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Archive for 24 febrero 2018

Los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos, enfrentados en otras lides, han logrado ponerse rápidamente de acuerdo para proponer una reforma express del régimen electoral español que beneficia a sus dos formaciones de manera casi exclusiva.

En estos días se han dirigido a otros grupos y han hecho público un documento de “simulaciones”, en el que denuncian el régimen electoral vigente por “falsear” la voluntad de la ciudadanía, y reivindican cambios rápidos en el sentido de la “igualdad” y la “proporcionalidad”.

En realidad tan solo concretan una reforma: abandonar el sistema D’Hont y aplicar el sistema Sainte-Lague en el reparto matemático de los escaños. Y no esconden la justificación: con los votos de 2016 el nuevo sistema suma 12 escaños más para Ciudadanos y 6 escaños más para Podemos.

Desde el Grupo Socialista hemos escuchado atentamente las explicaciones y hemos leído con detenimiento esas simulaciones en las que algunos partidos perdemos escaños, otros se mantienen igual, y tan solo los dos firmantes salen beneficiados. Al parecer, les ha extrañado nuestro escaso entusiasmo con la idea, y a nosotros nos ha extrañado su extrañeza, claro está.

La regulación del régimen electoral forma parte de las reglas del juego democrático y, en consecuencia, cualquier reforma debe plantearse al margen de intereses partidarios y coyunturales. Precisamente esta fue la razón del reproche generalizado que sufrió el PP de Cospedal en Castilla-La Mancha tras la reforma unilateral de 2012 y 2014. Porque los cambios en las reglas del juego han de hacerse desde el rigor, atendiendo a criterios de interés general y buscando siempre el máximo consenso.

El PSOE se ha manifestado partidario de impulsar reformas para mejorar nuestro régimen electoral. Ahora bien, se trata de mejorar, no de empeorar, y se trata de mejorar para el interés de la sociedad española y no para el interés de uno o dos partidos.

Podemos modificar la legislación electoral, por ejemplo, para asegurar la representación de las mujeres con listas cremallera; para facilitar el voto a los españoles residentes en el exterior; para reforzar el derecho al sufragio activo y pasivo de la ciudadanía del resto de Europa en las elecciones municipales; para eliminar trabas en el voto de las personas con discapacidad… También podemos reforzar los derechos democráticos de ciudadanía mediante el desbloqueo de las listas electorales o introduciendo el voto electrónico con las debidas garantías.

Se puede mejorar el procedimiento electoral vigente obligando a los partidos a elegir candidatos o candidatas a la Presidencia del Gobierno mediante primarias abiertas,  estableciendo debates obligatorios, intensificando los controles de los gastos electorales, o eliminando la prohibición absurda de publicar encuestas en la última semana de campaña.

Se pueden y se deben afrontar otras reformas en clave de regeneración democrática, para asegurar que los parlamentarios y las parlamentarias se dedican a sus actividades en régimen de dedicación absoluta, excluyendo las actividades privadas que puedan generar conflictos de intereses. Se puede evitar el uso abusivo del veto presupuestario del Gobierno a las iniciativas legales de la oposición. Y se puede facilitar la Iniciativa Legislativa Popular, tramitar los Decretos-Leyes como Proyectos de Ley mediante la solicitud de dos grupos parlamentarios, y reeditar el pacto anti-transfuguismo tumbado por una sentencia reciente del Tribunal Constitucional. Estas sí que son reformas de interés para todos.

Y puede estudiarse una mejora en la representatividad del sistema electoral. Pero habrá que hacerlo reconociendo primero que el sistema de reparto de escaños en vigor, el famoso D’Hont, siendo perfectible, ha proporcionado servicios estimables a la democracia española: posibilitando la alternancia en el poder, facilitando la representación de fuerzas mayoritarias y minoritarias, con Gobiernos de mayoría absoluta y mayoría relativa, beneficiando y perjudicando alternativamente a todos los actores políticos, en función de los votos obtenidos por cada cual.

