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ESCOCIA Y EL PROGRESO HISTÓRICO RACIONAL

El desenlace del debate entre unionistas y segregacionistas en Escocia apunta al sentido racional del progreso histórico. La evolución lógica de los espacios públicos tiende hoy a la integración antes que a la segregación.

Sostenía Max Weber que la política consiste en la transformación racional del medio social al servicio de las personas. Si los desafíos a los que se enfrentan las personas son cada día más globales, si sus problemas adquieren también una dimensión supraestatal, y si los espacios públicos en los que se desarrollan las relaciones económicas y sociales no entienden ya de fronteras, ¿no será más lógico integrar que fraccionar la organización de esos espacios públicos? ¿No apunta la razón a que seremos más eficaces en espacios integrados que en espacios segregados?

Pero el debate escocés no se ha limitado a la razón y la eficiencia de los espacios públicos. También se ha debatido sobre identidades, sobre identidades múltiples y sobre identidades excluyentes. En un mundo crecientemente globalizado hemos de acostumbrarnos a la simultaneidad y la convivencia de las identidades. Cuando la vida de las personas se desarrollaba fundamentalmente en la aldea, las identificaciones eran escasas y difícilmente mutables. Hoy todos nos identificamos a la vez con nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra región, nuestra nación, nuestro continente, nuestras ideas, nuestro partido, nuestra música, nuestro equipo deportivo…

Los nacionalismos soberanistas insisten en que solo una de las identidades simultáneas ha de ser la predominante, por exclusión de las demás. Y obligan a las personas a elegir y rechazar identidades. ¿Por qué un ciudadano de Edimburgo no puede sentirse a la vez escocés, británico y europeo? ¿Por qué forzarle a elegir su “escocidad” y a rechazar su “britanidad”? ¿Por qué acusar de falta de patriotismo o compromiso nacional a quien no quiere renunciar a ninguna de sus identidades? ¿Por qué no facilitar la convivencia permitiendo a cada cual sentirse como le dé la gana?

La experiencia escocesa suscita un tercer debate interesante. Tiene que ver con la defensa de la política que intelectuales como Bernard Crick han planteado frente a los nacionalismos, frente a las ideologías totalitarias y, paradójicamente, frente a la mismísima democracia. Porque la política es la actividad que promueve el diálogo, el entendimiento y el pacto para cimentar la convivencia. Aquellos que anteponen lo que entienden como “interés de la nación” sobre cualquier idea ajena no facilitan la convivencia, sino que la ponen en riesgo. Al igual que aquellos otros que enarbolan ideologías con recetario total para la organización del espacio compartido, sin dejar hueco para ingredientes ajenos.

Hoy en día, sin embargo, puede que los mayores riesgos para el ejercicio racional de la política vengan de quienes dispensan el voto inmediato como receta única para curar todos los males. Antes que demócratas debieran calificarse de “mayoritaristas”, porque defienden la aplicación instantánea del resultado plebiscitario para resolver cualquier debate. El mayoritarismo está más cerca del populismo que de una democracia de calidad. Si cada debate debe iniciarse con una votación y si cada decisión colectiva debe resolverse con una mayoría simple, ¿dónde queda el lugar para la exposición de propuestas, para el contraste de ideas, para la discusión constructiva, para la persuasión, para la rectificación, para la renuncia en aras del acuerdo, para el consenso amplio en torno a un conjunto de decisiones aceptadas por todos?

Generalizando este método de decisión resultaría imposible redactar una Constitución como base para la convivencia. Si cada artículo se somete a un referéndum antes que a un debate y a la posibilidad de un acuerdo sobre el articulado global, muchas decisiones se adoptarán por mayorías alternativas del 51% frente al 49% restante, y ni unos ni otros se sentirán identificados con el resultado final. ¿No será mejor hablar y acordar racionalmente un punto de encuentro sobre el que pueda pronunciarse positivamente un 80% o un 90%?

Desconfiemos de aquellos que antes de darnos la mano y abrir la boca nos están exigiendo una votación. La política es mucho más que una votación. La democracia también.

LOS POPULISMOS FAVORECEN AL PP

Todas las opciones políticas que aceptan las reglas del juego democrático son plenamente legítimas. Los populismos también. Pero los demás estamos igualmente legitimados para valorar las características y efectos de tales opciones. Y debe saberse que en España hoy la práctica del populismo por parte de algunos actores políticos está favoreciendo objetivamente a la derecha política y económica. ¿Por qué si no los terminales mediáticos de los grandes poderes económicos se convierten en sus principales altavoces cuando llegan las elecciones?

El término populista no se emplea aquí de forma gratuita o con ánimo descalificador. Se trata de la conclusión obvia en un análisis sencillo. Populista es aquel que simplifica lo complejo para despertar el aplauso fácil. Populista es el que exacerba los problemas que dice denunciar. Populista es quien acusa y protesta sin comprometerse con una propuesta viable. Y populista es aquel que, además, persigue un propósito espurio o distinto al que explicita.

