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Durante la mañana siguiente a la jornada de constitución del Congreso de los Diputados, una ciudadana que visitaba sus instalaciones me abordó para reprochar las “gamberradas y macarradas” protagonizadas en aquella ocasión por los parlamentarios, según ella, ante la mirada de millones de españoles por televisión. 

En el diccionario de la Real Academia Española se define al gamberro como “autor de grosería e incivilidad”, y al macarra como “persona agresiva y achulada”. En consecuencia, y rememorando lo sucedido en la Carrera de San Jerónimo el día 21 de mayo, he de convenir para mi vergüenza que sí, que hubieron gamberradas y macarradas. 

El Congreso de los Diputados alberga la representación de la soberanía nacional y, por tanto, de la voluntad democrática de todos los españoles. En esta institución se depositan las mejores esperanzas de millones de hombres y mujeres para obtener respuestas a sus problemas y desafíos. El honor y la responsabilidad que asumimos quienes nos sentamos en esos escaños son, pues, inmensos.

Sin embargo, el pasado día 21, en aquella cámara solemne se dieron actos de grosería, de incivilidad, de agresividad y de chulería; en grado sumo, además. Y desde bien temprano. Porque apenas pasadas las siete de la mañana, los integrantes del partido de la extrema derecha, contra el sentido común, decidieron ocupar en el hemiciclo un espacio que no les correspondía. De nada sirvió que este modesto diputado les advirtiera amablemente del desatino y les invitara a rectificar. Me despacharon con cajas destempladas. Querían espectáculo y lo consiguieron. 

El comportamiento de los ultras respondió a las peores expectativas durante toda la jornada. Fieles a su credo antidemocrático, se dedicaron a golpear el mobiliario, vociferar y patalear ruidosamente para acallar las intervenciones que no les gustaban. Hurtando la palabra en la casa de la palabra. “Muera la inteligencia” es la frase que se atribuye a Millán-Astray, y parece que sus seguidores han entrado en nuestro Parlamento a empellones. 

El Reglamento del Congreso establece la lógica obligación de acatar la Constitución mediante acto de promesa o juramento. Parece razonable que aquellos que se disponen a asumir el poder legislativo, nada menos, comprometan el respeto a la norma que encabeza nuestro ordenamiento jurídico. Y que lo hagan con cierta sobriedad y solemnidad, añadiría yo. Por consiguiente, muchos diputados nos atuvimos a la expresión formal del “sí, prometo” o “sí, juro”. 

Sin embargo, otros representantes electos de la democracia española utilizaron este momento trascendente para lanzar soflamas de todo tipo. Algunos cayeron en la simple inoportunidad, puesto que no era aquel el momento para reclamar justicia social o atención para el terruño propio. Un diputado, incluso, añadió entre risas que acataba “por todo el planeta”. Tenemos cuatro años por delante sustanciar toda suerte de iniciativas parlamentarias con tan loables fines.

Otros diputados pecaron de redundancia, puesto que acatar la Constitución española “por España” no añade nada a la fórmula correcta del “sí, prometo”. ¿Consideran acaso que si no mencionan el “por España” alguien interpretará que acatan la Constitución española “por Alemania”, o “por Turquía”, o “por Azerbayán”?

Algunos diputados fueron más allá en su incongruencia y llegaron a acatar la Constitución “por la república”, lo cual es un oxímoron, o por la libertad de “presos y exiliados políticos”, lo cual es una falacia, porque en nuestra democracia no existen ni unos ni otros.

Desde las bancadas de la derecha, con más o menos aspavientos, se contestaban algunas de estas excentricidades con aparente indignación -Rivera habló de “vergüenza”-, pero la realidad que es que muchos de ellos las legitimaban con aderezos propios a la fórmula correcta. Los ultras acataron “por España”, como hemos dicho. Pero algunos diputados del PP lo hicieron por “el Rey” y el propio Rivera lo hizo “para defender la Constitución”, cuando ninguna de estas expresiones está prevista en el Reglamento del Congreso.

Procuré invitar a aquella ciudadana reprochadora para que se quedara con las buenas noticias de la jornada de constitución del Parlamento, que también las hubo. Se ha dado inicio a una nueva legislatura llamada a atender el bienestar de quienes nos eligieron con sus votos. Contamos, además, con el Parlamento con más proporción de mujeres de toda Europa.

