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Archive for 26 julio 2019

La mayoría formada por las tres derechas, Unidas Podemos y el independentismo más intransigente ha arrojado el país al bloqueo institucional, ha traicionado el interés general de los españoles y ha dado la espalda a la voluntad democrática de la ciudadanía, expresada de manera clara y recurrente entre el 28 de abril y el 26 de mayo.

Los españoles y las españolas no tienen hoy el Gobierno socialista que votaron, que necesitan y que merecen, por dos razones: por la ambición desmedida e irreal de Podemos por los cargos; y por la irresponsabilidad de la derecha, que ha vuelto a anteponer su interés por dañar al PSOE sobre su deber patriótico de posibilitar que haya Gobierno en España.

En democracia, ante una sesión de investidura solo caben tres posiciones legítimas: votar al candidato propuesto por el Jefe del Estado; articular una alternativa; o hacerse a un lado, permitiendo que salga adelante la única alternativa posible. El bloqueo, la ingobernabilidad, el boicot a la decisión democrática de los ciudadanos, no es una opción legítima. Sin embargo, esta ha sido la opción elegida por las derechas y Unidas Podemos, lamentablemente.

Lo sucedido durante estos últimos días nos lleva a la conclusión de que Pablo Iglesias nunca tuvo voluntad de llegar a un acuerdo con el PSOE. Todo indica que, en realidad, siempre mantuvo la estrategia evidenciada en 2016, cuando también frustró la investidura de un Presidente progresista. Pareciera que el único propósito permanente de Iglesias es el de evitar un Gobierno presidido por un socialista, aunque la consecuencia sea el riesgo de un Gobierno conservador.

Llegamos a esta conclusión por dos motivos. En primer lugar, nunca quisieron negociar los contenidos de un programa de Gobierno, el “para qué”. Y, en segundo lugar, todos sus planteamientos para la configuración de los equipos de Gobierno eran desmesurados, desproporcionados e irreales. No se puede reclamar la gestión de más de la mitad del gasto social y todos los ingresos del Estado, cuando se es la cuarta fuerza política de la Cámara y no se aporta, ni tan siquiera, valor suficiente para conformar una mayoría absoluta.

No proponían asumir una parte “proporcional” del Gobierno. Al final, ni tan siquiera planteaban un co-gobierno. Querían el Gobierno entero, su columna vertebral. No era un planteamiento realista.

Descalificar como elementos decorativos algunas de las competencias ofertadas por el PSOE, constituye una falta de respeto a los socialistas y, sobre todo, a los españoles que necesitan de la buena gestión de esas competencias para mejorar su vida. Una vicepresidencia social o las políticas de vivienda, de sanidad, de igualdad, de economía social, de cultura, de agricultura, de cooperación exterior… no pueden despreciarse cuando se intenta negociar en serio un gobierno de coalición.

Primero nos reprocharon que las ofertas programáticas no eran lo suficientemente de izquierdas, y confirmamos nuestra disposición a subir el salario mínimo y derogar la reforma laboral. Después reclamaron colaborar en el Gobierno, y se les ofreció un Gobierno de cooperación. Más tarde pidieron que la cooperación se convirtiera en coalición, y se cedió para que fuera así. Exigieron una vicepresidencia para su portavoz parlamentaria, y también se respondió positivamente. Y, al final, se demostró que lo que querían era el Gobierno entero. Y ahí ya no se pudo ceder.

¿Y ahora? Ahora ya no hay candidato con encargo del Jefe del Estado. Pedro Sánchez dejó de ser candidato en la tarde del día 25. Ahora se abre el proceso institucional que establece el artículo 99 de la Constitución. Ya lo advertimos.

La situación es grave, pero hay salidas y vamos a trabajar duro para hacerlas realidad. El candidato ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, se pondrá en contacto con los líderes de los otros tres grandes grupos parlamentarios del Congreso, para que asuman su responsabilidad y contribuyan a desbloquear la formación de Gobierno en España. La ciudadanía hizo su trabajo, votó y encargó al PSOE liderar un Gobierno progresista, coherente y eficaz. Ahora corresponde a los representantes políticos de esa ciudadanía cumplir con su parte.

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No soy partidario de banalizar términos con una significación social relevante, como lo es, por desgracia, Herri Batasuna, organización terrorista vinculada a la banda ETA que ocasionó cerca de mil víctimas mortales durante más de cuarenta años en España. No obstante, ha sido y es tal el abuso que los portavoces de Ciudadanos hacen de la expresión “batasuna”, “batasunos” o “batasunizar”, con ánimo siempre de zaherir a sus adversarios políticos, que merece la pena analizar hasta qué punto son ellos mismos los que merecen ser aludidos con tales palabras.

Rivera, Arrimadas y compañía no utilizan el término batasuna o batasuno para aludir a criminales asesinos o cómplices de asesinos, lo que sería más preciso, sino para señalar a quienes ellos consideran gentes sectarias, radicales o intolerantes en sus pronunciamientos públicos. Últimamente, ellos mismos y sus entornos mediáticos se han referido con tales adjetivos, por ejemplo, a los socios del PSOE para la conformación del Gobierno autonómico de Navarra –Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezquerra- o a algunos de los participantes en la manifestación del Orgullo LGTBI.

