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Archive for 29 marzo 2018

 

En la ceremonia de la confusión que tiene lugar en la política catalana de estos días, algunos pretenden hacer pasar a las víctimas por agresores y a los agresores por víctimas. Sin embargo, el engaño cada día es más evidente y los dispuestos a dejarse embaucar son cada vez menos, en Cataluña, en el resto de España y, como están comprobando dolorosamente, también en el conjunto de Europa.

Las víctimas son, por este orden, la ciudadanía catalana y del conjunto de España, así como las instituciones democráticas que en Cataluña y en el resto de España están llamadas a asegurar su convivencia, sus libertades y el desarrollo colectivo. Los agresores son, sin lugar a la duda, aquellos que pretenden imponer sus ambiciones sobre la legalidad democrática. Y aquellos que buscan imponer sus ensoñaciones por encima del derecho de catalanes, españoles y europeos a vivir en paz, ajenos a la amenaza del nacionalismo populista y supremacista que tantos dramas ocasionó durante el siglo pasado.

La democracia española se defiende de sus agresores, claro. Está en su legítimo derecho. Cuando se subvierte la ley democrática, cuando se socavan los cimientos del Estado de Derecho, cuando se proclama la sedición y la ruptura del orden constitucional que garantiza los derechos y las libertades, la sociedad organizada se defiende. Y quienes la amenazan son obligados a comparecer ante la Justicia y asumir sus responsabilidades. Claro. Lo sorprendente es que se sorprendan. ¿Qué pensaban?

La historia moderna de España es una historia trágica. Durante los dos últimos siglos los españoles fuimos incapaces de entendernos para establecer siquiera unas reglas básicas de convivencia. Las desigualdades sociales, las diferencias religiosas, el papel del ejército, la forma del Estado, las identidades territoriales… Cualquier motivo, o todos los motivos a la vez, eran buenos para exacerbar las diferencias, generar conflictos y frustrar cualquier oportunidad de desarrollo común.

Hasta 1978. Para sorpresa de muchos, y para satisfacción y agradecimiento de las generaciones presentes, los españoles de la Transición fueron capaces de superar siglos de desencuentros y violencias para alcanzar un pacto. El pacto constitucional no resolvía de un plumazo todas las diferencias y todos los problemas endémicos del país, pero establecía unos fundamentos comúnmente aceptados, para posibilitar un proyecto colectivo en paz, junto al resto de los pueblos de Europa.

Ese pacto incluía un modelo territorial que, al modo federal de otras naciones de conformación plural, aseguraba a un tiempo unidad y respeto a la diversidad, igualdad de derechos y descentralización política. Y el pacto fue votado muy mayoritariamente en toda España, y muy especialmente en Cataluña. Es un pacto perfectible, desde luego. Es un pacto a perfeccionar, de hecho, pero a perfeccionar desde el mismo consenso que le dio vida.

Sin embargo, ahora unos cuantos han decidido que ya está bien de Constitución, de pacto, de consensos y de convivencia. Han decidido que hay que volver a las andadas, al desencuentro y al conflicto. Han decidido que, pese a estos cuarenta años de convivencia en paz, de desarrollo próspero y de descentralización máxima, es hora de romper los cimientos del pacto constitucional. Han decidido fracturar un país, España. Hacerlo desaparecer, sin más. Y han decidido hacerlo por la bravas, porque sí, porque “Cataluña es nuestra”, en el elocuente discurso supremacista de Ernst Maragall.

En la democracia española, todas las ideas legítimas, y el independentismo lo es, pueden defenderse, si se hace respetando los derechos de quienes no compartimos esas legítimas ideas independentistas. ¿Cómo? Acudiendo a los procedimientos que proporciona el Estado de Derecho. Podrían haber planteado sus propuestas de forma abierta en las instituciones, para posibilitar el diálogo y un eventual entendimiento. O podrían haber planteado una iniciativa de reforma constitucional, en el Parlamento catalán primero, y en el Congreso de los Diputados después.

