La oposición de PP y Vox ha registrado 22 preguntas orales y 4 interpelaciones para formular al Gobierno en los Plenos que tendrán lugar en el Congreso y en el Senado durante los días 23 y 24 de abril. Este registro ha coincidido en el tiempo con la publicación del Barómetro de Abril 2024 del Centro de Investigaciones Sociológicas, que refleja las principales preocupaciones de los españoles.
En una democracia parlamentaria como la nuestra, parece lógico esperar cierta concordancia o, al menos, cierta coherencia entre el interés de la oposición en el ejercicio del control al Gobierno, y las preocupaciones que afectan a aquellos hombres y mujeres a los que diputados y senadores representan en las instituciones.
Sin embargo, del análisis de las preguntas formuladas por PP-Vox y de su comparación con los intereses expresados por la ciudadanía se concluye una incongruencia absoluta, difícil de justificar, que pone en cuestión los auténticos propósitos de los grupos parlamentarios de la derecha española.
Por resumir, ante la pregunta de “cuáles son los problemas principales que le afectan a usted personalmente”, los españoles sitúan cinco prioridades: la economía, la calidad del empleo, la sanidad, el paro y la vivienda. Son, por otra parte, los problemas que suscitan habitualmente la atención y la demanda de la ciudadanía en las sociedades más avanzadas.
Mientras tanto, las cinco prioridades en las preguntas del PP al Gobierno en el Parlamento son las siguientes: ETA, Puigdemont, Koldo, Venezuela y el Falcon. Las habituales, por otra parte.
Es decir, la derecha de PP-Vox mantiene una agenda parlamentaria que responde a sus propios intereses políticos, y que nada tiene que ver con los verdaderos intereses de la sociedad española. El objetivo de PP-Vox no es, pues, buscar respuestas para mejorar la vida de los españoles y las españolas, sino simplemente desgastar al Gobierno para conquistar el poder político.
ETA, Puigdemont, Koldo, Venezuela y el Falcon no aparecen siquiera entre las preocupaciones más livianas de los españoles. La temática de otras preguntas de PP-Vox si llega a aparecer en la respuesta a los encuestadores, aunque mínimamente: la independencia de Cataluña preocupa al 0,3%; la inmigración, al 1%; la inseguridad ciudadana, al 1,2%; y el aumento de impuestos, al 2,9%.
Estas son las preguntas de los líderes más conocidos de la derecha: Feijóo se interesa por “a quién escucha el Presidente”; Gamarra pregunta si debe dimitir quiene miente; Tellado pregunta por Bildu; Alvarez de Toledo, por Puigdemont; Bendodo, por Koldo; y Abascal, claro, por la inmigración.
Ni economía, ni calidad del empleo, ni sanidad, ni paro… Una pregunta sobre vivienda en el Senado, a cargo de una senadora madrileña del PP, para ser justos. Una de veintidós.
El ministro de Economía español presume ante sus colegas europeos de ser el ministro de la materia menos interpelado por la oposición de todo el continente. Y esto solo puede deberse a dos razones: a que la economía va bien, y a que la oposición tiene otros intereses, que no pasan por el interés de la ciudadanía.
Al ministro Cuerpo el propio Gobierno le ha asignado una pregunta del PP que no tenía destinatario concreto, y cuyo contenido es tan críptico como lo siguiente: ¿Cuáles son los criterios del Gobierno para asignar recursos a empresas, fundaciones y asociaciones?. Así, sin más, sin especificar a qué tipo de recursos se refiere, con qué procedencia, con qué objeto, con qué destino…
Mientras tanto, el Gobierno de España sí actúa en consonancia con el interés de la ciudadanía. La economía española crece cinco veces más que la media europea. Los contratos estables de trabajo son ahora uno de cada dos, cuando eran uno de cada diez con Gobiernos del PP. Las iniciativas para mejorar el servicio sanitario son constantes, con la ley de la Agencia de Salud Pública, los nuevos cribados en recién nacidos, el plan anti-tabaco… Uno de cada tres empleos que se crean en Europa tienen lugar en nuestro país. Y la ministra de Vivienda ha impulsado ya el índice de referencia para limitar la subida de los alquileres, los planes para construir más de 180 mil viviendas sociales, las ayudas públicas para las hipotecas…
Durante la última semana han quedado al descubierto tres bulos con incidencia política relevante: el bulo sobre las falsas subvenciones públicas recibidas por la esposa del Presidente del Gobierno; el bulo sobre el supuesto delito de ocultación de abusos a menores por parte de Mónica Oltra; y el bulo ultraderechista sobre la incierta fiscalidad expropiadora aplicable a los perceptores del salario mínimo.
Cuando hablamos de bulos estamos hablando de la divulgación de noticias deliberadamente falsas, difundidas con la intención de desinformar, al servicio de intereses políticos, económicos y mediáticos concretos y espurios.
Desde hace demasiado tiempo, los bulos en la política española no son anécdotas esporádicas, sino una constante evidente. No responden a un exceso puntual por parte de secundarios meritorios, sino que forman parte de estrategias premeditadas. No se trata de una conducta generalizada que todos practican por igual, porque son siempre los mismos quienes los ejercen y quienes los sufren. Y no es un tema menor, porque socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y en sus protagonistas.
La estrategia vigente de bulos por parte de la derecha española y sus aliados mediáticos tiene como finalidad la destrucción del adversario político, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, mediante la deslegitimación y la desestabilización del conjunto del sistema político español, desde el Gobierno hasta el Congreso de los Diputados, pasando por el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado, la Hacienda pública…
El modus operandi perpetrado por los fabricantes de bulos se repite de manera sistemática. Lo hemos visto esta semana.
Un digital al servicio de la causa desestabilizadora lanza una mentira sobre la esposa del Presidente del Gobierno. Se le acusa, nada menos, que de recibir subvenciones públicas del ejecutivo que preside su marido, que se apresura supuestamente a ocultarlo, claro. De inmediato, otros digitales y algunos medios generalistas, incluida la televisión pública al servicio del PP en Madrid, lo difunden. Cuando la verdad se abre paso y llega el desmentido, el daño reputacional ya está hecho, y miles de españoles han recibido el mensaje sobre la falsa corrupción.
Uno de los partidos de la derecha acusa a Mónica Oltra del terrible delito de ocultar los supuestos abusos cometidos por su marido a una niña tutelada por la Comunidad Autónoma donde ejerce como vicepresidenta. La campaña de los medios afectos es tan brutal que Oltra se ve abocada a dimitir. Pasado el tiempo, los tribunales archivan la causa, porque “todos los indicios se han desvanecido por completo”, y no se ha descubierto “orden, instrucción, consigna o indicación alguna” que pueda sostener la acusación. Pero el objetivo está logrado. Oltra quedó fuera de la competición política y la derecha gobierna la Comunidad Valenciana.
