Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 30 julio 2018

A juzgar por las primeras decisiones de calado adoptadas por el nuevo presidente del Partido Popular, los cambios que pueden esperarse en esta formación tras el congreso del 20 y 21 de julio se limitan al nombre de algunos de sus dirigentes y poco más. Pablo Casado ya ha anunciado el bloqueo de su grupo parlamentario a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que propone el Gobierno de España. En consecuencia, si Rajoy recortaba en educación y en sanidad desde el Gobierno, ya podemos asegurar que Casado también recorta en educación y en sanidad… desde la oposición.

La nueva senda de estabilidad presupuestaria para el ejercicio 2019 que el Gobierno socialista ha acordado con la Comisión Europea supone pasar de un déficit del 1,3% al 1,8% sobre PIB. Se trata de un margen de medio punto sobre PIB, cerca de 6.000 millones de euros, destinado a mejorar la capacidad de gasto de las administraciones públicas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se acordó la distribución de estos recursos extraordinarios: dos décimas para el gasto de las comunidades autónomas (en torno a 2.500 millones), otras dos décimas para aliviar las cuentas de la Seguridad Social (2.500 millones) y una décima para el presupuesto de la administración central (sobre los 1.000 millones).

Las posiciones de unos y de otros responden a valores ideológicos diferentes y tienen consecuencias muy distintas también. El Gobierno socialista busca hacer compatible el propósito de la estabilidad presupuestaria con el cumplimiento de los objetivos de bienestar y equidad social. Para ello persigue aumentar tanto los gastos como los ingresos fiscales del Estado, estableciendo, por ejemplo: un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades; una imposición justa para las empresas tecnológicas multinacionales que practican la elusión fiscal; una carga fiscal adecuada para el negocio bancario que ha recibido grandes recursos públicos en su reciente rescate financiero; así como un eficacia mejorada en la lucha contra el fraude fiscal.

Con este aumento equilibrado de gastos y de ingresos se puede comenzar a revertir los graves recortes en políticas sociales impuestos por los gobiernos del PP desde 2012, a la vez que se lograrán nuevas inversiones en investigación, innovación e infraestructuras destinadas a modernizar nuestro modelo productivo y mejorar la calidad de los puestos de trabajo. Se trata, en definitiva, de dar solidez a la economía española, al tiempo que se aporta equidad y justicia a la sociedad en su conjunto. Por eso, el aprovechamiento más importante del nuevo margen fiscal está destinado al gasto autonómico, que es responsable de los servicios públicos en educación, sanidad, empleo, vivienda y lucha contra la marginalidad social.

La posición del PP, como la de Ciudadanos, es igual de clara pero absolutamente contraria. La derecha azul y naranja priorizan la reducción acelerada del déficit, al tiempo que plantean nuevas bajadas de impuestos. Es decir, menos ingresos y aún menos gastos en el Estado. Solo hay una manera de cuadrar estas cuentas: con nuevos recortes sobre el gasto social y el gasto destinado a mejorar el modelo productivo. El modelo liberal del “cuanto menos Estado mejor” y el “sálvese quien pueda pagar” conduce a una economía frágil y a una sociedad desigual e injusta. Paradójicamente, las administraciones más perjudicadas por el veto del PP a la nueva senda de estabilidad presupuestaria son las comunidades autónomas, entre ellas algunas gobernadas por la propia derecha.

Las razones que llevan a Pablo Casado y al PP a esta posición contraria a la mejora del gasto social y productivo son de naturaleza tanto ideológica como estratégica. Los planteamientos ideológicos ya se han descrito. La estrategia de la derecha tampoco es nueva. Se reitera siempre desde la oposición. Consiste básicamente en aquella frase tan ilustrativa que el exministro Montoro dirigió a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canarias: “Que se hunda España, y ya llegaremos nosotros para salvar lo que se pueda”. Su prioridad es debilitar al Gobierno socialista por cualquier medio, aunque el medio pase por debilitar a la economía, al empleo y a los servicios públicos que atienden a la sociedad española.

La vigente ley de estabilidad presupuestaria otorga a la derecha una capacidad de veto en el Senado contraria a toda lógica. El funcionamiento habitual del poder legislativo prevé para el Senado la condición de cámara de segunda lectura, de tal modo que cualquier enmienda aprobada en la cámara territorial puede ser corregida en el Congreso, que representa la soberanía popular. Sin embargo, una modificación legal decidida unilateralmente por el PP en el año 2012 posibilita que la derecha, con poco más del 30% de los votos obtenidos en las últimas elecciones, imponga su criterio al 70% restante, gracias a su mayoría en el Senado. Parece razonable revisar esta incongruencia.

