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VALLS SE EQUIVOCA. HACE FALTA MÁS SOCIALISMO, NO MENOS

Manuel Valls no ha sido el primero en intentar, desde dentro, transformar la fuerza socialista al servicio de la igualdad en una fuerza liberal al servicio de los poderes económicos predominantes. Y no será el último.

Reformismo, sí. Transformismo, no. Adaptar el reformismo socialista a los nuevos retos, sí. Transformar una fuerza socialista en una fuerza de derechas, no.

Lo realmente viejo y anticuado en el mundo de las ideas es el viejo paradigma liberal de la ley del más fuerte. Lo viejo e inaceptable es la desigualdad que consolida el ideario de derechas, aunque se disfrace de “progresismo moderno”. Lo moderno y deseable es la superación de las desigualdades que persigue el socialismo. Hoy hace falta más socialismo que nunca porque hay más desigualdad que nunca.

El socialismo nunca ha sido dogmático. El dogmatismo del Estado mínimo, las reglas mínimas y el libre mercado siempre fue de derechas.

El socialismo fue, es y será una fuerza reformista impulsada por los valores de la igualdad y la libertad. El socialismo defiende ambos valores por igual, porque no hay igualdad sin libertad, y no hay libertad sin igualdad.

El socialismo siempre ha adaptado su programa reformista a los retos de cada tiempo. En los fines del siglo XIX se trataba de conquistar el derecho al sufragio y de acabar con el esclavismo industrial y el trabajo infantil. Tras la Segunda Guerra Mundial se trataba de establecer el Estado de Bienestar y las reglas del mercado. Y ahora se trata de poner reglas a la globalización de las relaciones económicas, sociales y políticas, para garantizar la igualdad, la libertad, la democracia y los derechos humanos.

El socialismo tiene que modernizarse en su programa reformista para regular la globalización, en su funcionamiento abierto y participativo, y, sobre todo, en su dimensión. O el socialismo se hace global o no será eficaz. Si los retos son globales, los programas, las organizaciones y los liderazgos socialistas no pueden ser nacionales. Porque no habrá reforma fiscal, reforma laboral, reforma ambiental, o reforma de seguridad si no es una reforma global en cada uno de estos casos.

Valls se equivoca. Renunciar a la “ideología” equivale a perpetuar las desigualdades. Cambiar el nombre al “socialismo” equivale a acabar con el socialismo cuando el socialismo es más necesario. Y configurar un frente común “progresista” equivale a renunciar a la fuerza inequívocamente reformista y mayoritaria que más ha contribuido al avance democrático y al bienestar de los europeos en el último siglo.

Valls se equivoca. Una cosa es el pragmatismo y otra diferente es el transformismo. Una cosa es la renovación y otra distinta es la reacción al servicio de los poderes económicos predominantes. Si su pragmatismo y su renovación consiste en más mercado a cambio de menos Estado, menos derechos para los trabajadores y menos políticas para el bienestar de las personas, efectivamente hay algo que no funciona. Pero el error no está en el socialismo. El error está en que él, Manuel Valls, ha renunciado al socialismo.

Históricamente, el socialismo ha sufrido dos tensiones contrapuestas que buscan apartarle de su camino reformista y de su meta de igualdad y de libertad: la tensión que le empuja a la derecha liberal, y la tensión que le empuja al populismo estéril. El PSOE de Pedro Sánchez rechaza ambas tensiones. Esperemos que el Partido Socialista Francés lo consiga también.

EL DEBATE REAL ES EL DEL PARO Y LA POBREZA

Hoy ya se admite de manera generalizada la existencia de una grave crisis institucional. La desconfianza de buena parte de la ciudadanía hacia las instituciones y los protagonistas del espacio público es una realidad constatable y creciente. Y tal desconfianza tiene mucho que ver con la falta de congruencia entre las preocupaciones de esa ciudadanía y las ocupaciones de quienes han sido llamados democráticamente para representarla y para liderarla.

