LA TASA TOBIN DERRIBARÁ MÁS MUROS

Durante los últimos días se han producido dos encuentros internacionales muy relevantes. La conmemoración de la caída del Muro de Berlín, y la reunión de los ministros de economía del G-20 en la localidad escocesa de Saint Andrews. El primero ha contado con más repercusión política y mediática, pero puede que el segundo resulte de mayor trascendencia histórica.

 

Hace veinte años, en la capital de la Alemania dividida derribamos el muro del dogmatismo comunista: todo Estado y cero mercado, con el sacrificio de la libertad. Y, quizás, el pasado sábado en un pequeño municipio británico abrimos la primera grieta en el muro del dogma del capitalismo global: todo mercado y cero intervención pública, con el sacrificio de la igualdad.

 

El pico con el que resquebrajar el muro apareció en las manos más insospechadas. El honor fue para Gordon Brown, el líder del Partido Laborista que en su momento enarboló la Tercera Vía, como fórmula de legitimación del capitalismo descarnado a los ojos de los progresistas de todo el mundo. El mismo líder laborista que ahora necesita movilizar a su electorado de izquierdas para frenar el ascenso imparable de su rival, el conservador Cameron.

 

Para sorpresa general, Brown propuso a los representantes de las principales potencias económicas del mundo “un nuevo contrato económico y social para reflejar la responsabilidad de las instituciones financieras ante la sociedad”, y habló más concretamente de “tasar las transacciones financieras globales”. Es decir, el Primer Ministro de la capital financiera de Europa resucitó en toda regla el debate sobre la Tasa Tobin. Este hecho hubiera resultado impensable con anterioridad al estallido de la crisis que ha puesto en cuestión la viabilidad de la arquitectura financiera internacional vigente.

 

La propuesta se planteó en el marco del debate sobre las estrategias a desarrollar frente a los “riesgos sistémicos” del mercado financiero. Se trataba de prevenir nuevas burbujas cuyo estallido pudiera volver a llevarse por delante el equilibrio de la economía global, además de millones de puestos de trabajo. Hubo más alternativas: un seguro obligatorio frente a estos riesgos, un fondo de resolución de carácter internacional (a la manera de nuestro Fondo de Garantía de Depósitos)… Pero la contribución más original y valiente fue la del propio anfitrión. Y aunque la reacción fue algo fría, por primera vez en la historia de este tipo de reuniones nadie se negó a considerar la idea. Ni tan siquiera el director del FMI. Strauss-Kahn se limitó a señalar las dificultades y a solicitar que se hablara de “tasa FMI” en lugar de “tasa Tobin”. Extraordinario.

 

La nueva tasa global sobre las transacciones financieras internacionales contribuiría decisivamente a alcanzar dos grandes objetivos. En primer lugar, al penalizar las operaciones financieras más arriesgadas ayudaría a prevenir futuros “cracks” como los sufridos a consecuencia de las hipotecas-basura o los fondos de alto riesgo. En segundo lugar, los recursos recaudados podrían financiar tanto el fondo de garantía que reclaman los ministros económicos, como grandes objetivos de carácter internacional bajo supervisión de Naciones Unidas: la lucha contra el hambre y el analfabetismo, la preservación del medio ambiente…

 

La aplicación de esta tasa no puede ser inmediata y necesariamente estará sujeta a condiciones estrictas de globalidad, de progresividad, de mesura, de prudencia… Pero la izquierda debe aprovechar esta pequeña grieta en el muro para agitar las conciencias anestesiadas por la propaganda liberal, para recuperar la iniciativa largo tiempo perdida, y para mover el ánimo de unos electores algo desorientados por la capacidad de liderazgo que muestran país a país precisamente los representantes de la ideología que nos ha llevado al desastre de la crisis. Ahora o nunca.

 

Justamente durante la preparación de la cumbre de Saint Andrews se dieron a conocer los últimos datos sobre el hambre en el mundo, que alcanza ya a más de mil millones de seres humanos. Basta este dato espeluznante para justificar una iniciativa que además supondría un avance fenomenal en la consecución de una auténtica gobernanza global, un orden económico internacional más justo y una regulación de los mercados globales que, además de la eficiencia en el beneficio empresarial, busque el equilibrio, la solidaridad y la equidad.

 

¿Por qué confiar tan solo en los agobios electorales de Brown? ¿Por qué no somos los socialistas españoles los que nos ponemos al frente?

A MÍ QUE ME EXCOMULGUEN

El obispo Martínez Camino, portavoz de la Conferencia Episcopal, ha amenazado de “herejía” y “excomunión” a todos los diputados que se atrevan a respaldar la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Conmigo pueden ir adelantando trabajo. Ya les anuncio: votaré sí. Que me excomulguen.