Muchos ciudadanos sienten decepción, rabia e impotencia ante las consecuencias de la crisis. Las clases medias y trabajadoras no crearon la crisis, pero están sufriendo sus peores efectos en términos de paro, pobreza y desigualdad. El populismo no hace diagnósticos útiles ni plantea soluciones a esta situación. Se limita a reflejar aquella rabia, a estimularla y a darle cauce mediante un voto de protesta.

A veces cuentan parte de la verdad, y a veces mienten. Como cuando achacan los problemas a una casta de políticos privilegiados, indiferenciados en sus ideas y en sus hechos, y todos corruptos por igual. O cuando descalifican la transición democrática como una farsa, o cuando tachan la Constitución de 1978 como una carta otorgada por el dictador. O cuando descalifican la gestión de los Gobiernos socialistas en sanidad, educación, pensiones y derechos civiles como una estrategia para domesticar a las clases populares. Es mentira.

No nos representan, dicen. Ellos sí, claro, aunque obtengan muchos menos apoyos electorales. Que se vayan, reclaman. Como si fuera tan fácil. Como si los problemas fueran a resolverse sin más con el recambio de unos cuantos representantes políticos. Saben que no es cierto.

Muchos dedos acusadores, pero ni una sola propuesta viable. Plantean multiplicar los salarios, rentas públicas para todo el mundo, más y mejores pensiones. Pero no dicen cómo financiar este gasto. Una fiscalidad más justa, guerra a al fraude, dicen. Pero nunca concretan qué impuestos, con qué tipos y cómo destapar y perseguir el fraude en mayor medida que hicieron los gobiernos socialistas. Mano dura a la corrupción. Claro, pero ¿qué medidas específicas implementar para prevenirla y perseguirla, más allá de lo que estamos haciendo y proponiendo otros? Exigen no pagar las deudas del Estado, pero si no vuelven a prestarnos, ¿cómo financiaremos entonces los gastos futuros?

No les gustan los modelos políticos y económicos de Europa ni los de Norteamérica. Y ciertamente tienen muchos defectos. Por eso algunos planteamos reformas. Pero nunca explican cuáles son sus referencias. O no las tienen, y eso haría sospechar sobre la viabilidad de sus planteamientos. O sí las tienen y prefieren no decir la verdad.

Muchos de los portavoces del nuevo populismo en las tertulias televisivas tienen un pasado conocido como asesores de los regímenes bolivarianos en Venezuela, Bolivia y Cuba. ¿Es ese su modelo? Venezuela es uno de los países más desiguales del mundo, la inflación está disparada, escasean los productos más básicos, están recuperando cartillas de racionamiento, tienen el índice de criminalidad más alto del continente, los medios de comunicación desafectos son perseguidos, y los líderes de la oposición encarcelados… No creo que estén en condiciones de proponer esto seriamente para nuestro país.

¿Por qué decimos que favorecen objetivamente a la derecha? Porque están logrando lo que la derecha política y económica viene intentando sin éxito desde Fukuyama: acabar con la diferenciación derecha-izquierda en el debate político. Los neoliberales prefieren hablar de lo que funciona frente a lo que no funciona, y de los que saben frente a los que no saben. Y ahora, los nuevos populistas les ofrecen una variante: la casta de los políticos contra el pueblo, o el sistema frente a los que se oponen al sistema, o el régimen opresor ante los sufridores del régimen. Se acabó la derecha y se acabó la izquierda. Un chollo para quienes siempre vieron una amenaza en la política, en los políticos, en lo público y en todo aquello que aspira a regular el ámbito privado y a defender los intereses colectivos.

Favorecen a la derecha porque obtienen sus votos de la izquierda, denigrando a sus representantes tradicionales como parte de la casta opresora. Porque fraccionan el voto de la izquierda, posibilitando las victorias electorales de la derecha. ¿O es casual que el PP promueva precisamente ahora la elección directa como alcaldes de los cabezas de la lista más votada? Y favorecen a la derecha porque estimulan y aglutinan el voto del PP. No hay nada que incite más al votante del PP para olvidar sus dudas y acudir a la urna que el espantajo de la izquierda radical y populista. El voto conservador del miedo. En bandeja, a Rajoy y compañía.

Lo peor es que lo saben. No son ignorantes. Se presentan como nuevos, pero la mayoría han pegado muchos tiros ya en esto de la política y saben de qué va el juego. Han militado en el PSOE, en Izquierda Unida, en los diversos comunismos… Saben lo que quieren. Unos, los menos, quieren dar rienda suelta a un antisocialismo tan primario como antiguo. Otros, los más, pretenden sustituir esta “casta” por otra “casta”. La de ellos. Que no será más democrática y no será más útil a los ciudadanos. Todo lo contrario. Pero será la suya.

La izquierda reformista ha cometido muchos errores, de análisis, de estrategia y de hechos. Por acción y por omisión. Por protagonismo y por complicidad. Y está purgando sus culpas. Pero ni hemos sido lo mismo que la derecha, ni lo somos, ni lo seremos. Y todo lo bueno que los ciudadanos pueden esperar de la izquierda vendrá de la mano de aquellos que prefieren los cambios reales a las revoluciones imaginarias, los programas paulatinos a las fórmulas mágicas, el reformismo útil al populismo inútil.

