Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 30 mayo 2018

Los argumentos a favor de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno Rajoy son tan evidentes que resulta más interesante centrarse en rebatir los argumentos esgrimidos por sus contrarios.

Tras la contundente sentencia del caso Gurtel, la elección es inequívoca: o mantenemos el Gobierno en manos de Rajoy y su partido condenado por corrupción, o damos paso a un Gobierno que recupere la dignidad de nuestras instituciones democráticas. Tan fácil como esto.

El primer argumento utilizado contra la moción ha sido el de la inestabilidad. La propia vicepresidenta del Gobierno intentó achacar a la iniciativa del PSOE la responsabilidad por el aumento en los últimos días del coste de la deuda y la caída de algunos valores bursátiles. “Nos cuesta mucho dinero”, se atrevió a manifestar la señora Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, lo que realmente preocupa a las instituciones económicas y lo que ciertamente disuade a los inversores es la corrupción que anega a la dirigencia del partido gobernante, constatada ya por los tribunales de Justicia. Nada desestabiliza más en una democracia que los comportamientos corruptos en sus mandatarios. El primer objetivo de la moción consiste, precisamente, en recuperar la dignidad de las instituciones y, por tanto, su estabilidad.

El segundo argumento contrario a la moción reprocha su carácter supuestamente “no democrático”, en razón a que “busca obtener en los despachos lo que no se obtuvo en las urnas”. Son palabras del líder de Ciudadanos. Además de desconocer los cauces que la Constitución establece para formar Gobierno, esta argumentación ignora los principios más elementales del parlamentarismo.

En las democracias parlamentarias no gobierna de forma automática aquel que obtiene un voto más que el segundo clasificado, sino aquel que logra el apoyo mayoritario entre los legítimos representantes de la ciudadanía. Por tanto, un candidato que suma el apoyo de la mayoría parlamentaria, por ejemplo mediante un moción de censura, es un candidato con plena legitimidad democrática. Resulta extraño, sin embargo, que el propio Rivera, al tiempo que niega legitimidad al candidato socialista con más de cinco millones de votos populares, proponga la elección de un presidente “instrumental” sin respaldo electoral alguno.

El tercer impedimento tiene que ver con la reivindicación de unas elecciones generales a corto plazo.  Paradójicamente, Ciudadanos reclama un acuerdo entre los partidos constitucionalistas para poner en práctica una medida claramente inconstitucional: la llamada “moción instrumental”. Porque tal cosa no existe en nuestra Carta Marga. Por el contrario, el artículo 113 de la Constitución ofrece la posibilidad de “exigir la responsabilidad política del Gobierno” mediante una moción constructiva, que conlleve simultáneamente la investidura de un nuevo Presidente.

Toda vez que el candidato socialista ha comprometido públicamente la convocatoria electoral en breve plazo, y dado que el actual presidente ha manifestado su intención de agotar la legislatura, las opciones en el voto de la moción de censura también son claras a este respecto. Votar sí equivale a elecciones adelantadas, y votar no equivale a elecciones retrasadas.

El cuarto motivo es el de la garantía de la integridad territorial. Pretenden argumentar los contrarios a la moción que el supuesto voto favorable por parte de los diputados nacionalistas e independentistas pondría en riesgo la unidad del país. Sin embargo, el candidato ha sido absolutamente explícito en su voluntad de defender desde el Gobierno “el ordenamiento constitucional y la unidad de España”.

Hace falta tener mala fe para poner en duda el compromiso del PSOE con la Constitución y la integridad territorial de España. El Partido Socialista fue protagonista fundamental en la elaboración, la aprobación y el desarrollo de la Constitución de 1978. El PSOE es el partido español que más tiempo ha gobernado aplicando la ley de leyes. Y ningún partido ha sido más firme, coherente y leal en el apoyo al actual Gobierno durante la aplicación del artículo 155, para hacer frente al desafío separatista en Cataluña.

También se habla de lo inadecuado de dar lugar a un gobierno “Frankenstein”, como eufemismo de un ejecutivo con apoyos fragmentados y diversos. Ciertamente, resulta mucho más interesante para la estabilidad política del país contar con un gobierno de apoyos amplios y sólidos. Pero esa es una decisión a adoptar por el pueblo soberano, y el pueblo soberano decidió libremente en las últimas elecciones que su representación fuera como es: fragmentada y diversa.

El Gobierno del PP acaba de aprobar su proyecto de presupuestos en el Congreso gracias al apoyo de un conjunto fragmentado y diverso de hasta siete partidos políticos distintos: Partido Popular, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y Nueva Canarias. ¿Qué apoyos requeriría un gobierno alternativo tras la moción de censura? Pues eso, un conjunto de apoyos fragmentados y diversos, pero distinto en su configuración y en sus objetivos.

