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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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LA IZQUIERDA EFICAZ

El Gobierno surgido de la moción de censura ha sido recibido con alivio y esperanza por la mayoría de la ciudadanía española. Alivio por dejar atrás una etapa de gobierno conservador marcado por las corruptelas y los recortes sociales. Y esperanza por las oportunidades de regeneración democrática y reequilibrio social que se abren de la mano de Pedro Sánchez y su prometedor equipo.

No obstante, las buenas expectativas despertadas por el nuevo Gobierno han llegado ensombrecidas por un resquemor bien fundado. ¿Será capaz la izquierda de ponerse de acuerdo para no malograr también esta oportunidad? La experiencia del gobierno progresista frustrado en el año 2016 aún pesa en el ánimo y la desconfianza de muchos españoles. Entonces, el grupo parlamentario de Podemos decidió unir votos con el PP para impedir la  investidura de un presidente socialista. El resultado fue una nueva etapa de gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Hasta el viernes 27 de junio, los primeros pasos del Gobierno socialista no habían encontrado grandes obstáculos debidos a la insuficiencia de apoyos parlamentarios. Estas primeras decisiones, bien acogidas por la población, han tenido que ver fundamentalmente con nombramientos, anuncios y decisiones puramente gubernamentales, sin necesidad de refrendo aún en las Cortes. Desde la configuración del “consejo de ministras” hasta la bienvenida al “Aquarius”, pasando por el decreto de universalización de la sanidad pública, las medidas adoptadas por Sánchez y sus ministros se han aplicado positivamente.

Sin embargo, la primera prueba de fuego para la mayoría progresista que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados se ha saldado con un sonoro fracaso. Se trataba, nada menos, que de aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria para 2019 que el Gobierno ha negociado con la Comisión Europea. Si el Gobierno Rajoy había cerrado un déficit público limitado al 1,3% sobre PIB, el Gobierno Sánchez había logrado ampliar el margen hasta el 1,8%. Estas cinco décimas extras suponen más de 6.000 millones de euros extraordinarios para el gasto público destinado al bienestar social y la modernización del modelo productivo.

Las derechas votaron coherentemente en contra del nuevo marco presupuestario, porque tanto el PP como Ciudadanos son firmes partidarios de las políticas de austeridad y recortes sociales. La sorpresa llegó desde la bancada de la izquierda. Contra toda lógica, el grupo de Unidos Podemos propició la derrota del Gobierno socialista. El resultado fue la pérdida de 2.534 millones de euros a invertir por las Comunidades Autónomas en la mejora de los servicios públicos de sanidad, educación, atención a la dependencia, vivienda y empleo. También se han perdido 2.500 millones para la Seguridad Social y alrededor de 1.000 millones para el presupuesto de la administración central del Estado.

Solo caben dos tipos de explicaciones para el voto de Unidos Podemos, y ambas son preocupantes. Por una parte, la formación morada entendería que estos 6.000 millones extras representan una cantidad insuficiente para revertir todos los recortes aplicados por la derecha desde 2012. Sus exigencias pasarían por derogar las leyes de estabilidad presupuestaria, negar los límites impuestos por las autoridades europeas, y multiplicar el gasto público sin medida. Pero esta posición no es realista, porque situaría a nuestro país fuera de la disciplina europea y al albur del castigo por parte de los mercados financieros. Un gran riesgo para la economía y el empleo.

La segunda explicación es aún peor, porque supondría que, aun siendo conscientes de estas limitaciones, los dirigentes de Podemos buscan debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez a fin de limitar su popularidad y arrancarle mayores concesiones en una eventual negociación a partir de septiembre. Esta hipótesis querría decir que la izquierda no ha aprendido nada durante los últimos años, y que nuevamente el oportunismo y el tacticismo cortoplacista se imponen sobre el ejercicio de responsabilidad y compromiso que los españoles esperan de todos nosotros.