En eso estamos.

UNA DIADA EXCLUYENTE

 

Las personas que, en gran número, se han manifestado por las calles de Barcelona, de manera cívica y pacífica, merecen todo el respeto, al igual que sus reivindicaciones. Ahora bien, la función de una fiesta nacional, como lo es la Diada catalana, es la de celebrar lo que los nacionales tienen en común; su lengua, su cultura, sus instituciones, su historia. Las fiestas nacionales, en definitiva, se establecen para fomentar la unidad y la concordia entre los integrantes de la nación.

Sin embargo, las últimas Diadas responden más a un propósito nacionalista que a un propósito nacional. En su afán por apropiarse de la representación totalitaria de la nación, convierten los símbolos de la nación en símbolos nacionalistas y transforman la fiesta nacional en fiesta nacionalista. Si, además, como es el caso, los nacionalistas están embarcados en una aventura independentista, la fiesta nacionalista se transmuta en fiesta independentista. La triste conclusión es que una fiesta que debería ser de todos, se convierte en la fiesta de una parte, excluyendo todos los demás de la celebración.

El independentismo es una doctrina legítima , cuando se plantea de forma democrática. Hay argumentos emocionales y racionales para apostar por la independencia, aunque yo no los comparta y aunque a mí me parezcan argumentos menores ante los que apuntan a la unidad. Sin embargo, la legitimidad y la razón independentista se pierden cuando se intenta ganar adeptos con argumentos falaces. Porque no es cierto que los numerosos problemas de los ciudadanos catalanes tengan como causa principal el supuesto maltrato infligido por el estado español, como se dice. En realidad, en Cataluña le ha ido mejor que a la gran mayoría de las otras comunidades españolas en este marco común. Y para agravios hirientes, los perpetrados por exMolt Honorable.

Y engañan aquellos que prometen ríos de leche y miel , Eldorado y Jauja para todos los catalanes después de la independencia. En este mundo globalizado, la dimensión es una ventaja competitiva, y el aldeanismo se castiga con poca misericordia. Tampoco dicen la verdad los que esgrimen el derecho de autodeterminación (o derecho a decidir) como un derecho natural, existente en todas las democracias del mundo. No es así. Ni California, ni Baviera, ni Padania, ni Borgoña disponen de esta facultad, para que el derecho a modificar la integridad de los estados se reserva, lógicamente, al conjunto de la población de los estados que conforman, como sujetos de soberanía.

Se equivocan, por tanto, los que identifican nación con nacionalismo y nacionalismo con independentismo. Como también lo hacen los que persiguen la división en estos tiempos de convergencia global. Como se equivocan, por cierto, los que se empeñan en ignorar el grave problema del desafecto que muchos catalanes sienten hacia el proyecto común de España. Los socialistas españoles y los socialistas catalanes somos conscientes del problema y estamos comprometidos a una solución que pase por el diálogo y el lugar de encuentro federal. Ojalá la próxima Diada sea una Diada para unir y no para dividir.

Publicado en NacióDigital.cat 11-09-2014

ASIGNATURAS PARA SEPTIEMBRE

Paro, desafección y separatismo. El Gobierno suspendió las tres asignaturas principales del curso en junio, y todo apunta a que volverá a suspender en septiembre, para desgracia de los españoles, que sufrirán las consecuencias.

La principal tarea encomendada al Gobierno de España es, desde el inicio de la crisis, la reversión en la escalada del paro, el empobrecimiento y la desigualdad. Rajoy y su aparataje mediático procura hacer calar el mensaje de que “la crisis quedó atrás”, a partir de datos macroeconómicos muy discutibles, como el raquítico crecimiento del segundo trimestre (0,6%), la reducción de la prima de riesgo (en torno a los 130 puntos básicos) o el tirón estacional de las contrataciones.

Sin embargo, la realidad que sufren los españoles habla de un desempleo desmesurado (el mayor de la zona euro), una precariedad laboral creciente, una pobreza rampante entre clases medias y trabajadoras y unas desigualdades en progresión geométrica. No hay argumentario macroeconómico ni propaganda oficialista que pueda desmentir el sufrimiento de millones de hogares en nuestro país.

Las previsiones, además, no son nada halagüeñas. La Europa de la austeridad se estanca en su núcleo duro franco-alemán, y las supuestas “raíces vigorosas de la recuperación” a las que alude Rajoy no son sino las mismas bases frágiles sobre las que se asentó el fallido “milagro español” de principios de siglo: una demanda interna lastrada por la deuda, un turismo eminentemente playero y una construcción puramente especulativa, al calor de la escasa retribución del dinero. No. Ni Europa saldrá de la crisis con la austeridad, ni España saldrá de su agujero con más adosados y más chiringuitos.

