Con estas líneas pretendemos expresar nuestra solidaridad con los periodistas Daniel Anido y Rodolfo Irago, recientemente condenados a penas de cárcel e inhabilitación por ejercer eficazmente su responsabilidad como profesionales de la información durante los días del verano de 2003 en que se desarrolló uno de los mayores atentados perpetrados en nuestro país contra el sistema democrático.
En un Estado de Derecho, todas las decisiones judiciales merecen respeto y acatamiento. Sin embargo, algunas resoluciones de la judicatura deben ser objeto también de una consideración crítica respetuosa y leal. De hecho, la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid contra los periodistas mencionados, ha de ser considerada a nuestro juicio como una sentencia injusta, desmesurada y paradójica.
La resolución judicial reconoce que Daniel Anido y Rodolfo Irago hicieron su trabajo y lo hicieron bien. La información que elaboraron y transmitieron era “veraz”, y atendía a un “hecho noticiable” sobre el que “la ciudadanía tenía derecho a estar informada”. La original interpretación que el Juez hace de Internet como un medio ajeno a la aplicación del derecho a la información, no debería sobreponerse a la libertad de expresión e información que garantiza el artículo 20 de nuestra Constitución.
La pena establecida resulta, además, de una dureza extrema y difícil de entender. Un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer la profesión de periodistas, una multa de 18.000 euros y una indemnización de 130.000 euros, debe considerarse un “castigo” desmesurado para dos personas que se limitaron a cumplir con su obligación profesional y cívica.
Desde luego, hemos de considerar como una paradoja dramática el hecho de que los únicos procesados y condenados hasta el momento por el “caso Tamayo” sean precisamente dos de los periodistas que más han hecho por dar a conocer la verdad sobre una operación fraudulenta, que frustró el Gobierno elegido por la mayoría de los ciudadanos madrileños para su Comunidad en las elecciones de mayo de 2003. A día de hoy, dos profesionales honestos de la información corren riesgo de ingresar en la cárcel, mientras los corruptos y sus corruptores pasean su impunidad con plena libertad.
Sirvan estas líneas para reiterar nuestro agradecimiento a Daniel Anido, a Rodolfo Irago y, con ellos, a cuantos periodistas trabajaron aquel verano fatídico y aún trabajan de forma comprometida con la verdad y la auténtica Justicia.
Y, a pesar de todo, hagamos un nuevo voto de confianza en nuestro Estado de Derecho y su sistema judicial para que esta injusticia sea debidamente corregida, para que el honor y la profesionalidad de sus damnificados sean reconocidos sin tacha, y para que, algún día al menos, los auténticos culpables de aquella fechoría reciban la condena que merecen.
Rafael Simancas. Candidato PSOE a la Presidencia de la CAM- Elecciones 2003.
Fausto Fernández. Candidato IU a la Presidencia de la CAM- Elecciones 2003.
Blog de Rafael Simancas 
No sé si se puede esperar mucho de una justicia decimonómica, caduca, obsoleta, que dicta esta sentencia, que archivó, sin investigar, el «Tamayazo», que dice que Internet ¡no es un medio de comunicación¡, que admite a trámite una denuncia de Falange Española contra el juez Garzón por investigar los asesinatos durante la Guerra Civil y el Franquismo……… etc. etc.