Por ejemplo, en las últimas elecciones de Cataluña (2017) Ciudadanos obtuvo un 26,7% de los escaños en el Parlament con solo el 25,3% de los votos, mientras el PSC obtenía el 12,6% de los escaños con el 13,9% de los votos. Por su parte, Podemos obtuvo el 21% de los escaños en la Asamblea de Madrid con solo el 18,6% de los votos en las elecciones autonómicas de 2015.

En el propósito de mejorar nuestro sistema electoral cabe hablar de representatividad y de proporcionalidad, desde luego, pero hay que contemplar también otros principios, como el de estabilidad y gobernabilidad. La aprobación de los presupuestos generales de 2017 requirió el acuerdo entre cinco partidos. Dada la fragmentación de la representación electoral, en muchos países de Europa se están estudiando fórmulas en el sentido de reforzar mayorías, no de debilitarlas. También hay que contar con estos argumentos.

Pero es que la propuesta de Podemos y Ciudadanos no mejora la representatividad y la proporcionalidad de nuestro sistema electoral, sino que tan solo mejora su representación particular, la de ellos dos. Desde luego reduce la representación de PSOE y, sobre todo, de PP. Prácticamente no afecta a los partidos nacionalistas. Sin embargo, ¿qué ocurre con otros partidos más pequeños? En 2015, UPyD obtuvo cerca de 150.000 votos, que en un sistema proporcional puro equivaldrían a 2 escaños. En 2016, PACMA recogió cerca de 300.000 votos, que podrían haber supuesto al menos 3 escaños puramente proporcionales. Pero ni UPyD ni PACMA aparecen con representación en las “simulaciones” de Podemos y Ciudadanos.

Las alternativas al sistema D’Hont son muchas y diversas. Podemos y Ciudadanos proponen ahora el sistema Saint-Lague, pero hace tan solo un año Podemos proponía públicamente la aplicación del sistema Cociente Hare, y en otras ocasiones unos y otros se han referido al Cociente Droop y al sistema Hagenbach-Bischoff. ¿Por qué razón han ido variando? Según encontraban fórmulas mejores para sus propios intereses electorales.

Además, ellos y nosotros sabemos que la forma realmente efectiva de introducir más proporcionalidad en el sistema electoral pasa por modificar las circunscripciones, y esta es una Reforma con letras mayúsculas, porque requiere tocar la Constitución.

En definitiva, estudiemos las distintas opciones para mejorar el sistema electoral. Pero hagámoslo pensando en el interés general y no en el interés coyuntural de uno u otro partido. Hagámoslo con rigor, sin improvisaciones, en el seno de la comisión parlamentaria que se creó para tal fin. Y hagámoslo sin perder de vista el consenso necesario y conveniente para todo lo que afecta a las reglas del juego democrático.

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Si las sociedades cambian, y cambian las economías y cambian los procesos productivos, resulta inexorable que cambien también los empleos y las relaciones laborales. Ahora bien, el cambio no implica necesariamente precarización. Y si los modelos vigentes de globalización económica y digitalización de los procesos productivos siguen dando lugar a la devaluación constante en los derechos de los trabajadores, es preciso denunciar y promover reformas.

Cada día se dan a conocer nuevas experiencias en la llamada economía digital que mal utilizan la coartada de la novedad, el glamour del emprendimiento o la supuesta modernidad del anglicismo permanente, para hacer negocio a costa de mal contratar o mal pagar a los trabajadores.

En unas ocasiones se trata de desarrolladoras de aplicaciones informáticas. En otros casos son empresas de alquiler de vehículos con conductor o de reparto de comida a domicilio. Solo tienen en común eso: su supuesta novedad, el uso de aplicaciones tecnológicas, los reclamos comerciales en inglés, y la resistencia -a menudo fraudulenta o directamente ilegal- a reconocer y respetar los derechos de sus trabajadores.

