENSA DE LA LEY SINDE

Reconozco que el título resulta provocador. Y tal constatación supone una paradoja curiosa. Buena parte de las reacciones que esta ley y sus defensores están despertando en la red son extraordinariamente agresivas e intolerantes. Eso sí, todas ellas esgrimen la libertad expresión y la tolerancia como argumento central. Por ejemplo, el artículo que firmo durante estos días en la edición digital de El País y en mi blog bajo el título de “¿Por qué abolir solo la propiedad intelectual?” ha recibido cerca de 500 comentarios, muchos de ellos plagados de insultos y descalificaciones.

Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo. Debatamos sobre la cuestión sin diatribas ni maniqueísmos. Yo pido que no se me tache de fascista a sueldo de la SGAE y las multinacionales de Hollywood por defender el respeto a la propiedad intelectual. Y a cambio renuncio a calificar de culturicidas irresponsables y esbirros de las multinacionales tecnológicas a quienes proponen la circulación libre y gratuita de los contenidos culturales en la red.

Ahora planteemos el problema con seriedad y con ánimo de encontrar soluciones satisfactorias para todos. Se trata de conciliar dos derechos, el derecho del creador y del productor cultural a recibir una contraprestación por su obra, y el derecho del usuario de Internet a acceder a los contenidos culturales sin trabas abusivas. Y se trata de hacer compatible el desarrollo de dos industrias, la industria de los operadores tecnológicos y la industria de los contenidos culturales, sin que ninguna de ellas deba sacrificarse en beneficio de la otra.

La estrategia del Ministerio de Cultura no estaba mal planteada. Buscaba por una parte promover la actualización del negocio cultural. Hablamos del 4% del PIB y de más de 700.000 empleos. Pero nadie puede esperar razonablemente que en plena era digital este negocio siga basándose en la venta de soportes físicos para la música, el cine o la novela.

Los ciudadanos acceden a la cultura cada vez más mayoritariamente a través de la red y reclaman un servicio eficiente, rápido y barato. Los creadores, los productores y los distribuidores de productos y servicios culturales deben ponerse las pilas para atender las nuevas demandas de la ciudadanía. No puede redactarse ley alguna para proteger a una industria de su propia ineficiencia. Y en eso estamos, el Gobierno y las gentes de la cultura.

Pero la estrategia de la Administración ha de contar con otras herramientas también. Es absolutamente preciso proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor en la red. No hay industria que se sostenga con un acceso libre y gratuito a sus productos. Porque, reconozcámoslo, la ley que protege estos derechos no se cumple. Y no hay manera de estimular la compra de música, cine o literatura a través de cauces legales en la red, por muy baratos que sean los precios, si las webs piratas ofrecen estos mismos artículos sin gasto alguno.

A diferencia de otras legislaciones en vigor en Francia, Reino Unido o Estados Unidos, la llamada Ley Sinde no actuaba contra los usuarios de la red que se descargaban ilegalmente productos protegidos por derechos de autor. La Ley proponía que una comisión independiente, respaldada con diligencia por la Justicia, actuara tan solo contra esas plataformas que se lucran cada día distribuyendo productos que no son de su propiedad.

Algunos argumentos esgrimidos contra la norma tienen su lógica y deben ser atendidos, como aquellos que reclaman más garantía de independencia en esta comisión o más tiempo y recursos para la actuación judicial. Otros no son sostenibles, como aquellos que abanderan el gratis total en la red, los que reclaman la abolición tan solo de la propiedad intelectual o los que sostienen que la industria cultural debe renunciar a sus beneficios a favor del desarrollo de la industria tecnológica.

Queda el trámite del Senado. Resistamos la tentación del reproche mutuo y del electoralismo fácil. Retomemos el debate desde la tolerancia y la racionalidad. Hay un problema por resolver que nos afecta a todos.

¿POR QUÉ ABOLIR SOLO LA PROPIEDAD INTELECTUAL?

 (Publicado en El País Digital)

Cuando la crisis del capitalismo es más dramática y ruge la tormenta en los mercados financieros, un movimiento cívico de apariencia potente reivindica la abolición de la propiedad privada en las redes. Si el capitalismo nos oprime y la propiedad es la base del capitalismo, ¡Abajo con la propiedad! ¿Por qué pagar por lo que queremos? ¡Defendamos los derechos de los que no pueden pagar! ¡Lo tuyo es mío y es de todos! ¡Viva la libertad de compartir y viva el gratis total! ¡Guerra a la Ley Sinde!

