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Archive for the ‘economía’ Category

El Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento el llamado “techo de gasto”, que define las grandes líneas de su proyecto presupuestario para 2018. El PSOE ha votado en contra de la fórmula pactada por PP y Ciudadanos a base de recortes importantes de gasto público y bajadas relativas de impuestos.

El gran argumento de la derecha para defender esta política presupuestaria se resume en la afirmación de que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Suena bien, pero ¿realmente es así? El portavoz socialista Pedro Saura solicita con razón que Montoro aclare a qué bolsillos se refiere concretamente.

El presupuesto que el reprobado Ministro de Hacienda dibuja para el año próximo calcula un aumento del gasto de poco más del 2% para un PIB que crecerá nominalmente por encima del 4%. Por tanto, y de entrada, el gasto público perderá peso respecto a la riqueza generada.

Además, la senda de cumplimiento del déficit reserva para las Comunidades Autónomas el ajuste más duro: del 0,6% en 2017 al 0,4% en 2018, tras la última rectificación. Y recordemos que las administraciones autonómicas son las responsables de gestionar los principales servicios del Estado de Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales…

En total, los recortes previstos en el gasto público ascienden a más de 9.000 millones de euros, de los que más de 2.000 corresponderán a las autonomías.

Al reprobado Ministro de Hacienda se le ha repetido que está bien procurar la reducción del déficit en etapas de crecimiento. Pero hay dos maneras de hacerlo, grosso modo. Montoro quiere bajar el 41% de gastos hasta el 38% de ingresos, siempre sobre PIB. Mientras que otros consideramos que quizás puede hacerse a la inversa, es decir, elevando el 38% de ingresos hasta el 41% de gastos.

Es la diferencia entre aspirar a una sociedad justa o renunciar a lograrlo.

PP y Ciudadanos han pactado eximir de tributar por IRPF a quienes cobren menos de 14.000 euros al año. Bien, pero recordemos de entrada que las rentas inferiores a 12.000 euros hace años que no cotizan. Ya vamos acotando ventajas.

Si dividimos los casi 20 millones de impositores españoles en deciles, comprobamos además que los dos deciles más pobres, cuatro millones de españoles, no obtienen rebaja alguna en su fiscalidad, cero. Y de los tres deciles siguientes, otros cuatro millones no verán un euro extra con la rebaja. Tan solo dos millones de españoles obtendrán un beneficio medio de 35 euros mensuales de media.

Es decir, toda la operación para legitimar el recorte de 9.000 millones de euros en el gasto público tan solo beneficiará a dos millones de personas en 35 euros mensuales más para sus bolsillos.

¿Seguro? No tanto, porque si Montoro y Garicano les permiten mantener 35 euros más en el bolsillo derecho, no es menos cierto que les están quitando mucho más del bolsillo izquierdo merced a los recortes en prestaciones sociales. ¿Compensarán esos 35 euros de rebaja impositiva los tijeretazos en becas, en salud pública, en atención a dependientes o en vivienda social? Definitivamente no.

Además, ¿qué hay de los otros ocho millones de contribuyentes más pobres que ni tan siquiera verán esos 35 euros extras en el bolsillo derecho? Estos sufrirán los recortes en el Estado de Bienestar sin compensación fiscal alguna.

¿Y si además de recortar unos poquitos impuestos a las rentas más bajas los aumentáramos para las rentas más altas? ¿Y si nos atreviéramos a equiparar la tributación de las rentas del capital con lo que tributan las rentas del trabajo? ¿Y si estableciéramos una base imponible común en la zona euro para evitar la elusión fiscal de las grandes empresas? ¿Y si garantizáramos un tipo efectivo razonable en el impuesto de sociedades?

¿Y si en lugar de hacer frases tramposas para justificar nuevos recortes nos dedicáramos a generar ingresos suficientes para atender los gastos necesarios?

¿Y si rascamos un poco más en los bolsillos más llenos?

