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¿POR QUÉ RAJOY BLOQUEA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN?

Cada vez hay más opiniones a favor de una reforma de la Constitución de 1978. No un proceso constituyente, como plantean quienes buscan la demolición del vigente sistema democrático. La mayoría se decantaría por una reforma limitada, muy reflexionada y a partir de un consenso equivalente al de los años 70. Una reforma que confirme los éxitos del texto original y que avance en aquellos aspectos que requieren una actualización sensata y ampliamente acordada. Como han hecho en más de cincuenta ocasiones los alemanes con su propia Constitución, por ejemplo.

Rajoy está bloqueando una iniciativa que comparten la gran mayoría de los actores políticos del país, los medios de comunicación con uno u otro color, los especialistas universitarios, los analistas de la política… y la mayoría de los españoles, a juzgar por los estudios de opinión. Pero el PP de Rajoy es un elemento imprescindible para llevar a cabo esta empresa, por razones de coyuntura institucional, que podrían cambiar tras las próximas elecciones, y por razones de legitimidad política, que no cambiarán tras las próximas elecciones.

¿Por qué se opone Rajoy a esta reforma? Las razones explícitas no se sostienen. Dice que nadie ha hecho una propuesta cerrada, cuando sabe que cualquier propuesta cerrada unilateralmente quedaría inmediatamente descartada para forjar el consenso necesario. Dice que la reforma supondría ceder ante los independentistas, cuando nadie sensato está proponiendo una reforma para darles la razón en sus reivindicaciones. Dice que haría peligrar la estabilidad política y la recuperación económica, cuando es muy probable que la recuperación de la credibilidad de todo el sistema político y económico vigente dependa en buena medida de la capacidad que tengamos para emprender un cambio de la envergadura de la reforma constitucional.

Y Rajoy dice que no hay consenso, cuando sabe que los consensos se establecen tras el diálogo y no antes. No obstante, hay razones implícitas que pueden estar pesando más en el ánimo del presidente del Gobierno. Puede que entienda que la reforma de la Constitución supone una baza electoral para algunos partidos. Pero tal baza podría anularse fácilmente asumiendo de forma colectiva el propósito de acometer la reforma durante la próxima legislatura. Y puede que interprete que cualquier cambio para poner la Constitución al día, conforme a los valores y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española, pase inevitablemente por consolidar derechos y libertades. Y puede que no esté de acuerdo. Y aquí sí hay un problema.

Hay razones puramente funcionales para cambiar la Constitución. Razones de incardinación funcional en las instituciones europeas, y de distribución funcional de competencias entre administraciones, y de asegurar una financiación funcional y estable para comunidades y ayuntamientos, y de dar lugar a un Senado funcional, y de garantizar funcionalmente derechos que antes no existían… Y hay motivaciones también puramente políticas para el cambio. Muchos españoles necesitan una razón para reconciliarse con un sistema que les defrauda. La bandera del cambio no puede quedar en manos de los populismos podemistas o independentistas, que tanto da, porque ellos no promueven el cambio sino el derrumbe sin alternativa viable. Y sí, una Constitución renovada ayudaría a conquistar voluntades en Cataluña para la causa del proyecto común, diga lo que digan Mas y Junqueras.

Quienes más han pensado en los contenidos del cambio apuntan tres direcciones muy razonables. Primero, consolidar derechos fundamentales que hoy son simples principios rectores: la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, las rentas básicas, la atención a la dependencia. Segundo, culminar el diseño autonómico en clave federal, aclarando competencias, estabilizando la financiación, reconociendo diversidades y garantizando la igualdad de derechos. Y tercero, mejorar la calidad de nuestras instituciones democráticas, asegurando la democracia interna en los partidos, planteando nuevos cauces de participación cívica, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas en los poderes públicos…

No se trata de cambiar la Constitución para que la sociedad española vuelva a las andadas, tras 36 años de convivencia exitosa. Se trata de afrontar un nuevo proyecto colectivo con el que asegurar, al menos, otros 36 años de éxito.