Por otra parte, en las votaciones de aquel día se evidenció una clara mayoría de diputados con valores progresistas, que augura reformas importantes en el sentido de la justicia social. Y el Congreso eligió una Mesa destinada a facilitar la tarea reformista y no a obstaculizarla, como ocurrió en la legislatura recién culminada. 

Meritxell Batet, la nueva Presidenta del Congreso, ofreció un discurso de alcance, llamando al dialogo y al respeto mutuo. “Todos representamos al pueblo, pero ninguno representamos a todo el pueblo”, nos dijo. Antes había aclarado, para los mal informados y, especialmente, para los mal intencionados, que el Tribunal Constitucional falló hace tiempo dando por buenas las distintas fórmulas de acatamiento de la Carta Magna, por excéntricas que resultaran, siempre que el compromiso fuera claro e incondicionado. 

También el Presidente de la Mesa de Edad, el diputado socialista Agustín Zamarrón, con su aspecto valleinclanesco y su retórica barroca, hizo un trabajo impecable durante la elección de los integrantes del órgano de gobierno de la Cámara. 

A todos los que se sintieron defraudados o avergonzados aquel día, mi comprensión y mis disculpas. Ojalá no se repita. Pero…

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La despedida de Alfredo Pérez Rubalcaba ha dado lugar a unas manifestaciones extraordinarias  de reconocimiento y afecto entre los protagonistas de la vida politica española y en buena parte de la sociedad española.

La unanimidad de los elogios y la efusividad en las expresiones populares de cariño parecen haber sorprendido a algunos. No llegó a ser Presidente del Gobierno. No fue Padre de nuestra celebrada Constitución. De hecho, fue objeto de controversia y vilipendios en grado sumo. Y se despidió de la vida politica tras un resultado electoral mejorable.

Sus enemigos se esforzaron en construir y difundir “el mito del malvado Rubalcaba”, como un personaje oscuro, conspirador y manipulador. Sin embargo, en este caso, como en tantos otros y por fortuna, la verdad tozuda acaba abriéndose paso. Había y hay un mito Rubalcaba, desde luego: el mito del servidor Rubalcaba.

Durante estos días tristes de enfermedad y fallecimiento, muchos medios de comunicación han combinado la crónica sobre la salud del hombre con el repaso a la biografía del personaje. Y muchos españoles han tenido la oportunidad de tomar conciencia real acerca del alcance de las aportaciones de Rubalcaba a nuestra convivencia, así como de los valores que guiaron siempre su conducta. La conciencia del mito real.

Se ha hablado mucho sobre su trabajo fundamental en la articulación del sistema territorial del Estado, de su protagonismo indudable en la construcción de nuestro sistema educativo e, incluso, de su labor clave en la reducción de los accidentes de tráfico. Todo esto es cierto. Y mucho más, también.

No obstante, estos días de luto han servido para que gran parte de los españoles intuyeran que el papel de Rubalcaba en la organización del espacio público compartido ha ido mucho más allá de estas contribuciones a resaltar por su aplicación práctica en la vida cotidiana.

Muchos españoles han sido conscientes de que este hombre estuvo presente en la sala de máquinas del Estado en cada crisis grave que amenazaba nuestra convivencia, y que su presencia siempre resultó decisiva para salvar cada una de esas crisis y mantener nuestra democracia a salvo. Fuera en la lucha contra el terrorismo, fuera en la amenaza separatista, o fuera en la abdicación de un Rey. Y la sensación predominante ha sido de orfandad.

Gracias a los testimonios de compañeros y adversarios, de testigos y afectados, de maestros y discípulos, los españoles han constatado en estos días, además, cuáles fueron las guías de la conducta de Rubalcaba a lo largo de su prolífica vida politica. De esos testimonios agradecidos han podido conocer que su método de trabajo tenía claves muy sencillas: mucho trabajo, mucho diálogo y mucha lealtad al país, por encima de cualquier otro interés. Y la sensación ha sido de añoranza.

Personalmente puedo dar fe de lo acertado de esta intuición general sobre el mito del servidor Rubalcaba, que ha sido evidenciada por la emocionante despedida que le ha brindado el conjunto del pueblo español.