Resulta enternecedor. Nos rejuvenece, incluso.

Ahora bien, cuando se analiza el fenómeno con un poco de detenimiento llegan las paradojas. Para empezar se entiende con dificultad que los partidarios de la abolición de la propiedad centren sus reivindicaciones tan solo sobre la propiedad intelectual. ¿No resultaría más interesante, para los que no pueden pagar, la abolición de la propiedad de la comida, de la ropa, o de la vivienda? ¿Por qué negarse a pagar el precio de un libro o de una canción y, sin embargo, pagar sin rechistar el precio del pan, del vestido o de la hipoteca?

Tras el asalto cotidiano a la propiedad de la industria del cine, por ejemplo, no se acaba de comprender por qué que nadie plantea el asalto al Mercadona o a Zara. ¿Por qué reclamar la propiedad colectiva de una película y no reclamar la propiedad colectiva de los inmensos chalets de La Moraleja? Si se opta por no respetar los derechos de quien compró la licencia para explotar una película, ¿por qué respetar los derechos de quien compró la licencia para disfrutar en exclusiva de un chalet de lujo?

La paradoja se recrudece al comprobar que los abolicionistas de la propiedad intelectual  se muestran sorprendentemente celosos en la defensa de la propiedad de los bienes propios. Yo he intentado, por ejemplo, que un abolicionista de la propiedad de todos los músicos del mundo comparta su Maserati conmigo y con un grupo de amigos. “El Maserati es mío”, manifiesta ofendido. Y uno debe llegar a la conclusión lógica de que este abolicionista de la propiedad es en realidad tan solo un abolicionista de la propiedad de los demás.

La propiedad privada constituye un pilar básico para el funcionamiento de la economía capitalista imperante, y resulta un obstáculo evidente para el ejercicio de algunas libertades. Tienen toda la razón quienes denuncian que pagar por una novela, por una canción o por una película limita su libertad de acceso a estos bienes muy necesarios. Exactamente igual que pagar por la calefacción de nuestras casas o por la gasolina de nuestros coches. ¿O es menos “propiedad” la propiedad intelectual?  

Se acusa con todo fundamento a los defensores de la Ley Sinde y del respeto a la propiedad intelectual de estar protegiendo a una “industria”, en concreto a la industria cultural. Y quienes acusan están reivindicando en realidad el sacrificio de esa industria, la cultural, para favorecer el beneficio de otra industria, la tecnológica.

Porque, aparte de los usuarios de la red ¿quiénes resultan favorecidos especialmente por la transmisión y el disfrute gratuito de los contenidos culturales en Internet? Las operadoras tecnológicas, como es evidente. ¿Y por qué los partidarios del gratis total para los contenidos culturales pagan sin queja sus facturas a las empresas telefónicas por un servicio de acceso a la red a menudo caro y deficiente? ¿Quién ha decidido que han de ser las industrias culturales las que paguen con su ruina el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación?

Y tras tanta pregunta llego a la conclusión de que mi enternecimiento puede ser en realidad pura ingenuidad. Quizás los supuestos abolicionistas de la propiedad privada tan solo pretenden abolir la propiedad de unos para favorecer la propiedad de otros. Quizás los campeones de la resistencia contra las “multinacionales de Hollywood” trabajen en realidad para la cuenta de resultados de las multinacionales telefónicas. Y quizás quienes abominan de los políticos porque defendemos las propiedades de los de “la ceja”, en realidad buscan amedrentar a los de “la ceja” para que dejen de apoyar a determinados políticos.

Aún me siento joven para dejarme arrebatar por los vientos de libertad y por los cantos contra la opresión capitalista. Pero ya estoy mayor para que me tomen el pelo…

¿CUÁNTAS TERTULIAS DE EXTREMA DERECHA HAY EN TV?

Son innumerables. O a mí, al menos, me lo parecen. Cada noche el pulgar acaba entumeciéndose de tanto buscar con el mando a distancia un debate mínimamente equilibrado. No diré ya un debate en el que predominen las posiciones progresistas. A veces, da la sensación de que algunas cadenas compiten entre sí para plantear la mayor barbaridad y captar así la atención del espectador. Injurias al Presidente del Gobierno, soflamas xenófobas, enaltecimiento del golpismo, reivindicación del franquismo… Algunas de estas tertulias consiguen que percibamos al Tea Party norteamericano como una banda de bolcheviques.