De hecho, la mayor parte de los debates que protagonizan la vida política en España tienen poco que ver con aquello que demanda en mayor medida la ciudadanía. Predominan por igual los debates absurdos, inútiles y falaces. La derecha se empeña en colar el mantra de que la recuperación económica ha llegado, al tiempo que millones de españoles se ven sumidos en el paro de larga duración y el empobrecimiento progresivo. Los nacionalistas se obcecan en levantar banderas y fronteras, cuando sus nacionales necesitan más que nunca buenos trabajos y buenos servicios. Y el populismo se obsesiona con los votos que obtendrá del discurso feliz sobre la “casta”, mientras lo que pide la gente es empleo y dignidad.

Es cierto que los estudios de opinión están muy desprestigiados, pero si existe una conclusión común en todos ellos es la de que los españoles están preocupados por el paro en primer lugar, y por los políticos que no solucionan el problema del paro en segundo lugar.

La última encuesta de población activa (EPA IIIT14) refleja que tenemos 5.427.700 parados, 140.000 más que al inicio de esta legislatura, el 23,7%, una tasa insoportable y de las más altas de Europa. El número de ocupados que celebra el Gobierno, 17.504.000, cuenta con 650.000 personas menos de las que contabilizaba antes de la llegada de Rajoy, Montoro y Báñez al poder, es decir antes de lo que llaman “recuperación”. Y la previsión del gobierno es la de cerrar la legislatura con 400.000 ocupados menos que cuando comenzó. Las dos terceras partes es paro de larga duración y cerca de la mitad de este porcentaje corresponde a personas que llevan más de dos años buscando trabajo sin éxito. Entre los jóvenes, hay más parados que ocupados. Y el saldo migratorio vuelve a los años del “vente pa’ Alemania, Pepe”. Eso sí, ahora se explica como “turismo ocupacional” o “movilidad juvenil”.

El trabajo que se crea es cada vez más temporal y menos indefinido. En esta última EPA, de hecho, los contratos indefinidos caen en número de 26.300. Y crecen exponencialmente los contratos por tiempo parcial, “para acercarnos a Europa” dicen en el Gobierno. Pero no nos hacemos más “europeos” con estos contratos, sino más precarios y más pobres, porque los contratos son parciales, y los sueldos también, pero las jornadas suelen ser totalmente abusivas. Se cobra por cuatro horas y se trabajan ocho, o diez, o doce. De los dos millones y medio de trabajadores “a tiempo parcial”, millón y medio lo son con carácter involuntario, o sea que no se trata de estudiantes, madres-padres o jubilados en busca de un complemento, sino de personas que necesitan un trabajo completo, que buscan un trabajo completo, pero han de conformarse con lo que les ofrecen.

El nuevo PIB con prostitutas y narcotraficantes sube un poco, pero los salarios y las prestaciones bajan mucho. Los convenios colectivos que protegen las condiciones laborales han caído a la mitad desde la entrada en vigor de la reforma laboral del PP. Los salarios reales se han reducido en un 10% de media. Y conforme aumenta el número de parados sin prestación y de hogares sin ningún ingreso, el gobierno reduce el presupuesto destinado a la protección por desempleo: un 15% menos para el año 2015. En el año 2009 rondábamos la cobertura social para el 80% de los parados. En el 2011, justo antes de la “recuperación” estábamos en el 70%. Durante este verano hemos caído al 57%, cada vez con prestaciones y subsidios más reducidos. ¿A quién le extraña ya que UNICEF nos señale como el país en el que más crece la pobreza infantil?

Pues bien, en el debate público sobre presupuestos que acaba de tener lugar en nuestro país havuelto a reproducirse el teatro del absurdo: la derecha con su “recuperación”, los nacionalistas con su “patria”, y los populistas con su “casta”. ¿Nos extrañamos de que los ciudadanos desconfíen de las instituciones?

Sonará ventajista, pero en realidad el único referente político que en estos días ha propuesto medidas que importan a la gente ha sido el secretario general del PSOE. Ni recuperaciones ficticias, ni banderas de colores, ni demagogia “castista”. Primero, un rescate de la deuda de las familias hipotecadas y de autónomos entrampados. Segundo, un pacto para salvar de la pobreza a niños y niñas en riesgo. Tercero, un impulso a la reindustrialización que proporcione buenos empleos. Y cuarto, aumento de dotación para políticas activas de empleo, renta garantizada para parados de larga duración con cargas familiares, subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio, ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, y límites para los salarios de directivos y consejeros de empresas. Este es el debate real.