El Gobierno solo aprobará esta asignatura preparando el examen de una manera radicalmente distinta. Promoviendo en Europa la flexibilización en los objetivos del déficit, adaptando los objetivos de su política monetaria a la creación de empleo, impulsando la actividad económica con inversión pública, devaluando la moneda común y aplicando un plan de recate social para combatir la precariedad creciente. Eso en Europa, y en España más le valiera atender la propuesta de Pedro Sánchez en orden a afrontar la “transición económica” pendiente, soportando el nuevo crecimiento sobre una apuesta decidida por la investigación, la innovación y el conocimiento.

La segunda asignatura, la de la desafección ciudadana hacia la política, también lleva camino de quedar pendiente para el próximo curso. Cada vez más españoles están más hartos de corruptelas y sinvergonzadas, y la mayoría de los discursos oficiales les suenan a autojustificaciones y excusas para no hacer nada. Ciertamente no es un problema solo español, porque ahí están los resultados electorales de los populismos anti-política en Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, por ejemplo.

Desde la oposición, y concretamente desde el PSOE, se han hecho propuestas valientes y útiles, para prohibir la financiación empresarial a los partidos, para limitar los aforamientos, para impedir los indultos indecentes, para bloquear las puertas giratorias, para asegurar el funcionamiento democrático de los partidos… Pero la respuesta del Gobierno no ha podido ser más decepcionante. Rajoy acaba de lanzar una especie de ultimátum: o los demás partidos tragan con la reforma electoral destinada a blindar a los alcaldes del PP, o que se vayan olvidando de regeneraciones y limpiezas.

La mal llamada “elección directa de los alcaldes” va camino de convertirse en una engañifa descomunal, a la altura tan solo del famoso “derecho a decidir” patrocinado por el independentismo catalán. De entrada, es mentira que el PP esté proponiendo que los ciudadanos elijan directamente a sus alcaldes. Lo que propone realmente el PP es que los ciudadanos sigan eligiendo a los concejales y, partiendo del hecho de que las derechas suelen concentrarse en una lista y las izquierdas suelen dividirse en varias, conceder automáticamente la alcaldía y la mayoría del pleno municipal al partido que obtenga más votos.En consecuencia, el PP intenta vender como más democrático un procedimiento que automatiza la proclamación como alcalde del cabeza de una lista votada por el 40% del censo, al tiempo que impide la conformación democrática de mayorías programáticas entre los representantes del 60% del mismo censo.

La desafección solo remitirá cuando los ciudadanos comprueben que sus representantes les representan realmente, y cuando las instituciones afronten un rearme ético y cívico creíble, diciendo lo que se piensa y haciendo lo que se dice, asumiendo procedimientos democráticos en su funcionamiento interno, incorporando una financiación limpia, renunciando a aforamientos sospechosos, erradicando indultos inexplicables, expulsando a los sinvergüenzas, eligiendo cargos por competencia antes que por afinidad, volando las puertas giratorias… Y todo esto no se discursea. Se hace o no se hace.

La asignatura separatista se suspende adrede. La derecha nacionalista catalana y la derecha nacionalista española se retroalimentan mutuamente en su escalada de pulsos y baladronadas. Unos se pintan la cara con la estelada, y otros se pintan la cara con la rojigualda, al tiempo que unos y otros se olvidan de lo que importa a catalanes y españoles en general. Lo de este verano ha sido una competición de tautologías absurdas. Mientras Mas y Junqueras defendían que “democracia es votar”, Rajoy respondía que “democracia es respetar la Ley”. Pero en realidad los unos saben que democracia no es votar todo lo que a uno se le ocurra, y los otros saben que democracia es la ley pero es algo más que la ley. A estas alturas, muchos pensamos que el “problema catalán” no se resuelve porque su falta de resolución ayuda a movilizar los electorados de la derecha catalana y de la derecha española.

Esta asignatura solo se resolverá cuando unos, otros y todos nos pongamos a hacer política de verdad, que no es un mero intercambio de eslóganes y amenazas, sino mucho más. Hay un descontento evidente en buena parte de la sociedad catalana, y en el resto de la sociedad española, por los fallos e insuficiencias en el modelo territorial vigente. Este descontento está afectando a los afectos y a la convivencia misma. Y hacer uso de estos sentimientos para obtener rendimientos políticos y electorales, como están haciendo muchos, allí y aquí, es de una inconsciencia y de una irresponsabilidad mayúscula. Sentémonos en serio, analicemos los problemas y apliquémosles soluciones útiles y compartidas. El camino del progreso en Cataluña, en España y en Europa no pasa por la discordia y la segregación, sino por el entendimiento y la unión federal.

Puede que Rajoy y los suyos sean los que se presenten al examen, pero me temo que los suspensos los vamos a pagar todos…

SOLO HAY UNA SALIDA: AMBICIÓN REFORMISTA

La socialdemocracia europea atraviesa una etapa crítica, que va más allá de los tradicionales ciclos de alternancia hegemónica entre fuerzas conservadoras y progresistas, y que amenaza seriamente su futuro como opción creíble de gobierno en los principales países del continente. Desde hace más de una década, la derecha tiene en sus manos el timón ideológico, político y económico de Europa, y la izquierda, con la excepción de Italia, aparece claramente relegada (España), subsidiaria (Alemania) o rendida (Francia).

