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Archive for 24 septiembre 2017

La situación política y social que se está viviendo en Cataluña como consecuencia del desafío separatista es tan indeseada como penosa para la gran mayoría de catalanes, piensen como piensen. El deterioro es evidente y grave para las instituciones democráticas y para la propia convivencia cívica en aquella tierra.

Pero solo hay que contemplar la sonrisa abierta de la dirigente independentista Ana Gabriel en estos días para comprobar que para algunos no está siendo ni tan indeseada ni tan penosa. Es más, pareciera que disfrutaran por haber alcanzado el escenario de radical confrontación pretendido desde el principio del procés.

Las responsabilidades por haber llegado hasta este punto crítico son diversas y compartidas en algún extremo. Ahora bien, no sería justo ni veraz atribuir responsabilidades en igual grado a unos y a otros.

Claro que son responsables quienes callaron y otorgaron ante la embestida independentista, por comodidad, por resignación o por tacticismo. Claro que tienen responsabilidad aquellos que en Madrid y en Barcelona han alimentado el frentismo por puro cálculo electoral. Claro que cabe señalar a quienes en este tiempo han sobreactuado alimentando el victimario separatista. Y claro que aquella reforma del Estatuto catalán pudo gestionarse mucho mejor.

Pero siendo todo esto cierto, es preciso subrayar que la responsabilidad primera y máxima en este drama la tienen aquellos que han decidido finiquitar unilateralmente la Constitución, el Estatuto vigente y el mismísimo Estado de Derecho que garantiza nuestra democracia y nuestras libertades.

La responsabilidad primera y máxima de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre y de lo que pueda ocurrir la tienen los dirigentes independentistas que han sembrado sectarismo, división y rencor a base de manipulaciones y embustes. No nos equivoquemos.

Por eso resulta tan denunciable la estrategia de la victimización que utilizan ahora los gobernantes separatistas en Cataluña y sus aliados más o menos explícitos en el procés. Ellos podían prever y previeron que sus leyes inconstitucionales iban a ser suspendidas por el Tribunal Constitucional. Podían prever y previeron que la Justicia cumpliría con su deber de perseguir el delito y a los delincuentes. Podían prever y previeron que las instituciones democráticas se defenderían ante un golpe antidemocrático.

¿Qué esperaban? Exactamente esto. Lo que está ocurriendo. Que la democracia se defendiera, para utilizar tal defensa a modo de falsa victimización y alimentar el discurso separatista de cara a la siguiente batalla. Poco les ha importado llevarse por delante la credibilidad de las instituciones que gobiernan, de la Generalidad al Ayuntamiento de Barcelona, y la misma convivencia entre catalanes.

Pero las víctimas en este drama no son los independentistas. Ellos son los verdugos. Porque las auténticas víctimas son aquellas instituciones y aquella convivencia sacrificadas en una estrategia irresponsable y suicida. Las víctimas son los alcaldes y alcaldesas respetuosos de la legalidad que soportan insultos y amenazas. Y son víctimas reales la gran mayoría de catalanes de bien que contemplan estupefactos cómo en nombre de la patria algunos están tirando todo lo bueno logrado para la patria en cuarenta años de democracia.

¿Qué hacer? En primer lugar es necesario preservar el imperio de la ley ante la amenaza golpista. Ojalá se logre por desistimiento de los separatistas. Si no es así, tendrá que hacerse mediante los instrumentos previstos por el Estado de Derecho, de manera proporcionada e inteligente.

Y tras el primero de octubre resulta tan deseable como inevitable sentarse a dialogar y a acordar. Exigiendo respeto a las normas que nos hemos dado. Pero haciendo política. Los marcos de convivencia no se pueden reventar unilateralmente, pero tampoco se pueden imponer indefinidamente contra la voluntad y el sentimiento de una parte importante de la población.

Hay que hablar, hay que escuchar y hay que entenderse. ¿Sobre qué? Sobre el encaje constitucional de Cataluña en España; sobre el reconocimiento a su singularidad y a las singularidades de los demás territorios de España; sobre la reforma constitucional que ha de abrir paso a una nueva estructura territorial, que respete la soberanía del conjunto de los españoles, que asegure la igualdad de derechos, y que establezca un régimen de competencias, de financiación y de colaboración federal eficiente.

Y este es el acuerdo que hemos de votar. Todos nosotros y no solo una parte de nosotros. Con el propósito del acuerdo y no para mantener el conflicto. Acordar antes que votar. Sin ganadores ni perdedores. Sin verdugos ni víctimas.

