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Archive for 28 septiembre 2018

Cada vez que el Gobierno socialista ofrece una noticia relevante y positiva para los españoles, surge como por causalidad otra noticia negativa y no tan relevante que desvía la atención. Es automático y es reiterativo pero, desde luego, no es casual. Cuando el Gobierno anuncia la recuperación de la sanidad universal, el fin de los recortes educativos o el gasto añadido contra la pobreza infantil, “aparecen” falsas polémicas sobre tesis doctorales o charlas de sobremesa grabadas hace casi una década.

Es una constante y era previsible. El Partido Socialista sabía que la derecha no abandona nunca el poder de buena gana y suele hacer uso de prácticas torticeras para hacer oposición, tales como utilizar la lucha antiterrorista contra el Gobierno, azuzar conflictos territoriales o practicar la “caza al hombre”. Fue lo habitual durante los gobiernos de González y Zapatero. La derecha y sus cloacas siempre han tratado de tumbar a los gobiernos socialistas y, sobre todo, a sus políticas progresistas, por las buenas o por las malas. Al gobierno que yo mismo había de presidir en Madrid hace quince años ni tan siquiera le dejaron nacer.

Ahora bien, tal realidad no puede impedir, ni ralentizar, ni ocultar, el avance en las políticas que el Gobierno socialista pone en marcha a favor de la justicia social y la decencia en la vida pública. Ni lo lograron antes, ni lo van a lograr ahora.

El último éxito a subrayar ha sido el acuerdo suscrito por la gran mayoría de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo, para garantizar la mejora anual de las pensiones con arreglo al aumento del coste de la vida. Un logro que debe apuntarse tanto a la movilización de los pensionistas, como al empuje del Gobierno y el buen trabajo de los diputados socialistas. (Permitan que cite a todos los integrantes de esa comisión: Merçé Perea, Carmen Cuello, Amalia Rodríguez, Salvador de la Encina, Jesús M. Fernández, Sonia Ferrer, Gema López, Margarita Pérez y Luis C. Sahuquillo y, especialmente, a su portavoz Adriana Lastra).

Tras varios años de pérdida de poder adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas, la representación parlamentaria de los españoles, liderada por el PSOE, ha recuperado el compromiso público con la dignidad de las pensiones. Volvemos así a la senda del consenso en la garantía de nuestro sistema de pensiones, que el PP rompió unilateralmente con su reforma-recorte del año 2013. Se termina de esta manera con la indignidad del 0,25% como subida límite anual, que arrojaba a nuestros pensionistas a la pobreza progresiva.

No obstante, queda aún mucho trabajo por hacer. Para transformar este acuerdo parlamentario en una ley de presupuestos es preciso antes aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria negociada por la ministra Calviño en Bruselas. Esta nueva senda ofrece un margen de 2500 millones de euros más en las cuentas de la Seguridad Social, pero la derecha de PP y Ciudadanos la está bloqueando en la Mesa del Congreso, contra el Reglamento y contra el más elemental sentido de la responsabilidad.

Y a medio plazo es necesario definir una doble estrategia, en el Parlamento y mediante el diálogo social, en los gastos y en los ingresos del sistema de pensiones. Respecto a los primeros, además de comprometer la subida conforme al IPC, cabe trasladar gastos administrativos y de personal, hasta ahora sostenidos por la Seguridad Social, a los presupuestos de la administración central del Estado. Asimismo, habrá que revisar el cúmulo de reducciones y bonificaciones de dudosa eficacia que se aplica al albur de las políticas de promoción del empleo.

Respecto a los ingresos hay que ser honestos y valientes. Si queremos un Estado de Bienestar de primera y unas pensiones de primera, necesitaremos una fiscalidad de primera también. Pero aún estamos a más de ocho puntos de PIB en porcentaje de gasto público respecto a la media de la zona euro. Hará falta destopar cotizaciones y prever ingresos provenientes de los impuestos. ¿A quién cobrárselos? A quienes más tienen, a quienes más ganan y, sobre todo, a quienes más esconden…

Ellos a sus ruidos. Nosotros, a gobernar por el bien común. Pero que no nos despisten…

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El expresidente José María Aznar compareció el pasado 18 de septiembre ante la comisión que investiga la corrupción del PP en el Congreso de los Diputados. Más allá del ejercicio previsible de desmemoria y chulería, la evidencia más inquietante de esa comparecencia fue la competición impúdica entre Casado y Rivera, PP y Ciudadanos, derecha azul y derecha naranja, para hacerse con el patrocinio del famoso tercer hombre en la foto de las Azores.

