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Archive for 23 diciembre 2018

En la vida política española se está normalizando el conflicto radicalizado y extremo. No se trata de la diferencia legítima y saludable de pareceres. No se trata tampoco del debate, la polémica o la controversia lógicas en una sociedad plural y democrática. Estamos asumiendo como normal una dinámica de conflictos de gran intensidad, que imposibilita el ejercicio de la política para organizar el espacio público y socava la mismísima convivencia democrática.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por normalizar el debate en torno al problema territorial en Cataluña, los partidarios de la radicalización del conflicto lanzan a diario expresiones como fascistas, golpistas, traidores, opresores, vendidos, presos políticos, expolios… Las sesiones parlamentarias de control al Gobierno se han convertido en un concurso de descalificaciones en las que cada dos minutos y medio se acusa falsamente al ejecutivo de “pactar con filoetarras”, “arrodillarse ante los separatistas” y “vender España”.

El crimen machista sobre la joven Laura Luelmo ha sido utilizado sin ambages ni escrúpulos como arma reprochatoria contra el PSOE por su oposición a la cadena perpetua. Y un debate parlamentario sobre los métodos de estimación de voto en las encuestas del CIS, que debía  transcurrir entre argumentos de carácter científico y técnico, se ha convertido en una cacería con tal ensañamiento hacia su presidente, que el diputado proponente llegó a verter hasta 24 insultos en apenas cinco minutos de intervención en tribuna.

¿Cuál ha sido el proceso que nos ha llevado hasta aquí?

Las ideas se han ido sustituyendo por las identidades. Las ideas son compatibles, complementarias, maleables, perfeccionables, modificables. Las identidades no, al parecer. Las identidades son exclusivas y excluyentes. Una idea se mejora con otra idea. Una identidad se afirma contra otra identidad.

La argumentación se sustituye por la propaganda, y los documentos o las exposiciones por los tuits o los pantallazos de Instagram. Tenemos acceso al mayor caudal de comunicación de la historia, pero cada cual solo habla a su parroquia y solo escucha a su parroquia. Y en cada parroquia se abomina de todos los que no son de la parroquia.

El debate se sustituye por la diatriba, porque el primero requiere conocer y entender al otro para responderle, mientras que la segunda tan solo exige voluntad. Y ya no se rebate la perspectiva del otro, sino a la persona del otro. La política consiste hoy en negar al otro el derecho a ser escuchado.

Los frentes sustituyen a las posiciones. Las posiciones son relativas, cambiantes, intercambiables en función de los hechos y del aprendizaje. Los frentes son férreos, concebidos para la confrontación. El que sabe adaptar su posición es un actor flexible e inteligente. El que se sale del frente es un traidor.

En las instituciones políticas no hay compañeros de distintas filiaciones. Ni tan siquiera existen ya los adversarios políticos que confrontan ideas y posiciones. Ahora hay enemigos. Con el adversario, el diálogo es obligado y el entendimiento es aconsejable. Con el enemigo no vale ni el diálogo ni el entendimiento. O muere él o mueres tú.

Como dijera Unamuno en otro contexto histórico, ya no se trata de convencer, sino de vencer. No se persigue compartir ideas o posiciones con el de enfrente. Ni siquiera se procura ya que el de enfrente asuma tus ideas o posiciones. Se trata de hundir al otro, de borrarlo del mapa político.

No vamos pues hacia sociedades integradas sino hacia sociedades crispadas y fracturadas, y no nos conducimos por la senda de la mejora de la calidad democrática en nuestras instituciones y en nuestros comportamientos. Cada día damos pasos hacia atrás.

No es la primera vez que este escenario se produce en el seno de las democracias occidentales. Durante los años treinta del siglo pasado vivimos episodios semejantes. ¿Y qué nos dice la historia sobre lo que viene después?

Vienen los salvadores y taumaturgos, promoviendo la anti-política, el desmantelamiento de las aburridas instituciones democráticas, el fin de los partidos que solo piensan en ellos mismos, el cuestionamiento de los medios de comunicación que forman parte del sistema, la eliminación de intermediarios y contrapesos estériles, tantos Parlamentos, tantas televisiones públicas…

Entonces llegan los que “hablan claro” aunque no digan nada sensato, los que “mueven el cotarro” aunque no resuelvan ningún problema, los que señalan a los “culpables evidentes” aunque sean falsos culpables, los que plantean “soluciones sencillas” aunque las dificultades sean complejas, los que “dicen aquello que la gente quiere oír” aunque aquello solo procure retrocesos…

¿Y si nos lo pensamos un poco antes de que lleguen los que ya están llegando?

