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HABLEMOS SOBRE EXPLOTACION LABORAL, CON PERDÓN

Y lo propongo pidiendo disculpas anticipadas por no sumar una contribución más al debate interesantísimo sobre la improbable generalización entre las Señorías de los escarceos amorosos de Monago a cuenta del erario público. Tampoco escribiré, lo siento, en torno a la consulta participativa o refrendaria o plebiscitaria o perifrástica con que nos amenaza ahora el “astuto” secesionismo catalán. Ni tan siquiera haré referencia a la enésima y original invención de la rueda con que nos amenizan los “nuevos” políticos emergentes, que como cualquier otro elemento sólido emerge más conforme menos densidad tiene.

No. Me limitaré a tratar con brevedad un asunto tan leve como el de la explotación laboral creciente en nuestro país. Porque bajo mi humilde criterio, al debate sobre el paro y la precariedad laboral deberíamos sumar cuanto antes un gran debate en relación al fraude cada día más habitual que convierte los contratos teóricos a tiempo parcial en jornadas reales de trabajo a tiempo más que completo, pero sin reconocimiento legal, sin los derechos correspondientes y sin el salario justo. Contratos de dos, tres o cuatro horas al día que se convierten de facto en jornadas de 8, 9 o 10 horas diarias por menos de 20 euros.

¿Merece la pena hablar de esto? Ahí están los datos. Según la última Encuesta de Población Activa, en España se trabajan más de 10,2 millones de horas extraordinarias ilegales cada semana. El 55% del total de las horas extraordinarias no se cobran. El 27% de los trabajadores asalariados de entre 25 y 54 años percibe sueldos por debajo del salario mínimo, y este porcentaje se eleva al 52% en el conjunto de los sufridores de contratos a tiempo parcial involuntarios. Un reciente informe de la Comisión Europea situaba la devaluación salarial entre los contratados temporales durante los tres últimos años en el 20%. Se llama explotación laboral y la sufren millones de españoles.

¿Por qué? Fundamentalmente porque la reforma laboral del Gobierno del PP ha roto el equilibrio de las relaciones laborales en el seno de la empresa, aumentando la potestad discrecional y unilateral del empresario en el establecimiento de las condiciones laborales, desde el salario hasta la jornada, desarticulando la tradicional negociación colectiva. Además, el real Decreto 16/2013 permite al empleador prolongar la duración de la jornada parcial mediante horas complementarias “pactadas” o “voluntarias”, pudiendo alcanzar el 90% de la jornada ordinaria. En realidad, lo que se hace es promover la sustitución de contratos indefinidos a tiempo completo (menos del 4% del total de contratos registrados el pasado mes de octubre) por supuestos contratos a tiempo parcial, sin derechos ni control legal.

Las consecuencias están ahí. Las 10.249.294 horas extraordinarias que se realizaron semanalmente en España de manera ilegal durante el tercer trimestre de 2014, según datos EPA, podrían haberse convertido en 286.284 nuevos puestos de trabajo legales. Los daños sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras, son brutales.

Para contestar a aquellos que insisten en la falsa relación entre los buenos resultados económicos y la suma de horas de trabajo, baste señalar que, según el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales, países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Noruega, Alemania, Reino Unido y Bélgica, con mejor productividad que nuestro país, cuentan sin embargo con una jornada laboral más reducida.

Hemos propuesto en el Congreso un Plan contra la Explotación Laboral en España, derogando la reforma laboral que está en buena parte de su origen, multiplicando los recursos de la inspección de trabajo para este menester, corrigiendo la legislación sobre contratación a tiempo parcial hacia la prevención del fraude…

Con eco casi nulo. Claro que esto nos pasa por dedicarnos a lo poco importante.

ALFONSO GUERRA

ALFONSO GUERRA

En un contexto de descrédito generalizado para la política y para sus protagonistas, la despedida de Alfonso Guerra del escenario institucional se ha percibido como un destello inesperado de reconocimiento y de gratitud por una vida ejemplar al servicio de los demás.

