La derecha lleva toda la vida denostando y estigmatizando la política como una actividad perturbadora y sucia. “Haga usted como yo, no se meta en política”, aconsejaba el dictador Franco ante cualquier asomo de conflicto social.
Y, a juzgar por lo que leemos y escuchamos en estos días, parecen haber avanzado bastante en su propósito.
Todos pudimos ver hace unos días en los informativos de televisión como una profesora de la Universidad Complutense, en plena acampada contra la guerra en Gaza, intentaba justificar su presencia renegando de la política. “Que quede muy claro que aquí no hacemos política”, aseguraba con dramatismo. “Solo nos movilizamos en favor de la paz y los derechos humanos”.
Si hubiera tenido que negar una acusación de abuso de menores, quizás se hubiera sentido obligada a poner menos énfasis en su explicación.
Evidentemente, estaba equivocada. Su movilización, legítima y loable, era pura política. El problema reside en las razones que llevaban a esta profesora a negarlo, a casi disculparse y a abominar de sus auténticas motivaciones. ¿Hay algo malo en hacer política contra la guerra, en favor de la paz y los derechos humanos?
Para algunos, sí. La presidenta de la Comunidad de Madrid acababa de declarar en contra de “la politización de los campus”. Y es que a la presidenta regional no le gusta que los profesores y los estudiantes hagan política. Tampoco le gusta que hagan política los profesionales y los pacientes que reivindican una sanidad pública bien dotada. Ni le gusta que hagan política las familias de los usuarios de las residencias de mayores…
La derecha, en general, prefiere que la actividad política se reserve para ellos mismos y solo para ellos mismos, no vaya a ser que se opine de más. Que no hagan política los profesores, ni los estudiantes, ni los sanitarios, ni los pacientes, ni los inquilinos, ni las feministas, ni los ecologistas, ni los gais, ni las lesbianas… Si solo Ayuso y los suyos hacen política, se aseguran de que la política que se hace responde a sus intereses parciales, exclusivos y excluyentes.
Si todos nos dedicamos a hacer política, perderán sus privilegios.
La política es la disciplina que organiza el espacio público compartido. Por tanto, nos concierne a todos. Política se hace siempre, en todos los sitios. Ahora bien, la política puede ser democrática, participada por todos, o puede ser no democrática, reservada a unos pocos. Puede responder al interés general o al interés de unos pocos, los que hacen política…
Hace tiempo que la estrategia de la denostación y la estigmatización de la política está en marcha. Se denigra la actividad en partidos y sindicatos como intrínsecamente corrupta. Se deslegitima a las instituciones democráticas, como el Gobierno, el Congreso, la Fiscalía, el CIS… Se deshumaniza e insulta a los protagonistas de la política…
¿Qué consiguen así? Que las mayorías acaben cansadas, desilusionadas, alejadas de la política y de los políticos. Que las mayorías no hagan política, ni participen políticamente, ni voten siquiera. Que las mayorías se abstengan, para que las minorías hagan política y mantengan sus privilegios.
Defender la paz en Gaza es hacer política. Movilizarse por la sanidad pública es hacer política. Demandar más vivienda social es hacer política. Reclamar igualdad de derechos entre hombres y mujeres es hacer política. Pedir barrios más habitables es hacer política. Exigir un aire limpio es hacer política… Y hay que hacer política cada día, en todos los sitios, en los campus también.
Para que no solo ellos hagan la política.
Cuantos más hagamos política, más posibilidades hay de que la política se haga para los más.
El 2 de mayo de 1879 un puñado de trabajadores fundaron el PSOE en una fonda de la calle Tetuán de Madrid. Hoy conmemoramos este aniversario con el orgullo de mantener tan presente y tan vivo como entonces el viejo sueño de la emancipación de la clase trabajadora, el fin de la explotación del hombre por el hombre.
No celebramos, por tanto, el último día de estos 145 años de socialismo, sino el primer día de los siguientes 145.
Sí, somos partidarios de la memoria. No para mirar atrás con ira. No con ánimo de revancha. Tampoco para cobrarnos facturas pendientes, y las hay con algunos de los apellidos que aún hoy pretenden tumbarnos con juego sucio.
No. Miramos atrás en la historia porque podemos. Nosotros sí podemos mirarnos en nuestra historia de servicio al país sin bajar la cabeza con vergüenza. Miramos atrás, sobre todo, para ser conscientes y aprender que la historia se repite y que hay fuerzas capaces y dispuestas para frenar, si les dejamos, cualquier progreso en la igualdad, en la libertad y en el bienestar de las mayorías.
Miramos atrás para tomar ejemplo del compromiso, del esfuerzo, de la militancia emancipadora de hombres y mujeres como Pablo Iglesias Posse, Julián Besterio, Fernando de los Rios y Clara Campoamor, de Alfredo Pérez Rubalcaba, Carmen Chacón, Ernest Lluch y Pedro Zerolo.
Aquellos hombres y mujeres dieron y ganaron batallas decisivas para el interés general. Las batallas de hoy también son decisivas y dramáticas. La oleada ultra, el avance de la extrema derecha, la máquina del fango, pretenden lo de siempre: detener el progreso civilizatorio para la emancipación de los trabajadores y las trabajadoras, profundizar en beneficio propio las desigualdades y las injusticias de nuestra sociedad.
La máquina del fango no constituye una ideología, porque no pretende un corpus de ideas con las que organizar el espacio público. No es un programa político, porque no busca atender las necesidades de la gente. Se trata solo de una estrategia espuria para alcanzar el poder y ejercer un poder no democrático, contrario al interés de las mayorías, al avance civilizatorio y al progreso de los derechos humanos.