La gran paradoja consiste en que el partido más radicalmente descalificador y crispador de la política española es hoy precisamente Ciudadanos. Lo curioso es que no hay portavoces políticos en este país que utilicen agresiones verbales y descalificaciones más hirientes que Rivera y Arrimadas. Mientras la portavoz parlamentaria del partido naranja denunciaba falsamente a Fernando Grande-Marlaska por “incitar al odio” y “ponernos una diana en la espalda”, tras advertir tan solo el ministro de las consecuencias políticas que tendrán los acuerdos de esta formación con la extrema derecha, muchos teníamos presente la infinidad de infamias insultantes que esta señora ha dedicado a sus contrincantes políticos en los últimos tiempos.

La señora Arrimadas ha acusado al PSOE falsamente de pactar con pro-etarras, de negociar presupuestos en las cárceles, de alquilar el uso del Falcon con indultos a delincuentes, de romper España mil veces y hasta de “ponerse a cuatro patas delante de los independentistas”. Diversos portavoces de Ciudadanos han hablado de que el PSOE “vende Navarra al independentismo” e, incluso, de que “traiciona a sus muertos”. Resulta ridículo que quien denigra de manera tan indigna a sus adversarios políticos, intente aparecer ante la opinión pública como víctima de radicalidades y exabruptos. El ministro Marlaska, al lado de Inés Arrimadas, es Santa Teresa de Calcuta resucitada.

A menudo, Ciudadanos utiliza estas prácticas de sobre actuación y de matonismo verbal para desviar la atención mediática sobre cuestiones que le generan problemas, en su propia organización y ante sus electores. Insultan más conforme más disidentes aparecen en sus filas, especialmente cuando esos críticos se corresponden con miembros fundadores y referencias del discurso más centrado y moderado en la formación. Las descalificaciones y los insultos crecen de manera directamente proporcional a la publicación de imágenes, fotografías y documentos que prueban sin lugar a dudas la disposición del otrora partido regenerador a pactar con la extrema derecha más rancia, machista, xenófoba y anti-europea. A más imágenes de Aguado con Monasterio, más exabruptos de Arrimadas. Es automático.

Todos hemos podido leer en los informes que aprueba el Consejo General de Ciudadanos, además, cómo consideran un “éxito” con gran “rédito mediático” cada “acto especial” en el que logran aparecer como víctimas “defensoras de la libertad”, sea en Rentería, en el pueblo de Josu Ternera o, siguiendo la misma lógica, en las manifestaciones del Orgullo.

El colmo de la hipocresía ha llegado con las denuncias de Ciudadanos sobre el supuesto “bloqueo” del Parlamento, el “Gobierno descontrolado” y las inexistentes maniobras de Meritxell Batet para proteger al Presidente Sánchez a costa del funcionamiento reglamentario del Congreso.

En primer lugar, cabe recordar que el bloqueo más descarado, grave y fraudulento del Congreso de los Diputados se produjo durante la Legislatura XII, cuando Ciudadanos y PP se aliaban en la Mesa para paralizar arteramente la tramitación de decenas de leyes respaldadas por la mayoría de los españoles representados en el Pleno. La ciudadanía española no cuenta hoy con una ley que garantice el poder adquisitivo de las pensiones, una ley de eutanasia o la reforma legal que despenalice los piquetes, porque el partido de Rivera y Arrimadas vulneraron la Constitución Española y las normas más elementales de la democracia parlamentaria. Eso era bloqueo.

En segundo lugar, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, a diferencia del Gobierno del PP que respaldaba Ciudadanos, se somete regularmente a control parlamentario a través de las preguntas escritas y las solicitudes de información y documentación de los diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios. Cerca de 400 preguntas y requerimientos de información están siendo contestadas ya en estos días por el Gobierno presuntamente “descontrolado”, según Arrimadas.

La portavoz del partido naranja también suele hablar, sin saber de lo que habla, sobre la necesidad de constituir la Diputación Permanente y las comisiones, “para ejercer el control constitucionalmente obligado sobre el Gobierno”. También exige a Batet, siempre de malos modos, que convoque de inmediato un “Pleno de control”. En realidad, la Diputación Permanente no es un órgano de control al Gobierno, por la sencilla razón de que el Gobierno no forma parte de este órgano. Las comisiones no se pueden constituir aún, porque la decisión sobre no contabilizar a los diputados presos suspendidos no es firme. Y Batet, precisamente, es la única autoridad que ahora no puede convocar un “Pleno de control”. Sí podría hacerlo la propia señora Arrimadas, si lograra juntar 176 firmas de diputados, y si se leyera el Reglamento del Congreso antes de reclamar lo que no puede reclamar y antes insultar a todo el que se le pone por delante.