EL TRIUNFO DE LA POLÍTICA “PRESSING CATCH”

La mayor parte de la ciudadanía percibe hoy en España la actividad política a través de programaciones televisivas al modo de los clásicos combates “Pressing Catch”. Se trata de espectáculos ofrecidos por las principales cadenas de TV en tiempo de máxima audiencia de fin de semana en los que varios contendientes intercambian golpes dialécticos, con un componente relevante de teatralización y con el objetivo explícito de sumar la mayor audiencia posible.

Como todo espectáculo televisivo, estos programas miden su éxito o su fracaso en términos de share o cuota de pantalla. El espacio triunfa si mantiene frente al televisor a un número de espectadores mayor que los programas de la competencia, independientemente de que el debate o la entrevista hayan ayudado o no a aclarar o a resolver uno u otro asunto de interés social. Si el programa no obtiene los números esperados, se cambia por otro, sea un nuevo “pressing catch”, político o deportivo, sea un concurso, una película o un karaoke.

Claro está, la agenda de los temas a tratar se decide entre los especialistas en audiencias televisivas, y no entre quienes puedan conocer en mayor medida la naturaleza de los problemas sociales y políticos de interés general. Por eso prácticamente no se habla de la calidad de los empleos, de los problemas de muchas familias para pagar las matrículas universitarias de sus hijos o de las ayudas menguantes a las personas dependientes, por ejemplo. Los temas con más impacto mediático son los escarceos amorosos del presidente extremeño, las andanzas de Nicolás o la competencia de monólogos estériles entre Rajoy y Mas, por ejemplo también.

Los protagonistas de los debates tampoco se eligen por su especial conocimiento de los asuntos a tratar, por su representatividad o por su capacidad pedagógica. Generalmente son siempre los mismos contendientes, con un entendimiento lógicamente limitado sobre los diversos temas que se ven obligados a comentar, pero con un gancho mediático acreditado. Los perfiles más atractivos son los que no rehúyen la confrontación dialéctica efectista y los que ayudan a mantener un clima de tensión a lo largo del programa, independientemente de la calidad o el interés en el contenido de sus aportaciones. Y me incluyo, por lo que pueda tocarme.

El rigor en las exposiciones o el grado de matización en los posicionamientos tienen siempre las que perder frente a la frase impactante, tenga o no sentido. En el espectáculo no caben las intervenciones a título reflexivo, la manifestación de la duda o el reconocimiento de la propia ignorancia ante un asunto concreto. Todos los contendientes están obligados de facto a saber de todo lo que se trata, a tener una posición firme al respecto y a pelearla con uñas y dientes frente a los demás.

El debate no es un ejercicio de diálogo, sino de lucha. Los intercambios no son de datos, de argumentos o de propuestas. Los intercambios son a base de golpes: un desmentido instantáneo, una acusación directa, una metáfora ingeniosa, una buena rima. Ahora te golpeo yo y luego me golpeas tú, a mayor gloria del share.

En consecuencia, rara vez un participante logra encadenar tres frases seguidas sin que otro luchador le interrumpa. Los golpes deben ser rápidos y directos a la mandíbula, o al bajo vientre, si puede ser. Quien se toma un tiempo para ofrecer la explicación previa a la opinión o la propuesta, está perdido. Acabará besando la lona y escuchando la cuenta atrás del moderador para declarar la derrota por K.O. Porque no se trata de convencer. Eso es lo de menos. Se trata de vencer.

Como en todo buen espectáculo de “pressing catch”, estos debates se desarrollan con un ambiente debidamente teatralizado. Los presentadores dramatizan la cuestión a tratar, con recopilaciones impactantes sobre lo dicho o acontecido a lo largo de la semana. Los luchadores llevan sus frases preparadas. Y hasta el público ha de colaborar en ocasiones aplaudiendo o murmurando, a partir de las indicaciones oportunas del regidor en plató. Así lo presencié yo personalmente en un combate televisivo sobre la polémica de los controladores aéreos.