Se nutren del miedo y la frustración de mucha gente ante la aceleración y las consecuencias injustas de algunas de las transiciones globales en marcha. A quienes sienten miedo y frustración les ofrecen falsos culpables en los que descargar la ira, como los socialistas, las feministas, los inmigrantes, los ecologístas… Les ofrecen el falso refugio de los valores más tradicionales, como la nación, la religión, la raza, el patriarcado…
Se valen de viejos resortes con nuevas herramientas, como el odio, la dialéctica amigo-enemigo, la desinformación, los bulos, la deshumanización del adversario…
Han sido un peligro cierto durante los últimos 145 años y lo serán en los 145 años que tenemos por delante.
Por eso es preciso llamar la atención sobre la necesidad imperiosa, clave, de defender al PSOE, de proteger al PSOE, de fortalecer el PSOE. Más allá de uno u otro propósito institucional o electoral a corto plazo. Más allá de cualquier crítica, o pretensión o ambición personal legítima. Más allá de estas u otras listas… Fortalecer al PSOE.
Porque cuando el PSOE está fuerte y unido, este país avanza en igualdad, en libertad, en derechos y en bienestar.
Y cuando el PSOE está débil y dividido, este país retrocede.
Circula por ahí un vídeo con palabras del director de uno de esos pseudo medios que constituyen la máquina del fango. Nos invita a estar preparados para nuestro final trágico.
Demostremos que, 145 años después, seguimos preparados para plantar cara a la reacción, y para seguir cumpliendo el sueño eterno de la emancipación de los trabajadores y las trabajadoras.
En la carta del Presidente es preciso distinguir la confesión puramente personal del potente mensaje político que comparte con la ciudadanía española.
En el aspecto sentimental solo cabe entenderle, respetarle y brindarle todo el apoyo por parte de quienes le tenemos sincera admiración y afecto.
Pero el plano más emocional, siendo clave para explicar la situación que vivimos, no ha de ocultar la trascendencia de las consideraciones políticas que nos traslada aquel que ha obtenido legítimamente la confianza para gobernar el país.
Lo que ha hecho Pedro Sánchez es situar a la sociedad española ante un espejo, para enfrentarnos de forma abrupta ante el deterioro democrático en el que nos sume el juego sucio de quienes no admiten quedar fuera del poder.
El Presidente ha puesto pie en pared y se ha negado a dar normalidad a lo que no es normal.
Porque no es normal ni aceptable que la derecha política, económica y mediática, junto a sus terminales cómplices en gremios claves, practiquen estrategias de desestabilización para tumbar al Gobierno salido de las urnas.
Con el raro paréntesis de la Transición Democrática, la derecha española ha demostrado a lo largo de la historia pocos escrúpulos en los caminos que emprende para acceder al poder. Desde la llegada de Aznar, todo le ha valido, lo lícito y lo ilícito, lo legal y lo delictivo incluso, para alcanzar o conservar lo que consideran su derecho natural a mandar.
Esa historia incontestable converge ahora con la oleada ultra, populista y de extrema derecha, que asola buena parte de las democracias del mundo, proporcionando nuevos discursos, nuevas tácticas y nuevas herramientas para combatir a los gobiernos progresistas y sus políticas de avance social.
En España, muy especialmente desde la llegada de Feijóo al liderazgo del PP, la derecha ha practicado el bloqueo de instituciones fundamentales para el funcionamiento de nuestro sistema político, como el gobierno del Poder Judicial. Ha hecho uso espurio de otras instituciones, como el Senado, para obstaculizar las iniciativas de la mayoría parlamentaria legítima.
Han acudido a las instituciones europeas con el propósito de impedir la llegada a nuestro país de ayudas imprescindibles, o con la idea fallida de que relatores internacionales inspeccionen, juzguen y tumben las iniciativas legales de nuestro parlamento.
Practican por sistema la llamada estrategia del bulo, mediante la que lanzan infundios a través de medios financiados por la propia derecha, para utilizarlos luego falazmente contra el adversario político en los grandes escenarios institucionales y mediáticos, con grave daño personal incluso.
En suma, generan un clima de desestabilización e ingobernabilidad, que daña el interés general y socava las bases de la propia convivencia democrática.
Y tales estrategias desestabilizadoras merecen una respuesta. En defensa de la democracia. Cabe planear y aplicar las reformas institucionales y legales precisas para eso, para defender la democracia del juego sucio, de los bloqueos, de los bulos, de la destrucción del adversario por medios ilegítimos…
Merece la pena.
Porque hemos hecho mucho por este país y por su gente, por la justicia social, por el progreso económico, por la modernización, por la conquista de nuevos derechos, por la integración territorial, por la convivencia.
La oposición de PP y Vox ha registrado 22 preguntas orales y 4 interpelaciones para formular al Gobierno en los Plenos que tendrán lugar en el Congreso y en el Senado durante los días 23 y 24 de abril. Este registro ha coincidido en el tiempo con la publicación del Barómetro de Abril 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas, que refleja las principales preocupaciones de los españoles.
En una democracia parlamentaria como la nuestra, parece lógico esperar cierta concordancia o, al menos, cierta coherencia entre el interés de la oposición en el ejercicio del control al Gobierno, y las preocupaciones que afectan a aquellos hombres y mujeres a los que diputados y senadores representan en las instituciones.
Sin embargo, del análisis de las preguntas formuladas por PP-Vox y de su comparación con los intereses expresados por la ciudadanía se concluye una incongruencia absoluta, difícil de justificar, que pone en cuestión los auténticos propósitos de los grupos parlamentarios de la derecha española.
Por resumir, ante la pregunta de “cuáles son los problemas principales que le afectan a usted personalmente”, los españoles sitúan cinco prioridades: la economía, la calidad del empleo, la sanidad, el paro y la vivienda. Son, por otra parte, los problemas que suscitan habitualmente la atención y la demanda de la ciudadanía en las sociedades más avanzadas.