Diputados de izquierdas y de derechas aplaudiendo en pie. Periodistas compitiendo por los elogios. Sindicalistas, empresarios, intelectuales y trabajadores sencillos coincidiendo en la figura a ensalzar. Pareciera que despedíamos a un futbolista goleador o a una actriz oscarizada. Pero no. Se trataba de un político. Nada menos. Pero no de cualquier político, ciertamente.

¿Por qué esa coincidencia inhabitual de alabanzas? ¿Por la identidad de las ideas que ha defendido siempre? No solo, porque también llegaron halagos de otras latitudes. En mi opinión se trata de la autenticidad, un valor y una actitud cada día más infrecuentes tanto en la política como en otros ámbitos de la vida.

La leyenda de la fotografía dedicada por Alfonso Guerra que preside mi despacho desde hace casi tres décadas reza lo siguiente, tras mi nombre: “Un político que cree en lo que dice y hace lo que piensa”. Siempre atendí el mensaje como el mejor consejo que podía ofrecer quien nunca dejó de guiarse bajo tal premisa. Autenticidad es eso, firmeza en las convicciones y compromiso para defenderlas.

Resulta inevitable evocar a Alfonso Guerra cada vez que alguien pretende expresar la esencia de las ideas socialistas y de izquierda. De hecho, sus definiciones son las más citadas por quienes buscan la aproximación fiel a estos conceptos. Y, a la vez, pocos hay más certeros para la crítica atinada al contrincante ideológico: desde la derecha que contrapone tramposamente economía e igualdad, hasta el nacionalismo que esconde la explotación bajo las banderas, pasando por el populismo que cabalga hacia el poder sobre la mentira.

Como los grandes personajes de la historia, la suya es figura poliédrica y contradictoria. Percibido a veces como radical y extremista, ha protagonizado algunos de los consensos más básicos para la convivencia en este país, desde la Constitución hasta las reglas del juego electoral. Celoso confeso de la autonomía y el interés legítimo de su partido, el suyo fue siempre el primer teléfono que sonaba en busca de los acuerdos en interés del Estado. Protagonista reconocido de la institucionalidad vigente, sus propuestas son a menudo las más audaces para propiciar el cambio necesario.

Y más allá del personaje, algunos se atreven a atisbar la persona. Si el primero parece enemigo seguro del oropel, la segunda se adivina amante de lo más sencillo. De la bondad, de la belleza, de la cultura, de los libros y, sobre todo, de la familia. Auténtico, eso es.

Parece que termina el Alfonso Guerra de la brega institucional. Algunos, sin embargo, esperamos que el guerrismo no termine nunca.

LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO

El nuevo partido Podemos ha planteado sustituir el tradicional eje de debate político entre la izquierda y la derecha por un nuevo esquema que contraponga a “los de arriba” frente a “los de abajo”.

Los dirigentes de este partido defienden que las diferencias entre la derecha y la izquierda han devenido en insignificantes, y que la confrontación relevante hoy se produce entre los intereses del “pueblo” (los de abajo) y los intereses de cierta oligarquía, élite o “casta”(los de arriba), indiferenciada supuestamente en su composición, y a la que se le niega el carácter de pueblo o su pertenencia a él.

El objetivo explicitado por esta formación emergente consiste en “acabar con la casta para que gobierne el pueblo”. Según su relato, la ciudadanía ha actuado durante los últimos 40 años de manera ignorante con su voto, aceptando una diferenciación cuestionable entre recetarios derechistas y recetarios izquierdistas. Ahora se trata de corregir esta situación, eliminar a cuantos ejercen la representación democrática en uno u otro lado, y facilitar que el poder sea ejercido por un nuevo actor político al que denominan el “pueblo”, es decir, ellos mismos, los dirigentes del partido Podemos.

