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Archive for the ‘economía’ Category

El eje predominante en el debate político de las democracias europeas se está desplazando claramente desde el comienzo de este siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la confrontación política se producía generalmente en torno al eje izquierda-derecha. Sin embargo, la globalización acelerada, los cambios tecnológicos y el auge populista están favoreciendo un esquema distinto y más peligroso, determinado sobre todo por la exacerbación y el conflicto entre identidades.

El debate izquierda-derecha ha alimentado fuertes pasiones en uno y otro bando, pero casi siempre contó con una base racional muy elaborada. La izquierda y la derecha han representado los valores tradicionales de la igualdad y la libertad; del énfasis en los derechos colectivos y los derechos individuales; de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, en expresión de Constant. La izquierda busca generalmente la redistribución solidaria mientras la derecha persigue garantías para el libre albedrío.

De un tiempo a esta parte, por el contrario, el pulso político no se discierne a partir de convicciones más o menos liberales o igualitaristas, sino muy a menudo desde la afirmación de la identidad propia frente a las demás. La identidad más comúnmente esgrimida es la identidad nacional, pero también se están abriendo rápidamente paso los programas políticos que hacen bandera de la identidad étnica o religiosa. La tesis a partir de la que se pretenden organizar el espacio compartido es la siguiente: nuestra identidad nacional, étnica o religiosa requiere defensa y predominio frente a la amenaza que representan las demás identidades nacionales, étnicas o religiosas.

¿Por qué avanzan estas ideas? Desde luego, no pueden presentarse como nuevas, ni pueden acreditar éxito alguno en la historia europea. Más bien al contrario: la confrontación irracional e identitaria se encuentra en el trasfondo causal de buena parte de los desastres que hemos sufrido los europeos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Estas ideas avanzan al calor de las desigualdades, las injusticias y las inseguridades vinculadas a los procesos de globalización desregulada y revolución tecnológica acelerada. El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza ocasionan temor, frustración e ira en amplios sectores de la población, muy receptivos a los mensajes simples que señalan culpables para su sufrimiento.

El discurso identitario, además, es puramente emocional y facilita la movilización en mayor medida que las construcciones racionales del discurso que defiende los derechos colectivos y la distribución solidaria. Es más fácil convencer al sufridor señalando a un culpable, aunque sea falso, que armando un análisis y una propuesta compleja para solucionar los problemas. La trinchera de la identidad sirve también para esconder la incapacidad y la incompetencia a la hora de elaborar programas realmente útiles para el bienestar colectivo. El “somos de los nuestros” y el “a por ellos” son argumentos muy socorridos y no requieren casi de esfuerzo intelectual alguno.

Ahora bien, las consecuencias de esta evolución están siendo muy negativas a la hora de afrontar los muchos desafíos de las sociedades europeas en el siglo XXI, desde la imprescindible integración en la Unión Europea hasta la administración del fenómeno migratorio y la articulación de políticas comunes en la lucha contra la pobreza o el cambio climático. El arrinconamiento del debate racional y la promoción constante de las emociones identitarias solo conducen a alimentar la confrontación, a dificultar la convivencia y a postergar las soluciones precisas a los problemas colectivos.

Es difícil ser optimista en el presente escenario político europeo. El discurso identitario avanza en muchos países, hasta el punto de que se afianza incluso en Gobiernos muy significativos. Ahí están los supremacistas del este europeo, el nuevo canciller austríaco, el ministro de interior alemán o el neofascista vicepresidente italiano, que un día niega auxilio humanitario a centenares de subsaharianos y otro día amenaza con expulsar a los gitanos de su país. También puede hablarse de la auténtica naturaleza del argumentario pro “brexit” o del avance del lepenismo entre las clases populares de buena parte de la Europa del sur.

Aquí, en el escenario doméstico, el independentismo catalán permanece anclado en las creencias pre-racionales del “nosotros y vosotros, mi tierra y tu tierra”. Ciudadanos cada día parece más proclive a responder al fuego identitario catalanista con fuego indentitario españolista. Y el episodio de la llegada al puerto valenciano de más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo ha destapado un buen número de reacciones muy lamentables, con expresiones relativas al falso “efecto llamada”, a las “avalanchas”, las “oleadas” o las “hordas” peligrosas de inmigrantes.