Le vi muy de cerca al frente de esa sala de crisis del Estado que a veces se magnifica y distorsiona, pero que existir, existe. Fue con motivo de la única declaración del estado de emergencia que se ha producido en nuestra democracia desde la proclamación de la Constitución. Los controladores del espacio aéreo planteaban un pulso inaceptable a la sociedad española, y Rubalcaba se puso al frente de la respuesta, con determinación, inteligencia y eficacia. Su mando generaba confianza, mucha confianza. Y aquello terminó bien.

También fui testigo de su peculiar manera de adoptar decisiones. Primero, el análisis exhaustivo, con cada hecho, cada dato, cada perspectiva, hasta el agotamiento. Después, la formulación de las propuestas. Todas las propuestas, por inauditas y descabelladas que pudieran parecer en un primer momento. Más tarde, el momento “sparring”. Cada propuesta era sometida a la comprobación de ventajas e inconvenientes, de fortalezas a resaltar y flancos a cubrir. ¿Cómo? Con un defensor de la propuesta dispuesto a ser torturado por las preguntas, argumentaciones y contrargumentaciones.

Más tarde, y en cada momento, la duda. ¿Seguro? Repasemos, y repasemos, y repasemos otra vez. ¿Lo hemos revisado todo? ¿Y si…? Y en cada propuesta, la estrategia de comunicación y ejecución. Este movimiento y el siguiente, y el siguiente después del siguiente. Finalmente, la decisión y todos a una. ¿Fácil? No. ¿Infalible? Tampoco. ¿Eficaz? Muchísimas veces. Quienes le vimos trabajar jamas dudamos de su compromiso y honestidad. Y esto nos bastaba para admirarle y quererle.

Aquellos que tuvimos la suerte y el honor de ejercer como amigos, compañeros, colaboradores, ayudantes, y hasta “sparrings” de Alfredo, no hemos sufrido sorpresa alguna en estos días por la magnitud de los reconocimientos al mito Rubalcaba.

Tristeza, sí. Infinita.

“Pueden, educadamente, faltarse al respeto”. Tal fue la invitación que el supuesto “moderador” del primer debate de esta última campaña electoral planteó a los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España. Más allá de lo absurdo del oxímoron, no sé si resulta más asombrosa la propia invitación a la irrespetuosidad o la ausencia de reproche alguno ante la misma.

En todo caso, que el moderador de un debate electoral en la televisión pública se sintiera obligado a fomentar la inmoderación, ante la aparente comprensión general de protagonistas y analistas, ya resulta paradigmático sobre el momento político que vivimos. Al parecer, la preocupación de quien conducía el debate estaba más centrada en la viveza del espectáculo que en la definición de sus contenidos.

Tal anécdota, si puede calificarse así, demuestra que hoy, para algunos, la política está más ocupada de la escenificación que de las soluciones; de las formas, antes que de los contenidos; del intercambio de golpes, antes que del contraste de argumentos; de la emoción, antes que de la razón. Cada vez en mayor medida, las campañas electorales asemejan a un ring en el que lo de menos son los mensajes y lo importante es el directo a la mandíbula que tumbe al oponente.

No se trata solo de los debates. En cualquier entrevista o en la mayor parte de las convocatorias de prensa más o menos improvisadas, las cuestiones a dirimir tienen que ver generalmente con la reacción al último exabrupto del adversario o las preferencias para pactar con unos o con otros, frente a unos o frente a otros. Y, desde luego, interesa mucho más el “con quién sí” o “con quién no”, antes que el “para qué sí” y “para qué no”.

Es el triunfo del “trumpismo” en la política global. La máxima que siguen a rajatabla en los equipos electorales de Donald Trump es la siguiente: no importa la verdad o la mentira, no importan los hechos o las falsedades; solo importa quién avanza y quién retrocede. Lo peor de todo es que hasta cierto punto funciona. Lo hemos visto aquí en España. Aquello del “Vamos”, sin aclarar dónde vamos, era muy parecido.

No estoy seguro de si tal concepción de la política resulta interesante para algunos medios de comunicación y para sus índices de audiencia, o para ciertas opciones políticas y sus intereses electorales. Pero estoy convencido de que es malo para la democracia. La política democrática tiene como objeto elaborar propuestas ante los retos del interés general, propiciar el diálogo entre los actores diversos y fomentar el entendimiento sobre las acciones a llevar a cabo para organizar el espacio público colectivo.

Cuando las diatribas se imponen sobre las propuestas, cuando la confrontación predomina sobre el diálogo, y cuando la política se reduce a la batalla con ganadores y perdedores, la calidad de la democracia se resiente.