Esto ha salido mal, pero a partir del mes de septiembre llegan pruebas nuevas y decisivas para las fuerzas políticas que representan los valores más progresistas en el Parlamento. Porque las decisiones de más calado a adoptar requieren de modificaciones legislativas y, por tanto, de mayorías claras en el Congreso de los Diputados. Para convalidar el decreto que universaliza la sanidad pública se necesita una mayoría de diputados. También se necesitará para revertir las medidas más dañinas adoptadas por el PP en la reforma laboral, en la LOMCE y en la ley mordaza, por poner algunos ejemplos.

Según los principales estudios socio-políticos, la mayoría de los españoles comparte valores de progreso y son potenciales votantes de izquierdas. Esa mayoría contempla hoy el escenario político español entre expectante y escamada, preguntándose si el futuro deparará un panorama a lo portugués, con una acción de gobierno progresista y un sólido apoyo parlamentario, o si la izquierda española volverá a las andadas del enfrentamiento cainita y estéril.

Esa mayoría se pregunta hoy si la fragmentación de la izquierda que tuvo lugar a partir del 15-M podrá traducirse alguna vez en una fuerza realmente útil, o si perderá fuelle y legitimidad a base de desencuentros y enfrentamientos internos.

Tal es el reto. O la izquierda demuestra a los españoles que es capaz de traducir pluralidad en encuentro, en eficacia y en gobierno. O muchos españoles darán definitivamente la espalda a la izquierda que propicie el fracaso.

La solución, en septiembre.

A juzgar por las primeras decisiones de calado adoptadas por el nuevo presidente del Partido Popular, los cambios que pueden esperarse en esta formación tras el congreso del 20 y 21 de julio se limitan al nombre de algunos de sus dirigentes y poco más. Pablo Casado ya ha anunciado el bloqueo de su grupo parlamentario a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que propone el Gobierno de España. En consecuencia, si Rajoy recortaba en educación y en sanidad desde el Gobierno, ya podemos asegurar que Casado también recorta en educación y en sanidad… desde la oposición.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 que el Gobierno socialista ha acordado con la Comisión Europea supone pasar de un déficit del 1,3% al 1,8% sobre PIB. Se trata de un margen de medio punto sobre PIB, cerca de 6.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de gasto de las administraciones públicas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó la distribución de estos recursos extraordinarios: dos décimas para el gasto de las comunidades autónomas (en torno a 2.500 millones), otras dos décimas para aliviar las cuentas de la Seguridad Social (2.500 millones) y una décima para el presupuesto de la administración central (sobre los 1.000 millones).

Las posiciones de unos y de otros responden a valores ideológicos diferentes y tienen consecuencias muy distintas también. El Gobierno socialista busca hacer compatible el propósito de la estabilidad presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos de bienestar y equidad social. Para ello persigue aumentar tanto los gastos como los ingresos fiscales del Estado, estableciendo, por ejemplo: un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades; una imposición justa para las empresas tecnológicas multinacionales que practican la elusión fiscal; una carga fiscal adecuada para el negocio bancario que ha recibido grandes recursos públicos en su reciente rescate financiero; así como un eficacia mejorada en la lucha contra el fraude fiscal.

Con este aumento equilibrado de gastos y de ingresos se puede comenzar a revertir los graves recortes en políticas sociales impuestos por los gobiernos del PP desde 2012, a la vez que se lograrán nuevas inversiones en investigación, innovación e infraestructuras destinadas a modernizar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar solidez a la economía española, al tiempo que se aporta equidad y justicia a la sociedad en su conjunto. Por eso, el aprovechamiento más importante del nuevo margen fiscal está destinado al gasto autonómico, que es responsable de los servicios públicos en educación, sanidad, empleo, vivienda y lucha contra la marginalidad social.