Hace pocos días anunciaron el cierre definitivo de CNN+. A mi juicio este era uno de esos raros refugios en los que cualquier televidente podía acomodarse para obtener información y criterio, sin histrionismos y con un mínimo de rigor y objetividad. A veces he estado de acuerdo con los planteamientos de sus “opinadores”, y a veces no. Pero en general, siempre he tenido la sensación de estar recibiendo un servicio honesto.

Al parecer, cierran la cadena porque los dueños pierden dinero con ella. Hay poco que objetar ante este argumento. PRISA no es un organismo público ni una ONG. Se trata de una empresa privada con unos accionistas que exigen dividendos. La pregunta que uno puede hacerse es la siguiente. Si un emporio poderoso como PRISA no puede permitirse las pérdidas generadas por un producto informativo de calidad, ¿cómo se mantiene esa enorme cantidad de subproductos que vociferan e insultan cada noche desde nuestra pantalla? ¿Quién paga? ¿Y con qué propósito?

Esta situación debe alentar al menos tres debates. El primero versa sobre los límites en el ejercicio de la libertad de expresión. Tal libertad constituye un puntal básico de nuestro sistema democrático y es preciso preservarla con mimo. No obstante, todo derecho encuentra su límite precisamente donde comienzan los derechos de los demás. Y el ejercicio de la libertad de expresión no debe amparar la práctica permanente de la injuria y la acusación falsa que se realiza desde algunas plataformas mediáticas de extrema derecha. Que cada cual opine lo que quiera, pero la infamia y la atribución mendaz de conductas inmorales o delictivas no deberían quedar impunes. Tanto los aludidos como la fiscalía deben velar por los derechos de todos.

El segundo debate tiene que ver con el papel de la televisión pública. En el vigente contexto de crisis son muchas las voces que subrayan el alto coste de este servicio y su incidencia en el déficit público. Algunas de estas voces responden a una reivindicación leal a favor de la austeridad y la eficiencia en la administración de los recursos colectivos. Sin embargo, otras voces están buscando tan solo generar el caldo de cultivo adecuado para la privatización de las cadenas públicas de televisión. Sumarían así estas televisiones definitivamente a la pléyade de voceros en defensa de los intereses más conservadores. Aunque también es cierto que algunas cadenas autonómicas, como Telemadrid o Canal Nou, hace tiempo que juegan este papel desde la categoría pública.

Reclamemos pues una televisión pública de calidad, eficiente y austera en su administración, objetiva en su labor informativa, y respetuosa en el reflejo de la pluralidad social y política. RTVE hace un esfuerzo encomiable que merece respeto, pero a mi juicio debería ser más valiente en la apuesta por formatos de debate público permanente y plural sobre los asuntos que más preocupan a la opinión pública. Paradójicamente, en esta orgía permanente de información que disfrutamos hoy, se hace más necesaria que nunca una oferta televisiva con garantías de veracidad y al servicio del interés general.

El último debate a plantear es el relacionado con la oferta de televisión informativa en el ámbito privado. Porque el dinero es de derechas. Para qué nos vamos a engañar. Pero esta realidad inexorable no debe conducirnos a la aceptación resignada de un panorama televisivo copado casi exclusivamente por los “opinadores” más rancios y extremistas.

Las normas han de garantizar que en el reparto público de las licencias de emisión se tengan en cuenta los criterios de la garantía de información veraz y el respeto a la pluralidad de ideas en nuestra sociedad. Aquellos que entierran grandes cantidades de dinero en órganos de propaganda anti-socialista, con la única finalidad de influir en el electorado a favor de la derecha, deben ser desenmascarados. Podrán opinar lo que quieran en sus televisiones, porque para eso son suyas y las pagan. Pero los demás también somos libres para denunciar con voz alta y clara que intenten vender a los ciudadanos sus panfletos al servicio del dinero y de la extrema derecha, como si fueran expresiones legítimas de la mejor libertad de prensa.

Y digo yo que la opinión progresista, que es mayoritaria en la sociedad española, también podrá hacer rentable una programación informativa de calidad en alguna televisión privada…

O ACABAMOS CON LA ESPECULACIÓN FINANCIERA…

… O la especulación financiera acabará con nosotros.