Ver a Aznar entrando en la Comisión acompañado por la plana mayor del “nuevo PP” y escuchar al ex patrón de la derecha dedicando todo tipo de carantoñas al portavoz de Ciudadanos, resultó mucho más significativo y elocuente que la sarta de falsedades con que contestaba a sus auténticos interrogadores. El titular de la semana puede resumirse, por tanto, en un “vuelve el aznarismo”, con todo lo que ello conlleva.

El aznarismo es convivencia apacible y cómplice con la corrupción. Las investigaciones policiales y la Justicia han demostrado ya que durante los años de presidencia de Aznar en el PP se llevaron a cabo las mayores corruptelas: desde la famosa caja B acreditada en los papeles de Bárcenas hasta la generalización de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de financiación electoral o regalos personales, pasando por los sobresueldos en negro y otras fechorías.

La sentencia del caso Gürtel es diáfana: “…se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública” (página 155). Doce de catorce de los ministros del primer Gobierno Aznar han pasado por imputaciones, procesos, condenas, o recibieron sobresueldos. Primeros espadas de sus equipos han sido encarcelados o condenados a cárcel, como Matas, Zaplana, Sepúlveda o el mismo Bárcenas. Todos sus tesoreros involucrados en casos de mordidas…

Pero el aznarismo es más, porque también equivale a hacer política con desprecio por los valores mayoritarios en la sociedad española. Lo hizo el propio Aznar llevándonos a una guerra ilegal e inmoral en Irak, de la mano de su amigo tejano. Y lo están volviendo a hacer sus discípulos en este pretendido “nuevo PP”, emulando a la extrema derecha europea mediante el discurso del miedo a la inmigración. Se equivocó el expresidente entonces y se equivocan ahora Casado y compañía. La llama de la xenofobia racista e intolerante no prenderá en nuestro país.

Y aznarismo en política es, sobre todo, el “todo vale” para alcanzar el poder. En los años 90 fue la guerra sucia del “sindicato del crimen” contra los gobiernos de Felipe Gonzalez, y la utilización inmoral de la lucha antiterrorista para desgastar al ejecutivo. Y hoy es la caza al hombre emprendida contra Pedro Sánchez y la deslealtad absoluta en el conflicto del Estado con los independentistas catalanes.

El último episodio de este “todo vale” consiste en obstaculizar de manera fraudulenta los intentos legítimos del Gobierno socialista para aprobar una nueva senda de estabilidad y unos nuevos presupuestos. Lo hacen a dos manos, PP y Ciudadanos, azules y naranjas.

Más de 180 diputados, la mayoría absoluta, votaron el 18 de septiembre a favor de las reformas que podrían sortear el veto de la derecha en el Senado, la suma de 6000 millones de euros extras para políticas sociales, y un presupuesto para 2019 con verdadera justicia social. Pero PP y Ciudadanos intentan valerse de su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación de las reformas y frustrar los presupuestos llamados a revertir los recortes aplicados desde 2012.

La derecha española salió de Rajoy para acabar volviendo a Aznar. No es una buena noticia para ellos. Para los españoles tampoco.

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El debate político sobre Cataluña parece haber atrapado a varios de sus protagonistas en una especie de jaula para hámsters. Tanto los actores independentistas -sin tener razón- como los actores de la derecha constitucionalista -aún teniendo razón- se limitan a dar pasos acelerados hacia… ninguna parte. Unos y otros actúan tal que presos de un bucle autoreferencial sin salida. 

