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Archive for the ‘Fiscalidad’ Category

La derecha de PP y Ciudadanos, junto a sus aliados económicos y mediáticos, ha decidido atacar al proyecto presupuestario del Gobierno socialista para 2019 desde dos flancos: las reformas en materia de impuestos y la credibilidad del equilibrio en las cuentas.

¿Por qué lo hacen así? En primer lugar, porque criticar el fuerte aumento del gasto social resultaría muy impopular. Casado y Rivera recortaron durante los últimos años las pensiones públicas, las prestaciones a parados y los capítulos presupuestarios destinados al gasto sanitario, educativo y de dependencia, pero no se atreven a cuestionar ahora de manera abierta la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por revertir esos recortes y mejorar el bienestar de la ciudadanía española.

En segundo lugar, resulta evidente que el debate fiscal es el de más contenido ideológico y el más trascendente en cuanto a la diferencia de modelos sociales que se defienden a derecha e izquierda del arco parlamentario.

La derecha reclama la reducción general de los ingresos públicos, la bajada de impuestos a grandes empresas y contribuyentes, así como la generalización de los impuestos indirectos, que pagamos todos por igual. La izquierda, por el contrario, promueve ingresos públicos suficientes para hacer frente a los objetivos de interés general y una panoplia de impuestos progresivos y justos, para que contribuyan más quienes más ganan, quienes más tienen y quienes más esconden.

El primer debate a dilucidar en relación al capítulo de ingresos presupuestarios tiene que ver con la “excesiva” presión fiscal que soportamos los españoles, según PP y Ciudadanos. Frente a lo que intentan trasladar estos grupos, la presión impositiva en España está muy por debajo de la media vigente en los países que conformamos la zona euro. En el ejercicio 2017, último contabilizado, la presión fiscal en España alcanzó el 34,5% sobre el PIB –incluyendo impuestos y cotizaciones sociales-, mientras que la media de la zona euro se situó en el 41,4%. La subida de ingresos prevista para 2019 apenas reducirá esta diferencia en un punto. Primera falsedad, por tanto.

La segunda denuncia falsa de la derecha habla de que el Gobierno “pretende freír a impuestos a los españoles”. En realidad, el proyecto presupuestario para 2019 plantea una subida de dos puntos en el tipo del IRPF solo para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos para las que superen los 300.000 euros. En el impuesto de sociedades se establece un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y del 18% para la banca y empresas de hidrocarburos, mientras se reduce el tipo de 25% a 23% para las pequeñas empresas.

Se rebaja también el IVA en productos de higiene femenina del 10% al 4%, del 21% al 4% en libros, periódicos y revistas electrónicos, y del 21% al 10% en servicios veterinarios. Se incrementa el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, y se crean nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y los beneficios de las multinacionales de servicios digitales con tendencia a eludir sus obligaciones fiscales. Además, se limitan los pagos en efectivo, se refuerza la lista de morosos y se multiplican los recursos personales y normativos en la prevención y la lucha contra el fraude.

En consecuencia, la política fiscal del Gobierno socialista abunda en la progresividad y la justicia tributaria, haciendo bueno el principio de que han de aportar más quienes más tienen y han de recibir más quienes más necesitan. Debemos ser conscientes de que tal estrategia cuenta con enemigos beligerantes, fundamentalmente aquellos a los que tocará pagar más. Pero esta es la política justa y tanto el Gobierno socialista como su grupo parlamentario la defenderán con todas las consecuencias.

Se hace mucha demagogia respecto a la decisión de reducir la bonificación vigente hasta ahora en el impuesto especial sobre gasóleo. Lo cierto es que esta medida no afectará a los profesionales y los autónomos, que hay razones ambientales y de salud muy bien fundamentadas para aplicarla y que, más allá de exageraciones mal intencionadas, la afección para un conductor medio no superará los tres euros mensuales. Además, la imposición española sobre gasóleos seguirá situándose en la mitad de lo que se grava en Reino Unido e Italia, y muy por debajo de lo que se paga en Francia, Alemania y Portugal.

