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TERRORISMO FISCAL

De los papeles de Panamá a los papeles de la Castellana, y ahora los papeles del Paraíso. Los escándalos sobre elusión y fraude fiscal a gran escala se suceden alumbrando cifras cada vez más astronómicas y protagonistas de relevancia social creciente. Pero más allá del análisis superficial y el comentario frívolo, estos comportamientos merecen una valoración contundente, porque socavan gravemente el crédito de las instituciones democráticas y alimentan el monstruo devastador del populismo.

El último episodio denunciado por una plataforma internacional de periodistas de investigación saca a la luz más de 13 millones de documentos que afectan a más de 120 mil personas físicas y jurídicas. Los ciudadanos y las empresas en cuestión contrataron los servicios offshore de un par de bufetes especializados en administrar recursos en hasta 19 paraísos fiscales situados en todo el mundo, desde Malta a Panamá pasando por Singapur. La singularidad de estos paraísos está en la garantía de secretismo para los depósitos y en los impuestos muy reducidos.

Pudiera pensarse que tal práctica es propia fundamentalmente de personajes asociados al terrorismo internacional, a la corrupción, al narcotráfico o al lavado de dinero procedente de actividades criminales. Pero no es así. Muchos de los clientes detectados en estos servicios son grandes empresas muy conocidas y personajes de aparente prestigio procedentes de la política, el deporte, la cultura e, incluso, la realeza europea.

El daño que ocasionan estos escándalos en nuestras sociedades es tremendamente grave. No solo por los recursos que se hurtan a las correspondientes agencias tributarias, con los que han de financiarse las políticas y los servicios públicos. La plena conciencia sobre la generalización de estas conductas mina lo que los economistas llaman “moral fiscal”, esto es, la disposición de los ciudadanos para cumplir voluntariamente con sus obligaciones fiscales.

Si las grandes empresas con grandes beneficios y los grandes personajes públicos se las arreglan para no pagar lo que deben, ¿cómo concienciar a los ciudadanos de a pie para pagar sus facturas con IVA y no buscar triquiñuelas en el IRPF?

En España, además, a estos escándalos internacionales hay que sumarles el escándalo doméstico de la amnistía fiscal del PP, mediante la que se lavaron más de 40.000 millones de euros en dinero negro, al módico precio del 3%. La moraleja está clara: si cumples con Hacienda, pagas entre el 19% y el 45% de tu renta; si escondes tu dinero y te acoges a la amnistía de Montoro, tan solo pagas el 3%. Resulta demoledor comprobar que muchos de los implicados en los principales casos de corrupción han utilizado esta vía para aflorar sus botines: Rato, Bárcenas, Granados, Marjaliza, López Viejo…

La aparición de Xavier Trias en los papeles del Paraíso es particularmente grotesca. Tras encabezar todas las manifestaciones en defensa de la patria catalana y esgrimir todo tipo de falsos agravios por parte del resto de España, resulta que tanto patriotismo no impedía al portavoz secesionista en Barcelona ocultar su patrimonio en paraísos fiscales, a fin de no pagar los impuestos que requería el sostenimiento de su patria.

Sin embargo, la ciudadanía está harta de estar harta, si vale la expresión. El recorrido de estos escándalos siempre es parecido. Gran impacto, grandes declaraciones de condena, golpes de pecho, promesas de remedio. Y después nada. Porque los intereses en juego son relevantes e influyentes. Por parte de los clientes directamente beneficiados, y por parte de los propios Estados-Paraíso que obtienen un rendimiento tan importante como ilegítimo.

¿Hay solución? Desde luego, pero implica la adopción de decisiones valientes. Se pueden prohibir y erradicar los paraísos fiscales que existen de facto en la propia Unión Europea y que contravienen los mismísimos principios fundacionales de igualdad y solidaridad: Malta, Luxemburgo, Irlanda, Gibraltar… Se pueden generalizar y homogeneizar las obligaciones relativas a la transparencia financiera y tributaria, además de establecer horquillas comunes y debidamente estrechas en los tipos impositivos, para que no se compita con los impuestos de forma desleal. Y se puede castigar duramente a aquellas empresas y particulares que hagan operaciones con los paraísos fiscales aún no erradicados.