Los males de la socialdemocracia combinan una importante falta de confianza interna con un descrédito social muy considerable. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos razones: las complicidades de los gobiernos socialistas con las recetas neoliberales que han generado desigualdad y pérdida de derechos entre las clases medias y trabajadoras; y la falta de ambición y de imaginación para plantear un modelo económico alternativo y confrontado, a partir de los valores progresistas de la igualdad, la libertad y la justicia social.

Esta doble estrategia perdedora de la concomitancia con la derecha y la renuncia a la batalla ideológica ha llevado a buena parte de los tradicionales electores progresistas a contemplar tan solo dos opciones políticas con identidad propia: el merkelismo y el bolivarianismo, por simplificar. La derecha de la ortodoxia austericida y la desigualdad, o la izquierda de la ensoñación populista, la protesta y la renuncia a gobernar. O la derecha del programa injusto o la izquierda sin programa factible. ¿El resultado? Una derecha cada vez más fuerte, y una izquierda cada vez más fraccionada y acomplejada.

¿Cuál es la salida? La izquierda debe recuperar su ambición reformista. La derecha busca la hegemonía del mercado y la renuncia a lo público. La izquierda radical y populista responde con la hegemonía de lo público y la renuncia al mercado. La primera opción conduce a sociedades desiguales e injustas, pero la segunda opción conduce a sociedades empobrecidas y sin libertad. La socialdemocracia reformista ha de defender una economía social de mercado, con reglas para salvaguardar el interés general frente al interés privado, y con derechos para garantizar condiciones de igualdad, bienestar y dignidad al conjunto de la población.

La ambición reformista requiere de eso, de ambición y de reformismo. Valentía y determinación para romper con el capitalismo especulativo y depredador que está haciendo retroceder un siglo a la población europea en términos de derechos de ciudadanía. Y reformismo para acometer cambios profundos y eficaces a la vez que progresivos y viables, con los que recuperar esos derechos perdidos, en el marco de una Europa competitiva, desarrollada y justa.

La Unión Europea ha de afrontar un cambio en su modelo productivo, reduciendo la financiarización de la economía y confiando la mejora de la competitividad y el crecimiento a la apuesta por el conocimiento, la innovación y la investigación. Más industria, más avance tecnológico, más servicios de calidad, y menos dependencia de los trasiegos financieros puramente especulativos. Una economía que asigne recursos desde el juego del mercado, pero una economía planificada, regulada y dirigida desde lo público. Sin miedo a gobernar los oligopolios bancarios o energéticos para asegurar la prevalencia del interés colectivo.

Los socialistas hemos de ser taxativos sin claudicaciones en la defensa de los derechos sociales y laborales. La mejora de la competitividad y el crecimiento económico no pueden sustentarse sobre la precarización de sueldos y condiciones laborales, o sobre la reducción del gasto social, porque esa competitividad es ineficiente y ese crecimiento es inviable a medio plazo. No perseguimos un Estado de Bienestar a la medida del modelo económico vigente, sino un modelo económico a la medida del Estado de Bienestar irrenunciable. Está probado ya que las sociedades más justas e igualitarias se corresponden con las economías más eficientes. Y este objetivo está asociado a una fiscalidad suficiente, progresiva y homologada en Europa, en la que paguen todos los que tienen que pagar, paguen más los que más ganan y más tienen, y en la que se persiga con contundencia penal el crimen del fraude y los paraísos fiscales.

La izquierda del siglo XXI debe contemplar los derechos ambientales, de género y de no discriminación a la misma altura que los tradicionales derechos sociales y económicos. La lucha contra el cambio climático, por la preservación ambiental y el desarrollo sostenible es una lucha que corresponde protagonizar a las fuerzas de izquierda en el mundo. La plena igualdad entre hombres y mujeres es una meta insoslayable, y el combate a las discriminaciones hacia el diferente por razones de procedencia, etnia, religión o identidad sexual ha de situarse en el frontispicio de cualquier programa progresista creíble. La conquista de la paz, la cooperación internacional y el comercio justo son también horizontes irrenunciables para el progresismo.

La recuperación del crédito para la política de izquierdas tiene un requisito previo: la recuperación del crédito para la política misma. Este es un propósito a perseguir casi en exclusiva por la socialdemocracia, porque la derecha siempre primará el poder no democrático de la economía sobre el poder democrático de la política, y porque la izquierda populista ha encontrado en la denigración de la política un granero de votos a explotar en el corto plazo, ignorante de que la estrategia de la no-política conduce a la hegemonía permanente de la derecha. Y para recuperar el crédito de la política, la política debe cambiar, con más transparencia, más participación democrática, más rendición de cuentas y,sobre todo, con más exigencia moral. La ambición reformista deberá ser especialmente imaginativa y valiente en este campo.