No obstante, es curioso que esta dinámica innegable coexista con el reproche sistemático desde algunos analistas a las limitaciones que muestra la actividad política y sus protagonistas principales en nuestro país. Los mismos “moderadores”, conductores y comentaristas de la vida política que instan a los políticos a “faltarse al respeto” son, a menudo, los que echan de menos planteamientos de fondo acerca de los grandes desafíos colectivos.

Al tiempo que se impele a los políticos a atacarse sin “respeto”, a reaccionar ante las invectivas mutuas o a definir nítidamente las alineaciones en el campo de batalla, se les reprocha que no se hable a fondo de las consecuencias de la globalización, de las encrucijadas que abre la revolución tecnológica, de la inexorable transición ecológica o del futuro de Europa. Como si no se cortara con impaciencia en cualquier medio el más mínimo intento de todo candidato que pretenda “escapar” del combate más descarnado y candente del día.

No cabe la crítica exclusiva a los medios. Quienes nos dedicamos a la acción política representativa, a veces, somos leales colaboradores en esta dinámica. Si no fuera así, aquel “moderador” no se hubiera atrevido a invitar a sus “moderados” a faltarse al respeto.

¿Por qué, entonces, se abre paso esta manera tan mejorable de hacer las cosas? Por miedo a aburrir, quizás. Si la política es entretenimiento, seamos entretenidos. Por temor a salir de los nuevos códigos en el lenguaje de la comunicación, necesariamente simples, directos, emocionales, antes que complejos, argumentativos y racionales. Es el tiempo de los cortes de ocho segundos en televisión, de los doce en radio, de los quince en el vídeo a subir en las redes sociales…

Los marcos conceptuales en las campañas electorales de hoy tienen menos que ver con los programas que con los relatos, y más con los personajes que con los candidatos. Y muchos se apuntan al espectáculo, con mayor o menor entrega y entusiasmo.

Pero cuidado. Si hacemos de la política solo un espectáculo, no debemos extrañarnos de que los clowns obtengan ventaja…

Y dado que los españoles solemos considerarnos a nosotros mismos con una autocrítica cercana al desmerecimiento cruel, pensemos que el resultado de nuestras últimas elecciones generales ha evidenciado, hasta cierto punto, un claro rechazo a estas maneras de hacer política.

Aquí no han triunfado las maneras de Trump, Bolsonaro, Salvini, Farage o Le Pen. Alguna representación hemos tenido de todo esto. Pero el 28 de abril, por fortuna, los españoles decidieron que las propuestas se impusieran a las imposturas, la voluntad de diálogo a la apuesta por la confrontación, y el entendimiento al sectarismo. Profundicemos por ahí…

Casado lo dijo porque lo piensa. Dijo literalmente que si es Presidente del Gobierno situaría el salario mínimo en los 850 euros, es decir, que lo recortaría en 50 euros respecto a lo que ahora está vigente. Escuchamos todos cómo lo decía y lo argumentaba en Onda Cero. Puede que después algún asesor le recomendara ocultar esa intención a las puertas de la campaña electoral. Pero lo dijo.

Y lo dijo porque lo piensa. Es totalmente coherente con el pensamiento de su gurú económico y con el modelo de gestión económica del último Gobierno de su partido en España.

Daniel Lacalle, actual portavoz económico del PP de Casado, ha defendido públicamente que “El salario mínimo hay que eliminarlo” (12 de mayo de 2014), al tiempo que criticaba la “tibieza” en las políticas austericidas en España durante la crisis, y negaba el cambio climático. ¿Cómo no va a ser creíble la intención de Casado de recortar el salario mínimo si su máximo asesor económico aboga públicamente por su supresión?

Otra referencia fundamental para el pensamiento económico de Casado es el actual Presidente del Banco de España, nombrado por el Gobierno del PP en una de sus últimas decisiones. El dirigente de nuestro banco central ha pronosticado públicamente también que la subida del salario mínimo conllevaría pérdidas de empleo. Tan negros augurios no se han confirmado en los primeros meses de este año. Todo lo contrario: el ritmo de creación de empleo se mantiene firme. Pero la opinión de este señor también es coherente con la declaración de Casado.

