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PARAR LOS DESAHUCIOS

 

El Estado ha de asumir ineludiblemente dos responsabilidades en tanto superamos la crisis económica en vigor. Hay que repartir las cargas de la crisis con un mínimo de justicia moral, y hay que limitar la precarización más grave para los colectivos sociales vulnerables. Ambas responsabilidades pasan por frenar la escalada de desahucios, que está provocando la frustración y la ira de gran parte de la ciudadanía española. Con toda razón.

 

Resulta política y socialmente intolerable que el Estado soslaye las reglas más básicas del mercado capitalista para rescatar a los Bancos del desastre en el que se han metido ellos mismos, mientras los propios Bancos aplican con rigor aquellas reglas despojando a cientos de miles de ciudadanos de un techo que les cobije. Es decir, los españoles rescatan a los Bancos, para que los Bancos desahucien a los españoles. No es aceptable.

Tampoco puede tolerarse que el estallido de la burbuja inmobiliaria, que unos ayudaron a inflar, y que otros utilizaron para enriquecerse, acabe descargando todas sus consecuencias sobre aquellos que tan solo buscaban acceder a una vivienda digna en las condiciones que se le ofrecían. No. Las responsabilidades deben repartirse justamente. O pagamos todos o no pagarán solo los más débiles de la cadena. Si los Bancos repartieron créditos sin mesura ni control, que paguen. Si el Estado no supo o no quiso parar la borrachera, que pague. Pero no es admisible que el único pagano del desaguisado sea el pobre ciudadano al que pillaron con hipoteca y sin trabajo.

¿Se debía haber hecho antes? Sin duda. Es verdad que las tasas de morosidad eran muy poco relevantes hace tan solo tres años. Pero también es verdad que este problema debió preverse y no se previó. Lo cual no obsta para hacer ahora el trabajo que debe hacerse. 400.000 familias han perdido ya su vivienda. Y otras 250.000 están a la espera de la orden judicial para dejar su casa y mantener su deuda. No hay excusas para la inacción.

A menudo se reprocha a los políticos, a los partidos y a los parlamentarios su supuesta lejanía respecto a las preocupaciones de la gente, su falta de empatía social, la inexistencia de alternativas concretas para los problemas más cotidianos. Pues bien, durante las últimas semanas se ha discutido en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que afronta con sensibilidad y eficacia el grave problema de los desahucios. Es cierto que el PP lo ha tumbado con su mayoría absoluta. Pero también es cierto que la atención de los medios de comunicación ha estado más centrada en los dimes y diretes de la vida interna del PSOE que en sus propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos.

La propuesta socialista sigue el curso de las leyes de “segunda oportunidad” que ya se encuentran en vigor en otros países como Suecia y Francia. Se trata de ofrecer a los ciudadanos con insolvencia sobrevenida no dolosa nuevas condiciones para hacer frente a sus deudas, con cuotas más reducidas y más tiempo para pagarlas. Se trata de generalizar la dación en pago para las familias con dificultades, extendiendo esta posibilidad a aquellas con ingresos de hasta dos veces y media el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no solo a aquellas sin ningún tipo de ingresos, como ocurre ahora.

Se trata de posibilitar un arrendamiento social de la vivienda entregada en pago, por la que las familias pagarían una cantidad anual no superior al 2% de la deuda pendiente, y nunca por encima del 33% de los ingresos familiares. Se trata de prohibir el desahucio de las familias que dedican más del 50% de sus ingresos al pago de sus deudas. Y se trata de obligar a todos los Bancos que reciben ayudas públicas a ofrecer estas facilidades a sus deudores.

Por desgracia, ya hemos comprobado en otras sociedades a dónde conduce la falta de respuestas para este y otros problemas de similar naturaleza, en un contexto de crisis y sufrimiento. En Grecia, la generalización de los desahucios condujo a la multiplicación de los suicidios y a la desesperación de amplias capas de la población. La respuesta política no tardó en materializarse con un aumento de los apoyos al partido nazi. Hoy la extrema derecha se ha adueñado de las calles atenienses mediante la coartada de una red propia de auxilio social. No terminará bien. Aquí aún estamos a tiempo de evitar la escalada. O quizás no.