En los finales del siglo pasado, tras la caída del Muro de Berlín, un tal Fukuyama ya nos enseñó a desconfiar de aquellos que anuncian el fin de las ideologías, porque suelen esconder propósitos arteros. El objetivo de este autor, celebrado por los seguidores de Reagan y Thatcher, consistía realmente en establecer el triunfo definitivo de una ideología concreta, el neoliberalismo, sobre todas las demás.

Los nuevos aspirantes a enterrar el debate ideológico tienen una finalidad más prosaica: conquistar el poder sin el engorro de explicar para qué y en nombre de qué ideas pretenden asumirlo. Su estrategia consiste en subirse a lomos de la ira y la frustración legítimas de muchos ciudadanos por los problemas sin resolver, y cabalgar así hasta la asunción del poder sin someter propuesta alguna al debate cívico y democrático.

Para esta cabalgada sirven igual unas cabalgaduras que otras, siempre y cuando conduzcan a sus jinetes al poder. Por eso unos días desbordan a la casta por la izquierda con la sugerencia de nacionalizar Mercadona para dar de comer a los hambrientos, al día siguiente asumen el discurso xenófobo y ultraderechista de quienes niegan auxilio social a los “no nacionales”, y al tercer día declaran su intención de “ocupar la centralidad” tras “asaltar los cielos”. Lo que sea preciso para seguir excitando la rabia popular hasta llevarles a la Moncloa.

¿Resulta sorprendente el surgimiento de estos grupos? Solo hasta cierto punto. En toda Europa están emergiendo formaciones de tinte populista y anti-sistema, como consecuencia del hartazgo ciudadano ante las consecuencias de la crisis económica, el paro, la pobreza, las desigualdades y las corruptelas, entre otros problemas sin resolver. Ahora bien, de ahí a justificar o legitimar a actores políticos que ofrecen diagnósticos falsos y cero soluciones a problemas que acaban agravando, hay una distancia que no debemos recorrer. Porque la historia nos dice que además de falaces, son peligrosos, para la democracia y para las libertades.

Ciertamente, el debate izquierda-derecha requiere de una actualización conforme a las nuevas realidades y los nuevos retos. Y es verdad que los temores de unos, los complejos de otros y el transfuguismo descarado de unos terceros han ocasionado cierta indiferenciación aparente entre unas opciones y otras. Los desbarres del francés Valls, por ejemplo, dan oxígeno a quienes alientan la llama del fin de las ideologías.

Pero lo cierto es que la historia de las realizaciones de la izquierda y la derecha no es una historia indiferenciada, ni en el mundo, ni en Europa, ni en nuestro país. Y lo cierto también es que las desigualdades crecen y los derechos de ciudadanía están más amenazados que nunca por los grandes poderes económicos.

En consecuencia, sigue plenamente vigente el debate entre quienes exigen más libertad y más mercado frente a quienes reclamamos más igualdad y más Estado. Y quienes niegan la vigencia de este debate contribuyen objetivamente al predominio de los intereses de los menos sobre los intereses y derechos de los más. Aunque se presenten a sí mismos como “el pueblo”.

Yo sí soy de izquierdas.

GRANADOS O LA RAZÓN DEL TAMAYAZO

Han sido muchos los analistas políticos y los ciudadanos en general que en estos días han evocado aquel lamentable episodio del “tamayazo”, la operación antidemocrática que frustró en el año 2003 la formación de un gobierno progresista en Madrid mediante la compra de dos diputados.

En primer lugar, porque el encarcelado Francisco Granados fue precisamente el presidente de la comisión parlamentaria que frustró una investigación veraz sobre el caso. Y, sobre todo, porque la mayoría está viendo confirmada la tesis de que aquel golpe tenía como objeto defender el modelo de especulación y latrocinio que la derecha consolidó en la economía y la política madrileña a partir de entonces.

