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Archive for 22 febrero 2019

Como todos saben, Michael Ignatieff es un prestigioso politólogo de la Universidad de Harvard al que el Partido Liberal canadiense convenció un día para pasar de las musas al teatro; esto es, de la placidez teórica de los seminarios a la batalla cruenta de las elecciones. No tardó mucho en volver a las aulas, como era de esperar. Pero de aquella experiencia surgió un libro de gran interés para quienes solemos flirtear con ambos mundos de la política, el teórico y el práctico: “Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política”.

En este libro, Ignatieff describe algunas de las técnicas más habitualmente utilizadas en la competencia entre contendientes de la brega electoral. Muchas de ellas, a pesar de haber dedicado buena parte de su vida profesional al estudio de las relaciones políticas, tan solo acertó a conocerlas bien en el momento en que fueron aplicadas sobre sus propias carnes. De estas técnicas de batalla electoral, el canadiense destaca una sobre las demás por su radicalidad. Es lo que él llama “negar al adversario el derecho a ser escuchado”.

No se trata de rebatir las ideas o las propuestas del oponente, sino de impedir siquiera que el oponente tenga la oportunidad de exponerlas y hacerlas valer. Esta técnica parte de la premisa de que, en términos electorales, resulta más eficaz descalificar al contrario que contrastar sus mensajes con los propios.

Hay varias maneras de hacerlo. La más fácil y directa consiste en destruir la reputación del adversario. Dañando su prestigio personal, cuestionando su moralidad, se deslegitima su capacidad para hacer propuesta alguna que merezca ser escuchada. También se puede descalificar de manera radical el posicionamiento político del contendiente, situándole al margen de los grandes consensos sociales. Es la técnica del llamado cordón sanitario: arrojar al contrario fuera de la contienda aceptable.

La derecha española está haciendo uso de esta estrategia que consiste en tratar de deslegitimar y destruir al contrario en lugar de rebatir sus posiciones políticas. Casado y Rivera intentan negar a Pedro Sánchez su derecho a ser escuchado, descalificándole como contendiente legítimo.

Casado le llama “traidor”, “felón” y “presidente ilegítimo”. Rivera le excluye de cualquier acuerdo, porque “España necesita un gobierno constitucionalista”. Ambos dos, además, junto a sus altavoces mediáticos, llevan meses procurando sacarle de la escena con todo tipo de falsas acusaciones relativas a su comportamiento personal, como el falso plagio de su tesis doctoral o la falsa utilización abusiva de los medios oficiales de transporte.

Ninguna de estas acusaciones y ninguno de estos adjetivos puede sustentarse en hecho cierto alguno, pero ambos dirigentes entienden que su reiteración puede ayudarles a tumbar a un adversario político frente al que no logran encontrar críticas o alternativas eficaces.

La estrategia de negar al contrario el derecho a ser escuchado se lleva, además, de lo general a lo particular, en cada uno de los grandes debates de la política nacional.

La derecha no acusa a Pedro Sánchez de proponer un modelo territorial equivocado para el país. Simplemente le acusa de “traicionar”, “humillar” y “arrodillar” al país. No hay un debate entre más o menos centralización de competencias, o entre diferentes modelos de financiación autonómica. No se dan a conocer alternativas a la política de “ley y diálogo” en Cataluña. La derecha solo busca sacar al candidato socialista de la lona por la contundencia grosera de sus descalificaciones sin fundamento, incluso al precio de deteriorar la convivencia.

Tampoco se acusa a Sánchez de plantear una política económica demasiado socialdemócrata o expansiva. Sencillamente se le atribuye la intención de “hundir la economía”, “llevarnos al precipicio del paro masivo” y “dar sablazos a los contribuyentes”. Por tanto, no se contrastan políticas económicas, laborales o fiscales. Se pretende destruir al contrincante con acusaciones sin base alguna, porque la realidad es que en estos nueve meses de mandato socialista la economía ha crecido por encima de la media europea y la EPA arroja récords históricos en creación de empleo.