Las reacciones a la amenaza eclesial han variado en el Congreso desde la vergüenza ajena hasta la justa indignación y la rechufla carcajeante. Personalmente he pasado del sudor frío al alivio. Mantengo la terrible convicción de que si viviéramos algunos siglos atrás, este señor y sus jefes estarían preparándonos el auto de fe y la hoguera en la Plaza Mayor. Me río lo justo.

Ningún diputado cambiará el sentido de su voto a causa de esta presión burda. Logrará, todo lo más, sonrojar a las personas que honestamente profesan una creencia religiosa. Pero no podemos quedarnos ahí. Se trata de una amenaza intolerable hacia los legítimos representantes de la ciudadanía y sus autores merecen una denuncia contundente.

¿Por qué se caracteriza la actual cúpula de los obispos? Actúan como si España fuera aún un Estado confesional, como si no hubiera muerto el dictador que paseaban bajo palio, como si no hubiera llegado la democracia y la Constitución, como si las leyes tuvieran que promulgarse conforme a sus dogmas religiosos y morales, como si fueran los ayatolás de occidente. 

Actúan conforme a una moral cínica, porque condenan al diputado que defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, mientras cierran los ojos ante los gobernantes que nos llevaron a la guerra de Irak, ante los regímenes que mantienen la pena de muerte, ante las naciones que reducen la ayuda al desarrollo con mil millones de hambrientos en el mundo, incluso ante sus propios colegas que abusan de los niños en los cuartos oscuros de las sacristías.

Los embarazos no deseados son un problema grave para los jóvenes y sus familias. Los abortos constituyen a la vez un drama personal y un fracaso colectivo. Y cuando la sociedad y sus instituciones reaccionan ofreciendo prevención, ayuda, opciones, seguridad y derechos a las mujeres que sufren esta situación, los obispos se limitan a hablar de pecado mortal, a señalar a la víctima con sus dedos acusadores, a amenazar con el infierno a quien ose ayudarlas… Las quieren en la cárcel. Y no lo vamos a permitir. Aunque nos excomulguen.

Lo que más me duele es pensar que a estos nuevos inquisidores los mantenemos con nuestros impuestos.

 

¿QUÉ IDEOLOGÍA PROFESA EL PP?

Ante la pregunta que encabeza este comentario, los militantes del PP suelen responder de una manera tan imprecisa como heterogénea. “Liberal”, “conservadora”, “reformista”, “cristiana”, “de derechas”, “de centro”… son las contestaciones más frecuentes. Este déficit de identidad ideológica se refleja también en la consideración del elector general respecto al principal partido de la oposición en España.

Podría concluirse que tal imprecisión responde a una estrategia calculada, bien para camuflar el auténtico programa máximo de los dirigentes del PP, o bien para acoger en su seno los votos de un amplio espectro de ciudadanos, desde las fronteras del progresismo hasta la derecha más extrema. No obstante, creo que en el presente contexto la falta de definición ideológica ocasiona más dificultades que ventajas a este partido. De hecho, a mi juicio, la falta de referencias ideológicas sólidas está agravando los problemas de cuestionamiento del liderazgo, de luchas permanentes por el poder interno y de corrupción cada vez más generalizada.

La coincidencia en torno a unas coordenadas ideológicas y un programa de gobierno contribuye a consolidar la cohesión interna y el respeto al liderazgo establecido, en mayor medida que las medidas disciplinarias o las llamadas a la lealtad para con la dirección. Mantener alta la bandera de unos principios claros y explícitos ayuda asimismo a recordar a los cargos públicos que su presencia en las instituciones no responde a la simple querencia por el poder, las prebendas o el beneficio particular, sino al cumplimiento de un propósito de interés general con un fundamento ideológico.

El PSOE es un gran partido que concita apoyos masivos y heterogéneos en la sociedad española. Sus doscientos mil afiliados y sus más de once millones de votantes no piensan de forma idéntica, pero identifican claramente al partido socialista como una formación de ideología socialdemócrata, con un pasado conocido y un presente reconocible. El conjunto de la ciudadanía estará más o menos de acuerdo con el programa o las decisiones concretas que el PSOE plantea en el día a día, y aprobará en mayor o menor medida su capacidad para gestionar los problemas y los retos de la colectividad, pero todos saben qué pueden esperar de los socialistas en España o en el resto de Europa en lo relativo a las políticas sociales, a la extensión de derechos y libertades, al papel del Estado…

Pero, insisto, ¿cuál es la ideología del PP? Aznar y su factoría FAES se han convertido en una referencia internacional para las posiciones de derecha extrema, en lo relativo a las políticas migratorias o a la confrontación oriente-occidente. Rato y Montoro aspiran a representar la tradición más liberal en los escenarios puramente económicos. Aguirre representa una suerte de peronismo castizo. Trillo y Mayor Oreja parecen recoger el testigo de la vieja democracia cristiana que acompañó a Fraga en la fundación de AP. Gallardón es tan de derechas como el que más, pero su ambición sin límite y su infinito posibilismo le llevan a disfrazarse de lo que convenga en cada momento.