No cabe equiparar legitimidades ni conductas, porque unos desafían la legalidad quebrando la convivencia, mientras otros reclaman la vigencia de la ley como fundamento de la convivencia democrática. Sin embargo, la realidad es que en ambos bandos prevalecen aquellos que, bien por cálculo electoralista o bien por temor a ser tachados como traidores, se limitan a reiterar una y otra vez los argumentos ya conocidos sin procurar solución alguna. 

Pero, ¿dónde nos lleva esta dinámica? La responsabilidad de quienes nos dedicamos a la representación de la ciudadanía en las instituciones políticas no consiste en evidenciar una y otra vez cuánta razón tenemos nosotros y cuán poca razón tienen ellos.

Nuestra responsabilidad pasa por avanzar al menos alguna contribución para resolver los problemas. ¿Avanzar hacia dónde? Lo urgente, desde luego, es recuperar la convivencia entre catalanes. Y lo importante, sin duda, es encontrar un nuevo encaje institucional para el autogobierno de Cataluña en España y en Europa. 

Este camino tiene algunas condiciones, de forma y de fondo.

Las condiciones de forma pasan por el reconocimiento mutuo de las diversas posturas y de quienes las representan, para hacer viable el diálogo y para hacer posible el acuerdo. Además, como imperativo democrático previo, deben respetarse las instituciones y los procedimientos del ordenamiento legal vigente. E, indudablemente, cualquier resultado de aquel entendimiento ha de someterse a la votación de los catalanes y del conjunto de los españoles. 

¿Cuál es el fondo del debate a resolver? Se trata de acordar un nuevo marco institucional que ofrezca satisfacción a las demandas identitarias y de autogobierno en la sociedad catalana. Este acuerdo ha de enmarcarse, por una parte, en la necesaria actualización del modelo territorial de España y, por otra parte, en el proceso paralelo de construcción de la unidad europea. 

Y en estos contextos propios de nuestro tiempo perderán razón y vigencia esos viejos conceptos de patria, soberanía, frontera, independencia y autodeterminación, que tanta emocionalidad negativa y tanto conflicto político han ocasionado hasta ahora.

El nuevo gobierno socialista ha sido valiente. Ha salido de la noria del hámster y ha llamado a un diálogo abierto, con la sola condición del respeto a la legalidad democrática. Se trata de una buena oportunidad para superar la fase de conflicto y afrontar una solución acordada.

Primero, una reforma constitucional que alumbre un nuevo modelo territorial, negociada con todos los actores políticos, sociales y territoriales de España, y votada por todos los españoles. Y, después, un nuevo Estatuto de autogobierno en Cataluña, votado por todos los catalanes y refrendado en el Parlamento español. 

Este era, a mi juicio, el sentido de la moción que el pasado miércoles 12 de septiembre acordamos en el Congreso los representantes del PDCat y del grupo socialista. Apenas unas horas después, alguien decidió frustrar el intento desde Barcelona. Para seguir corriendo hacia ninguna parte…

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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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El proceso de construcción europea inaugurado tras la Segunda Guerra Mundial no fue fruto tan solo de un impulso romántico a manos de soñadores idealistas. Se trató también y fundamentalmente de una decisión racional en beneficio de la paz y el progreso del conjunto de los europeos. Sin embargo, el reciente auge del fascismo y la anti-Europa está poniendo en serio riesgo aquellos logros, retrotrayéndonos a lo más oscuro de nuestra historia en la primera mitad del siglo XX. En este contexto crítico, los resultados de las próximas elecciones al Parlamento Europeo resultarán cruciales para determinar el futuro común.

Los impulsores de aquella utopía de la Europa unida perseguían asimismo y a medio plazo objetivos muy concretos y determinantes. Se trataba de establecer las condiciones precisas de interdependencia y complicidad entre las naciones de Europa para impedir nuevas guerras, como las que habían asolado el continente durante miles de años. Se trataba también de vacunar al pueblo europeo ante la terrible enfermedad del nacionalismo exacerbado y el fascismo criminal, promoviendo un ethos común basado en los valores de la democracia y los derechos humanos. Se trataba, por último, de convertir a Europa en una referencia de avance civilizatorio en todo el mundo. El respaldo de la potencia estadounidense a este proyecto fue fundamental.