Lo mismo ocurre en la agenda de la regeneración democrática, porque se ignoran las propuestas de reforma constitucional para eliminar aforamientos, por ejemplo, mientras se acusa falsamente al presidente y sus ministros de comportamientos inmorales. La persecución al presidente del CIS, con todo tipo de insultos, sin querer escuchar sus explicaciones siquiera, resulta paradigmática en este sentido.

Idéntica estrategia se utiliza para la política exterior. Ignorando la tradición del consenso en la defensa de los intereses de España en la escena internacional, la derecha ha lanzado todo tipo de epítetos desaforados e infundados al presidente del Gobierno. Se le ha acusado falsamente de no defender la soberanía española en Gibraltar y de no ser beligerante con el régimen dictatorial de Maduro en Venezuela, por ejemplo, cuando la evidencia constata exactamente lo contrario.

Esta estrategia de la derecha española radicalizada no resultará eficaz para sus propósitos. Por el contrario, el crédito y la confianza de los españoles en Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE no cesan de crecer. Todos los pronósticos colocan al Partido Socialista como opción ganadora en las próximas elecciones generales.

Pero esta estrategia hace daño, al debate político, a nuestras instituciones democráticas, y a la propia convivencia entre españoles y españolas. La derecha tiene derecho, desde luego, a discrepar, criticar y plantear alternativas a la política de Pedro Sánchez y el PSOE. Pero no tiene derecho a socavar las bases de nuestra convivencia constitucional en una deriva radical, irresponsable y contraria al interés general de los españoles.

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La derecha debe una doble disculpa en estos días a los españoles. En primer lugar por haber frustrado la tramitación de unos presupuestos que mejoraban objetivamente la vida de millones de ciudadanos y ciudadanas. Y en segundo lugar por haber quedado al descubierto sus embustes sobre un falso pacto del Gobierno socialista con el independentismo catalán para dar continuidad a la legislatura a cambio de cesiones contrarias a la Constitución.

Casado y Rivera han causado un daño grave a los españoles y españolas en sus condiciones de vida, sumando sus votos a los del soberanismo catalán contra el presupuesto del Gobierno de España. Y ambos dos, junto a su socio franquista, llevan meses procurando radicalizar los conflictos territoriales y acentuando los problemas de convivencia entre españoles, con el propósito mezquino de obtener un rendimiento político y electoral a corto plazo. Deben pedir perdón a los españoles.

A pesar del rechazo de derechistas e independentistas al proyecto del Gobierno, el Partido Socialista puede mirar a los ojos de los españoles con la confianza de haber hecho su trabajo con eficacia y honestidad, tal y como manifestó desde la tribuna del Congreso la portavoz Adriana Lastra.

España necesitaba unos presupuestos que impulsaran un crecimiento económico sólido, moderno, sostenible y justo. Necesitábamos unos presupuestos que revertieran los gravísimos recortes sociales impuestos por la derecha al socaire de la crisis. Necesitábamos unos presupuestos que recuperaran la justicia fiscal, para que pagaran más impuestos quienes más tienen, quienes más ganan y quienes más esconden. Y todo ello desde el rigor y el equilibrio en las cuentas públicas.

Estos son los presupuestos que ha presentado el Gobierno y ha defendido el Grupo Socialista en el Parlamento español. Los motivos de las derechas y los independentistas para rechazarlos nada han tenido que ver con los intereses de los españoles y las españolas. Los primeros los han votado en contra por el ansia de echar al PSOE del Gobierno. Los segundos han primado irresponsablemente sus propios intereses partidarios y las tácticas vinculadas a la ensoñación del proceso separatista.

La votación del día 13 de febrero en el Congreso de los Diputados ha dejado al descubierto también los engaños del PP y Ciudadanos sobre los supuestos pactos ocultos del Gobierno con el independentismo catalán para dar continuidad a esta legislatura. ¿Dónde están esos pactos? ¿Cómo pueden explicar ahora las derechas que los independentistas Tardá y Campuzano han votado junto a Casado y Rivera para tumbar los presupuestos del Gobierno socialista? ¿Cómo van a justificar tantas mentiras?

