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Archive for the ‘economía’ Category

El próximo martes 12 de diciembre subiré una vez más al estrado de oradores del Congreso de los Diputados con objeto de reclamar medidas para combatir la desigualdad y la pobreza crecientes en nuestra sociedad. En esta ocasión se trata de exigir el aumento de las pensiones que cobran las viudas más pobres.

Lo haré con la satisfacción del cumplimiento de un deber político y moral. Pero lo haré también consciente de que el rechazo previsible a estas demandas seguirá acrecentando el número de quienes se sienten cada vez más alejados de un sistema que consolida y profundiza las injusticias.

La cuestión es como sigue. Una disposición adicional de la ley de pensiones del año 2011 mandataba al Gobierno para incrementar progresivamente la cuantía de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años en riesgo de pobreza. La llegada del PP al Gobierno supuso el aplazamiento de tal medida por razones de equilibrio presupuestario en un contexto de crisis.

Aun siendo discutible la paralización de esta medida en los años duros de recesión económica, lo que resulta absolutamente inaceptable es que las viudas más pobres sigan esperando su aplicación tras varios años de crecimiento económico. Pero así ha sido durante los seis últimos ejercicios. Y el caso es que las viudas más necesitadas cobran hoy casi un 12% menos en sus pensiones de lo que les corresponde según aquella ley de 2011.

Por tanto, la exigencia que planteamos al Gobierno tiene varias razones. La primera es de justicia social, porque los pensionistas en general y las viudas en particular están empobreciéndose gravemente desde que gobierna el PP.

A la inaplicación de la medida mencionada hay que añadir un índice limitado de revalorización anual de pensiones, el 0,25%, que sistemáticamente se queda por debajo de la subida de los precios. Y a esto hay que sumar los copagos farmacéuticos, y la retirada de 400 medicamentos del sistema nacional de salud, y la subida del recibo de la luz un 7%…

La segunda razón tiene que ver con el Estado de Derecho. Si exigimos a la ciudadanía el sometimiento al imperio de la ley, no cabe que el Gobierno se lo salte, por razones espurias además.

Hace escasos días, PP y Ciudadanos respaldaron al Gobierno vetando la tramitación de una propuesta de Ley socialista que obligaba a la Seguridad Social a aplicar inmediatamente la subida de las pensiones de viudedad más bajas. El argumento era el del coste. Al parecer, el coste de 800 millones de euros que podría tener esta medida desequilibraba de una manera insoportable el presupuesto de un Estado que ha rescatado a los bancos con 40.000 millones y que aflorado otros 40.000 millones de dinero negro con una amnistía fiscal vergonzosa.

Y esto me lleva a la razón definitiva para la defensa de la moción del martes 12: la razón de la defensa del sistema democrático. Porque los poderes públicos no pueden adoptar decisiones que sus responsables son incapaces de explicar. ¿Cómo explicar que el Gobierno de una economía que crece a más del 3%, y que rescata autopistas de peaje con miles de millones de recursos públicos, se niega a financiar con 800 millones una subida mínima en las pensiones de las viudas más pobres?

Cuidado con seguir estirando la cuerda de la desigualdad. Un día puede romperse.

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De los papeles de Panamá a los papeles de la Castellana, y ahora los papeles del Paraíso. Los escándalos sobre elusión y fraude fiscal a gran escala se suceden alumbrando cifras cada vez más astronómicas y protagonistas de relevancia social creciente. Pero más allá del análisis superficial y el comentario frívolo, estos comportamientos merecen una valoración contundente, porque socavan gravemente el crédito de las instituciones democráticas y alimentan el monstruo devastador del populismo.

El último episodio denunciado por una plataforma internacional de periodistas de investigación saca a la luz más de 13 millones de documentos que afectan a más de 120 mil personas físicas y jurídicas. Los ciudadanos y las empresas en cuestión contrataron los servicios offshore de un par de bufetes especializados en administrar recursos en hasta 19 paraísos fiscales situados en todo el mundo, desde Malta a Panamá pasando por Singapur. La singularidad de estos paraísos está en la garantía de secretismo para los depósitos y en los impuestos muy reducidos.