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La derecha española de PP y Ciudadanos ha adoptado una decisión extraordinariamente grave y de gran alcance. Se trata de una decisión que quiebra los cimientos del sistema político vigente durante las cuatro últimas décadas en nuestro país. Cuarenta y tres años después de la muerte del dictador Franco, la derecha que contribuyó al éxito colectivo de la Transición Democrática ha decidido restaurar su nexo con el franquismo.

Este tremendo paso atrás rompe los grandes consensos que dieron vida a la Constitución de 1978 y que han fundamentado nuestra convivencia desde entonces: la democracia, el Estado de Bienestar, la defensa de los derechos humanos, la descentralización política, la igualdad entre hombres y mujeres, la vocación europeísta de España…

La derecha de PP y Ciudadanos, con la inestimable colaboración del independentismo radical, intenta por todos los medios centrar exclusivamente la atención de la opinión pública en el conflicto catalán. Sin embargo, ni los afanes separatistas contrarios a la legalidad, ni el empeño de PP y Ciudadanos por mantener viva la llama del conflicto territorial, han de impedir a la ciudadanía española tener muy en cuenta la gran traición que la derecha está perpetrando sobre nuestra joven democracia.

La conducta de PP y Ciudadanos es una conducta diametralmente opuesta a la adoptada hasta ahora por las fuerzas políticas conservadoras que gobiernan en los grandes Estados europeos, y a los que presuntamente pretendían emular Casado y Rivera. Tanto la CDU de Merkel en Alemania, como la REM de Macron en Francia, al igual que otras formaciones de la derecha democrática europea, como ocurre en Suecia, han excluido tajantemente cualquier pacto con la extrema derecha antieuropea, xenófoba y machista.

En consecuencia, resulta importante conocer expresamente los puntos principales del programa del partido franquista VOX, con el que PP y Ciudadanos pactan en Andalucía.

EL FIN DEL ESTADO DE BIENESTAR

– Supresión del actual sistema de pensiones públicas.

– Supresión de prestaciones en la sanidad pública, como la interrupción del embarazo.

– Negación de asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles.

– Negación de asistencia sanitaria gratuita a residentes con menos de 10 años en España.

– Generalización del cheque escolar en detrimento de la enseñanza pública.

– Reinstauración de tres reválidas franquistas en la enseñanza obligatoria.

ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS A LOS MÁS PUDIENTES

– Supresión del impuesto de patrimonio.

– Supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

– Supresión del impuesto de plusvalía municipal.

– Rebaja del IRPF a rentas de +60.000 euros anuales del 45% al 30%.

– Rebaja del Impuesto de Sociedades del 25% al 20%.

REINSTAURACIÓN DE LA SOCIEDAD PATRIARCAL

– Derogación de la Ley contra la violencia de género y de protección de las víctimas.

– Persecución de las supuestas denuncias falsas por parte de víctimas de violencia de género.

– Supresión de las organizaciones feministas.

– Supresión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

– Supresión de las cuotas que garantizan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.

ACABAR CON EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS

– Supresión del Estado de las Autonomías por ser “políticamente inmanejable y financieramente insostenible”.

– Supresión de todos los Parlamentos autonómicos y sus competencias legislativas y de control.

– Supresión de todas las televisiones autonómicas.

– Gestión centralizada de las competencias en educación, sanidad, política social, justicia… al margen de las especificidades de cada territorio.

MEDIDAS CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

– Derogación de la Ley de Memoria Histórica que reivindica la dignidad de todas las víctimas del franquismo.

– Derogación de la Ley que permite la exhumación del dictador Francisco Franco.

– Instauración de un “Estado unitario” al modo de “España una y no cincuenta y una”.

– Eliminación de la mitad de los Ayuntamientos de España.

– Supresión del Tribunal Constitucional, garante de los derechos y libertades constitucionales de los españoles y españolas.

– Supresión del concierto económico vasco.

– Eliminación de la institución democrática del Jurado.

– Establecimiento de la financiación privada sin límite para los partidos políticos y supresión de la financiación pública a partidos y sindicatos. Se mantiene para la patronal.