Mientras tanto, las cinco prioridades en las preguntas del PP al Gobierno en el Parlamento son las siguientes: ETA, Puigdemont, Koldo, Venezuela y el Falcon. Las habituales, por otra parte.
Es decir, la derecha de PP-Vox mantiene una agenda parlamentaria que responde a sus propios intereses políticos, y que nada tiene que ver con los verdaderos intereses de la sociedad española. El objetivo de PP-Vox no es, pues, buscar respuestas para mejorar la vida de los españoles y las españolas, sino simplemente desgastar al Gobierno para conquistar el poder político.
ETA, Puigdemont, Koldo, Venezuela y el Falcon no aparecen siquiera entre las preocupaciones más livianas de los españoles. La temática de otras preguntas de PP-Vox si llega a aparecer en la respuesta a los encuestadores, aunque mínimamente: la independencia de Cataluña preocupa al 0,3%; la inmigración, al 1%; la inseguridad ciudadana, al 1,2%; y el aumento de impuestos, al 2,9%.
Estas son las preguntas de los líderes más conocidos de la derecha: Feijóo se interesa por “a quién escucha el Presidente”; Gamarra pregunta si debe dimitir quiene miente; Tellado pregunta por Bildu; Alvarez de Toledo, por Puigdemont; Bendodo, por Koldo; y Abascal, claro, por la inmigración.
Ni economía, ni calidad del empleo, ni sanidad, ni paro… Una pregunta sobre vivienda en el Senado, a cargo de una senadora madrileña del PP, para ser justos. Una de veintidós.
El ministro de Economía español presume ante sus colegas europeos de ser el ministro de la materia menos interpelado por la oposición de todo el continente. Y esto solo puede deberse a dos razones: a que la economía va bien, y a que la oposición tiene otros intereses, que no pasan por el interés de la ciudadanía.
Al ministro Cuerpo el propio Gobierno le ha asignado una pregunta del PP que no tenía destinatario concreto, y cuyo contenido es tan críptico como lo siguiente: ¿Cuáles son los criterios del Gobierno para asignar recursos a empresas, fundaciones y asociaciones?. Así, sin más, sin especificar a qué tipo de recursos se refiere, con qué procedencia, con qué objeto, con qué destino…
Mientras tanto, el Gobierno de España sí actúa en consonancia con el interés de la ciudadanía. La economía española crece cinco veces más que la media europea. Los contratos estables de trabajo son ahora uno de cada dos, cuando eran uno de cada diez con Gobiernos del PP. Las iniciativas para mejorar el servicio sanitario son constantes, con la ley de la Agencia de Salud Pública, los nuevos cribados en recién nacidos, el plan anti-tabaco… Uno de cada tres empleos que se crean en Europa tienen lugar en nuestro país. Y la ministra de Vivienda ha impulsado ya el índice de referencia para limitar la subida de los alquileres, los planes para construir más de 180 mil viviendas sociales, las ayudas públicas para las hipotecas…
Durante la última semana han quedado al descubierto tres bulos con incidencia política relevante: el bulo sobre las falsas subvenciones públicas recibidas por la esposa del Presidente del Gobierno; el bulo sobre el supuesto delito de ocultación de abusos a menores por parte de Mónica Oltra; y el bulo ultraderechista sobre la incierta fiscalidad expropiadora aplicable a los perceptores del salario mínimo.
Cuando hablamos de bulos estamos hablando de la divulgación de noticias deliberadamente falsas, difundidas con la intención de desinformar, al servicio de intereses políticos, económicos y mediáticos concretos y espurios.
Desde hace demasiado tiempo, los bulos en la política española no son anécdotas esporádicas, sino una constante evidente. No responden a un exceso puntual por parte de secundarios meritorios, sino que forman parte de estrategias premeditadas. No se trata de una conducta generalizada que todos practican por igual, porque son siempre los mismos quienes los ejercen y quienes los sufren. Y no es un tema menor, porque socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en sus protagonistas.
La estrategia vigente de bulos por parte de la derecha española y sus aliados mediáticos tiene como finalidad la destrucción del adversario político, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, mediante la deslegitimación y la desestabilización del conjunto del sistema político español, desde el Gobierno hasta el Congreso de los Diputados, pasando por el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, la Hacienda pública…
El modus operandi perpetrado por los fabricantes de bulos se repite de manera sistemática. Lo hemos visto esta semana.
Un digital al servicio de la causa desestabilizadora lanza una mentira sobre la esposa del Presidente del Gobierno. Se le acusa, nada menos, que de recibir subvenciones públicas del ejecutivo que preside su marido, que se apresura supuestamente a ocultarlo, claro. De inmediato, otros digitales y algunos medios generalistas, incluida la televisión pública al servicio del PP en Madrid, lo difunden. Cuando la verdad se abre paso y llega el desmentido, el daño reputacional ya está hecho, y miles de españoles han recibido el mensaje sobre la falsa corrupción.
Uno de los partidos de la derecha acusa a Mónica Oltra del terrible delito de ocultar los supuestos abusos cometidos por su marido a una niña tutelada por la Comunidad Autónoma donde ejerce como vicepresidenta. La campaña de los medios afectos es tan brutal que Oltra se ve abocada a dimitir. Pasado el tiempo, los tribunales archivan la causa, porque “todos los indicios se han desvanecido por completo”, y no se ha descubierto “orden, instrucción, consigna o indicación alguna” que pueda sostener la acusación. Pero el objetivo está logrado. Oltra quedó fuera de la competición política y la derecha gobierna la Comunidad Valenciana.