Puestos a identificar aquellas conductas que deterioran nuestro sistema democrático y nuestra convivencia de manera más grave, la elusión y el fraude fiscal han de situarse sin duda a la altura del terrorismo.

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Algunos de los actores más recientes en la política española se empeñan en distinguir lo que llaman “vieja política” o “régimen del 78” de la “nueva política”, que representarían presuntamente ellos mismos. En esta descalificación peyorativa suelen coincidir, desde perspectivas distintas, tanto los dirigentes de Podemos como los de Ciudadanos y buena parte del universo separatista catalán.

Estos discursos suelen desechar las formas propias de los protagonistas de la Transición como demasiado pactistas y claudicantes, bien con el pasado franquista, bien con los nacionalismos periféricos. La voluntad de encuentro se tacha de complicidad y el propósito del consenso se explica como traición. Se trata de subrayar los méritos supuestos de la “nueva” política desde la autenticidad pura, insobornable, innegociable y no mestiza.

En realidad, lo que algunos llaman contraste entre vieja y nueva política no es sino una reedición en formato actualizado de contrastes muy gastados en la historia española de los dos últimos siglos: el diálogo frente a la discusión; la empatía frente al sectarismo; la concordia frente al cainismo; el consenso frente al disenso; y, en definitiva, la vocación de unir frente a la vocación de dividir. 

¿Por qué aquel valor mayoritario en favor del diálogo y el acuerdo entre diferentes que triunfaba en la Transición cotiza menos en el tiempo actual? Quizás porque se ha atenuado el temor a la repetición de los episodios guerracivilistas. Quizás queda lejos ya el miedo a perder las libertades democráticas que las nuevas generaciones perciben como irreversibles. 

Pero hay motivaciones más prosaicas en el manejo político cotidiano. La crisis económica ha provocado frustraciones y enfados que algunos han decidido rentabilizar antes que atemperar derogando sus causas. Y la ira ciudadana se rentabiliza mejor a corto plazo señalando culpables que proponiendo soluciones.

Además, la representación política se ha fragmentado sobremanera, y los cuarentas por ciento que antes se requerían para influir, ahora se han reducido a unos más asequibles veintitantos por cientos. Para obtener más del 40% de los votos hay que hacer discursos integradores. Para sumar algo más del 20% basta con tener movilizada a la propia parroquia. 

Algunos se preguntan por las razones que llevan, por ejemplo, a Donald Trump a mantener una estrategia de permanente radicalización en la política de su país. De hecho, con solo un 40% de apoyos se ha convertido en el presidente americano más impopular durante el primer año de gestión. Sus cálculos son tan lamentables como efectivos. Simplemente renuncia a sumar más voluntades de las que le bastan para ganar la previsible batalla por la reelección. 

Salvando las distancias geográficas e ideológicas, algo parecido ocurre con los “nuevos” actores políticos en España. A Iglesias, a Rivera y a Puigdemont parecen bastarles los apoyos muy movilizados de sus acólitos para cumplir objetivos de táctica electoral. Si la radicalización les va bien, ¿por qué apostar por el diálogo o el acuerdo? 

El maestro Ignatieff escribió que “los políticos deben descubrir formas de articular lo que nos es común y después impregnar con esa vida en común el tejido de las instituciones”. Porque hacer política honesta es eso, velar por un proyecto común para una ciudadanía compartida. Hacer política de verdad, más nueva o más vieja, consiste en anteponer y cuidar lo que afortunadamente nos une sobre lo que legítimamente nos separa. Y evitar que las ideas diferentes se conviertan en muros insalvables para el afán de una convivencia democrática y saludable. 