Los nuevos reyes de Taifas en los gobiernos autonómicos, por su parte, conviven mal con los herederos de la sólida tradición estatista entre los conservadores de nuestro país. Y finalmente están los que hacen a pelo y a pluma. Los que claman por la bajada de impuestos y las privatizaciones en clave liberal por la mañana, y por la tarde exigen un Estado omnipresente y fuertemente inversor para activar la economía, para modernizar las infraestructuras o para garantizar la igualdad de los españoles.

Porque, ¿dónde están las referencias europeas del PP? ¿En la democracia cristiana con alma social de Merkel? ¿En el nacionalismo populista de Sarkozy? ¿En el tradicionalismo liberal y euroescéptico de Cameron? ¿En el neofascismo liberticida de Berlusconi? ¿En el mesianismo religioso de Bush? Y aquí en casa, ¿por qué razón sus simpatizantes no han de votar a Rosa Díez, o a Durán, o a Coalición Canaria? ¿Qué les distingue, además de la gaviota y la banda sonora de la campaña? ¿Hasta qué punto la cúpula eclesial, los mandamases de la banca o los periodistas más influyentes les van marcando el camino? Durante un tiempo nos congratulamos porque la convergencia popular había achicado el espacio a la ultraderecha, pero ¿tendremos que lamentarnos ahora porque esa derecha ultra se está haciendo con los mandos claves de un partido que puede volver a gobernar España?

Para quienes les escuchamos cada día en el Congreso, sin una sola concesión a los acuerdos estratégicos, sin una alternativa constructiva ante la crisis, sin una propuesta positiva para resolver problema alguno, tenemos clara la respuesta. Los actuales dirigentes del PP no tienen más ideología que el poder. La única idea que les guía es la de doblegar a los socialistas y ocupar el Gobierno. ¿Cómo? ¿Para qué? Eso es lo de menos. Cosa secundaria.

No es una buena noticia. Ni para la derecha española, ni para el conjunto de los ciudadanos españoles. Al PP le conviene debatir, definir y asumir una identidad ideológica clara, con un programa reconocible que vaya más allá de “echar a ZP” y que ofrezca respuestas alternativas para las necesidades y los retos de la política, la economía y la sociedad de nuestro país. Solo así podrán atenuar sus luchas de poder y confirmar sus liderazgos.

Y a los españoles nos interesa un partido que represente al electorado más conservador, equiparable a las formaciones conservadoras europeas, con capacidad de control eficaz al Gobierno, pero con capacidad también para generar ideas, propuestas y compromisos en orden a preservar el interés común.

¿QUÉ PINTAN NUESTRAS TROPAS EN AFGANISTÁN?

Las dudas acerca de la conveniencia de mantener nuestras tropas en la guerra de Afganistán están aumentando en la opinión pública española. Y es lógico. Esta guerra se ha llevado hasta el momento 87 vidas españolas. Todos los analistas coinciden en que los riesgos para la seguridad de nuestros soldados van a incrementarse en el futuro próximo. Las perspectivas de resolución del conflicto no son nada optimistas. Es más, todo parece indicar que las cosas van de mal en peor. Cada día comprobamos a través de los informativos cómo los talibanes mantienen su actividad e incluso se refuerzan, a pesar de la nutrida presencia de fuerzas armadas aliadas. Obama esta replanteándose la estrategia de su país. Y Afganistán queda tan lejos…

 

Las dudas son lógicas. Pero el sentido común aconseja mantener nuestro compromiso en esta operación, por arriesgada e incierta que nos parezca. Porque no podemos abandonar una misión decidida en el marco de Naciones Unidas. Porque no podemos dejar en la estacada a los otros 42 países aliados que mantienen sus tropas en Afganistán bajo la bandera de la ISAF. Y porque en esta guerra no se dirime solo la libertad y la democracia de un país lejano. En Afganistán se juega la estabilidad de una región clave para la seguridad internacional. En otras palabras, la batalla contra la amenaza terrorista en nuestras calles se está librando en las agrestes montañas afganas.