Un diputado derechista toma la palabra en la sesión de control del Congreso de los Diputados, emitida en directo por varios medios de comunicación, en plena semana de arranque de la campaña institucional para la formalización del Impuesto sobre la Renta. Ese diputado asegura formalmente desde su escaño que los españoles que perciben 15.800 euros anuales en concepto de salario mínimo están obligados a pagar al Estado español hasta 8.000 euros, es decir, un 54% de tales ingresos. Claro está, la Ministra de Hacienda le desmiente de inmediato, confirmando que esos ingresos están exentos de tributar. Pero el mensaje de la voracidad fiscal del Estado llega a los hogares, justo cuando se están rellenando los formularios del IRPF.
Se valen de la complicidad de un conjunto de medios y pseudo-medios de comunicación con pocos escrúpulos, que abusan de los amplios márgenes que la Constitución y nuestro régimen de libertades otorga a quienes se expresan públicamente.
Se aprovechan también de la paradoja que conlleva la revolución tecnológica y la irrupción de las redes sociales como medio de información de referencia para una parte importante y creciente de la población. Cada vez hay más posibilidades para informar y para informarse pero, a la vez, cada vez hay más posibilidades para desinformar y para ser desinformados.
Las consecuencias son graves, en términos de calidad de la democracia, desde luego.
¿Qué respuesta merecen estas estrategias?
Primero, desenmascarar y denunciar, desde luego. Que su juego tramposo quede al descubierto.
Después, pedagogía, para que la ciudadanía encuentre vías rigurosas, fiables y contrastables en el ejercicio del derecho constitucional a recibir información veraz.
Y siempre, la defensa de los valores democráticos y el juego limpio, frente a los tramposos.
La memoria histórica de los pueblos y sus instituciones no es un asunto soslayable o menor. Tampoco lo son las leyes que establecen las responsabilidades de los gobiernos al respecto. Por tanto, no cabe despreciar, orillar o preterir las obligaciones relativas a la memoria por razones de estrategia política o cálculo electoral.
Las instituciones democráticas han de contar con un relato oficial acerca de la historia reciente del pueblo al que representan y gobiernan. Y ese relato debe construirse y mantenerse desde los principios, vigentes en el derecho internacional, de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de actos contrarios a la vigencia de la democracia y los derechos humanos.
La actividad de las instituciones democráticas está condicionada en su día a día por la orientación del relato oficial de memoria establecido tanto en el ordenamiento jurídico como en el orden cultural.
Tan importante es la vigencia, la verdad y la justicia de ese relato oficial, que no podemos permitir que se falsee y se manipule al servicio de intereses espurios. Por eso, el Gobierno de España ha manifestado su voluntad firme de hacer frente a la ola de revisionismo ultra que, de la mano del PP y Vox, amenaza la verdad y la justicia en la memoria democrática de los españoles,
Por ejemplo, resulta imprescindible que el relato oficial de la memoria democrática en España distinga con claridad entre democracia y dictadura, estableciendo que en nuestro país estuvo vigente la democracia constitucional entre 1931 y 1939, así como, desde luego, a partir de 1978. Y ese relato debe establecer sin dudas que el régimen franquista sufrido durante casi cuarenta años fue un régimen dictatorial y antidemocrático.
Si el relato oficial de la memoria colectiva no distingue entre democracia y dictadura o equipara ambas realidades, además de cometer falseamiento de la historia e injusticia flagrante, está debilitando las capacidades de la sociedad española y sus instituciones para valorar, preservar y defender la convivencia democrática vigente.
Por ejemplo también, es importante que la memoria oficial establezca claramente que el alzamiento militar de 1936 constituyó un golpe de Estado antidemocrático contra la legalidad constitucional, y no un episodio más del enfrentamiento entre dos colectivos con legitimidades parejas en un contexto de Estado fallido. Porque, esta segunda versión, además de falsa, facilita el fortalecimiento de movimientos ultras, taumaturgos, falsos salvadores y patrioteros, que en realidad persiguen desestabilizar las instituciones para alcanzar el poder y restablecer aquellas dictaduras negadas.
Defender la memoria democrática desde los principios de la verdad, la justicia y la reparación, no responde a una intención revanchista. No se trata en España, por ejemplo, de sacar las facturas pendientes de los asesinatos, los secuestros carcelarios, los exilios o las persecuciones de miles de demócratas por parte de la dictadura derechista de Franco y algunos de los fundadores del PP y Vox. Se trata de fundamentar nuestra democracia con garantías de solidez, frente a las amenazas de los nostálgicos del franquismo o del nazismo.
Por eso tenemos que mostrar una preocupación seria ante la deriva antidemocrática de los legisladores derechistas en algunas comunidades autónomas, como Aragón, Castilla-León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria… Sus nuevas leyes de memoria en algunos casos, o los proyectos o anuncios de ley en otros, responden claramente al revisionismo falsario del que se advierte en estas líneas.
Las leyes del PP y Vox niegan la denominación de dictadura a la dictadura, equiparando prácticamente los periodos de convivencia constitucional con la vigencia de regímenes totalitarios. Derogan los lugares de memoria y los homenajes a quienes sufrieron persecución y lucharon en favor de las libertades democráticas. Acaban con los mapas de fosas y niegan ayuda pública a quienes pretenden desenterrar de las cunetas a sus seres queridos, asesinados por la dictadura, para darles sepultura digna.
Hay quienes explican la actitud del PP en este negacionismo de la memoria democrática por la presión de Vox. Puede ser. Y también puede ser que unos resulten tan ultras como los otros, y que ya no haya distinción relevante entre ambos. Pero lo que es seguro es que, con estas iniciativas legales, tanto unos como otros están legitimando y dando impulso aquí a esa ola ultra global que amenaza los derechos más básicos y las libertades más elementales de la Humanidad en los cinco continentes.
El caldo de cultivo favorable es el temor a las consecuencias desigualitarias de la globalización, o de la Agenda 2030, como pretenden equiparar algunos. El caldo de cultivo es también la desinformación y el tráfico libre de bulos que acompaña a la transición digital como un daño colateral en progresión geométrica.
Es duro, además, escucharles hacer uso torticero de las palabras más hermosas. En Madrid hablaban de libertad cuando practicaban el latrocinio. Con las leyes de memoria hablan de concordia cuando practican el revisionismo histórico más avieso.