El dinero de los ciudadanos estará mejor allí donde mejor contribuya a construir una sociedad más justa.

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El Gobierno del PP y el grupo parlamentario de Ciudadanos han acordado dedicar 500 millones de euros del erario público para lo que llaman “complementos salariales”, destinados a trabajadores jóvenes con salarios más reducidos. Además, plantean obtener estos recursos de los fondos que la Comisión Europea transfiere a nuestro país en el marco del programa “Garantía Juvenil”, cuyo objetivo es mejorar la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los más jóvenes.

No es una buena idea. Por tres razones, al menos. El primer error es recurrente en la regulación del mercado laboral por parte de la derecha española, porque limita sus políticas activas de empleo a subvencionar a los empresarios contratantes, bien con reducciones en las cotizaciones sociales, bien con rebajas fiscales o bien con ayudas casi directas como las que se plantean con estos complementos.

Pero es que estas políticas de subvención no funcionan, porque está comprobado que un empresario no contrata a un joven tan solo ni fundamentalmente en razón a lo barato que le resulte su salario. Le contratará, en primer lugar, si le necesita. Y le contratará, en segundo lugar, si el joven referido cuenta con la formación y las habilidades que le son útiles en su empresa.

El segundo error es grave. Porque esta medida premia precisamente a los empleadores más cicateros, a aquellos que pagan salarios más bajos a sus trabajadores jóvenes. Incluso se incentivan los acuerdos espurios para rebajar el salario a aportar por la empresa a fin de obtener la compensación pública. Resulta injusto sufragar con dinero público el salario que no está dispuesto a pagar el empresario que se está beneficiando del esfuerzo del trabajador joven.

Y el tercer error tiene que ver con el fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos precisamente con los recursos que Europa destina a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españoles. Porque estos fondos que nos envía la Comisión Europea no tienen como objeto ahorrar a unos cuantos empleadores los salarios que debieran salir de sus empresas, sino invertir los recursos que el Gobierno español regatea para que nuestros jóvenes mejoren sus capacidades y habilidades de cara a su integración en el mercado laboral.

La derecha española está haciendo el camino que los conservadores británicos en el Gobierno ya están desandando, en virtud de su experiencia. Una de las últimas medidas del Primer Ministro Camerón antes de su dimisión fue precisamente la de elevar el salario mínimo para reducir la factura desmesurada y abusiva que el erario público del Reino Unido estaba pagando en materia de complementos salariales. Iban ya por encima de los 7.000 millones de libras anuales, y los resultados no estaban siendo eficaces en modo alguno.

En algo tienen razón los autores de esta propuesta. Las políticas activas de empleo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la integración laboral de los jóvenes, llevan mucho tiempo fracasando en nuestro país. De hecho, el Tribunal de Cuentas europeo acaba de denunciar en un informe muy duro que el Estado español está resultando el más ineficiente en la aplicación de los fondos destinados a garantizar un contrato laboral o una acción formativa a los jóvenes menores de 25 años.

Los fondos europeos deben asignarse a políticas eficaces para la mejora de la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los jóvenes, y no a premiar con recursos públicos a aquellos empleadores menos dispuestos a pagar salarios justos a los trabajadores más vulnerables de nuestro país.

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Durante estos días se tramita en el Congreso de los Diputados una de esas leyes que afectan decisivamente a las condiciones de vida de millones de personas, pero que no son objeto de gran atención pública, por carecer de los habituales resortes de controversia en los medios de comunicación. Es la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, categoría en la que participan más de 3,2 millones de españoles, debidamente dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social.

La derecha económica y política ha construido toda una épica en torno al “emprendimiento”, a los “emprendedores”, al “háztelo tú mismo”, al “sé tu propio jefe”, al “triunfa desde tu garaje como Gates o como Jobs”… Cuantos más parados se animen a desinflar las cifras del desempleo, mejor, aunque no siempre se “emprenda” en las condiciones mínimas debidas.