Las acusaciones, las infamias y las mentiras han sido múltiples y reiteradas por parte de PP y Ciudadanos, desde la propia moción de censura del primero de junio hasta el domingo de la foto de la vergüenza en Colón. Se ha tachado al Gobierno y a su Presidente de traidor, felón e ilegítimo; se les ha acusado falsamente de vender España, de alquilar la Moncloa con cesiones al soberanismo, de humillar a los españoles, de arrodillar a nuestra Constitución y hasta de “ponerse a cuatro patas ante los independentistas”, en frase memorablemente zafia y grosera de la derechista Arrimadas.

Se trataba de engaños flagrantes, dolosos e irresponsables. Han sido engaños porque no respondían a verdad alguna. Jamás el Gobierno de España entró ni tan siquiera a tener en cuenta o a negociar las reivindicaciones independentistas de reconocimiento del falso derecho de autodeterminación, o la celebración de un referéndum separatista, o la mediación internacional en el conflicto, o la injerencia en las decisiones del Poder Judicial. Nunca.

Los engaños han sido dolosos porque Casado y Rivera eran perfectamente conscientes de sus mentiras. Ellos sabían cabalmente que el Gobierno no estaba haciendo cesión alguna. Y los engaños han sido irresponsables porque han contribuido a resquebrajar aún más la convivencia entre ciudadanos y ciudadanas, en Cataluña y en el resto de España. Con el afán de zaherir al Gobierno y obtener rendimiento electoral, no han dudado en llamar a la movilización de la ciudadanía en defensa de España y de su unidad, cuando no eran sino ellos mismos quienes le causaban daño.

La mejor prueba de sus engaños y falsedades está en la votación del día 13: derechistas e independentistas coaligados contra los presupuestos del Gobiernos socialista, anteponiendo sus cálculos electorales a los intereses de los catalanes y del resto de los españoles.

¿Cuándo explicarán Casado y Rivera a cambio de qué han logrado que los independentistas voten sus enmiendas presupuestarias? ¿Han acordado mantener vivo un conflicto que perjudica a Cataluña y al conjunto de España pero beneficia a las expectativas electorales de unos y otros?

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Es una constante histórica: cada vez que España se la ha jugado de verdad como país, la derecha ha traicionado a los españoles. Ha sucedido así siempre bajo gobierno socialista. Y está ocurriendo nuevamente en estos días. Apenas 48 horas antes de dar comienzo el trascendental juicio a los presuntos delincuentes del separatismo catalán, las derechas de PP, Ciudadanos y Vox convocan concentraciones… contra el Gobierno de España.

Utilizando la burda excusa de un posible “relator” previsto para las reuniones entre los partidos catalanes, Casado, Rivera y Abascal se han lanzado a una demencial carrera de descalificaciones al Presidente del Gobierno: traidor, felón, peligro, ilegítimo… Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que el Gobierno socialista no ha hecho ni hará concesión alguna al separatismo fuera del ordenamiento constitucional. Saben que el Gobierno no quiere y no puede instar a la fiscalía para que cambie su posición en el juicio, y saben que el Gobierno no quiere y no puede negociar referéndum alguno de autodeterminación.

Los dirigentes de las derechas saben perfectamente que la acción del Gobierno no solo es legítima, sino que es la única posible para afrontar con alguna eficacia el problema territorial en Cataluña. Primero, reestablecer la comisión bilateral entre el Gobierno español y el Gobierno autonómico catalán, tal y como mandata la ley, y sin “mediación” alguna. Y segundo, promover una mesa de partidos catalanes para buscar salidas políticas al conflicto, con los “relatores” o “coordinadores” que los partidos consideren de interés. Punto. Diálogo dentro de la ley.

