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Archive for 31 julio 2017

La imagen del Presidente del Gobierno ante un Tribunal de Justicia dando cuentas de la financiación irregular de su partido es demoledora para la convivencia democrática. La “normalidad” con que el Gobierno ha pretendido despachar este episodio desgraciado resulta tan poco creíble como ofensiva para la gran mayoría de los españoles.

La primera obligación de quien lidera la institucionalidad democrática de un país es la de velar por su credibilidad ante la ciudadanía. ¿Qué crédito institucional puede ofrecer aquél que se ve obligado a testificar judicialmente por los delitos cometidos en una organización bajo su responsabilidad? ¿Cómo confiar mínimamente en quien lidera un partido cuyos tesoreros y secretarios generales desfilan día sí y día no ante policías, fiscales y jueces para dar cuenta sobre todo tipo de corruptelas?

Al tiempo que Mariano Rajoy respondía con suficiencia y cinismo ante el Tribunal a las preguntas de los letrados, millones de ciudadanos procuraban encajar las consecuencias de sus políticas de ajuste. ¿Qué pueden pensar los pensionistas con prestaciones congeladas o los parados que han perdido la cobertura pública cuando ven al responsable de su sufrimiento despachando con frivolidad las acusaciones de depredación fraudulenta en las arcas públicas? ¿Qué daño produce este contraste sobre la confianza en las instituciones?

Buena parte del crecimiento económico, frágil y socialmente injusto por otra parte, descansa en este tiempo sobre el sector exterior, el turismo nacional y las exportaciones. Y la imagen del Presidente español ante el Tribunal de Justicia en el marco de un caso de corrupción grave ha recorrido los noticiarios de medio mundo. ¿Qué efectos puede tener esta situación sobre el prestigio y la reputación de España? ¿Cómo afectará aquella imagen a las decisiones de los grandes inversores internacionales en nuestro país?

La solicitud de dimisión por parte del secretario general del PSOE puede interpretarse en el contexto del ejercicio de oposición más previsible. Sin embargo, en esta ocasión muy especialmente la llamada de Pedro Sánchez a la responsabilidad de Rajoy “para que no arrastre en su caída el prestigio de nuestra democracia, nuestras instituciones y nuestro país” adquiere un alcance de interés muy general.

La sociedad española afronta en estos momentos retos de una envergadura extraordinaria. El más inminente tiene que ver nada menos que con una seria amenaza secesionista por parte de un gobierno autonómico en rebeldía. Pero los desafíos socio-económicos son también mayúsculos, desde la agenda digital hasta la transición ambiental de la economía, desde la lucha contra la pobreza hasta el rescate de los jóvenes parados, precarizados y emigrados. ¿Está Rajoy en condiciones de liderar estos cambios entre escándalo y escándalo de corrupción?

La propia corrupción se ha convertido ya en la segunda gran preocupación ciudadana tras el paro. El daño que produce la multiplicación de casos que afectan al partido del Gobierno, en su núcleo central y en cada uno de sus territorios, resulta incompatible ya con cualquier intento de darle carácter excepcional. Estamos ante un problema de corrupción estructural y sistémico en el Partido Popular. Y Rajoy no puede escudarse con credibilidad en el argumento de que desconocía los manejos económicos de todos sus subordinados durante las casi tres décadas en las que ha formado parte de la dirección de su partido.

Por último, existe una condición imprescindible para aquél llamado a liderar la organización del espacio público compartido. Es la libertad, el estar y el saberse libre de ataduras espurias. La falta de otras condiciones, como la sabiduría o la capacidad, pueden compensarse con buenos equipos. Pero ser y sentirse libre es fundamental para quien ha de hacerse cargo de la defensa del interés común. ¿Es libre Rajoy? ¿Libre de quienes han financiado irregularmente sus campañas y su partido? ¿Libre respecto a aquellos que han administrado estas irregularidades bajo su liderazgo?

Demasiados interrogantes.

Definitivamente, lo de Rajoy no es “normal”.

Por eso pedimos su dimisión, en interés de nuestra institucionalidad democrática y en interés del conjunto de la sociedad española.

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El artículo 66 de la Constitución Española establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado.

Uno de los principios básicos que diferencian a los regímenes democráticos de aquellos que no lo son es el principio de la separación de poderes. En cumplimiento de tal principio, nuestra Constitución otorga el poder de aprobar las leyes al Parlamento, mientras que reserva su ejecución al Poder Ejecutivo y la garantía de su cumplimiento al Poder Judicial.

Todos los gobiernos procuran obtener apoyos suficientes en el Parlamento para sacar adelante sus iniciativas legislativas. Y esta tarea resulta especialmente compleja cuando el partido que respalda al Gobierno no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de diputados. Corresponde entonces al Gobierno hacer uso de su capacidad de diálogo y negociación, para ganar unas veces y para perder otras.

Hasta aquí el comportamiento de unos y otros se ajusta a la lógica de los principios democráticos. Pero tales principios se quiebran cuando el Gobierno hace uso espurio de los mecanismos de veto y de bloqueo para impedir de facto que el Congreso de los Diputados ejerza la prerrogativa constitucional de elaborar las leyes. Y esto es lo que el Gobierno del PP está haciendo precisamente desde el inicio de la presente Legislatura.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha vetado en este tiempo una treintena proposiciones de ley presentadas legítima y legalmente por los grupos de la oposición y los Parlamentos autonómicos. Han sido cinco leyes del PSOE, cinco de Unidos Podemos, dos de Ciudadanos, tres de Esquerra Republicana de Catalunya, dos del Partido Nacionalista Vasco, siete del Grupo Mixto y diez de diferentes Parlamentos de Comunidades Autónomas.

