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SOLO HAY UNA SALIDA: AMBICIÓN REFORMISTA

La socialdemocracia europea atraviesa una etapa crítica, que va más allá de los tradicionales ciclos de alternancia hegemónica entre fuerzas conservadoras y progresistas, y que amenaza seriamente su futuro como opción creíble de gobierno en los principales países del continente. Desde hace más de una década, la derecha tiene en sus manos el timón ideológico, político y económico de Europa, y la izquierda, con la excepción de Italia, aparece claramente relegada (España), subsidiaria (Alemania) o rendida (Francia).

Los males de la socialdemocracia combinan una importante falta de confianza interna con un descrédito social muy considerable. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos razones: las complicidades de los gobiernos socialistas con las recetas neoliberales que han generado desigualdad y pérdida de derechos entre las clases medias y trabajadoras; y la falta de ambición y de imaginación para plantear un modelo económico alternativo y confrontado, a partir de los valores progresistas de la igualdad, la libertad y la justicia social.

Esta doble estrategia perdedora de la concomitancia con la derecha y la renuncia a la batalla ideológica ha llevado a buena parte de los tradicionales electores progresistas a contemplar tan solo dos opciones políticas con identidad propia: el merkelismo y el bolivarianismo, por simplificar. La derecha de la ortodoxia austericida y la desigualdad, o la izquierda de la ensoñación populista, la protesta y la renuncia a gobernar. O la derecha del programa injusto o la izquierda sin programa factible. ¿El resultado? Una derecha cada vez más fuerte, y una izquierda cada vez más fraccionada y acomplejada.

¿Cuál es la salida? La izquierda debe recuperar su ambición reformista. La derecha busca la hegemonía del mercado y la renuncia a lo público. La izquierda radical y populista responde con la hegemonía de lo público y la renuncia al mercado. La primera opción conduce a sociedades desiguales e injustas, pero la segunda opción conduce a sociedades empobrecidas y sin libertad. La socialdemocracia reformista ha de defender una economía social de mercado, con reglas para salvaguardar el interés general frente al interés privado, y con derechos para garantizar condiciones de igualdad, bienestar y dignidad al conjunto de la población.

La ambición reformista requiere de eso, de ambición y de reformismo. Valentía y determinación para romper con el capitalismo especulativo y depredador que está haciendo retroceder un siglo a la población europea en términos de derechos de ciudadanía. Y reformismo para acometer cambios profundos y eficaces a la vez que progresivos y viables, con los que recuperar esos derechos perdidos, en el marco de una Europa competitiva, desarrollada y justa.

La Unión Europea ha de afrontar un cambio en su modelo productivo, reduciendo la financiarización de la economía y confiando la mejora de la competitividad y el crecimiento a la apuesta por el conocimiento, la innovación y la investigación. Más industria, más avance tecnológico, más servicios de calidad, y menos dependencia de los trasiegos financieros puramente especulativos. Una economía que asigne recursos desde el juego del mercado, pero una economía planificada, regulada y dirigida desde lo público. Sin miedo a gobernar los oligopolios bancarios o energéticos para asegurar la prevalencia del interés colectivo.

Los socialistas hemos de ser taxativos sin claudicaciones en la defensa de los derechos sociales y laborales. La mejora de la competitividad y el crecimiento económico no pueden sustentarse sobre la precarización de sueldos y condiciones laborales, o sobre la reducción del gasto social, porque esa competitividad es ineficiente y ese crecimiento es inviable a medio plazo. No perseguimos un Estado de Bienestar a la medida del modelo económico vigente, sino un modelo económico a la medida del Estado de Bienestar irrenunciable. Está probado ya que las sociedades más justas e igualitarias se corresponden con las economías más eficientes. Y este objetivo está asociado a una fiscalidad suficiente, progresiva y homologada en Europa, en la que paguen todos los que tienen que pagar, paguen más los que más ganan y más tienen, y en la que se persiga con contundencia penal el crimen del fraude y los paraísos fiscales.

La izquierda del siglo XXI debe contemplar los derechos ambientales, de género y de no discriminación a la misma altura que los tradicionales derechos sociales y económicos. La lucha contra el cambio climático, por la preservación ambiental y el desarrollo sostenible es una lucha que corresponde protagonizar a las fuerzas de izquierda en el mundo. La plena igualdad entre hombres y mujeres es una meta insoslayable, y el combate a las discriminaciones hacia el diferente por razones de procedencia, etnia, religión o identidad sexual ha de situarse en el frontispicio de cualquier programa progresista creíble. La conquista de la paz, la cooperación internacional y el comercio justo son también horizontes irrenunciables para el progresismo.