Pudiera pensarse que tal práctica es propia fundamentalmente de personajes asociados al terrorismo internacional, a la corrupción, al narcotráfico o al lavado de dinero procedente de actividades criminales. Pero no es así. Muchos de los clientes detectados en estos servicios son grandes empresas muy conocidas y personajes de aparente prestigio procedentes de la política, el deporte, la cultura e, incluso, la realeza europea.

El daño que ocasionan estos escándalos en nuestras sociedades es tremendamente grave. No solo por los recursos que se hurtan a las correspondientes agencias tributarias, con los que han de financiarse las políticas y los servicios públicos. La plena conciencia sobre la generalización de estas conductas mina lo que los economistas llaman “moral fiscal”, esto es, la disposición de los ciudadanos para cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales.

Si las grandes empresas con grandes beneficios y los grandes personajes públicos se las arreglan para no pagar lo que deben, ¿cómo concienciar a los ciudadanos de a pie para pagar sus facturas con IVA y no buscar triquiñuelas en el IRPF?

En España, además, a estos escándalos internacionales hay que sumarles el escándalo doméstico de la amnistía fiscal del PP, mediante la que se lavaron más de 40.000 millones de euros en dinero negro, al módico precio del 3%. La moraleja está clara: si cumples con Hacienda, pagas entre el 19% y el 45% de tu renta; si escondes tu dinero y te acoges a la amnistía de Montoro, tan solo pagas el 3%. Resulta demoledor comprobar que muchos de los implicados en los principales casos de corrupción han utilizado esta vía para aflorar sus botines: Rato, Bárcenas, Granados, Marjaliza, López Viejo…

La aparición de Xavier Trias en los papeles del Paraíso es particularmente grotesca. Tras encabezar todas las manifestaciones en defensa de la patria catalana y esgrimir todo tipo de falsos agravios por parte del resto de España, resulta que tanto patriotismo no impedía al portavoz secesionista en Barcelona ocultar su patrimonio en paraísos fiscales, a fin de no pagar los impuestos que requería el sostenimiento de su patria.

Sin embargo, la ciudadanía está harta de estar harta, si vale la expresión. El recorrido de estos escándalos siempre es parecido. Gran impacto, grandes declaraciones de condena, golpes de pecho, promesas de remedio. Y después nada. Porque los intereses en juego son relevantes e influyentes. Por parte de los clientes directamente beneficiados, y por parte de los propios Estados-Paraíso que obtienen un rendimiento tan importante como ilegítimo.

¿Hay solución? Desde luego, pero implica la adopción de decisiones valientes. Se pueden prohibir y erradicar los paraísos fiscales que existen de facto en la propia Unión Europea y que contravienen los mismísimos principios fundacionales de igualdad y solidaridad: Malta, Luxemburgo, Irlanda, Gibraltar… Se pueden generalizar y homogeneizar las obligaciones relativas a la transparencia financiera y tributaria, además de establecer horquillas comunes y debidamente estrechas en los tipos impositivos, para que no se compita con los impuestos de forma desleal. Y se puede castigar duramente a aquellas empresas y particulares que hagan operaciones con los paraísos fiscales aún no erradicados.

Puestos a identificar aquellas conductas que deterioran nuestro sistema democrático y nuestra convivencia de manera más grave, la elusión y el fraude fiscal han de situarse sin duda a la altura del terrorismo.

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Durante estos días ha visitado España el escritor bosnio Velibor Colic, con motivo de la promoción de su último libro, Manual de Exilio. La evocación de sus terribles experiencias como combatiente huido de la guerra de los Balcanes ha estremecido a muchos, entre los que me encuentro.

Para expresar la aversión al nacionalismo causante de tantos desastres en Europa, Colic suele utilizar la imagen de sus paseos vespertinos entre las ciudades de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania). Son apenas diez minutos sobre el Pont du Rhin y su maravilloso paisaje. Y es inevitable el recuerdo de las tres guerras y los millones de muertos ocasionados desde 1870 por la ideología terrible que trazó una frontera de rencores absurdos entre ambas ciudades.

Quien esto escribe nació precisamente en esa pequeña villa del oeste germano y he de coincidir con el pensamiento de aquel desertor del drama balcánico, reconvertido hoy en testigo legítimo y fiel de los peligros que encierra la bestia del nacionalismo exacerbado. Colic distingue entre los políticos que resuelven problemas y los políticos que los crean, y advierte contra el resurgir de los segundos en muchos países de Europa.