Por último, también engañan quienes pretenden asustar con el supuesto desequilibrio en las cuentas públicas tras la aplicación de este proyecto presupuestario. Las cuentas cuadraban con la senda de déficit pactada por el Gobierno con la Comisión Europea, que fijaba el 1,8% sobre PIB para 2019; y cuadran también con el 1,3%  al que nos ha forzado el bloqueo parlamentario de la derecha. ¿Cuál será la diferencia? Que las administraciones públicas contarán con 6.000 millones de euros menos para atender las necesidades y retos de la ciudadanía española. En todo caso, cabe recordar que los gobiernos de Rajoy y Montoro jamás cerraron un  ejercicio presupuestario cumpliendo los compromisos oficiales de déficit.

Quienes intentan asustar con el supuesto descuadre de las cuentas son los mismos portavoces políticos, económicos y mediáticos que pronosticaban gravísimas recesiones y terribles pérdidas de empleo con la gestión del Gobierno Sánchez. La realidad está siendo bien diferente, sin embargo. El ejercicio 2018 se ha cerrado con un crecimiento del PIB del 2,5%, a la cabeza de los principales países de Europa, y la última EPA arroja los mejores resultados en más de una década.

¿Un debate sobre impuestos? Cuando y donde quieran.

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El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que el Gobierno socialista ha presentado en el Parlamento es objetivamente el mejor plan presupuestario de la última década, y lo es claramente desde la perspectiva de los derechos de los españoles y las españolas.

El propósito fundamental de este proyecto es el de corregir las injusticias y revertir los recortes que han castigado duramente a las clases medias y trabajadoras durante los siete años de gobierno de la derecha. Se trata de lograr un crecimiento económico justo, que reparta los beneficios de una manera más justa y equitativa.

Se trata de reducir las gravísimas brechas de desigualdad que se han abierto en este tiempo entre capital y trabajo, entre ocupados y parados, entre grandes asalariados y trabajadores pobres, entre hombres y mujeres, entre mayores y jóvenes, entre la ciudad y el campo… Y se trata también de reconstruir buena parte del Estado de Bienestar demolido por las políticas desigualitarias y privatizadoras del PP.

Sin embargo, una parte importante de los actores políticos y mediáticos de la derecha están pervirtiendo tramposamente el debate en torno a los presupuestos para 2019. La trampa deliberada consiste en llevar a cabo una valoración del proyecto circunscrita al capítulo de las inversiones territorializadas, ignorando el grueso del presupuesto, y muy especialmente todos los beneficios sociales que incluye.

Para hacernos una idea de la magnitud de la perversión, baste recordar que el conjunto de la inversión territorializada suma cerca de 17.000 millones de euros, mientras que el total del presupuesto de gasto se aproxima a los 350.000 millones. Tal realidad no obsta para que algunos altavoces de la derecha política y mediática declaren y titulen falsamente sobre los presupuestos en términos de “maltrato”, “agravio”, “desprecio” o “castigo”.

Es decir, a la hora de valorar los presupuestos, estos portavoces de la derecha ignoran dolosamente todos los capítulos relativos al aumento del gasto social y a la ampliación de los derechos de las personas, para criticar el supuesto agravio comparativo entre territorios en las inversiones sobre infraestructuras. Aún más claro: pretenden ocultar los beneficios que estos presupuestos traerán para la ciudadanía, mediante la comparación sobre el número de traviesas o las toneladas de hormigón que se invertirá en cada comunidad, provincia o localidad.

En el paroxismo del absurdo, durante estos días hemos podido escuchar a una portavoz que “los presupuestos son buenos para los gallegos, pero malos para Galicia”. ¿Cómo puede ser esto? Si los presupuestos son buenos, que lo son, para los asalariados, para los pensionistas, para los parados de más de 52 años, para los dependientes, para sus cuidadores, para los becarios, para los investigadores, para los funcionarios públicos, para quienes buscan vivienda, para quienes viven de la cultura, para los jóvenes, para los mayores, para los niños y para las mujeres, definitivamente estos presupuestos son buenos para los españoles y para las españolas. Y son buenos en todos los territorios, independientemente de cuántas rotondas más tendrá nuestro vecino a lo largo de este año.