La recuperación del crédito para la política de izquierdas tiene un requisito previo: la recuperación del crédito para la política misma. Este es un propósito a perseguir casi en exclusiva por la socialdemocracia, porque la derecha siempre primará el poder no democrático de la economía sobre el poder democrático de la política, y porque la izquierda populista ha encontrado en la denigración de la política un granero de votos a explotar en el corto plazo, ignorante de que la estrategia de la no-política conduce a la hegemonía permanente de la derecha. Y para recuperar el crédito de la política, la política debe cambiar, con más transparencia, más participación democrática, más rendición de cuentas y,sobre todo, con más exigencia moral. La ambición reformista deberá ser especialmente imaginativa y valiente en este campo.

Mateo Renzi acaba de asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea con una frase de alcance: “Tenemos que volver a encontrar el alma de Europa, para devolvernos el sentido que tiene estar juntos”. Dos lecturas pueden extraerse, al menos, de esta afirmación. Europa no puede limitarse a un ámbito de libre mercado en el que los poderes económicos maximicen ganancias a costa del empobrecimiento y la pérdida de derechos de la población. La Unión se inventó para ganar derechos, no para perderlos. Y el auténtico europeísmo consiste en identificar metas comunes para la gran mayoría de los europeos, en aplicar las políticas que nos permitan conquistar esas metas, y en conjurarnos como pueblo europeo para avanzar juntos hacia el desarrollo y el progreso. Y la socialdemocracia es la fuerza más europeísta de Europa, porque la socialdemocracia es consciente de que, en la era de la globalización, su programa de igualdad y justicia se aplicará a escala global o no se aplicará.

Claro que hay salida: más ambición reformista y más valentía para llevarla a cabo.

 

El Gobierno se niega una y otra vez a comparecer en el Parlamento para explicar las razones y las condiciones de la recién iniciada privatización de AENA Aeropuertos. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Los españoles merecemos algunas respuestas en torno a un proceso que en el mejor de los casos pondrá en manos privadas un sector estratégico para nuestra economía, y que en el peor de los casos supondrá el cierre de aeropuertos con resultados económicos negativos pero que contribuyen a vertebrar el territorio y a garantizar nuestro derecho a la movilidad.

Fomento se remite al Decreto 13/2010 del anterior Gobierno socialista para legitimar la venta del capital de AENA. Sin embargo, aquella norma perseguía unos objetivos que hoy no se mantienen. Se trataba entonces, lisa y llanamente, de vender patrimonio público para obtener una financiación que el Estado no lograba adquirir en los mercados. Hoy no es el caso, porque la prima de riesgo se ha reducido mucho y los tipos de interés vigentes en el mercado son más asumibles.

Aquel Decreto facultaba al Gobierno para vender hasta el 49% del capital de AENA a la par que blindaba la continuidad de la red aeroportuaria española, la primera del mundo en número de viajeros y la más eficiente, precisamente por la combinación de aeropuertos-cauce y aeropuertos-hubs o distribuidores. Hoy esta red está en peligro, puesto que el documento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que informa la privatización aconseja la fractura de AENA en “tres o cuatro lotes”.

Entonces se planteaba también la gestión individualizada, vía concesión incluso, de los aeropuertos con más tráficos, en clave de estímulo a la competencia y a cambio de un canon que facilitara la financiación de la red en su conjunto. En el proceso actual, sin embargo, la CNMC promueve directamente la privatización total de todos los aeropuertos, y el Gobierno se ha reservado vía Real Decreto Ley 8/2014 la capacidad de enajenar o cerrar cualquier instalación aeroportuaria, con tan solo un informe previo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (en caso de aeropuertos con valor superior a los 20 millones de euros) o del Secretario de Estado de Fomento (para todos los demás).

La norma de 2010 buscaba una participación más activa y determinante de las administraciones y agentes económicos territoriales en la gestión de los aeropuertos, con objeto de mejorar su eficiencia. Pero el Gobierno actual ha limitado tal participación a los tradicionales comités de rutas, que colaboran desde hace años en la búsqueda de nuevos mercados foráneos, y unos inespecíficos comités de coordinación sin competencia decisoria alguna.

Los argumentos a favor del proceso privatizador vigente que aluden a la “sostenibilidad” de las cuentas de AENA o a la mejora de su “competitividad” tampoco son aceptables, toda vez que la propia dirección de la empresa pública y el Ministerio de Fomento vienen presumiendo desde hace meses de sus “magníficos resultados de explotación”, de la “viabilidad de su deuda” y de contar con “los aeropuertos más competitivos de Europa”.

Finalmente, no podrá esgrimirse como motivo para la privatización la posibilidad que se abre para una política de moderación en las tarifas aeroportuarias, largamente demandada por los agentes del sector. De hecho, Fomento y AENA llegaron hace escasas fechas a un gran acuerdo con los operadores más habituales de nuestros aeropuertos para congelar esas tarifas durante este año y para moderar los crecimientos futuros.