Un diputado derechista toma la palabra en la sesión de control del Congreso de los Diputados, emitida en directo por varios medios de comunicación, en plena semana de arranque de la campaña institucional para la formalización del Impuesto sobre la Renta. Ese diputado asegura formalmente desde su escaño que los españoles que perciben 15.800 euros anuales en concepto de salario mínimo están obligados a pagar al Estado español hasta 8.000 euros, es decir, un 54% de tales ingresos. Claro está, la Ministra de Hacienda le desmiente de inmediato, confirmando que esos ingresos están exentos de tributar. Pero el mensaje de la voracidad fiscal del Estado llega a los hogares, justo cuando se están rellenando los formularios del IRPF.
Se valen de la complicidad de un conjunto de medios y pseudo-medios de comunicación con pocos escrúpulos, que abusan de los amplios márgenes que la Constitución y nuestro régimen de libertades otorga a quienes se expresan públicamente.
Se aprovechan también de la paradoja que conlleva la revolución tecnológica y la irrupción de las redes sociales como medio de información de referencia para una parte importante y creciente de la población. Cada vez hay más posibilidades para informar y para informarse pero, a la vez, cada vez hay más posibilidades para desinformar y para ser desinformados.
Las consecuencias son graves, en términos de calidad de la democracia, desde luego.
¿Qué respuesta merecen estas estrategias?
Primero, desenmascarar y denunciar, desde luego. Que su juego tramposo quede al descubierto.
Después, pedagogía, para que la ciudadanía encuentre vías rigurosas, fiables y contrastables en el ejercicio del derecho constitucional a recibir información veraz.
Y siempre, la defensa de los valores democráticos y el juego limpio, frente a los tramposos.
La memoria histórica de los pueblos y sus instituciones no es un asunto soslayable o menor. Tampoco lo son las leyes que establecen las responsabilidades de los gobiernos al respecto. Por tanto, no cabe despreciar, orillar o preterir las obligaciones relativas a la memoria por razones de estrategia política o cálculo electoral.
Las instituciones democráticas han de contar con un relato oficial acerca de la historia reciente del pueblo al que representan y gobiernan. Y ese relato debe construirse y mantenerse desde los principios, vigentes en el derecho internacional, de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de actos contrarios a la vigencia de la democracia y los derechos humanos.
La actividad de las instituciones democráticas está condicionada en su día a día por la orientación del relato oficial de memoria establecido tanto en el ordenamiento jurídico como en el orden cultural.
Tan importante es la vigencia, la verdad y la justicia de ese relato oficial, que no podemos permitir que se falsee y se manipule al servicio de intereses espurios. Por eso, el Gobierno de España ha manifestado su voluntad firme de hacer frente a la ola de revisionismo ultra que, de la mano del PP y Vox, amenaza la verdad y la justicia en la memoria democrática de los españoles,
Por ejemplo, resulta imprescindible que el relato oficial de la memoria democrática en España distinga con claridad entre democracia y dictadura, estableciendo que en nuestro país estuvo vigente la democracia constitucional entre 1931 y 1939, así como, desde luego, a partir de 1978. Y ese relato debe establecer sin dudas que el régimen franquista sufrido durante casi cuarenta años fue un régimen dictatorial y antidemocrático.
Si el relato oficial de la memoria colectiva no distingue entre democracia y dictadura o equipara ambas realidades, además de cometer falseamiento de la historia e injusticia flagrante, está debilitando las capacidades de la sociedad española y sus instituciones para valorar, preservar y defender la convivencia democrática vigente.
Por ejemplo también, es importante que la memoria oficial establezca claramente que el alzamiento militar de 1936 constituyó un golpe de Estado antidemocrático contra la legalidad constitucional, y no un episodio más del enfrentamiento entre dos colectivos con legitimidades parejas en un contexto de Estado fallido. Porque, esta segunda versión, además de falsa, facilita el fortalecimiento de movimientos ultras, taumaturgos, falsos salvadores y patrioteros, que en realidad persiguen desestabilizar las instituciones para alcanzar el poder y restablecer aquellas dictaduras negadas.
Defender la memoria democrática desde los principios de la verdad, la justicia y la reparación, no responde a una intención revanchista. No se trata en España, por ejemplo, de sacar las facturas pendientes de los asesinatos, los secuestros carcelarios, los exilios o las persecuciones de miles de demócratas por parte de la dictadura derechista de Franco y algunos de los fundadores del PP y Vox. Se trata de fundamentar nuestra democracia con garantías de solidez, frente a las amenazas de los nostálgicos del franquismo o del nazismo.
Por eso tenemos que mostrar una preocupación seria ante la deriva antidemocrática de los legisladores derechistas en algunas comunidades autónomas, como Aragón, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria… Sus nuevas leyes de memoria en algunos casos, o los proyectos o anuncios de ley en otros, responden claramente al revisionismo falsario del que se advierte en estas líneas.
Las leyes del PP y Vox niegan la denominación de dictadura a la dictadura, equiparando prácticamente los periodos de convivencia constitucional con la vigencia de regímenes totalitarios. Derogan los lugares de memoria y los homenajes a quienes sufrieron persecución y lucharon en favor de las libertades democráticas. Acaban con los mapas de fosas y niegan ayuda pública a quienes pretenden desenterrar de las cunetas a sus seres queridos, asesinados por la dictadura, para darles sepultura digna.
Hay quienes explican la actitud del PP en este negacionismo de la memoria democrática por la presión de Vox. Puede ser. Y también puede ser que unos resulten tan ultras como los otros, y que ya no haya distinción relevante entre ambos. Pero lo que es seguro es que, con estas iniciativas legales, tanto unos como otros están legitimando y dando impulso aquí a esa ola ultra global que amenaza los derechos más básicos y las libertades más elementales de la Humanidad en los cinco continentes.
El caldo de cultivo favorable es el temor a las consecuencias desigualitarias de la globalización, o de la Agenda 2030, como pretenden equiparar algunos. El caldo de cultivo es también la desinformación y el tráfico libre de bulos que acompaña a la transición digital como un daño colateral en progresión geométrica.