Los protagonistas del tamayazo formaron una coalición de intereses espurios con el propósito de impedir por medios arteros y criminales la toma de posesión del gobierno que habían votado los madrileños. ¿Por qué? Porque eran plenamente conscientes de que ese gobierno sería un gobierno decente. Quienes obtuvimos la confianza de los ciudadanos no solo contábamos con el programa, sino también con la credibilidad para llevar a cabo una gestión en la que prevaleciera el interés general y público sobre los intereses del entramado de corruptelas que representaban todos los Granados y todos los Marjalizas.

Ahí estuvo la causa del tamayazo, y no en las disensiones internas de uno u otro partido, o en las dificultades propias de cualquier coalición de gobierno. Tumbaron aquel gobierno para enriquecerse a costa de la democracia, de la ley y del sufrimiento de los muchos madrileños que han pagado esa factura en forma de paro, pobreza y deterioro de los servicios públicos llamados a atender sus necesidades más básicas.

¿Y en qué consistía aquel programa que tanto atemorizaba a los Granados y los Marjalizas? Un mero repaso por el índice de aquella campaña electoral arroja pistas claras. Primero un mayor control y transparencia de las contrataciones públicas, limitando discrecionalidades de cargos públicos, promoviendo el concurso con publicidad, penalizando fraccionamientos tramposos, potenciando la comisión de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea de Madrid, retransmitiendo las reuniones de las comisiones de contratación… ¿Cómo iban a permitirlo?

Segundo, aprobando un Plan Regional de Estrategia Territorial que estableciera los usos para cada hectárea de suelo conforme al interés de todos, y al que debían someterse todos los planes urbanísticos y todas las recalificaciones que corruptos y corruptores llevaban años dibujando y explotando para beneficio de sus cuentas en Suiza. Imposible aceptarlo, claro.

Además se nos ocurrió hacer públicos nuestros planes de conformar una mayoría progresista en la Asamblea General de Caja de Madrid para sustituir al presidente Blesa, compañero de pupitre de Aznar, y para hacer de la Caja un instrumento al servicio del desarrollo económico, el empleo y el bienestar de los madrileños en lugar de una máquina hedionda de favores a especuladores y enchufados. Aquella “amenaza” fue posiblemente el detonante.

Pero en la coalición contraria al gobierno decente figuraban también aquellos que habían puesto los ojos, y que después pondrían las manos, sobre los presupuestos públicos destinados a financiar los servicios más básicos para la población madrileña. Son aquellos que esperaban beneficiarse de la privatización de la sanidad pública y la expansión de los conciertos educativos, y que después se hicieron con unos cuantos hospitales y muchos colegios, financiados entre todos pero que solo escogen al alumnado que puede pagar sus cuotas “voluntarias”.

Todavía hay quienes se dirigen a mí lamentando la carrera política que frustró aquella operación. Y siempre respondo que esa es una cuestión carente de importancia, que jamás me quitó el sueño. Lo que a menudo me impide dormir es la conciencia plena de que aquel gobierno que robaron a los madrileños hubiera parado los pies a los Granados y los Marjalizas que hoy nos repugnan y que, al menos, hubiera intentado mejorar la vida de millones de madrileños que hoy lo están pasando mal.

VALLS SE EQUIVOCA. HACE FALTA MÁS SOCIALISMO, NO MENOS

Manuel Valls no ha sido el primero en intentar, desde dentro, transformar la fuerza socialista al servicio de la igualdad en una fuerza liberal al servicio de los poderes económicos predominantes. Y no será el último.

Reformismo, sí. Transformismo, no. Adaptar el reformismo socialista a los nuevos retos, sí. Transformar una fuerza socialista en una fuerza de derechas, no.

Lo realmente viejo y anticuado en el mundo de las ideas es el viejo paradigma liberal de la ley del más fuerte. Lo viejo e inaceptable es la desigualdad que consolida el ideario de derechas, aunque se disfrace de “progresismo moderno”. Lo moderno y deseable es la superación de las desigualdades que persigue el socialismo. Hoy hace falta más socialismo que nunca porque hay más desigualdad que nunca.