 

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Generico_ropa_tendida_en_balcon_PHOTOSLa crisis económica ha contribuido a finiquitar la mitología que establecía supuestas verdades inquebrantables donde solo había contrabando ideológico liberal. Uno de los mitos finiquitados se refiere a la inexorable trayectoria descendente de la presión fiscal. Parece que se acabó aquello de que ningún Gobierno se atrevería a subir impuestos. El mito de los impuestos a la baja permanente ha seguido el mismo camino de otros mitos parecidos: el mercado se regula solo; los bancos no se nacionalizan; las empresas no se intervienen; o el papel necesariamente subsidiario del Estado en las relaciones económicas.

Cualquier análisis sensato de la coyuntura económica actual ha de llevarnos a la conclusión de que si queremos un poder público fuertemente inversor para estimular la demanda, si queremos un Estado en disposición de tapar agujeros en el sistema financiero, si queremos un sistema efectivo y justo de protección social, y si, además, queremos evitar que el déficit y la deuda pública se disparen, tenemos que revisar al alza nuestro sistema fiscal. Esto sí que es inexorable. No es posible gastar más sin ingresar más.

Existe un consenso muy extendido en todo el mundo, si bien poco explicitado, a favor de las estrategias socialdemócratas para que las administraciones públicas suplan el déficit de iniciativa privada con inversiones productivas notables. Este esfuerzo requiere dinero. Tampoco la factura de la estabilización financiera en marcha será barata. En el capítulo social, además, España se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a las necesidades, dado nuestro nivel de desempleo, pero, sin embargo, nuestro gasto se sitúa aún siete puntos por debajo de la media de la zona euro. Toca aportar más fondos. Mientras tanto, la presión fiscal en España (menos del 33% sobre PIB) se ha reducido en los últimos años y está muy lejos de las referencias europeas. Hay, evidentemente, una reforma fiscal pendiente en nuestro país.

La reforma deberá reflexionarse bien. Habrá de ejecutarse de forma razonable y equilibrada. El objetivo es que contribuya a superar la crisis cuanto antes, mediante la promoción de un nuevo modelo de crecimiento, más sólido, más sostenible, más moderno y más justo, sin perjudicar a nadie. No se trata de castigar el consumo, ni la inversión, ni el ahorro necesario. En consecuencia, los principios a aplicar habrán de ser, entre otros, los de la suficiencia, la progresividad y la preservación ambiental. Así se está planteando en otros países, como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, que no constituyen precisamente la tríada de la revolución bolchevique.

Desde diversos ámbitos de la izquierda política y social se están haciendo propuestas interesantes, si bien no todas pueden aplicarse conjuntamente y de una vez. Parece sensato introducir ciertas dosis de progresividad en algunos elementos fiscales, como los famosos 400 euros del IRPF o los 2.500 euros por nacimiento, que surgieron al calor del superávit. También puede sugerirse alguna revisión en los tipos aplicables en el IRPF sobre las rentas más altas. No suena mal aquello de ir equiparando la tributación entre rentas del trabajo y rentas del capital. Probablemente hemos aplazado en demasía un impulso definitivo a la llamada fiscalidad ambiental, es decir, que tribute más quien más contamina. Cabe asimismo intensificar la lucha contra el agujero negro del fraude y los paraísos fiscales.

Otras medidas que se proponen quizás no sean tan definitorias ni tan concluyentes a efectos de recaudación, pero sin embargo podrían tener efectos ejemplarizantes positivos. Me refiero, por ejemplo, a la finalización del privilegio establecido en su día para los futbolistas extranjeros que tributan al tipo más bajo con la coartada de que “su vida laboral es muy corta”. Hoy esto es muy difícil de explicar.

Hemos de contar, por supuesto, con la respuesta desabrida de la derecha y sus altavoces. Son especialistas en el arte imposible del soplar y el sorber a un tiempo. Cada mañana reprochan al Gobierno la magnitud del gasto y del déficit. Y cada tarde reclaman más y más gasto sectorialmente en ferrocarriles, en carreteras, en viviendas públicas, en ayudas a la dependencia, en financiación autonómica… Sus fórmulas de menos impuestos y menos regulación nos han llevado a donde nos han llevado. Centrémonos en la responsabilidad de hacer lo preciso para sacar al país de esta situación, más allá de críticas oportunistas y demagógicas, y más allá de los teóricos del fracaso liberal.

Esta reforma sí que importa.

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Sudoku

Hace unos meses se planteaban dos escenarios factibles para despejar esta incógnita paralizante en el panorama político y económico. Felipe González, entre otros, propuso un consenso para prorrogar el sistema vigente y aplazar la definición del nuevo sistema hasta que remitiera el contexto de recesión económica. Otros, por el contrario, argumentaban que ahora más que nunca, precisamente, se necesita de un sistema de distribución de recursos públicos eficaz que reflejara la nueva realidad estatutaria. Es evidente que ha primado el segundo escenario. Ahora solo cabe ya afrontar la recta final y concluirlo de la mejor manera posible.