 

El camino proyectado por la comunidad internacional, para erradicar el nido de la serpiente talibán y para dotar a Afganistán de un Estado normalizado, está salpicado de obstáculos. El narcotráfico engrasa la vieja estructura tribal que sostiene a los insurgentes. Las alianzas espúreas del Presidente Karzay con los señores de la guerra le restan legitimidad y crédito al discurso de la democratización y la modernización del país. El remedo de elecciones celebradas recientemente no ha logrado sino subrayar esta impresión. Las continuas bajas civiles ocasionadas por las fuerzas aliadas vuelcan la opinión a favor de los talibanes. Y la ausencia de avances en la estrategia de la ISAF contribuye a su vez a la desestabilización de Pakistán, cuya contribución es fundamental para el desenlace del conflicto.

 

Sin embargo, una salida a destiempo de las tropas aliadas consolidaría esta tierra como santuario talibán y foco de actividades terroristas para todo el mundo. Además, el fracaso manifiesto de la ISAF reforzaría el prestigio de sus enemigos en la intolerancia y el fanatismo radical islámico, alentando la acción insurgente en otros países con una estabilidad precaria. Y todo esto sin olvidar a los millones de afganos y afganas que llevan sufriendo más de ocho años de guerra, y que no merecen una estampida por parte de quienes les prometieron desarrollo y derechos.

 

Estados Unidos busca una nueva estrategia. Los aliados ya han convenido un viraje drástico en su trabajo. La solución a la encrucijada no será fácil. Pero hay al menos cinco grandes claves ineludibles. La preeminencia del enfoque político sobre el estrictamente militar en el diseño de las grandes decisiones. La perspectiva regional de un conflicto que no puede circunscribirse a un solo país. La “afganización” de las soluciones a aplicar, con un Estado legítimo, democrático y dotado de un ejército y una policía adecuados para mantener la seguridad. Y un horizonte temporal preciso para que las fuerzas aliadas salgan del país y traspasen el testigo de su control a las autoridades afganas.

 

En el fondo de este conflicto se está dirimiendo también el crédito y la viabilidad del nuevo orden internacional por el que trabaja Obama, y gracias al cual se ha hecho justo acreedor del Premio Nobel de la Paz. El diálogo y el entendimiento entre diferentes como alternativa a la ley del más fuerte. El respeto a la legalidad internacional y a la labor de las organizaciones que impulsan una incipiente gobernanza global. La alianza de las civilizaciones. Algunos lo llaman “buenismo”. Yo lo llamo “el único futuro posible”.

 

Lo de Afganistán tiene que salir bien. Hay demasiadas cosas importantes que dependen de ello. Y los españoles tenemos que arrimar el hombro. Por duro que resulte.

 

 

POLÍTICOS EN LAS CAJAS DE AHORRO

No tengo intención de valorar el proceso de renovación del Consejo de Cajamadrid. Ese esperpento se valora por sí mismo. Por suerte, en esta ocasión no me toca a mí ser protagonista de negociación ni de decisión alguna. Mi posición es la de mi Partido. Y comparto con la dirección de mi Partido el disgusto ante todos los nombres del PP que han aparecido en las quinielas para dirigir la entidad.

Sin embargo, entre las muchas tonterías que se están diciendo en este proceso hay una que me irrita especialmente. Se trata de ese argumento que descalifica a cualquier “político” de entrada y sin más matices para presidir una Caja de Ahorros, para participar en su Consejo de Administración o, tan siquiera, para opinar al respecto.

Hay quienes están dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero para hacer calar este argumento al socaire del triste espectáculo que está dando el PP en la Caja madrileña. Incluso han fabricado un “estudio”, “avalado” por dos profesores de la London School y financiado por la Fundación Fedea (integrada por banqueros y empresarios de postín).

Voy a permitirme participar en este suculento debate, y espero que se me presuma el mismo “desinterés”, al menos, que yo presumo para los autores del mencionado “estudio”.