No hay salida positiva en los discursos y en las políticas que buscan afrontar los problemas con la exaltación emocional de la identidad propia y la incitación al temor o al odio hacia la identidad ajena. Al final de ese camino solo se encuentra el abismo. ¿O no hemos aprendido nada de la dramática historia europea del siglo XX?

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En la ceremonia de la confusión que tiene lugar en la política catalana de estos días, algunos pretenden hacer pasar a las víctimas por agresores y a los agresores por víctimas. Sin embargo, el engaño cada día es más evidente y los dispuestos a dejarse embaucar son cada vez menos, en Cataluña, en el resto de España y, como están comprobando dolorosamente, también en el conjunto de Europa.

Las víctimas son, por este orden, la ciudadanía catalana y del conjunto de España, así como las instituciones democráticas que en Cataluña y en el resto de España están llamadas a asegurar su convivencia, sus libertades y el desarrollo colectivo. Los agresores son, sin lugar a la duda, aquellos que pretenden imponer sus ambiciones sobre la legalidad democrática. Y aquellos que buscan imponer sus ensoñaciones por encima del derecho de catalanes, españoles y europeos a vivir en paz, ajenos a la amenaza del nacionalismo populista y supremacista que tantos dramas ocasionó durante el siglo pasado.

La democracia española se defiende de sus agresores, claro. Está en su legítimo derecho. Cuando se subvierte la ley democrática, cuando se socavan los cimientos del Estado de Derecho, cuando se proclama la sedición y la ruptura del orden constitucional que garantiza los derechos y las libertades, la sociedad organizada se defiende. Y quienes la amenazan son obligados a comparecer ante la Justicia y asumir sus responsabilidades. Claro. Lo sorprendente es que se sorprendan. ¿Qué pensaban?

La historia moderna de España es una historia trágica. Durante los dos últimos siglos los españoles fuimos incapaces de entendernos para establecer siquiera unas reglas básicas de convivencia. Las desigualdades sociales, las diferencias religiosas, el papel del ejército, la forma del Estado, las identidades territoriales… Cualquier motivo, o todos los motivos a la vez, eran buenos para exacerbar las diferencias, generar conflictos y frustrar cualquier oportunidad de desarrollo común.

Hasta 1978. Para sorpresa de muchos, y para satisfacción y agradecimiento de las generaciones presentes, los españoles de la Transición fueron capaces de superar siglos de desencuentros y violencias para alcanzar un pacto. El pacto constitucional no resolvía de un plumazo todas las diferencias y todos los problemas endémicos del país, pero establecía unos fundamentos comúnmente aceptados, para posibilitar un proyecto colectivo en paz, junto al resto de los pueblos de Europa.

Ese pacto incluía un modelo territorial que, al modo federal de otras naciones de conformación plural, aseguraba a un tiempo unidad y respeto a la diversidad, igualdad de derechos y descentralización política. Y el pacto fue votado muy mayoritariamente en toda España, y muy especialmente en Cataluña. Es un pacto perfectible, desde luego. Es un pacto a perfeccionar, de hecho, pero a perfeccionar desde el mismo consenso que le dio vida.

Sin embargo, ahora unos cuantos han decidido que ya está bien de Constitución, de pacto, de consensos y de convivencia. Han decidido que hay que volver a las andadas, al desencuentro y al conflicto. Han decidido que, pese a estos cuarenta años de convivencia en paz, de desarrollo próspero y de descentralización máxima, es hora de romper los cimientos del pacto constitucional. Han decidido fracturar un país, España. Hacerlo desaparecer, sin más. Y han decidido hacerlo por la bravas, porque sí, porque “Cataluña es nuestra”, en el elocuente discurso supremacista de Ernst Maragall.

En la democracia española, todas las ideas legítimas, y el independentismo lo es, pueden defenderse, si se hace respetando los derechos de quienes no compartimos esas legítimas ideas independentistas. ¿Cómo? Acudiendo a los procedimientos que proporciona el Estado de Derecho. Podrían haber planteado sus propuestas de forma abierta en las instituciones, para posibilitar el diálogo y un eventual entendimiento. O podrían haber planteado una iniciativa de reforma constitucional, en el Parlamento catalán primero, y en el Congreso de los Diputados después.