El proceso se está afrontando en dos planos aparentemente compatibles pero realmente contradictorios. En los discursos nadie se aleja de los parámetros políticamente correctos: aplicación de los principios de suficiencia, corresponsabilidad fiscal, solidaridad, cohesión, etc. Los matices se perciben en los énfasis. Hay quienes enfatizan el criterio de la población sobre el de la dispersión o el envejecimiento, sin dejar de mencionar ambos. Y hay quienes priorizan el aspecto insular, orográfico o las características especiales de la población sobre el número de habitantes a atender, sin olvidarse restar importancia a ninguno de ellos. Sin embargo, las dentelladas se producen sin matiz alguno en cuanto aparecen las cifras. Con los números se desnudan los principios y se olvidan los discursos.

El objetivo último de este proceso consiste en salvar el interés general. Al conjunto del Estado y a la sociedad española le importan un sistema de financiación autonómica que permita a las administraciones cumplir con sus responsabilidades de una manera suficiente y funcional, y que a la vez garantice el ejercicio de los valores constitucionales de la solidaridad, la cohesión y la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan. Y a este objetivo último y global debieran subordinarse otras metas, más o menos legítimas y de alcance más parcial e inmediato. A ambos lados de la mesa.

En razón a este planteamiento sería conveniente, por ejemplo, resolver tres prejuicios contraproducentes que se hacen presentes con demasiada frecuencia en este tipo de negociaciones. Primero el dramatismo taumatúrgico de las cifras. En ocasiones se plantean los procesos de negociación de tal modo que se identifica la consecución de una cifra determinada (y a menudo aleatoria) con el logro de todos los bienes para un territorio determinado y, al mismo tiempo, se asimila cualquier cifra distinta con todos los males. El esquematismo de este discurso ignora que el Estado tiene otros cauces de inversión para atender las necesidades de la población en todos los territorios y que, además, a veces, a efectos de desarrollo y calidad de vida, importa más cómo se gasta el dinero que cuánto dinero se recibe. En la comunidad madrileña sabemos mucho de esto. Situemos los debates en su justo término, evitando las absurdas cifras-fetiche y relativizando los dramatismos sin justificación.

En segundo instancia sería recomendable acabar con el planteamiento maniqueo del “Madrid contra nosotros y nosotros contra Madrid”. O aún peor: “Corramos más que el territorio de al lado para que no se lleve más que nosotros”. Puede que este tipo de esquemas procure el espejismo del aglutinamiento coyuntural de fuerzas locales en torno al negociador, pero en realidad obstaculiza antes de facilitar el acuerdo necesario. En un escenario de confrontación competitiva siempre pierde alguien. Y en estos procesos, o ganamos todos o no gana nadie.

Tercera cuestión: las matemáticas imposibles. Todas las comunidades autónomas no pueden situar sus expectativas “por encima de la media”. Porque esa pretensión es sencillamente inviable. ¿Por qué esa obsesión por compararse con los demás? Las metas de cada administración deben establecerse en función de sus necesidades y sus objetivos, independientemente de lo que vayan a obtener los demás. Ni todos los territorios tienen la misma población, ni tienen el mismo tipo de población, ni tienen las mismas circunstancias geográficas, económicas y sociales. Unos estarán por encima de la media y otros por debajo, necesariamente. Lo importante es que nadie reciba menos de lo que necesita para cumplir con su responsabilidad y asegurar el principio de la igualdad.

En fin, el sudoku ya es complicado por sí mismo. No añadamos condiciones absurdas o imposibles de cumplir para dificultarlo. Porque o bien no lo resolvemos, o bien acabaremos todos frustrados.

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publico_butacas_vacias_photosLa legislación inminente sobre el sector audiovisual afecta a poderosísimos intereses de naturaleza política, económica y cultural. De ahí el debate intenso que está motivando su elaboración, aún en fase incipiente. Un debate a veces explícito y a veces implícito, pero de extraordinaria presencia e influencia.


El Gobierno proponente y las Cortes legisladoras habrán de tener en cuenta la doble naturaleza de este ámbito tan singular en la redacción de la ley. El mundo de la televisión y sus derivados constituyen un servicio público, con la responsabilidad y los límites que ello conlleva. Pero también se trata de una industria pujante que necesita un marco regulatorio claro, seguro y eficaz para su desarrollo.