La economía financiera es un instrumento inventado y puesto en marcha para cumplir una función precisa: facilitar el funcionamiento de la economía real y contribuir al desarrollo de nuestras sociedades. Sin embargo, a día de hoy hemos de constatar que en determinados contextos el instrumento ha evolucionado hasta transformarrse en una espiral puramente especulativa, ha dejado por tanto de cumplir su función original, y de hecho se ha convertido en una grave amenaza para aquellos que lo crearon. ¿A qué esperamos para cambiarlo? ¿De dónde proviene esa coraza invulnerable a cualquier intento de regulación razonable? ¿Por qué nadie se atreve a plantar cara al monstruo?

Porque el monstruo ha tenido muchas caras y muchos nombres, pero una sola naturaleza. Las “hipotecas sub-prime”, los “bonos-basura”, las “pirámides de rendimiento”, las “operaciones al descubierto”, las “apuestas a perdedor”, los “bonus” millonarios y otros productos parecidos provocaron el estallido de la primera burbuja especulativa hace algo más de dos años. Sus consecuencias sobre la economía productiva, el paro y la pérdida de bienestar de los ciudadanos fue, y está siendo aún, más que brutal. Pero en lugar de afrontar las reformas necesarias para impedir nuevas crisis financieras, los gobiernos, los G-X y las instancias internacionales acudieron al rescate del monstruo con el dinero de los impuestos de los ciudadanos. “La alternativa sería aún peor”, nos aseguraban.

El rescate ocasionó lógicos desequilibrios en las cuentas públicas de muchos países. Y paradójicamente tales desequilibrios se han convertido en coartada para una nueva ofensiva del monstruo. La segunda oleada de la especulación financiera está poniendo en jaque las economías de importantes países europeos, socava los cimientos de la moneda común, e imposibilita la recuperación de la actividad imprescindible para crear empleos y paliar el deterioro social sufrido en amplias capas de la población. Existe además conciencia plena de que tras cada uno de los ataques a Grecia, a Irlanda, a Portugal o a quien le toque a continuación, hay siempre un interés espúreo. Es decir, hay quienes están acumulando ganancias multimillonarias a costa de los sacrificios en forma de ajustes que el monstruo exige cada día a gobiernos y poblaciones. ¿Y hasta cuándo vamos a tolerar este castigo injusto?

Las soluciones paliativas que se han ido prescribiendo hasta ahora no han hecho sino engordar al monstruo. De ordinario, cada receta del FMI, de la OCDE, del G-20, de los Bancos Centrales o de los grandes gobiernos, apuntan siempre a satisfacer el ansia glotona de los mercados financieros: a más presión especulativa, más sacrificio, más ajuste, menos gasto, más recortes sociales… Y de extraordinario, el club del euro ha tejido una gran red para el rescate de las economías amenazadas que tan solo está sirviendo para asegurar un beneficio de escándalo a quienes apostaron contra la solvencia de griegos o irlandeses. ¿Nadie se da cuenta de que esto no funciona? ¿De que el monstruo se vuelve cada día más insaciable, más arbitrario y más fuerte?

Quizás parezca exagerado, pero somos muchos los convencidos de que los responsables de algunos movimientos especulativos en las finanzas internacionales están ocasionando más daño objetivo y más inseguridad que determinadas redes terroristas transnacionales. Sin menospreciar en absoluto la aberración de la violencia terrorista, deben constatarse los enormes perjuicios provocados por las tramas de la especulación financiera sobre cientos de millones de seres humanos en forma de desempleo, de pobreza, de exclusión social, de deterioro de servicio básicos, de quiebra de empresas… Y si a nadie se le ocurre confraternizar con aquella serpiente, tampoco parece razonable continuar alimentando a este monstruo.

¿Qué hacer? Desde luego, algo diferente de lo que hemos hecho hasta ahora, porque es evidente que no funciona. Al menos hay dos decisiones por adoptar. Primero, instaurar un poder político de dimensión equiparable al poder que ejercen cada día de facto los agentes del mercado financiero internacional. Si los mercados de finanzas son globales, el poder que los enfrente en defensa del interés general también ha de ser global. Esto supondrá para algunos la decisión dolorosa de prescindir de parte de la soberanía nacional a fin de que, junto a la unión monetaria, algún día podamos contar con una auténtica unión económica, fiscal, presupuestaria… y política. Y segundo: ese mismo día podremos regular eficientemente las condiciones, los procedimientos, los límites y los impuestos a aplicar sobre la economía financiera.

Para que las finanzas vuelvan a ser aquello para lo que fueron inventadas. Para facilitar las relaciones económicas y para favorecer el bienestar de la gente. Sin monstruos.