Y, a veces, cuando un modesto representante de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados dedica horas a documentarse, a entrevistarse con expertos y a preparar una propuesta en una comisión, no tiene más remedio que preguntarse por la repercusión de su trabajo en comparación con el combate televisivo que el próximo fin de semana contemplarán millones de españoles desde el salón de su casa, murmurando por lo bajo: “¡Vaya panda!”.

REVISEMOS LA REFORMA DEL 135

El PSOE acierta al revisar ahora la reforma del artículo 135 de la Constitución acometida en el año 2011. Y acierta porque los españoles hoy reclaman y merecen mayores garantías para la financiación de los servicios que atienden sus derechos sociales más relevantes, sin que ello suponga renunciar al principio positivo de la estabilidad presupuestaria.

Pero esta revisión no supone admitir que el PSOE traicionara entonces a la clase trabajadora, como se ha sostenido de manera falaz y malintencionada. Ni que aquella reforma supusiera el desmantelamiento directo e inexorable del Estado de Bienestar. Ni que la nueva redacción del 135 impulsara y legitimara los recortes sociales del Gobierno del PP, que se hubieran producido de igual modo con la redacción original. Ni que pueda darse por bueno el relato falso que sitúa en aquella reforma la prueba incontestable de la conspiración bipartidista contra el pueblo. Ni tan siquiera que la proposición de ley de IU que hemos votado para abrir la posibilidad de tal revisión merezca mejor calificación que la de una mera chapuza oportunista.

Muchos de los que lanzan estas acusaciones falsas no han leído el artículo en cuestión, ni antes ni después de la reforma. Y otros, que sí lo han leído, mantienen una interpretación deliberadamente artera, por puro interés electoral. La realidad es que aquella reforma constitucionalizó el principio de estabilidad presupuestaria al que ya nos obligaban los Tratados de la Unión Europa, y que no tiene nada que ver con el cuestionable déficit cero permanente. Y que aquella reforma subrayaba la obligación de pagar las deudas públicas, tal y como ya establecía la redacción de 1978, y tal y como está obligado a actuar todo Estado que prevea seguir solicitando crédito externo. Y que la reforma establecía la “prioridad absoluta” de hacer frente a las obligaciones de la deuda, “salvo emergencia financiera, económica o social”, es decir, salvo que el pago de la deuda ponga en riesgo la atención a las necesidades básicas de la población.

La reforma se emprendió en 2011 porque las alternativas que se barajaban eran terribles: o el default, el impago de la deuda, la quiebra y el subsiguiente rescate del Estado, con las contrapartidas dramáticas que han empobrecido drásticamente a griegos y portugueses; o el seguimiento del recetario que el Banco Central Europeo se atrevió entonces a poner por escrito como condición para respaldar la deuda pública española. No es justo hacer hoy análisis sobre lo que se decidió entonces sin atender las circunstancias que condicionaban tal decisión.

Aquello se hizo por lo que se hizo. Pero no se hizo bien, y esto hay que reconocerlo. No fue justo afrontan la garantía constitucional del pago a los acreedores financieros, sin garantizar positivamente al mismo nivel la atención de las necesidades sociales de una población ya muy castigada por la crisis. No era admisible de buen grado asumir el chantaje de un órgano carente de legitimación democrática, como el BCE, sin someter esta decisión al escrutinio de los electores, que habían votado programas de gobierno muy diferentes. Y tampoco fue razonable llevar a cabo la reforma de manera acelerada y casi sin debate público. Quizás hubiera sido mejor disolver las Cortes y consultar a la ciudadanía en torno a los nuevos caminos a transitar. Claro que resulta fácil hacer estos análisis a toro pasado.

La posición correcta hoy no es la del PP, que pretende no revisar nada, porque a su juicio no hay problemas cuya solución requiera nuevas reformas. Pero no es correcta, igualmente, la posición de IU que somete a votación en el Congreso una proposición de ley panfletaria, carente de rigor jurídico y político, plagada de conceptos indeterminados –como aquello de los servicios públicos fundamentales-, y absolutamente contradictoria, porque tras atribuir a supuestas veleidades ultraliberales la simple intención de pagar las deudas contraídas, plantean en su reforma alternativa del 135 la mismísima obligación de incorporar cada año el pago de tales deudas al Estado de gastos de los presupuestos públicos. ¿En qué quedamos? ¿Pagar las deudas propias es neoliberal o no?