Es duro, además, escucharles hacer uso torticero de las palabras más hermosas. En Madrid hablaban de libertad cuando practicaban el latrocinio. Con las leyes de memoria hablan de concordia cuando practican el revisionismo histórico más avieso.
Vamos a proteger la memoria democrática. En defensa propia. Nos jugamos mucho.
El PP ha resuelto el debate tradicional entre constitucionalistas respecto del papel del Senado en nuestro entramado institucional. Hay quienes asignan a esta cámara la función de segunda lectura acerca de las iniciativas del Congreso. Otros entienden que le corresponde, sobre todo, representar a los territorios en el ejercicio del poder legislativo del Estado. Para algunos, ha de ser lugar de encuentro, coordinación y colaboración entre las administraciones multinivel en nuestro incipiente modelo federal…
Pero el PP ha puesto fin al debate, por esta legislatura al menos. El Senado será durante los cuatro próximos años una cámara al servicio de los intereses del Partido Popular, que detenta la mayoría absoluta en su Pleno y en sus órganos de dirección. De hecho, desde la investidura del Presidente Pedro Sánchez, cada decisión relevante de la cámara alta ha estado inequívocamente orientada a cumplir la estrategia partidaria del PP.
El Senado aprobó con agilidad una reforma reglamentaria, que no estaba dirigida a mejorar las capacidades del parlamento a fin avanzar en derechos o bienestar para sus representados. No. La reforma consistió en armar a la mayoría del PP en la Mesa del Senado, para retrasar a voluntad la tramitación de las leyes que enviara el Congreso de la mano de la mayoría que respalda al gobierno de Pedro Sánchez. Una reforma aprobada contra el artículo 90 de la Constitución, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La reforma reglamentaria fue seguida de cerca por la reforma del calendario de sesiones plenarias. Atendiendo a la composición mixta del plenario, el Senado celebraba tradicionalmente dos plenos al mes, con la finalidad de que los senadores que también son diputados autonómicos pudieran combinar la tarea en Madrid con sus responsabilidades territoriales.
Sin embargo, unilateralmente una vez más, la mayoría del PP decidió pasar de dos a tres plenos al mes, con la intención de multiplicar las sesiones de control y entorpecer la agenda de gestión del gobierno Sánchez. Tan es así, que el orden del día de ese tercer pleno se ha reduce ya casi exclusivamente a la diatriba semanal del PP contra el ejecutivo.
A la vez, la dirección del PP en el Senado decidió ignorar la prerrogativa que la Constitución otorga al gobierno del Estado en su artículo 134 para proteger el equilibrio de las cuentas públicas, planteando su disconformidad ante la tramitación de iniciativas de ley que conlleven aumento inabarcable de gasto o reducción temeraria de ingresos. El Senado del PP tramita tales iniciativas, ignorando los escritos del Gobierno al amparo de la Constitución. También tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional al respecto.
La última campaña del Senado en interés del PP y contra las iniciativas de la mayoría congresista que respalda al gobierno tiene que ver con la Proposición de Ley de Amnistía, claro está.
El Senado del PP ha disparado contra esta Proposición de Ley por tierra, mar y aire, incluso antes de que llegara a su cámara. Han llegado a involucrar, nada menos, que a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa para la defensa del Estado de Derecho. No obstante, en esta ocasión, como suele decirse, el tiro le salió al PP por la culata, porque el informe de los relatores europeos constató la vigencia de la amnistía en más de una cincuentena de países democráticos, al tiempo que desmentía las falsas acusaciones de vulneración de los principios de igualdad y separación de poderes.
La cámara alta acudió también, desde luego, al caduco Consejo General del Poder Judicial, cuya composición adulterada carece ya de un ápice de credibilidad siquiera. Su informe parcial no lo leyó casi nadie.
Finalmente, el Grupo Popular en el Senado ha iniciado los trámites para entablar un conflicto entre órganos constitucionales ante el TC, con el propósito de frustrar la tramitación de la PL de amnistía, una vez más. El conflicto de competencias está previsto en la Constitución y en la ley que regula las funciones del TC. Sin embargo, tal previsión no tiene nada que ver con el caso al que se pretende aplicar, y los redactores del informe jurídico del Senado debieran saberlo. Lo saben, de hecho.
El conflicto constitucional de competencias cabe plantearse cuando un órgano constitucional “adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero” (el órgano que lo suscita). No se ha dado asunción indebida de atribuciones por parte del Congreso en la tramitación de la Proposición de Ley de amnistía, como es obvio. Se trata, por tanto, de una iniciativa injustificada, carente de base jurídica, con motivación exclusivamente política, para cuestionar políticamente la iniciativa del Congreso al tiempo que busca satisfacer al sector más ultra del espectro ideológico.
El episodio más lamentable ha sido, sin embargo, el de la utilización de los servicios jurídicos del Senado para dar lugar a un informe tan innecesario como penoso. Innecesario, porque bastaba la decisión política de la mayoría en la Mesa para adoptar las decisiones previamente establecidas en atención a los intereses del PP. Y penoso, porque arrastra el prestigio de un estamento que se debe solo al imperio de la ley, por encima de dogmas ideológicos y consignas de partido.
El informe es lamentable por su intención, al servicio de los intereses del PP; por su contenido, claramente más político que jurídico; y por la ofensa que conlleva respecto a la labor de los letrados del Congreso, tanto en la secretaría general como en la Comisión de Justicia, cuyo criterio y desempeño, de cariz diverso, hasta contrapuesto, por cierto, hubiera merecido mejor consideración por parte de sus compañeros en el Senado.
Los autores del informe se erigen en intérpretes de constitucionalidad con carácter general, en una auto-atribución de facultades sin parangón en nuestra historia democrática. Sentencian sin margen de duda por su parte la inconstitucionalidad de la Proposición de Ley, pero no se quedan ahí.