Mateo Renzi acaba de asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea con una frase de alcance: “Tenemos que volver a encontrar el alma de Europa, para devolvernos el sentido que tiene estar juntos”. Dos lecturas pueden extraerse, al menos, de esta afirmación. Europa no puede limitarse a un ámbito de libre mercado en el que los poderes económicos maximicen ganancias a costa del empobrecimiento y la pérdida de derechos de la población. La Unión se inventó para ganar derechos, no para perderlos. Y el auténtico europeísmo consiste en identificar metas comunes para la gran mayoría de los europeos, en aplicar las políticas que nos permitan conquistar esas metas, y en conjurarnos como pueblo europeo para avanzar juntos hacia el desarrollo y el progreso. Y la socialdemocracia es la fuerza más europeísta de Europa, porque la socialdemocracia es consciente de que, en la era de la globalización, su programa de igualdad y justicia se aplicará a escala global o no se aplicará.

Claro que hay salida: más ambición reformista y más valentía para llevarla a cabo.

 

El Gobierno se niega una y otra vez a comparecer en el Parlamento para explicar las razones y las condiciones de la recién iniciada privatización de AENA Aeropuertos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Los españoles merecemos algunas respuestas en torno a un proceso que en el mejor de los casos pondrá en manos privadas un sector estratégico para nuestra economía, y que en el peor de los casos supondrá el cierre de aeropuertos con resultados económicos negativos pero que contribuyen a vertebrar el territorio y a garantizar nuestro derecho a la movilidad.

Fomento se remite al Decreto 13/2010 del anterior Gobierno socialista para legitimar la venta del capital de AENA. Sin embargo, aquella norma perseguía unos objetivos que hoy no se mantienen. Se trataba entonces, lisa y llanamente, de vender patrimonio público para obtener una financiación que el Estado no lograba adquirir en los mercados. Hoy no es el caso, porque la prima de riesgo se ha reducido mucho y los tipos de interés vigentes en el mercado son más asumibles.

Aquel Decreto facultaba al Gobierno para vender hasta el 49% del capital de AENA a la par que blindaba la continuidad de la red aeroportuaria española, la primera del mundo en número de viajeros y la más eficiente, precisamente por la combinación de aeropuertos-cauce y aeropuertos-hubs o distribuidores. Hoy esta red está en peligro, puesto que el documento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que informa la privatización aconseja la fractura de AENA en “tres o cuatro lotes”.

Entonces se planteaba también la gestión individualizada, vía concesión incluso, de los aeropuertos con más tráficos, en clave de estímulo a la competencia y a cambio de un canon que facilitara la financiación de la red en su conjunto. En el proceso actual, sin embargo, la CNMC promueve directamente la privatización total de todos los aeropuertos, y el Gobierno se ha reservado vía Real Decreto Ley 8/2014 la capacidad de enajenar o cerrar cualquier instalación aeroportuaria, con tan solo un informe previo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (en caso de aeropuertos con valor superior a los 20 millones de euros) o del Secretario de Estado de Fomento (para todos los demás).

La norma de 2010 buscaba una participación más activa y determinante de las administraciones y agentes económicos territoriales en la gestión de los aeropuertos, con objeto de mejorar su eficiencia. Pero el Gobierno actual ha limitado tal participación a los tradicionales comités de rutas, que colaboran desde hace años en la búsqueda de nuevos mercados foráneos, y unos inespecíficos comités de coordinación sin competencia decisoria alguna.

Los argumentos a favor del proceso privatizador vigente que aluden a la “sostenibilidad” de las cuentas de AENA o a la mejora de su “competitividad” tampoco son aceptables, toda vez que la propia dirección de la empresa pública y el Ministerio de Fomento vienen presumiendo desde hace meses de sus “magníficos resultados de explotación”, de la “viabilidad de su deuda” y de contar con “los aeropuertos más competitivos de Europa”.

Finalmente, no podrá esgrimirse como motivo para la privatización la posibilidad que se abre para una política de moderación en las tarifas aeroportuarias, largamente demandada por los agentes del sector. De hecho, Fomento y AENA llegaron hace escasas fechas a un gran acuerdo con los operadores más habituales de nuestros aeropuertos para congelar esas tarifas durante este año y para moderar los crecimientos futuros.

En consecuencia, si la privatización de AENA no persigue financiar al Estado en condiciones ventajosas, ni blindar la red aeroportuaria, ni optimizar la eficiencia con gestiones individualizadas, ni fomentar la participación territorial, ni mejorar las cuentas de AENA, ni aumentar su competitividad, ni moderar sus tarifas, ¿por qué se afronta la privatización parcial de AENA? O mejor aún: ¿a quién o a quiénes se pretende favorecer privatizando parcialmente nuestra red aeroportuaria?

En realidad el Gobierno se resiste a admitir que estamos en la primera fase de una estrategia que conduce a la privatización total de AENA y al desmantelamiento de la vigente red de aeropuertos de interés general del Estado. Esta es la verdad. ¿Por qué pensamos así?