ESPAÑA ANTI-EUROPEA

– Salida de España de la Unión Europea porque hay que “anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de las oligarquías, caciques, lobbys y organizaciones supranacionales”.

– Recuperación de “la bilateralidad en las relaciones exteriores, abandonando organismos supranacionales si son contrarios a los intereses de España”, como lo es, supuestamente, la Unión Europea.

– Desvinculación de España de los Tribunales Europeos porque “terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora”.

– Emulación de la estrategia de “los países de Visegrado” para el cierre de fronteras, la afirmación de la soberanía nacional frente a las instituciones europeas, y la defensa de la “cultura europea” ante los intentos de mestizaje cultural.

– Suspensión del espacio Schengen que garantiza la libre circulación de las personas en toda Europa.

MUROS FRENTE A LA INMIGRACIÓN

– Levantar un “muro infranqueable” en Ceuta y Melilla.

– Prohibición de regularizar inmigrantes y de proporcionarles derechos en cualquier circunstancia.

– Negación del derecho de arraigo.

– Revocación del derecho del extranjero a obtener la nacionalidad española.

OTRAS MEDIDAS FRANQUISTAS

– Ley de protección de la “familia natural”, contra iniciativas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.

– Promoción en los centros de enseñanza de “las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales” en detrimento de la enseñanza de los valores constitucionales.

– Liberalización total en la gestión del suelo mediante las fórmulas del “todo urbanizable” que promovieron la burbuja inmobiliaria y la crisis económica.

– Primacía de las empresas con sede en España para los concursos públicos, en perjuicio de las empresas españolas que acuden a concursos internacionales.

– Incremento del presupuesto de Defensa y protección de nuestro país “de forma autónoma”, al margen de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

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Como actor institucional y como curioso del comportamiento político, me he mantenido atento en estos días a las explicaciones más o menos espontáneas que han ofrecido a través de los medios de comunicación aquellos votantes y abstencionistas que el domingo pasado propiciaron el éxito electoral del franquismo en Andalucía.

Porque me resisto a utilizar neologismos o extranjerismos para nombrar aquello que en este país conocemos dolorosamente bien desde hace mucho tiempo. Aquí, a los partidarios del recorte de libertades, del anti-europeísmo, del machismo y del racismo siempre se les ha llamado franquistas, y no veo por qué hay que cambiar ahora su denominación.

En esas explicaciones pueden identificarse varias líneas argumentales. Entre los que mejor justifican su conducta están los insatisfechos, decepcionados y “hartos” por la falta de soluciones o por las soluciones insatisfactorias a sus problemas cotidianos. Después están los que se manifiestan “aburridos de la política de siempre y de los políticos de siempre”, que buscan “animar el cotarro”. Están también quienes se sienten atraídos por los que “hablan distinto”, “más claro, sin medias tintas”, que no se atienen a “lo políticamente correcto” y que “emocionan”.

Otra línea de argumentación tiene que ver con las frustraciones que genera el funcionamiento de las instituciones democráticas y el comportamiento de sus protagonistas: las “peleas interminables” que parecen no solucionar nada, junto al aparentemente contradictorio “pactismo y chanchulleo de los políticos” y el “cada uno va a lo suyo, pero no a lo nuestro”. Por último, se dejan notar también las posturas directamente revanchistas del “que se fastidien”  o el “démosles donde más les duele”, dirigidas a las “élites” políticas y económicas.

La multiplicación de los apoyos electorales al franquismo resulta muy preocupante, como amenaza directa al régimen de derechos y libertades democráticas que celebramos precisamente en estas fechas con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. Y, desde luego, las propias instituciones democráticas y los partidos constitucionalistas han de hacer los correspondientes análisis autocríticos.

Ahora bien, no estoy de acuerdo con eximir de responsabilidad a aquellos electores que con su voto o con su abstención han abierto las puertas del Parlamento andaluz a los enemigos de nuestras libertades. No comparto esas actitudes “comprensivas” con quienes han actuado deliberada o inconscientemente mal. No me parece bien la “comprensión” por pura condescendencia paternalista (“En realidad, no saben lo que hacen”), ni por puro interés político (“Metámonos con los dirigentes, pero no con los votantes, para atraerlos a nuestras filas”).