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El hispanista Paul Preston suele reiterar que los pueblos que desconocen su historia están condenados a repetirla. Por eso preocupa tanto que los protagonistas de la algarada separatista en Cataluña parezcan ignorar las gravísimas consecuencias que el nacionalismo exacerbado produjo en el conjunto de Europa a lo largo del siglo pasado.

El nacionalismo busca excitar los sentimientos de pertenencia y de exclusión, manipulando para ello la historia, inventando agravios, enfrentando civilmente a buenos y malos patriotas, prometiendo quimeras… Hasta este momento, la estrategia separatista en Cataluña ya ha situado a las principales instituciones catalanas fuera de la ley y del sistema democrático. El riesgo está ahora en la quiebra de la convivencia pacífica.

Una de las consecuencias de esta deriva irracional y peligrosa está en el soslayo de los problemas reales que sufren los catalanes, y que no tienen nada que ver con la supuesta falta de reconocimiento a sus singularidades identitarias. Por ejemplo: una encuesta reciente refleja que más de un tercio de los trabajadores barceloneses recibe salarios por debajo de los 1000 euros.

Este sí es un problema real, que los catalanes comparten con el resto de españoles. Y, por cierto, ¿cómo se ha ocasionado? Fundamentalmente a causa de la reforma laboral que la derecha española aprobó hace apenas un lustro con el apoyo parlamentario de… la derecha catalana que ahora lidera la escapada separatista. Esta es la verdad.

Por eso los socialistas estamos contra la estéril ilegalidad separatista, y por eso esta misma semana hemos propuesto un gran Pacto de Rentas con el que dignificar el empleo y adecentar los salarios. También para todos los catalanes.

El problema consiste en que las derechas, española y catalana, buscan consolidar un modelo de recuperación económica que cronifica los problemas de precariedad laboral y desigualdad social.

Lo hace por dos vías: por una parte, la reforma laboral facilita la mejora de la competitividad mediante el recorte de salarios y derechos de los trabajadores; y por otra parte, la política fiscal de redistribución inversa drena recursos de las rentas bajas a las rentas altas subiendo impuestos indirectos, bajando los directos y devaluando el Estado de Bienestar.

Los resultados son evidentes. Desde el inicio de la crisis, las rentas salariales han perdido más de 40.000 millones de euros a favor de las rentas del capital o excedentes de explotación en las empresas. Del 12,5% de aumento de la productividad experimentado en este mismo tiempo, los salarios se han beneficiado de apenas un 0,8% y todo lo demás ha engrosado el beneficio empresarial.

La desigualdad salarial no solo no se corrige con la recuperación económica sino que se acentúa. Según el índice de Gini salarial, en el periodo de crisis los salarios del 10% de trabajadores menos favorecidos han caído un 25%, mientras que en el periodo de recuperación (desde 2013) los salarios del 10% más favorecido están creciendo el doble que los salarios del 10% más pobre. Ocho millones de españoles se consideran trabajadores pobres. Y el porcentaje de españoles bajo el umbral de la pobreza ha sobrepasado ya el 22%.

El resultado puede valorarse muy negativamente en términos de justicia social. Pero también resulta un fracaso en términos de eficacia económica. La devaluación salarial hace caer el consumo y la tasa de ahorro de las familias. Si las empresas compiten bajando salarios no se ven impelidas a invertir en innovación, tecnología o formación. Los modelos de recuperación que apuestan por la desigualdad no son solo más injustos; también son más débiles y vulnerables.

El Pacto de Rentas que propone el PSOE a los interlocutores sociales y políticos pasa por cinco medidas:

  • Recuperar los salarios dignos, elevando el salario mínimo hasta 1000 euros mensuales en 2020, promoviendo la generalización de las cláusulas de revisión salarial en los convenios, y proponiendo a empresarios y sindicatos una subida de salarios de entre 2-3% en 2018 y de entre 2,5-3,5% para el periodo 2019-2021.
  • Elevar los salarios de los empleados públicos, al menos conforme al aumento de la inflación, y generalizar la jornada de 35 horas semanales sin merma en la retribución económica.
  • Derogar la reforma laboral del PP y acordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere el equilibrio entre los poderes en el seno de la empresa y refuerce la negociación colectiva. Se trata de luchar contra la explotación de los trabajadores subcontratados, y se trata de corregir la legislación que posibilita la explotación de los falsos contratos a tiempo parcial, de los falsos autónomos, de los falsos contratos de formación, de los falsos becarios…
  • Un plan de choque para mejorar la inserción laboral digna de los jóvenes, revisando y promoviendo contratos de relevo y de prácticas.
  • Una ley de igualdad salarial que acabe con la brecha de género que discrimina a las mujeres con peores retribuciones por igual trabajo.