Además, Fátima Báñez, la última Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno del PP y ahora asesora a sueldo de la CEOE, fue la responsable de congelar durante dos años el salario mínimo en nuestro país durante la crisis. El efecto de la congelación del SMI, unido a la subida de los precios y los recortes en prestaciones sociales, fue una rebaja sustancial en la capacidad adquisitiva de los asalariados. Recorte del salario real y empobrecimiento de los trabajadores, en suma. Muy coherente con Casado también.

La derecha nunca ha ocultado que su estrategia favorita para que la economía española gane competitividad pasa por la rebaja de derechos laborales y el recorte salarial. Practicaron esta política con fruición y saña durante los años de la crisis económica. Esta es la dinámica de la reforma laboral emprendida por el PP desde el Gobierno entre 2012 y 2013, precisamente.

El PP modificó la legislación laboral para desequilibrar las relaciones de poder en el seno de la empresa a favor del empleador. Debilitó a los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva, hasta reducirla casi a la inoperancia. Estableció la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, consciente de que los trabajadores negocian con más fortaleza en este último marco. Habilitó la subcontratación como subterfugio para la precarización de los empleos. Facilitó hasta el extremo los descuelgues empresariales del convenio, flexibilizó el despido colectivo…

¿Cómo no vamos a creer que el candidato del PP quiere precarizar los salarios y los empleos? Eso es exactamente lo que ha hecho el PP mientras ejerció el Gobierno. Por eso, entre otras razones, se presentó y se ganó una moción de censura.

El Gobierno del PSOE presidido por Pedro Sánchez ha emprendido una estrategia de crecimiento económico diametralmente opuesta a la del PP. Los socialistas queremos un crecimiento justo: crecer repartiendo. Solo nos vale un crecimiento económico que conlleve buenos empleos, condiciones laborales dignas y derechos sociales.

Para el Gobierno del PSOE, la competitividad más sólida y duradera solo se logra mediante la mejora de la educación y el conocimiento, con la apuesta por la investigación y la innovación, e invirtiendo en infraestructuras estratégicas. En apenas diez meses, el ejecutivo de Sánchez, además, ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Reindustrialización dotado con más de 400 millones de euros.

En este poco tiempo y con el respaldo de tan solo 84 diputados en el Congreso, el Gobierno Sánchez ha elevado el salario mínimo en más de un 22%, la subida más importante de nuestra historia democrática. Y ahora nos planteamos elevarlo hasta los 1150 euros, el equivalente al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. La subida del salario de los empleados públicos ha alcanzado el 2,25%, muy por encima de la inflación.

Hemos establecido la obligación legal de registrar la hora de entrada y de salida en la jornada laboral de todas las empresas, a fin de acabar con los falsos contratos a tiempo parcial, las horas trabajadas que no se pagan y, en definitiva, la explotación laboral. Y ahora nos proponemos elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, de la mano de los interlocutores sociales, para recuperar los derechos arrebatados por la reforma laboral del PP.

En este tiempo se ha puesto en marcha un Plan Director de Trabajo Digno, que ha convertido más de 60.000 contratos temporales en contratos indefinidos, y que ha transformado cerca de 20.000 falsos autónomos en auténticos contratados por cuenta ajena, con todos sus derechos. Se ha elaborado un Plan de Choque para el Empleo Joven, que ayudará a lograr buenos empleos a más de 180.000 jóvenes con el concurso de 3.000 orientadores. El Plan Reincorpórate, por su parte, destinará 4.000 millones de euros en tres años a rescatar para el mercado laboral a miles de parados de larga duración.

Se ha legislado para obligar a las empresas a establecer planes de igualdad y acabar con la brecha salarial y profesional entre mujeres y hombres. Se ha restablecido la cotización social para los y las cuidadoras de personas en situación de dependencia. Y se han multiplicado los esfuerzos para ofrecer prestaciones dignas a las personas que quedan en desempleo, recuperando el subsidio para mayores de 52 años, que el PP suprimió.

No. Las declaraciones de Casado planteando un recorte del salario mínimo no son una noticia falsa. Han sido un rasgo de sinceridad, creíble y coherente con la política de su partido. Movilicémonos ante el 28 de abril para que esos planes no se hagan realidad.

Casado lo dijo porque lo piensa. Dijo literalmente que si es Presidente del Gobierno situaría el salario mínimo en los 850 euros, es decir, que lo recortaría en 50 euros respecto a lo que ahora está vigente. Escuchamos todos cómo lo decía y lo argumentaba en Onda Cero. Puede que después algún asesor le recomendara ocultar esa intención a las puertas de la campaña electoral. Pero lo dijo.

