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Archive for 29 junio 2018

Las migraciones constituyen un fenómeno presente desde los albores de la Humanidad. A lo largo de la historia se ha tratado siempre lógicamente como un reto relevante para la organización del espacio público y de la convivencia. A veces se ha afrontado como un problema, y a veces como una oportunidad muy importante para el desarrollo económico, social y cultural. Grandes naciones, como los Estados Unidos de América, se forjaron migración tras migración. Y los españoles hemos sido protagonistas de migraciones extraordinarias, como emigrantes y como receptores de inmigración.

Durante los últimos años, sin embargo, son muchos los actores políticos empeñados en interpretar la inmigración tan solo como una gran desgracia para Europa. Los datos demuestran lo contrario: ni la inmigración constituye una gran amenaza plausible, por su cantidad y cualidades; ni sus efectos son solamente de carácter negativo. No obstante, el espantajo de la amenaza migratoria está sirviendo como argumento falaz para que los nuevos populismos, y los fascismos de siempre, agiten entre muchos europeos los peores instintos de miedo y egoísmo, con el objeto de obtener un rendimiento político y electoral.

El reto migratorio debe gestionarse con determinación, aprovechando su vertiente positiva y neutralizando en lo posible sus efectos indeseables. Hay que hacerlo con planificación, con recursos y desde los valores de equidad y justicia que forman parte de la identidad europea. Hay que afrontar las consecuencias problemáticas que conllevan en la actualidad los flujos migratorios procedentes de África y de Oriente Próximo, con eficacia y sin ingenuidades. Pero hay que hacerlo, sobre todo, atendiendo a las causas también problemáticas de esas migraciones que tanto preocupan hoy a muchos europeos.

Las consecuencias problemáticas que se subrayan tras cada patera, cayuco o balsa con inmigrantes que arriban a las costas europeas deberán abordarse bajo la responsabilidad del conjunto de la Unión. Habrá de hacerse coordinando actuaciones y compartiendo tanto los esfuerzos como los costes. Distinguiendo entre personas con derecho de refugio, y personas que migran buscando simplemente mejores condiciones de vida. Haciendo valer la legalidad vigente y combatiendo a las mafias que compran, venden y trafican con personas. Y, sobre todo, respetando y haciendo respetar los derechos humanos que nos distinguen como sociedades democráticas y desarrolladas.

A ningún país, a ninguna región o localidad, puede forzarse a llevar su responsabilidad legal y su esfuerzo solidario más allá de lo razonable. Las instituciones que compartimos los europeos debieran asegurarse de ello. Pero ningún dirigente de país o región alguna tiene derecho a negar el auxilio humanitario a aquellos semejantes que se hacen a la mar, jugándose la vida, porque la vida vale poco allí de donde parten. Ningún responsable institucional tiene derecho a saltarse las normas que nos hemos dado para asegurar la convivencia en condiciones de dignidad. Y ningún político tiene derecho a azuzar miedos y odios para conseguir votos y acumular poder.

Pero si afrontar responsablemente las consecuencias de las migraciones es importante, analizar y enfrentar sus causas resulta crucial. ¿Por qué se habla tan poco de las razones que llevan a miles de personas a abandonar sus hogares en África y Oriente para llegar a Europa, arriesgándolo todo? ¿Por qué las instituciones europeas y sus dirigentes emplean tan poco esfuerzo en atender las causas de las migraciones que tanto les preocupan?

Siempre se dijo, con razón, que si la prosperidad no viaja del norte al sur, los hombres y las mujeres acabarán viajando del sur al norte. Y no habrá muro ni valla que les contenga. Pero este es el problema: el de la desigualdad creciente entre el norte y el sur.

Mientras en España, por ejemplo, el PIB per cápita se acerque a los 40.000 dólares y en 37 países africanos esté por debajo de los 5.000 dólares, las migraciones se seguirán produciendo a escala importante. Mientras las dos terceras partes de la población africana malviva en la extrema pobreza y millones de criaturas pasen hambre, los hombres y las mujeres viajarán al norte. ¿Qué tienen que perder? Mientras en muchos países africanos y orientales persista la guerra y la persecución por razones políticas, religiosas o de orientación sexual, las personas se subirán a la patera o a la balsa en busca de paz y seguridad.