El auténtico liderazgo en política no consiste en exacerbar el ánimo de una facción para enfrentarse a otra facción en el seno de una misma sociedad, con los mismos problemas de presente y los mismos desafíos de futuro. Liderar es hacerse con el estado de ánimo del conjunto y, desde las propias ideas, tratar honestamente de conducirlo por el camino del progreso común.

Ese fue el propósito de aquellos grandes hombres y de aquellas grandes mujeres que hicieron posible la maravillosa rareza histórica de la Transición Democrática Española y la Constitución de 1978. Ojalá el carácter de aquella “vieja” política perviviera en mayor medida entre los protagonistas de la política supuestamente “nueva”. 

Este propósito honesto pervive, por cierto, en iniciativas actuales como la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico que el PSOE ha propuesto en el Congreso, con ánimo de fomentar el encuentro y el acuerdo en torno a las reformas pendientes en la organización territorial del Estado.

Y ese mismo propósito anima en estos días a los socialistas catalanes en su discurso, en sus propuestas y en sus alianzas, para hacer del 21-D una oportunidad de encuentro y no un nuevo motivo para el frentismo, el desencuentro y el conflicto. 

¿Sobra la vieja política? No. Los que sobran son los viejos vicios cainitas, demasiado presentes siempre en la historia de la política española.

En las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre se adoptarán decisiones que van más allá de la configuración de un Parlamento autonómico. El resultado que ofrezcan las urnas en esta cita determinará buena parte del futuro social, económico e institucional en Cataluña y en el conjunto de España. En consecuencia, resulta previsible una muy alta participación electoral.

El desenlace del procés fallido tiene dos facetas perfectamente distinguibles. Por un lado corresponde actuar a la Justicia, con total independencia. La fiscalía ha observado la comisión de varios delitos muy graves, y en un Estado de Derecho el esclarecimiento judicial de los delitos y la determinación de las responsabilidades pertinentes no se someten a condiciones de oportunidad política. Nadie está al margen o por encima de la ley.

Por otro lado está la faceta puramente política. Y en este sentido, los electores catalanes habrán de escoger qué escenario prefieren para el día 22 de diciembre y los días posteriores. Si optan por considerar esa jornada como un punto y seguido en la escalada independentista que nos ha arrojado al abismo de la quiebra social, la huida de empresas y la excepcionalidad institucional, votarán por algunas de las candidaturas indistinguibles del secesionismo.

Si, por el contrario, la mayoría de los electores entienden que el 21-D es el momento de la revancha, de hacer pagar todos sus desmanes a los independentistas, de dar la vuelta a la tortilla “para que ahora sufran ellos”, puede que la derecha autonomista, PP y Ciudadanos, obtenga un resultado resaltable.

Ahora bien, si de lo que se trata es de reconstruir la convivencia desde el respeto a la legalidad, la mejor opción que tienen los catalanes es la del Partido de los Socialistas de Cataluña. Si la mayoría entiende que lo importante ahora es reconstruir confianzas y afectos para restaurar la institucionalidad catalana, el PSC representa la mejor oportunidad.

Uno de los mayores y más acertados reproches que se le han hecho a Puigdemont, Junqueras y compañía ha sido el de haber dividido a los catalanes, hasta el punto de fracturar la convivencia en el seno de las familias y los entornos de amistad y compañerismo. Para recuperar la posibilidad del reencuentro entre quienes piensan distinto y del diálogo entre los adversarios legítimos, los socialistas catalanes son los más apropiados, por pura vocación.

Dicho de otra manera, si el final de esta triste historia del proceso secesionista ha de pasar por un acuerdo, en el marco de la Constitución y de la ley, reformando si es preciso la Constitución y la ley, lo mejor que le podría pasar a Cataluña el 21 de diciembre es que eligiera a Miquel Iceta como President de la Generalitat.