En todo caso, los analistas dados al lamento por la representación crecientemente fragmentada y a la nostalgia por las grandes mayorías, debieran asumir que esta es una tendencia a escala europea y muy de fondo. Por tanto, sin abandonar la lógica vocación de mayoría inherente al menos a la socialdemocracia, conviene acostumbrarse por un tiempo a hacer política con mucha voluntad de diálogo y mucha capacidad de acuerdo.

En realidad, solo hay una razón creíble para votar contra la moción de censura presentada por el PSOE: mantener en el Gobierno a Mariano Rajoy y a su partido condenado por corrupción. Pero es una razón moralmente inaceptable.

Anuncios

Read Full Post »

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gurtel conduce a Mariano Rajoy y al Gobierno del PP a una situación insostenible.

La Justicia ha declarado probada la existencia de “una auténtica y eficaz corrupción institucional” en torno al partido en el poder. La red criminal implica a todos los niveles de la administración pública, desde el Gobierno central hasta varias Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

El funcionamiento de la trama corrupta es tan simple como inmoral. Los responsables institucionales del PP adjudicaban contratos públicos a determinadas empresas, a cambio de regalos personales y mordidas para la financiación ilegal del partido. 

Los jueces constatan la existencia durante varios años de la caja B del Partido Popular, una financiación “extra contable”, en palabras del tesorero condenado, para pagar sobresueldos y financiar las actividades del partido al margen de los límites legales. 

La notoriedad de los condenados y la gravedad de las condenas no permiten en esta ocasión al Gobierno y al PP acudir al argumento del hecho aislado. Además, esta condena coincide en el tiempo con la detención de Eduardo Zaplana, expresidente autonómico y exministro popular, investigado también por el blanqueo del botín de sus propias corruptelas. Y aún están pendientes los juicios por un sinfín de casos parecidos. 

La implicación política de Mariano Rajoy en el escándalo es directa y muy clara. Él era Presidente del Partido Popular mientras se cometían buena parte de los hechos juzgados, y con anterioridad también formaba parte de la dirección del partido y de sus campañas electorales, hoy cuestionadas en la sentencia por su falta de limpieza.

El daño infligido sobre la sociedad española y sus instituciones es de una gravedad extraordinaria. Justo cuando comienzan a amainar los vientos que han impulsado el crecimiento de la economía española. Cuando se intensifican las presiones para repartir el fruto del crecimiento con cierta equidad. En el contexto del desafío separatista en Cataluña. En pleno proceso de decisiones para acelerar la integración europea. En el peor momento. 

La sentencia condena a los corruptos pero produce también un efecto demoledor sobre el prestigio y la credibilidad del Gobierno, de las instituciones democráticas y de la actividad política en general. Y el descrédito institucional alimenta a los populismos, que no aportan soluciones, pero administran la ira y la frustración ciudadanas en beneficio propio. 

Es cierto que la sentencia del caso Gurtel no resulta novedosa, por desgracia. Ni es la primera ni será la última de este tenor, muy probablemente. Pero la situación, en lo político y en lo moral, resulta ya absolutamente insoportable.

Read Full Post »

Si alguna ventaja puede extraerse del discurso del nuevo presidente electo en la comunidad catalana es su claridad meridiana. Ya no hay lugar a dudas o equívocos. El máximo representante del separatismo catalán promueve la ideología del supremacismo y el odio racial, y se declara dispuesto a quebrar la legalidad democrática para alcanzar sus metas.

Ahora bien, Quim Torra ha sido propuesto por el ex-presidente catalán Puigdemont, huido de la justicia por golpismo, pero ha sido elegido por una mayoría de diputados en el Parlamento autonómico. Hasta 66 diputados separatistas han votado a un presidente con un pensamiento y una trayectoria bien conocida por su xenofobia radical, anti-española, anti-francesa y anti-europea. Si comparten su pensamiento y sus planes, es terrible. Y si no lo comparten, también.

La mayoría de los representantes de la sociedad catalana han investido presidente a un individuo que proclama que “no es natural hablar español en Cataluña”, que “aquí no cabe todo el mundo”, que sobran “los que no asumen nuestras señas de identidad”, y que “los españoles son bestias, carroñeros y víboras”. Se trata de un señor que admira públicamente a la formación Estat Catalá, conocida por proclamar “la superioridad de la raza catalana” durante la Transición Democrática.

No hace falta recordar que fueron precisamente estas ideas enfermizas, con expresiones casi calcadas, las que fomentaron el odio criminal entre seres humanos, la quiebra de la convivencia y la confrontación civil entre españoles y entre europeos durante el siglo XX. No cabe relativizar su gravedad, ni poner paños calientes. Este señor es peligroso, porque sus ideas y sus intenciones son peligrosas. Y quienes le han elegido han asumido una gran responsabilidad.