En Europa hay capacidades y recursos para contribuir de manera decisiva al desarrollo económico, social y cultural del continente africano y de oriente próximo. En ocasiones se requerirán recursos cuantiosos. En otros casos bastaría con que las grandes potencias cesaran en hacer uso de estos territorios como campo de juego para sus conflictos geoestratégicos. Más allá de las razones ideológicas y morales, los beneficios a obtener a medio plazo con estos esfuerzos serían ingentes, por ejemplo en términos de generación de recursos naturales y de apertura de nuevos mercados.

Por tanto, las dirigencias europeas harían bien en preocuparse por las causas de las migraciones, además de atender sus consecuencias más dificultosas. Porque mientras estas sigan vigentes, aquellas no cejarán de arribar puntuales cada verano a sus puertos y a sus playas.

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El eje predominante en el debate político de las democracias europeas se está desplazando claramente desde el comienzo de este siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, la confrontación política se producía generalmente en torno al eje izquierda-derecha. Sin embargo, la globalización acelerada, los cambios tecnológicos y el auge populista están favoreciendo un esquema distinto y más peligroso, determinado sobre todo por la exacerbación y el conflicto entre identidades.

El debate izquierda-derecha ha alimentado fuertes pasiones en uno y otro bando, pero casi siempre contó con una base racional muy elaborada. La izquierda y la derecha han representado los valores tradicionales de la igualdad y la libertad; del énfasis en los derechos colectivos y los derechos individuales; de la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, en expresión de Constant. La izquierda busca generalmente la redistribución solidaria mientras la derecha persigue garantías para el libre albedrío.

De un tiempo a esta parte, por el contrario, el pulso político no se discierne a partir de convicciones más o menos liberales o igualitaristas, sino muy a menudo desde la afirmación de la identidad propia frente a las demás. La identidad más comúnmente esgrimida es la identidad nacional, pero también se están abriendo rápidamente paso los programas políticos que hacen bandera de la identidad étnica o religiosa. La tesis a partir de la que se pretenden organizar el espacio compartido es la siguiente: nuestra identidad nacional, étnica o religiosa requiere defensa y predominio frente a la amenaza que representan las demás identidades nacionales, étnicas o religiosas.

¿Por qué avanzan estas ideas? Desde luego, no pueden presentarse como nuevas, ni pueden acreditar éxito alguno en la historia europea. Más bien al contrario: la confrontación irracional e identitaria se encuentra en el trasfondo causal de buena parte de los desastres que hemos sufrido los europeos, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Estas ideas avanzan al calor de las desigualdades, las injusticias y las inseguridades vinculadas a los procesos de globalización desregulada y revolución tecnológica acelerada. El paro, la precariedad y el aumento de la pobreza ocasionan temor, frustración e ira en amplios sectores de la población, muy receptivos a los mensajes simples que señalan culpables para su sufrimiento.

El discurso identitario, además, es puramente emocional y facilita la movilización en mayor medida que las construcciones racionales del discurso que defiende los derechos colectivos y la distribución solidaria. Es más fácil convencer al sufridor señalando a un culpable, aunque sea falso, que armando un análisis y una propuesta compleja para solucionar los problemas. La trinchera de la identidad sirve también para esconder la incapacidad y la incompetencia a la hora de elaborar programas realmente útiles para el bienestar colectivo. El “somos de los nuestros” y el “a por ellos” son argumentos muy socorridos y no requieren casi de esfuerzo intelectual alguno.

Ahora bien, las consecuencias de esta evolución están siendo muy negativas a la hora de afrontar los muchos desafíos de las sociedades europeas en el siglo XXI, desde la imprescindible integración en la Unión Europea hasta la administración del fenómeno migratorio y la articulación de políticas comunes en la lucha contra la pobreza o el cambio climático. El arrinconamiento del debate racional y la promoción constante de las emociones identitarias solo conducen a alimentar la confrontación, a dificultar la convivencia y a postergar las soluciones precisas a los problemas colectivos.

Es difícil ser optimista en el presente escenario político europeo. El discurso identitario avanza en muchos países, hasta el punto de que se afianza incluso en Gobiernos muy significativos. Ahí están los supremacistas del este europeo, el nuevo canciller austríaco, el ministro de interior alemán o el neofascista vicepresidente italiano, que un día niega auxilio humanitario a centenares de subsaharianos y otro día amenaza con expulsar a los gitanos de su país. También puede hablarse de la auténtica naturaleza del argumentario pro “brexit” o del avance del lepenismo entre las clases populares de buena parte de la Europa del sur.