En conclusión. El primer debate político de alcance que ha tenido oportunidad de protagonizar el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, se puede saldar con un nuevo recorte en las políticas de las que depende el bienestar de los españoles más vulnerables. Un comienzo muy significativo.

Anuncios

Read Full Post »

En el discurso pronunciado en Johannesburgo con motivo del centenario de Mandela, Barack Obama ha alertado sobre “la política del hombre fuerte, que se encuentra en pleno desarrollo en el mundo”. Se trata de una advertencia oportuna ante uno de los riesgos más graves y evidentes que se ciernen en nuestros días sobre las sociedades democráticas.

Probablemente Obama estaba pensando en su sucesor en la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, pero los ejemplos de esa figura emergente proliferan en los cinco continentes: desde Putin en Rusia hasta Erdogán en Turquía o Duterte en Filipinas, pasando por Salvini en Italia u Orbán en Hungría.

En las etapas históricas marcadas por las crisis económicas, el crecimiento de las desigualdades y la desorientación ideológica generalizada, suelen surgir supuestos libertadores, que a modo de falsos taumaturgos prometen grandes soluciones inmediatas a cambio de un poder cuasi absoluto e incuestionado.

Podemos hablar de una constante histórica que invariablemente termina con mayor deterioro social y graves retrocesos en términos de derechos y libertades democráticas.

Estos “hombres fuertes” arremeten contra las convenciones sociales y las instituciones democráticas más tradicionales, que suelen tachar de refugios para las castas de los instalados y los poderosos, que traicionan a las buenas gentes del pueblo llano. Pero en realidad están cuestionando las reglas y las instancias que se crearon precisamente para frenar los poderes totalitarios y arbitrarios que amenazan la convivencia democrática.

Trump, Erdogán y Salvini desprecian a los parlamentos, a los partidos, a los sindicatos y a los medios de comunicación más objetivos, porque se trata de las instituciones con que cuentan las sociedades democráticas para organizar el espacio público mediante la participación cívica y el equilibrio entre los diversos poderes. A los “hombres fuertes” les estorban todas las instancias que se interponen entre el líder y la masa informe, indistinta y manipulable.

Tales personajes suelen descalificar todo lo que aluda a “lo políticamente correcto”, asumiendo poses y discursos de pura arrogancia, que disfrazan de singularidad, valentía y liderazgo. Si lo que ellos entienden como  “políticamente correcto” consiste en tratar con respeto al diferente aunque sea adversario, Trump y compañía hacen gala de un comportamiento matonista y amedrentador, con insultos gruesos y zafios hacia todos los que se atreven a denunciarles y contradecirles.

Otra característica habitual en estos “hombres fuertes” es el desprecio por la verdad y los hechos en sus discursos y en sus propuestas. Amparados en la impunidad que las redes sociales otorgan a quienes mienten y manipulan la información, acostumbran a argumentar con datos falsos y ejemplos inventados. Cuando alguien les desmiente con información veraz, invariablemente le acusan de formar parte de una conspiración malintencionada y de servir a lo establecido.

La advertencia de Obama debiera tomarse muy en serio. No cabe ya sonreír ante las salidas de tono o despreciar con la indiferencia a estos personajes excéntricos. Son peligrosos. Cada vez más. Pensemos en aquellos personajes que surgieron en Europa tras la crisis de los años veinte en el siglo pasado.

Al principio, todos se reían también de las excentricidades de Hitler, Mussolini o Franco. Hasta que las risas tornaron en llanto.

Read Full Post »

Mientras el debate político europeo se centra en cómo parar las hordas imaginarias de inmigrantes, y mientras el debate doméstico se ocupa de los imaginarios agravios nacionalistas, millones de jóvenes europeos y españoles esperan turno para que alguien busque solución a sus muchos y reales problemas.

Esta es la paradoja que un buen número de jóvenes está exponiendo en el curso de verano que tengo el honor de dirigir en estos días para la Universidad Complutense y la Fundación Pablo Iglesias.

Las sociedades teóricamente avanzadas están fallando a sus jóvenes de una manera flagrante. Se excluye a las nuevas generaciones del acceso a los bienes y a los roles que determinan los modelos de pertenencia social. Estamos ante lo que José Félix Tezanos llama “fallo de inserción societaria”. Y esta situación conduce a un riesgo serio de desarticulación social y de debilitamiento de las bases del propio sistema democrático.