Si muchos de estos ciudadanos nos requieren para que hablemos “claro”, hagámoslo. Aquellos que han votado al franquismo, conscientes de lo que representa y de lo que amenaza, están ocasionando un daño gravísimo a nuestra convivencia y a los derechos conquistados con mucho sacrificio, y merecen nuestro reproche por ello. Aquellos que votaron franquismo sin saber lo que votaban han actuado con una irresponsabilidad mayúscula, que deben corregir. Y los que favorecieron el éxito franquista mediante su abstención, se han equivocado gravemente.

Estos comportamientos colectivos de carácter irracional no son nuevos. No es la primera vez que las decisiones colectivas se decantan por opciones contrarias al propio interés colectivo. Los teóricos de la decisión racional y de la politología han estudiado a fondo estos fenómenos nocivos, desde el fracaso de la República de Weimar que dio lugar al nazismo en Alemania, por ejemplo.

El politólogo Bernard Crick escribió hace tiempo que “uno de los mayores riesgos que corren los hombres libres es aburrirse del sistema que les proporciona su libertad”. Daniel Innerarity ha escrito también con mucho acierto que “la democracia es el constante aprendizaje de la decepción”. Este autor nos recuerda que la democracia decepciona cuando fracasa (porque no satisface expectativas) y cuando acierta (porque facilita las críticas). Las propias pintadas del Mayo del 68 anticipaban algunos de estos sentimientos: “¡Basta de realidades! ¡Queremos promesas!”.

Por tanto, aquellos argumentos simples y equivocados deben ser respondidos, con eficacia y con prontitud, antes de que arraiguen como ya han hecho en otros países. A los insatisfechos por la eficacia limitada y el ritmo lento de las reformas hay que recordarles otra frase de Bernard Crick: “Frente a las opciones implacables e impecables, es preciso reivindicar la política democrática, como la actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes”. Porque la alternativa a la mala política (que no satisface debidamente el interés general) no puede ser la anti-política (del yo primero y a los demás que les zurzan), y porque la alternativa a la democracia insatisfactoria no puede ser la no-democracia sino la democracia mejor.

A los aburridos de la democracia y a los que quieren “animar el cotarro” hay que advertirles de que tengan cuidado con lo que desean, no vaya a hacerse realidad. Porque la historia nos demuestra que cuando se deja morir a la democracia previsible y “aburrida”, lo que suele llegar se asemeja más a nuestras pesadillas que a nuestros sueños. A los enemigos de “lo políticamente correcto” (por aburrido) hay que recordarles que “lo políticamente incorrecto” puede resultar entretenido pero letal.

A los nostálgicos de la política más “sencilla” expliquémosles que los problemas rara vez son sencillos de resolver y que, muy a menudo, las “soluciones” que se presentan como las más simples son en realidad falsas soluciones que agravan los problemas. Digámosles también que la razón suele ser mejor consejera que la emoción a la hora de atender las necesidades y los retos colectivos, aunque resulte más compleja, trabajosa y tediosa de seguir. Añadamos que los taumaturgos y machos alfa que nos hacen vibrar con su verbo suelen ser más ineficaces y peligrosos que los muy racionales, laboriosos y cargantes políticos de siempre.

Nuestro país, su democracia, sus instituciones y sus políticos tienen (tenemos) mucho que cambiar. Pero el sentido del cambio debe ser hacia más democracia, no menos. Hacia más derechos y libertades, no menos. Hacia más tolerancia, no menos. Hacia más regeneración, no menos. Hacia más Europa, no menos. Hacia más feminismo, no menos. Hacia el futuro. No hacia el pasado.

En estos días circula por la redes un mensaje “sencillo” pero esclarecedor en este caso: “Érase una vez una hormiga que, enojada con la cigarra, votó por el insecticida”.

Instituciones, partidos y políticos “de siempre” tenemos mucho que reflexionar(nos), criticar(nos) y corregir(nos). Muchos votantes (400.000 andaluces, como poco), también.

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En estos días todos los españoles conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución de 1978 y la gran mayoría, además, la celebramos. Solo desde la ignorancia o desde un interés muy parcial y espúreo puede negarse el servicio extraordinario que la Constitución vigente ha prestado al conjunto de los españoles, tanto en términos de desarrollo social, económico y cultural como en garantía de derechos y libertades. En una perspectiva histórica, además, puede afirmarse sin temor a exagerar que esta Constitución supone el mayor logro colectivo de los dos últimos siglos en nuestro país.