Y lo dijo porque lo piensa. Es totalmente coherente con el pensamiento de su gurú económico y con el modelo de gestión económica del último Gobierno de su partido en España.

Daniel Lacalle, actual portavoz económico del PP de Casado, ha defendido públicamente que “El salario mínimo hay que eliminarlo” (12 de mayo de 2014), al tiempo que criticaba la “tibieza” en las políticas austericidas en España durante la crisis, y negaba el cambio climático. ¿Cómo no va a ser creíble la intención de Casado de recortar el salario mínimo si su máximo asesor económico aboga públicamente por su supresión?

Otra referencia fundamental para el pensamiento económico de Casado es el actual Presidente del Banco de España, nombrado por el Gobierno del PP en una de sus últimas decisiones. El dirigente de nuestro banco central ha pronosticado públicamente también que la subida del salario mínimo conllevaría pérdidas de empleo. Tan negros augurios no se han confirmado en los primeros meses de este año. Todo lo contrario: el ritmo de creación de empleo se mantiene firme. Pero la opinión de este señor también es coherente con la declaración de Casado.

Además, Fátima Báñez, la última Ministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno del PP y ahora asesora a sueldo de la CEOE, fue la responsable de congelar durante dos años el salario mínimo en nuestro país durante la crisis. El efecto de la congelación del SMI, unido a la subida de los precios y los recortes en prestaciones sociales, fue una rebaja sustancial en la capacidad adquisitiva de los asalariados. Recorte del salario real y empobrecimiento de los trabajadores, en suma. Muy coherente con Casado también.

La derecha nunca ha ocultado que su estrategia favorita para que la economía española gane competitividad pasa por la rebaja de derechos laborales y el recorte salarial. Practicaron esta política con fruición y saña durante los años de la crisis económica. Esta es la dinámica de la reforma laboral emprendida por el PP desde el Gobierno entre 2012 y 2013, precisamente.

El PP modificó la legislación laboral para desequilibrar las relaciones de poder en el seno de la empresa a favor del empleador. Debilitó a los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva, hasta reducirla casi a la inoperancia. Estableció la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, consciente de que los trabajadores negocian con más fortaleza en este último marco. Habilitó la subcontratación como subterfugio para la precarización de los empleos. Facilitó hasta el extremo los descuelgues empresariales del convenio, flexibilizó el despido colectivo…

¿Cómo no vamos a creer que el candidato del PP quiere precarizar los salarios y los empleos? Eso es exactamente lo que ha hecho el PP mientras ejerció el Gobierno. Por eso, entre otras razones, se presentó y se ganó una moción de censura.

El Gobierno del PSOE presidido por Pedro Sánchez ha emprendido una estrategia de crecimiento económico diametralmente opuesta a la del PP. Los socialistas queremos un crecimiento justo: crecer repartiendo. Solo nos vale un crecimiento económico que conlleve buenos empleos, condiciones laborales dignas y derechos sociales.

Para el Gobierno del PSOE, la competitividad más sólida y duradera solo se logra mediante la mejora de la educación y el conocimiento, con la apuesta por la investigación y la innovación, e invirtiendo en infraestructuras estratégicas. En apenas diez meses, el ejecutivo de Sánchez, además, ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Reindustrialización dotado con más de 400 millones de euros.

En este poco tiempo y con el respaldo de tan solo 84 diputados en el Congreso, el Gobierno Sánchez ha elevado el salario mínimo en más de un 22%, la subida más importante de nuestra historia democrática. Y ahora nos planteamos elevarlo hasta los 1150 euros, el equivalente al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. La subida del salario de los empleados públicos ha alcanzado el 2,25%, muy por encima de la inflación.

Hemos establecido la obligación legal de registrar la hora de entrada y de salida en la jornada laboral de todas las empresas, a fin de acabar con los falsos contratos a tiempo parcial, las horas trabajadas que no se pagan y, en definitiva, la explotación laboral. Y ahora nos proponemos elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, de la mano de los interlocutores sociales, para recuperar los derechos arrebatados por la reforma laboral del PP.