El socialismo nunca ha sido dogmático. El dogmatismo del Estado mínimo, las reglas mínimas y el libre mercado siempre fue de derechas.

El socialismo fue, es y será una fuerza reformista impulsada por los valores de la igualdad y la libertad. El socialismo defiende ambos valores por igual, porque no hay igualdad sin libertad, y no hay libertad sin igualdad.

El socialismo siempre ha adaptado su programa reformista a los retos de cada tiempo. En los fines del siglo XIX se trataba de conquistar el derecho al sufragio y de acabar con el esclavismo industrial y el trabajo infantil. Tras la Segunda Guerra Mundial se trataba de establecer el Estado de Bienestar y las reglas del mercado. Y ahora se trata de poner reglas a la globalización de las relaciones económicas, sociales y políticas, para garantizar la igualdad, la libertad, la democracia y los derechos humanos.

El socialismo tiene que modernizarse en su programa reformista para regular la globalización, en su funcionamiento abierto y participativo, y, sobre todo, en su dimensión. O el socialismo se hace global o no será eficaz. Si los retos son globales, los programas, las organizaciones y los liderazgos socialistas no pueden ser nacionales. Porque no habrá reforma fiscal, reforma laboral, reforma ambiental, o reforma de seguridad si no es una reforma global en cada uno de estos casos.

Valls se equivoca. Renunciar a la “ideología” equivale a perpetuar las desigualdades. Cambiar el nombre al “socialismo” equivale a acabar con el socialismo cuando el socialismo es más necesario. Y configurar un frente común “progresista” equivale a renunciar a la fuerza inequívocamente reformista y mayoritaria que más ha contribuido al avance democrático y al bienestar de los europeos en el último siglo.

Valls se equivoca. Una cosa es el pragmatismo y otra diferente es el transformismo. Una cosa es la renovación y otra distinta es la reacción al servicio de los poderes económicos predominantes. Si su pragmatismo y su renovación consiste en más mercado a cambio de menos Estado, menos derechos para los trabajadores y menos políticas para el bienestar de las personas, efectivamente hay algo que no funciona. Pero el error no está en el socialismo. El error está en que él, Manuel Valls, ha renunciado al socialismo.

Históricamente, el socialismo ha sufrido dos tensiones contrapuestas que buscan apartarle de su camino reformista y de su meta de igualdad y de libertad: la tensión que le empuja a la derecha liberal, y la tensión que le empuja al populismo estéril. El PSOE de Pedro Sánchez rechaza ambas tensiones. Esperemos que el Partido Socialista Francés lo consiga también.

EL DEBATE REAL ES EL DEL PARO Y LA POBREZA

Hoy ya se admite de manera generalizada la existencia de una grave crisis institucional. La desconfianza de buena parte de la ciudadanía hacia las instituciones y los protagonistas del espacio público es una realidad constatable y creciente. Y tal desconfianza tiene mucho que ver con la falta de congruencia entre las preocupaciones de esa ciudadanía y las ocupaciones de quienes han sido llamados democráticamente para representarla y para liderarla.

De hecho, la mayor parte de los debates que protagonizan la vida política en España tienen poco que ver con aquello que demanda en mayor medida la ciudadanía. Predominan por igual los debates absurdos, inútiles y falaces. La derecha se empeña en colar el mantra de que la recuperación económica ha llegado, al tiempo que millones de españoles se ven sumidos en el paro de larga duración y el empobrecimiento progresivo. Los nacionalistas se obcecan en levantar banderas y fronteras, cuando sus nacionales necesitan más que nunca buenos trabajos y buenos servicios. Y el populismo se obsesiona con los votos que obtendrá del discurso feliz sobre la “casta”, mientras lo que pide la gente es empleo y dignidad.