Porque, además, Torra acaba de asegurar pública y solemnemente que sus referencias legitimadoras a la hora de gobernar no proceden del ordenamiento jurídico vigente. Sus únicas referencias explícitas son tres: la voluntad del ex-presidente golpista, el “mandato” del referéndum fraudulento del 1 de octubre, y el objetivo “irrenunciable” de constituir una República catalana al margen de la legalidad constitucional. No cabe mayor desafío a nuestra democracia y a nuestra convivencia en paz.

Y ante tamaño desafío, la democracia española solo puede reaccionar de una manera: con la firme determinación de hacer frente a la amenaza separatista y supremacista, con las herramientas que proporcionan la ley y la política. Con serenidad, con proporcionalidad y con contundencia.

No caben atajos preventivos. Los demócratas tenemos el amparo y la legitimidad de la ley. Mientras el desafío se limite a los discursos irracionales, y ojalá se quede ahí, hagámosle frente con el discurso de la razón. Y en cuanto el discurso de paso a la acción contraria al orden constitucional, si sucede, aplíquese la ley, con la proporción y la contundencia precisas, en defensa de los derechos y la libertades de todos los españoles, catalanes incluidos. Aplicando el artículo 155 de la Constitución si fuera necesario, que para eso se promulgó.

Y en paralelo, hagamos política también. Porque resulta imposible asumir que más de un 40% de catalanes puedan sentirse representados en las ideas y en los hechos de Quim Torra y de quienes le han hecho presidente. No podemos admitir que más de un 40% de catalanes comparte el discurso del odio racial.

Por tanto, es necesario promover el diálogo y el entendimiento en torno al presente y al futuro del modelo territorial del Estado, al encaje de Cataluña en tal modelo y a la consideración que merece la identidad catalana, en el marco de una España y una Europa de identidades plurales, diversas y libres. Los socialistas hemos promovido un escenario parlamentario útil con este fin. Aprovechémoslo.

Read Full Post »

“Si no le gusta RTVE, cambie de canal”. La respuesta del ministro Cristóbal Montoro al Grupo Socialista en el Senado va más allá de la descortesía parlamentaria y ralla en la desfachatez. En todo caso resulta significativa respecto a la consideración que para este Gobierno merecen las demandas de juego limpio en la radio televisión pública.

La invitación del ministro a cambiar de canal hubiera resultado justificada en el caso de que la interpelación versara sobre una empresa de su propiedad o de la propiedad de su partido. Pero la RTVE es una institución de todos los españoles, cuyo funcionamiento nos cuesta cerca de 1.000 millones de euros cada año y que nos abochorna cada día con su propaganda gubernamental y su sectarismo zafio.

El grado de manipulación es tal que ha obligado a los propios trabajadores de la radio televisión pública a organizarse y movilizarse en defensa de su profesionalidad. Periodistas, editores, corresponsales, técnicos… denuncian permanentemente las presiones que sufren para beneficiar al partido del Gobierno en el tratamiento de la información. Los comunicados públicos de los consejos de redacción son una constante llamada de auxilio, que debiera avergonzar a los actuales gestores del ente.

A las piezas sobre economía y empleo solo les falta el “We are the champions” como banda sonora. Las informaciones sobre corrupción van breves y al final si afectan al PP, y van a todo trapo y al principio si afectan a los partidos de la oposición. Las manifestaciones críticas con el Gobierno se ningunean, al tiempo que se magnifican las que acompañan los argumentos del ejecutivo.

Durante la última semana, la editora de los informativos en la delegación valenciana se ha visto obligada a dimitir, tras habérsele impedido la retransmisión de los insultos de la Secretaria de Estado de Comunicación contra unos manifestantes pensionistas. La primera alternativa es la auto-censura del propio profesional, pero cuando esto no funciona llega la censura directa.

Una de las primeras decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy tras su triunfo en las elecciones del año 2011 fue la de modificar la ley de RTVE impulsada por el Gobierno socialista, para sustituir la mayoría parlamentaria de dos tercios por la simple mayoría en la elección de los consejeros del ente público. Se finiquitaba así la etapa socialista de la RTVE de todos y para todos, con dirección elegida por consenso, y se daba paso, una vez más, a la etapa negra de la manipulación. De hecho, José Antonio Sánchez, actual Presidente, no se cansa de presumir  que es votante del PP.

Esa misma determinación lamentable está llevando al PP a bloquear la entrada en vigor de la nueva ley anti-manipulación de RTVE, aprobada en las Cortes a pesar del Gobierno, desde el pasado mes de septiembre. Los presidentes del Congreso y del Senado hacen uso de todo tipo de triquiñuelas dilatorias para aplazar la aplicación de la ley y asegurarse un tratamiento tan favorable a su partido como bochornoso para el conjunto de la sociedad española.