EL DRAMA DE LOS PARADOS MAYORES DE 45 AÑOS

A menudo se focaliza el debate sobre las consecuencias del paro en los más jóvenes, y ciertamente resulta gravísimo que más de la mitad de los menores de treinta años no encuentre un empleo, o que la mayor parte de los empleados jóvenes padezcan unas condiciones laborales precarias en extremo. Las vocaciones frustradas, los proyectos vitales limitados y la emigración forzosa son fenómenos que expulsan a las nuevas generaciones del sistema socio-económico y que no dicen nada bueno respecto al futuro que nos espera.

No obstante, el drama de las personas mayores que acaban fuera del mercado de trabajo es terrible también. Se trata, además, de personas que a menudo tienen cargas familiares, que han vivido dignamente como clase media o clase trabajadora, y que de pronto son arrojadas de forma directa a la pobreza y la exclusión social.

Los datos son determinantes. A partir de los 30 años, el riesgo de desempleo crece con la edad, de tal manera que el paro entre los mayores de 55 años ha aumentado durante los tres últimos años un 61%, cuatro veces más que el paro entre la población general en España. Además, cuando estas personas caen en el paro, tienen más dificultades que los demás para volver a emplearse. De hecho, entre los españoles que permanecen más de 24 meses en el paro, el 67% son mayores de 45 años.

Por eso resulta especialmente deplorable la política adoptada por el Gobierno del PP durante esta legislatura hacia las personas mayores en paro o en riesgo de desempleo. No es que les hayan perjudicado. Es que se han empleado con saña contra ellos, para promover el beneficio fácil entre algunos empresarios, y para ahorrar algo de dinero público allí donde ahorrar dinero público es una indecencia.

En un decreto de julio de 2013 facilitaron el despido de los mayores de 50 años. En la legislación anterior, el empresario con beneficios que incluía mayores de 50 años en un Expediente de Regulación de Empleo estaba obligado a tributar en el Tesoro Público. A partir de esta norma, despedir mayores resulta gratis siempre y cuando la proporción de mayores despedidos sea menor que la de mayores no despedidos.

En ese mismo decreto, el Gobierno eliminó las bonificaciones a las empresas para el mantenimiento del empleo a mayores de 60 años, así como las ayudas a las empresas que contrataran mayores de 52. Un año antes, en otro decreto suprimieron directamente el subsidio de subsistencia para los parados mayores de 45 años, retrasaron la percepción del subsidio de los mayores de 52 hasta los 55, y pasaron la jubilación no voluntaria de los 61 a los 63 años.

No contentos aún, han rebajado las cotizaciones a la Seguridad Social para los mayores en paro y han decidido contabilizar a la baja las llamadas lagunas de cotización. El resultado es que cuando estas personas llegan a la jubilación, sus prestaciones se reducen drásticamente, aunque tengan cargas familiares que atender.

En el Parlamento hemos intentado que el Gobierno rectificara. Hemos presentado iniciativas para que se dediquen a las personas mayores estrategias específicas, con formación, orientación e incentivos económicos para su contratación. Hemos pedido una moratoria en los despidos por causas económicas, con ayudas a las empresas que opten por reducir jornada antes que por despedir mayores. Reclamamos recuperar los subsidios para mayores de 45 y de 52 años. Y Pedro Sánchez lanzó la iniciativa de una prestación permanente para parados de larga duración con cargas familiares.

Todo ha sido inútil. El PP ha rechazado una iniciativa tras otra. Y cabe preguntarse si lo hacen porque no se creen la recuperación que pregonan, porque son tan crueles como para rebajar impuestos a las rentas altas mientras niegan 400 euros a los más débiles, o sencillamente porque el gurú Arriola les ha dicho que sacudir a los mayores no tiene coste electoral.