Y en esta misma semana, mientras el nacionalismo catalán perseveraba en su afán por socavar la convivencia democrática en Cataluña, hemos sido una mayoría los diputados, catalanes y no catalanes, en protagonizar al menos dos buenos ejemplos de la otra política, la que persigue soluciones para la gente. Porque en esta semana se han aprobado en el Congreso sendas iniciativas para garantizar el registro veraz de la jornada laboral y para recuperar el subsidio destinado a desempleados mayores de 52 años.

Reconozco que ambas conquistas no cuentan con el glamour de esos grandes conceptos de la independencia y la república. Admito también que nuestro logro carece de la épica de esas otras reivindicaciones, como la autodeterminación y el pueblo en pie. Incluso asumiré que no hay comparación posible entre defender una simple proposición de ley y la emoción de cantar els segadors frente a un enemigo cierto, aunque sea ciertamente inventado.

No obstante, espero que muchos entiendan mi satisfacción en el día de hoy por pertenecer a ese colectivo de políticos que aspiran con toda modestia a mejorar la vida de sus representados, sin apelar necesariamente a sus vísceras, sin dibujar fronteras de separación y sin instar a que nadie odie a nadie.

Eso es. Esta semana hemos dado un paso firme contra la explotación de muchos empleados con jornadas de trabajo que no se contabilizan, que no se reconocen, que no se pagan y por las que no se cotiza. Y esta semana hemos sumado muchas voluntades para que los parados más vulnerables, aquellos que han sobrepasado los 50 años de edad y no logran encontrar empleo, cuenten con el respaldo del Estado para asegurarles una vida digna, a ellos y a sus familias.

Hoy no llego a casa con el alma henchida por el flamear de las banderas y el tronar de los himnos. Pero dormiré con la conciencia tranquila por haber contribuido humildemente a que muchos de mis semejantes vivan un poco mejor, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y sientan la bandera que sientan.

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El Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento el llamado “techo de gasto”, que define las grandes líneas de su proyecto presupuestario para 2018. El PSOE ha votado en contra de la fórmula pactada por PP y Ciudadanos a base de recortes importantes de gasto público y bajadas relativas de impuestos.

El gran argumento de la derecha para defender esta política presupuestaria se resume en la afirmación de que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Suena bien, pero ¿realmente es así? El portavoz socialista Pedro Saura solicita con razón que Montoro aclare a qué bolsillos se refiere concretamente.

El presupuesto que el reprobado Ministro de Hacienda dibuja para el año próximo calcula un aumento del gasto de poco más del 2% para un PIB que crecerá nominalmente por encima del 4%. Por tanto, y de entrada, el gasto público perderá peso respecto a la riqueza generada.

Además, la senda de cumplimiento del déficit reserva para las Comunidades Autónomas el ajuste más duro: del 0,6% en 2017 al 0,4% en 2018, tras la última rectificación. Y recordemos que las administraciones autonómicas son las responsables de gestionar los principales servicios del Estado de Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales…

En total, los recortes previstos en el gasto público ascienden a más de 9.000 millones de euros, de los que más de 2.000 corresponderán a las autonomías.

Al reprobado Ministro de Hacienda se le ha repetido que está bien procurar la reducción del déficit en etapas de crecimiento. Pero hay dos maneras de hacerlo, grosso modo. Montoro quiere bajar el 41% de gastos hasta el 38% de ingresos, siempre sobre PIB. Mientras que otros consideramos que quizás puede hacerse a la inversa, es decir, elevando el 38% de ingresos hasta el 41% de gastos.

Es la diferencia entre aspirar a una sociedad justa o renunciar a lograrlo.

PP y Ciudadanos han pactado eximir de tributar por IRPF a quienes cobren menos de 14.000 euros al año. Bien, pero recordemos de entrada que las rentas inferiores a 12.000 euros hace años que no cotizan. Ya vamos acotando ventajas.

Si dividimos los casi 20 millones de impositores españoles en deciles, comprobamos además que los dos deciles más pobres, cuatro millones de españoles, no obtienen rebaja alguna en su fiscalidad, cero. Y de los tres deciles siguientes, otros cuatro millones no verán un euro extra con la rebaja. Tan solo dos millones de españoles obtendrán un beneficio medio de 35 euros mensuales de media.