Si en la producción tradicional ya existen dificultades para hacer valer los derechos laborales, como consecuencia del desarme provocado por la reforma laboral del PP, en las supuestamente nuevas formas de producción digital las situaciones de explotación se multiplican. Se abusa de la contratación temporal sin causa real. Se generalizan los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas a tiempo completo. Se trabajan horas que ni se reconocen ni se pagan. Se pagan salarios exiguos. Se promueven los falsos autónomos para evitar el respeto a las jornadas de descanso y el pago de cotizaciones sociales…

Son constantes ya las denuncias de repartidores de comida a domicilio que no están contratados como lo que realmente son: trabajadores por cuenta ajena en una empresa que organiza su labor, que les manda y que se niega a reconocer sus derechos laborales. También son frecuentes las quejas de teleoperadores, comerciales o conductores al servicio de plataformas digitales que ganan mucho dinero, pero que se niegan a compartir esas ganancias con un trato digno a los trabajadores que contribuyen a generarlas.

La incorporación de las nuevas tecnologías digitales a las actividades económicas y, por consiguiente, al empleo, no debe interpretarse como un fenómeno perjudicial o negativo, sino que constituye una gran oportunidad para el desarrollo general. Estas tecnologías pueden contribuir al bienestar general, a mejorar la productividad de la economía, a ganar competitividad para las empresas, a liberar a los trabajadores de actividades penosas, a repartir mejor los tiempos de trabajo, a generar más rentas que pueden distribuirse de forma justa…

Pero, como cualquier fenómeno social, la digitalización de los procesos productivos debe gobernarse y debe regularse para garantizar su compatibilización con el interés general y los derechos de los más vulnerables. ¿Cómo hacerlo? Adaptando los modos de producción, intensificando la educación digital desde edades tempranas, asegurando una formación adecuada y permanente de los trabajadores, y cambiando algunas normas…

Es preciso recuperar la exigencia de causalidad para los contratos temporales. Un contrato temporal solo es legítimo y solo debe ser legal si responde a un puesto de trabajo realmente temporal. Es necesario blindar la regulación del trabajo a tiempo parcial para erradicar la explotación mediante horas trabajadas y no reconocidas. Es urgente establecer la obligación del registro de horas trabajadas en todas las empresas. Es de justicia combatir la brecha salarial y de promoción profesional entre hombres y mujeres. Y es preciso fomentar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, para ellos y para ellas.

Existe una institución crucial para ofrecer garantía de cumplimiento en todos estos buenos objetivos: la inspección de trabajo y Seguridad Social. En España contamos de promedio con la mitad de inspectores que la media de la zona euro. La consecuencia es la indefensión de los trabajadores y el abuso de algunos empresarios. Necesitamos más inspectores, mejor gobierno de la inspección y normas que establezcan infracciones claras y sanciones realmente disuasorias.

En una sociedad desarrollada, modernidad y precariedad no han de ser sinónimos, sino antónimos.

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La dirección y la militancia del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) merecen todo nuestro respeto, adopten la decisión que adopten en relación a la formación de Gobierno en su país. Sin duda, la propuesta de gran coalición formulada por Martin Schulz, y respaldada por la mayoría de su dirigencia, responde a una interpretación bien intencionada del interés general. Y, probablemente, los frutos de ese Gobierno conjunto serían muy estimables a corto plazo, para los alemanes y para el conjunto de los europeos. Sin embargo, no es una buena idea.

La socialdemocracia alemana tiene una historia muy respetable de grandes contribuciones a la consolidación de las ideas progresistas, a la internacionalización de los derechos de los trabajadores, a la construcción efectiva del modelo europeo del bienestar social, y a la propia materialización de la Europa unida. Sus planteamientos y sus decisiones merecen, pues, atención, consideración y respeto por parte de los hermanos socialistas en España.