Deberían rectificar por justicia. Pero debieran hacerlo también por eficiencia económica. Porque no habrá recuperación ni sostenibilidad para este modelo económico mientras muchos de los más jóvenes deban emigrar para sobrevivir, y buena parte de los más mayores acaben abandonados a la indigencia.

 

NO HAY COALICIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL ÉBOLA

Los Estados Unidos de América lideran una gran coalición internacional con más de 60 naciones para combatir a los yihadistas en Iraq y en Siria. Miles de hombres y mujeres, tecnología punta y decenas de millones de dólares en armas se movilizan cada día para hacer frente a esta amenaza. Sin embargo, no hay coalición internacional contra el Ébola.

Ya han muerto más de 3.500 personas, hay más de 10.000 contagiadas por el virus mortal, y los enfermos se hacinan sin apenas atención en hospitales precarios. Pero solo son africanos pobres, sin un miserable barril de petróleo bajo sus pies. No hay industria petrolera ni armamentística interesada en una guerra contra un virus que mata africanos. Tan solo unos pocos héroes de organizaciones médicas y de religiosos se juegan la vida sin apenas ayuda para combatir la plaga.

Los debates sobre la infección del Ébola, que se suceden en nuestro país, tienen que ver con la oportunidad o no de repatriar a los españoles infectados, con la eficacia de los protocolos para proteger a los nacionales, con la estulticia con la que algunos políticos descargan la responsabilidad propia, con la talla de los trajes de protección, con el destino de la mascota de una infectada, con los clubes de futbol que impiden a sus jugadores africanos viajar con sus selecciones, con las implicaciones de esta alarma en los ingresos por turismo…

Ha tenido que ser el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el primer referente internacional en requerir una estrategia global contra la epidemia, “porque las acciones de los operadores de transporte empiezan a sufrir”. La motivación no es de carácter moral o humanitario, sino estrictamente financiera. O se hace algo, o puede producirse el desastre de que unos cuantos actores financieros pierdan dinero. Una catástrofe, vamos.

La conductora de un conocido programa radiofónico entrevistó hace pocas fechas al catedrático de Salud Pública Moreno Martin, ex número dos de la Organización Mundial de la Salud. Le preguntaban por las estrategias útiles para impedir que los españoles suframos contagio y enfermedad. La respuesta fue tan directa como obvia: ayudar a los africanos a contener el virus. Por una vez, la periodista fue incapaz de repreguntar.

Centenares de vecinos del municipio madrileño de Alcorcón se concentraron durante horas, con cierta violencia incluso, para intentar evitar el sacrificio de “Excalibur”, el perro de la profesional sanitaria infectada por cuidar al misionero García Viejo. Ese mismo día, los noticiarios en prensa y televisión mostraron las imágenes de varios niños africanos agonizando solos en el suelo de un remedo de hospital en Sierra Leona. No hubo concentraciones por esos niños.

Teresa Romero es una auxiliar de enfermería que se ofreció como voluntaria, jugándose la vida, para cuidar de un semejante infectado con una enfermedad temible. Tuvo un accidente, aún por aclarar, y quienes debían de cuidarla, protegerla y homenajearla se dedican en estos días, mientras se debate entre la vida y la muerte, a vituperarla para esconder su incapacidad.

Sí, la sociedad está enferma. Muy enferma. Pero el Ébola no es la peor de sus enfermedades.

TRANSICIÓN ECONÓMICA

El nuevo secretario general del PSOE ha introducido en el debate político un concepto de largo alcance: la “transición económica”. Pedro Sánchez suele relacionar este concepto con dos ideas: la necesidad de definir un “nuevo modelo productivo” que asegure un desarrollo económico sólido -¿cómo se va a ganar la vida nuestro país?-, y el establecimiento de un “nuevo contrato social” que garantice unas condiciones dignas de trabajo y de bienestar social al conjunto de la población.