Vamos a proteger la memoria democrática. En defensa propia. Nos jugamos mucho.
El PP ha resuelto el debate tradicional entre constitucionalistas respecto del papel del Senado en nuestro entramado institucional. Hay quienes asignan a esta cámara la función de segunda lectura acerca de las iniciativas del Congreso. Otros entienden que le corresponde, sobre todo, representar a los territorios en el ejercicio del poder legislativo del Estado. Para algunos, ha de ser lugar de encuentro, coordinación y colaboración entre las administraciones multinivel en nuestro incipiente modelo federal…
Pero el PP ha puesto fin al debate, por esta legislatura al menos. El Senado será durante los cuatro próximos años una cámara al servicio de los intereses del Partido Popular, que detenta la mayoría absoluta en su Pleno y en sus órganos de dirección. De hecho, desde la investidura del Presidente Pedro Sánchez, cada decisión relevante de la cámara alta ha estado inequívocamente orientada a cumplir la estrategia partidaria del PP.
El Senado aprobó con agilidad una reforma reglamentaria, que no estaba dirigida a mejorar las capacidades del parlamento a fin avanzar en derechos o bienestar para sus representados. No. La reforma consistió en armar a la mayoría del PP en la Mesa del Senado, para retrasar a voluntad la tramitación de las leyes que enviara el Congreso de la mano de la mayoría que respalda al gobierno de Pedro Sánchez. Una reforma aprobada contra el artículo 90 de la Constitución, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La reforma reglamentaria fue seguida de cerca por la reforma del calendario de sesiones plenarias. Atendiendo a la composición mixta del plenario, el Senado celebraba tradicionalmente dos plenos al mes, con la finalidad de que los senadores que también son diputados autonómicos pudieran combinar la tarea en Madrid con sus responsabilidades territoriales.
Sin embargo, unilateralmente una vez más, la mayoría del PP decidió pasar de dos a tres plenos al mes, con la intención de multiplicar las sesiones de control y entorpecer la agenda de gestión del gobierno Sánchez. Tan es así, que el orden del día de ese tercer pleno se ha reduce ya casi exclusivamente a la diatriba semanal del PP contra el ejecutivo.
A la vez, la dirección del PP en el Senado decidió ignorar la prerrogativa que la Constitución otorga al gobierno del Estado en su artículo 134 para proteger el equilibrio de las cuentas públicas, planteando su disconformidad ante la tramitación de iniciativas de ley que conlleven aumento inabarcable de gasto o reducción temeraria de ingresos. El Senado del PP tramita tales iniciativas, ignorando los escritos del Gobierno al amparo de la Constitución. También tendrá que pronunciarse el Tribunal Constitucional al respecto.
La última campaña del Senado en interés del PP y contra las iniciativas de la mayoría congresista que respalda al gobierno tiene que ver con la Proposición de Ley de Amnistía, claro está.
El Senado del PP ha disparado contra esta Proposición de Ley por tierra, mar y aire, incluso antes de que llegara a su cámara. Han llegado a involucrar, nada menos, que a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa para la defensa del Estado de Derecho. No obstante, en esta ocasión, como suele decirse, el tiro le salió al PP por la culata, porque el informe de los relatores europeos constató la vigencia de la amnistía en más de una cincuentena de países democráticos, al tiempo que desmentía las falsas acusaciones de vulneración de los principios de igualdad y separación de poderes.
La cámara alta acudió también, desde luego, al caduco Consejo General del Poder Judicial, cuya composición adulterada carece ya de un ápice de credibilidad siquiera. Su informe parcial no lo leyó casi nadie.
Finalmente, el Grupo Popular en el Senado ha iniciado los trámites para entablar un conflicto entre órganos constitucionales ante el TC, con el propósito de frustrar la tramitación de la PL de amnistía, una vez más. El conflicto de competencias está previsto en la Constitución y en la ley que regula las funciones del TC. Sin embargo, tal previsión no tiene nada que ver con el caso al que se pretende aplicar, y los redactores del informe jurídico del Senado debieran saberlo. Lo saben, de hecho.
El conflicto constitucional de competencias cabe plantearse cuando un órgano constitucional “adopta decisiones asumiendo atribuciones que la Constitución o las leyes orgánicas confieren al primero” (el órgano que lo suscita). No se ha dado asunción indebida de atribuciones por parte del Congreso en la tramitación de la Proposición de Ley de amnistía, como es obvio. Se trata, por tanto, de una iniciativa injustificada, carente de base jurídica, con motivación exclusivamente política, para cuestionar políticamente la iniciativa del Congreso al tiempo que busca satisfacer al sector más ultra del espectro ideológico.
El episodio más lamentable ha sido, sin embargo, el de la utilización de los servicios jurídicos del Senado para dar lugar a un informe tan innecesario como penoso. Innecesario, porque bastaba la decisión política de la mayoría en la Mesa para adoptar las decisiones previamente establecidas en atención a los intereses del PP. Y penoso, porque arrastra el prestigio de un estamento que se debe solo al imperio de la ley, por encima de dogmas ideológicos y consignas de partido.
El informe es lamentable por su intención, al servicio de los intereses del PP; por su contenido, claramente más político que jurídico; y por la ofensa que conlleva respecto a la labor de los letrados del Congreso, tanto en la secretaría general como en la Comisión de Justicia, cuyo criterio y desempeño, de cariz diverso, hasta contrapuesto, por cierto, hubiera merecido mejor consideración por parte de sus compañeros en el Senado.
Los autores del informe se erigen en intérpretes de constitucionalidad con carácter general, en una auto-atribución de facultades sin parangón en nuestra historia democrática. Sentencian sin margen de duda por su parte la inconstitucionalidad de la Proposición de Ley, pero no se quedan ahí.
Es inconstitucional la proposición, y la figura del derecho de gracia como tal, y la tramitación en el Congreso de principio a fin, y el propio Reglamento del Congreso que faculta la tramitación, y hasta los autos del Tribunal Constitucional que inadmiten los recursos de Vox contra la iniciativa. A los magistrados del TC solo les quedará decir amén… En realidad, lo único inconstitucional es su auto-atribución como martillo de herejes constitucionales.
Por cierto, que la expresión “reforma constitucional encubierta” forma parte del argumentario diario del PP. Ni disimulo ha habido.
El papel pone de manifiesto asimismo un desconocimiento significativo del derecho europeo e internacional, impropio de una cámara parlamentaria.