La posición del PP, como la de Ciudadanos, es igual de clara pero absolutamente contraria. La derecha azul y naranja priorizan la reducción acelerada del déficit, al tiempo que plantean nuevas bajadas de impuestos. Es decir, menos ingresos y aún menos gastos en el Estado. Solo hay una manera de cuadrar estas cuentas: con nuevos recortes sobre el gasto social y el gasto destinado a mejorar el modelo productivo. El modelo liberal del “cuanto menos Estado mejor” y el “sálvese quien pueda pagar” conduce a una economía frágil y a una sociedad desigual e injusta. Paradójicamente, las administraciones más perjudicadas por el veto del PP a la nueva senda de estabilidad presupuestaria son las comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por la propia derecha.

Las razones que llevan a Pablo Casado y al PP a esta posición contraria a la mejora del gasto social y productivo son de naturaleza tanto ideológica como estratégica. Los planteamientos ideológicos ya se han descrito. La estrategia de la derecha tampoco es nueva. Se reitera siempre desde la oposición. Consiste básicamente en aquella frase tan ilustrativa que el exministro Montoro dirigió a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canarias: “Que se hunda España, y ya llegaremos nosotros para salvar lo que se pueda”. Su prioridad es debilitar al Gobierno socialista por cualquier medio, aunque el medio pase por debilitar a la economía, al empleo y a los servicios públicos que atienden a la sociedad española.

La vigente ley de estabilidad presupuestaria otorga a la derecha una capacidad de veto en el Senado contraria a toda lógica. El funcionamiento habitual del poder legislativo prevé para el Senado la condición de cámara de segunda lectura, de tal modo que cualquier enmienda aprobada en la cámara territorial puede ser corregida en el Congreso, que representa la soberanía popular. Sin embargo, una modificación legal decidida unilateralmente por el PP en el año 2012 posibilita que la derecha, con poco más del 30% de los votos obtenidos en las últimas elecciones, imponga su criterio al 70% restante, gracias a su mayoría en el Senado. Parece razonable revisar esta incongruencia.

En conclusión. El primer debate político de alcance que ha tenido oportunidad de protagonizar el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se puede saldar con un nuevo recorte en las políticas de las que depende el bienestar de los españoles más vulnerables. Un comienzo muy significativo.

En el discurso pronunciado en Johannesburgo con motivo del centenario de Mandela, Barack Obama ha alertado sobre “la política del hombre fuerte, que se encuentra en pleno desarrollo en el mundo”. Se trata de una advertencia oportuna ante uno de los riesgos más graves y evidentes que se ciernen en nuestros días sobre las sociedades democráticas.

Probablemente Obama estaba pensando en su sucesor en la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, pero los ejemplos de esa figura emergente proliferan en los cinco continentes: desde Putin en Rusia hasta Erdogán en Turquía o Duterte en Filipinas, pasando por Salvini en Italia u Orbán en Hungría.

En las etapas históricas marcadas por las crisis económicas, el crecimiento de las desigualdades y la desorientación ideológica generalizada, suelen surgir supuestos libertadores, que a modo de falsos taumaturgos prometen grandes soluciones inmediatas a cambio de un poder cuasi absoluto e incuestionado.

Podemos hablar de una constante histórica que invariablemente termina con mayor deterioro social y graves retrocesos en términos de derechos y libertades democráticas.

Estos “hombres fuertes” arremeten contra las convenciones sociales y las instituciones democráticas más tradicionales, que suelen tachar de refugios para las castas de los instalados y los poderosos, que traicionan a las buenas gentes del pueblo llano. Pero en realidad están cuestionando las reglas y las instancias que se crearon precisamente para frenar los poderes totalitarios y arbitrarios que amenazan la convivencia democrática.

Trump, Erdogán y Salvini desprecian a los parlamentos, a los partidos, a los sindicatos y a los medios de comunicación más objetivos, porque se trata de las instituciones con que cuentan las sociedades democráticas para organizar el espacio público mediante la participación cívica y el equilibrio entre los diversos poderes. A los “hombres fuertes” les estorban todas las instancias que se interponen entre el líder y la masa informe, indistinta y manipulable.