Ningún socialista español ni europeo puede albergar dudas respecto a las motivaciones que han llevado a Schulz y compañía por el camino de la nueva Grosse Koalition (GroKo). Las ventajas que conlleva el acuerdo son evidentes para la estabilidad política y económica de su país, para la conquista de nuevos derechos sociales y laborales y, desde luego, para la fortaleza del eje franco-alemán en el liderazgo del proceso de integración europea, amenazado por factores tan relevantes como el brexit y el avance de los populismos eurófobos.

No obstante, el daño que puede ocasionar la prolongación de esta alianza anti-natura es muy considerable en términos de calidad de la democracia. Y la legitimidad, el prestigio y el crédito de las instituciones democráticas resultan fundamentales, no solo para el desarrollo social y económico, sino para la propia convivencia incluso. La gran coalición puede ser rentable en la perspectiva inmediata, pero podría resultar demoledora a largo plazo para Alemania y para el conjunto de Europa.

La democracia requiere para su funcionamiento normalizado y creíble de un Gobierno legítimo y de una oposición igualmente legitimada para ejercer de alternativa. La presencia simultánea en el ejecutivo de la derecha de Gobierno y de la izquierda de Gobierno cumple la primera condición, pero niega la segunda. Porque no hay alternativa creíble en la extrema derecha alemana ni en los pequeños grupos parlamentarios que conforman verdes, liberales o radicales. Por ahora, al menos y afortunadamente.

Las diferencias ideológicas deben plasmarse en programas políticos diversos y en opciones alternativas de Gobierno. Tales diferencias pueden dejarse a un lado en contextos extraordinarios de emergencia nacional, pero no pueden desdibujarse de manera permanente. Si las opciones distintas se convierten en opciones indistinguibles e intercambiables, el juego democrático pierde su carácter competitivo y la ciudadanía se aleja.

Los consensos en política son positivos y deben fomentarse, especialmente en relación a las propias reglas del juego democrático, al funcionamiento de las instituciones y los grandes asuntos de Estado, como la política exterior o la lucha contra el enemigo terrorista. Pero más allá de los consensos básicos, la controversia entre partidos distintos con ideas distintas no solo no es negativa sino que resulta enriquecedora y democráticamente saludable.

Si no se produce competencia entre los partidos del sistema, la competencia ideológica y política se dará a los ojos de la ciudadanía entre los partidarios del sistema y su única alternativa: los movimientos anti-sistema. Se está otorgando de esta manera el título de alternativa auténtica y efectiva a la extrema derecha, eurófoba y populista. El desgaste propio de toda acción de Gobierno alimentará ahora necesariamente a la alternativa de la extrema derecha alemana, con los riesgos inherentes al efecto contagio para el resto de Europa.

Es cierto que Merkel tenía difícil sumar otras opciones de apoyo mayoritario para un nuevo Gobierno en el Parlamento alemán, pero hay alternativas a la reedición de la GroKo. ¿Por qué no atreverse a formar un Gobierno minoritario con apoyos externos alternativos? Un Gobierno CDU-CSU podría obtener respaldo externo estable del SPD en todos aquellos asuntos en los que estuviera en juego la estabilidad institucional, la fortaleza del desarrollo económico y la integración europea. Para otros objetivos relacionados con el modelo económico y social, Merkel podía buscar apoyos en liberales o verdes, por ejemplo.

Este escenario quizás resultara más incómodo y trabajoso para la Canciller, pero así es como se gobierna en buena parte de Europa. En España, sin ir más lejos. Es cierto que aquí la cosa no funciona bien, pero la causa no está en la falta de una mayoría absoluta en el Parlamento -una auténtica rareza en la Europa democrática, por otra parte-, sino en la ausencia de ideas, en la falta de liderazgo y en la nula capacidad para el diálogo y el acuerdo que muestran Rajoy y los suyos. En otros lares, las minorías mayoritarias gobiernan con eficacia razonable. Aquí lo hizo Zapatero.