En consecuencia, si la privatización de AENA no persigue financiar al Estado en condiciones ventajosas, ni blindar la red aeroportuaria, ni optimizar la eficiencia con gestiones individualizadas, ni fomentar la participación territorial, ni mejorar las cuentas de AENA, ni aumentar su competitividad, ni moderar sus tarifas, ¿por qué se afronta la privatización parcial de AENA? O mejor aún: ¿a quién o a quiénes se pretende favorecer privatizando parcialmente nuestra red aeroportuaria?

En realidad el Gobierno se resiste a admitir que estamos en la primera fase de una estrategia que conduce a la privatización total de AENA y al desmantelamiento de la vigente red de aeropuertos de interés general del Estado. Esta es la verdad. ¿Por qué pensamos así?

En primer lugar, porque la consulta realizada oficialmente por la dirección de AENA Aeropuertos al Consejo Consultivo de Privatizaciones del Estado (CCP) preveía la venta final de hasta el 60% de su capital, según consta en el informe emitido por esta entidad el día 21 de octubre de 2013. La enajenación del 49% es pues tan solo un primer paso en el camino de poner la empresa pública en manos privadas de forma mayoritaria.

En segundo lugar, porque a diferencia del proceso iniciado en 2010 y abortado por el Gobierno del PP, ahora no se buscan solo financiadores externos para AENA, sino que se explicita la conformación de un “núcleo estable” de accionistas privados con intereses en el sector, a los que se invitará a compartir la “planificación estratégica” de la compañía, según palabras pronunciadas públicamente por el propio Presidente de AENA Aeropuertos, tras confirmar que la primera empresa interesada “y bienvenida” para formar parte de este núcleo estable es la línea aérea de bandera irlandesa Ryanair, conocida por sus prácticas irregulares.

En tercer lugar, porque el artículo 22 del mencionado Real Decreto Ley 8/2014 otorga al Gobierno la posibilidad de “cerrar o enajenar, total o parcialmente, cualquiera de las instalaciones o infraestructuras aeroportuarias necesarias para mantener la prestación del servicio aeroportuario en cualquier aeropuerto de la red de interés general”, siendo este un requisito sine qua non para hacer atractivo el proceso de privatización de AENA ante eventuales inversores nacionales o internacionales, para los que la obligación de sostener económicamente las instalaciones menos rentables podría suponer un factor disuasorio.

Y en cuarto lugar, porque el también mencionado Informe de la CNMC, que marca al Gobierno la ruta a seguir para privatizar AENA, establece de manera diáfana la necesidad de romper la red aeroportuaria española en varios lotes, con la finalidad de salvar las reticencias de la Comisión Europea, nada proclive a sustituir monopolios públicos por monopolios privados. El mismo informe recomienda la privatización directa e individualizada de los aeropuertos rentables, y el cierre de los menos rentables, a no ser que las administraciones territoriales se comprometan a aportar fondos propios para su mantenimiento, cuando hasta ahora toda la red se autofinanciaba compensando los beneficios económicos de unas instalaciones con las pérdidas de las demás.

Para que los españoles y sus representantes tengan claras las consecuencias de la aplicación de estas medidas, resulta interesante relacionar los aeropuertos y helipuertos con resultados económicos negativos en el ejercicio 2013 y que, por tanto, corren serio riesgo de supervivencia conforme a los planes del Gobierno y la CNMC: Albacete, Algeciras, Almería, Asturias, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Granada-Jaén, El Hierro, Jerez, Logroño, La Gomera, León, Madrid-Torrejón, Menorca, Málaga, Melilla, Huesca, Pamplona, Reus, Sabadell, Salamanca, Murcia-San Javier, San Bonet, Santander, Santiago, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

Romper la red aeroportuaria, privatizar los aeropuertos y cerrar los aeropuertos con resultados económicos negativos constituye una barbaridad de consecuencias extraordinariamente negativas para la economía y la sociedad española en el cortísimo plazo. Los aeropuertos suponen un sector de relevancia estratégica para el desarrollo económico de un país que tiene en el turismo su industria principal, y en el que ocho de cada diez visitantes eligen estas instalaciones como puerta de entrada. La red aeroportuaria constituye, asimismo, un factor clave en la vertebración del territorio y una garantía básica para el ejercicio del derecho fundamental a la movilidad, especialmente en las islas.