Y hubiéramos hablado, y hubiéramos debatido, y posiblemente hubiéramos votado. En la sede de la representación de todos los españoles, porque a todos los españoles concierne la integridad de nuestro país y el futuro colectivo. Y yo hubiera votado contra la secesión, desde luego. Puede que contra la secesión hubiera votado la mayoría. De hecho, este es el argumento dudosamente democrático que esgrimen los independentistas catalanes para desechar lo que llaman la “vía Ibarretxe”.

Claro que hay caminos alternativos a los de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a las mayorías. En España y en el resto de Europa los conocemos bien. De hecho, los independentistas han de saber que haremos todo lo posible para no se repitan, dentro de la ley.

Somos humanos, y no podemos dejar de empatizar con quienes sufren cárcel y desgarro familiar, por alejados que estemos de sus ideas e intenciones. Pero tampoco podemos ignorar a las víctimas más que seguras que hubiera generado la inacción de la Justicia, en un escenario de vulneración impune de la legalidad constitucional y de vuelta al conflicto civil, tan dramáticamente presente en nuestra historia.

 

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Trabajadores de Opel España salen de la factoría de Figueruelas (Zaragoza).

La sociedad española no puede dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social

En pocos días, el Congreso de los Diputados constituirá formalmente la ponencia encargada de redactar la Ley que ha de establecer un Ingreso Mínimo para parados sin recursos en nuestro país. Como era de esperar, en su contra se han alzado voces que llaman a la “responsabilidad” del legislador, porque “algo así no nos lo podemos permitir”.

Los argumentos también han sido previsibles: que si “cuesta demasiado”, que si se trata de un estímulo a la “vagancia”, que si supone un “efecto llamada” a la inmigración económica… Para la mayoría de la sociedad española, sin embargo, lo que “no nos podemos permitir” es la realidad de un 28% de españoles sufriendo riesgo de pobreza y exclusión social, como señala Eurostat, en un país, además, cuyo Gobierno presume cada día del crecimiento sostenido del PIB.

Va a costar sobremanera que la tramitación de esta ley concite la debida atención mediática y social, en un contexto casi monopolizado por el bucle de la política catalana o las revelaciones de los arrepentidos en las interminables causas judiciales del PP. No obstante, hay muchas razones para reclamar el foco sobre este asunto. En primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular, llegada al Congreso gracias al esfuerzo y la esperanza de más de 700.000 firmantes.

Segundo, porque sus promotores fueron los sindicatos UGT y CCOO, legítimos representantes de los trabajadores españoles. Y tercero, porque interpela a los poderes públicos para cumplir una obligación moral antes que política: la de luchar efectivamente contra la pobreza y proveer a nuestros semejantes de los medios necesarios para vivir con dignidad.

Quien esto firma tuvo el privilegio de defender en la tribuna del Congreso la toma en consideración de esta propuesta de ley. Y si entonces había razones para admitirla a trámite, hoy, más de un año después, las razones para que entre en vigor son aún más sólidas, tanto en el orden social como en la clave económica e, incluso, en términos puramente democráticos.

Es cierto que la macroeconomía española ha superado la crisis iniciada en 2008. Pero no es menos verdad que el crecimiento del PIB se ha financiado con pobreza laboral y desigualdad social. Las empresas del IBEX multiplican beneficios con porcentajes de dos dígitos, mientras el paro se mantiene por encima de los 3,7 millones de personas, de las que más de la mitad no reciben prestación publica alguna.

De hecho, casi la cuarta parte de los españoles que llevan parados más de dos años no tienen cobertura pública. Son más de 1,5 millones. La cobertura pública a los parados registrados ha pasado del 70% al 58% entre 2011 y 2017. En consecuencia, los hogares españoles con todos sus miembros en paro superan los 1,2 millones y más de uno de cada cinco españoles se sitúa ya por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, a medida que arreciaban los costes sociales de la crisis, el Gobierno recortaba el gasto destinado a proteger a sus víctimas.

En términos estructurales, además, todo parece indicar que la economía global y la revolución tecnológica digital se están saldando con un balance de empleo negativo. Todavía son menos los empleos creados que los que se destruyen al calor del avance técnico en los procesos productivos.

Y esto supone un problema grave para unas sociedades que tradicionalmente han vinculado renta con empleo y ayudas públicas con situaciones temporales de desempleo. Si las economías de mercado no son capaces de reducir las tasas de paro, y en tanto no cambiamos el paradigma económico en favor del reparto de los tiempos de trabajo o el fomento de nuevas actividades intensivas en mano de obra, parece razonable generalizar prestaciones de ingresos mínimos como la que nos ocupa.