De hecho, la realidad cotidiana para la gran mayoría de los “emprendedores” españoles de verdad tiene poco de épica y mucho de obstáculos, de precariedad y de discriminación en el ejercicio de derechos que consideramos básicos para otros tipos de trabajadores.

El Partido Popular y, sobre todo, Ciudadanos han creído descubrir en el colectivo de trabajadores por cuenta propia un caladero privilegiado de votos, y campaña tras campaña se vuelcan en discursos, eslóganes, fotos y promesas de todo tipo. La realidad, sin embargo, es que desde la promulgación de la vigente ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en el año 2006 y con gobierno socialista, pocos avances reales se han producido para mejorar las condiciones de trabajo y de vida para estas personas.

En el inicio de la presente legislatura Ciudadanos y PP pactaron una doble iniciativa relacionada con los trabajadores autónomos: una ley de medidas urgentes y una subcomisión parlamentaria de estudio. No obstante, y más allá de toda la propaganda habitual, el resultado tiene visos de ser un fiasco.

Primero por el orden curioso con que han decidido afrontar el trabajo. Este será el primer proceso legislativo en el que primero se hace la ley y después se abre una comisión de estudio y propuesta. ¿Por qué lo hacen así? Para incluir en la ley las medidas fáciles y baratas, derivando las difíciles y costosas al estudio sin mayores consecuencias. La segunda frustración tiene que ver con el contenido, porque la propuesta a discutir solo contiene seis artículos de alcance menor. Y porque la mayor parte de los compromisos suscritos por Ciudadanos con PP y con PSOE han sido vetados por el grupo que apoya al Gobierno.

En consecuencia, el proyecto en tramitación habla de la modulación de recargos por ingresos fuera de plazo en la Seguridad Social, por poner un ejemplo ilustrativo, pero obvia las soluciones a todos los grandes problemas que de verdad sufren los trabajadores autónomos. No hay ni rastro de ayudas a la financiación. Nada sobre cómo afrontar la morosidad excesiva, en lo público y en lo privado. Nada sobre la mejora de la fiscalidad que se demanda vivamente. Nada sobre el fraude creciente de los falsos autónomos explotados. Muy poco sobre la equiparación de prestaciones sociales con el régimen general de la Seguridad Social, en cese de actividad, en accidentes de trabajo, en formación profesional.

Y ahí es donde están los auténticos desafíos. Los autónomos no necesitan más ánimo o más alabanza a su valentía y su esfuerzo. Lo que necesitan son ayudas para financiar sus proyectos, y reglas claras para que les paguen las facturas pendientes, y facilidades para optar a los concursos públicos en igualdad de condiciones con las grandes empresas, y trámites administrativos más simples,  y una legislación que no les empobrezca cuando caen enfermos o han de jubilarse…

Nuestro propósito será el de atender estos retos auténticos durante la tramitación de la ley. Menos jabón y más solución.

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Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

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Como viene siendo habitual en nuestro país, la controversia sobre lo irrelevante oculta el debate sobre lo auténticamente relevante. Durante estos días se está tramitando en el Congreso de los Diputados una iniciativa Legislativa Popular firmada por los sindicatos UGT y CCOO, con el propósito de instaurar un Ingreso Mínimo para personas en situación de vulnerabilidad social. En Finlandia una experiencia mucho más modesta monopoliza la atención de la opinión pública. Aquí apenas nos enteramos unos pocos.

La iniciativa sobre el Ingreso Mínimo responde a dos escenarios relativamente nuevos. El primero es el de las dramáticas consecuencias de la crisis iniciada en 2008, y de la gestión injusta de la crisis, en términos de paro masivo y empobrecimiento muy generalizado. El segundo tiene más fondo y está relacionado con las derivadas de una revolución tecnológica que augura economías con menos necesidad de trabajo para producir y, por tanto, con sociedades cada vez más alejadas del pleno empleo.