Los españoles tienen cada día más claro dos cosas. Que este problema solo se soluciona dialogando, dentro de la ley, y que tanto en la política catalana como en la política española hay quienes quieren solucionar el problema y hay quienes quieren avivarlo para sacar partido electoral. Casado y Rivera han demostrado estar entre estos últimos, junto a Puigdemont. Están dispuestos a incendiar la convivencia en Cataluña aún más, con tal de obtener unos votos en el resto de España. Esto sí que es traicionar a los españoles.

Ha ocurrido siempre. El primer Gobierno socialista de Felipe González se enfrentó al reto de convencer al país sobre la conveniencia de mantenernos en la Alianza Atlántica, y la derecha traicionó a España llamando a la abstención en aquel referéndum. Años después, cuando el Gobierno de Zapatero peleaba por erradicar el terrorismo de ETA, la derecha traicionó a España haciendo uso electoral de la política antiterrorista, incluidas convocatorias infames en la plaza madrileña de Colón, otra vez.

Tras el triunfo socialista en las elecciones de 2004, la derecha promovió una infamante teoría conspiranoica acerca de la autoría del atentado yihadista del 11-M, acusando prácticamente al PSOE de complicidad con la matanza. En plena crisis financiera, con el país en riesgo de quiebra, y cuando el Gobierno Zapatero tuvo que adoptar las difíciles medidas que exigían los mercados de deuda para mantener nuestro crédito internacional, la derecha traicionó nuevamente a los españoles. Montoro lo explicó muy bien: “Que se hunda España”, aseguró a la diputada canaria Ana Oramas.

Ya en el Gobierno, y mientras imponía los recortes más brutales en materia de empleo, pensiones, educación, sanidad y dependencia, la derecha se entregó a la corrupción sistémica que tuvo que sentenciar la Justicia en el famoso caso Gurtel. Otra traición. Y hace pocas semanas consumaron la traición más dramática: cuarenta años después de muerto el dictador Franco, las derechas de PP y Ciudadanos normalizaban y blanqueaban a los herederos del franquismo, incorporando a las instituciones andaluzas a una fuerza política anti-constitucional, anti-europea, xenófoba y machista.

Pues bien, gracias a la labor de los Gobiernos socialistas se ganó aquel referéndum sobre la Alianza Atlántica, y ETA anunció que dejaba de matar, y España pasó página de la Gurtel, y se están revertiendo los recortes sociales… Y será con un Gobierno socialista en España con el que pueda abrirse paso, por fin, una esperanza de solución para el problema de convivencia que tenemos en Cataluña. Será con un Gobierno socialista, o no será, como siempre que España se la juega.

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La derecha de PP y Ciudadanos, junto a sus aliados económicos y mediáticos, ha decidido atacar al proyecto presupuestario del Gobierno socialista para 2019 desde dos flancos: las reformas en materia de impuestos y la credibilidad del equilibrio en las cuentas.

¿Por qué lo hacen así? En primer lugar, porque criticar el fuerte aumento del gasto social resultaría muy impopular. Casado y Rivera recortaron durante los últimos años las pensiones públicas, las prestaciones a parados y los capítulos presupuestarios destinados al gasto sanitario, educativo y de dependencia, pero no se atreven a cuestionar ahora de manera abierta la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por revertir esos recortes y mejorar el bienestar de la ciudadanía española.

En segundo lugar, resulta evidente que el debate fiscal es el de más contenido ideológico y el más trascendente en cuanto a la diferencia de modelos sociales que se defienden a derecha e izquierda del arco parlamentario.

La derecha reclama la reducción general de los ingresos públicos, la bajada de impuestos a grandes empresas y contribuyentes, así como la generalización de los impuestos indirectos, que pagamos todos por igual. La izquierda, por el contrario, promueve ingresos públicos suficientes para hacer frente a los objetivos de interés general y una panoplia de impuestos progresivos y justos, para que contribuyan más quienes más ganan, quienes más tienen y quienes más esconden.