Los presupuestos para 2019 son buenos para España porque aumentan las pensiones por encima del IPC para todos los pensionistas, y un 3% para quienes perciben las mínimas, y un 7% para las viudas; porque elimina el copago farmacéutico a quienes ingresan menos de 11.200 euros al año; porque aumenta un 60% el gasto en prestaciones para las personas dependientes; porque incrementa un 41% el gasto en vivienda social; porque invierte 80 millones en el bono social térmico; porque 114.000 parados mayores de 52 años recuperan el subsidio vital; porque los funcionarios comienzan a recuperar el poder adquisitivo perdido; porque se incrementa en 20 millones hasta los 220 millones la financiación del pacto contra la violencia de género…

Y además aumenta la inversión en infraestructuras en más de un 40%, distribuyendo territorial y temporalmente los esfuerzos allí donde mejor convienen al interés general. Sabiendo, como hemos de saber, que el interés general pasa porque unos años la inversión en ferrocarril, en carreteras, en puertos o en aeropuertos ha de aumentar más en unos territorios, para hacerlo en mayor medida en otros territorios durante los ejercicios siguientes, porque esa es la lógica de la planificación y la ejecución plurianual de las grandes infraestructuras. Cuando invertimos en una línea ferroviaria, la inversión crece aquí el año que la construcción pasa por nuestro territorio, y decrece el año que se construye en el territorio de al lado.

Los altavoces de la derecha repiten machaconamente un agravio tan falso como malintencionado: el que compara a cada territorio con Cataluña. “Se premia al separatismo” o “Lluvia de millones para los golpistas”, se dice. Solo que es falso, e irresponsable. Es falso porque los “millones” llegan a Cataluña para mejorar la vida de los catalanes y catalanas, que son españoles y españolas con los mismos derechos que los demás. Es mentira porque la inversión territorializada que se plantea para Cataluña responde a una obligación legal, la que aparece en el Estatuto de Autonomía aprobado en las Cortes españolas. Es una falacia, porque la inversión per cápita que llegará a Cataluña (269 euros) apenas supera la media española (261 euros). Y es una irresponsabilidad, porque generando rencor hacia Cataluña nunca superaremos la crisis territorial que arrastramos desde hace demasiado tiempo.

La derecha madrileña se ha empleado duramente en esta estrategia deliberadamente tramposa. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha hablado de “desprecio” a Madrid. El portavoz Osorio ha aludido al viejo mantra del “cero Zapatero”. La consejera Rosalía Gonzalo llega incluso calificar este presupuesto como un “insulto a los madrileños”. Si han pronunciado estas palabras sin leer los presupuestos son poco responsables, y si lo han hecho tras leerlos, son unos manipuladores.

Porque más allá de la realidad de los millones de madrileños pensionistas, asalariados, funcionarios, parados, dependientes, investigadores, becarios, jóvenes y mujeres, que se beneficiarán en la Comunidad de Madrid de estos presupuestos eminentemente sociales, la inversión territorializada para 2019 en esta región se mantiene constante en valores absolutos respecto a 2018, y supera en cerca de 200 millones de euros la media de la inversión que los Gobiernos del PP destinaron en el periodo 2012-2018.

En definitiva, valoremos estos presupuestos justos con justicia. O, al menos, sin trampas ni mentiras.

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El acuerdo suscrito entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, trasciende en su importancia y alcance a un mero pacto para aprobar una ley presupuestaria.

Este acuerdo proporciona al Gobierno socialista una hoja de ruta clara y un apoyo parlamentario muy significativo para llevarla a efecto. Los objetivos pactados son de suficiente enjundia y relevancia como para dar sentido a toda una legislatura

Los contenidos del pacto consolidan las razones que dieron vida a este Gobierno hace poco más de cuatro meses: la regeneración democrática y la reversión de los ajustes sociales emprendidos por las derechas de PP y Ciudadanos con la excusa de la crisis.

Pero, además, la consecución y la escenificación de un acuerdo tan importante envían un mensaje claro a los españoles con ideas progresistas. Las organizaciones políticas de la izquierda española se muestran capaces de simultanear sus legítimas diferencias con la unidad de acción que hace posibles los grandes cambios sociales. Es decir: vamos aprendiendo de la experiencia portuguesa.