Respecto al informe de la Comisión de Venecia, tergiversa claramente su contenido al atribuirle la afirmación de que es necesaria una reforma constitucional para aprobar la amnistía en España. Por el contrario, la Comisión reconoce claramente en su página 30 que la amnistía se puede regular mediante ley orgánica.
Respecto a la advertencia de que una directiva europea exige que la malversación constituya una infracción penal, el informe del Senado olvida que la directiva se refiere siempre a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, y que estos están expresamente excluidos de la amnistía. Además, la amnistía no afecta a la tipificación penal, que sigue vigente, claro está.
Otros argumentos del papel son sencillamente absurdos. Como afirmar que la ausencia de previsión constitucional supone una prohibición de regular la amnistía. Aceptar tal limitación impediría al legislador español regular desde internet hasta la inteligencia artificial, pasando por la COVID, por ejemplo.
Como criticar que la amnistía suspende la ley para quienes adoptan determinada ideología, en una argumentación que responde claramente a las tesis más rechazables del independentismo. Y es que las personas aspirantes a la gracia del Estado no han sido procesadas o condenadas por su ideología, sino por sus actos delictivos. ¿O es que el Senado va a admitir que los independentistas son perseguidos judicialmente en España por sus ideas?
Por último, resultan especialmente lamentables las referencias innecesarias a la tramitación de la Proposición de Ley en el Congreso. Los servicios jurídicos del Senado arremeten con dureza y sin razón contra sus compañeros del Congreso, que actuaron con profesionalidad y conforme a Reglamento.
Esa enmienda a la totalidad de la tramitación legislativa en el Congreso, avalada por los servicios jurídicos, no se sostiene bajo argumento jurídico alguno, sino tan solo a partir de la voluntad de servir al interés del PP, que ejerce mando en el Senado.
Algunos de los reproches que el informe del Senado arroja contra la tramitación de la Proposición de Ley de la amnistía en el Congreso rayan en el ridículo, además. Por ejemplo, cuando el informe destaca, en título y con negrita incluso, el “conocimiento sorpresivo de las enmiendas transaccionales” en Comisión de Justicia.
Todos cuantos hemos pasado por el parlamento, en el Congreso y en el Senado, sabemos que la presentación directa de enmiendas transaccionales a la Mesa de una Comisión, mientras se tramita una iniciativa de ley, constituye una facultad amparada por el artículo 114.3 del Reglamento, y ampliamente utilizada por todos los Grupos Parlamentarios desde hace más de cuarenta años. Desconocimiento o mala fe…
Desde hace años, quienes trabajan en el Senado venían quejándose tanto de la falta de atención pública a las labores de la cámara alta, como el déficit injusto de prestigio para esta institución que merece un papel clave en nuestro sistema constitucional.
Puede que la mayoría circunstancial del PP haya logrado solventar el primer problema, pero temo que esté agravando irremediablemente el segundo.
Fui elegido diputado por los españoles en las elecciones del 23 de julio. El pasado 14 de marzo voté a favor de la Proposición de Ley de amnistía en el Congreso. Entiendo que mis representados, y especialmente mis votantes, merecen una explicación.
Voté Sí a la Ley de amnistía por dos razones, fundamentalmente.
Porque creo honestamente que la Ley de amnistía ayuda a mi país, a España, en el propósito de superar el gravísimo conflicto político abierto por el desafío separatista en Cataluña. Facilitar el reencuentro, el diálogo y la negociación, pasando página de juicios y penas, contribuirá a cimentar una nueva etapa de convivencia y relaciones normalizadas entre catalanes, así como de Cataluña con el resto de España.
Y porque la aprobación de la Ley de amnistía en el presente momento político ayuda a la gobernabilidad de España, en un escenario de gran fraccionamiento en la representación parlamentaria y ante una grave ofensiva desestabilizadora por parte de las derechas radicalizadas. Consolidar en esta legislatura XV una mayoría parlamentaria favorable al progreso económico, la creación de buenos empleos, la ampliación de derechos y la mejora de la convivencia, constituye asimismo un objetivo legítimo y positivo.
Estas son las razones.
Entiendo que pueda haber quienes consideren que, en realidad, ha pesado más el segundo argumento que el primero. No lo creo así, pero lo asumo. En todo caso, la normalización de la vida política y social en Cataluña, y la viabilidad de una nueva legislatura para el progreso de los españoles, son ambos dos propósitos que merecen del esfuerzo excepcional, y del coste político añadido, que pueda suponer una Ley de amnistía.
Lo creo así honestamente.
Hay quienes, con la misma honestidad, manifiestan sus dudas, y su oposición legítima, ante esta decisión mía y de la mayoría de los diputados del Congreso. Intentaré responderles.
La amnistía no figuraba en nuestro programa electoral ante el 23J. Es cierto. Pero también lo es que siempre figuró en nuestros programas y en nuestros discursos el objetivo de restituir al ámbito de la política un conflicto que nunca debió salir de ahí. Siempre anticipamos que nuestra meta sería la superación del procés y la recuperación de la convivencia. Y que la línea emprendida con los indultos inspiraría nuestros pasos subsiguientes. No había engaño en nuestra posición.
La ley de amnistía puede entenderse como una simple transacción con Junts per Catalunya a cambio de sus siete votos para la investidura. Ha podido entenderse así por una parte de la ciudadanía, merced a la insistencia de la derecha política y mediática en esta explicación. Pero, en realidad, la amnistía era demandada por la mayoría de los Grupos Parlamentarios del Congreso elegido por los españoles el 23 de julio: Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya, Bildu, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, Bloque Nacionalista Galego… y 40 de 48 diputados catalanes. No era solo cosa de JxC.
La amnistía puede percibirse como impunidad ante los delitos y desigualdad ante la Justicia. Ciertamente ocurre así cada vez que en cualquier democracia del mundo se aplica esta medida excepcional de gracia. La legitimación última reside en el motivo por el que se aplica el perdón, y nuestro motivo es plenamente legítimo: la reconciliación y la convivencia. Además, la ley excluye de la amnistía los delitos más graves que afectan a los derechos humanos. Y todos sabemos que hablar de terrorismo en el procés catalán no se sostiene.
Los independentistas seguirán planteando la autodeterminación. Claro. No podemos pretender ni aspirar a que renuncien a su ideología. Lo que sí podemos reivindicar con esta medida es que defiendan sus aspiraciones desde el diálogo, en un contexto de negociación política y con respeto a las leyes vigentes. Esto supone un gran avance ya respeto a la situación vivida en 2017 bajo gobierno de la derecha.