Y hubiéramos hablado, y hubiéramos debatido, y posiblemente hubiéramos votado. En la sede de la representación de todos los españoles, porque a todos los españoles concierne la integridad de nuestro país y el futuro colectivo. Y yo hubiera votado contra la secesión, desde luego. Puede que contra la secesión hubiera votado la mayoría. De hecho, este es el argumento dudosamente democrático que esgrimen los independentistas catalanes para desechar lo que llaman la “vía Ibarretxe”.

Claro que hay caminos alternativos a los de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a las mayorías. En España y en el resto de Europa los conocemos bien. De hecho, los independentistas han de saber que haremos todo lo posible para no se repitan, dentro de la ley.

Somos humanos, y no podemos dejar de empatizar con quienes sufren cárcel y desgarro familiar, por alejados que estemos de sus ideas e intenciones. Pero tampoco podemos ignorar a las víctimas más que seguras que hubiera generado la inacción de la Justicia, en un escenario de vulneración impune de la legalidad constitucional y de vuelta al conflicto civil, tan dramáticamente presente en nuestra historia.

 

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Si el populismo consiste en anteponer los criterios de oportunidad sobre los principios, y en la prevalencia de la búsqueda de titulares sobre la búsqueda de soluciones, Ciudadanos es el partido más populista de España.

Los ejemplos con los que ilustrar esta afirmación son abundantes. El más reciente es el abandono de la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico. Se trata de la comisión parlamentaria encargada de analizar las necesidades de nuestro modelo territorial, con el objeto de promover reformas que contribuyan a mejorar tanto la funcionalidad de nuestro Estado como la propia convivencia en una sociedad con identidades plurales.

Ciudadanos ha abandonado abruptamente esta Comisión con los trabajos apenas iniciados, a pesar de que buena parte de su discurso descansa precisamente en la necesidad de hacer frente a los desafíos del modelo territorial español. La discusión sobre el orden de comparecientes, que han utilizado como coartada, camufla apenas la pretensión oportunista de seguir apareciendo como l’enfant terrible de la política española, sin complicidad alguna con las formaciones más tradicionales.

Este episodio tiene lugar apenas una semana después del espectáculo ofrecido por el partido naranja en el propio Pleno del Congreso, a cuenta del debate sobre la prisión permanente. Uno tras otro, los portavoces de todos los grupos mostraron su asombro e incredulidad ante el viraje de 180 grados que llevó a Ciudadanos desde la firma con el PSOE en 2016 de un compromiso para la “derogación inmediata” hasta la propuesta actual de cadena perpetua y endurecida. Al calor del dramatismo que genera la actualidad, claro está.

Sin salir del Congreso de los Diputados, hemos de tomar nota de otra contradicción flagrante. Cada fin de semana, Rivera y los suyos ofrecen grandes lecciones sobre regeneración y calidad democrática. Algunos lunes, incluso, denuncian las limitaciones de nuestra legislación electoral y reclaman reformas para que la representación del pueblo se parezca más al propio pueblo. Sin embargo, el afán hiper-democrático se agota inexorablemente cada martes, cuando Ciudadanos une sus votos al PP para vetar la tramitación siquiera de todas las proposiciones de ley que firman los partidos de la oposición. No sea que adquieran algo de protagonismo.

El contraste entre el discurso y los hechos del partido naranja en relación a la calidad de nuestra democracia se extiende a otras instituciones. Sin ir más lejos, aquí en Madrid, y durante los tres últimos años, Ciudadanos ha tenido cada día la oportunidad de elegir entre dos tipos de Gobierno: o el Gobierno continuista del PP de Gonzalez y Granados, de Gurtel, Púnica y Lezo, o el Gobierno de Ángel Gabilondo. Pero Rivera no ha tenido duda nunca de a quien arropar cuando se trata de dirimir el poder en el centro político, económico y financiero de España. Calidad democrática aparte, desde luego.