• La diferencia entre un banco privado y una Caja de Ahorros radica en que el primero busca maximizar el beneficio pecuniario para sus accionistas mientras la segunda participa de un compromiso con el interés general. ¿Y quiénes están mejor capacitados para interpretar ese interés general en la gestión de una Caja? ¿El representante de los ciudadanos legitimado por las urnas o el “profesional” con siete masters en las más conocidas y endogámicas academias financieras?
• Si partimos del hecho inexorable de que todas las personas participamos de una ideología y de que inexorablemente aplicamos tal ideología a nuestro trabajo, ¿por qué no asegurarnos de que las Cajas persiguen el interés general aplicando la ideología mayoritaria entre los ciudadanos? ¿O alguien quiere convencernos de que los “profesionales” formados en aquellas academias son ideológicamente “asexuados”? ¿Carece de ideología Pizarro? ¿O MAFO? ¿No será que su ideología es menos presentable, y tras los fracasos de la desregulación neoliberal debe camuflarse de “profesionalidad”?
• A todo esto, ¿quiénes son los “políticos”? ¿Solo los que han ejercido un puesto de gestión o de representación pública? ¿Solo los que están afiliados a un partido? ¿No es “político” el que cuenta con ideas políticas y actúa conforme a propósitos políticos? ¿No es “político” el que pretende influir sobre el funcionamiento de las instituciones públicas? ¿Es menos “político” Botín que yo?
• Quienes manejan el espantajo del “político” al frente de una institución financiera procuran ignorar que las estructuras funcionales de las Cajas, como ocurre en los bancos, están sólidamente conformadas por trabajadores experimentados cuya actividad no tiene que verse afectada por el curriculum de quien preside la entidad. Así ha ocurrido con el ”político” Serra, o con el inspector de hacienda Blesa…
• ¿Alguien pretende generar desconfianza en los “políticos” al frente de las Cajas a base de llamar a la confianza ciega en la clase “profesional” que inventó las hipotecas-basura o los fondos de riesgo, que se cargó gigantes como Lehman Brothers y que provocó el epicentro de esta crisis?
• Puestos a manejar espantajos, ¿alguien dudaba de la “profesionalidad” de Madoff? ¿No eran apabullantes sus premios, reconocimientos y masters? ¿Cómo se justifica el prejuicio de que actuará con más eficiencia y más honestidad un banquero o un empresario que un “político”? ¿No hay banqueros y empresarios inútiles y corruptos? ¿Hacemos una lista?
• El argumento más decisivo lo tomaré prestado precisamente del propio “estudio” que intenta demostrar que la “politización” de las cajas resulta negativa para su funcionamiento. Alegan sus autores que tal “politización” lleva a las Cajas a mantener abiertas más sucursales y a arriesgar mayor nivel de morosidad en su actividad crediticia. ¿Pero no es esa exactamente su función? ¿No es esa la razón de ser de las Cajas? Acusar a los responsables de las Cajas de contar con más oficinas de atención directa al público, o de facilitar crédito a las familias más necesitadas y a los emprendedores con menos garantías, contribuye a legitimar su diferenciación respecto a la banca privada y a defender su pervivencia y singularidad en nombre del interés general.
• Y ¿por qué los autores de este “estudio” de encargo olvidaron mencionar los resultados más que positivos del conjunto de las Cajas españolas durante los últimos treinta años? ¿Por qué evitaron aludir a los miles de millones de euros que las Cajas devuelven cada ejercicio a la sociedad a través de sus obras sociales y culturales, mientras los bancos privados reparten bonus millonarios a sus ejecutivos y dividendos sustanciosos a sus ricos accionistas? ¿Por qué no reconocen que la presencia de “políticos” en las direcciones de las Cajas podría ayudar a dirigir la actividad de estas instituciones hacia la financiación de actividades productivas para anticipar la salida de la crisis, mientras algunos bancos privados administran cicateramente el crédito a fin de asegurar el beneficio privado?

ASCO

Siento asco. Un asco atroz. Como cualquier ciudadano. Me da igual que el hedor llegue de Madrid, de Valencia o de Santa Coloma. Me resulta indiferente que la podredumbre  anide en la especulación del suelo, en la visita del Papa o en el negocio funerario. No me importa que la pus estalle en forma de trajes, de “Infinitis” o de millones escondidos en paraísos fiscales.

Porque siento un asco infinito ante el comportamiento de todos aquellos que traicionan por las treinta monedas de la vergüenza la confianza de la gente que les confío sus recursos y sus instituciones. En cualquier época. Pero más aún en una época de crisis, cuando hay millones de familias sin trabajo y con problemas para llegar a fin de mes. 

Y siento asco especialmente como responsable político. Porque esta gentuza provoca una mancha indeleble sobre la imagen que todos los ciudadanos perciben de nuestro honor y nuestra honradez. Porque destrozan el imprescindible crédito ciudadano en sus instituciones y en sus representantes. Porque son un lastre difícil de cargar en el trabajo duro que día a día sobrellevamos quienes nos dedicamos honestamente al servicio público.

Es verdad que “no somos todos iguales”, como se ha dicho. Cada día trato con políticos de todos los partidos, y estoy convencido de su honradez personal y de su lealtad a las reglas del juego limpio. Pero también sé que la actitud vomitiva de unos pocos corruptos lleva a muchos ciudadanos a desconfiar de la política, y a adoptar un prejuicio terrible e injusto ante todos los que nos dedicamos a esto.

¿Qúé hacer? Ser más exigentes. En la prevención y en la persecución del delito. Con transparencia absoluta en el comportamiento público y privado del político. Aunque paguemos justos por pecadores situándonos todos bajo una absurda sospecha permanente. Y con contundencia absoluta para el que mete la mano en la caja. Sin paños calientes.  