También hay buenos argumentos de eficacia económica para respaldar esta iniciativa. Está demostrado que las economías que crecen a costa de reducir el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de los trabajadores están condenadas al fracaso a medio plazo. Una prestación pública para hogares sin recursos supone una inyección inmediata al consumo, que se traducirá necesariamente en el aumento de la actividad económica y el empleo. Esta es una línea de pensamiento que ya están asumiendo las autoridades de la Comisión Europea y el FMI a propósito del aumento necesario en los salarios.

Hay una razón democrática también a favor de este tipo de medidas. Porque si una prestación para hogares pobres podría “llamar” negativamente a la pereza o a la inmigración económica ilegal, como aseguran sus detractores, es seguro que la cronificación de las desigualdades y el aumento de la pobreza acabarán “llamando” al auge de los populismos que persiguen derruir el sistema vigente sin asegurar nada mejor.

Está comprobado históricamente que la desigualdad y la pobreza constituyen el auténtico cáncer de la democracia. En consecuencia, aquellos que cuentan afanosamente sus monedas, tal y como hacía el avaro Ebenezer Scrooge en el célebre Cuento de Navidad de Dickens, deberían calcular bien hasta dónde pueden tensar la cuerda de la injusticia social. Porque un día podría romperse…

En la ponencia legal en ciernes podremos discutir y acordar en torno al cuánto, al cuándo y al cómo. Si la ayuda se establece como una nueva prestación no contributiva a cargo de la Seguridad Social, financiada con los presupuestos del Estado, pero gestionada por las Comunidades Autónomas, salvaremos las dificultades competenciales. Si acordamos un calendario de aplicación progresiva, sortearemos también los inconvenientes presupuestarios. Si vinculamos bien la prestación con el marco global de las políticas activas y pasivas de empleo, así como con las rentas autonómicas de inserción, el conjunto podría resultar armonioso y eficaz.

Es mucho dinero, desde luego. Según las fórmulas y los tiempos de aplicación, podríamos hablar de entre 6.000 y 12.000 millones de euros al año. Pero ¿es demasiado? Habría que hacer comparaciones. ¿Comparamos con los más de 60.000 millones del rescate a la banca que nunca se recuperarán? ¿O con los 40.000 millones de dinero negro lavado en la amnistía fiscal de Montoro? ¿O con los 13.000 millones anuales “ahorrados” en prestaciones por desempleo desde 2011? ¿Y cómo de cara resulta la pobreza?

Será difícil, sin duda. Pero tengamos algo claro: lo que realmente no se puede permitir la sociedad española, si aspira a un mínimo de justicia, dignidad y decencia, es dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social.

Tribuna publicada en EL PAÍS el 6 de febrero de 2018

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El próximo martes 12 de diciembre subiré una vez más al estrado de oradores del Congreso de los Diputados con objeto de reclamar medidas para combatir la desigualdad y la pobreza crecientes en nuestra sociedad. En esta ocasión se trata de exigir el aumento de las pensiones que cobran las viudas más pobres.

Lo haré con la satisfacción del cumplimiento de un deber político y moral. Pero lo haré también consciente de que el rechazo previsible a estas demandas seguirá acrecentando el número de quienes se sienten cada vez más alejados de un sistema que consolida y profundiza las injusticias.

La cuestión es como sigue. Una disposición adicional de la ley de pensiones del año 2011 mandataba al Gobierno para incrementar progresivamente la cuantía de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años en riesgo de pobreza. La llegada del PP al Gobierno supuso el aplazamiento de tal medida por razones de equilibrio presupuestario en un contexto de crisis.

Aun siendo discutible la paralización de esta medida en los años duros de recesión económica, lo que resulta absolutamente inaceptable es que las viudas más pobres sigan esperando su aplicación tras varios años de crecimiento económico. Pero así ha sido durante los seis últimos ejercicios. Y el caso es que las viudas más necesitadas cobran hoy casi un 12% menos en sus pensiones de lo que les corresponde según aquella ley de 2011.

Por tanto, la exigencia que planteamos al Gobierno tiene varias razones. La primera es de justicia social, porque los pensionistas en general y las viudas en particular están empobreciéndose gravemente desde que gobierna el PP.