Se han manifestado dudas razonables acerca de la constitucionalidad de la ley y de su coherencia con el derecho europeo. También es verdad. Pero el encaje de la Ley de amnistía en la Constitución está firmemente motivado en su preámbulo y, en todo caso, será motivo de decisión en su momento por parte del Tribunal Constitucional. Como en todas las leyes.
Y gracias al PP, reconozcámoslo, hemos contado con el aval anticipado para la ley por parte de la Comisión de Venecia, un prestigioso órgano consultivo del Consejo de Europa, especializado en la defensa del Estado de Derecho. Los relatores europeos nos han recordado que más de una cincuentena de Estados democráticos han aplicado legítimamente leyes de amnistía, incluso cuando no se daba una habilitación constitucional expresa, como es nuestro caso.
En definitiva, han de respetarse siempre, y comprenderse también, las dudas que una decisión de la naturaleza y el alcance de la amnistía puedan provocar en muchas personas que pretendan entender de buena fé las motivaciones de quienes hemos aprobado la ley en la sesión plenaria del Congreso del 14 de marzo.
Puede que la mejor respuesta consista en la invitación a contemplar la realidad normalizada de la política y la sociedad catalana en el día de hoy. Que dista mucho de la realidad conflictiva que se sufría hace siete años. Porque esta nueva realidad es consecuencia de la estrategia de normalización política, social e institucional emprendida desde el año 2018 por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, mediante un esfuerzo permanente de diálogo y entendimiento con quienes piensan de forma diferente.
Y porque la Ley de amnistía supone la continuidad lógica y el colofón coherente para este loable empeño de interés general.
No es que el tiempo nos acabe dando la razón. Es que el tiempo nos está dando ya la razón.
Las acusaciones de quienes se oponen a la Ley de amnistía desde las derechas radicalizadas merecen poca respuesta. Por su motivación espuria, y por la inconsistencia jurídica y política de sus reproches.
Tachaban de inconstitucional una proposición de ley incluso antes de leerla.
Hablan de ruptura del Estado de Derecho ante una ley aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento, conforme a las reglas estrictas del Estado de Derecho.
Denuncian la quiebra del principio de la separación de poderes, sabiendo que serán los jueces quienes apliquen o no apliquen la amnistía, caso a caso.
Lanzan admoniciones sobre la división y la ruptura de España, mientras siembran agravios entre territorios para obtener rendimiento electoral propio.
Anuncian el reproche de Europa y se encuentran con el respaldo de la Comisión de Venecia ante una medida utilizada con normalidad en las democracias más solventes.
Para las derechas radicalizadas, la amnistía constituye tan solo una herramienta más a manipular en su estrategia de desestabilización del Estado para destruir al Gobierno legítimo de España.
Importa mucho más escuchar, atender y dar respuesta al interés lógico y a las dudas razonables que los españoles de buena fé pudieran albergar ante una iniciativa tan relevante y excepcional como una Ley de Amnistía.
No vamos a cejar en el empeño de explicarnos.
Porque estamos plenamente convencidos de actuar siempre en interés de España. También con la amnistía.
En las sociedades europeas democráticas tendemos a creer que los avances civilizatorios son inexorables e irreversibles en el tiempo histórico. Tenemos asumido que en el largo plazo no hay vuelta atrás para la consolidación de libertades y la ampliación de derechos.
Pues no es cierto.
No lo es fuera de Europa, como resulta evidente. Y tampoco lo es en Europa, como se pone de manifiesto cada vez en mayor medida.
Las libertades públicas, los derechos de ciudadanía y las conquistas del Estado de Bienestar no son invulnerables ni irreversibles. Las libertades y los derechos que tienen que ver con la igualdad de las mujeres tampoco.
El feminismo es la ideología que defiende la igualdad de las mujeres y los hombres. Se trata de la revolución política, social y cultural más importante del siglo en que vivimos, sin lugar a dudas. Ha producido ya en algunos países de Europa, especialmente en España, avances extraordinarios, si bien insuficientes y asimétricos.
Hoy, esos avances están en riesgo, aquí y en el resto de Europa. Porque hay una reacción antifeminista en marcha, que promueve la ultraderecha y prosigue la derecha tradicional.
La reacción está presente en los discursos de los representantes políticos, del negacionismo de violencia de género de Abascal al rechazo al aborto libre de Ayuso. Está presente en los hechos, de la retirada de ayudas a las organizaciones feministas a la supresión de concejalías de igualdad.
Y los discursos y los hechos hacen mella en las opiniones de la ciudadanía, incluso entre los más jóvenes. Según los últimos estudios sociológicos, solo el 35% de los varones españoles entre 18 y 26 años comparten las ideas feministas, por un 66% de ellas. Hasta un 44% de hombres, y un 32% de mujeres, consideran que el feminismo lleva sus reivindicaciones “demasiado lejos”.
Como sucede en otros ámbitos ideológicos y políticos, la derecha populista cultiva los miedos y las incertidumbres asociadas a los grandes cambios sociales, mientras ofrece falsos refugios en los valores tradicionales de la nación, la religión… y el machismo.
Por tanto, hay muchos avances por defender y consolidar en materia feminista. Y aún quedan muchas conquistas pendientes en las que no arredrarse. En materia de empleo, contra la segregación ocupacional que penaliza a las mujeres en el acceso y la promoción profesional. En la brecha salarial persistente. En la distribución de roles domésticos, en el reparto de la responsabilidad de los cuidados. En el poder, el público y el privado, a pesar de proclamas y leyes.
Hay mucho por trabajar y lograr contra la violencia machista que aún arranca cobardemente las vidas de las mujeres. Y contra la violencia sexual, que no cede, y que se alimenta de problemáticas anejas, como el acceso adolescente al porno. Y las desigualdades añadidas para las mujeres con discapacidad y las mujeres inmigrantes.
Y ese agujero negro de esclavitud que se mantiene en los clubes que vemos al circular por nuestras carreteras, en nuestros polígonos al caer la noche, en los pisos que todos conocen en nuestros barrios. La tolerancia social e institucional con la prostitución, la compra-venta impune de los cuerpos de las mujeres, la explotación brutal de seres humanos vulnerables para satisfacción de proxenetas y puteros, constituye una de las grandes vergüenzas de nuestro tiempo. Y no nos sacudiremos esa vergüenza hasta lograr su abolición.
Y todo esto, hablando solo de las sociedades europeas más avanzadas. Porque en otros continentes lo pendiente es… todo.
Siento parecer interesado en la respuesta final, pero es que solo hay una contestación eficaz ante el riesgo de la reacción antifeminista. Votar a la izquierda. Contar con representantes feministas en las instituciones. Asegurarse de que los gobiernos comparten valores y agendas feministas. Y enfrentar así a los que pretenden parar y retroceder.