Un consuelo a medias: no hay impunidad. La policía, la fiscalía y la Justicia funcionan. Todos van cayendo, por muy seguros que se sientan. Bueno, todos, todos, no… Los que vendieron la Funeraria madrileña por cien pesetas se van de rositas, con bendición judicial incluida. Y ahí sigue esa asignatura pendiente de la democracia española que es la investigación definitiva y la depuración de responsabilidades por el “tamayazo”.

EL GOBIERNO NO ABARATARÁ EL DESPIDO. Y PUNTO.

Flexibilizar el despido. Facilitar el despido. Abaratar el despido. Estas son todas las “reformas estructurales para salir de la crisis” que reclama la patronal como condición para llegar a acuerdos en el marco del diálogo social. Son las mismas “reformas” que se ocultan tras el discurso crítico del PP, en el que jamás se explicitan alternativas concretas a la política económica del Gobierno. Y son exactamente las “reformas” que recitan los seguidores irredentos del catecismo liberal, del Banco de España al FMI, a pesar de que la crisis que dicen combatir tiene su origen precisamente en los postulados de ese mismo dogma.

 

En este país estamos acostumbrados a los pescadores de río revuelto, a los ventajistas que no pierden oportunidad para procurar el provecho propio a costa del mal global, a los “tacticistas” incapaces de sacrificar el pequeño beneficio inmediato para favorecer el gran beneficio general a medio plazo. Pero aún así sorprende la insistencia pública e impúdica en una reivindicación que no se sostiene ante el análisis más somero. Porque si algo ha demostrado el mercado laboral español durante el último año y medio es que aquí se despide con facilidad: 1.600.000 nuevos parados constituyen la mejor prueba. Porque aún están pendientes de afrontarse otras reformas laborales, para facilitar la creación de empleo en lugar de su destrucción. Y porque puestos a reformar, las auténticas reformas urgentes en nuestra economía debieran tener su objetivo prioritario en el ejercicio eficiente, competitivo y responsable del empresariado.

 

Para que todo el mundo se aclare: la “reforma” propuesta por la CEOE consiste en “descausalizar” el despido y en fijar un sistema de indemnizaciones “a la carta”. Es decir, se trata de eliminar las causas objetivas que la legislación vigente establece para que un empresario pueda despedir a sus trabajadores, al tiempo que se acaba con las garantías del empleado para percibir una indemnización digna en función de los años trabajados. Bajo la coartada de que “vamos a acabar con la diferenciación injusta entre trabajadores fijos y temporales”, la patronal busca “igualar” a todos por debajo, haciendo a todos los trabajadores “fijos”, pero con facilidad total para el despido y con una indemnización ridícula, de entre 8 y 13 días por año trabajado. Esta fórmula llevaría a la precarización general del mercado de trabajo.

 

La realidad es que en este país ningún empresario que necesite objetivamente desprenderse de un trabajador está imposibilitado para hacerlo, a pesar de toda la demagogia. Insisto: cada día, por desgracia, contamos con miles de pruebas dolorosas en la carne de hombres y mujeres que pierden su empleo. Es más, buena parte del aumento del desempleo que denuncian PP y CEOE, en torno a 700.000 parados, son consecuencia directa de la aplicación de la última reforma “flexibilizadora” del despido que aprobó el Gobierno Aznar con la aquiescencia de la patronal. Efectivamente, la desaparición de los llamados “salarios de tramitación”, además de dejar indefensos a muchos trabajadores en los procedimientos de despido, ha acelerado la destrucción de empleo.

 

¿Hacen falta reformas en el mercado laboral? Claro que sí. 1) La estructura vigente de la Formación Profesional aún no facilita debidamente el tránsito del estudio al trabajo para nuestros jóvenes. 2) Está por regular un contrato fijo a tiempo parcial que nos equipare a Europa (estamos diez puntos por debajo de la media de la UE) y que facilite la conciliación de la vida laboral y familiar. 3) Tenemos una solución pendiente para los parados de larga duración mayores de 45 años. 4) Las bonificaciones (más de 2.400 millones de euros en 2010) que reciben los empresarios “para transformar puestos de trabajo precarios en puestos de trabajo fijos” debieran emplearse ahora simplemente en crear puestos de trabajo. 5) La negociación colectiva para adecuar las condiciones de trabajo a las mejoras de la productividad están atascadas en la mayoría de las grandes empresas, y se mantienen inéditas en las menos grandes…. ¡Claro que hay reformas por emprender! ¡Para facilitar el empleo! ¡No para facilitar su destrucción!