Tampoco cabe admitir la verborrea populista de los portavoces de Podemos cuando un día exigen que el Estado no pague las deudas contraídas, pero al día siguiente sostienen que el mismo Estado ha de incurrir en déficit público para pagar rentas universales o jubilaciones desde los 60 años. ¿Y quiénes van a prestarnos el dinero para cubrir ese déficit? ¿Los mismos a los que hoy nos negamos a pagar las deudas pendientes?

Sí hay que revisar hoy la reforma que acometimos en el año 2011 sobre el artículo 135 de la Constitución. Hay que blindar el derecho a la salud, el derecho a la pensión y el derecho a la atención en situaciones de dependencia, como derechos fundamentales. Y hay que establecer en ese artículo 135 una garantía firme, con un umbral fijo de gasto sobre el PIB, para financiar el ejercicio de los derechos sociales más importantes.

Y el reproche no ha de dirigirse a aquellos que revisan sus decisiones y que afrontan cambios para atender en cada momento los intereses generales, en función de unas circunstancias mutables y de unos valores inmutables. Quienes merecen reproche son aquellos que se niegan al cambio para mejorar la vida de la mayoría, y también aquellos a quienes el artículo 135, y el 136 y todos los demás importan bastante menos que el puro oportunismo de zaherir al adversario político para obtener una ventaja electoral incierta.

HABLEMOS SOBRE EXPLOTACION LABORAL, CON PERDÓN

Y lo propongo pidiendo disculpas anticipadas por no sumar una contribución más al debate interesantísimo sobre la improbable generalización entre las Señorías de los escarceos amorosos de Monago a cuenta del erario público. Tampoco escribiré, lo siento, en torno a la consulta participativa o refrendaria o plebiscitaria o perifrástica con que nos amenaza ahora el “astuto” secesionismo catalán. Ni tan siquiera haré referencia a la enésima y original invención de la rueda con que nos amenizan los “nuevos” políticos emergentes, que como cualquier otro elemento sólido emerge más conforme menos densidad tiene.

No. Me limitaré a tratar con brevedad un asunto tan leve como el de la explotación laboral creciente en nuestro país. Porque bajo mi humilde criterio, al debate sobre el paro y la precariedad laboral deberíamos sumar cuanto antes un gran debate en relación al fraude cada día más habitual que convierte los contratos teóricos a tiempo parcial en jornadas reales de trabajo a tiempo más que completo, pero sin reconocimiento legal, sin los derechos correspondientes y sin el salario justo. Contratos de dos, tres o cuatro horas al día que se convierten de facto en jornadas de 8, 9 o 10 horas diarias por menos de 20 euros.

¿Merece la pena hablar de esto? Ahí están los datos. Según la última Encuesta de Población Activa, en España se trabajan más de 10,2 millones de horas extraordinarias ilegales cada semana. El 55% del total de las horas extraordinarias no se cobran. El 27% de los trabajadores asalariados de entre 25 y 54 años percibe sueldos por debajo del salario mínimo, y este porcentaje se eleva al 52% en el conjunto de los sufridores de contratos a tiempo parcial involuntarios. Un reciente informe de la Comisión Europea situaba la devaluación salarial entre los contratados temporales durante los tres últimos años en el 20%. Se llama explotación laboral y la sufren millones de españoles.

¿Por qué? Fundamentalmente porque la reforma laboral del Gobierno del PP ha roto el equilibrio de las relaciones laborales en el seno de la empresa, aumentando la potestad discrecional y unilateral del empresario en el establecimiento de las condiciones laborales, desde el salario hasta la jornada, desarticulando la tradicional negociación colectiva. Además, el real Decreto 16/2013 permite al empleador prolongar la duración de la jornada parcial mediante horas complementarias “pactadas” o “voluntarias”, pudiendo alcanzar el 90% de la jornada ordinaria. En realidad, lo que se hace es promover la sustitución de contratos indefinidos a tiempo completo (menos del 4% del total de contratos registrados el pasado mes de octubre) por supuestos contratos a tiempo parcial, sin derechos ni control legal.