Estos son los problemas reales, ensoñaciones nacionalistas aparte. Y estas son las soluciones viables, para los catalanes también.

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Solo hay que echar un vistazo a las cabeceras de los informativos para tomar nota del riesgo en que incurre la política española. Estamos a punto de dar inicio a un curso político completamente al margen de las preocupaciones e intereses reales de la sociedad a la que hemos de servir.

Parecemos condenados a dedicar la mayor parte de la atención y las energías de la política a un problema creado artificialmente por la propia política: el desafío independentista en Cataluña.

De forma subsidiaria puede que gastemos algo de tiempo también en el estéril intercambio de reprochatorios entre administraciones a cuenta de la política antiterrorista, para mayor celebración, eso sí, de los propios terroristas.

Y por si quedara algo de espacio en los titulares o en las redes, no faltarán nuevos episodios en ese aburrido serial de machos alfa en duelo permanente de frases ingeniosas con el que algunos confunden la verdadera política. Que si te hago otra moción de censura, que si no te atreves, que si te limito los mandatos, que si te doy con Venezuela, que si te dibujo la cara en un autobús, que si tú más…

Mientras tanto, la mayoría de las familias españolas afrontan el inicio de curso con sus propios problemas, preguntándose ante el televisor sobre qué demonios están discutiendo aquellos a los que eligió para aliviarlos…

¿Cuáles son esos problemas? Sin duda, muchos españoles estarán hoy lápiz en mano sumando los ingresos magros y restando los gastos gruesos con que deberán afrontar este mes de septiembre. No pocos estarán preocupados porque no encuentran empleo o porque el salario no da para atender las necesidades más básicas.

Las familias con hijos en edad escolar, o con enfermos a la espera de atención sanitaria, o con mayores necesitados de servicios sociales, estarán lamentando los recortes que han deteriorado los servicios públicos y que no acaban de remontarse, a pesar de la fanfarria de la supuesta recuperación económica.

Los jóvenes afrontarán el nuevo curso con la angustia de no saber si el esfuerzo de estudiar les proporcionará alguna oportunidad real de desarrollo personal y profesional. Los que ya están atrapados en la rueda de la precariedad laboral se preguntarán por qué si ellos cumplen con la sociedad, la sociedad no cumple con ellos.

Los pensionistas sabrán que este será un curso más para la pérdida de poder adquisitivo. Las mujeres se preguntarán si alguno de esos políticos que denuncian su discriminación en cuanto a trabajo y salario hará algo útil para remediarlo…

Cada partido tiene ya escrito su relato para vender este otoño en televisiones, tabletas, teléfonos y demás dispositivos. El PP venderá su estabilidad frente a la radicalidad de separatistas y podemitas (mientras reza para que no le falten separatistas y podemitas ante los que esgrimir su estabilidad).

Podemos venderá la película de los “nuestros” buenos-buenos frente a los “suyos” malos-malos (y tachará de melifluos o cómplices a quienes no aplaudan suficientemente las perfomances de los “nuestros”). Ciudadanos seguirá vendiendo el mensaje de su supuesta oposición útil (y seguirá siendo realmente útil a los planes del Gobierno del PP).

Por nuestra parte, modestamente, procuraremos centrar el trabajo en las reformas que pueden ayudar a mejorar la vida de la gente. Gobernando para los buenos empleos, para la equidad social, para mejorar los servicios públicos, para impulsar la modernización del país, para cualificar nuestra democracia… allí donde podemos gobernar.

E impulsaremos propuestas en el mismo sentido allí donde aún hemos de ejercer la oposición. Por eso trabajaremos para recuperar derechos laborales, para elevar los salarios, para dignificar las pensiones, para asegurar que se pagan los impuestos justos que han de financiar los servicios necesarios… Por eso trataremos sobre las transiciones pendientes en la economía verde, en las energías renovables, en la agenda digital, en la educación de calidad, en la reforma federal del Estado… Por eso insistiremos en la moralización de la vida pública…

Porque, en realidad, el trabajo que la gente espera de sus políticos no consiste en una competición permanente de estrategias ingeniosas en torno a la trascendencia mediática y el poder. Se trata, simplemente, de entender los problemas reales y de procurar resolverlos. Nada más y nada menos.

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