 

¿Y qué hay de las reformas en el empresariado? ¿Hay alguien que crea aún que las dificultades de nuestro tejido productivo para ganar productividad y competitividad tienen que ver en exclusiva (o sobre todo) con la regulación del despido? ¿No estará más ajustado a la realidad el análisis que relaciona tales limitaciones con el apego de nuestro empresariado por las estrategias especulativas? ¿O con la deficiente apuesta empresarial por la investigación, la innovación y la formación de su personal? Obama acaba de señalar un camino interesante: el recorte drástico por vía legal en las retribuciones de los directivos en empresas que reciben ayudas públicas. Quizás otro camino a explorar tenga que ver con la garantía en la fluidez del crédito al emprendimiento. Y puede que las empresas deban afrontar definitivamente su incorporación a la era del conocimiento, a la tecnología digital, a la producción y el comercio en la red…

 

Cada vez somos más los que pensamos que es la clase empresarial de este país la que necesita una “reforma” profunda, en sus valores, en sus actitudes, en su formación, en su comportamiento, en su responsabilidad social, en su compromiso con el interés general, en su eficiencia… Ahora bien, mientras todas las propuestas de sus representantes en la CEOE sigan resumiéndose en la de siempre, en abaratar el despido, obtendrán una respuesta clara. No. Y punto.

¿Y SI MADRID EXIGIERA UN CONCIERTO COMO EL VASCO?

¿Y si también lo reclamara Cataluña? ¿Y si lo hicieran las Islas Baleares? ¿Y si lo pidieran todas las comunidades con un balance positivo en su aportación a la caja común? ¿Sería viable el sistema de financiación territorial del Estado? ¿Sería viable el Estado mismo?

Durante estos días se ha celebrado un debate sobre el llamado “blindaje” de las normas fiscales vascas. En el fondo se trata de una cuestión relativamente menor, puesto que se reivindica la misma protección jurídica que dispone el resto de la normativa tributaria, autonómica y no autonómica. Aunque el asunto cuenta con un punto irritante: si el dividendo es positivo, los procedimientos forales históricos se defienden al milímetro; si el dividendo es menos positivo, la historia foral se sacrifica rápidamente para favorecer la “modernidad” y la “eficiencia”.

Si las normas emanadas por las diputaciones forales se han podido recurrir históricamente ante la jurisdicción ordinaria, ¿por qué exigen un cambio precisamente aquellos que legitiman en la historia todos sus privilegios?

No obstante, el debate realmente importante que han vuelto a poner de actualidad los nacionalistas vascos, es el relativo a la viabilidad y conveniencia del propio concierto económico que disfruta en exclusiva la comunidad autónoma de Euskadi. Es cierto que este régimen encuentra acomodo en la disposición adicional primera de la Constitución Española. Pero puesto que los propios nacionalistas se permiten proponer a diario lo que ellos llaman la “superación” del marco constitucional, otros también nos vamos a permitir analizar la pertinencia o no de tal precepto en el contexto actual y su posible modificación.

(En estos días tambien, los nacionalistas vascos han sumado sus votos a los de ERC en el Congreso de los Diputados para reclamar la gestión autonómica de los puertos de interés general del Estado, cuando el artículo 149.1.20 de la Constitución atribuye inequívocamente esta competencia a la Administración Central).

El primer análisis a realizar es el relativo a la justificación del concierto. Se alude siempre al “derecho histórico”. “Si Franco suprimió los fueros, la democracia está obligada a reponerlos y conservarlos”, se añade ahora. Pero si de lo que se trata es de esgrimir antecedentes históricos, los madrileños podríamos aludir a la condición de nuestra villa como capital del imperio, desde cuyos palacios se administró la hacienda de los territorios peninsulares y transoceánicos durante siglos, sin dar cuentas a órgano descentralizado alguno. ¿Se podría considerar este antecedente como legitimación de un “derecho histórico”?

Y si la porfía hay que medirla en función de los agravios infligidos por el franquismo, creo que también obtendríamos ventaja. Sin ir más lejos, antes del 18 de julio del 36 Madrid era sede de la Presidencia de la República. Franco nos lo arrebató. ¿Está obligada la democracia a restaurar este privilegio?

En fin, parece más razonable acudir a la voluntad de la soberanía nacional como instancia única de legitimación a la hora de configurar nuestro ordenamiento institucional y jurídico. Y esa voluntad soberana se plasma hoy en la Constitución de 1978. Y podría plasmarse mañana en una Constitución reformada. Digan lo que digan los libros de historia.