En definitiva, todo el respeto para la socialdemocracia alemana y la difícil decisión que tiene por delante, pero no podemos dejar de advertir sobre los graves riesgos en que incurrirá si antepone el sentido de la responsabilidad más inmediata a la previsión inteligente para su futuro… y el nuestro.

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Trabajadores de Opel España salen de la factoría de Figueruelas (Zaragoza).

La sociedad española no puede dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social

En pocos días, el Congreso de los Diputados constituirá formalmente la ponencia encargada de redactar la Ley que ha de establecer un Ingreso Mínimo para parados sin recursos en nuestro país. Como era de esperar, en su contra se han alzado voces que llaman a la “responsabilidad” del legislador, porque “algo así no nos lo podemos permitir”.

Los argumentos también han sido previsibles: que si “cuesta demasiado”, que si se trata de un estímulo a la “vagancia”, que si supone un “efecto llamada” a la inmigración económica… Para la mayoría de la sociedad española, sin embargo, lo que “no nos podemos permitir” es la realidad de un 28% de españoles sufriendo riesgo de pobreza y exclusión social, como señala Eurostat, en un país, además, cuyo Gobierno presume cada día del crecimiento sostenido del PIB.

Va a costar sobremanera que la tramitación de esta ley concite la debida atención mediática y social, en un contexto casi monopolizado por el bucle de la política catalana o las revelaciones de los arrepentidos en las interminables causas judiciales del PP. No obstante, hay muchas razones para reclamar el foco sobre este asunto. En primer lugar, porque se trata de una iniciativa legislativa popular, llegada al Congreso gracias al esfuerzo y la esperanza de más de 700.000 firmantes.

Segundo, porque sus promotores fueron los sindicatos UGT y CCOO, legítimos representantes de los trabajadores españoles. Y tercero, porque interpela a los poderes públicos para cumplir una obligación moral antes que política: la de luchar efectivamente contra la pobreza y proveer a nuestros semejantes de los medios necesarios para vivir con dignidad.

Quien esto firma tuvo el privilegio de defender en la tribuna del Congreso la toma en consideración de esta propuesta de ley. Y si entonces había razones para admitirla a trámite, hoy, más de un año después, las razones para que entre en vigor son aún más sólidas, tanto en el orden social como en la clave económica e, incluso, en términos puramente democráticos.

Es cierto que la macroeconomía española ha superado la crisis iniciada en 2008. Pero no es menos verdad que el crecimiento del PIB se ha financiado con pobreza laboral y desigualdad social. Las empresas del IBEX multiplican beneficios con porcentajes de dos dígitos, mientras el paro se mantiene por encima de los 3,7 millones de personas, de las que más de la mitad no reciben prestación publica alguna.

De hecho, casi la cuarta parte de los españoles que llevan parados más de dos años no tienen cobertura pública. Son más de 1,5 millones. La cobertura pública a los parados registrados ha pasado del 70% al 58% entre 2011 y 2017. En consecuencia, los hogares españoles con todos sus miembros en paro superan los 1,2 millones y más de uno de cada cinco españoles se sitúa ya por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, a medida que arreciaban los costes sociales de la crisis, el Gobierno recortaba el gasto destinado a proteger a sus víctimas.

En términos estructurales, además, todo parece indicar que la economía global y la revolución tecnológica digital se están saldando con un balance de empleo negativo. Todavía son menos los empleos creados que los que se destruyen al calor del avance técnico en los procesos productivos.

Y esto supone un problema grave para unas sociedades que tradicionalmente han vinculado renta con empleo y ayudas públicas con situaciones temporales de desempleo. Si las economías de mercado no son capaces de reducir las tasas de paro, y en tanto no cambiamos el paradigma económico en favor del reparto de los tiempos de trabajo o el fomento de nuevas actividades intensivas en mano de obra, parece razonable generalizar prestaciones de ingresos mínimos como la que nos ocupa.