Valorar los aeropuertos españoles exclusivamente en términos de resultados de explotación individual es de una irresponsabilidad mayúscula. Una AENA privada sería una AENA fraccionada y sin la red que le proporciona hoy una ventaja competitiva ampliamente envidiada en el mundo. Una AENA privada y fraccionada estaría avocada a cerrar sus instalaciones menos rentables, porque esa sería la exigencia lógica de un accionariado exento de obligaciones con el interés general. Y una AENA con aeropuertos amenazados de cierre avocaría a invertir preciosos recursos públicos de comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y ayuntamientos para su mantenimiento, cuando hoy tal aportación no es necesaria.

Los españoles no necesitamos una AENA fraccionada y privatizada, sino una red de aeropuertos de interés general bajo titularidad pública y con gestión eficiente, para que pueda contribuir de manera decisiva en la consecución de los propósitos comunes del crecimiento económico, la creación de empleos de calidad y el progreso social del país. Esto es lo que demandamos del Gobierno.

La Ministra de Fomento debe comparecer cuanto antes en el Parlamento, como se le ha solicitado, para explicar por qué y a quiénes pretende beneficiar con este proceso privatizador contrario al interés general. Se encontrará con un Grupo Socialista preparado para acordar una planificación estratégica que mejore la competitividad y la eficiencia de nuestros aeropuertos, en el marco de una AENA pública y no sometida a más interés que al interés de todos los españoles.

 Artículo publicado en Público.es el 26-07-2014

¿DÓNDE ESTÁ LA FIESTA?

La euforia del Presidente del Gobierno ante los datos de la EPA correspondiente al segundo trimestre de 2014 constituye un insulto a la inteligencia de los españoles y una ofensa para los millones de ciudadanos con graves dificultades sociales. A estas alturas de la historia todos sabemos ya que las crisis del sistema económico capitalista son cíclicas. El sistema se infla, se desinfla y se vuelve a inflar cada dos décadas aproximadamente. Así ocurrió en los años 70, así ocurrió en los años 90 y así acaba de ocurrir. Por tanto, el hecho a valorar no es el de la recuperación inexorable, sino el de las condiciones en que se produce tal recuperación.

Las alharacas del Gobierno suponen un ejercicio de autojustificación y autopropaganda absolutamente deleznables tras cerca de tres años de recortes de derechos cívicos fundamentales y de prestaciones básicas para la dignidad de las familias españolas. La recuperación de los números positivos en el PIB, raquíticos aún, tiene más que ver con la evolución económica general que con la gestión gubernativa en España. Sin embargo, la ralentización de ese crecimiento y las condiciones de precariedad extrema con que millones de españoles saldrán de la crisis económica sí es responsabilidad directa de Rajoy y sus ministros.

La Encuesta de Población Activa (EPA) no es más que eso: una encuesta. La significación de sus resultados debe medirse tras atender a la literalidad de la pregunta que se formula a los encuestados: ¿Durante la última semana ha ejercicio usted algún tipo de trabajo, por cuenta propia o ajena, durante una hora al menos, retribuido con dinero, en especie o de cualquier otra manera o, en caso de haber perdido su empleo, tiene usted expectativas de recuperarlo pronto? Tachar de la lista de desempleados a todas las personas que respondan positivamente a esta pregunta no es más que un ejercicio de autoengaño. Cualquier chaval que haya lavado el coche de un vecino por dos euros o un par de cervezas habrá contribuido a la jactancia de Rajoy y su troupe, involuntariamente claro.

Por desgracia, no hay motivos para celebración alguna en nuestro país. La realidad de nuestro paro, de nuestra desigualdad y de nuestra pobreza resulta tan extraordinariamente grave que debería invitar a un plan de emergencia nacional antes que a una fiesta con cánticos y fanfarrias populares.

Según estos datos oficiales tan cuestionables, aún tenemos más de 5,6 millones de desempleados, un 24,5% de la población activa, el porcentaje más alto de la Unión Europea, con picos por encima del 53% entre los más jóvenes. Cerca de 1,9 millones de familias tienen a todos sus integrantes en el paro y 740.000 familias no reciben ningún ingreso, un 2% más que hace un año. La tasa de cobertura social al desempleo ha descendido en dos años del 70% al 57%, es decir, más del 40% de los parados no recibe ayuda oficial alguna. ¿Cómo puede mostrarse eufórico el presidente del Gobierno de un país con estos datos?

La realidad es que la reforma laboral de este Gobierno ha provocado una devaluación de tal envergadura en los salarios y en las condiciones de trabajo, que hoy tenemos muchos trabajadores pobres. Personas que trabajan con contratos temporales, a tiempo parcial, en el subempleo y la economía sumergida, durante diez horas al día, por quinientos euros al mes, y que no consiguen cubrir los gastos más elementales de su familia: vivienda, comida, vestido, luz, gas… ¿Dónde está la fiesta para estas personas?