A la inaplicación de la medida mencionada hay que añadir un índice limitado de revalorización anual de pensiones, el 0,25%, que sistemáticamente se queda por debajo de la subida de los precios. Y a esto hay que sumar los copagos farmacéuticos, y la retirada de 400 medicamentos del sistema nacional de salud, y la subida del recibo de la luz un 7%…

La segunda razón tiene que ver con el Estado de Derecho. Si exigimos a la ciudadanía el sometimiento al imperio de la ley, no cabe que el Gobierno se lo salte, por razones espurias además.

Hace escasos días, PP y Ciudadanos respaldaron al Gobierno vetando la tramitación de una propuesta de Ley socialista que obligaba a la Seguridad Social a aplicar inmediatamente la subida de las pensiones de viudedad más bajas. El argumento era el del coste. Al parecer, el coste de 800 millones de euros que podría tener esta medida desequilibraba de una manera insoportable el presupuesto de un Estado que ha rescatado a los bancos con 40.000 millones y que aflorado otros 40.000 millones de dinero negro con una amnistía fiscal vergonzosa.

Y esto me lleva a la razón definitiva para la defensa de la moción del martes 12: la razón de la defensa del sistema democrático. Porque los poderes públicos no pueden adoptar decisiones que sus responsables son incapaces de explicar. ¿Cómo explicar que el Gobierno de una economía que crece a más del 3%, y que rescata autopistas de peaje con miles de millones de recursos públicos, se niega a financiar con 800 millones una subida mínima en las pensiones de las viudas más pobres?

Cuidado con seguir estirando la cuerda de la desigualdad. Un día puede romperse.

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De los papeles de Panamá a los papeles de la Castellana, y ahora los papeles del Paraíso. Los escándalos sobre elusión y fraude fiscal a gran escala se suceden alumbrando cifras cada vez más astronómicas y protagonistas de relevancia social creciente. Pero más allá del análisis superficial y el comentario frívolo, estos comportamientos merecen una valoración contundente, porque socavan gravemente el crédito de las instituciones democráticas y alimentan el monstruo devastador del populismo.

El último episodio denunciado por una plataforma internacional de periodistas de investigación saca a la luz más de 13 millones de documentos que afectan a más de 120 mil personas físicas y jurídicas. Los ciudadanos y las empresas en cuestión contrataron los servicios offshore de un par de bufetes especializados en administrar recursos en hasta 19 paraísos fiscales situados en todo el mundo, desde Malta a Panamá pasando por Singapur. La singularidad de estos paraísos está en la garantía de secretismo para los depósitos y en los impuestos muy reducidos.

Pudiera pensarse que tal práctica es propia fundamentalmente de personajes asociados al terrorismo internacional, a la corrupción, al narcotráfico o al lavado de dinero procedente de actividades criminales. Pero no es así. Muchos de los clientes detectados en estos servicios son grandes empresas muy conocidas y personajes de aparente prestigio procedentes de la política, el deporte, la cultura e, incluso, la realeza europea.

El daño que ocasionan estos escándalos en nuestras sociedades es tremendamente grave. No solo por los recursos que se hurtan a las correspondientes agencias tributarias, con los que han de financiarse las políticas y los servicios públicos. La plena conciencia sobre la generalización de estas conductas mina lo que los economistas llaman “moral fiscal”, esto es, la disposición de los ciudadanos para cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales.

Si las grandes empresas con grandes beneficios y los grandes personajes públicos se las arreglan para no pagar lo que deben, ¿cómo concienciar a los ciudadanos de a pie para pagar sus facturas con IVA y no buscar triquiñuelas en el IRPF?

En España, además, a estos escándalos internacionales hay que sumarles el escándalo doméstico de la amnistía fiscal del PP, mediante la que se lavaron más de 40.000 millones de euros en dinero negro, al módico precio del 3%. La moraleja está clara: si cumples con Hacienda, pagas entre el 19% y el 45% de tu renta; si escondes tu dinero y te acoges a la amnistía de Montoro, tan solo pagas el 3%. Resulta demoledor comprobar que muchos de los implicados en los principales casos de corrupción han utilizado esta vía para aflorar sus botines: Rato, Bárcenas, Granados, Marjaliza, López Viejo…

La aparición de Xavier Trias en los papeles del Paraíso es particularmente grotesca. Tras encabezar todas las manifestaciones en defensa de la patria catalana y esgrimir todo tipo de falsos agravios por parte del resto de España, resulta que tanto patriotismo no impedía al portavoz secesionista en Barcelona ocultar su patrimonio en paraísos fiscales, a fin de no pagar los impuestos que requería el sostenimiento de su patria.