Durante más de medio siglo, a pesar de sus inconvenientes y retrocesos, aquel impulso pacifista y progresista ha dado lugar a la mejor y más duradera etapa de disfrute de derechos y libertades para centenares de millones de europeos. Pero este proyecto exitoso se encuentra inmerso en una crisis muy seria. De hecho, las intenciones explícitas de muchos de los principales dirigentes europeos de hoy pueden convertir el viejo sueño europeo en la peor de nuestras pesadillas.

La salida del Reino Unido de la UE, al calor de la eurofobia nacionalista y xenófoba, ha supuesto un duro golpe para las expectativas de un proceso federalizante en Europa. En paralelo al brexit, diversas fuerzas populistas, con el acervo común de la anti-Europa y el discurso contra la inmigración, han ido tomando el poder en algunos Estados clave. Son los casos de la Italia de Salvini, la Hungría de Orban, la Austria de Kurz, la Holanda de Rutte, la Polonia de Kaczynski, la Baviera de Seehofer…, además del serio avance electoral de la extrema derecha en la Alemania del este, en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en los países ex-soviéticos…

Podemos hablar claramente ya de un resurgir del fascismo, puesto que las ideas comunes a todos estos referentes promueven la exaltación de la patria nacional frente a la ambición de una Europea unida y solidaria; el ensalzamiento de la autoridad frente a los contrapesos del poder; la unidad homogeneizante frente a la pluralidad tolerante; el odio racial frente a la igualdad y el humanitarismo; el desprecio por los valores de la ilustración como la igualdad, la libertad y la fraternidad; la respuesta agresiva e intimidante ante la crítica en la prensa o en la propia política… El ejemplo electoralmente exitoso de Donald Trump en los Estados Unidos proporciona combustible ideológico cotidiano a esta amalgama de fuerzas populistas, neo-nacionalistas y anti europeas.

En estos momentos, la presencia de las fuerzas fascistas en el Parlamento Europeo y su consiguiente capacidad de influir institucionalmente en el futuro de la UE, es muy limitada. Pero en la próxima primavera se van a celebrar elecciones al Parlamento común, y la posibilidad de que la anti-Europa logre un porcentaje significativo de escaños no es ninguna falacia.

Por tanto, ese es el reto a corto plazo. Es tiempo de movilizar a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos que comparten los valores europeos de la paz, la democracia y los derechos humanos. En defensa de la Unión y de un futuro en paz y en progreso. Para evitar el regreso de la pesadilla fascista que asoló el continente hace apenas tres generaciones.

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LA IZQUIERDA EFICAZ

El Gobierno surgido de la moción de censura ha sido recibido con alivio y esperanza por la mayoría de la ciudadanía española. Alivio por dejar atrás una etapa de gobierno conservador marcado por las corruptelas y los recortes sociales. Y esperanza por las oportunidades de regeneración democrática y reequilibrio social que se abren de la mano de Pedro Sánchez y su prometedor equipo.

No obstante, las buenas expectativas despertadas por el nuevo Gobierno han llegado ensombrecidas por un resquemor bien fundado. ¿Será capaz la izquierda de ponerse de acuerdo para no malograr también esta oportunidad? La experiencia del gobierno progresista frustrado en el año 2016 aún pesa en el ánimo y la desconfianza de muchos españoles. Entonces, el grupo parlamentario de Podemos decidió unir votos con el PP para impedir la  investidura de un presidente socialista. El resultado fue una nueva etapa de gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Hasta el viernes 27 de junio, los primeros pasos del Gobierno socialista no habían encontrado grandes obstáculos debidos a la insuficiencia de apoyos parlamentarios. Estas primeras decisiones, bien acogidas por la población, han tenido que ver fundamentalmente con nombramientos, anuncios y decisiones puramente gubernamentales, sin necesidad de refrendo aún en las Cortes. Desde la configuración del “consejo de ministras” hasta la bienvenida al “Aquarius”, pasando por el decreto de universalización de la sanidad pública, las medidas adoptadas por Sánchez y sus ministros se han aplicado positivamente.