El libro “En los límites de la pobreza”, de José Félix Tezanos, Hilde Sánchez Morales, Eva Sotomayor y Verónica Díaz, demuestra que los problemas carenciales y los procesos de empobrecimiento en la población española han llegado ya a sectores de las clases medias y trabajadoras que no habían conocido nunca la pobreza. Nuestra tasa de pobreza está cerca de cinco puntos por encima de la zona euro. La evolución de ingresos medios por hogar ha caído en cerca de 3.000 euros anuales desde la crisis. El gasto en protección social sobre PIB se sitúa cinco puntos por debajo de la media de la zona euro. La población española en riesgo de exclusión social ha crecido en cerca de cinco puntos desde 2008. Así es como estamos saliendo de la crisis.

El índice de Gini, que marca los niveles de desigualdad, ha pasado de 0,322 en 2008 a 0,350 en 2012, hemos retrocedido hasta los parámetros de los años ochenta y ya somos el segundo país más desigual de toda Europa tras Letonia. El 20% con más renta multiplica por siete los ingresos del 20% con menos renta, en una proporción que solo multiplicaba por cinco en el año 2007. La tasa de pobreza infantil ha crecido seis puntos en España desde 2005, mientras decrecía en el conjunto de Europa. Y Cáritas atiende hoy a más del doble de personas en situación de emergencia social que al inicio de la crisis (un millón, por cuatrocientas mil). ¿Le cantamos algo al Presidente del Gobierno para amenizarle la fiesta?

La noticia no es el inicio de la fase nueva en el ciclo de crisis-recuperación-crisis-recuperación del modelo económico vigente. La noticia está en que iniciamos esta fase nueva con más pobreza, más desigualdad y menos derechos. Y esta sí es una responsabilidad directa de quienes nos gobiernan.

No estamos para fiestas. Ni mucho menos.

RETO CATALÁN SÍ, RETO NACIONALISTA NO

En demasiadas ocasiones incurrimos en el error de identificar las necesidades y demandas de la sociedad catalana con las reivindicaciones del nacionalismo catalán, para regocijo de sus dirigentes. Muchos catalanes consideran que no se respeta suficientemente su identidad, que su autogobierno no está bien resuelto, y que su encaje con el resto de España y de Europa requiere de una revisión profunda. Debemos atender este reto con inteligencia.

El desafío nacionalista es cosa bien distinta. La ideología nacionalista es cuestionable y peligrosa. Busca la autoafirmación nacional por exclusión de los demás. Antepone esta afirmación propia sobre cualquier principio de solidaridad o justicia. Traduce siempre los problemas o las faltas de entendimiento como falsos agravios o discriminaciones. Simplifica las identidades múltiples propias de nuestro tiempo en la sola identidad nacional, y convierte esta identificación en un sentimiento de rechazo al extranjero y al diferente.

El nacionalismo de derechas esconde las peores agresiones a la igualdad y la libertad tras la parafernalia de la reivindicación nacional, y no cabe mayor contradicción que el supuesto independentismo de izquierdas, porque si algo identifica a la izquierda es precisamente la superación de las nacionalidades, las fronteras y las banderas para la defensa de los derechos de los más débiles.

Hay quienes fundamentan el inmovilismo en la necesidad de no dar satisfacción a los nacionalistas. No estoy de acuerdo. Porque es cierto que el nacionalismo nunca se dirá satisfecho con una solución u otra, ni con el federalismo, ni con el cambio constitucional, ni tan siquiera con la mismísima independencia. Siempre encontrarán una excusa para seguir fomentando el rencor. La escalada reivindicativa no terminará nunca, porque el día en que los nacionalistas se digan satisfechos con el trato a la identidad nacional perderán su razón de ser.

Debemos mover pieza para atender al reto de la sociedad catalana, no para atender a los desafíos nacionalistas. Y negar la existencia de incomprensiones y de problemas no es un buen camino, porque alimenta el discurso del agravio que esgrimen nacionalistas e independentistas. Sí hay un problema, pero el nacionalismo no es la solución, sino un obstáculo más para la solución.

Puede parecer pretencioso, pero a veces da la sensación de que al único actor político que le importa atender el reto catalán con ánimo de solucionarlo es al Partido Socialista, PSOE y PSC. El nacionalismo se encuentra cómodo en su papel falaz de pretendido defensor exclusivo del pueblo catalán y su supuesto derecho a decidir. El resto de la izquierda catalana también parece cómoda en el papel de figurantes del teatrillo nacionalista. Y la derecha española encuentra en el desafío secesionista un factor de movilización para su electorado, muy descontento por la respuesta a la crisis económica.