Las causas son muchas y diversas, pero hay un factor desencadenante: la exclusión laboral. A pesar del esfuerzo formativo que han desarrollado buena parte de nuestros jóvenes, su participación en el mercado laboral está caracterizada por unos niveles extraordinarios de paro y precariedad. El paro juvenil se aproxima al 40% en España. La temporalidad entre los jóvenes triplica la media. Las situaciones de explotación son frecuentes en forma de economía sumergida, horas trabajadas y no pagadas, falsos autónomos, falsos becarios…

La exclusión laboral conduce inexorablemente a la exclusión social. La mayoría de los jóvenes solo pueden acceder a los bienes habituales de consumo gracias al apoyo de la familia. El acceso a la vivienda es muy complicado, por lo que la emancipación media se retrasa más allá de los treinta años. El rostro de la pobreza se ha rejuvenecido mucho desde el comienzo de siglo. Resulta difícil aspirar a un proyecto vital autónomo en estas condiciones. Y se resiente, por tanto, el sentimiento de inserción, de pertenencia, de identidad social normalizada.

Tras la exclusión laboral y social aparece lo que podríamos llamar exclusión democrática, la quiebra del contrato social para una parte muy relevante de la juventud. El contrato que fundamenta la convivencia social consiste en la cesión de soberanía y representación a cambio de una participación justa en los bienes y en los roles colectivos. Si esto falla, falla el contrato y falla el sistema para los jóvenes. Y, en consecuencia, muchos jóvenes atienden los discursos contra el sistema o se embarcan en populismos y nacionalismos que, al menos, les proporcionan un cauce para expresar su frustración y un remedo de identidad alternativa.

Las implicaciones del problema juvenil son de fondo. Hemos hablado de la desarticulación social, que margina a los componentes más activos de la sociedad, a los llamados a protagonizar su futuro. Podemos hablar de la insostenibilidad a medio plazo de un sistema económico que excluye del consumo a toda una generación. Y de la insostenibilidad de un Estado de Bienestar que no permite a los jóvenes ejercer su responsabilidad fiscal. Puede hablarse también de la insostenibilidad demográfica, con unos niveles de nupcialidad y fecundidad en caída libre. Incluso de la insostenibilidad democrática…

La primera condición para resolver un problema consiste en tomar conciencia de su naturaleza y alcance. Son muchas ya las voces que reclaman atención para la “cuestión juvenil”, antes de que el colchón familiar agote sus recursos, antes de que sus peores consecuencias desborden el drama que hoy viven millones de jóvenes de forma individual, y antes de que esas consecuencias amenacen la estabilidad de todo nuestro sistema socio-político…

Bastará con que nos tomemos en serio la mejora de la empleabilidad de los jóvenes y que pongamos coto a su explotación a manos de empresarios desaprensivos. Bastará con que dispongamos recursos colectivos para facilitar su acceso a bienes sociales básicos, como la vivienda. Bastará con que ofrezcamos oportunidades ciertas para la emancipación y la vida autónoma de aquellos a los que les sobra la preparación y la voluntad para aprovecharlas…

Se dice que cada etapa histórica cuenta con un sector social maltratado que ejerce de motor para los cambios pendientes. Hagamos lo posible para atemperar tanto el maltrato como la reforma que ha de atajarlo…

Read Full Post »

Dicen los manuales tácticos de la política que cuando una apuesta necesita explicación es que se está perdiendo. No es este el caso, como lo prueban las últimas votaciones en el Congreso. Sin embargo, el proceso de renovación de RTVE está resultando tan complejo que resulta muy importante informar a la ciudadanía con mucha transparencia sobre intenciones y decisiones.

El Gobierno de Pedro Sánchez tomó posesión con la regeneración democrática como primera prioridad. Y unos medios públicos de comunicación independientes y plurales forman parte fundamental de todo programa de cualificación de la democracia.

El propósito clave de todas las decisiones que se están adoptando respecto a RTVE es, por tanto, el de ofrecer a la sociedad española una radio televisión pública objetiva, veraz, autónoma y respetuosa con sus propios profesionales. Es decir, todo lo contrario de lo que RTVE ha sido durante los seis últimos años de gobierno del PP.

Se trataba y se trata de poner fin cuanto antes a la gestión de José Antonio Sánchez al frente de RTVE. Porque las constantes de esta gestión han sido el control político de la información a favor de los intereses del PP, la contratación de afines y la dilapidación de los recursos públicos. Las denuncias de los propios profesionales de la casa y sus apariciones “en negro” viernes tras viernes son buena muestra de lo insostenible de la situación.