La fórmula de asociar una transición económica a la transición política no es nueva, desde luego. Tras la Segunda Guerra Mundial, los países del occidente europeo asumieron la democracia constitucional como modelo político y, al mismo tiempo, suscribieron como modelo económico aquello que se llamó “el consenso socialdemócrata” o “modelo social europeo”, que fue seña de identidad para el continente y motivo de admiración en el mundo hasta la caída del Muro de Berlín. Se trataba de asociar la democracia liberal y la economía de mercado a la vigencia de un Estado de Bienestar que proporcionaba seguridad, equidad y bienestar a las mayorías.

La Transición Democrática española de los años 70 incorporó igualmente ambas facetas. La transición política se fraguó en la Constitución de 1978, y casi a la par se fue negociando un modelo socioeconómico con un Estado de Bienestar incipiente y unos derechos laborales asimilados a los de nuestro entorno. Los Pactos de La Moncloa, la propia Constitución y, sobre todo, la llamada Década del Cambio con los gobiernos socialistas en los años ochenta, consolidaron esta segunda transición. Aquello se hizo razonablemente bien, y desde entonces los españoles hemos multiplicado nuestra renta y nuestros derechos. Hasta la crisis vigente.

Casi 40 años después de aquellas transiciones de los setenta y los ochenta, la sociedad española vuelve a necesitar de un gran pacto renovado en torno al modelo político y al modelo económico. Las nuevas demandas de participación política, los desafíos territoriales y la integración europea, entre otros factores, aconsejan una reforma de la Constitución de 1978. Y las consecuencias brutales de la crisis iniciada en el año 2008, con su burbujeo especulativo en las finanzas, con sus ciclos de crecimiento frágil y recesión dramática, con su tendencia a ganar competitividad devaluando condiciones sociales y laborales, y con su propensión creciente a la desigualdad, resultan insoportables ya. Hace falta un nuevo modelo económico, mediante un pacto renovado y una transición racional.

¿En qué ha de consistir esta nueva transición económica? El propósito está claro. Los medios para alcanzarlo, no tanto. Una economía eficiente que asegure un desarrollo sólido en lo económico, sostenible en lo ambiental, y equitativo en lo social. ¿Cómo? Economía de mercado, sí. Global, también. Pero economía de mercado global con reglas globales de cumplimiento global, y con derechos globales de exigencia global. Y una economía menos financiarizada. Y una economía que resuelva el trilema de Rodrik sacrificando el poder de los Estados en lugar de los derechos democráticos de los ciudadanos. Es decir, una economía que no busque la competitividad en las devaluaciones constantes de los derechos laborales y de las condiciones sociales de las personas, sino en factores como la educación mejorada, la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación, el perfeccionamiento logístico, la equidad social…

La transición económica en España debe acompañarse con un desarrollo de la industria, especialmente la industria con alto valor añadido e intensiva en empleo. “Una fábrica, al menos, en cada pueblo y ciudad”, ha planteado metafóricamente Pedro Sánchez. La construcción especulativa, el turismo playero y los servicios generales no pueden volver a ser los nichos prioritarios para la actividad económica y el empleo en nuestro país. España tiene capacidades y condiciones para desarrollar una industria potente en áreas como la agroindustria, las energías renovables, la biotecnología, la industria aeroespacial, la industria cultural, los videojuegos, la enseñanza del castellano…

La nueva economía será sostenible o no será. En lo ambiental y en lo social. Lo dijo bien Stiglitz: “Un modelo económico que no proporciona bienestar a la mayoría y no resulta sostenible para el planeta, no es un modelo económico viable”. Derechos laborales reconocidos y garantizados a escala global. Derechos ambientales que se hagan respetar, aunque el presidente de determinado Gobierno tenga un primo escéptico, o aunque presionen las petroleras.

Una fiscalidad suficiente, progresiva y sin paraísos de fraude. Una apuesta por lo público en sectores estratégicos como garantía de equidad y prevalencia del bien común. Unas condiciones de bienestar social elevadas a la categoría de derechos constitucionales plenamente asegurados y financiados, de carácter universal y acceso gratuito, mediante sistemas públicos de sanidad, educación, pensiones y atención a la dependencia, con rentas básicas garantizadas…

Y atención a las nuevas teorías de la economía social, la economía colaborativa, la predistribución…

Transición Económica. Este es un buen camino para dar fuerza y credibilidad a una alternativa ganadora para la izquierda reformista en Europa. La izquierda útil.