Es cierto que los estudios de opinión están muy desprestigiados, pero si existe una conclusión común en todos ellos es la de que los españoles están preocupados por el paro en primer lugar, y por los políticos que no solucionan el problema del paro en segundo lugar.

La última encuesta de población activa (EPA IIIT14) refleja que tenemos 5.427.700 parados, 140.000 más que al inicio de esta legislatura, el 23,7%, una tasa insoportable y de las más altas de Europa. El número de ocupados que celebra el Gobierno, 17.504.000, cuenta con 650.000 personas menos de las que contabilizaba antes de la llegada de Rajoy, Montoro y Báñez al poder, es decir antes de lo que llaman “recuperación”. Y la previsión del gobierno es la de cerrar la legislatura con 400.000 ocupados menos que cuando comenzó. Las dos terceras partes es paro de larga duración y cerca de la mitad de este porcentaje corresponde a personas que llevan más de dos años buscando trabajo sin éxito. Entre los jóvenes, hay más parados que ocupados. Y el saldo migratorio vuelve a los años del “vente pa’ Alemania, Pepe”. Eso sí, ahora se explica como “turismo ocupacional” o “movilidad juvenil”.

El trabajo que se crea es cada vez más temporal y menos indefinido. En esta última EPA, de hecho, los contratos indefinidos caen en número de 26.300. Y crecen exponencialmente los contratos por tiempo parcial, “para acercarnos a Europa” dicen en el Gobierno. Pero no nos hacemos más “europeos” con estos contratos, sino más precarios y más pobres, porque los contratos son parciales, y los sueldos también, pero las jornadas suelen ser totalmente abusivas. Se cobra por cuatro horas y se trabajan ocho, o diez, o doce. De los dos millones y medio de trabajadores “a tiempo parcial”, millón y medio lo son con carácter involuntario, o sea que no se trata de estudiantes, madres-padres o jubilados en busca de un complemento, sino de personas que necesitan un trabajo completo, que buscan un trabajo completo, pero han de conformarse con lo que les ofrecen.

El nuevo PIB con prostitutas y narcotraficantes sube un poco, pero los salarios y las prestaciones bajan mucho. Los convenios colectivos que protegen las condiciones laborales han caído a la mitad desde la entrada en vigor de la reforma laboral del PP. Los salarios reales se han reducido en un 10% de media. Y conforme aumenta el número de parados sin prestación y de hogares sin ningún ingreso, el gobierno reduce el presupuesto destinado a la protección por desempleo: un 15% menos para el año 2015. En el año 2009 rondábamos la cobertura social para el 80% de los parados. En el 2011, justo antes de la “recuperación” estábamos en el 70%. Durante este verano hemos caído al 57%, cada vez con prestaciones y subsidios más reducidos. ¿A quién le extraña ya que UNICEF nos señale como el país en el que más crece la pobreza infantil?

Pues bien, en el debate público sobre presupuestos que acaba de tener lugar en nuestro país havuelto a reproducirse el teatro del absurdo: la derecha con su “recuperación”, los nacionalistas con su “patria”, y los populistas con su “casta”. ¿Nos extrañamos de que los ciudadanos desconfíen de las instituciones?

Sonará ventajista, pero en realidad el único referente político que en estos días ha propuesto medidas que importan a la gente ha sido el secretario general del PSOE. Ni recuperaciones ficticias, ni banderas de colores, ni demagogia “castista”. Primero, un rescate de la deuda de las familias hipotecadas y de autónomos entrampados. Segundo, un pacto para salvar de la pobreza a niños y niñas en riesgo. Tercero, un impulso a la reindustrialización que proporcione buenos empleos. Y cuarto, aumento de dotación para políticas activas de empleo, renta garantizada para parados de larga duración con cargas familiares, subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio, ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, y límites para los salarios de directivos y consejeros de empresas. Este es el debate real.