Si Rivera y Arrimadas quieren encontrar comportamientos fraudulentos en las presidencias parlamentarias, debieran dirigir su atención a la presidencia de la Asamblea de Madrid, ocupada hoy por un correligionario suyo merced a los votos de la extrema derecha. El Presidente del Parlamento de la Comunidad de Madrid ha decidido, prevaricando a mi juicio, no proponer como candidato a la presidencia de la Comunidad a Ángel Gabilondo, el ganador de las elecciones autonómicas, que además cuenta con el apoyo de tres grupos parlamentarios. Esto sí que es fraude parlamentario.

En todo caso, que formulen denuncias retóricas sobre radicalidad aquellos que toman café, negocian y pactan con la extrema derecha machista, xenófoba, anti-europea y nostálgica del franquismo, resulta más propio de los programas de humor que del debate político serio.

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La gran mayoría de los analistas que han tratado sobre el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) centraron su atención tan solo en los datos relativos a la intención de voto. Sin embargo, el informe del CIS ofrece resultados de gran interés social y político en torno a la problemática de la vivienda en España.

El acceso a la vivienda forma parte de los siete problemas más graves del país, según opina la población española en general. Entre los jóvenes de 25 a 34 años constituye, además, el primer problema tras el paro y la precariedad laboral.

De hecho, la dificultad para acceder a una vivienda digna se encuentra en la raíz de otras graves problemáticas que afectan a nuestra juventud, y que han sido objeto de tratamiento científico durante los últimos tiempos. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el último informe FOESSA sobre la creciente exclusión social entre los jóvenes, así como en los recientes estudios del Instituto Nacional de Estadística acerca del retraso paulatino en la emancipación, la nupcialidad y la paternidad/maternidad de la juventud española.

La problemática juvenil en relación a la vivienda tiene consecuencias que van más allá, incluso, de las graves limitaciones económicas, de la precariedad social lastimosa o de la muy preocupante evolución de la pirámide demográfica en España. La imposibilidad práctica de acceder a una vivienda digna, y la consiguiente dificultad extrema para iniciar una vida autónoma, están conduciendo inexorablemente a muchos jóvenes a la desafección hacia el propio sistema político democrático.

En consecuencia, el conjunto de las instituciones públicas -desde los partidos hasta las organizaciones empresariales y sindicales, desde el Gobierno nacional hasta el Parlamento, pasando por autonomías y ayuntamientos-, debieran implicarse en un gran acuerdo social y político para mejorar el acceso de nuestros jóvenes a una vivienda digna. Este acuerdo ha de implicar iniciativa política, legislación adecuada y recursos suficientes para lograr efectos positivos a corto plazo. La legislatura que comienza debiera ser la legislatura del derecho a la vivienda.

Los datos de CIS son concluyentes: el 90,2% de la población española -que se eleva al 93,7% entre los jóvenes de 18 a 24 años, y al 94,3% entre los que suman entre 25 y 34 años-, opinan que la vivienda es un derecho de la ciudadanía a proteger de manera activa por el Gobierno.

El propio estudio avanza las soluciones que cuentan con mayor respaldo social: la construcción de un parque público de viviendas en alquiler; la disposición de créditos públicos ventajosos para la compra de vivienda; la limitación de los precios de los alquileres; las ayudas públicas directas para los inquilinos de viviendas en alquiler; el establecimiento de ventajas fiscales para esos mismos inquilinos…

En una de sus últimas medidas antes de disolver las Cortes, el Gobierno socialista logró aprobar un decreto ley que promovía medidas muy interesantes, como la ampliación de los periodos de vigencia en los contratos de alquiler y la limitación de las fianzas impuestas por los arrendadores.  Sin embargo, afrontar esta grave problemática con auténtica ambición exigirá de medidas añadidas, que han de implicar necesariamente a otras administraciones.

El imprescindible acuerdo nacional para la accesibilidad de los jóvenes a la vivienda requerirá de la habilitación de suelo público para construir vivienda social, así como del concurso de las administraciones municipales y autonómicas para modificar en este sentido los planeamientos urbanísticos. Será necesaria la complicidad de parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y administraciones municipales para adaptar leyes, ordenanzas y presupuestos a este fin. Habremos de priorizar las políticas de vivienda en los presupuestos generales del Estado para los próximos ejercicios…

La resolución de este problema está muy relacionada con la solución debida para otras dificultades tan o más relevantes, como los niveles insoportables de desempleo juvenil, la precariedad de los contratos laborales de los jóvenes, la alta temporalidad, los salarios insuficientes…

Y tendremos que enfrentarnos con determinación a los poderes económicos que aún hacen de la especulación urbanística y del mercado libre de la vivienda una veta formidable de negocio, en demasiadas ocasiones a costa del bienestar y los legítimos proyectos vitales de millones de jóvenes.

Si queremos que los jóvenes sientan respeto, apego y complicidad con el sistema socioeconómico y político que les ofrecemos, hemos de atender a su llamada de auxilio en relación a la vivienda. Tal llamada está al alcance de los ojos y los oídos de todos los que se aproximen al último estudio del CIS con ánimo de ir más allá de los atractivos datos de intención de voto.

Una razón más que constituir el Gobierno que han votado los españoles. Cuanto antes.

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