Aquí, en el escenario doméstico, el independentismo catalán permanece anclado en las creencias pre-racionales del “nosotros y vosotros, mi tierra y tu tierra”. Ciudadanos cada día parece más proclive a responder al fuego identitario catalanista con fuego indentitario españolista. Y el episodio de la llegada al puerto valenciano de más de 600 personas rescatadas en el Mediterráneo ha destapado un buen número de reacciones muy lamentables, con expresiones relativas al falso “efecto llamada”, a las “avalanchas”, las “oleadas” o las “hordas” peligrosas de inmigrantes.

No hay salida positiva en los discursos y en las políticas que buscan afrontar los problemas con la exaltación emocional de la identidad propia y la incitación al temor o al odio hacia la identidad ajena. Al final de ese camino solo se encuentra el abismo. ¿O no hemos aprendido nada de la dramática historia europea del siglo XX?

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La decisión del Gobierno español para acoger a los 629 refugiados de un barco a la deriva ha causado una conmoción paradójica. El gesto del ejecutivo socialista responde a la legalidad internacional y a los valores humanitarios más elementales. Sin embargo, la repercusión de esta medida ha sacudido instituciones y conciencias a lo largo y ancho de toda Europa.

Pedro Sánchez ha hecho gala de coherencia y valentía al no dejarse llevar por las corrientes populistas y xenófobas que recorren buena parte de las cancillerías europeas. Varios gobiernos del este desafían cada día los Tratados Europeos vulnerando los derechos de millones de inmigrantes. Incluso dirigentes de naciones con tanta solera democrática como Italia, Alemania o Austria señalan a los venidos de fuera, para culparles falsamente de los problemas de precariedad social, para simular su propia incompetencia, o para recoger unos cuantos votos agitando los instintos más primarios.

La acogida española del Acuarius ha dejado igualmente en evidencia a las instituciones de la Unión Europea, incapaces de afrontar el desafío migratorio con una estrategia común y ausentes en un debate que amenaza con socavar los valores de igualdad y solidaridad sobre los que se construyó el proyecto común. La Comisión Europea permite a los Estados el incumplimiento flagrante de la legalidad, ignora la falta dolosa de diligencia respecto a los compromisos de acogida, y hace como que no oye las bravatas fascistoides de los Salvini, los Seehofer, los Orbán, los Kurz, y todos los demás.

Al mismo tiempo, el Gobierno Sánchez se ha situado a la altura de los principios mayoritariamente solidarios de la sociedad española. El número de inmigrantes que llegan a nuestro país desde África, Oriente Próximo o América Latina es semejante en cantidad y problemática al que arriba en otros países de nuestro entorno. Sin embargo, las expresiones de rechazo son aquí muy minoritarias. De hecho, el amago de algunos dirigentes de la derecha española para desmarcarse de la decisión del Gobierno y agitar el espantajo del “efecto llamada”, fue rápidamente anulado por el ofrecimiento de colaboración que hicieron público los principales gobiernos territoriales del PP, de Galicia y Castilla-León a Málaga, por ejemplo.

Resulta muy preocupante el éxito electoral que tienen los discursos de identidad en muchas democracias. El “italianos primero” del Salvini de hoy se asemeja al “América first” de Trump y al “britain first” de los partidarios del brexit. Es una respuesta simple a los problemas, facilona de explicar y movilizadora por emocional: “aquél que viene de fuera es el culpable de tus sufrimientos”. A la vez, es una respuesta reaccionaria, porque fomenta el egoísmo y la insolidaridad. Y, sobre todo, es una respuesta peligrosa, porque la historia enseña que los discursos que exacerban la identidad suelen conducir al rencor, al odio, a la discriminación y a la quiebra de la convivencia. En España, esta estrategia ha sido abrazada tan solo por una parte del separatismo catalán, pero el daño ocasionado es evidente y grave.

Los planteamientos xenófobos que se esgrimen como arma electoralista de manera irresponsable no aguantan el más mínimo contraste racional con la realidad. Sostener, como hace el nuevo gobierno populista italiano, que los poco más de diez mil inmigrantes irregulares que han llegado a sus costas en lo que va de año suponen una amenaza para la economía, el empleo y la cultura de una sociedad de 60 millones de ciudadanos en la tercera economía de Europa, no es solo una mentira. Es un insulto a la inteligencia de los propios italianos.

El Gobierno socialista ha proporcionado una inyección de dignidad y orgullo a la sociedad española y ha dado una lección de coherencia y valentía al conjunto de Europa.