AGENCIAS DE CALIFICACIÓN BAJO SOSPECHA

¿Quiénes están detrás de las agencias de calificación de riesgo financiero? ¿Con arreglo a qué criterios adoptan sus decisiones? ¿A qué intereses responden sus decisiones más sorprendentes? De estas agencias internacionales solo sabemos tres cosas: que sus resoluciones tienen una repercusión clave para la estabilidad financiera de muchos países; que funcionan en régimen de opacidad absoluta; y que sus fallos de diagnóstico y de previsión son tan frecuentes como notables.

En consecuencia, las todopoderosas agencias de calificación de riesgo se encuentran bajo sospecha. Su creación respondió a la necesidad de contar con herramientas de análisis riguroso, objetivo y neutral sobre la solvencia financiera de las instituciones públicas y de las empresas privadas.

Sin embargo, al día de hoy, estas entidades se consideran más bien una especie de oráculos cuyos pronunciamientos inescrutables establecen orientaciones y estímulos para los movimientos especulativos en los mercados financieros. Más que un instrumento para la estabilidad y el funcionamiento eficiente de los mercados, se han convertido en una suerte de guía para los grandes apostadores de los parqués financieros y una fuente habitual de inestabilidad para todo el sistema económico.

La trascendencia de sus resoluciones está fuera de toda duda. Tan solo es preciso comprobar como una rebaja puntual en la calificación de la deuda de un país, por inexplicable y arbitraria que resulte, provoca el encarecimiento extraordinario del crédito para las administraciones públicas que defienden el interés general y para millones de empresas y ciudadanos. Las agencias de calificación dibujan la diana sobre un país y los especuladores disparan sus estrategias para obtener ventajas millonarias a costa de la ruina general.

¿Con qué claves fundamentan sus decisiones? Nadie lo sabe, aunque muchos lo sospechan. La decisión adoptada recientemente por Standard & Poor´s respecto a la deuda española constituye un buen ejemplo. Cuando nuestra economía decrecía a un ritmo fuerte y todos los indicadores apuntaban hacia abajo, el rating de España era el máximo. Y ahora que el decrecimiento se ha frenado y que todos los indicadores apuntan a una salida pronta de la recesión, la calificación se rebaja. ¿Por qué? Muchos apuntan a la demanda de los especuladores para ir preparando nuevas piezas sobre las que abalanzarse cuando terminen de hundir a Grecia.

Nunca como en estos días el conjunto de los indicadores económicos más relevantes habían pronosticado en España un punto de inflexión hacia la recuperación del crecimiento: aumentan los ingresos públicos, aumentan las exportaciones, la inflación se asienta en valores positivos, se anima el mercado inmobiliario, las ventas de coches baten récords, las reservas de slots en el tráfico aéreo auguran una temporada turística positiva, se mueve el tráfico en los puertos … Y es justamente en esta semana cuando la agencia de evaluación decide rebajar la calificación que indica la solvencia de nuestra economía. Resulta muy difícil llegar a una conclusión que no apunte a intereses espurios.

A todo esto debemos sumar la antología de meteduras de pata en los análisis y los pronósticos de estas agencias internacionales. Baste un botón: Standard & Poor’s mantenía al banco de Lehman Brothers con la máxima calificación de confianza crediticia en septiembre de 2008, justamente cuando la entidad quebró. ¿Qué credibilidad podemos depositar en semejantes oráculos?

El G-20 adoptó recientemente la decisión de revisar el funcionamiento de estas entidades, en el marco de la reforma del sistema financiero internacional. También la Unión Europea tiene planes para afrontar su regulación. Y esta regulación urge, porque no podemos seguir permitiendo que estos instrumentos, con una incidencia crucial sobre el equilibrio de los mercados financieros, sigan actuando desde la opacidad, la falta de rigor, y con la sospecha permanente sobre las motivaciones interesadas de algunas de sus decisiones.

Es cierto que en el caso español la rebaja de calificación afecta a una sola agencia y que incluso esta agencia nos mantiene en un nivel de solvencia notable. También es verdad que, a pesar de las críticas oportunistas de la derecha, en ocho años de gobierno del PP España nunca tuvo la máxima calificación, que sí ha obtenido durante los seis últimos años de gobierno socialista. Pero conviene mantener la tensión en los organismos internacionales para regular estas instituciones con arreglo al interés general.