¿Se podía haber logrado este objetivo de otra manera? Ojalá, pero no.

Para entender este momento hace falta un poco de historia. El gobierno socialista estableció la obligación legal del consenso y la independencia de RTVE en el año 2006, mediante la elección de su dirección con una mayoría cualificada de dos tercios en las Cortes. Aquel fue el tiempo de la radio y la televisión públicas con éxito de credibilidad, de audiencia y de premios internacionales.

El gobierno del PP recuperó la RTVE sometida al poder político con el cambio legal de 2012. La dirección volvía a elegirse con una mayoría a absoluta, a la medida del número de diputados del PP por aquel entonces. En el mes de septiembre del año 2017, perdida ya la mayoría absoluta del PP, los tres principales partidos de la oposición -PSOE, Podemos y Ciudadanos- impulsan una ley que vuelve a reclamar la elección consensuada de los regidores de RTVE.

Sin embargo, la aplicación de esta última ley, aún en vigor, requería la celebración de un concurso público para asegurar la elección de perfiles meritorios en el consejo de administración. El reglamento que habría de regular tal concurso contaba con una fecha límite en la propia ley: el 31 de diciembre de 2017. No obstante, la mayoría con que cuentan PP y Ciudadanos en las Mesas del Congreso y el Senado ha logrado que siete meses después del cumplimiento del plazo legal, aquel concurso siga sin celebrarse.

Apenas tres semanas después de la investidura de Pedro Sánchez, el nuevo Gobierno se encuentra ante la situación siguiente: el día 22 de junio culmina su mandato legal el presidente y los consejeros de la RTVE dominada por el PP; el presidente saliente ha asegurado el control sin plazo temporal de la radio y la televisión pública firmando unos poderes legalmente cuestionables a favor de los directivos de su confianza; y el concurso que debiera elegir al nuevo consejo de administración se encuentra bloqueado y sujeto a la mayoría de control que forman PP y Ciudadanos.

El Gobierno socialista solo tenía dos opciones. O se cruzaba de brazos permitiendo que la RTVE que pagamos todos los españoles siguiera manipulando la información y acosando a sus profesionales independientes, sin un horizonte temporal claro. O adoptaba las decisiones precisas para reestablecer una radio televisión pública al servicio de toda la sociedad. Se decidió por la segunda opción, que no era la más fácil ni la más cómoda.

En consecuencia, el mismo día 22 de junio el Gobierno aprueba un Real Decreto Ley con el objetivo de que, en solo 15 días, las Cortes Generales eligieran un nuevo consejo de administración y un nuevo presidente de RTVE, que ejercería sus funciones de forma provisional hasta que se celebrara con éxito el concurso público previsto en la ley vigente de 2017.

El decreto podría haber establecido cualquier fórmula de elección para estos cargos, pero el Gobierno optó acertadamente por plantear la misma exigencia democrática prevista en la ley de 2017 para el consejo definitivo: dos tercios de diputados en primera votación, y mayoría absoluta con apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios en segunda votación.

Poner de acuerdo a la mayoría de los representantes de la ciudadanía no ha sido fácil. En el acuerdo votado con éxito el día 4 de julio participaron hasta cinco grupos parlamentarios y más de una decena de partidos políticos: PSOE, Podemos y sus confluencias, ERC, PNV, PDCat, Compromís, Nueva Canaria, Coalición Canaria… Entre fuerza tan dispares, llegar a una decisión conjunta es difícil, pero acordar nombres para cargos concretos resulta extraordinariamente complejo. De ahí lo accidentado del proceso durante los últimos días.

No obstante, el buen hacer negociador de la portavoz socialista Adriana Lastra, la disposición positiva y comprometida de Podemos, y la colaboración de todos los demás grupos en beneficio del objetivo común, han dado como resultado el primer paso para el fin de la época más negra en la historia reciente de RTVE. Es una lástima que PP y Ciudadanos se hayan negado a participar en este consejo provisional. Se les ofreció proponer hasta un 40% de su composición, pero exigían una mayoría que no tienen en el Congreso que representa a los españoles.

¿Y ahora qué? El Congreso ya ha elegido seis consejeros. Entre el 8 y el 18 de julio se elegirá a los cuatro consejeros restantes y a un presidente realmente independiente. A partir de entonces procuraremos que el concurso público previsto en le ley vigente se desarrolle con rapidez, transparencia y eficacia, para que RTVE disponga enseguida de la dirección profesional, autónoma y decente que están esperando la gran mayoría de los españoles.

Esta es la explicación, compleja, sí, pero diáfana y honesta.

Read Full Post »