Es decir, toda la operación para legitimar el recorte de 9.000 millones de euros en el gasto público tan solo beneficiará a dos millones de personas en 35 euros mensuales más para sus bolsillos.

¿Seguro? No tanto, porque si Montoro y Garicano les permiten mantener 35 euros más en el bolsillo derecho, no es menos cierto que les están quitando mucho más del bolsillo izquierdo merced a los recortes en prestaciones sociales. ¿Compensarán esos 35 euros de rebaja impositiva los tijeretazos en becas, en salud pública, en atención a dependientes o en vivienda social? Definitivamente no.

Además, ¿qué hay de los otros ocho millones de contribuyentes más pobres que ni tan siquiera verán esos 35 euros extras en el bolsillo derecho? Estos sufrirán los recortes en el Estado de Bienestar sin compensación fiscal alguna.

¿Y si además de recortar unos poquitos impuestos a las rentas más bajas los aumentáramos para las rentas más altas? ¿Y si nos atreviéramos a equiparar la tributación de las rentas del capital con lo que tributan las rentas del trabajo? ¿Y si estableciéramos una base imponible común en la zona euro para evitar la elusión fiscal de las grandes empresas? ¿Y si garantizáramos un tipo efectivo razonable en el impuesto de sociedades?

¿Y si en lugar de hacer frases tramposas para justificar nuevos recortes nos dedicáramos a generar ingresos suficientes para atender los gastos necesarios?

¿Y si rascamos un poco más en los bolsillos más llenos?

El dinero de los ciudadanos estará mejor allí donde mejor contribuya a construir una sociedad más justa.

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El Gobierno del PP y el grupo parlamentario de Ciudadanos han acordado dedicar 500 millones de euros del erario público para lo que llaman “complementos salariales”, destinados a trabajadores jóvenes con salarios más reducidos. Además, plantean obtener estos recursos de los fondos que la Comisión Europea transfiere a nuestro país en el marco del programa “Garantía Juvenil”, cuyo objetivo es mejorar la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los más jóvenes.

No es una buena idea. Por tres razones, al menos. El primer error es recurrente en la regulación del mercado laboral por parte de la derecha española, porque limita sus políticas activas de empleo a subvencionar a los empresarios contratantes, bien con reducciones en las cotizaciones sociales, bien con rebajas fiscales o bien con ayudas casi directas como las que se plantean con estos complementos.

Pero es que estas políticas de subvención no funcionan, porque está comprobado que un empresario no contrata a un joven tan solo ni fundamentalmente en razón a lo barato que le resulte su salario. Le contratará, en primer lugar, si le necesita. Y le contratará, en segundo lugar, si el joven referido cuenta con la formación y las habilidades que le son útiles en su empresa.

El segundo error es grave. Porque esta medida premia precisamente a los empleadores más cicateros, a aquellos que pagan salarios más bajos a sus trabajadores jóvenes. Incluso se incentivan los acuerdos espurios para rebajar el salario a aportar por la empresa a fin de obtener la compensación pública. Resulta injusto sufragar con dinero público el salario que no está dispuesto a pagar el empresario que se está beneficiando del esfuerzo del trabajador joven.

Y el tercer error tiene que ver con el fraude que supone pagar estos salarios sustitutivos precisamente con los recursos que Europa destina a mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes españoles. Porque estos fondos que nos envía la Comisión Europea no tienen como objeto ahorrar a unos cuantos empleadores los salarios que debieran salir de sus empresas, sino invertir los recursos que el Gobierno español regatea para que nuestros jóvenes mejoren sus capacidades y habilidades de cara a su integración en el mercado laboral.

La derecha española está haciendo el camino que los conservadores británicos en el Gobierno ya están desandando, en virtud de su experiencia. Una de las últimas medidas del Primer Ministro Camerón antes de su dimisión fue precisamente la de elevar el salario mínimo para reducir la factura desmesurada y abusiva que el erario público del Reino Unido estaba pagando en materia de complementos salariales. Iban ya por encima de los 7.000 millones de libras anuales, y los resultados no estaban siendo eficaces en modo alguno.