Tales personajes suelen descalificar todo lo que aluda a “lo políticamente correcto”, asumiendo poses y discursos de pura arrogancia, que disfrazan de singularidad, valentía y liderazgo. Si lo que ellos entienden como  “políticamente correcto” consiste en tratar con respeto al diferente aunque sea adversario, Trump y compañía hacen gala de un comportamiento matonista y amedrentador, con insultos gruesos y zafios hacia todos los que se atreven a denunciarles y contradecirles.

Otra característica habitual en estos “hombres fuertes” es el desprecio por la verdad y los hechos en sus discursos y en sus propuestas. Amparados en la impunidad que las redes sociales otorgan a quienes mienten y manipulan la información, acostumbran a argumentar con datos falsos y ejemplos inventados. Cuando alguien les desmiente con información veraz, invariablemente le acusan de formar parte de una conspiración malintencionada y de servir a lo establecido.

La advertencia de Obama debiera tomarse muy en serio. No cabe ya sonreír ante las salidas de tono o despreciar con la indiferencia a estos personajes excéntricos. Son peligrosos. Cada vez más. Pensemos en aquellos personajes que surgieron en Europa tras la crisis de los años veinte en el siglo pasado.

Al principio, todos se reían también de las excentricidades de Hitler, Mussolini o Franco. Hasta que las risas tornaron en llanto.

Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

Dicen los manuales tácticos de la política que cuando una apuesta necesita explicación es que se está perdiendo. No es este el caso, como lo prueban las últimas votaciones en el Congreso. Sin embargo, el proceso de renovación de RTVE está resultando tan complejo que resulta muy importante informar a la ciudadanía con mucha transparencia sobre intenciones y decisiones.

El Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión con la regeneración democrática como primera prioridad. Y unos medios públicos de comunicación independientes y plurales forman parte fundamental de todo programa de cualificación de la democracia.

El propósito clave de todas las decisiones que se están adoptando respecto a RTVE es, por tanto, el de ofrecer a la sociedad española una radio televisión pública objetiva, veraz, autónoma y respetuosa con sus propios profesionales. Es decir, todo lo contrario de lo que RTVE ha sido durante los seis últimos años de gobierno del PP.

Se trataba y se trata de poner fin cuanto antes a la gestión de José Antonio Sánchez al frente de RTVE. Porque las constantes de esta gestión han sido el control político de la información a favor de los intereses del PP, la contratación de afines y la dilapidación de los recursos públicos. Las denuncias de los propios profesionales de la casa y sus apariciones “en negro” viernes tras viernes son buena muestra de lo insostenible de la situación.

¿Se podía haber logrado este objetivo de otra manera? Ojalá, pero no.

Para entender este momento hace falta un poco de historia. El gobierno socialista estableció la obligación legal del consenso y la independencia de RTVE en el año 2006, mediante la elección de su dirección con una mayoría cualificada de dos tercios en las Cortes. Aquel fue el tiempo de la radio y la televisión públicas con éxito de credibilidad, de audiencia y de premios internacionales.

El gobierno del PP recuperó la RTVE sometida al poder político con el cambio legal de 2012. La dirección volvía a elegirse con una mayoría a absoluta, a la medida del número de diputados del PP por aquel entonces. En el mes de septiembre del año 2017, perdida ya la mayoría absoluta del PP, los tres principales partidos de la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos- impulsan una ley que vuelve a reclamar la elección consensuada de los regidores de RTVE.

Sin embargo, la aplicación de esta última ley, aún en vigor, requería la celebración de un concurso público para asegurar la elección de perfiles meritorios en el consejo de administración. El reglamento que habría de regular tal concurso contaba con una fecha límite en la propia ley: el 31 de diciembre de 2017. No obstante, la mayoría con que cuentan PP y Ciudadanos en las Mesas del Congreso y el Senado ha logrado que siete meses después del cumplimiento del plazo legal, aquel concurso siga sin celebrarse.