Es preciso subrayar el calado de muchas de las medidas pactadas para la consecución de una sociedad más equitativa y más justa. La elevación del salario mínimo profesional y las reformas en el Estatuto de los Trabajadores corregirán en buena medida la precariedad de nuestro mercado laboral.

La mejora en los permisos de maternidad y paternidad, intransferibles ahora, junto al avance en la universalización de la enseñanza entre 0 y 3 años, contribuirán también al bienestar de las familias y a la igualdad real entre mujeres y hombres.

Se introducen igualmente mejoras importantes en la normativa sobre vivienda, a fin de evitar los efectos negativos que sobre muchas familias está teniendo la escalada en los precios de los alquileres. Se plantean nuevas herramientas para defender los intereses de los inquilinos y se promueve la vivienda social.

El acuerdo incluye otras medidas de impacto positivo sobre el bienestar social de los españoles, como la subida de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las becas, la reducción de las tasas universitarias, las nuevas ayudas a las personas en situación de dependencia…

Como es lógico, junto a las decisiones sobre el gasto se plantean también iniciativas relevantes sobre los ingresos públicos. La elevación del tipo efectivo en el impuesto de sociedades, el gravamen sobre las grandes rentas y fortunas, la imposición sobre transacciones financieras y el negocio tecnológico, la persecución del fraude…

Se trata de transformar la política fiscal en el sentido de la progresividad y la justicia tributaria. Sin subir impuestos a trabajadores, clases medias y autónomos modestos. Para que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden.

Tras la consecución de este acuerdo importante, aún quedará mucho por hacer. Tenemos que salvar el bloqueo de las derechas en la Mesa del Congreso, para eliminar a su vez la anomalía del veto senatorial sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria. Hemos de aprobar después este nuevo margen financiero para disponer de 6000 millones de euros extras en el proyecto de presupuestos. Y hay que construir la mayoría necesaria para sacarlos adelante en las Cortes…

Nadie dijo que esto sería fácil. Pero el acuerdo suscrito entre el Gobierno socialista y Podemos ofrece esperanzas renovadas para seguir haciendo país, un país más justo.

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Conforme se aproximan las campañas electorales van multiplicándose los reclamos del voto con contenido fiscal. Rivera anuncia la rebaja impositiva como “condición” para respaldar los Presupuestos Generales del Estado. Cifuentes se adelanta a su socio naranja proclamando nuevas reducciones en la imposición sobre renta, sucesiones y transmisiones patrimoniales. Los gobiernos autonómicos compiten en recortes de impuestos. Hasta Rajoy hace un guiño fiscal a los pensionistas enfadados por la pérdida de su poder adquisitivo.

Tales reclamos constituyen normalmente una incoherencia grave para sus autores, por cuanto en la mayor parte de los casos suele tratarse de dirigentes políticos que hacen discursos permanentes en demanda de más recursos para ejercer sus competencias. Pero, además de incoherentes, suelen resultar también del todo irresponsables, ya que las rebajas impositivas reducen sus capacidades para financiar políticas públicas con las que hacer frente a las necesidades y demandas de las comunidades que gobiernan o aspiran a gobernar.

Las promesas de rebajas fiscales pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado están aquellos que prometen menos impuestos aún a costa de reducir gastos, y por otro lado están quienes pretenden garantizar menos impuestos y más gastos a la vez. Los primeros hacen daño, los segundos engañan.

Es legítimo plantear a la ciudadanía una reducción global de los ingresos fiscales cuando se explica que tal decisión conlleva a su vez una merma en la capacidad de gasto y, por tanto, de las políticas públicas que atienden las necesidades sociales. Es el discurso neoliberal de “el dinero está mejor en el bolsillo de la gente”, que equivale al “cada cual se las apañe” y “sálvese el que pueda”. Menos ingresos y menos gasto público implican sociedades en las que cada ciudadano y cada ciudadana satisfacen sus necesidades y demandas, de educación, de sanidad, de servicios sociales, por ejemplo, en función de sus propias condiciones económicas. Son sociedades profundamente desiguales.