La gestión que los Gobiernos del PP han hecho de la crisis nos ha conducido a unos niveles insoportables de desempleo cronificado, de devaluación salarial y de recortes de derechos sociales. La expulsión de millones de familias a la marginalidad social ha coincidido además con un debilitamiento relevante en los mecanismos de protección social a cargo de las administraciones públicas, merced a las políticas de austeridad y al control draconiano de los déficits. Esta iniciativa ayudará a sobrevivir a los integrantes de más de 700.000 hogares que carecen hoy de cualquier tipo de ingresos.

Al mismo tiempo hemos de atender a la realidad de una revolución tecnológica en marcha que, al parecer y por vez primera, conllevará un balance neto de empleo negativo. Es decir, la robotización de los procesos productivos destruirá más empleos de los que creará. El problema es evidente para las sociedades que han hecho del empleo un factor clave de socialización. Y la dificultad también es importante para la izquierda, que siempre vinculó renta a empleo, y pobreza a falta de empleo.

¿Habrá que ir pensando en romper este vínculo tradicional? ¿Deberemos articular mecanismos públicos para asegurar una renta a todas las personas, al margen de la situación de empleo o desempleo? La iniciativa de los sindicatos apuesta por mantener la relación entre renta y empleo, acertadamente a mi juicio. La productividad extra que proporcionan los robots debe contribuir a financiar un nuevo reparto de los tiempos de trabajo disponible, así como las actividades intensivas en mano de obra para el cuidado de las personas y el medio ambiente. Y tiene que financiar también, vía fiscal, los ingresos mínimos que han de asegurar una vida digna a quienes se queden fuera del mercado laboral.

La fórmula elegida por los sindicatos para incorporar este Ingreso Mínimo al sistema vigente de protección pública se asemeja mucho al planteado por el PSOE en su programa electoral. Se trataría de una nueva prestación no contributiva en el ámbito de la Seguridad Social, financiada por los Presupuestos Generales del Estado. La cuantía tendría como referencia el 80% del IPREM, con complementos según las cargas familiares. Los requisitos serían la carencia de recursos (por debajo del 75% del SMI) y la demanda de empleo. La duración, mientras dure la necesidad. Como vocación última, la reinserción laboral del beneficiario, mediante políticas activas de empleo.

Hay otras fórmulas, pero son peores. La renta universal desvincula ingresos desempleo. El complemento salarial subvenciona los recortes en los sueldos.

Esta no puede ser una medida aislada. Para alcanzar una salida justa de la crisis y para construir una sociedad más justa hace falta adoptar otras muchas medidas, como derogar la reforma laboral, como ampliar nuestro incipiente Estado de Bienestar, como mejorar la cobertura pública de las prestaciones contributivas por desempleo…

Se trata, no obstante, de una buena iniciativa. Porque una sociedad que combate decididamente la pobreza es una sociedad más justa. Pero también es una sociedad más equilibrada, y más eficiente, y más exitosa. Y más digna. Y a quienes no convenzan estos argumentos, que atiendan uno último y más perentorio: o hacemos viable nuestra sociedad, o acabará reventando.

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simancas040117

El Gobierno se ha apresurado a celebrar por todo lo alto las cifras oficiales de empleo correspondientes al año 2016. Cada español que abandona las listas del paro registrado, aunque sea por poco tiempo y de manera precaria, supone una buena noticia. Sin embargo, es un error grave celebrar unos datos que aún recogen 3,7 millones de parados registrados, más otro millón sin registrar, según la EPA. Y sobre todo, constituye todo un alarde de ceguera política e insensibilidad social lanzar las campanas al vuelo ante un panorama laboral cada día más inestable, precario y pobre.