Apenas tres semanas después de la investidura de Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno se encuentra ante la situación siguiente: el día 22 de junio culmina su mandato legal el presidente y los consejeros de la RTVE dominada por el PP; el presidente saliente ha asegurado el control sin plazo temporal de la radio y la televisión pública firmando unos poderes legalmente cuestionables a favor de los directivos de su confianza; y el concurso que debiera elegir al nuevo consejo de administración se encuentra bloqueado y sujeto a la mayoría de control que forman PP y Ciudadanos.

El Gobierno socialista solo tenía dos opciones. O se cruzaba de brazos permitiendo que la RTVE que pagamos todos los españoles siguiera manipulando la información y acosando a sus profesionales independientes, sin un horizonte temporal claro. O adoptaba las decisiones precisas para reestablecer una radio televisión pública al servicio de toda la sociedad. Se decidió por la segunda opción, que no era la más fácil ni la más cómoda.

En consecuencia, el mismo día 22 de junio el Gobierno aprueba un Real Decreto Ley con el objetivo de que, en solo 15 días, las Cortes Generales eligieran un nuevo consejo de administración y un nuevo presidente de RTVE, que ejercería sus funciones de forma provisional hasta que se celebrara con éxito el concurso público previsto en la ley vigente de 2017.

El decreto podría haber establecido cualquier fórmula de elección para estos cargos, pero el Gobierno optó acertadamente por plantear la misma exigencia democrática prevista en la ley de 2017 para el consejo definitivo: dos tercios de diputados en primera votación, y mayoría absoluta con apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios en segunda votación.

Poner de acuerdo a la mayoría de los representantes de la ciudadanía no ha sido fácil. En el acuerdo votado con éxito el día 4 de julio participaron hasta cinco grupos parlamentarios y más de una decena de partidos políticos: PSOE, Podemos y sus confluencias, ERC, PNV, PDCat, Compromís, Nueva Canaria, Coalición Canaria… Entre fuerza tan dispares, llegar a una decisión conjunta es difícil, pero acordar nombres para cargos concretos resulta extraordinariamente complejo. De ahí lo accidentado del proceso durante los últimos días.

No obstante, el buen hacer negociador de la portavoz socialista Adriana Lastra, la disposición positiva y comprometida de Podemos, y la colaboración de todos los demás grupos en beneficio del objetivo común, han dado como resultado el primer paso para el fin de la época más negra en la historia reciente de RTVE. Es una lástima que PP y Ciudadanos se hayan negado a participar en este consejo provisional. Se les ofreció proponer hasta un 40% de su composición, pero exigían una mayoría que no tienen en el Congreso que representa a los españoles.

¿Y ahora qué? El Congreso ya ha elegido seis consejeros. Entre el 8 y el 18 de julio se elegirá a los cuatro consejeros restantes y a un presidente realmente independiente. A partir de entonces procuraremos que el concurso público previsto en le ley vigente se desarrolle con rapidez, transparencia y eficacia, para que RTVE disponga enseguida de la dirección profesional, autónoma y decente que están esperando la gran mayoría de los españoles.

Esta es la explicación, compleja, sí, pero diáfana y honesta.

Las migraciones constituyen un fenómeno presente desde los albores de la Humanidad. A lo largo de la historia se ha tratado siempre lógicamente como un reto relevante para la organización del espacio público y de la convivencia. A veces se ha afrontado como un problema, y a veces como una oportunidad muy importante para el desarrollo económico, social y cultural. Grandes naciones, como los Estados Unidos de América, se forjaron migración tras migración. Y los españoles hemos sido protagonistas de migraciones extraordinarias, como emigrantes y como receptores de inmigración.

Durante los últimos años, sin embargo, son muchos los actores políticos empeñados en interpretar la inmigración tan solo como una gran desgracia para Europa. Los datos demuestran lo contrario: ni la inmigración constituye una gran amenaza plausible, por su cantidad y cualidades; ni sus efectos son solamente de carácter negativo. No obstante, el espantajo de la amenaza migratoria está sirviendo como argumento falaz para que los nuevos populismos, y los fascismos de siempre, agiten entre muchos europeos los peores instintos de miedo y egoísmo, con el objeto de obtener un rendimiento político y electoral.