Las consecuencias están ahí. Las 10.249.294 horas extraordinarias que se realizaron semanalmente en España de manera ilegal durante el tercer trimestre de 2014, según datos EPA, podrían haberse convertido en 286.284 nuevos puestos de trabajo legales. Los daños sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras, son brutales.

Para contestar a aquellos que insisten en la falsa relación entre los buenos resultados económicos y la suma de horas de trabajo, baste señalar que, según el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales, países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Noruega, Alemania, Reino Unido y Bélgica, con mejor productividad que nuestro país, cuentan sin embargo con una jornada laboral más reducida.

Hemos propuesto en el Congreso un Plan contra la Explotación Laboral en España, derogando la reforma laboral que está en buena parte de su origen, multiplicando los recursos de la inspección de trabajo para este menester, corrigiendo la legislación sobre contratación a tiempo parcial hacia la prevención del fraude…

Con eco casi nulo. Claro que esto nos pasa por dedicarnos a lo poco importante.

ALFONSO GUERRA

ALFONSO GUERRA

En un contexto de descrédito generalizado para la política y para sus protagonistas, la despedida de Alfonso Guerra del escenario institucional se ha percibido como un destello inesperado de reconocimiento y de gratitud por una vida ejemplar al servicio de los demás.

Diputados de izquierdas y de derechas aplaudiendo en pie. Periodistas compitiendo por los elogios. Sindicalistas, empresarios, intelectuales y trabajadores sencillos coincidiendo en la figura a ensalzar. Pareciera que despedíamos a un futbolista goleador o a una actriz oscarizada. Pero no. Se trataba de un político. Nada menos. Pero no de cualquier político, ciertamente.

¿Por qué esa coincidencia inhabitual de alabanzas? ¿Por la identidad de las ideas que ha defendido siempre? No solo, porque también llegaron halagos de otras latitudes. En mi opinión se trata de la autenticidad, un valor y una actitud cada día más infrecuentes tanto en la política como en otros ámbitos de la vida.

La leyenda de la fotografía dedicada por Alfonso Guerra que preside mi despacho desde hace casi tres décadas reza lo siguiente, tras mi nombre: “Un político que cree en lo que dice y hace lo que piensa”. Siempre atendí el mensaje como el mejor consejo que podía ofrecer quien nunca dejó de guiarse bajo tal premisa. Autenticidad es eso, firmeza en las convicciones y compromiso para defenderlas.

Resulta inevitable evocar a Alfonso Guerra cada vez que alguien pretende expresar la esencia de las ideas socialistas y de izquierda. De hecho, sus definiciones son las más citadas por quienes buscan la aproximación fiel a estos conceptos. Y, a la vez, pocos hay más certeros para la crítica atinada al contrincante ideológico: desde la derecha que contrapone tramposamente economía e igualdad, hasta el nacionalismo que esconde la explotación bajo las banderas, pasando por el populismo que cabalga hacia el poder sobre la mentira.

Como los grandes personajes de la historia, la suya es figura poliédrica y contradictoria. Percibido a veces como radical y extremista, ha protagonizado algunos de los consensos más básicos para la convivencia en este país, desde la Constitución hasta las reglas del juego electoral. Celoso confeso de la autonomía y el interés legítimo de su partido, el suyo fue siempre el primer teléfono que sonaba en busca de los acuerdos en interés del Estado. Protagonista reconocido de la institucionalidad vigente, sus propuestas son a menudo las más audaces para propiciar el cambio necesario.

Y más allá del personaje, algunos se atreven a atisbar la persona. Si el primero parece enemigo seguro del oropel, la segunda se adivina amante de lo más sencillo. De la bondad, de la belleza, de la cultura, de los libros y, sobre todo, de la familia. Auténtico, eso es.

Parece que termina el Alfonso Guerra de la brega institucional. Algunos, sin embargo, esperamos que el guerrismo no termine nunca.

LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO

El nuevo partido Podemos ha planteado sustituir el tradicional eje de debate político entre la izquierda y la derecha por un nuevo esquema que contraponga a “los de arriba” frente a “los de abajo”.

Los dirigentes de este partido defienden que las diferencias entre la derecha y la izquierda han devenido en insignificantes, y que la confrontación relevante hoy se produce entre los intereses del “pueblo” (los de abajo) y los intereses de cierta oligarquía, élite o “casta”(los de arriba), indiferenciada supuestamente en su composición, y a la que se le niega el carácter de pueblo o su pertenencia a él.

El objetivo explicitado por esta formación emergente consiste en “acabar con la casta para que gobierne el pueblo”. Según su relato, la ciudadanía ha actuado durante los últimos 40 años de manera ignorante con su voto, aceptando una diferenciación cuestionable entre recetarios derechistas y recetarios izquierdistas. Ahora se trata de corregir esta situación, eliminar a cuantos ejercen la representación democrática en uno u otro lado, y facilitar que el poder sea ejercido por un nuevo actor político al que denominan el “pueblo”, es decir, ellos mismos, los dirigentes del partido Podemos.

En los finales del siglo pasado, tras la caída del Muro de Berlín, un tal Fukuyama ya nos enseñó a desconfiar de aquellos que anuncian el fin de las ideologías, porque suelen esconder propósitos arteros. El objetivo de este autor, celebrado por los seguidores de Reagan y Thatcher, consistía realmente en establecer el triunfo definitivo de una ideología concreta, el neoliberalismo, sobre todas las demás.

Los nuevos aspirantes a enterrar el debate ideológico tienen una finalidad más prosaica: conquistar el poder sin el engorro de explicar para qué y en nombre de qué ideas pretenden asumirlo. Su estrategia consiste en subirse a lomos de la ira y la frustración legítimas de muchos ciudadanos por los problemas sin resolver, y cabalgar así hasta la asunción del poder sin someter propuesta alguna al debate cívico y democrático.

Para esta cabalgada sirven igual unas cabalgaduras que otras, siempre y cuando conduzcan a sus jinetes al poder. Por eso unos días desbordan a la casta por la izquierda con la sugerencia de nacionalizar Mercadona para dar de comer a los hambrientos, al día siguiente asumen el discurso xenófobo y ultraderechista de quienes niegan auxilio social a los “no nacionales”, y al tercer día declaran su intención de “ocupar la centralidad” tras “asaltar los cielos”. Lo que sea preciso para seguir excitando la rabia popular hasta llevarles a la Moncloa.

¿Resulta sorprendente el surgimiento de estos grupos? Solo hasta cierto punto. En toda Europa están emergiendo formaciones de tinte populista y anti-sistema, como consecuencia del hartazgo ciudadano ante las consecuencias de la crisis económica, el paro, la pobreza, las desigualdades y las corruptelas, entre otros problemas sin resolver. Ahora bien, de ahí a justificar o legitimar a actores políticos que ofrecen diagnósticos falsos y cero soluciones a problemas que acaban agravando, hay una distancia que no debemos recorrer. Porque la historia nos dice que además de falaces, son peligrosos, para la democracia y para las libertades.

Ciertamente, el debate izquierda-derecha requiere de una actualización conforme a las nuevas realidades y los nuevos retos. Y es verdad que los temores de unos, los complejos de otros y el transfuguismo descarado de unos terceros han ocasionado cierta indiferenciación aparente entre unas opciones y otras. Los desbarres del francés Valls, por ejemplo, dan oxígeno a quienes alientan la llama del fin de las ideologías.

Pero lo cierto es que la historia de las realizaciones de la izquierda y la derecha no es una historia indiferenciada, ni en el mundo, ni en Europa, ni en nuestro país. Y lo cierto también es que las desigualdades crecen y los derechos de ciudadanía están más amenazados que nunca por los grandes poderes económicos.

En consecuencia, sigue plenamente vigente el debate entre quienes exigen más libertad y más mercado frente a quienes reclamamos más igualdad y más Estado. Y quienes niegan la vigencia de este debate contribuyen objetivamente al predominio de los intereses de los menos sobre los intereses y derechos de los más. Aunque se presenten a sí mismos como “el pueblo”.