ARRIOLISMO

ARRIOLISMO

“Es cosa de Arriola”. Este es el comentario habitual entre los dirigentes del PP cuando tienen que explicar una decisión llamativa o un cambio brusco de criterio. Porque Arriola es quien dicta en última instancia la estrategia del Gobierno y del PP. Por eso resulta imposible identificar a la derecha española con alguna de las corrientes europeas de pensamiento político. El PP no es conservador, ni demócrata-cristiano, ni liberal, ni centrista. El PP es “arriolista”.

¿En qué consiste el “arriolismo”? En ser dogmático en lo que importa, y oportunista en todo lo demás. La ideología arriolista defiende intereses antes que ideas, intereses económicos fundamentalmente. Cuando estos intereses están en juego, se hace lo que hay que hacer, con el mayor sigilo y disimulo posibles. Como en la privatización de AENA, como en el rescate de los peajes, como en la amnistía fiscal o en la rebaja de los impuestos a las rentas altas. Y cuando la cosa tiene menos importancia para los poderes económicos, se trata de evitar la movilización de la mayoría social con valores progresistas. Si cuela, bien. Si no es así, marcha atrás. Como en el aborto.

Este ha sido el error de cálculo de Gallardón. Rajoy es más arriolista que Aznar, y si el gurú, encuesta en mano, le recomienda batirse en retirada, Rajoy se retira. Porque lo primero es lo primero, y lo primero es mantener el poder para hacer lo importante. Y si Arriola le susurra que no se involucre en la coalición internacional frente al Estado Islámico, porque despertaría los recuerdos de la guerra iraquí, pues Rajoy deja a un lado el atlantismo del PP. Y si hay que mirar hacia otro lado mientras se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, pues a rabiar Rouco Varela, que ya le ha resuelto lo que importa con la Ley Wert.

El arriolismo resulta política y electoralmente rentable al PP a corto plazo, pero es un desastre para el país, para la democracia y para la política misma. Una de las razones más importantes tras la desafección ciudadana hacia la política democrática tiene que ver precisamente con la impostura, la simulación, el engaño y la preeminencia de los intereses espurios en el comportamiento de algunos políticos. Pero la doctrina arriolista está haciendo un daño muy especial en dos cuestiones relevantes: el auge independentista en Cataluña y el impulso del populismo en parte de la izquierda política.

¿Por qué el Gobierno se empeña en el inmovilismo tautológico de “la defensa de la ley” como reacción única al desafío secesionista en Cataluña? Porque Arriola ha calculado que el PP gana más con el asunto sin resolver que con el asunto resuelto. Cuanto mayor y más creíble sea la amenaza de la ruptura de España, más se movilizará el electorado de la derecha para evitarlo. Cuanto más miedo despierte el soberanismo de Mas y Junquera en España, más posibilidades tiene el Gobierno de que su electorado olvide los recortes en los servicios, el empobrecimiento general y la pérdida de derechos. En realidad, Rajoy, Arriola, Mas y Junquera participan de una espiral irracional que ya está teniendo un coste muy alto en términos de deterioro de la convivencia para todos los españoles.

¿Y por qué los aliados mediáticos de la derecha colaboran de manera tan entusiasta en la promoción de los portavoces de la izquierda populista? Porque Arriola ha calculado que el PP gana más teniendo en frente una izquierda fraccionada, cainita y sin credibilidad como gobierno. Si hay un espantajo que moviliza al electorado de la derecha tanto como la amenaza secesionista, es la izquierda radicalizada, populista y antisistema. Resulta infalible. El PSOE no infunde miedo al electorado de centro derecha, sino animadversión en unos casos y respeto desde la discrepancia en otros. El chavismo a la española, sí.

Seguramente, a Arriola se le pasa a veces por la cabeza que podrían arrepentirse ante un Parlamento demasiado fraccionado y una oposición sin capacidad para atender los asuntos de Estado. Pero la prioridad es acabar con el adversario al que realmente temen: un Gobierno socialista capaz de afrontar reformas a favor de la igualdad y el progreso. Y lo primero es lo primero.