Incluso en Cataluña, epicentro de su movimiento, el partido Ciudadanos mantiene una actitud guiada antes por la maximización permanente de sus intereses electorales que por la solución al enredo fenomenal causado por el desafío secesionista.

La firme voluntad oportunista de Rivera, Arrimadas y compañía se demuestra claramente en la secuencia de sus reivindicaciones y renuncias en torno al poder. Cuando la reivindicación de la presidencia de la Generalidad catalana tan solo equivalía a una toma de postura incómoda para sus rivales constitucionalistas, Ciudadanos reclamó una moción de censura en el Parlamento catalán. Sin embargo, ahora que la candidata de Ciudadanos cuenta con la legitimidad, nada menos, de encabezar el partido más votado en Cataluña, ni tan siquiera acepta que se insinúe la posibilidad de intentar una investidura.

El teatrillo que la derecha naranja interpreta en cada rueda de prensa, buscando el cuerpo a cuerpo con la derecha azul, puede resultar entretenido, incluso convincente para algunos incautos. A la hora de la verdad, por el contrario, cuando se analizan los posicionamientos realmente determinantes para el poder, el poder de verdad, el poder económico, financiero y mediático, el partido de Rivera no se aparta ni un milímetro de lo que se espera de un partido de orden, del orden conservador. Ahí están los presupuestos, y la reforma laboral, y la subida del 0,25% en las pensiones, y la ley Wert…

¿Populismo? En España es de color naranja intenso.

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Conforme se aproximan las campañas electorales van multiplicándose los reclamos del voto con contenido fiscal. Rivera anuncia la rebaja impositiva como “condición” para respaldar los Presupuestos Generales del Estado. Cifuentes se adelanta a su socio naranja proclamando nuevas reducciones en la imposición sobre renta, sucesiones y transmisiones patrimoniales. Los gobiernos autonómicos compiten en recortes de impuestos. Hasta Rajoy hace un guiño fiscal a los pensionistas enfadados por la pérdida de su poder adquisitivo.

Tales reclamos constituyen normalmente una incoherencia grave para sus autores, por cuanto en la mayor parte de los casos suele tratarse de dirigentes políticos que hacen discursos permanentes en demanda de más recursos para ejercer sus competencias. Pero, además de incoherentes, suelen resultar también del todo irresponsables, ya que las rebajas impositivas reducen sus capacidades para financiar políticas públicas con las que hacer frente a las necesidades y demandas de las comunidades que gobiernan o aspiran a gobernar.

Las promesas de rebajas fiscales pueden clasificarse en dos grandes categorías. Por un lado están aquellos que prometen menos impuestos aún a costa de reducir gastos, y por otro lado están quienes pretenden garantizar menos impuestos y más gastos a la vez. Los primeros hacen daño, los segundos engañan.

Es legítimo plantear a la ciudadanía una reducción global de los ingresos fiscales cuando se explica que tal decisión conlleva a su vez una merma en la capacidad de gasto y, por tanto, de las políticas públicas que atienden las necesidades sociales. Es el discurso neoliberal de “el dinero está mejor en el bolsillo de la gente”, que equivale al “cada cual se las apañe” y “sálvese el que pueda”. Menos ingresos y menos gasto público implican sociedades en las que cada ciudadano y cada ciudadana satisfacen sus necesidades y demandas, de educación, de sanidad, de servicios sociales, por ejemplo, en función de sus propias condiciones económicas. Son sociedades profundamente desiguales.

También resulta legítimo, desde luego, plantear el mantenimiento, incluso el aumento de los ingresos fiscales a fin de mejorar así las capacidades de la sociedad para promover el bienestar colectivo. Y tal aumento puede resultar de una fiscalidad progresiva, en la que paguen menos quienes menos tienen y ganan, y en la que paguen más quienes más tienen, más ganan y más esconden. Hablamos ahora del discurso progresista o socialdemócrata que apuesta por sociedades equitativas, cohesionadas y justas, en las que la acción pública promueve la igualdad de oportunidades y no abandona a su suerte a los menos afortunados.