Más del 95% de los contratos laborales firmados en 2016, de los que presume el Gobierno con alharacas y fuegos artificiales, han sido contratos con duración limitada y salarios muy reducidos. Solo el 4% de estos contratos fueron indefinidos a tiempo completo, y más de un tercio lo han sido por tiempo parcial, por días o por horas. De hecho, más de seis millones de los trabajadores españoles se ven obligados sostener sus familias con salarios inferiores a los 650 euros mensuales. Ese decir, son trabajadores pobres.

Este es el modelo de competitividad al que este Gobierno ha apostado el crecimiento económico en España: una competitividad basada en salarios de miseria y recortes de derechos laborales. Este es el país que nos ofrece la reforma laboral que el PP se empeña en mantener vigente: España, país de empleo basura.

El paro y la precariedad laboral se ceba especialmente en las mujeres. Contamos con 418.000 paradas más que parados, y durante el último año el paro se ha reducido entre los hombres hasta cinco puntos más que entre las mujeres. Durante el mes de diciembre de 2016, ellos firmaron 10.000 contratos indefinidos más que ellas.

Las consecuencias de la precariedad laboral creciente alcanzan dramáticamente a las cuentas de la Seguridad Social, como era de prever. A pesar de la disminución del paro registrado y del aumento de las afiliaciones, la tesorería de la Seguridad Social ha ingresado por cotizaciones sociales hasta 15.000 millones de euros menos respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2016, y el déficit anual quedará cerca de los 20.000 millones. ¿Por qué? Porque el empleo creado es de calidad ínfima y los salarios no cesan de disminuir.

El cuadro de la precariedad laboral se cierra con las cifras relativas a las prestaciones por desempleo. La cobertura bruta quedó en noviembre de 2016 en el 55,66%, casi 15 puntos menos que en 2011, con Gobierno socialista. Es decir, casi la mitad de los parados no cuenta con ayuda del Estado.

La calidad de las prestaciones tampoco para de caer: ya solo el 40% de las ayudas tiene carácter contributivo, por un 60% de ayudas asistenciales, más reducidas estas últimas. Entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2016, las solicitudes de prestación por desempleo crecieron, por haber crecido la necesidad entre los parados, mientras que el gasto se redujo de 1.671 millones de euros a 1.531 millones.

Más allá de las estadísticas oficiales, no hay nada que celebrar en el panorama laboral de nuestro país. Somos cada día más un país de empleos precarios y salarios bajos, que no invita a sus empresas a competir por la vía de la innovación y de la calidad. Este es el camino de las economías débiles e injustas.

La bandera de este modelo injusto de país es la reforma laboral del PP. Por eso nos empeñamos cada día en derogarla, de raíz. Por un país con buenos empleos.

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simancas241116

El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración una proposición de ley con el objeto de subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, tal y como obliga la Carta Social Europea que nuestro país suscribe. Salió adelante con los 173 votos de PSOE (que tiene registrada la propuesta), Podemos (que la incluyó en orden del día) y otros grupos, a pesar del voto contrario del PP (137) y la abstención de Ciudadanos (30).

Se trata de una medida muy relevante, con una gran repercusión social, que adelanta en buena medida las posibilidades que ofrecen las mayorías alternativas al acuerdo PP-Ciudadanos en las Cortes Generales.

Para justificar su oposición a la subida salarial, el PP amenazó con la llegada de los cuatro jinetes del Apocalipsis, desde la inflación desatada y los despidos masivos, al cierre de empresas y la pérdida dramática de ingresos públicos. La realidad, sin embargo, es que el apocalipsis lo están sufriendo ya, merced a las políticas del PP, el 13,2% de trabajadores pobres con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

La subida del salario mínimo resulta indispensable para recuperar la grave devaluación salarial que se ha producido durante los cinco últimos años, a causa de la reforma laboral del PP y su estrategia para ganar competitividad de la peor manera posible, mediante la rebaja de los sueldos y los derechos de los trabajadores. Porque un país que apuesta su desarrollo a los salarios bajos es un país socialmente injusto, económicamente débil y democráticamente enfermo.