También hay buenos argumentos de eficacia económica para respaldar esta iniciativa. Está demostrado que las economías que crecen a costa de reducir el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de los trabajadores están condenadas al fracaso a medio plazo. Una prestación pública para hogares sin recursos supone una inyección inmediata al consumo, que se traducirá necesariamente en el aumento de la actividad económica y el empleo. Esta es una línea de pensamiento que ya están asumiendo las autoridades de la Comisión Europea y el FMI a propósito del aumento necesario en los salarios.

Hay una razón democrática también a favor de este tipo de medidas. Porque si una prestación para hogares pobres podría “llamar” negativamente a la pereza o a la inmigración económica ilegal, como aseguran sus detractores, es seguro que la cronificación de las desigualdades y el aumento de la pobreza acabarán “llamando” al auge de los populismos que persiguen derruir el sistema vigente sin asegurar nada mejor.

Está comprobado históricamente que la desigualdad y la pobreza constituyen el auténtico cáncer de la democracia. En consecuencia, aquellos que cuentan afanosamente sus monedas, tal y como hacía el avaro Ebenezer Scrooge en el célebre Cuento de Navidad de Dickens, deberían calcular bien hasta dónde pueden tensar la cuerda de la injusticia social. Porque un día podría romperse…

En la ponencia legal en ciernes podremos discutir y acordar en torno al cuánto, al cuándo y al cómo. Si la ayuda se establece como una nueva prestación no contributiva a cargo de la Seguridad Social, financiada con los presupuestos del Estado, pero gestionada por las Comunidades Autónomas, salvaremos las dificultades competenciales. Si acordamos un calendario de aplicación progresiva, sortearemos también los inconvenientes presupuestarios. Si vinculamos bien la prestación con el marco global de las políticas activas y pasivas de empleo, así como con las rentas autonómicas de inserción, el conjunto podría resultar armonioso y eficaz.

Es mucho dinero, desde luego. Según las fórmulas y los tiempos de aplicación, podríamos hablar de entre 6.000 y 12.000 millones de euros al año. Pero ¿es demasiado? Habría que hacer comparaciones. ¿Comparamos con los más de 60.000 millones del rescate a la banca que nunca se recuperarán? ¿O con los 40.000 millones de dinero negro lavado en la amnistía fiscal de Montoro? ¿O con los 13.000 millones anuales “ahorrados” en prestaciones por desempleo desde 2011? ¿Y cómo de cara resulta la pobreza?

Será difícil, sin duda. Pero tengamos algo claro: lo que realmente no se puede permitir la sociedad española, si aspira a un mínimo de justicia, dignidad y decencia, es dejar a millones de semejantes en la cuneta de la marginalidad social.

Tribuna publicada en EL PAÍS el 6 de febrero de 2018

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TIERNO, DIPUTADO SOCIALISTA

 

En la conmemoración del centenario del nacimiento de Enrique Tierno Galván van a subrayarse lógicamente sus facetas más conocidas, como popular Alcalde de Madrid, como reconocido intelectual marxista y, muy justamente, ojalá, como comprometido luchador anti-franquista.

 

No obstante, quienes hoy disfrutamos del honor de representar a los españoles en el Congreso de los Diputados hemos de destacar también la contribución fundamental de Tierno a la construcción del edificio de nuestra institucionalidad democrática española desde los escaños de esta sede de la soberanía popular.

 

Porque Tierno Galván fue muchas cosas a lo largo de su prolífica vida política e intelectual, y una de sus contribuciones más notables a la historia de España se llevó a cabo precisamente aquí, en la madrileña Carrera de San Jerónimo, como diputado socialista en la Legislatura constituyente y en la primera Legislatura constitucional, entre 1977 y 1982.