Es cierto que otros promoverán las torres más altas y las almenas plagadas de arqueros, para defender este y el otro castillo, para enarbolar la bandera más alta. Pero si el futuro pasa por dialogar y acordar la convivencia en común, Iceta y el PSC son la garantía de que habrá puentes en los que encontrarse para dar una oportunidad al diálogo y al acuerdo. Porque la opción socialista en Cataluña no es una opción a la contra de nadie, sino a favor del interés común.

La ciencia política está hablando en estos días, por ejemplo, de la posición del autogobierno catalán y del resto de gobiernos autonómicos españoles en un interesante Índice de Autonomía Regional, con indicadores muy mejorables tanto en lo relativo a la self-rule (autonomía institucional) como en lo relativo a la share-rule (co-determinación de normativas). Profundicemos en lo que es mejor para todos a este respecto. Hay margen, dentro de la legalidad y la garantía de la igualdad de derechos de todos los españoles.

Y no solo cabe hablar de autogobierno en unas elecciones autonómicas. Unos y otros debieran exponer sus programas para hacer frente a los graves problemas que la ciudadanía catalana comparte con el resto de la ciudadanía española, como la precariedad laboral, el aumento de las desigualdades o el deterioro de los servicios públicos que atienden necesidades sociales básicas. Una parte de la izquierda catalana ha renunciado a sus valores de justicia social para abrazar el secesionismo. No es el caso del PSC, cuyo programa social es coherente, justo y moderno.

Las coaliciones previas que están planteando algunos tan solo servirían para prolongar el clima de confrontación identitaria. Solo se sentirían cómodos los más radicales. Dejemos que los catalanes elijan y acierten en libertad. Y tras la desolación de estos últimos años, ojalá el escenario del 22-D invite a reconstruir consensos, bienestar y futuro para todos los catalanes.

El pensamiento nacionalista es por definición un pensamiento excluyente. Antes que por afirmar la identidad propia, se caracteriza por negársela a los demás, a los distintos, a “los de fuera”. Cuando este pensamiento es minoritario, la convivencia se tensa. Cuando se extiende por contagio emocional, la convivencia se rompe. De ahí la contundencia de aquella frase de Stefan Zweig sobre “la peste” de Europa, tan oportunamente reproducida en estos días.

La acción política que se deriva del pensamiento nacionalista no subraya los valores de la sociedad o la cultura propia, sino que se afana por distinguir esta de las demás. Yo soy catalán y tú no lo eres. El nacionalismo político amplifica los agravios cuando los hay y los inventa cuando no los hay, porque la victimización es el combustible emocional con el que alimenta el afecto entre los supuestos asediados y el desafecto ante los falsos asediadores.

La utilidad electoral de este clima inflamable es evidente. La dialéctica entre el nosotros y el ellos es tan clara como falsa. Nosotros somos los de aquí y ellos son los de allí. Y todos los que veis aquí que no comulgan con mis ideas en realidad trabajan para los de allí. Son falsos catalanes, malos patriotas, traidores o fascistas. Eso sí, la defensa de la patria exige adhesión incondicional y acrítica hacia quienes la lideramos, porque lo contrario supone ponerse de lado de los falsos catalanes, de los malos patriotas, de los traidores y de los fascistas.

El pensamiento nacionalista es a la vez simple y peligroso. Pero también resulta cansinamente anacrónico y reaccionario. En un mundo que globaliza sus relaciones económicas, su fenomenología social y su acervo cultural, restringir los espacios públicos y limitar las identidades es como poner puertas al campo. Las identidades son cada vez más libres, más compatibles y más compartidas. El futuro es el mestizaje. La pureza nacional, como la racial, son conceptos y expresiones de un pasado que no volverá, que no ha de volver.

Yo soy leganense, y soy madrileño, y son castellano, y soy español, y soy europeo, y soy todo a la vez. Unos días me levanto más madrileño que español, pero me acuesto encendidamente europeo. Otros días me siento ciudadano del mundo o no siento más identidad que la que me une a todos aquellos que sufren injusticias, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y tengan la nacionalidad que tengan.