La fijación del salario mínimo es un instrumento clave para las políticas de cohesión social, para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores y para prevenir y combatir, por tanto, la pobreza y la exclusión social. De hecho, la Agencia Tributaria nos dice que en 2015 el 34% de los trabajadores, más de 5,5 millones, cobró salarios por debajo de los 655 euros mensuales del mínimo vigente, a causa de los contratos precarios.

La evolución del salario mínimo durante los cinco últimos años constituye la secuencia más empobrecedora desde su instauración durante la dictadura franquista. En 2012 y 2014 se congeló, y las subidas mínimas de 2013, 2015 y 2016 no recuperaron lo perdido. Por el contrario, durante los gobiernos socialistas entre 2004 y 2011, el salario mínimo pasó de 460 a 641 euros al mes, un 40% de incremento, a pesar de los años de crisis a partir de 2008.

Los salarios bajos, la precariedad laboral y el aumento de la pobreza son fenómenos que sedan la mano en nuestro país: un 28,6% de españoles viven bajo el umbral de la pobreza, según Intermón-Oxfam. El Índice de Precios del Trabajo refleja una caída de la capacidad de compra de los salarios del 9% entre 2008 y 2014. Los salarios por debajo de 655 euros se redujeron en un 15% entre 2011 y 2014, por una subida del 10,4% en los salarios por encima de 3.353 euros.

La participación de las rentas del trabajo en la renta nacional retrocedió desde el 51,6% en 2008 hasta el 47,7% en 2015. Los salarios vinculados a contratos temporales se situaron en 2014 un 31% por debajo del salario medio… Y a todo esto, España mantiene un salario mínimo a la mitad de los salarios mínimos de nuestros vecinos europeos: 764 euros en 12 pagas en España, por 1.343 en Reino Unido, 1.440 en Alemania, 1.446 en Francia y 1.531 en Bélgica.

Si existen razones de justicia social para subir el salario mínimo, también son relevantes los argumentos de racionalidad económica. La derecha aplica la doctrina liberal que confía la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de la economía a la flexibilidad en el mercado de trabajo y a los bajos salarios. Pero es que, además de provocar desigualdad, empobrecimiento e injusticias, la fórmula no funciona.

Los modelos económicos que basan su crecimiento en salarios bajos acaban desincentivando la adopción de decisiones que sí generan competitividad y sí fortalecen la economía, como la innovación, la investigación, la formación y la internacionalización. Estos modelos siempre acaban encontrando, además, competidores dispuestos a rebajar aún más los salarios de sus trabajadores.

¿Alguien puede sostener que la economía española es, con 655 euros de salario mínimo, una economía más competitiva que la alemana, con 1.440? Hasta el FMI alerta ya de los riesgos inherentes a estos modelos errados de competitividad: caída en los estímulos a la formación, caída del consumo y la demanda interna, descrédito institucional…

Las economías más fuertes y competitivas son precisamente las economías más justas y equitativas, las que apuestan por la formación, la calidad de los empleos y los salarios dignos.

Un argumento más: el puramente democrático. La desigualdad es el principal enemigo de la democracia. No hay mayor disolvente en la credibilidad y la estabilidad de la democracia que las desigualdades crecientes y la desesperanza de la mayoría por su propio futuro y el de sus hijos. Desigualdad, populismo y riesgo para la democracia son caras de la misma moneda.

Cuando el ciudadano desesperado acude al médico y el médico no le escucha o no le resuelve sus problemas, el ciudadano acude al curandero, o al brujo, o al chamán o al taumaturgo. No le resolverá los problemas. Se los agravará, incluso, pero le proporcionará una manera de encauzar su frustración y su enfado.

No se combate el populismo negando los problemas, o esgrimiendo inmovilismo o resignación frente al liquidacionismo, o rechazando propuestas sensatas como la de subir el salario mínimo. El populismo se combate cambiando la realidad en el sentido de la equidad y la justicia.

En eso estamos.

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