El primer debate a dilucidar en relación al capítulo de ingresos presupuestarios tiene que ver con la “excesiva” presión fiscal que soportamos los españoles, según PP y Ciudadanos. Frente a lo que intentan trasladar estos grupos, la presión impositiva en España está muy por debajo de la media vigente en los países que conformamos la zona euro. En el ejercicio 2017, último contabilizado, la presión fiscal en España alcanzó el 34,5% sobre el PIB –incluyendo impuestos y cotizaciones sociales-, mientras que la media de la zona euro se situó en el 41,4%. La subida de ingresos prevista para 2019 apenas reducirá esta diferencia en un punto. Primera falsedad, por tanto.

La segunda denuncia falsa de la derecha habla de que el Gobierno “pretende freír a impuestos a los españoles”. En realidad, el proyecto presupuestario para 2019 plantea una subida de dos puntos en el tipo del IRPF solo para rentas superiores a 130.000 euros anuales y de cuatro puntos para las que superen los 300.000 euros. En el impuesto de sociedades se establece un tipo mínimo del 15% para grandes empresas y del 18% para la banca y empresas de hidrocarburos, mientras se reduce el tipo de 25% a 23% para las pequeñas empresas.

Se rebaja también el IVA en productos de higiene femenina del 10% al 4%, del 21% al 4% en libros, periódicos y revistas electrónicos, y del 21% al 10% en servicios veterinarios. Se incrementa el impuesto de patrimonio para las grandes fortunas, y se crean nuevos impuestos que gravan las transacciones financieras y los beneficios de las multinacionales de servicios digitales con tendencia a eludir sus obligaciones fiscales. Además, se limitan los pagos en efectivo, se refuerza la lista de morosos y se multiplican los recursos personales y normativos en la prevención y la lucha contra el fraude.

En consecuencia, la política fiscal del Gobierno socialista abunda en la progresividad y la justicia tributaria, haciendo bueno el principio de que han de aportar más quienes más tienen y han de recibir más quienes más necesitan. Debemos ser conscientes de que tal estrategia cuenta con enemigos beligerantes, fundamentalmente aquellos a los que tocará pagar más. Pero esta es la política justa y tanto el Gobierno socialista como su grupo parlamentario la defenderán con todas las consecuencias.

Se hace mucha demagogia respecto a la decisión de reducir la bonificación vigente hasta ahora en el impuesto especial sobre gasóleo. Lo cierto es que esta medida no afectará a los profesionales y los autónomos, que hay razones ambientales y de salud muy bien fundamentadas para aplicarla y que, más allá de exageraciones mal intencionadas, la afección para un conductor medio no superará los tres euros mensuales. Además, la imposición española sobre gasóleos seguirá situándose en la mitad de lo que se grava en Reino Unido e Italia, y muy por debajo de lo que se paga en Francia, Alemania y Portugal.

Por último, también engañan quienes pretenden asustar con el supuesto desequilibrio en las cuentas públicas tras la aplicación de este proyecto presupuestario. Las cuentas cuadraban con la senda de déficit pactada por el Gobierno con la Comisión Europea, que fijaba el 1,8% sobre PIB para 2019; y cuadran también con el 1,3%  al que nos ha forzado el bloqueo parlamentario de la derecha. ¿Cuál será la diferencia? Que las administraciones públicas contarán con 6.000 millones de euros menos para atender las necesidades y retos de la ciudadanía española. En todo caso, cabe recordar que los gobiernos de Rajoy y Montoro jamás cerraron un  ejercicio presupuestario cumpliendo los compromisos oficiales de déficit.

Quienes intentan asustar con el supuesto descuadre de las cuentas son los mismos portavoces políticos, económicos y mediáticos que pronosticaban gravísimas recesiones y terribles pérdidas de empleo con la gestión del Gobierno Sánchez. La realidad está siendo bien diferente, sin embargo. El ejercicio 2018 se ha cerrado con un crecimiento del PIB del 2,5%, a la cabeza de los principales países de Europa, y la última EPA arroja los mejores resultados en más de una década.

¿Un debate sobre impuestos? Cuando y donde quieran.

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