Mi identidad es algo propio, que forma parte de mi libertad, y sobre la que nadie tiene derecho a imponer o a recortar. Y lo catalán forma parte de mi identidad, porque ese es mi sentimiento y esa es mi voluntad. Las romanzas de Albéniz y las Paraules D’Amor de Serrat son carne de mi carne musical. Las poesies de Maragall, El caso Savolta de Mendoza o El embrujo chino de Marsé fueron parte de mi despertar a las letras. El park Guell de Gaudí es paisaje de mi memoria infantil, como lo es el Pirineo leridano o la Costa Brava. El éxito de Barcelona 92 lo viví como mi éxito, el éxito de mi patria…

Pero, ¿quiénes son Puigdemont, Forcadell o Junqueras para amputar mi identidad? ¿Quiénes son los de las esteladas para negar esa parte de mí? ¿Cómo se atreven a llamarme extranjero en mi propio país? ¿Cómo pretenden hasta negarme el derecho a opinar y a votar si mi país sigue siendo mi país o si lo rompen, lo fraccionan y separan la parte que ellos quieren para sí solos?

Europa nació precisamente para superar la barbarie nacionalista. El nacionalismo es excluir y Europa es compartir. El nacionalismo es frontera, separación y debilidad, mientras Europa es la fuerza de la unidad. El nacionalismo es pasado y Europa es el futuro.

Durante estos días ha visitado España el escritor bosnio Velibor Colic, con motivo de la promoción de su último libro, Manual de Exilio. La evocación de sus terribles experiencias como combatiente huido de la guerra de los Balcanes ha estremecido a muchos, entre los que me encuentro.

Para expresar la aversión al nacionalismo causante de tantos desastres en Europa, Colic suele utilizar la imagen de sus paseos vespertinos entre las ciudades de Estrasburgo (Francia) y Kehl (Alemania). Son apenas diez minutos sobre el Pont du Rhin y su maravilloso paisaje. Y es inevitable el recuerdo de las tres guerras y los millones de muertos ocasionados desde 1870 por la ideología terrible que trazó una frontera de rencores absurdos entre ambas ciudades.

Quien esto escribe nació precisamente en esa pequeña villa del oeste germano y he de coincidir con el pensamiento de aquel desertor del drama balcánico, reconvertido hoy en testigo legítimo y fiel de los peligros que encierra la bestia del nacionalismo exacerbado. Colic distingue entre los políticos que resuelven problemas y los políticos que los crean, y advierte contra el resurgir de los segundos en muchos países de Europa.

Y en esta misma semana, mientras el nacionalismo catalán perseveraba en su afán por socavar la convivencia democrática en Cataluña, hemos sido una mayoría los diputados, catalanes y no catalanes, en protagonizar al menos dos buenos ejemplos de la otra política, la que persigue soluciones para la gente. Porque en esta semana se han aprobado en el Congreso sendas iniciativas para garantizar el registro veraz de la jornada laboral y para recuperar el subsidio destinado a desempleados mayores de 52 años.

Reconozco que ambas conquistas no cuentan con el glamour de esos grandes conceptos de la independencia y la república. Admito también que nuestro logro carece de la épica de esas otras reivindicaciones, como la autodeterminación y el pueblo en pie. Incluso asumiré que no hay comparación posible entre defender una simple proposición de ley y la emoción de cantar els segadors frente a un enemigo cierto, aunque sea ciertamente inventado.

No obstante, espero que muchos entiendan mi satisfacción en el día de hoy por pertenecer a ese colectivo de políticos que aspiran con toda modestia a mejorar la vida de sus representados, sin apelar necesariamente a sus vísceras, sin dibujar fronteras de separación y sin instar a que nadie odie a nadie.