También resulta legítimo, desde luego, plantear el mantenimiento, incluso el aumento de los ingresos fiscales a fin de mejorar así las capacidades de la sociedad para promover el bienestar colectivo. Y tal aumento puede resultar de una fiscalidad progresiva, en la que paguen menos quienes menos tienen y ganan, y en la que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden. Hablamos ahora del discurso progresista o socialdemócrata que apuesta por sociedades equitativas, cohesionadas y justas, en las que la acción pública promueve la igualdad de oportunidades y no abandona a su suerte a los menos afortunados.

Sin embargo, lo que no resulta legítimo es prometer al mismo tiempo reducciones generalizadas de impuestos y aumentos generalizados del gasto. Porque esto equivale a engañar a la ciudadanía. El engaño puede camuflarse durante un tiempo a base de incrementar la deuda, o derivando culpas a otras instancias, léase el Estado, léase Europa o léase cualquier otra coartada. También pueden esgrimirse argumentos pre-científicos, como la famosa “curva de Laffer”, equivalente al milagro evangélico del pan y los peces. Pero el engaño, engaño es, y así acaba poniéndose en evidencia, a veces dolorosamente para el conjunto.

España cuenta con unos ingresos públicos que representan algo más del 38% de su PIB (2016), por el 45% de Alemania, el 51% de Bélgica o el 53% de Francia. Mientras tanto, nuestro gasto público sobre PIB alcanza el 42%, por el 44% de Alemania, el 53% de Bélgica y el 56% de Francia, por continuar con los mismos ejemplos de nuestro entorno europeo.

Por tanto, quienes en nuestro país planteen nuevas bajadas de impuestos, en realidad están proponiendo reducir unos ingresos públicos muy mermados ya respecto a la mayoría de los países europeos. Y a menores ingresos, menores gastos públicos, claro está. A no ser que se esté planteando un aumento significativo del déficit público, lo que nos situaría fuera de la disciplina presupuestaria de la Unión Europea.

Rajoy y Montoro, por ejemplo, decidieron en el año 2015 imponer una reforma fiscal con grandes ventajas para el 10% de las rentas más altas del país. Esta rebaja fiscal está suponiendo una merma de 13.000 millones anuales en los ingresos públicos, con los que se podría haber hecho frente a la subida de las pensiones conforme al IPC, al aumento del presupuesto en ciencia e investigación, la mejora de las becas recortadas o la atención a los 300.000 dependientes en lista de espera.

Se trata de una opción ideológica, tan legítima como censurable. Pero que debe aclararse a la ciudadanía cuando se lanzan reclamos electoralistas en forma de rebaja fiscal. Porque la rebaja fiscal supone para la gran mayoría un pequeño alivio momentáneo, si acaso, y una frustración profunda y duradera por la insuficiencia financiera de las políticas públicas.

Especialmente llamativa resulta la competición que PP y Ciudadanos mantienen en el Parlamento nacional y en varias comunidades a cuenta de las rebajas fiscales. Cifuentes se ha adelantado en Madrid a su media naranja prometiendo grandes rebajas en el tramo autonómico del IRPF, en sucesiones para parientes alejados y en transmisiones patrimoniales. Serán cientos de millones de euros perdidos para las arcas públicas. Pero este anuncio se hace al tiempo que se reivindican más recursos del Estado en el reparto de la financiación autonómica, y mientras la ciudadanía madrileña padece la peor financiación por habitante en sanidad, educación y servicios sociales.

Desde luego, la suficiencia no ha de ser el único principio con el que aplicar una política fiscal adecuada. También han de contar la progresividad y la eficacia recaudatoria, acotando elusiones y fraudes. La armonización fiscal en España respecto a sus tributaciones autonómicas, y en Europa respecto a sus Estados, constituye también un objetivo ineludible.

Pero ahora que se va a acercando la campaña autonómica y municipal, conviene alertar a la ciudadanía ante el daño y el engaño de la rebaja fiscal. Como dicta el refrán, pan para hoy y hambre para muchos mañanas.

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