 

En su labor como diputado, Tierno tuvo la responsabilidad y el privilegio, nada menos, que de redactar el preámbulo de la Constitución Española de 1978. Además, para el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista que firma estas líneas, resulta obligado significar que el viejo profesor fue actor clave en la consecución de la unidad de todos los socialistas en el seno del PSOE, abriendo así la puerta al triunfo histórico de 1982.

 

Efectivamente, los ocho párrafos que abren el texto constitucional salieron de la pluma de Tierno Galván, auxiliado en tan relevante labor por Raul Morodo, Donato Fuejo, Pablo Lucas y Enrique Linde. Suele hablarse de esas palabras como la contribución “utópica” a la redacción de la Carta Magna. Pero muchos preferimos subrayar el detalle de los objetivos y, sobre todo, de los valores que el preámbulo anticipa como inspiración para cada uno de los 169 artículos de la Constitución.

 

El preámbulo constitucional establece como principios informantes de toda la Ley de leyes a la justicia, la libertad y la seguridad. Plantea como gran objetivo de país la convivencia democrática bajo la garantía del Estado de Derecho. Compromete la vigencia de los derechos humanos. Y, claro está, habla de la cultura como función inexorable de una sociedad democrática avanzada.

 

Tres cuestiones más merece la pena subrayar de la contribución de Tierno a la historia reciente de España desde el Parlamento nacional. Porque el profesor fue uno de los artífices protagonistas de eso que se ha dado en llamar el consenso constitucional, que unos pocos denostan falazmente como claudicación ante el naufragio franquista, y que los más reconocemos como el cimiento sólido para el mayor periodo de convivencia en paz y progreso en la historia española de los dos últimos siglos.

 

Tierno, junto a otros luchadores por la democracia y las libertades, perseguido, depurado, exiliado, y encarcelado por la dictadura, supo dejar de lado cualquier tentación revanchista para contribuir al gran pacto por la convivencia y la recuperación de las libertades que supuso la Transición Democrática Española.

 

No fue esta la única tentación regresiva que Tierno contribuyó a evitar. Uno de los grandes riesgos que presentaba el escenario político partidario español tras la muerte de Franco era el de la gran fragmentación, el particularismo y el personalismo que predominaban en el ámbito político de la izquierda.

 

Socialistas del interior, socialistas del exterior, socialistas tradicionales, socialistas renovadores, comunistas, marxistas sin partido, todos parecían durante un tiempo incapaces de configurar una opción izquierdista caracterizada por la unidad y la eficacia. Tierno supo subordinar sus legítimas posibilidades de liderazgo al objetivo fundamental de la unidad de la izquierda reformista en torno al PSOE, que por entonces ya comandaban con determinación y acierto unos jóvenes Felipe González y Alfonso Guerra.

 

Otra faceta a destacar en la contribución de Tierno Galván a la política española es la del compromiso de la intelectualidad en la brega partidaria e institucional. Hubiera resultado cómodo y rentable para el viejo profesor haberse instalado en la atalaya de la referencia intelectual exquisita durante los procelosos años de la Transición. Desde la cima de su merecido prestigio como catedrático universitario y jurista de renombre podría haberse limitado a examinar, aprobar o suspender las conductas de unos y otros.

 

Pero Tierno decidió implicarse a fondo, arriesgando su prestigio en el barro de la confrontación partidaria, tomando partido, haciendo partido, ganando partido. Por eso lideró el Partido Socialista Popular cuando entendió necesario aglutinar bajo estas siglas a muchos de los viejos luchadores progresistas contra la dictadura. Y por eso decidió después fusionar el PSP bajo las siglas históricas del PSOE. Y por eso mismo formó parte de las candidaturas socialistas al Congreso primero y al Ayuntamiento de Madrid después. Exitosamente, como el centenario que ahora celebramos está poniendo justamente de manifiesto.