Es inconstitucional la proposición, y la figura del derecho de gracia como tal, y la tramitación en el Congreso de principio a fin, y el propio Reglamento del Congreso que faculta la tramitación, y hasta los autos del Tribunal Constitucional que inadmiten los recursos de Vox contra la iniciativa. A los magistrados del TC solo les quedará decir amén… En realidad, lo único inconstitucional es su auto-atribución como martillo de herejes constitucionales.
Por cierto, que la expresión “reforma constitucional encubierta” forma parte del argumentario diario del PP. Ni disimulo ha habido.
El papel pone de manifiesto asimismo un desconocimiento significativo del derecho europeo e internacional, impropio de una cámara parlamentaria.
Respecto al informe de la Comisión de Venecia, tergiversa claramente su contenido al atribuirle la afirmación de que es necesaria una reforma constitucional para aprobar la amnistía en España. Por el contrario, la Comisión reconoce claramente en su página 30 que la amnistía se puede regular mediante ley orgánica.
Respecto a la advertencia de que una directiva europea exige que la malversación constituya una infracción penal, el informe del Senado olvida que la directiva se refiere siempre a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, y que estos están expresamente excluidos de la amnistía. Además, la amnistía no afecta a la tipificación penal, que sigue vigente, claro está.
Otros argumentos del papel son sencillamente absurdos. Como afirmar que la ausencia de previsión constitucional supone una prohibición de regular la amnistía. Aceptar tal limitación impediría al legislador español regular desde internet hasta la inteligencia artificial, pasando por la COVID, por ejemplo.
Como criticar que la amnistía suspende la ley para quienes adoptan determinada ideología, en una argumentación que responde claramente a las tesis más rechazables del independentismo. Y es que las personas aspirantes a la gracia del Estado no han sido procesadas o condenadas por su ideología, sino por sus actos delictivos. ¿O es que el Senado va a admitir que los independentistas son perseguidos judicialmente en España por sus ideas?
Por último, resultan especialmente lamentables las referencias innecesarias a la tramitación de la Proposición de Ley en el Congreso. Los servicios jurídicos del Senado arremeten con dureza y sin razón contra sus compañeros del Congreso, que actuaron con profesionalidad y conforme a Reglamento.
Esa enmienda a la totalidad de la tramitación legislativa en el Congreso, avalada por los servicios jurídicos, no se sostiene bajo argumento jurídico alguno, sino tan solo a partir de la voluntad de servir al interés del PP, que ejerce mando en el Senado.
Algunos de los reproches que el informe del Senado arroja contra la tramitación de la Proposición de Ley de la amnistía en el Congreso rayan en el ridículo, además. Por ejemplo, cuando el informe destaca, en título y con negrita incluso, el “conocimiento sorpresivo de las enmiendas transaccionales” en Comisión de Justicia.
Todos cuantos hemos pasado por el parlamento, en el Congreso y en el Senado, sabemos que la presentación directa de enmiendas transaccionales a la Mesa de una Comisión, mientras se tramita una iniciativa de ley, constituye una facultad amparada por el artículo 114.3 del Reglamento, y ampliamente utilizada por todos los Grupos Parlamentarios desde hace más de cuarenta años. Desconocimiento o mala fe…
Desde hace años, quienes trabajan en el Senado venían quejándose tanto de la falta de atención pública a las labores de la cámara alta, como el déficit injusto de prestigio para esta institución que merece un papel clave en nuestro sistema constitucional.
Puede que la mayoría circunstancial del PP haya logrado solventar el primer problema, pero temo que esté agravando irremediablemente el segundo.
Fui elegido diputado por los españoles en las elecciones del 23 de julio. El pasado 14 de marzo voté a favor de la Proposición de Ley de amnistía en el Congreso. Entiendo que mis representados, y especialmente mis votantes, merecen una explicación.
Voté Sí a la Ley de amnistía por dos razones, fundamentalmente.
Porque creo honestamente que la Ley de amnistía ayuda a mi país, a España, en el propósito de superar el gravísimo conflicto político abierto por el desafío separatista en Cataluña. Facilitar el reencuentro, el diálogo y la negociación, pasando página de juicios y penas, contribuirá a cimentar una nueva etapa de convivencia y relaciones normalizadas entre catalanes, así como de Cataluña con el resto de España.
Y porque la aprobación de la Ley de amnistía en el presente momento político ayuda a la gobernabilidad de España, en un escenario de gran fraccionamiento en la representación parlamentaria y ante una grave ofensiva desestabilizadora por parte de las derechas radicalizadas. Consolidar en esta legislatura XV una mayoría parlamentaria favorable al progreso económico, la creación de buenos empleos, la ampliación de derechos y la mejora de la convivencia, constituye asimismo un objetivo legítimo y positivo.
Estas son las razones.
Entiendo que pueda haber quienes consideren que, en realidad, ha pesado más el segundo argumento que el primero. No lo creo así, pero lo asumo. En todo caso, la normalización de la vida política y social en Cataluña, y la viabilidad de una nueva legislatura para el progreso de los españoles, son ambos dos propósitos que merecen del esfuerzo excepcional, y del coste político añadido, que pueda suponer una Ley de amnistía.
Lo creo así honestamente.
Hay quienes, con la misma honestidad, manifiestan sus dudas, y su oposición legítima, ante esta decisión mía y de la mayoría de los diputados del Congreso. Intentaré responderles.
La amnistía no figuraba en nuestro programa electoral ante el 23J. Es cierto. Pero también lo es que siempre figuró en nuestros programas y en nuestros discursos el objetivo de restituir al ámbito de la política un conflicto que nunca debió salir de ahí. Siempre anticipamos que nuestra meta sería la superación del procés y la recuperación de la convivencia. Y que la línea emprendida con los indultos inspiraría nuestros pasos subsiguientes. No había engaño en nuestra posición.