Sin embargo, lo que no resulta legítimo es prometer al mismo tiempo reducciones generalizadas de impuestos y aumentos generalizados del gasto. Porque esto equivale a engañar a la ciudadanía. El engaño puede camuflarse durante un tiempo a base de incrementar la deuda, o derivando culpas a otras instancias, léase el Estado, léase Europa o léase cualquier otra coartada. También pueden esgrimirse argumentos pre-científicos, como la famosa “curva de Laffer”, equivalente al milagro evangélico del pan y los peces. Pero el engaño, engaño es, y así acaba poniéndose en evidencia, a veces dolorosamente para el conjunto.

España cuenta con unos ingresos públicos que representan algo más del 38% de su PIB (2016), por el 45% de Alemania, el 51% de Bélgica o el 53% de Francia. Mientras tanto, nuestro gasto público sobre PIB alcanza el 42%, por el 44% de Alemania, el 53% de Bélgica y el 56% de Francia, por continuar con los mismos ejemplos de nuestro entorno europeo.

Por tanto, quienes en nuestro país planteen nuevas bajadas de impuestos, en realidad están proponiendo reducir unos ingresos públicos muy mermados ya respecto a la mayoría de los países europeos. Y a menores ingresos, menores gastos públicos, claro está. A no ser que se esté planteando un aumento significativo del déficit público, lo que nos situaría fuera de la disciplina presupuestaria de la Unión Europea.

Rajoy y Montoro, por ejemplo, decidieron en el año 2015 imponer una reforma fiscal con grandes ventajas para el 10% de las rentas más altas del país. Esta rebaja fiscal está suponiendo una merma de 13.000 millones anuales en los ingresos públicos, con los que se podría haber hecho frente a la subida de las pensiones conforme al IPC, al aumento del presupuesto en ciencia e investigación, la mejora de las becas recortadas o la atención a los 300.000 dependientes en lista de espera.

Se trata de una opción ideológica, tan legítima como censurable. Pero que debe aclararse a la ciudadanía cuando se lanzan reclamos electoralistas en forma de rebaja fiscal. Porque la rebaja fiscal supone para la gran mayoría un pequeño alivio momentáneo, si acaso, y una frustración profunda y duradera por la insuficiencia financiera de las políticas públicas.

Especialmente llamativa resulta la competición que PP y Ciudadanos mantienen en el Parlamento nacional y en varias comunidades a cuenta de las rebajas fiscales. Cifuentes se ha adelantado en Madrid a su media naranja prometiendo grandes rebajas en el tramo autonómico del IRPF, en sucesiones para parientes alejados y en transmisiones patrimoniales. Serán cientos de millones de euros perdidos para las arcas públicas. Pero este anuncio se hace al tiempo que se reivindican más recursos del Estado en el reparto de la financiación autonómica, y mientras la ciudadanía madrileña padece la peor financiación por habitante en sanidad, educación y servicios sociales.

Desde luego, la suficiencia no ha de ser el único principio con el que aplicar una política fiscal adecuada. También han de contar la progresividad y la eficacia recaudatoria, acotando elusiones y fraudes. La armonización fiscal en España respecto a sus tributaciones autonómicas, y en Europa respecto a sus Estados, constituye también un objetivo ineludible.

Pero ahora que se va a acercando la campaña autonómica y municipal, conviene alertar a la ciudadanía ante el daño y el engaño de la rebaja fiscal. Como dicta el refrán, pan para hoy y hambre para muchos mañanas.

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El impulso formidable que experimenta el movimiento feminista está logrando visibilizar las peores consecuencias de la discriminación que sufren las mujeres respecto a los hombres, incluso en sociedades, como la nuestra, que han constitucionalizado el derecho a la igualdad y que han desarrollado una legislación garantista al respecto.

Por tanto, los síntomas del machismo están identificados, denunciados y condenados socialmente. La sociedad está sensibilizada y las instituciones multiplican las iniciativas destinadas a atajar agresiones y discriminaciones, a proteger a las víctimas, a castigar a los culpables de machismo irredento.