Sin embargo, la ciudadanía está harta de estar harta, si vale la expresión. El recorrido de estos escándalos siempre es parecido. Gran impacto, grandes declaraciones de condena, golpes de pecho, promesas de remedio. Y después nada. Porque los intereses en juego son relevantes e influyentes. Por parte de los clientes directamente beneficiados, y por parte de los propios Estados-Paraíso que obtienen un rendimiento tan importante como ilegítimo.

¿Hay solución? Desde luego, pero implica la adopción de decisiones valientes. Se pueden prohibir y erradicar los paraísos fiscales que existen de facto en la propia Unión Europea y que contravienen los mismísimos principios fundacionales de igualdad y solidaridad: Malta, Luxemburgo, Irlanda, Gibraltar… Se pueden generalizar y homogeneizar las obligaciones relativas a la transparencia financiera y tributaria, además de establecer horquillas comunes y debidamente estrechas en los tipos impositivos, para que no se compita con los impuestos de forma desleal. Y se puede castigar duramente a aquellas empresas y particulares que hagan operaciones con los paraísos fiscales aún no erradicados.

Puestos a identificar aquellas conductas que deterioran nuestro sistema democrático y nuestra convivencia de manera más grave, la elusión y el fraude fiscal han de situarse sin duda a la altura del terrorismo.

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Durante estos días ha visitado España el escritor bosnio Velibor Colic, con motivo de la promoción de su último libro, Manual de Exilio. La evocación de sus terribles experiencias como combatiente huido de la guerra de los Balcanes ha estremecido a muchos, entre los que me encuentro.

Para expresar la aversión al nacionalismo causante de tantos desastres en Europa, Colic suele utilizar la imagen de sus paseos vespertinos entre las ciudades de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania). Son apenas diez minutos sobre el Pont du Rhin y su maravilloso paisaje. Y es inevitable el recuerdo de las tres guerras y los millones de muertos ocasionados desde 1870 por la ideología terrible que trazó una frontera de rencores absurdos entre ambas ciudades.

Quien esto escribe nació precisamente en esa pequeña villa del oeste germano y he de coincidir con el pensamiento de aquel desertor del drama balcánico, reconvertido hoy en testigo legítimo y fiel de los peligros que encierra la bestia del nacionalismo exacerbado. Colic distingue entre los políticos que resuelven problemas y los políticos que los crean, y advierte contra el resurgir de los segundos en muchos países de Europa.

Y en esta misma semana, mientras el nacionalismo catalán perseveraba en su afán por socavar la convivencia democrática en Cataluña, hemos sido una mayoría los diputados, catalanes y no catalanes, en protagonizar al menos dos buenos ejemplos de la otra política, la que persigue soluciones para la gente. Porque en esta semana se han aprobado en el Congreso sendas iniciativas para garantizar el registro veraz de la jornada laboral y para recuperar el subsidio destinado a desempleados mayores de 52 años.

Reconozco que ambas conquistas no cuentan con el glamour de esos grandes conceptos de la independencia y la república. Admito también que nuestro logro carece de la épica de esas otras reivindicaciones, como la autodeterminación y el pueblo en pie. Incluso asumiré que no hay comparación posible entre defender una simple proposición de ley y la emoción de cantar els segadors frente a un enemigo cierto, aunque sea ciertamente inventado.

No obstante, espero que muchos entiendan mi satisfacción en el día de hoy por pertenecer a ese colectivo de políticos que aspiran con toda modestia a mejorar la vida de sus representados, sin apelar necesariamente a sus vísceras, sin dibujar fronteras de separación y sin instar a que nadie odie a nadie.

Eso es. Esta semana hemos dado un paso firme contra la explotación de muchos empleados con jornadas de trabajo que no se contabilizan, que no se reconocen, que no se pagan y por las que no se cotiza. Y esta semana hemos sumado muchas voluntades para que los parados más vulnerables, aquellos que han sobrepasado los 50 años de edad y no logran encontrar empleo, cuenten con el respaldo del Estado para asegurarles una vida digna, a ellos y a sus familias.