En este tiempo se ha puesto en marcha un Plan Director de Trabajo Digno, que ha convertido más de 60.000 contratos temporales en contratos indefinidos, y que ha transformado cerca de 20.000 falsos autónomos en auténticos contratados por cuenta ajena, con todos sus derechos. Se ha elaborado un Plan de Choque para el Empleo Joven, que ayudará a lograr buenos empleos a más de 180.000 jóvenes con el concurso de 3.000 orientadores. El Plan Reincorpórate, por su parte, destinará 4.000 millones de euros en tres años a rescatar para el mercado laboral a miles de parados de larga duración.

Se ha legislado para obligar a las empresas a establecer planes de igualdad y acabar con la brecha salarial y profesional entre mujeres y hombres. Se ha restablecido la cotización social para los y las cuidadoras de personas en situación de dependencia. Y se han multiplicado los esfuerzos para ofrecer prestaciones dignas a las personas que quedan en desempleo, recuperando el subsidio para mayores de 52 años, que el PP suprimió.

No. Las declaraciones de Casado planteando un recorte del salario mínimo no son una noticia falsa. Han sido un rasgo de sinceridad, creíble y coherente con la política de su partido. Movilicémonos ante el 28 de abril para que esos planes no se hagan realidad.

La reacción de la derecha a la convalidación parlamentaria de seis Decretos Leyes de alto contenido social ha sido furibunda. Al parecer, PP y Ciudadanos interpretan las buenas noticias para los españoles como malas noticias para sus expectativas políticas y electorales. Solo así puede explicarse su voto contrario y sus críticas desaforadas a todas estas iniciativas que mejoran la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas.

Resulta conveniente que la ciudadanía tenga presente el contenido fundamental de las normas aprobadas por sus representantes en la última sesión del Congreso en esta legislatura:

  • El decreto que recupera el subsidio para parados mayores de 52 años y establece la obligación del registro de entrada y salida del trabajo para las empresas, a fin de combatir la explotación laboral.
  • El decreto que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a aprobar planes de igualdad entre mujeres y hombres, y amplía los permisos de paternidad a 16 semanas.
  • El decreto que mejora los derechos de las personas que viven de alquiler, ampliando la duración de sus contratos y limitando la cuantía de la fianza.
  • El decreto que aporta seguridad a los españoles que viven en Gran Bretaña y a las empresas con intereses en el mercado británico, ante la eventualidad de un “brexit” sin acuerdo en la Unión Europea.
  • El decreto que pone fin al conflicto jurídico y laboral en el sector de la estiba portuaria, y que garantiza derechos a miles de trabajadores y trabajadoras en los puertos españoles.
  • El decreto que faculta a los Ayuntamientos de toda España para invertir sus superávits presupuestarios en gastos sociales que mejoren la vida de sus vecinos y vecinas.

Se trata, por tanto, en todos y cada uno de los casos, de iniciativas de claro interés general, que hubieran debido contar en condiciones normales con el respaldo unánime de los diputados y diputadas.

Los argumentos esgrimidos por la derecha para oponerse y criticar estas normas sociales han sido a cada cual más peregrino y absurdo. Comenzaron por cuestionar la constitucionalidad de las medidas adoptadas por un Gobierno “en funciones”, hasta que leyeron la Constitución y se dieron cuenta de que el Gobierno no está “en funciones” sino después de la celebración de las elecciones.

Tras admitir, informe jurídico mediante, que el Gobierno puede gobernar, exigieron que, al menos, no gobernara con medidas de buena aceptación popular, no fuera a ser que a alguien se le ocurriera valorarlo positivamente. Llevando el argumento al límite, solo podría admitirse que el Gobierno adoptara medidas impopulares y, por tanto, contrarias al interés general. Absurdo, desde luego.

A continuación, adujeron que los decretos eran financieramente insostenibles. Cuestión absolutamente incierta, porque gracias a la buena marcha de la economía, el empleo y la recaudación fiscal con Gobierno socialista, existe financiación pública suficiente para hacer frente a estas obligaciones. En todo caso, les recordamos que lo realmente insostenible es mantener a miles de parados mayores de 52 años sin ayuda pública, o mantener a millones de mujeres trabajadoras sin planes de igualdad para combatir la brecha salarial.

El último argumento falaz es el de los “socios”. Miente Casado al asegurar que los decretos se convalidaron con el voto determinante de Bildu. En realidad, este voto, uno de sesenta y cinco, no resultó decisivo en ninguna de las votaciones. Es cierto, y los socialistas estamos orgullosos de ello, que la capacidad de diálogo y de acuerdo del Gobierno y su grupo parlamentario, han permitido en estos diez últimos meses sacar adelante muchas iniciativas de interés general con apoyos amplios y diversos.