La posición del PSOE es muy razonable. Perfeccionemos nuestro Estado Autonómico mediante una reforma de la Constitución. Llamemos Estado Federal a lo que siempre fue tal, y resolvamos las insuficiencias que no pudieron resolverse en el marco del consenso constitucional. Atiéndanse debidamente identidades y singularidades, porque existen, y no hacen daño a nadie si no se convierten en privilegios. Aclaremos las competencias de unos y de otros, y si la lengua ha de gestionarse desde el autogobierno, dejémoslo claro y no permitamos enredos oportunistas desde un ministerio u otro.

Resolvamos de una vez el sistema de financiación territorial, para no dejarlo al albur de los tirones de unos u otros cada pocos años. La financiación de los autogobiernos necesita suficiencia, pero sobre todo necesita seguridad, saber a qué atenerse, poder planificarse a medio plazo al menos. Y establezcamos mecanismos eficaces de colaboración institucional, para hacer realidad los principios constitucionales de autonomía, de cohesión y de garantía de igualdad de derechos para todos los españoles. Aprendamos de lo que funciona y de lo que no funciona. No funciona el Senado español y sí funciona el Bundesrat alemán, como órgano de cooperación federal.

¿Consulta? Claro. Una reforma de estas características debe refrendarse con una consulta popular. Pero no una consulta circunscrita a los catalanes, en torno a un derecho de autodeterminación que no existe en ningún país serio del mundo, ni federal ni no federal. Una consulta en la que participen todos los españoles, porque a todos los españoles afecta el cambio de su Constitución y el perfeccionamiento de su estructura territorial. Una consulta en el marco de la reforma prevista por la Constitución Española. Y esa reforma constitucional conllevará en su momento cambios estatutarios, y los catalanes deberán votar su nuevo Estatuto, claro está.

La cuestión catalana merece una respuesta. Sí, pero una respuesta desde la razón y desde la democracia, no desde el sempiterno y peligroso chantaje nacionalista.

GANA EL PSOE

GANA EL PSOE

La ciudadanía española lleva tiempo demandando una renovación a fondo en las formas y los usos de hacer política. Quiere más apertura, más participación democrática y más transparencia. Con la elección directa de su secretario general a través de una consulta a los militantes de base, el PSOE se ha convertido en el primer partido en darse por enterado de esta demanda ciudadana y en responderla de manera eficaz.

La amplia participación, en torno al 66%, a pesar de las fechas estivales, legitima aún más está iniciativa. La contienda ha sido profusa en propuestas y matices, aún compartiendo los contendientes el mismo proyecto socialista. La campaña ha sido ampliamente seguida por los medios y por los ciudadanos, aportando un soplo de aire fresco en el ambiente un tanto viciado de nuestras organizaciones partidarias. Y la organización de la consulta, aún siendo la primera de estas características, ha sido razonablemente eficaz.

Pedro Sánchez fue coherente en la celebración de su triunfo. “Cambio y unidad” era el lema de su campaña, y cambio con unidad es lo que prometió en su proclamación en Ferraz ante una representación entusiasta de militantes socialistas. En la democracia y en la unidad estará, sin duda, la fortaleza del PSOE ante el nuevo tiempo que se abre. Eduardo Madina y Pérez Tapias estuvieron tan correctos en el respaldo al nuevo secretario general como lo estuvieron en la confrontación democrática de los diez días anteriores. Rubalcaba merece un reconocimiento muy especial por su contribución a la buena marcha y el mejor desenlace de esta aventura.

¿Y ahora qué? El trabajo que tienen ante sí Pedro Sánchez y su nueva dirección es tan apasionante como ímprobo. Recuperar la confianza dentro del partido y recuperar la credibilidad del partido en la sociedad española. Nada menos. La primera vendrá de la mano de la renovación, la modernización, la democracia, la apertura y la unidad. La segunda llegará con un proyecto político coherente con los valores de siempre, la igualdad y la libertad, y a la altura de los retos de una sociedad muy castigada por la crisis, el paro, la precariedad social, el desafío territorial y la demanda de más calidad democrática.

El trabajo será duro, pero el extraordinario respaldo recibido el día 13 ayudará, sin duda, a sumar imaginación y fuerzas para que el nuevo PSOE cumpla con su responsabilidad y configure cuanto antes la alternativa progresista de gobierno que tanto necesita este país.

LA INSOPORTABLE ESPIRAL PALESTINA

Nos hemos acostumbrado a contemplar en los noticiarios el drama palestino-israelí como si se tratara de un fenómeno natural inevitable e interminable. Y antes que nosotros se acostumbraron nuestros padres y nuestros abuelos. Cerca de 70 años después de que los británicos abandonaran Palestina, árabes y judíos continúan enzarzados en una guerra cruel ante la indiferencia cansina de la comunidad internacional que tanto contribuyó a su inicio. En este último episodio ya han muertos más de cien criaturas, miles han tenido que huir de sus casas y todos los analistas vaticinan una pronta ofensiva terrestre israelí que agravará la situación. A todo esto, el secretario general de la ONU se ha limitado a una mera “llamada a la contención”, que resulta tan patética como grotesca.