Pero los síntomas persisten. Las expresiones viejas y nuevas del machismo siguen ahí, incluso se acentúan en algunos aspectos entre las nuevas generaciones. Las relaciones de pareja siguen siendo desequilibradas. Las responsabilidades que se asumen en el seno del hogar continúan siendo desiguales. Ellas tienen más paro, asumen los peores contratos, cobran menos y sufren los mayores obstáculos en sus carreras profesionales. El acoso, la agresión física, el feminicidio, apenas retroceden.

¿Por qué? Porque las enfermedades no remiten con el tratamiento de los síntomas. Las denuncias, las campañas, las leyes, los recursos públicos, coadyuvan a aliviar la sintomatología del machismo, pero no lo curan.

La raíz del machismo a extirpar está en un ancestral reparto de funciones entre hombres y mujeres que subordina a las segundas respecto a los primeros. Los hombres ejercen la autoridad y la fuerza; son los encargados de proveer de bienes; son los responsables de aportar seguridad. Las mujeres ejercen un papel gregario y eminentemente afectivo; asumen la función clave de la maternidad; son las responsables de los cuidados y el confort.

Esta distribución desigual de roles tiene su reflejo en las relaciones de pareja. Si ellos entienden que la sociedad les atribuye el mando, la seguridad y la provisión de recursos, resultará difícil de aceptar que ellas pretendan ejercer su autonomía, ignorar el mando e, incluso, abandonarles cuando la relación no les satisfaga. Y si ellas asumen como natural la subordinación, por muchas campañas y muchas leyes que hagamos, la discriminación se mantendrá incólume.

El juego de roles sociales repercute directamente sobre las condiciones laborales y el desarrollo profesional de unos y otros. Si las mujeres tienen atribuida la función del cuidado de la familia, asumirán los contratos que resulten más compatibles con el ejercicio de la maternidad y la atención a la prole. Y esos son los contratos más precarios, con los peores salarios. Si la prioridad de la mujer ha de ser el cuidado familiar, ellas son las más proclives a ralentizar, interrumpir o renunciar a las mejores carreras profesionales…

Si ellos son los que mandan, los portadores de la fuerza y los garantes de la seguridad, resulta explicable que algunos hombres sucumban a la psicopatología de creerse con derecho a someter y agredir a las mujeres. La violencia de género tiene una raíz que va más allá de la superioridad física. La raíz está también en la enfermedad del machismo.

En consecuencia, hemos de celebrar cada victoria del feminismo en la visualización de la desigualdad de las mujeres. Hay que festejar cada derrota del machismo en la consideración social, en la iniciativa legislativa, en la disposición de políticas y de recursos. Pero si queremos afrontar el fondo del problema, su causa última, hay que ir mucho más allá.

La tarea no puede limitarse al activismo social o a la institucionalidad política. La tarea tiene más que ver con la transformación de las creencias sociales más básicas, con el cambio cultural más íntimo, con los principios y valores sobre los que se asienta la convivencia. Hasta que no nos convenzamos todos y todas, ellos y ellas, de que las funciones sociales han de ser compartidas por igual, sin desigualdades ni discriminaciones, sin prevalencias ni gregarismos, el machismo seguirá rigiendo nuestras vidas.

Este ocho de marzo ha sido un aldabonazo. Ojalá llegue hasta el corazón del machismo. Y acabe con él.

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Las convocatorias se suceden, los actos se llenan, las concentraciones se desbordan… Los pensionistas constituyen un colectivo paciente, pero la paciencia parece haberse agotado para un número creciente de ellos. Hasta hace bien poco mostraban un perfil político conservador y poco movilizado. Sin embargo, las cosas están cambiando.

¿Cuál ha sido el detonante? Probablemente no pueda hablarse de un solo factor. Sin duda ha influido mucho la carta recibida por cada pensionista en la que se informa de la subida de la prestación por debajo del aumento del coste de la vida, un año más. Seguro que ha tenido que ver la coincidencia de esa carta con las noticias sobre las celebraciones del Gobierno por el crecimiento de la riqueza nacional. Y con seguridad han afectado las declaraciones de la inefable presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, doña Celia Villalobos, reprochando a muchos pensionistas vivir más años de los debidos a costa de la pensión.