 

En consecuencia, conmemoremos también desde el Congreso de los Diputados la feliz contribución de don Enrique Tierno Galván a la democracia que hoy fundamenta nuestros derechos y libertades.

  

Artículo publicado en Revista Entreletras entreletras.eu en Enero 2018

 

 

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La competencia ha sido y es el fundamento de la economía de mercado. Hasta hace algún tiempo, los factores que aportaban competitividad a un producto o un servicio eran, sobre todo, calidad y precio. Sin embargo, la era de la comunicación global está configurando nuevos valores añadidos, cada día más decisivos en la determinación de la conducta del consumidor.

Pongamos un ejemplo ilustrativo. Para su último cumpleaños, mi sobrino de trece años no me pidió como regalo un producto concreto, sino una marca concreta. “Quiero algo de esta marca. Me da igual lo que sea”. La marca en cuestión cuenta con productos tan diferentes como ropa deportiva, zapatillas, mochilas, colonias, material escolar… ¿Qué ofrece la marca, más allá de la calidad o precio en un producto concreto? Ofrece el prestigio, la fama, la imagen, el rol social, el estilo, el estar “in”… que una campaña cuidada (y cara) ha logrado asociar a su logotipo.

No es de extrañar, por tanto, que las empresas impulsoras y beneficiarias de tales marcas globales sea muy celosas en salvaguardar su prestigio. Se trata de optimizar unas estrategias de mercado muy complejas y unas inversiones millonarias, que incluyen diseño, publicidad, patrocinios…

Pero si las estrategias y las tácticas de las empresas vendedoras han evolucionado, puede que también deban hacerlo las estrategias y las tácticas de los consumidores. Y si las empresas ya no se limitan a atraer clientes mediante la calidad y el precio, porque hay posibilidades distintas y más eficaces, puede que los compradores estemos actualizando también algunos de nuestros criterios de elección de alternativas.

Seguiremos atendiendo a la calidad y al precio del producto o servicio en cuestión, desde luego. Muchos incorporarán el factor “fama de marca” para su decisión de compra. Y yo, por ejemplo, cada vez que afronto una adquisición importante, con un gasto de consideración, procuro informarme sobre el comportamiento de las diferentes empresas en relación a cuestiones de interés social. Porque la valoración del prestigio de una marca, para muchos, no ha de limitarse a valorar el acierto de sus campañas de publicidad…

¿Cómo trata cada empresa a sus trabajadores? ¿Ha deslocalizado su producción para explotar trabajadores en países con normativas laborales laxas? ¿Suele aplicar Expedientes de Regulación de Empleo para desprenderse de trabajadores con derechos consolidados y contratar después trabajadores precarios? ¿Cuál es la relación entre los salarios de los directivos y del personal subalterno? ¿Cobran igual mujeres y hombres por igual trabajo?

También cabe indagar en el comportamiento fiscal de las empresas. ¿Pagan sus impuestos donde deben? ¿O practican la ingeniería fiscal para pagar en algún pseudo paraíso fiscal como Irlanda, Gibraltar o Malta? ¿Colaboran en la lucha contra el cambio climático o contaminan sin medida?

Estos criterios pueden formar parte de una estrategia de decisión individual o colectiva. Es decir, yo puedo informarme personalmente sobre algunos de estos datos, o las asociaciones de consumidores pueden trasladar estas informaciones al conjunto de la sociedad. Puedo hacer personalmente mis listados o podemos elaborarlos de forma colectiva, con ayuda, por ejemplo, de los sindicatos…

En definitiva, las empresas afinan cada día más en sus decisiones, y los consumidores también hemos de hacerlo. Porque además de consumidores, somos trabajadores, contribuyentes y ciudadanos con sensibilidad social y ambiental. Y si el prestigio de una marca constituye un factor clave de competitividad para el vendedor, también puede ser un arma interesante para el comprador-consumidor-trabajador-contribuyente-ciudadano.

Si ellos espabilan, espabilemos todos…

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