En primer lugar, porque la consulta realizada oficialmente por la dirección de AENA Aeropuertos al Consejo Consultivo de Privatizaciones del Estado (CCP) preveía la venta final de hasta el 60% de su capital, según consta en el informe emitido por esta entidad el día 21 de octubre de 2013. La enajenación del 49% es pues tan solo un primer paso en el camino de poner la empresa pública en manos privadas de forma mayoritaria.

En segundo lugar, porque a diferencia del proceso iniciado en 2010 y abortado por el Gobierno del PP, ahora no se buscan solo financiadores externos para AENA, sino que se explicita la conformación de un “núcleo estable” de accionistas privados con intereses en el sector, a los que se invitará a compartir la “planificación estratégica” de la compañía, según palabras pronunciadas públicamente por el propio Presidente de AENA Aeropuertos, tras confirmar que la primera empresa interesada “y bienvenida” para formar parte de este núcleo estable es la línea aérea de bandera irlandesa Ryanair, conocida por sus prácticas irregulares.

En tercer lugar, porque el artículo 22 del mencionado Real Decreto Ley 8/2014 otorga al Gobierno la posibilidad de “cerrar o enajenar, total o parcialmente, cualquiera de las instalaciones o infraestructuras aeroportuarias necesarias para mantener la prestación del servicio aeroportuario en cualquier aeropuerto de la red de interés general”, siendo este un requisito sine qua non para hacer atractivo el proceso de privatización de AENA ante eventuales inversores nacionales o internacionales, para los que la obligación de sostener económicamente las instalaciones menos rentables podría suponer un factor disuasorio.

Y en cuarto lugar, porque el también mencionado Informe de la CNMC, que marca al Gobierno la ruta a seguir para privatizar AENA, establece de manera diáfana la necesidad de romper la red aeroportuaria española en varios lotes, con la finalidad de salvar las reticencias de la Comisión Europea, nada proclive a sustituir monopolios públicos por monopolios privados. El mismo informe recomienda la privatización directa e individualizada de los aeropuertos rentables, y el cierre de los menos rentables, a no ser que las administraciones territoriales se comprometan a aportar fondos propios para su mantenimiento, cuando hasta ahora toda la red se autofinanciaba compensando los beneficios económicos de unas instalaciones con las pérdidas de las demás.

Para que los españoles y sus representantes tengan claras las consecuencias de la aplicación de estas medidas, resulta interesante relacionar los aeropuertos y helipuertos con resultados económicos negativos en el ejercicio 2013 y que, por tanto, corren serio riesgo de supervivencia conforme a los planes del Gobierno y la CNMC: Albacete, Algeciras, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Granada-Jaén, El Hierro, Jerez, Logroño, La Gomera, León, Madrid-Torrejón, Menorca, Málaga, Melilla, Huesca, Pamplona, Reus, Sabadell, Salamanca, Murcia-San Javier, San Bonet, Santander, Santiago, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

Romper la red aeroportuaria, privatizar los aeropuertos y cerrar los aeropuertos con resultados económicos negativos constituye una barbaridad de consecuencias extraordinariamente negativas para la economía y la sociedad española en el cortísimo plazo. Los aeropuertos suponen un sector de relevancia estratégica para el desarrollo económico de un país que tiene en el turismo su industria principal, y en el que ocho de cada diez visitantes eligen estas instalaciones como puerta de entrada. La red aeroportuaria constituye, asimismo, un factor clave en la vertebración del territorio y una garantía básica para el ejercicio del derecho fundamental a la movilidad, especialmente en las islas.

Valorar los aeropuertos españoles exclusivamente en términos de resultados de explotación individual es de una irresponsabilidad mayúscula. Una AENA privada sería una AENA fraccionada y sin la red que le proporciona hoy una ventaja competitiva ampliamente envidiada en el mundo. Una AENA privada y fraccionada estaría avocada a cerrar sus instalaciones menos rentables, porque esa sería la exigencia lógica de un accionariado exento de obligaciones con el interés general. Y una AENA con aeropuertos amenazados de cierre avocaría a invertir preciosos recursos públicos de comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos para su mantenimiento, cuando hoy tal aportación no es necesaria.

Los españoles no necesitamos una AENA fraccionada y privatizada, sino una red de aeropuertos de interés general bajo titularidad pública y con gestión eficiente, para que pueda contribuir de manera decisiva en la consecución de los propósitos comunes del crecimiento económico, la creación de empleos de calidad y el progreso social del país. Esto es lo que demandamos del Gobierno.

La Ministra de Fomento debe comparecer cuanto antes en el Parlamento, como se le ha solicitado, para explicar por qué y a quiénes pretende beneficiar con este proceso privatizador contrario al interés general. Se encontrará con un Grupo Socialista preparado para acordar una planificación estratégica que mejore la competitividad y la eficiencia de nuestros aeropuertos, en el marco de una AENA pública y no sometida a más interés que al interés de todos los españoles.

 Artículo publicado en Público.es el 26-07-2014

¿DÓNDE ESTÁ LA FIESTA?