Como ha asegurado Pedro Sánchez, el Gobierno tiene el derecho y la obligación de gobernar hasta el último día, adoptando decisiones que beneficien al conjunto de los españoles. El Gobierno cumplirá con este deber, y el grupo parlamentario socialista le seguirá dando su apoyo para ello.

Ahora bien, si el Gobierno socialista ha adoptado tantas y tan buenas iniciativas en solo diez meses y con 84 diputados (15 en la diputación permanente), ¿qué no podrá hacer con cuatro años por delante y una mayoría parlamentaria más sólida?

En su afán por desacreditar al Gobierno, las derechas de PP y Ciudadanos practican un discurso económico plagado de malos augurios infundados, de tergiversaciones zafias, cuando no de falsedades manifiestas.

La realidad del balance de la economía española bajo el Gobierno de Pedro Sánchez es, sin embargo, muy positiva: crece la economía, crece el empleo, aumentan los salarios, aumentan las pensiones, a la vez que disminuyen tanto el déficit como la deuda pública, y se animan los mercados. Esta es la verdad.

El crecimiento interanual del PIB español en el primer trimestre de  2019 se situará en torno al 2,3%, de acuerdo con la reciente actualización del INE y con las estimaciones de la EIREF. Según la OCDE y el Banco Central Europeo, España crecerá este año 2019 el doble que el conjunto de los países de la zona euro: el 2,2% frente al 1,1%. El BBVA eleva la estimación al 2,5%, incluso.

Se trata, por otra parte, de un crecimiento de mejor calidad, por cuanto va acompañado de medidas redistribuidas de amplio calado -como la elevación del salario mínimo en un 22% y la subida de las pensiones por encima del IPC-, y de reformas estructurales que estimulan la innovación y la transición ecológica.

Pese a todas las mentiras que vierte la derecha, la realidad es que el empleo ha mejorado también de manera muy significativa con la gestión del Gobierno socialista. Los datos de la evolución de la Encuesta de Población Activa (EPA), que son los datos más rigurosos y contrastables, lo demuestran fehacientemente.

En diciembre de 2018, últimos datos publicados, la creación anual de empleo alcanzó el récord de los últimos doce años: 566.000 nuevos ocupados. La creación de puestos de trabajo fue más acelerada durante el segundo semestre de 2018 (con gobierno PSOE) que en el segundo semestre de 2017 (con gobierno PP): 220.500 nuevos empleos frente a 185.100. Para este año 2019 se prevé la creación de 330.000 nuevos empleos, al menos.

Además, las actuaciones del Gobierno socialista contra el fraude y la explotación laboral han transformado centenares de miles de empleos temporales y precarios en empleos estables y dignos.

El déficit público en el ejercicio 2018 se redujo del 3,1% hasta el 2,6%, una décima mejor de lo comprometido con Bruselas. Y para este año 2019, la Comisión Europea estima que el déficit en España seguirá reduciéndose y quedará por debajo del francés y del italiano. De hecho, se espera que durante las próximas semanas Eurostat confirme formalmente que nuestro país ha salido del procedimiento correctivo de la UE, al establecer su déficit por debajo del umbral del 3% del PIB por vez primera desde el inicio de la crisis.

España cumplió en el año 2018 el objetivo europeo para la deuda pública, establecido en el 97,6% sobre el PIB. En realidad, la deuda pública se redujo hasta el 97,2% del producto interior bruto, un punto menos que el año anterior.

Por otra parte, la economía española hubiera presentado mejores cifras aún en materia de crecimiento, empleo, déficit y deuda, si las derechas no hubieran sumado sus votos a los independentistas en el Congreso de los Diputados para tumbar la nueva senda de déficit y el proyecto presupuestario presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

A todo esto, la prima de riesgo española se mantiene estable en torno a los 100 o 110 puntos, por debajo de la media lograda por el Gobierno Rajoy (120 puntos); el IBEX 35 ha arrancado con fuerza en este año 2019; la demanda de bonos del Tesoro español alcanza récords históricos; y la inversión extranjera en España aumentó desde los 6.700 millones de euros en 2017 hasta los 38.200 en 2018.

¿La economía? ¿Con el PSOE? Más y mejor.