ESCOCIA Y EL PROGRESO HISTÓRICO RACIONAL

El desenlace del debate entre unionistas y segregacionistas en Escocia apunta al sentido racional del progreso histórico. La evolución lógica de los espacios públicos tiende hoy a la integración antes que a la segregación.

Sostenía Max Weber que la política consiste en la transformación racional del medio social al servicio de las personas. Si los desafíos a los que se enfrentan las personas son cada día más globales, si sus problemas adquieren también una dimensión supraestatal, y si los espacios públicos en los que se desarrollan las relaciones económicas y sociales no entienden ya de fronteras, ¿no será más lógico integrar que fraccionar la organización de esos espacios públicos? ¿No apunta la razón a que seremos más eficaces en espacios integrados que en espacios segregados?

Pero el debate escocés no se ha limitado a la razón y la eficiencia de los espacios públicos. También se ha debatido sobre identidades, sobre identidades múltiples y sobre identidades excluyentes. En un mundo crecientemente globalizado hemos de acostumbrarnos a la simultaneidad y la convivencia de las identidades. Cuando la vida de las personas se desarrollaba fundamentalmente en la aldea, las identificaciones eran escasas y difícilmente mutables. Hoy todos nos identificamos a la vez con nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra región, nuestra nación, nuestro continente, nuestras ideas, nuestro partido, nuestra música, nuestro equipo deportivo…

Los nacionalismos soberanistas insisten en que solo una de las identidades simultáneas ha de ser la predominante, por exclusión de las demás. Y obligan a las personas a elegir y rechazar identidades. ¿Por qué un ciudadano de Edimburgo no puede sentirse a la vez escocés, británico y europeo? ¿Por qué forzarle a elegir su “escocidad” y a rechazar su “britanidad”? ¿Por qué acusar de falta de patriotismo o compromiso nacional a quien no quiere renunciar a ninguna de sus identidades? ¿Por qué no facilitar la convivencia permitiendo a cada cual sentirse como le dé la gana?

La experiencia escocesa suscita un tercer debate interesante. Tiene que ver con la defensa de la política que intelectuales como Bernard Crick han planteado frente a los nacionalismos, frente a las ideologías totalitarias y, paradójicamente, frente a la mismísima democracia. Porque la política es la actividad que promueve el diálogo, el entendimiento y el pacto para cimentar la convivencia. Aquellos que anteponen lo que entienden como “interés de la nación” sobre cualquier idea ajena no facilitan la convivencia, sino que la ponen en riesgo. Al igual que aquellos otros que enarbolan ideologías con recetario total para la organización del espacio compartido, sin dejar hueco para ingredientes ajenos.

Hoy en día, sin embargo, puede que los mayores riesgos para el ejercicio racional de la política vengan de quienes dispensan el voto inmediato como receta única para curar todos los males. Antes que demócratas debieran calificarse de “mayoritaristas”, porque defienden la aplicación instantánea del resultado plebiscitario para resolver cualquier debate. El mayoritarismo está más cerca del populismo que de una democracia de calidad. Si cada debate debe iniciarse con una votación y si cada decisión colectiva debe resolverse con una mayoría simple, ¿dónde queda el lugar para la exposición de propuestas, para el contraste de ideas, para la discusión constructiva, para la persuasión, para la rectificación, para la renuncia en aras del acuerdo, para el consenso amplio en torno a un conjunto de decisiones aceptadas por todos?

Generalizando este método de decisión resultaría imposible redactar una Constitución como base para la convivencia. Si cada artículo se somete a un referéndum antes que a un debate y a la posibilidad de un acuerdo sobre el articulado global, muchas decisiones se adoptarán por mayorías alternativas del 51% frente al 49% restante, y ni unos ni otros se sentirán identificados con el resultado final. ¿No será mejor hablar y acordar racionalmente un punto de encuentro sobre el que pueda pronunciarse positivamente un 80% o un 90%?

Desconfiemos de aquellos que antes de darnos la mano y abrir la boca nos están exigiendo una votación. La política es mucho más que una votación. La democracia también.

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