Eso es. Esta semana hemos dado un paso firme contra la explotación de muchos empleados con jornadas de trabajo que no se contabilizan, que no se reconocen, que no se pagan y por las que no se cotiza. Y esta semana hemos sumado muchas voluntades para que los parados más vulnerables, aquellos que han sobrepasado los 50 años de edad y no logran encontrar empleo, cuenten con el respaldo del Estado para asegurarles una vida digna, a ellos y a sus familias.

Hoy no llego a casa con el alma henchida por el flamear de las banderas y el tronar de los himnos. Pero dormiré con la conciencia tranquila por haber contribuido humildemente a que muchos de mis semejantes vivan un poco mejor, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen y sientan la bandera que sientan.

La situación ocasionada por el desafío separatista en Cataluña sigue siendo de una gravedad extraordinaria, pero parecen abrirse ventanas de oportunidad que deben aprovecharse con inteligencia y generosidad por parte de todos.

Las consecuencias del conflicto se están sufriendo ya no solo en el anormal desenvolvimiento de las instituciones democráticas, sino en la vida económica y en la propia convivencia cívica. Si los problemas no entran pronto en fase de solución, los costes a pagar en términos de retroceso económico y conflictividad social pueden ser importantes e irreversibles, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Por eso, conviene no atender los cantos de sirena que invitan a mantener posiciones maximalistas o “contundentes”, por muy puestas en razón que parezcan. Entre solución y victoria conviene apostar por la primera. Si podemos ganar todos o casi todos, en lugar de que pierdan unos cuantos, por más que lo merezcan, intentemos hacerlo.

Lo vivido el martes 9 de octubre en el Parlamento catalán resultó más cercano al esperpento valleinclaniano que a una sesión propia de una institución democrática en la Europa del siglo XXI. Se proclamaron resultados de votaciones sin verificación independiente. Se declaró una independencia mediante un pseudo-acto de firma extra-parlamentaria. Se suspendió una declaración que no se había producido…

No obstante, la confusión del momento ofrece la oportunidad de recuperar la razón legal, la razón democrática y la razón política. Si no está claro qué fue lo que ocurrió en el Parlamento catalán en aquella jornada, requiramos una respuesta clara a sus hacedores. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de manera acordada con el PSOE, y ojalá los dirigentes independentistas aprovechen ese hueco para volver a la legalidad, a la democracia y a la política.

Rajoy y Pedro Sánchez han posibilitado una salida positiva a la encrucijada en la que nos hayamos, por responsabilidad fundamental del Gobierno catalán en rebeldía frente a la ley y al sentido común. Requerimiento a la Generalidad sobre su ajuste al ordenamiento legal vigente, y ofrecimiento simultáneo de diálogo para encontrar juntos una nueva organización territorial que ofrezca satisfacción con carácter general.

Se entiende menos la actitud de Rivera y de Iglesias, porque ambos dos están dando muestras de no entender la gravedad del momento institucional. Uno y otro, desde posiciones diversas y antagónicas, parecen buscar rendimiento electoral a corto plazo en un escenario que requiere altura de miras y preeminencia del interés colectivo.

La posición de ley y diálogo que está manteniendo Pedro Sánchez, y a la que se ha sumado Rajoy en las últimas jornadas, es la posición de centralidad que necesita la institucionalidad española en estos momentos. Y su desarrollo requiere, al menos, de cuatro fases.

Primero y ante todo, la recuperación del imperio de la ley, el sometimiento general al cumplimiento de las normas, para después cambiarlas si se quiere. Segundo, emprender un diálogo con voluntad de transacción y no solo de intercambio de posiciones inamovibles e improperios. Tercero, consecución de un acuerdo para establecer una nueva organización territorial del Estado, que incluya un nuevo encaje de Cataluña en la España federal y en la Europa federal. Y cuarto, una doble votación, en toda España primero y en Cataluña después para ratificar los acuerdos alcanzados mediante referéndum.