La lucha feminista es la gran lucha de nuestro tiempo. Y toda lucha importante requiere valor, inteligencia y determinación.
La corrupción es uno de los fenómenos que más repulsión y condena recibe en las sociedades democráticas.
Porque más allá de la vulneración de la legalidad y el quebranto para las arcas públicas que conlleva, la corrupción socava los cimientos mismos de la democracia: la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones que ordenan el espacio público, que fijan las reglas de la convivencia, que cobran impuestos, que administran los recursos de todos, que albergan el uso legítimo de la fuerza…
Por eso es tan importante que las democracias se defiendan con eficacia de la corrupción y de los corruptos, con leyes exigentes, con aparatos policiales eficaces, con tribunales independientes, con medios de comunicación libres.
España no es un país corrupto. No lo es su sociedad. No lo es su administración pública. No lo son sus instituciones democráticas. Hay casos de corrupción, algunos graves, incluso muy graves. Pero nuestro Estado de Derecho funciona. Los casos se descubren, se investigan, se llevan a los tribunales y se imponen responsabilidades.
Los casos de corrupción relacionados con la respuesta de las administraciones a la pandemia de la COVID-19 merecen y reciben una especial condena ciudadana. Porque mientras la inmensa mayoría de la ciudadanía sufría enfermedad, dolor, incertidumbre, y mientras la inmensa mayoría de los profesionales públicos y privados se implicaban hasta el heroísmo en el combate al virus, resulta intolerable que unos pocos estuvieran ocupados en enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno.
En consecuencia, importa mucho la respuesta que se da a estos casos desde las instituciones representativas de la sociedad española. Y hay que diferenciar dos planos, el jurídico y el político.
En el plano jurídico poco hay que añadir. Confianza en policías, fiscales, jueces, tribunales, medios de comunicación, en su labor de denuncia, investigación, procesamiento, enjuiciamiento, sentencias, ejecución de sentencias…
En el plano político hay más debate. Mucho más.
En la actividad política participan muchas personas. La gran mayoría lo hace desde el legítimo compromiso personal con unos valores, con el interés en mejorar la vida de sus conciudadanos, de manera honesta. Pero la política, a veces, tiene que ver con el poder y, a veces, atrae a elementos indeseables que se corrompen y corrompen. Son pocos, la minoría, y hacen mucho daño.
Hay que prevenir su acceso a la política, pero cuando se cuelan en la política y llevan a cabo sus fechorías, lo importante es cómo se responde.
Y ahí, en la respuesta a la corrupción, lo siento, no somos iguales.
En el PSOE ha habido casos de corrupción. En el PP, la corrupción ha sido estructural y sistémica.
El PSOE reacciona ante cada caso colaborando sin reserva con la Justicia. El PP suele denunciar que los casos “son casos contra el PP”, han llegado a destruir pruebas “a martillazos”, incluso a montar estructuras de “policía patriótica” en el Ministerio del Interior para burlar a la Justicia.
El PSOE ofrece transparencia total en cada caso de corrupción, adelantándose a la oposición en el registro de comisiones parlamentarias de investigación. El PP niega las comisiones de investigación, cuando los afectados son de su partido.
El PSOE asume responsabilidades de manera inmediata, incluso cuando los directamente afectados no han sido señalados por la Justicia como investigados, procesados o condenados. El PP solo exige responsabilidades a los demás.
El Partido Socialista ha obtenido en las elecciones autonómicas del domingo en Galicia 46.059 votos menos que en la última convocatoria. 46.059 votos menos, un mal resultado.
Tal resultado ha merecido por parte de adversarios políticos y mediáticos los siguientes epítetos: cataclismo, derrumbe, descomposición, hecatombe, disolución, luto… “Luto”, como si alguien hubiera muerto. Pelín sobreactuado, reconózcase.
46.059 son muchos votos menos. Porque representan una derrota electoral relevante. Primero en Galicia, donde se frustra el cambio deseado, con un PSOE que se consolida como tercera fuerza, con una derecha fortalecida y un nacionalismo en auge. Mal resultado también en el conjunto de España, en la medida en que Galicia importa, como importan los demás territorios.
Mal resultado, sí. Derrota, también. Cataclismo, derrumbe y descomposición del PSOE, eso no. Esas son exageraciones propias del relato de la derecha política y mediática, interesada en aprovechar cada oportunidad para hacer daño al Gobierno y a su Presidente.
El PSOE sigue gobernando España, porque así lo han querido los españoles. Acaba de obtener una investidura parlamentaria por mayoría absoluta en primera vuelta. Es el partido que en mayor medida vertebra el país (ya quisiera el PP tener el 14% de los votos en las regiones más adversas). Mantiene una presencia municipal vigorosa.
El PSOE es el partido socialdemócrata europeo con mayores apoyos populares (ya quisieran los socialdemócratas alemanes o franceses o italianos contar con el 30% de los votos). Es el partido de Gobierno con más respaldo popular entre las grandes naciones europeas (ya quisieran los partidos de Scholz, Macron, Meloni o Sunak). Y más de un 41% de los españoles prefiere a Pedro Sánchez al frente del Gobierno, por poco más de un 25% que opta por Feijóo, conforme reflejan los estudios del CIS más recientes.
De debacle y de derrumbe, nada.
Es obligado dar respuestas a la situación, evidentemente. Respuestas, sí. Flagelarse, fustigarse o azotarse, no, porque esto es propio de los enemigos. Críticas a los propios en público, tampoco, porque esto es más propio de los adversarios.
Crítica viene de “crisis”, por lo que la autocrítica equivale a adjudicarse la crisis a uno mismo. No parece inteligente. La RAE, además, define la crítica como el adjetivo inclinado a enjuiciar hechos y conductas de forma desfavorable. Dejemos el juicio público desfavorable a la oposición. Si no, ¿a qué otra cosa van a dedicar el tiempo en la larga legislatura que les espera?
Lo que corresponde en el PSOE es un diagnóstico serio, un análisis útil, y tomar decisiones para corregir las debilidades que se han puesto de manifiesto. Para esto hacen falta estrategia, trabajo y recursos. No sé cómo ayuda en esta tarea autocriticarse ante los micrófonos del adversario…
¿Qué ha ocurrido en Galicia? No parece muy difícil de ver. La derecha, que siempre ha sido muy fuerte en Galicia, lo sigue siendo. El porcentaje de votos que suman PP y Vox ha pasado del 49,99% en 2020 al 49,55% en 2024, prácticamente el mismo, algo a la baja. Sabían lo que se jugaban y ante la buena progresión de la campaña de nacionalistas y socialistas, pusieron toda la carne en el asador, incluido el juego sucio. Porque juego sucio es repartir dinero a sanitarios y mariscadores a pocos días de las elecciones. Nada nuevo, pues.