¡Y decían que todos éramos iguales!

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La derecha española ha confirmado, una vez más, ese viejo defecto que le lleva a tratar cada pérdida del poder como si de una vil usurpación se tratara. El tiempo pasa, pero muchos dirigentes conservadores siguen mostrando una muy lamentable concepción patrimonial del poder público.

Desde Rajoy hasta Hernando, pasando por decenas de portavoces territoriales, buena parte del PP ha salido en tromba a descalificar como ilegítima la moción de censura que ha provocado su salida del Gobierno. El ya ex-presidente ha llegado a calificar como “estigma” y “precedente grave en la democracia” la aplicación de un precepto vigente en nuestra norma constitucional.

El PP intenta socavar la legitimidad del nuevo Gobierno con el argumento de que su Presidente “no ha ganado las elecciones”. Se trata de un tosco intento de confundir a la opinión pública. En la democracia parlamentaria española no gobierna el candidato del partido que más votos obtiene de los electores, sino aquel que es capaz de concitar más apoyos entre los representantes de la ciudadanía en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.

No muy lejos de la propia sede madrileña del PP se encuentra el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital, en el que los populares desalojaron en su momento al PSOE de la alcaldía, a pesar de que el socialista Juan Barranco fuera el candidato más votado por los ciudadanos. Rajoy debiera recordarlo bien, porque ya era por entonces un dirigente destacado de la derecha fraguista.

El artículo 113 de la Constitución es tan legítimamente aplicable como lo es el 99, que sirvió para hacer Presidente a Mariano Rajoy, o como lo es el 155, ejercido por el Gobierno del PP con el leal apoyo de la oposición socialista. Tachar como fraudulento a un Gobierno avalado por la mayoría absoluta del Congreso tan solo refleja una querencia constitucional lamentablemente selectiva.

Los dirigentes conservadores aducen también que los 84 diputados socialistas denotan una “debilidad extrema”, y que los apoyos de “grupos extremistas de izquierda e independentistas sectarios” responden a “oscuros pactos en los despachos”. Pero lo primero es ya una tónica generalizada en los gobiernos europeos, y en muchos gobiernos municipales y autonómicos de España. Y lo segundo es sencillamente una falacia, desmentida por sus propios protagonistas. ¿Alguien puede creer que la designación de Borrell como ministro puede formar parte de un “pacto oculto” con los independentistas?

Pedro Sánchez es Presidente del Gobierno de España porque esa ha sido la voluntad democrática de la gran mayoría de los representantes de los españoles en el Parlamento, aplicando con plena legitimidad un precepto de la Constitución vigente.

Es más, esa panoplia amplia y diversa de partidos y grupos parlamentarios solo pudo activarse gracias al evidente respaldo popular a la moción de censura. Tras la divulgación de la sentencia del caso Gürtel, el clamor de la sociedad española obligaba a sus representes a exigir la responsabilidad política del Gobierno del PP y a recuperar la dignidad de las instituciones democráticas con un nuevo Presidente.

El alivio y la esperanza son los sentimientos dominantes entre la mayoría de los españoles desde la aprobación de la moción de censura el pasado primero de junio. Y el desafío al que se enfrenta el nuevo Gobierno consiste precisamente en dar satisfacción a tan altas expectativas con una gestión a la vez prudente y ambiciosa, humilde y con alcance.

El Presidente Sánchez ha establecido una hoja de ruta muy razonable: censura, estabilidad y elecciones. La censura está lograda y el Gobierno Rajoy ya es historia. La estabilidad a perseguir debe ser institucional, social y territorial: limpiando el espacio público de corrupción; atendiendo las urgencias sociales que han provocado las reformas injustas de la derecha; y reconduciendo los conflictos territoriales mediante el diálogo y el acuerdo, en el marco de la Constitución y las leyes. Tras todo esto, las elecciones.

Las mujeres y los hombres elegidos por Pedro Sánchez para conformar este Gobierno esperanzador han sido muy bien recibidos en la sociedad española, por sus trayectorias, sus capacidades y sus talantes a favor del diálogo y la calidad democrática.

Los 84 diputados y diputadas del Grupo Socialista en el Congreso, junto a los senadores y senadoras socialistas, estamos dispuestos para dar apoyo leal y eficaz a este Gobierno, en una actitud de permanente búsqueda del entendimiento con los demás representantes de la ciudadanía española. Porque responde a la necesidad, sí. Y porque nos lo creemos, también.

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