El reto migratorio debe gestionarse con determinación, aprovechando su vertiente positiva y neutralizando en lo posible sus efectos indeseables. Hay que hacerlo con planificación, con recursos y desde los valores de equidad y justicia que forman parte de la identidad europea. Hay que afrontar las consecuencias problemáticas que conllevan en la actualidad los flujos migratorios procedentes de África y de Oriente Próximo, con eficacia y sin ingenuidades. Pero hay que hacerlo, sobre todo, atendiendo a las causas también problemáticas de esas migraciones que tanto preocupan hoy a muchos europeos.

Las consecuencias problemáticas que se subrayan tras cada patera, cayuco o balsa con inmigrantes que arriban a las costas europeas deberán abordarse bajo la responsabilidad del conjunto de la Unión. Habrá de hacerse coordinando actuaciones y compartiendo tanto los esfuerzos como los costes. Distinguiendo entre personas con derecho de refugio, y personas que migran buscando simplemente mejores condiciones de vida. Haciendo valer la legalidad vigente y combatiendo a las mafias que compran, venden y trafican con personas. Y, sobre todo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos que nos distinguen como sociedades democráticas y desarrolladas.

A ningún país, a ninguna región o localidad, puede forzarse a llevar su responsabilidad legal y su esfuerzo solidario más allá de lo razonable. Las instituciones que compartimos los europeos debieran asegurarse de ello. Pero ningún dirigente de país o región alguna tiene derecho a negar el auxilio humanitario a aquellos semejantes que se hacen a la mar, jugándose la vida, porque la vida vale poco allí de donde parten. Ningún responsable institucional tiene derecho a saltarse las normas que nos hemos dado para asegurar la convivencia en condiciones de dignidad. Y ningún político tiene derecho a azuzar miedos y odios para conseguir votos y acumular poder.

Pero si afrontar responsablemente las consecuencias de las migraciones es importante, analizar y enfrentar sus causas resulta crucial. ¿Por qué se habla tan poco de las razones que llevan a miles de personas a abandonar sus hogares en África y Oriente para llegar a Europa, arriesgándolo todo? ¿Por qué las instituciones europeas y sus dirigentes emplean tan poco esfuerzo en atender las causas de las migraciones que tanto les preocupan?

Siempre se dijo, con razón, que si la prosperidad no viaja del norte al sur, los hombres y las mujeres acabarán viajando del sur al norte. Y no habrá muro ni valla que les contenga. Pero este es el problema: el de la desigualdad creciente entre el norte y el sur.

Mientras en España, por ejemplo, el PIB per cápita se acerque a los 40.000 dólares y en 37 países africanos esté por debajo de los 5.000 dólares, las migraciones se seguirán produciendo a escala importante. Mientras las dos terceras partes de la población africana malviva en la extrema pobreza y millones de criaturas pasen hambre, los hombres y las mujeres viajarán al norte. ¿Qué tienen que perder? Mientras en muchos países africanos y orientales persista la guerra y la persecución por razones políticas, religiosas o de orientación sexual, las personas se subirán a la patera o a la balsa en busca de paz y seguridad.

En Europa hay capacidades y recursos para contribuir de manera decisiva al desarrollo económico, social y cultural del continente africano y de oriente próximo. En ocasiones se requerirán recursos cuantiosos. En otros casos bastaría con que las grandes potencias cesaran en hacer uso de estos territorios como campo de juego para sus conflictos geoestratégicos. Más allá de las razones ideológicas y morales, los beneficios a obtener a medio plazo con estos esfuerzos serían ingentes, por ejemplo en términos de generación de recursos naturales y de apertura de nuevos mercados.

Por tanto, las dirigencias europeas harían bien en preocuparse por las causas de las migraciones, además de atender sus consecuencias más dificultosas. Porque mientras estas sigan vigentes, aquellas no cejarán de arribar puntuales cada verano a sus puertos y a sus playas.