Yo sí soy de izquierdas.

GRANADOS O LA RAZÓN DEL TAMAYAZO

Han sido muchos los analistas políticos y los ciudadanos en general que en estos días han evocado aquel lamentable episodio del “tamayazo”, la operación antidemocrática que frustró en el año 2003 la formación de un gobierno progresista en Madrid mediante la compra de dos diputados.

En primer lugar, porque el encarcelado Francisco Granados fue precisamente el presidente de la comisión parlamentaria que frustró una investigación veraz sobre el caso. Y, sobre todo, porque la mayoría está viendo confirmada la tesis de que aquel golpe tenía como objeto defender el modelo de especulación y latrocinio que la derecha consolidó en la economía y la política madrileña a partir de entonces.

Los protagonistas del tamayazo formaron una coalición de intereses espurios con el propósito de impedir por medios arteros y criminales la toma de posesión del gobierno que habían votado los madrileños. ¿Por qué? Porque eran plenamente conscientes de que ese gobierno sería un gobierno decente. Quienes obtuvimos la confianza de los ciudadanos no solo contábamos con el programa, sino también con la credibilidad para llevar a cabo una gestión en la que prevaleciera el interés general y público sobre los intereses del entramado de corruptelas que representaban todos los Granados y todos los Marjalizas.

Ahí estuvo la causa del tamayazo, y no en las disensiones internas de uno u otro partido, o en las dificultades propias de cualquier coalición de gobierno. Tumbaron aquel gobierno para enriquecerse a costa de la democracia, de la ley y del sufrimiento de los muchos madrileños que han pagado esa factura en forma de paro, pobreza y deterioro de los servicios públicos llamados a atender sus necesidades más básicas.

¿Y en qué consistía aquel programa que tanto atemorizaba a los Granados y los Marjalizas? Un mero repaso por el índice de aquella campaña electoral arroja pistas claras. Primero un mayor control y transparencia de las contrataciones públicas, limitando discrecionalidades de cargos públicos, promoviendo el concurso con publicidad, penalizando fraccionamientos tramposos, potenciando la comisión de vigilancia de las contrataciones en la Asamblea de Madrid, retransmitiendo las reuniones de las comisiones de contratación… ¿Cómo iban a permitirlo?

Segundo, aprobando un Plan Regional de Estrategia Territorial que estableciera los usos para cada hectárea de suelo conforme al interés de todos, y al que debían someterse todos los planes urbanísticos y todas las recalificaciones que corruptos y corruptores llevaban años dibujando y explotando para beneficio de sus cuentas en Suiza. Imposible aceptarlo, claro.

Además se nos ocurrió hacer públicos nuestros planes de conformar una mayoría progresista en la Asamblea General de Caja de Madrid para sustituir al presidente Blesa, compañero de pupitre de Aznar, y para hacer de la Caja un instrumento al servicio del desarrollo económico, el empleo y el bienestar de los madrileños en lugar de una máquina hedionda de favores a especuladores y enchufados. Aquella “amenaza” fue posiblemente el detonante.

Pero en la coalición contraria al gobierno decente figuraban también aquellos que habían puesto los ojos, y que después pondrían las manos, sobre los presupuestos públicos destinados a financiar los servicios más básicos para la población madrileña. Son aquellos que esperaban beneficiarse de la privatización de la sanidad pública y la expansión de los conciertos educativos, y que después se hicieron con unos cuantos hospitales y muchos colegios, financiados entre todos pero que solo escogen al alumnado que puede pagar sus cuotas “voluntarias”.

Todavía hay quienes se dirigen a mí lamentando la carrera política que frustró aquella operación. Y siempre respondo que esa es una cuestión carente de importancia, que jamás me quitó el sueño. Lo que a menudo me impide dormir es la conciencia plena de que aquel gobierno que robaron a los madrileños hubiera parado los pies a los Granados y los Marjalizas que hoy nos repugnan y que, al menos, hubiera intentado mejorar la vida de millones de madrileños que hoy lo están pasando mal.

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