Hoy no llego a casa con el alma henchida por el flamear de las banderas y el tronar de los himnos. Pero dormiré con la conciencia tranquila por haber contribuido humildemente a que muchos de mis semejantes vivan un poco mejor, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y sientan la bandera que sientan.

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El Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento el llamado “techo de gasto”, que define las grandes líneas de su proyecto presupuestario para 2018. El PSOE ha votado en contra de la fórmula pactada por PP y Ciudadanos a base de recortes importantes de gasto público y bajadas relativas de impuestos.

El gran argumento de la derecha para defender esta política presupuestaria se resume en la afirmación de que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Suena bien, pero ¿realmente es así? El portavoz socialista Pedro Saura solicita con razón que Montoro aclare a qué bolsillos se refiere concretamente.

El presupuesto que el reprobado Ministro de Hacienda dibuja para el año próximo calcula un aumento del gasto de poco más del 2% para un PIB que crecerá nominalmente por encima del 4%. Por tanto, y de entrada, el gasto público perderá peso respecto a la riqueza generada.

Además, la senda de cumplimiento del déficit reserva para las Comunidades Autónomas el ajuste más duro: del 0,6% en 2017 al 0,4% en 2018, tras la última rectificación. Y recordemos que las administraciones autonómicas son las responsables de gestionar los principales servicios del Estado de Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales…

En total, los recortes previstos en el gasto público ascienden a más de 9.000 millones de euros, de los que más de 2.000 corresponderán a las autonomías.

Al reprobado Ministro de Hacienda se le ha repetido que está bien procurar la reducción del déficit en etapas de crecimiento. Pero hay dos maneras de hacerlo, grosso modo. Montoro quiere bajar el 41% de gastos hasta el 38% de ingresos, siempre sobre PIB. Mientras que otros consideramos que quizás puede hacerse a la inversa, es decir, elevando el 38% de ingresos hasta el 41% de gastos.

Es la diferencia entre aspirar a una sociedad justa o renunciar a lograrlo.

PP y Ciudadanos han pactado eximir de tributar por IRPF a quienes cobren menos de 14.000 euros al año. Bien, pero recordemos de entrada que las rentas inferiores a 12.000 euros hace años que no cotizan. Ya vamos acotando ventajas.

Si dividimos los casi 20 millones de impositores españoles en deciles, comprobamos además que los dos deciles más pobres, cuatro millones de españoles, no obtienen rebaja alguna en su fiscalidad, cero. Y de los tres deciles siguientes, otros cuatro millones no verán un euro extra con la rebaja. Tan solo dos millones de españoles obtendrán un beneficio medio de 35 euros mensuales de media.

Es decir, toda la operación para legitimar el recorte de 9.000 millones de euros en el gasto público tan solo beneficiará a dos millones de personas en 35 euros mensuales más para sus bolsillos.

¿Seguro? No tanto, porque si Montoro y Garicano les permiten mantener 35 euros más en el bolsillo derecho, no es menos cierto que les están quitando mucho más del bolsillo izquierdo merced a los recortes en prestaciones sociales. ¿Compensarán esos 35 euros de rebaja impositiva los tijeretazos en becas, en salud pública, en atención a dependientes o en vivienda social? Definitivamente no.

Además, ¿qué hay de los otros ocho millones de contribuyentes más pobres que ni tan siquiera verán esos 35 euros extras en el bolsillo derecho? Estos sufrirán los recortes en el Estado de Bienestar sin compensación fiscal alguna.

¿Y si además de recortar unos poquitos impuestos a las rentas más bajas los aumentáramos para las rentas más altas? ¿Y si nos atreviéramos a equiparar la tributación de las rentas del capital con lo que tributan las rentas del trabajo? ¿Y si estableciéramos una base imponible común en la zona euro para evitar la elusión fiscal de las grandes empresas? ¿Y si garantizáramos un tipo efectivo razonable en el impuesto de sociedades?

¿Y si en lugar de hacer frases tramposas para justificar nuevos recortes nos dedicáramos a generar ingresos suficientes para atender los gastos necesarios?

¿Y si rascamos un poco más en los bolsillos más llenos?

El dinero de los ciudadanos estará mejor allí donde mejor contribuya a construir una sociedad más justa.

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