Pero la causa del enfado progresivo de muchos pensionistas tiene más fondo y viene de más lejos. Los pensionistas se están empobreciendo clara y gravemente desde la aplicación de los recortes impuestos por el Gobierno del PP entre los años 2012 y 2013, con la excusa de la crisis. Por virtud de aquellos recortes, los pensionistas españoles son los únicos de Europa que no ven aumentar sus prestaciones conforme se incrementan los precios, porque una ley de 2012 limita esa subida al 0,25%. Además, los pensionistas han asumido en este tiempo nuevos gastos como consecuencia de la retirada de la subvención pública a muchos medicamentos, y por causa del aumento de las facturas que corresponden a suministros básicos, como la electricidad o el gas.

No obstante, las preocupaciones muchos pensionistas no se limitan a su propia condición. En cada ocasión que tienen para transmitir preguntas o inquietudes a aquellos que les representamos en las instituciones, un gran número de pensionistas expresan preocupación por el futuro del propio sistema público de pensiones y por cómo afectará el desequilibrio de sus cuentas a las pensiones de mañana, a las propias y a las de sus hijos y nietos.

La derecha política y económica, la azul y la naranja, se equivoca en algo crucial. Para ellos, el éxito de una sociedad puede medirse en décimas del PIB o en puntos de Ibex. Para la gran mayoría de la sociedad española, sin embargo, los avances y los retrocesos tienen mucho más que ver con las condiciones de equidad y de justicia social, con el ejercicio de los derechos, con la atención a las necesidades básicas. El éxito y la dignidad misma de una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Por ejemplo, a las personas que han trabajado y han cotizado toda la vida con la esperanza de asegurar una vejez sin grandes privaciones.

En su afán por reducir el gasto público, desequilibrar las cuentas de la Seguridad Social y promocionar el negocio de los fondos privados de pensiones, a la derecha se le ha ido la mano. Han buscado, como siempre, convencer a la mayoría de lo “insostenible” de nuestro sistema público de pensiones, intentando engañar respecto a las causas auténticas de su déficit actual: la reforma laboral del PP que tira salarios y cotizaciones; los regalos del PP a los empresarios en forma de reducciones injustificadas en las cotizaciones sociales; los gastos impropios que se cargan a las cuentas de la Seguridad Social; el vaciado del Fondo de Reserva que llegó a 67.000 millones de euros con el último Gobierno socialista. Es decir, causas imputables a la propia derecha.

Tanto empeño han puesto en mostrar las debilidades del sistema, para cercenarlo, para justificar la reducción del gasto, para legitimar nuevos recortes en las prestaciones, para estimular el negocio de las pensiones privadas, que han logrado generar dudas sobre la viabilidad misma de las pensiones públicas.

Y los pensionistas han tomado conciencia de la amenaza. Y se han enfadado. Y se están movilizando para defender lo que es suyo, y es de todos, y forma parte de nuestro modo de vida.

Hay razones para el enfado y para la movilización. Pero desde la garantía de que el sistema público de pensiones es perfectamente viable y tiene todo el futuro que la propia sociedad quiera darle. Con otras políticas, desde luego. Derogando los recortes del PP. Vinculando la subida de las pensiones con el coste de la vida. Equilibrando las cuentas por la vía de recuperar los salarios, racionalizar los gastos impropios, eliminar las reducciones injustificadas en las cotizaciones y aplicar los impuestos necesarios sobre las rentas, beneficios y patrimonios más privilegiados.

Hay soluciones, y llegarán más rápido si sabemos combinar el trabajo institucional que nos toca a los representantes de la ciudadanía, con la movilización justa y legítima de quienes se saben y se sienten llamados a defender en la calle el patrimonio de todos, nuestro Estado de Bienestar.

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