Este camino no será fácil de transitar, ni tan siquiera de emprender. Pero cualquier alternativa será mucho peor, para todos.

Durante uno de los infinitos debates televisivos que hemos mantenido en estos días a propósito del conflicto en Cataluña, una diputada partidaria del referéndum separatista me espetó la conocida frase de “Hay que acabar con el régimen del 78”. En aquel momento y en aquel formato solo acerté a contestar lo siguiente: “Gracias al régimen del 78 estás hoy sentada aquí defendiendo tus ideas en libertad. Tenlo en cuenta antes de despreciarlo”.

Al cabo de las horas llegué a la conclusión de que aquella frase peyorativa sobre el 78 resumía en buena medida tanto el propósito como la estrategia de quienes hoy plantean el desafío independentista en Cataluña. Se trata efectivamente de liquidar el pacto de convivencia que los españoles alcanzamos durante la Transición Democrática.

El denostado por algunos “régimen del 78” constituye ciertamente una anomalía histórica en España. Durante los dos últimos siglos la norma ha sido el conflicto civil permanente, el cainismo político, el uso y abuso de pronunciamientos y golpes al margen de la ley…, cuando no directamente el intercambio de bombas y machetazos.

Y con todos sus defectos y limitaciones, aquel esfuerzo del 78 nos ha proporcionado durante cuarenta años un marco razonable para la convivencia en paz. Pero, al parecer, algunos han decidido que ya está bien, que es hora de volver a lo realmente nuestro, que toca cerrar el paréntesis del “régimen del 78” y reencontrarnos con nuestro auténtico ser histórico.

Aquello “del 78” supone nada menos que el reconocimiento a la soberanía popular, el respeto obligado al Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, la garantía de derechos y libertades homologables en Europa, la mayor descentralización territorial de nuestra historia y nuestro entorno…

Los separatistas y sus acólitos desprecian estos lugares comunes de la democracia con consignas tan primarias como peligrosas, tan falsas como contagiosas: “Las calles siempre serán nuestras”, “el pueblo está por encima de las leyes”, “el derecho a decidir es previo a cualquier Constitución”, “somos un solo pueblo”, “no nos moveremos ni un solo milímetro”, “que se vayan”…

Y la pregunta es: ¿con qué vamos a sustituir el despreciado régimen del 78? ¿Con el nacionalismo étnico de Puigdemont? ¿Con el patriotismo depredador de los herederos de Pujol? ¿Con la revolución inane de los rufianes? ¿Con el neo-anarquismo de las CUP? ¿Con el sálveme yo y que arda Roma de Colau? ¿Qué proyecto alternativo de convivencia ofrecen los enterradores del régimen del 78?

¡Claro que quedaron cosas por hacer! ¡Desde luego que aquel Título VIII de la Constitución del 78 es manifiestamente mejorable! Y sin duda está pendiente de redefinir el encaje de Cataluña en una España y en una Europa federal. Hay demandas justas pendientes de atender en el sentimiento identitario de los catalanes. Hay mucho por mejorar en la organización territorial, en el respeto al autogobierno, en la financiación justa…

Pero estos propósitos legítimos no pueden perseguirse mediante la voladura del Estado de Derecho y la convivencia democrática. Estos objetivos justificados no pueden servir de coartada para quienes simplemente pretenden subvertir las normas que protegen los derechos de todos y romper unilateralmente un país con mucha historia en común.

Tienen razón los que exigen “votem”, pero también la tienen quienes ofrecen “parlem”. Y puede que la única manera de resolver este conflicto pase por “parlem” antes que “votem”, por dialogar y acordar entre quienes tienen la voluntad honesta de superar las diferencias, y por votar todos juntos después el fruto del diálogo y del acuerdo.

La única mediación que hace falta es la de la buena voluntad, el diálogo sincero y el uso de la razón. La razón en democracia pasa siempre por respetar la ley. Y, por suerte para nuestra democracia y nuestros derechos, hoy la ley es la ley del 78.