La ley de amnistía puede entenderse como una simple transacción con Junts per Catalunya a cambio de sus siete votos para la investidura. Ha podido entenderse así por una parte de la ciudadanía, merced a la insistencia de la derecha política y mediática en esta explicación. Pero, en realidad, la amnistía era demandada por la mayoría de los Grupos Parlamentarios del Congreso elegido por los españoles el 23 de julio: Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, Bloque Nacionalista Galego… y 40 de 48 diputados catalanes. No era solo cosa de JxC.
La amnistía puede percibirse como impunidad ante los delitos y desigualdad ante la Justicia. Ciertamente ocurre así cada vez que en cualquier democracia del mundo se aplica esta medida excepcional de gracia. La legitimación última reside en el motivo por el que se aplica el perdón, y nuestro motivo es plenamente legítimo: la reconciliación y la convivencia. Además, la ley excluye de la amnistía los delitos más graves que afectan a los derechos humanos. Y todos sabemos que hablar de terrorismo en el procés catalán no se sostiene.
Los independentistas seguirán planteando la autodeterminación. Claro. No podemos pretender ni aspirar a que renuncien a su ideología. Lo que sí podemos reivindicar con esta medida es que defiendan sus aspiraciones desde el diálogo, en un contexto de negociación política y con respeto a las leyes vigentes. Esto supone un gran avance ya respeto a la situación vivida en 2017 bajo gobierno de la derecha.
Se han manifestado dudas razonables acerca de la constitucionalidad de la ley y de su coherencia con el derecho europeo. También es verdad. Pero el encaje de la Ley de amnistía en la Constitución está firmemente motivado en su preámbulo y, en todo caso, será motivo de decisión en su momento por parte del Tribunal Constitucional. Como en todas las leyes.
Y gracias al PP, reconozcámoslo, hemos contado con el aval anticipado para la ley por parte de la Comisión de Venecia, un prestigioso órgano consultivo del Consejo de Europa, especializado en la defensa del Estado de Derecho. Los relatores europeos nos han recordado que más de una cincuentena de Estados democráticos han aplicado legítimamente leyes de amnistía, incluso cuando no se daba una habilitación constitucional expresa, como es nuestro caso.
En definitiva, han de respetarse siempre, y comprenderse también, las dudas que una decisión de la naturaleza y el alcance de la amnistía puedan provocar en muchas personas que pretendan entender de buena fé las motivaciones de quienes hemos aprobado la ley en la sesión plenaria del Congreso del 14 de marzo.
Puede que la mejor respuesta consista en la invitación a contemplar la realidad normalizada de la política y la sociedad catalana en el día de hoy. Que dista mucho de la realidad conflictiva que se sufría hace siete años. Porque esta nueva realidad es consecuencia de la estrategia de normalización política, social e institucional emprendida desde el año 2018 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, mediante un esfuerzo permanente de diálogo y entendimiento con quienes piensan de forma diferente.
Y porque la Ley de amnistía supone la continuidad lógica y el colofón coherente para este loable empeño de interés general.
No es que el tiempo nos acabe dando la razón. Es que el tiempo nos está dando ya la razón.
Las acusaciones de quienes se oponen a la Ley de amnistía desde las derechas radicalizadas merecen poca respuesta. Por su motivación espuria, y por la inconsistencia jurídica y política de sus reproches.
Tachaban de inconstitucional una proposición de ley incluso antes de leerla.
Hablan de ruptura del Estado de Derecho ante una ley aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento, conforme a las reglas estrictas del Estado de Derecho.
Denuncian la quiebra del principio de la separación de poderes, sabiendo que serán los jueces quienes apliquen o no apliquen la amnistía, caso a caso.
Lanzan admoniciones sobre la división y la ruptura de España, mientras siembran agravios entre territorios para obtener rendimiento electoral propio.
Anuncian el reproche de Europa y se encuentran con el respaldo de la Comisión de Venecia ante una medida utilizada con normalidad en las democracias más solventes.
Para las derechas radicalizadas, la amnistía constituye tan solo una herramienta más a manipular en su estrategia de desestabilización del Estado para destruir al Gobierno legítimo de España.
Importa mucho más escuchar, atender y dar respuesta al interés lógico y a las dudas razonables que los españoles de buena fé pudieran albergar ante una iniciativa tan relevante y excepcional como una Ley de Amnistía.
No vamos a cejar en el empeño de explicarnos.
Porque estamos plenamente convencidos de actuar siempre en interés de España. También con la amnistía.
En las sociedades europeas democráticas tendemos a creer que los avances civilizatorios son inexorables e irreversibles en el tiempo histórico. Tenemos asumido que en el largo plazo no hay vuelta atrás para la consolidación de libertades y la ampliación de derechos.
Pues no es cierto.
No lo es fuera de Europa, como resulta evidente. Y tampoco lo es en Europa, como se pone de manifiesto cada vez en mayor medida.
Las libertades públicas, los derechos de ciudadanía y las conquistas del Estado de Bienestar no son invulnerables ni irreversibles. Las libertades y los derechos que tienen que ver con la igualdad de las mujeres tampoco.
El feminismo es la ideología que defiende la igualdad de las mujeres y los hombres. Se trata de la revolución política, social y cultural más importante del siglo en que vivimos, sin lugar a dudas. Ha producido ya en algunos países de Europa, especialmente en España, avances extraordinarios, si bien insuficientes y asimétricos.
Hoy, esos avances están en riesgo, aquí y en el resto de Europa. Porque hay una reacción antifeminista en marcha, que promueve la ultraderecha y prosigue la derecha tradicional.
La reacción está presente en los discursos de los representantes políticos, del negacionismo de violencia de género de Abascal al rechazo al aborto libre de Ayuso. Está presente en los hechos, de la retirada de ayudas a las organizaciones feministas a la supresión de concejalías de igualdad.