En algo tienen razón los autores de esta propuesta. Las políticas activas de empleo, especialmente aquellas destinadas a favorecer la integración laboral de los jóvenes, llevan mucho tiempo fracasando en nuestro país. De hecho, el Tribunal de Cuentas europeo acaba de denunciar en un informe muy duro que el Estado español está resultando el más ineficiente en la aplicación de los fondos destinados a garantizar un contrato laboral o una acción formativa a los jóvenes menores de 25 años.

Los fondos europeos deben asignarse a políticas eficaces para la mejora de la formación, la empleabilidad y la inserción laboral de los jóvenes, y no a premiar con recursos públicos a aquellos empleadores menos dispuestos a pagar salarios justos a los trabajadores más vulnerables de nuestro país.

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Durante estos días se tramita en el Congreso de los Diputados una de esas leyes que afectan decisivamente a las condiciones de vida de millones de personas, pero que no son objeto de gran atención pública, por carecer de los habituales resortes de controversia en los medios de comunicación. Es la ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, categoría en la que participan más de 3,2 millones de españoles, debidamente dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social.

La derecha económica y política ha construido toda una épica en torno al “emprendimiento”, a los “emprendedores”, al “háztelo tú mismo”, al “sé tu propio jefe”, al “triunfa desde tu garaje como Gates o como Jobs”… Cuantos más parados se animen a desinflar las cifras del desempleo, mejor, aunque no siempre se “emprenda” en las condiciones mínimas debidas.

De hecho, la realidad cotidiana para la gran mayoría de los “emprendedores” españoles de verdad tiene poco de épica y mucho de obstáculos, de precariedad y de discriminación en el ejercicio de derechos que consideramos básicos para otros tipos de trabajadores.

El Partido Popular y, sobre todo, Ciudadanos han creído descubrir en el colectivo de trabajadores por cuenta propia un caladero privilegiado de votos, y campaña tras campaña se vuelcan en discursos, eslóganes, fotos y promesas de todo tipo. La realidad, sin embargo, es que desde la promulgación de la vigente ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, en el año 2006 y con gobierno socialista, pocos avances reales se han producido para mejorar las condiciones de trabajo y de vida para estas personas.

En el inicio de la presente legislatura Ciudadanos y PP pactaron una doble iniciativa relacionada con los trabajadores autónomos: una ley de medidas urgentes y una subcomisión parlamentaria de estudio. No obstante, y más allá de toda la propaganda habitual, el resultado tiene visos de ser un fiasco.

Primero por el orden curioso con que han decidido afrontar el trabajo. Este será el primer proceso legislativo en el que primero se hace la ley y después se abre una comisión de estudio y propuesta. ¿Por qué lo hacen así? Para incluir en la ley las medidas fáciles y baratas, derivando las difíciles y costosas al estudio sin mayores consecuencias. La segunda frustración tiene que ver con el contenido, porque la propuesta a discutir solo contiene seis artículos de alcance menor. Y porque la mayor parte de los compromisos suscritos por Ciudadanos con PP y con PSOE han sido vetados por el grupo que apoya al Gobierno.

En consecuencia, el proyecto en tramitación habla de la modulación de recargos por ingresos fuera de plazo en la Seguridad Social, por poner un ejemplo ilustrativo, pero obvia las soluciones a todos los grandes problemas que de verdad sufren los trabajadores autónomos. No hay ni rastro de ayudas a la financiación. Nada sobre cómo afrontar la morosidad excesiva, en lo público y en lo privado. Nada sobre la mejora de la fiscalidad que se demanda vivamente. Nada sobre el fraude creciente de los falsos autónomos explotados. Muy poco sobre la equiparación de prestaciones sociales con el régimen general de la Seguridad Social, en cese de actividad, en accidentes de trabajo, en formación profesional.

Y ahí es donde están los auténticos desafíos. Los autónomos no necesitan más ánimo o más alabanza a su valentía y su esfuerzo. Lo que necesitan son ayudas para financiar sus proyectos, y reglas claras para que les paguen las facturas pendientes, y facilidades para optar a los concursos públicos en igualdad de condiciones con las grandes empresas, y trámites administrativos más simples,  y una legislación que no les empobrezca cuando caen enfermos o han de jubilarse…

Nuestro propósito será el de atender estos retos auténticos durante la tramitación de la ley. Menos jabón y más solución.

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Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

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