DEPARDIEU Y LA CONCIENCIA FISCAL

Una de las grandes paradojas de la ortodoxia económica de este tiempo consiste en defender el equilibrio de las cuentas públicas como un mandato cuasi religioso y, a la par, estimular la laxitud en la llamada conciencia fiscal. Resulta evidente que el saneamiento de los presupuestos públicos depende de dos factores por igual: la austeridad en el gasto y la suficiencia en el ingreso. Sin embargo, el rigor en la exigencia del primero se corresponde con la permisividad irracional en el incumplimiento del segundo.

Los principales gurús del capitalismo especulativo festejan la rebelión fiscal del actor millonario Gerard Depardieu, que ha decidido autoexiliarse de Francia para no pagar los impuestos establecidos por el Gobierno socialista para las grandes fortunas. Depardieu y otros grandes acumuladores de riqueza, como el controvertido Arnault, descalifican el sistema fiscal de su país como “confiscatorio”.

La campaña contra los impuestos franceses coincide con una ofensiva orquestada a escala europea y liderada en España por la Fundación Impuestos y Competitividad, que augura grandes catástrofes para la economía en caso de instaurarse la llamada Tasa Tobin, o la imposición sobre las transacciones financieras especulativas. La financiación de las empresas y de las familias, dicen, se verá reducida en más de un 30%.

El propio Gobierno español acaba de forzar la aprobación de una ley que impide a las Comunidades Autónomas seguir cobrando impuestos a los depósitos bancarios, “porque pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero”, con el agravante de que deberá compensar a los territorios, con los impuestos de todos los ciudadanos, por la merma de sus ingresos. Debe ser que la estabilidad de los contribuyentes habituales no corre ningún riesgo.

A la par, la llamada “lista Lagarde” o la “lista Falciani”, con los nombres de los grandes defraudadores fiscales que esconden su dinero criminal en los bancos suizos sigue sin hacerse pública, y los culpables de robar cantidades inmensas al fisco parecen completamente a salvo. Es más, ni la Unión Europa ni ninguno de sus Estados ha planteado un conflicto diplomático ante el país helvético por lucrarse del latrocinio que se perpetra sobre las arcas públicas de sus vecinos.

Además, conocemos en estos días el resultado de la declaración de la renta del otrora empresario modelo Gerardo Díaz Ferrán durante el ejercicio fiscal 2010. Al parecer, mientras acumulaba yates y aviones privados, su declaración le salía incomprensiblemente “a devolver”. Lo que resulta coherente con la disposición del ministro Montoro para amnistiar a los tenedores de dinero negro, con la módica compensación negociable del 10% de lo robado.

Las empresas más emblemáticas del momento, además, se vanaglorian de poner en marcha estrategias fiscales que les permiten no pagar impuestos en ningún sitio, o pagar cantidades irrisorias. Las Apple o las Google se las ingenian para facturar de unas sucursales a otras a fin de pagar al fisco nacional que mejor oferta les haga, ante la indiferencia general. Mientras tanto, las castigadas rentas de los asalariados de clase media y baja siguen sosteniendo mal que bien el sacrosanto equilibrio de las cuentas públicas.

Todas las noticias apuntan en el mismo sentido. Rigor en el gasto. Laxitud en el ingreso. Sacrificio para quienes necesitan de la solidaridad colectiva, y egoísmo por parte de quienes han de contribuir en mayor medida a la caja común. Y algo de culpa tiene la izquierda en tal estado de opinión, porque entre los muchos contrabandos ideológicos que ha asumido con gran irresponsabilidad está aquél que defiende los impuestos bajos “para estimular la economía”. Porque no: la economía no se estimula con impuestos bajos. Lo que se estimula es la codicia de los más pudientes. Y lo que se estimula es la desigualdad social.

En consecuencia, uno de los grandes retos que tiene la izquierda española y europea por delante consiste en establecer una conciencia fiscal fuerte y justa. Sin ingresos suficientes no hay Estado de Bienestar, ni políticas públicas que aseguren progreso y desarrollo. Sin impuestos progresivos no hay justicia social. Sin una fiscalidad justa no habrá oportunidades para atajar las desigualdades crecientes. Pero es más, sin unos ingresos fiscales suficientes y progresivos tampoco habrá crecimiento económico equilibrado y cuentas públicas saneadas.

Si los Depardieu, los Arnault y otros millonarios egoístas se empeñan en desafiar a los Estados y sus sistemas fiscales, hagámosles saber que no vamos a dar un paso atrás. Una cosa es aceptar la economía de libre mercado, y otra cosa bien distinta es comulgar con la sempiterna intención de los más pudientes por acumular riquezas a costa de la miseria general.