Interpretar que el PP ha estado fuerte este domingo en Galicia como respuesta del electorado a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez es ridículo, porque solo se sostiene ignorando las sucesivas mayorías absolutas de la derecha gallega desde la Transición, de Fraga al propio Feijóo, mucho antes de la irrupción del “sanchismo”.
Ha ocurrido que la imagen del cambio la representaba Pontón en mayor medida que Besteiro y que, por tanto, el voto útil se aglutinó en torno a la primera. ¿Por qué? Porque Pontón llegó antes, porque ejerció como jefa de la oposición durante cuatro años, y porque ha hecho un discurso más socialdemócrata que nacionalista, por cierto.
Ha ocurrido que el PSOE ha presentado un buen candidato y buenas candidaturas en cada provincia, pero partiendo de la tercera posición y con menos recorrido que los demás ante el electorado. Los socialistas gallegos han planteado un buen programa y una campaña propositiva e ilusionante. Pero los dos factores anteriores han pesado más en la decisión final de los electores, claramente.
¿Qué es lo que no ha ocurrido?
No ha ocurrido que el Gobierno de España se derrumba ante el empuje imparable de las derechas patrias desde el noroeste. Cuando se les pase la euforia, se darán de bruces con la dura realidad de que ellos siguen en la oposición y Sánchez sigue gobernando con el apoyo de la mayoría de la representación ciudadana.
No ha ocurrido que el liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE ha perjudicado las expectativas electorales de los socialistas gallegos, porque se da la circunstancia fácilmente comprobable de que Sánchez obtuvo en la misma Galicia, hace solo unos meses, en elecciones generales, más del doble de los votos obtenidos por el mismo partido en estas autonómicas.
No ha ocurrido que el electorado gallego ha dado la espalda a los acuerdos de Sánchez con nacionalistas e independentistas sobre indultos y amnistías, por la sencilla razón de que la formación política que más ha crecido en estas elecciones ha sido precisamente una formación nacionalista, independentista y partidaria de indultos y amnistías.
Falso de toda falsedad, por mucho que se empeñe la derecha política y mediática en este relato interesado.
¿Y ahora?
Ahora, a trabajar más y mejor. Más Gobierno y más PSOE. Más impulso a la labor del Gobierno en favor de los buenos empleos, la ampliación de derechos y la mejora de la convivencia. Y más fortalecimiento de la organización socialista, en el centro y en cada territorio. Porque hacer partido es hacer oportunidades para acceder a las instituciones y mejorar la vida de la gente.
Recordemos, no obstante, que el aumento o la disminución de los apoyos electorales depende menos de vistosas estrategias de comunicación que de auténticas razones para el voto. Se vota a quien vas a confiar razonablemente tu futuro y el de tu familia. Y aquí, la socialdemocracia es imbatible.
Solo la socialdemocracia unifica los cuatro pilares con los que afrontar con confianza los desafíos globales de hoy y de mañana: la voluntad modernizadora, la garantía de la justicia social, el respeto a la pluralidad social y territorial, y el compromiso de la democracia mejorada. Solo con estos cuatro pilares podrán levantarse y sostenerse las grandes transformaciones globales del ecologismo, la digitilización y el feminismo.
La derecha aspira al poder de la mano de los ultras y el atajo del populismo, cada vez más a las claras. El negacionismo ante el avance científico, ante el cambio climático y ante la discriminación de la mujer, le inhabilita para liderar los cambios inevitables.
El nacionalismo mantiene postulados que van contra el tiempo y el progreso. Defienden fronteras, autodeterminaciones y soberanías divisivas, cuando el futuro demanda espacios públicos cada vez más amplios para afrontar desafíos globales como las relaciones pacíficas entre los pueblos, como las migraciones seguras, como la sostenibilidad ambiental, como el comercio justo, como el combate a la elusión fiscal y la falta de responsabilidad de las multinacionales…
El PSOE tiene muchas razones para confiar en el futuro. Tiene una historia legítima, principios firmes, resistencia demostrada, resiliencia ejercida tanto por virtud como por necesidad, una militancia con coraza, a prueba de éxitos y de fracasos, de parabienes y de paramales, hasta de insultos, asaltos y rezos ante nuestras sedes, hasta incluso de cosas peores, mucho peores…
Por eso, que nos hablen de derrumbes y lutos tras un mal domingo electoral, pues no nos impresiona mucho, la verdad.
(Posdata: esta campaña gallega ha servido, entre otras cosas, para conocer que Feijóo estudió la amnistía a los independentistas catalanes, que ve viable su indulto en determinadas condiciones y que no, que no hubo terrorismo en el procés. Será útil).
No se trata de echar muertos a la cara de nadie. No es lícito utilizar políticamente el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de seres queridos.
Este es el comportamiento lamentable, carroñero incluso, que los dirigentes de la derecha, incluido el gobierno autonómico de Madrid, han mantenido respecto al reciente asesinato de dos guardias civiles a cargo de unos narcos en Barbate. El PP y Vox no han dudado en echar esos fallecidos y a sus familias contra el ministro del Interior y han utilizado el caso hasta la náusea con fines electorales en Galicia.
No obstante, sí es preciso reclamar las respuestas que hasta ahora no se han dado en relación al fallecimiento de más de siete mil personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de la COVID.
Respuestas y transparencia en cuanto a la información disponible sobre lo que realmente ocurrió. Respuestas en forma de asunción de las responsabilidades pendientes. Y, sobre todo, respuestas de las que obtener enseñanzas de futuro, para que algo tan terrible no vuelva a suceder jamás.
Algunos hechos están debidamente contrastados ya. Estas miles de personas mayores fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid. A estas personas gravemente enfermas no se las derivó a los hospitales, como hubiera sido lógico en cualquier otro momento y circunstancia. Y se ha probado la existencia de unos “protocolos” de la administración autonómica que ordenaba evitar las derivaciones hospitalarias.
Las consecuencias de estos hechos son bastante fáciles de inferir. Algunos de estos mayores podrían haber tenido un desenlace diferente al fallecimiento rápido en caso de haber sido atendidos en un hospital. Un informe publicado por Infolibre eleva hasta el 65% el porcentaje de mayores supervivientes entre los que efectivamente lograron ser trasladados a un servicio hospitalario.