Un segundo análisis pertinente. El concierto conlleva una serie de ventajas evidentes para la hacienda vasca, para la financiación de sus servicios y, en consecuencia, para las condiciones de vida de sus ciudadanos. Si tales ventajas pudieran considerarse un derecho, sería difícilmente discutible su extensión al resto de los territorios y al conjunto de los ciudadanos de España, en orden a la igualdad que garantiza nuestra Constitución. Si, como parece, estas ventajas no son extensibles en la práctica, antes que de derechos deberíamos hablar de privilegios. ¿Y hasta cuándo podrán mantenerse estos privilegios para los vascos sin que los catalanes, los baleares… o los madrileños reclamen un tratamiento similar, tornando en inviable el conjunto del sistema?

En definitiva, que nadie se alarme. Los madrileños no vamos a reclamar el concierto. La gran mayoría de los ciudadanos de esta región comparten los principios de unidad, de solidaridad y de igualdad de todos los españoles, consagrado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Lo que no quita que de vez en cuando podamos advertir a quienes no comparten tales principios que no conviene tirar en demasía de la cuerda que nos sujeta a todos. Porque podría romperse.

LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA TAMBIÉN PUEDE SER DE IZQUIERDAS (Publicado en Cinco Días)

(Firmado con Antonio Romero)

Intensificar la inversión pública para estimular la demanda, reactivar la economía y generar empleo. Esta receta keynesiana forma parte de la respuesta más genuinamente socialdemócrata ante la crisis. Los socialistas apostamos por aumentar la inversión pública en capital físico, en nuevas infraestructuras y modernos sistemas de transporte, para anticipar la salida de la crisis, para promover un nuevo patrón de crecimiento más productivo y sostenible, para profundizar en la vertebración territorial y social de España. En cumplimiento de tal estrategia, la inversión de Fomento registrará un record histórico al finalizar este ejercicio 2009: más de 19.000 millones de euros ejecutados en ferrocarriles, aeropuertos, carreteras y puertos.

 ¿Cómo recabar nuevos recursos para mantener e incrementar este importante ritmo inversor? El aumento de las partidas destinadas a inversión productiva en los presupuestos públicos está limitado necesariamente por los techos de gasto aprobados en las Cortes y por el control del endeudamiento y el déficit. Los niveles de ejecución se acercan ya al 100% anual y estamos agotando las posibilidades de anticipar obra planificada. Es preciso, por tanto, acudir a las fórmulas de colaboración público-privada (CPP) para lograr la financiación, la construcción y la gestión de infraestructuras públicas que contribuyan al interés general. La corresponsabilización del sector público y las empresas privadas puede movilizar más de 15.000 millones de euros extras en esta legislatura con el objetivo común de vencer la crisis y aportar competitividad a la economía española.

La CPP ya se utiliza en España desde hace tiempo, y la decisión de profundizar significativamente en su utilización ha de depender de que seamos capaces de maximizar las ventajas y de minimizar los riesgos que nos ha mostrado la experiencia. La CPP permite incrementar el ritmo inversor en infraestructuras, diferir en el tiempo los costes iniciales de su construcción, obtener de forma inmediata las economías externas derivadas de su uso, transferir al sector privado parte de los riesgos asumidos, obtener de las empresas españolas la eficiencia y el valioso know how que las caracteriza, evitar la afectación sobre el endeudamiento y el déficit público… Ahora bien, en ocasiones la CPP se ha traducido en sobrecostes injustificados para el erario público, en obras inacabadas o servicios mal gestionados por una oferta temeraria o una planificación deficiente.

Los modelos CPP de aplicación en España y en el resto del mundo son de naturaleza muy diversa, desde las concesiones mediante peaje duro (al usuario) o en sombra (a la administración), hasta el método alemán de pago aplazado, los pagos por disponibilidad, los préstamos participativos, los avales públicos, las sociedades mixtas… Su virtualidad dependerá, insistimos, del cumplimiento de determinadas condiciones. Primero, la clara reserva por el Estado de la capacidad reguladora y controladora. Segundo, un marco normativo que encauce adecuadamente estas fórmulas, definiendo sus límites y condiciones. El anteproyecto de ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, recientemente aprobado por el Gobierno, constituye un buen paso en este sentido, al facilitar el acceso privado a la financiación asegurando niveles mínimos de solvencia. Tercero, la existencia de instrumentos públicos funcionales abiertos a la CPP, como es el caso de la sociedad estatal SEITTSA.

Para terminar, una idea: se echa de menos en España la existencia de una entidad pública al estilo del Private Finance Iniciative del Reino Unido, que sirva como núcleo aglutinante para analizar, fomentar y controlar este tipo de procesos.

BOCAS

DICCIONARIO COSTUMBRISTA ALTERNATIVO

BOCAS. Dícese de la persona incapaz de mantener abierta la cavidad bucal sin verter inconveniencias, con grave falta para el sentido común y el respeto por los demás, independientemente de la latitud geográfica y el color político o balompédico.