La euforia del Presidente del Gobierno ante los datos de la EPA correspondiente al segundo trimestre de 2014 constituye un insulto a la inteligencia de los españoles y una ofensa para los millones de ciudadanos con graves dificultades sociales. A estas alturas de la historia todos sabemos ya que las crisis del sistema económico capitalista son cíclicas. El sistema se infla, se desinfla y se vuelve a inflar cada dos décadas aproximadamente. Así ocurrió en los años 70, así ocurrió en los años 90 y así acaba de ocurrir. Por tanto, el hecho a valorar no es el de la recuperación inexorable, sino el de las condiciones en que se produce tal recuperación.

Las alharacas del Gobierno suponen un ejercicio de autojustificación y autopropaganda absolutamente deleznables tras cerca de tres años de recortes de derechos cívicos fundamentales y de prestaciones básicas para la dignidad de las familias españolas. La recuperación de los números positivos en el PIB, raquíticos aún, tiene más que ver con la evolución económica general que con la gestión gubernativa en España. Sin embargo, la ralentización de ese crecimiento y las condiciones de precariedad extrema con que millones de españoles saldrán de la crisis económica sí es responsabilidad directa de Rajoy y sus ministros.

La Encuesta de Población Activa (EPA) no es más que eso: una encuesta. La significación de sus resultados debe medirse tras atender a la literalidad de la pregunta que se formula a los encuestados: ¿Durante la última semana ha ejercicio usted algún tipo de trabajo, por cuenta propia o ajena, durante una hora al menos, retribuido con dinero, en especie o de cualquier otra manera o, en caso de haber perdido su empleo, tiene usted expectativas de recuperarlo pronto? Tachar de la lista de desempleados a todas las personas que respondan positivamente a esta pregunta no es más que un ejercicio de autoengaño. Cualquier chaval que haya lavado el coche de un vecino por dos euros o un par de cervezas habrá contribuido a la jactancia de Rajoy y su troupe, involuntariamente claro.

Por desgracia, no hay motivos para celebración alguna en nuestro país. La realidad de nuestro paro, de nuestra desigualdad y de nuestra pobreza resulta tan extraordinariamente grave que debería invitar a un plan de emergencia nacional antes que a una fiesta con cánticos y fanfarrias populares.

Según estos datos oficiales tan cuestionables, aún tenemos más de 5,6 millones de desempleados, un 24,5% de la población activa, el porcentaje más alto de la Unión Europea, con picos por encima del 53% entre los más jóvenes. Cerca de 1,9 millones de familias tienen a todos sus integrantes en el paro y 740.000 familias no reciben ningún ingreso, un 2% más que hace un año. La tasa de cobertura social al desempleo ha descendido en dos años del 70% al 57%, es decir, más del 40% de los parados no recibe ayuda oficial alguna. ¿Cómo puede mostrarse eufórico el presidente del Gobierno de un país con estos datos?

La realidad es que la reforma laboral de este Gobierno ha provocado una devaluación de tal envergadura en los salarios y en las condiciones de trabajo, que hoy tenemos muchos trabajadores pobres. Personas que trabajan con contratos temporales, a tiempo parcial, en el subempleo y la economía sumergida, durante diez horas al día, por quinientos euros al mes, y que no consiguen cubrir los gastos más elementales de su familia: vivienda, comida, vestido, luz, gas… ¿Dónde está la fiesta para estas personas?

El libro “En los límites de la pobreza”, de José Félix Tezanos, Hilde Sánchez Morales, Eva Sotomayor y Verónica Díaz, demuestra que los problemas carenciales y los procesos de empobrecimiento en la población española han llegado ya a sectores de las clases medias y trabajadoras que no habían conocido nunca la pobreza. Nuestra tasa de pobreza está cerca de cinco puntos por encima de la zona euro. La evolución de ingresos medios por hogar ha caído en cerca de 3.000 euros anuales desde la crisis. El gasto en protección social sobre PIB se sitúa cinco puntos por debajo de la media de la zona euro. La población española en riesgo de exclusión social ha crecido en cerca de cinco puntos desde 2008. Así es como estamos saliendo de la crisis.

El índice de Gini, que marca los niveles de desigualdad, ha pasado de 0,322 en 2008 a 0,350 en 2012, hemos retrocedido hasta los parámetros de los años ochenta y ya somos el segundo país más desigual de toda Europa tras Letonia. El 20% con más renta multiplica por siete los ingresos del 20% con menos renta, en una proporción que solo multiplicaba por cinco en el año 2007. La tasa de pobreza infantil ha crecido seis puntos en España desde 2005, mientras decrecía en el conjunto de Europa. Y Cáritas atiende hoy a más del doble de personas en situación de emergencia social que al inicio de la crisis (un millón, por cuatrocientas mil). ¿Le cantamos algo al Presidente del Gobierno para amenizarle la fiesta?

La noticia no es el inicio de la fase nueva en el ciclo de crisis-recuperación-crisis-recuperación del modelo económico vigente. La noticia está en que iniciamos esta fase nueva con más pobreza, más desigualdad y menos derechos. Y esta sí es una responsabilidad directa de quienes nos gobiernan.

No estamos para fiestas. Ni mucho menos.

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