Las consecuencias de este largo conflicto constituyen una vergüenza para toda la Humanidad y la mayor constatación del fracaso en las instituciones que han de velar por el cumplimiento de la legalidad internacional. Son ya millones los muertos, los torturados, los encarcelados y secuestrados, los amenazados, los refugiados, los exiliados y los desplazados. Hombres, mujeres y niños, muchos niños inocentes. Además, la guerra palestino-israelí es foco constante de inestabilidad en todo el mundo, y un factor clave para la legitimación de miles de grupos radicales que practican el terrorismo en los cinco continentes. Parece mentira que en pleno siglo XXI, la comunidad internacional siga impávida ante el devenir terrible de una guerra basada en la religión y los límites territoriales.

El territorio palestino forma parte de la cuna de la Humanidad y sus civilizaciones. Ha sido ocupado sucesivamente por los imperios romano, otomano y británico. Y en él han convivido tradicionalmente gentes de creencias y condiciones diversas. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y anunciar los británicos su marcha, unos soñaban con la gran nación panárabe que resarciera de una humillante subordinación histórica, y otros soñaban con la patria judía que pusiera fin al éxodo milenario y a la persecución terrible de los pogromos y los campos de exterminio. Pudieron optar por mantener la convivencia en un Estado común, o pudieron acordar la creación de dos Estados distintos bien avenidos. Pero decidieron sustituir la negociación por las armas, y tanto los británicos como la ONU se limitaron a formular declaraciones sin acordar y se desentendieron del problema.

Las razones y las culpas están muy repartidas. Los árabes tienen razón en resistirse a ser prisioneros en su propia tierra, pero tienen la culpa de no reconocer el derecho de los israelíes a contar con un Estado propio y seguro. Los judíos tienen razón al reclamar el fin de los zarpazos terroristas, pero tienen la culpa de haber desencadenado contra los palestinos una violencia equiparable a la que en tantas ocasiones se vio sometido sobre su propio pueblo. Y ante el bloqueo en las relaciones palestino-israelíes, lastradas por décadas de sufrimientos y odios mutuos, la principal responsabilidad para resolver el conflicto está en la comunidad internacional.

La comunidad árabe, los Estados Unidos, Europa y el resto de actores internacionales con capacidad de presión sobre unos y otros, deben forzar un alto el fuego inmediato, desplegar fuerzas de interposición, abrir una negociación eficaz y obligar a la adopción de un acuerdo que pasa inevitablemente por dos Estados con fronteras seguras. Las Naciones Unidas han de pilotar este proceso y su Consejo de Seguridad debe ser garante en el cumplimiento de los acuerdos.

Sé que es fácil de decir y muy difícil de llevar a cabo. Pero resulta intolerable que la incapacidad de unos, los intereses espurios de otros, sumados al odio alimentado tras décadas de sufrimiento mutuo en Palestina, permitan el triunfo indefinido de la violencia sobre la razón y el entendimiento. Si ellos solos se muestran incapaces, tenemos que ayudarles entre todos.

LA TRAMPA FISCAL DEL PP

El régimen fiscal vigente en una sociedad constituye el factor más decisivo a la hora de establecer su nivel de justicia social y su capacidad para generar desarrollo y progreso. El grado de cumplimiento de los principios de suficiencia y progresividad determina en buena medida la prosperidad y el bienestar colectivo. En sentido contrario, la insuficiencia en la recaudación, la injusticia en el reparto de las cargas y el fraude fiscal apuntan a la ineficiencia económica y la desigualdad social. Por eso resulta tan importante la reforma fiscal emprendida por el PP.

Rajoy y Montoro impulsan una reforma tramposa en la fiscalidad española. Porque es falso que esta reforma cumpla con el compromiso de bajar los impuestos en España. Porque es mentira que beneficie a los que menos ganan y los que menos tienen. Porque no es cierto que permita cumplir con los objetivos de ajuste fiscal sin nuevos recortes en el gasto. Y porque no ayuda en absoluto a crear empleo, como aseguran.

Durante los dos últimos años y medio, el Gobierno del PP ha subido más de 50 tributos, entre impuestos, tasas, tarifas y copagos, además de establecer una amnistía fiscal para grandes defraudadores fiscales. En conjunto han recaudado más de 30.000 millones de euros extras. En consecuencia, aun admitiendo que esta última reforma suponga una rebaja de 6.000 millones, como plantean desde el Gobierno, el balance en lo que va de legislatura no apunta a la bajada sino a la subida de los impuestos.