Como servicio público, por ejemplo, el legislador tendrá que preservar el interés general en la programación de las televisiones públicas y privadas, asegurando la veracidad y pluralidad de sus servicios informativos, protegiendo a los colectivos más vulnerables, contribuyendo a la promoción de la cultura y los derechos de ciudadanía…

Como industria, por otra parte, la nueva ley deberá cimentar la viabilidad de los proyectos audiovisuales, estimulando la inversión productiva, facilitando la competencia leal, eliminando limitaciones sin fundamento, incorporando las nuevas realidades tecnológicas…

De hecho, según los interlocutores que están participando en la configuración del texto inicial, ya existe bastante consenso en torno al nuevo Consejo Audiovisual que debe velar por la debida aplicación de los principios mencionados, así como en relación a los límites a la publicidad o a la contraprogramación, o la posibilidad de vender y arrendar las licencias televisivas en determinadas condiciones.

Llama la atención, no obstante, la beligerancia con que UTECA, la poderosa asociación de televisiones privadas, está presionando para obtener algunas conquistas. Ya lograron que el Gobierno posibilitara las iniciativas de concentración empresarial que se reivindicaban desde el sector, sin que hasta el momento estas nuevas facilidades hayan sido aprovechadas por los actores televisivos. La prolongada fase del “tanteo” evidencia graves dificultades para superar desencuentros personales, ahormar alianzas inteligentes y asegurar un buen negocio a todos los interesados. Ojalá lo logren.

Otros tres puntos del programa máximo de UTECA merecen algún comentario. Primero la clara ofensiva contra la televisión pública. Es evidente que el liderazgo en audiencias de la televisión de todos ha puesto en evidencia a más de uno, pero no parece propio de quienes se consideran defensores del libre mercado solicitar al regulador que les libre de la competencia más hábil. Hay razones y hay espacio en el sector para una televisión pública. Y hay y habrá defensores para su pervivencia y desarrollo.

Bien es verdad que los defensores de la televisión pública nos vemos en dificultades argumentativas cuando contemplamos determinadas apuestas de programación en la Primera. Léase un concurso de baile con famosos a precio exorbitado, léase un programa de corazón que persigue a exnovias de toreros haciendo preguntas estúpidas, o léase la retransmisión de algunas competiciones deportivas a motor que requieren grandes desembolsos para una rentabilidad social discutible.

La televisión pública es plenamente defendible cuando se orienta a defender el interés general, asegurar la pluralidad informativa y promocionar el desarrollo social y cultural. Máxime cuando su dirección y gestión han alcanzado un grado de autonomía política y de suficiencia financiera sin parangón en nuestra historia. La batalla sobre quién tiene más larga la audiencia debería reservarse para otros lares.

El segundo punto a comentar sobre la postura de UTECA es el fin de la publicidad en las televisiones públicas. A tenor de lo que está ocurriendo en otros países, Francia por ejemplo, algunos dudamos mucho que tal medida acabe favoreciendo el tránsito automático de anunciantes a las televisiones privadas (existen otros ámbitos de rentabilidad publicitaria creciente) e, incluso, puede acabar estimulando el trasvase de los televidentes hartos de cortes publicitarios hacia RTVE. ¿Y por qué debe renunciar el Estado a esta fuente de ingresos para cumplir su obligación de financiar la TV pública sin gravar en demasía al contribuyente?

La tercera reclamación consiste en finiquitar la cuota obligatoria del 5% de sus ganancias para la inversión en cine europeo. Como concesión de servicio público, las TV privadas han de contribuir al objetivo de interés general de promover nuestra cultura. Y como negocio que se beneficia de la creatividad del cine autóctono, han de colaborar en su buena salud.

No parece razonable, en consecuencia, acrecentar la crisis del cine español eliminando esta herramienta. El compromiso del Gobierno con el mundo del cine tampoco autoriza para que aceptemos pulpo como animal de compañía, es decir, que asumamos la rentable inversión de las TV en las series de ficción como sustitutivo de las ayudas obligadas al cine del largometraje, el cortometraje y el documental. Porque todos sabemos que estos géneros son las auténticas especies a proteger. Seguro que pueden encontrarse fórmulas imaginativas para nuevos puntos de encuentro.

El pastel audiovisual aún está en el horno. Espero que no se nos indigeste antes de tiempo.

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