El desbloqueo en la aplicación de esta ley tiene que ver con la calidad misma de nuestra democracia. Se trata, incluso, de un imperativo moral.

Read Full Post »

El día 2 de mayo se cumplieron 139 años desde la fundación del PSOE por un puñado de obreros en una fonda de la madrileña calle de Tetuán. La efemérides más que centenaria del Partido Socialista coincide con la borrachera demoscópica de otro partido, Ciudadanos, que el próximo mes de junio cumplirá su duodécimo año de vida, entrando casi en la adolescencia política.

Esta diferencia abismal de edades, y la soberbia que suele acompañar a las buenas encuestas, ha intensificado el conocido afán de los dirigentes de Ciudadanos por descalificar precisamente al PSOE, al que ellos llaman de forma peyorativa “partido viejo”. En realidad, tal descalificación logra de entrada un efecto contrario al buscado, porque pone de manifiesto el vivo contraste entre el proyecto históricamente consolidado de los unos, frente a la coyunturalidad posiblemente efímera de los otros.

Con seguridad, la fortaleza persistente del PSOE ha de resultar tan incomprensible como irritante para quienes viven la política desde la espuma del surfeo en la actualidad, desde la gestión de las últimas modas en la opinión pública, y desde la complicidad interesada de los poderes financiero-mediáticos. ¿Pero qué hacen aún ahí estos socialistas que ni están de moda, ni quedan bien en las encuestas, ni tienen el favor de la uno, ni de la dos, ni de la tres, ni de la cuatro, ni de la cinco, ni de la seis…?

Y es que, en democracia, el vigor político no se mide mediante al peso de los elogios de los tertulianos o las falsas promesas de votos en encuestas de diseño. Cuando este partido de moda acabe la escuela secundaria de la política, se dará cuenta de que el auténtico éxito en política ni tan siquiera tiene que ver con la telegenia del líder o el acierto de los cortes en el último programa de radio. Entonces entenderán que solo hay dos cosas realmente importantes para la madurez de un partido: su razón de ser y su credibilidad.

La razón de ser del PSOE es incluso más vieja que sus siglas. Se trata de hacer justicia, se trata de combatir las desigualdades. Más allá de modas, de encuestas y de concursos de telegenia para partidos adolescentes, los españoles saben que el PSOE existe desde hace casi siglo y medio para conquistar avances en igualdad, en libertad y en justicia. Y saben que cuando un socialista gobierna, sea donde sea, sea cuando sea, lo hace para lograr más justicia. Y saben que cuando un socialista hace oposición, lo hace también para lograr más justicia, cada día, en cada lugar.

Y la credibilidad del PSOE está en su historia, en sus hechos, en la coherencia y el empeño de su gente. Claro que se han cometido errores, y ha habido incumplimientos, y se han aprovechado sinvergüenzas. Pero los españoles saben que el balance de la aportación del Partido Socialista a la historia del último siglo y medio de la sociedad española es un balance netamente positivo.

Y saben que algunas de las mejores páginas de esa historia se han escrito con puño, con letra y con tinta socialista. A veces, también, con sacrificio y con sangre socialista. Desde el fin del trabajo infantil hasta la jornada de 40 horas y el descanso dominical. Desde el consenso constitucional hasta el fin de ETA. Desde la universalización de la sanidad pública hasta la ley de la dependencia. Desde las becas para el acceso obrero a la universidad hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo…

¿Viejos? Hay algo de gerontofobia en esas expresiones, además. Las sociedades más avanzadas y más sabias son las que más respeto muestran por los mayores, y no las que desprecian todo aquello que les antecedió.

La “vejez” del PSOE proporciona firmeza en los principios, a salvo de modas, encuestas o posibilismos. Por eso entre los socialistas no se dará aquello de firmar hoy por la abolición de la cadena perpetua, para abrazar mañana esa misma cadena perpetua al calor de la indignación popular por el último crimen. Por eso en el PSOE no se denunciará un día la “descomposición” del PP en Madrid, para respaldar a ese mismo PP en el día siguiente.

Esa “vejez” aporta experiencia para no adoptar decisiones a golpe de encuesta mañanera. Y reporta cantera, mayor y joven, con mochila de gobierno y con mochila de originalidad, porque se ha gobernado mucho, y se ha hecho mucha oposición, y se ha trabajado mucho codo a codo con la sociedad española, en cada tiempo y en cada rincón. Sin necesidad de fichajes improvisados y efectistas de última hora.

Y la “vejez” aporta, sobre todo, confianza. Confianza en el compromiso acreditado con unos valores y en la solvencia de un trabajo que puede contrastarse, medirse, valorarse.

¿Viejos? Cuando algunos despierten de la borrachera de la moda y las encuestas mareantes, el PSOE seguirá aquí, cumpliendo años, y cumpliendo con su razón de ser. Una razón tan vieja como la desigualdad.

Read Full Post »