Otra consecuencia fácilmente deducible: estas personas mayores que fallecieron sin derivación, en caso de no haberse salvado, hubieran tenido una muerte más digna merced al tratamiento paliativo disponible en los hospitales y no disponible en las residencias.
El comportamiento de los gobernantes de la Comunidad de Madrid no ha sido aceptable en muchos extremos, ni durante ni después de la crisis. Desde luego, los llamados “protocolos” que impidieron la derivación hospitalaria para estas personas son absolutamente condenables desde cualquier perspectiva social, política y moral. Y está por dilucidar en los Tribunales de Justicia si las responsabilidades han de ir más allá, incluso.
Tapar entonces lo ocurrido estuvo mal. El propio consejero de políticas sociales del gobierno autonómico se vio obligado a denunciar lo ocurrido y acabó saliendo del ejecutivo entre reproches. La presidenta regional mintió al declarar en sede parlamentaria que los “protocolos” no existían, y que las informaciones estaban basadas en la mera “filtración de un borrador”. Aseguró también falsamente que la competencia de la gestión de las residencias correspondía a un vicepresidente del Gobierno nacional y que, en realidad, estas residencias estaban “medicalizadas” y dotadas de suficiente “personal sanitario”.
Reiteradamente, han negado la información que se solicitaba lícitamente a través de las normas de transparencia. Incluso han reformado esas normas en sentido restrictivo. Y han llegado a recurrir a los Tribunales para esconder unas actas policiales que la prensa libre se han encargado de difundir.
El gobierno regional dispuso de recursos de gran magnitud para la gestión de sus competencias a la hora de hacer frente a la pandemia, pero priorizó gastos extraordinarios y muy discutibles en la construcción del hospital Zendal, por ejemplo, de uso limitado entonces y aún ahora. Las autoridades de Madrid tampoco decidieron involucrar debidamente a los hospitales privados en la atención de estas personas necesitadas.
Finalmente, las declaraciones de la presidenta regional en la Asamblea de Madrid durante la última semana han acabado de enfadar justamente a las familias de las personas fallecidas en aquella crisis. Plantear que los mayores “hubieran muerto en cualquier lugar” supone una gran falsedad, además de una falta de sensibilidad hacia el dolor de estas familias absolutamente inaceptable. Es indiscutible que en los hospitales estas personas hubieran tenido más oportunidades para sobrevivir y, desde luego, en caso de fallecer lo hubieran hecho en condiciones muy distintas.
Sorprende que los gobernantes de la Comunidad de Madrid, tan exigentes siempre con las responsabilidades ajenas, se muestren tan remisos a asumir las propias en un asunto tan grave como el de la muerte de más de siete mil madrileños y madrileñas en condiciones poco dignas.
Y sorprende aún más que el PP madrileño, tan carente de escrúpulos a la hora de señalar a los adversarios políticos, comiendo fruta incluso, muestren ahora escándalo ante las críticas fundadas de esos mismos adversarios en un caso de consecuencias tan tremendas.
Estas más de siete mil familias que exigen justamente información y responsabilidades no pueden admitir que su “libertad a la madrileña” se limite a tomar cañas o frutas a la salud de la presidenta.
Hay problemas en el campo español. Buena parte del empresariado medio en la agricultura y la ganadería atraviesa dificultades reales con la sequía, la competencia desigual de algunas importaciones, las prácticas desleales en la cadena comercial, la complejidad de los trámites de la PAC… Y, a la vez, muchos trabajadores del campo reciben de sus empresarios salarios bajos y condiciones laborales precarias.
Esto es cierto. Lo que no es cierto es el pretendido enfrentamiento de la ciudad contra el campo, de la progresía urbanita culposa contra el mundo rural inocente y victimario, de los ecologistas dogmáticos de la capital contra los auténticos amantes de la naturaleza en las explotaciones agrícolas y ganaderas. No es cierto el enfrentamiento que se vende del malvado Sánchez contra las pobres gentes del campo español.
Para aportar soluciones a los problemas del campo hace falta rigor, seriedad y trabajo. Y aquellos que alimentan la desinformación, la demagogia y la confrontación no ayudan a las gentes del campo español, sino que les utilizan para sus fines políticos y les perjudican gravemente.
Los problemas del campo español no provienen de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Primero, porque gran parte de las competencias en juego son de la Comisión Europea y de las Comunidades Autónomas, y tanto la gestión europea de la PAC (desde 1958) como la mayoría de los gobiernos regionales están en manos de la derecha.
Y segundo, porque ha sido el Gobierno Sánchez el impulsor de algunas de las medidas que más han ayudado a incrementar la renta agraria en un 11% durante el año 2023, mejorando las condiciones de explotación y de trabajo en nuestra agricultura y ganadería: de la Ley de Cadena Alimentaria, modelo en Europa, a la bajada del IVA para alimentos esenciales; de las ayudas en combustibles a la subvención de los seguros…
Más de 4.000 millones de euros ejecutados en auxilio del campo español durante los últimos años, 1.300 en ayudas directas para sus explotaciones agrarias y ganaderas.
Los problemas del campo español no provienen de Europa y sus burócratas, de la globalización o de la Agenda 2030. Hasta un tercio del presupuesto comunitario se destina a subvencionar la agricultura y la ganadería, nada menos. Y cuando la ultraderecha clama contra el comercio internacional de alimentos, olvida de manera irresponsable que buena parte del campo español vive de las exportaciones, precisamente.
Los problemas del campo no vienen del “dogmatismo ambiental”, como sostienen Abascal y Feijóo, Feijóo y Abascal, en un discurso cada día más intercambiable. Antes al contrario, agricultores y ganaderos son las primeras víctimas del cambio climático que las políticas de la Transición Ecológica justa pretenden combatir.
El Gobierno de España está manos a la obra, aquí y en Bruselas, para atender los intereses del campo y de sus gentes. Fortaleciendo la aplicación de la ejemplar Ley de Cadena Alimentaria. Impulsando la simplificación de los trámites necesarios en la gestión de la PAC. Exigiendo reciprocidad y cláusulas espejo en los acuerdos comerciales y las importaciones de alimentos. Aplicando políticas sostenibles y eficaces para combatir la sequía y asegurar el abastecimiento de agua. Manteniendo las ayudas directas a las explotaciones. Subiendo el salario mínimo…
Es preciso respetar las movilizaciones pacíficas de agricultores y ganaderos en defensa de sus intereses. Y es obligado trabajar para solucionar sus problemas. Pero con igual legitimidad y contundencia, hay que exigir el fin de las manipulaciones burdas que practican en estos días los voceros de la derecha política y mediática.
Blog de Rafael Simancas 