EL DRAMA DE LOS PARADOS MAYORES DE 45 AÑOS

A menudo se focaliza el debate sobre las consecuencias del paro en los más jóvenes, y ciertamente resulta gravísimo que más de la mitad de los menores de treinta años no encuentre un empleo, o que la mayor parte de los empleados jóvenes padezcan unas condiciones laborales precarias en extremo. Las vocaciones frustradas, los proyectos vitales limitados y la emigración forzosa son fenómenos que expulsan a las nuevas generaciones del sistema socio-económico y que no dicen nada bueno respecto al futuro que nos espera.

No obstante, el drama de las personas mayores que acaban fuera del mercado de trabajo es terrible también. Se trata, además, de personas que a menudo tienen cargas familiares, que han vivido dignamente como clase media o clase trabajadora, y que de pronto son arrojadas de forma directa a la pobreza y la exclusión social.

Los datos son determinantes. A partir de los 30 años, el riesgo de desempleo crece con la edad, de tal manera que el paro entre los mayores de 55 años ha aumentado durante los tres últimos años un 61%, cuatro veces más que el paro entre la población general en España. Además, cuando estas personas caen en el paro, tienen más dificultades que los demás para volver a emplearse. De hecho, entre los españoles que permanecen más de 24 meses en el paro, el 67% son mayores de 45 años.

Por eso resulta especialmente deplorable la política adoptada por el Gobierno del PP durante esta legislatura hacia las personas mayores en paro o en riesgo de desempleo. No es que les hayan perjudicado. Es que se han empleado con saña contra ellos, para promover el beneficio fácil entre algunos empresarios, y para ahorrar algo de dinero público allí donde ahorrar dinero público es una indecencia.

En un decreto de julio de 2013 facilitaron el despido de los mayores de 50 años. En la legislación anterior, el empresario con beneficios que incluía mayores de 50 años en un Expediente de Regulación de Empleo estaba obligado a tributar en el Tesoro Público. A partir de esta norma, despedir mayores resulta gratis siempre y cuando la proporción de mayores despedidos sea menor que la de mayores no despedidos.

En ese mismo decreto, el Gobierno eliminó las bonificaciones a las empresas para el mantenimiento del empleo a mayores de 60 años, así como las ayudas a las empresas que contrataran mayores de 52. Un año antes, en otro decreto suprimieron directamente el subsidio de subsistencia para los parados mayores de 45 años, retrasaron la percepción del subsidio de los mayores de 52 hasta los 55, y pasaron la jubilación no voluntaria de los 61 a los 63 años.

No contentos aún, han rebajado las cotizaciones a la Seguridad Social para los mayores en paro y han decidido contabilizar a la baja las llamadas lagunas de cotización. El resultado es que cuando estas personas llegan a la jubilación, sus prestaciones se reducen drásticamente, aunque tengan cargas familiares que atender.

En el Parlamento hemos intentado que el Gobierno rectificara. Hemos presentado iniciativas para que se dediquen a las personas mayores estrategias específicas, con formación, orientación e incentivos económicos para su contratación. Hemos pedido una moratoria en los despidos por causas económicas, con ayudas a las empresas que opten por reducir jornada antes que por despedir mayores. Reclamamos recuperar los subsidios para mayores de 45 y de 52 años. Y Pedro Sánchez lanzó la iniciativa de una prestación permanente para parados de larga duración con cargas familiares.

Todo ha sido inútil. El PP ha rechazado una iniciativa tras otra. Y cabe preguntarse si lo hacen porque no se creen la recuperación que pregonan, porque son tan crueles como para rebajar impuestos a las rentas altas mientras niegan 400 euros a los más débiles, o sencillamente porque el gurú Arriola les ha dicho que sacudir a los mayores no tiene coste electoral.

Deberían rectificar por justicia. Pero debieran hacerlo también por eficiencia económica. Porque no habrá recuperación ni sostenibilidad para este modelo económico mientras muchos de los más jóvenes deban emigrar para sobrevivir, y buena parte de los más mayores acaben abandonados a la indigencia.

 

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