Pero es que el incremento impositivo en este tiempo ha sido además profundamente injusto y regresivo, centrado sobre todo en las subidas de la imposición indirecta, como el IVA o los impuestos especiales, y los nuevos copagos, repagos y tarifazos establecidos sobre los medicamentos, el transporte o las matrículas universitarias, por ejemplo.

La última reforma del IRPF se aleja aún más del principio de progresividad fiscal, porque la rebaja de 12 euros mensuales adjudicada a quienes ganan 12.000 euros al año, se corresponde con una rebaja de 270 euros al mes para quienes obtienen 150.000 euros anuales. La fundación FUNCAS de las Cajas de Ahorro concluye que las rentas superiores a los 42.000 euros quintuplicarán los beneficios fiscales a obtener por las rentas inferiores a 10.000 euros. Estamos, por tanto, ante una reforma que ofrece ventajas fiscales insignificantes para rentas bajas, que intensifica el castigo fiscal a las rentas medias y que beneficia significativamente a las rentas más altas.

En relación a la suficiencia en la recaudación, la Comisión Europa ha alertado sobre los efectos de esta reforma en el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal por parte de España. Este regalo fiscal a pocos meses de las elecciones puede suponer un aumento del déficit público para 2015 en 6.000 millones de euros extras, a sumar a los 20.000 millones que se deducen ya del desfase entre las previsiones de la UE y las del Gobierno español respecto al resultado final de las cuentas del próximo ejercicio. ¿Y cómo se resolverá este desfase? Muy previsiblemente con nuevos recortes en el gasto público destinado a la cobertura social para los más necesitados, sanidad, educación, dependencia…

Montoro parece ser el único ministro de hacienda en el mundo que aún cree en el camelo “Laffer” y esas curvas milagrosas que prometen más recaudación conforme se bajan los tipos impositivos, y que jamás se han cumplido en sitio alguno desde los tiempos de Reagan. El argumento llevado hasta su último extremo auguraría la recaudación máxima cuando los tipos bajaran a cero. Absurdo, claro. La experiencia nos dice, sin embargo, que cuando se bajan los tipos impositivos a los grandes rentistas y los grandes detentadores de riqueza, la recaudación fiscal no sube, sino que baja, poniendo en riesgo la suficiencia y la estabilidad del sistema.

Cuando los tipos bajos se aplican razonablemente en las rentas bajas se propicia el consumo, el ahorro, el crecimiento y la justicia social, pero cuando la alegría fiscal se reparte entre los más pudientes, el dinero escatimado al fisco no se destina a la reinversión productiva o al consumo intensivo en empleo, sino mucho más habitualmente a la especulación y los depósitos en Suiza. Téngase en cuenta.

La última trampa detectada en la reforma de Rajoy y Montoro supone, por vez primera en nuestra historia democrática, la grabación impositiva sobre las indemnizaciones por despido. No cabe medida más regresiva y cruel. Primero promulgan una reforma laboral que facilita el despido y reduce las indemnizaciones, y después decretan una reforma fiscal que cierra el círculo cargando impuestos sobre esas indemnizaciones reducidas. Lamentable.

¿Hay otra manera de hacer las cosas? Desde luego que sí. El PSOE presentó en su última Conferencia Política una alternativa fiscal fundamentada en los principios de la suficiencia, la progresividad y la lucha contra el fraude, que conduciría a aumentar los ingresos sin subir los tipos impositivos a los trabajadores y rentas medias de este país. Esta propuesta consiste en unificar en un impuesto único, el IRPF, la tributación de la renta y el patrimonio, como ya ocurre en Holanda. Se trata de que todos paguen en función de lo que ganan, de lo que tienen y de lo que heredan, a partir de un mínimo exento, tanto si el rendimiento es mobiliario o inmobiliario.

Esta alternativa defiende la igualdad en la tributación de las rentas del trabajo y las rentas del capital, revisa las deducciones fiscales regresivas en el IRPF (como las aportaciones a planes de pensiones), aumenta la progresividad en el Impuesto de Sociedades (eliminando privilegios y deducciones a las grandes corporaciones), incrementa la contribución del sector financiero (gravando sus pasivos y sus bonus), establece un mínimo homogéneo para sucesiones y donaciones en todas las comunidades, suprime las exenciones del IVA en la sanidad y la educación privadas, baja los tipos del IVA en la cultura y los productos higiénicos básicos, revisa el régimen de estimación objetiva para evitar los fraudes…

Claro que hay otra manera de hacer las cosas. Solo hay que querer. Y atreverse.

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