Junto a la conmemoración y la celebración, durante estas jornadas cabe expresar el propósito firme de defender la Constitución y el pacto de convivencia en paz y en libertad que conlleva. Sin embargo, frente a lo que expresan algunos, el mejor modo de defender la Constitución Española no es petrificarla y blindarla ante cualquier análisis crítico o propuesta de modificación. Por el contrario, la experiencia demuestra que la manera más eficaz de asegurar la vigencia, la continuidad y la estabilidad de un texto constitucional consiste precisamente en promover su adaptación flexible a la realidad social de cada momento histórico.

Por lo tanto, entre las opciones de “mutación” o modificación constitucional, cabe apostar por la segunda, porque la simple interpretación abierta de su contenido no satisface ya las muchas y bien fundamentadas demandas de cambio. Entre la rectificación menor o la reforma mayor de la Constitución, es preciso seguir el camino más ambicioso y eficaz de la reforma. Ahora bien, entre la reforma de la Carta Magna y la apertura de un proceso constituyente, que parta de cero, ignorando lo acordado, lo vivido y lo logrado con el texto vigente, resulta mucho más inteligente optar por la reforma derivada del pacto de 1978 y limitada por el respeto a sus cimientos más firmes.

La diferencia entre la reforma constitucional que defendemos muchos y el proceso constituyente que reclaman algunos consiste en que la primera vía, a diferencia de la segunda, respeta y no pone en riesgo los elementos identitarios de la comunidad política que hemos construido exitosamente en este país durante los cuarenta últimos años: la democracia, el Estado Social y Democrático de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la pluralidad ideológica, la unidad territorial y la descentralización política… En consecuencia, cualquier propuesta válida de reforma constitucional debe condicionarse a la búsqueda de cambios limitados, bien justificados en una amplia demanda social, y con el firme propósito de alcanzar consensos de cuantificación asimilable al alcanzado en 1978.

Los planteamientos radicales que algunas fuerzas políticas están llevando a cabo durante estos días ignoran estas prudentes condiciones y alejan cualquier posibilidad de reforma constitucional. La reclamación de Podemos respecto al cambio en la forma de Estado y la abolición de la monarquía parlamentaria afecta de lleno a uno de los fundamentos básicos del pacto constitucional, además de alejarse de los objetivos realmente estratégicos para la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Algo parecido ocurre con las últimas propuestas de Pablo Casado al frente del PP sobre la recentralización del Estado y la marcha atrás en la España de las Autonomías. Y, desde luego, las exigencias de autodeterminación en las formaciones separatistas o la ignorancia de los más elementales derechos humanos por parte de la extrema derecha, se sitúan en las antípodas de una reforma viable para la Constitución de 1978.

No obstante, ¿hay que tirar la toalla ante el objetivo de mejorar nuestra Constitución? Desde luego que no. Habría, al menos, cinco grandes vectores de reforma constitucional perfectamente alineados con el bien común y susceptibles de lograr grandes consensos.

  1. La máxima protección constitucional para algunos derechos de ciudadanía, como la atención sanitaria o las pensiones.
  2. Medidas para la regeneración y el mejor funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, como la limitación de los aforamientos o el cambio en el método de elección del presidente o presidenta del Gobierno, para evitar bloqueos.
  3. Atención constitucional a objetivos de gran sensibilidad social, como la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra el cambio climático.
  4. La constitucionalización del compromiso de la sociedad española con la integración europea.
  5. La reforma del Título VIII para construir un modelo territorial en nuestro Estado que conjugue unidad territorial y autogobierno efectivo en los territorios, igualdad de derechos y derecho a la diferencia, descentralización y lealtad hacia el bien común, subsidiaridad y eficacia. Para este último objetivo hará falta clarificar competencias, constitucionalizar principios de financiación territorial, diseñar mecanismos útiles de colaboración y cooperación territorial, hacer del Senado una cámara interesante de representación territorial…

Conmemoremos todos juntos la Constitución, celebremos sus logros con la gran mayoría de españoles constitucionalistas, y propongámonos defenderla mediante una reforma ambiciosa y consensuada que nos proporcione, al menos, otros cuarenta años desarrollo y convivencia en libertad.

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