Sin embargo, la primera prueba de fuego para la mayoría progresista que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados se ha saldado con un sonoro fracaso. Se trataba, nada menos, que de aprobar la nueva senda de estabilidad presupuestaria para 2019 que el Gobierno ha negociado con la Comisión Europea. Si el Gobierno Rajoy había cerrado un déficit público limitado al 1,3% sobre PIB, el Gobierno Sánchez había logrado ampliar el margen hasta el 1,8%. Estas cinco décimas extras suponen más de 6.000 millones de euros extraordinarios para el gasto público destinado al bienestar social y la modernización del modelo productivo.

Las derechas votaron coherentemente en contra del nuevo marco presupuestario, porque tanto el PP como Ciudadanos son firmes partidarios de las políticas de austeridad y recortes sociales. La sorpresa llegó desde la bancada de la izquierda. Contra toda lógica, el grupo de Unidos Podemos propició la derrota del Gobierno socialista. El resultado fue la pérdida de 2.534 millones de euros a invertir por las Comunidades Autónomas en la mejora de los servicios públicos de sanidad, educación, atención a la dependencia, vivienda y empleo. También se han perdido 2.500 millones para la Seguridad Social y alrededor de 1.000 millones para el presupuesto de la administración central del Estado.

Solo caben dos tipos de explicaciones para el voto de Unidos Podemos, y ambas son preocupantes. Por una parte, la formación morada entendería que estos 6.000 millones extras representan una cantidad insuficiente para revertir todos los recortes aplicados por la derecha desde 2012. Sus exigencias pasarían por derogar las leyes de estabilidad presupuestaria, negar los límites impuestos por las autoridades europeas, y multiplicar el gasto público sin medida. Pero esta posición no es realista, porque situaría a nuestro país fuera de la disciplina europea y al albur del castigo por parte de los mercados financieros. Un gran riesgo para la economía y el empleo.

La segunda explicación es aún peor, porque supondría que, aun siendo conscientes de estas limitaciones, los dirigentes de Podemos buscan debilitar al Gobierno de Pedro Sánchez a fin de limitar su popularidad y arrancarle mayores concesiones en una eventual negociación a partir de septiembre. Esta hipótesis querría decir que la izquierda no ha aprendido nada durante los últimos años, y que nuevamente el oportunismo y el tacticismo cortoplacista se imponen sobre el ejercicio de responsabilidad y compromiso que los españoles esperan de todos nosotros.

Esto ha salido mal, pero a partir del mes de septiembre llegan pruebas nuevas y decisivas para las fuerzas políticas que representan los valores más progresistas en el Parlamento. Porque las decisiones de más calado a adoptar requieren de modificaciones legislativas y, por tanto, de mayorías claras en el Congreso de los Diputados. Para convalidar el decreto que universaliza la sanidad pública se necesita una mayoría de diputados. También se necesitará para revertir las medidas más dañinas adoptadas por el PP en la reforma laboral, en la LOMCE y en la ley mordaza, por poner algunos ejemplos.

Según los principales estudios socio-políticos, la mayoría de los españoles comparte valores de progreso y son potenciales votantes de izquierdas. Esa mayoría contempla hoy el escenario político español entre expectante y escamada, preguntándose si el futuro deparará un panorama a lo portugués, con una acción de gobierno progresista y un sólido apoyo parlamentario, o si la izquierda española volverá a las andadas del enfrentamiento cainita y estéril.

Esa mayoría se pregunta hoy si la fragmentación de la izquierda que tuvo lugar a partir del 15-M podrá traducirse alguna vez en una fuerza realmente útil, o si perderá fuelle y legitimidad a base de desencuentros y enfrentamientos internos.

Tal es el reto. O la izquierda demuestra a los españoles que es capaz de traducir pluralidad en encuentro, en eficacia y en gobierno. O muchos españoles darán definitivamente la espalda a la izquierda que propicie el fracaso.

La solución, en septiembre.

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