Y los discursos y los hechos hacen mella en las opiniones de la ciudadanía, incluso entre los más jóvenes. Según los últimos estudios sociológicos, solo el 35% de los varones españoles entre 18 y 26 años comparten las ideas feministas, por un 66% de ellas. Hasta un 44% de hombres, y un 32% de mujeres, consideran que el feminismo lleva sus reivindicaciones “demasiado lejos”.
Como sucede en otros ámbitos ideológicos y políticos, la derecha populista cultiva los miedos y las incertidumbres asociadas a los grandes cambios sociales, mientras ofrece falsos refugios en los valores tradicionales de la nación, la religión… y el machismo.
Por tanto, hay muchos avances por defender y consolidar en materia feminista. Y aún quedan muchas conquistas pendientes en las que no arredrarse. En materia de empleo, contra la segregación ocupacional que penaliza a las mujeres en el acceso y la promoción profesional. En la brecha salarial persistente. En la distribución de roles domésticos, en el reparto de la responsabilidad de los cuidados. En el poder, el público y el privado, a pesar de proclamas y leyes.
Hay mucho por trabajar y lograr contra la violencia machista que aún arranca cobardemente las vidas de las mujeres. Y contra la violencia sexual, que no cede, y que se alimenta de problemáticas anejas, como el acceso adolescente al porno. Y las desigualdades añadidas para las mujeres con discapacidad y las mujeres inmigrantes.
Y ese agujero negro de esclavitud que se mantiene en los clubes que vemos al circular por nuestras carreteras, en nuestros polígonos al caer la noche, en los pisos que todos conocen en nuestros barrios. La tolerancia social e institucional con la prostitución, la compra-venta impune de los cuerpos de las mujeres, la explotación brutal de seres humanos vulnerables para satisfacción de proxenetas y puteros, constituye una de las grandes vergüenzas de nuestro tiempo. Y no nos sacudiremos esa vergüenza hasta lograr su abolición.
Y todo esto, hablando solo de las sociedades europeas más avanzadas. Porque en otros continentes lo pendiente es… todo.
Siento parecer interesado en la respuesta final, pero es que solo hay una contestación eficaz ante el riesgo de la reacción antifeminista. Votar a la izquierda. Contar con representantes feministas en las instituciones. Asegurarse de que los gobiernos comparten valores y agendas feministas. Y enfrentar así a los que pretenden parar y retroceder.
La lucha feminista es la gran lucha de nuestro tiempo. Y toda lucha importante requiere valor, inteligencia y determinación.
La corrupción es uno de los fenómenos que más repulsión y condena recibe en las sociedades democráticas.
Porque más allá de la vulneración de la legalidad y el quebranto para las arcas públicas que conlleva, la corrupción socava los cimientos mismos de la democracia: la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones que ordenan el espacio público, que fijan las reglas de la convivencia, que cobran impuestos, que administran los recursos de todos, que albergan el uso legítimo de la fuerza…
Por eso es tan importante que las democracias se defiendan con eficacia de la corrupción y de los corruptos, con leyes exigentes, con aparatos policiales eficaces, con tribunales independientes, con medios de comunicación libres.
España no es un país corrupto. No lo es su sociedad. No lo es su administración pública. No lo son sus instituciones democráticas. Hay casos de corrupción, algunos graves, incluso muy graves. Pero nuestro Estado de Derecho funciona. Los casos se descubren, se investigan, se llevan a los tribunales y se imponen responsabilidades.
Los casos de corrupción relacionados con la respuesta de las administraciones a la pandemia de la COVID-19 merecen y reciben una especial condena ciudadana. Porque mientras la inmensa mayoría de la ciudadanía sufría enfermedad, dolor, incertidumbre, y mientras la inmensa mayoría de los profesionales públicos y privados se implicaban hasta el heroísmo en el combate al virus, resulta intolerable que unos pocos estuvieran ocupados en enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno.
En consecuencia, importa mucho la respuesta que se da a estos casos desde las instituciones representativas de la sociedad española. Y hay que diferenciar dos planos, el jurídico y el político.
En el plano jurídico poco hay que añadir. Confianza en policías, fiscales, jueces, tribunales, medios de comunicación, en su labor de denuncia, investigación, procesamiento, enjuiciamiento, sentencias, ejecución de sentencias…
En el plano político hay más debate. Mucho más.
En la actividad política participan muchas personas. La gran mayoría lo hace desde el legítimo compromiso personal con unos valores, con el interés en mejorar la vida de sus conciudadanos, de manera honesta. Pero la política, a veces, tiene que ver con el poder y, a veces, atrae a elementos indeseables que se corrompen y corrompen. Son pocos, la minoría, y hacen mucho daño.
Hay que prevenir su acceso a la política, pero cuando se cuelan en la política y llevan a cabo sus fechorías, lo importante es cómo se responde.
Y ahí, en la respuesta a la corrupción, lo siento, no somos iguales.
En el PSOE ha habido casos de corrupción. En el PP, la corrupción ha sido estructural y sistémica.
El PSOE reacciona ante cada caso colaborando sin reserva con la Justicia. El PP suele denunciar que los casos “son casos contra el PP”, han llegado a destruir pruebas “a martillazos”, incluso a montar estructuras de “policía patriótica” en el Ministerio del Interior para burlar a la Justicia.
El PSOE ofrece transparencia total en cada caso de corrupción, adelantándose a la oposición en el registro de comisiones parlamentarias de investigación. El PP niega las comisiones de investigación, cuando los afectados son de su partido.
El PSOE asume responsabilidades de manera inmediata, incluso cuando los directamente afectados no han sido señalados por la Justicia como investigados, procesados o condenados. El PP solo exige responsabilidades a los demás.
Blog de Rafael Simancas 