Las leyes vetadas al Partido Socialista, por ejemplo, versan sobre la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones hasta la universalización de la asistencia sanitaria pública, pasando por la supresión de tasas judiciales, la rebaja del IVA cultural o el fomento de autoconsumo eléctrico.

El Gobierno se acoge a lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y en el artículo 126 del Reglamento del Congreso de los Diputados, por cuanto “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

Tal precepto constitucional y su desarrollo reglamentario están puestos en razón, porque corresponde al Ejecutivo velar por la aplicación de las leyes presupuestarias a lo largo de cada ejercicio. Es razonable y, además, no es nuevo.

Sin embargo, durante el presente mandato el Gobierno del PP ha introducido algunas novedades en absoluto razonables. Primero el número de proposiciones de ley vetadas es desmesurado. Segundo, el criterio que se utiliza para vetar las iniciativas de la oposición va más allá de las consideraciones sobre aumento de gasto o disminución de ingreso respecto al presupuesto del ejercicio corriente. El Gobierno está vetando iniciativas considerando sus implicaciones de gastos o de ingresos en presupuestos de ejercicios posteriores, que aún no se han presentado, ni debatido, ni aprobado.

Tercero, por vez primera el Gobierno no se aviene a aceptar el criterio de la Mesa del Congreso cuando muestra su disconformidad con la decisión del poder ejecutivo, cosa que solo ha ocurrido en dos ocasiones. De hecho, el Gobierno ha recurrido esta decisión al Tribunal Constitucional. Y cuarto, los grupos del Partido Popular y Ciudadanos, que forman mayoría en la Mesa del Congreso, han renunciado a rechazar los vetos abusivos y, por tanto, han renunciado a defender la prerrogativa constitucional del poder legislativo.

Por otra parte, cuando el veto no resulta un mecanismo factible o conveniente para el Gobierno, sus apoyos en la Mesa del Congreso acuden a otra herramienta igualmente irregular y fraudulenta: el bloqueo de las leyes de la oposición por la vía de la ampliación permanente de los plazos establecidos para la elaboración de enmiendas.

El artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados faculta a su Mesa para establecer sucesivos plazos de una o dos semanas para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a las iniciativas legislativas registradas. A menudo, los grupos requieren de varias prórrogas para reunir documentación, requerir opiniones y adoptar decisiones.

El criterio mantenido en otras legislaturas facilitaba las dos primeras ampliaciones de plazo con la solicitud de un solo grupo, pero limitaba las siguientes ampliaciones con la solicitud de los grupos que representaran la mayoría del Congreso.

Tal criterio se ha roto en esta Legislatura, de tal modo que los dos grupos que tienen mayoría en la Mesa pero no en la Cámara, PP y Ciudadanos, se alían sistemáticamente para ampliar los plazos de enmiendas de la leyes que el Gobierno considera inconvenientes. Un ejemplo grave es el de la Iniciativa Legislativa Popular presentada por los sindicatos para establecer una prestación de ingresos mínimos.

La Mesa del Congreso ha ampliado hasta 15 veces el plazo para enmiendas, en las últimas ocasiones solo con los votos de PP y Ciudadanos, contra el criterio de los demás grupos y de los propios autores de la iniciativa. Los sindicatos han amenazado incluso con acudir al Tribunal Constitucional en amparo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una propuesta de reforma del Reglamento del Congreso precisamente para evitar estos abusos. Se plantea una limitación de dos prórrogas de plazo para la presentación de las enmiendas cuando lo solicite algún Grupo. Y establece que para acordar prórrogas posteriores sea necesario el acuerdo de los Grupos que representen a la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

No estamos tratando cuestiones meramente reglamentarias. En democracia las formas son determinantes. Los abusos del Gobierno con sus vetos y sus bloqueos están limitando gravemente la capacidad legislativa que la Constitución otorga a los representantes del pueblo español en las Cortes Generales. Esta actitud quiebra de facto el principio democrático de la separación de poderes.

El Gobierno debe rectificar, renunciando al obstruccionismo espurio que ha practicado en estos primeros meses de legislatura. Y los diputados que hemos elegido para dirigir las tareas del Congreso desde su Mesa han de actuar conforme a la ley y al interés general, y no al dictado de los intereses políticos del Gobierno.

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  • Artículo publicado en Infolibre.es el 23-07-2017

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La recuperación de la economía española se sostiene sobre los pies de barro de la precariedad laboral y la devaluación salarial. Los datos macroeconómicos del crecimiento del PIB, el control del déficit e, incluso, la reducción estadística del paro se convertirán en un mero espejismo de mejoría si no se corrige con rapidez y contundencia el grave problema del empobrecimiento laboral.

Se trata de un problema con una triple dimensión, social, política y económica. La dimensión social es evidente por sus consecuencias negativas en los ingresos de las familias. La dimensión política se deduce del desafecto que el deterioro social genera sobre el propio sistema democrático. Y la dimensión económica tiene que ver con el debilitamiento progresivo de la demanda interna.

Hace tiempo que algunos hemos desistido de participar en las estériles batallas estadísticas. Este Gobierno se ha mostrado capaz de torturar cualquier tabla en beneficio de su discurso económico triunfalista. Por tanto, basta con esgrimir dos argumentos. El primero es objetivo y medible: la caída de la participación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tres puntos sobre PIB representan 3.000 millones de euros perdidos en salarios desde el inicio de la crisis.

Y el segundo es menos objetivo pero aún más contundente si cabe: la convicción muy mayoritaria, que reflejan todos los estudios de opinión, sobre el retroceso de los salarios más bajos al rebufo de la precarización del mercado laboral. Los tres últimos deciles de la estructura salarial han caído más de un 30% desde el año 2012. Hay siete millones de trabajadores viviendo bajo los umbrales de la pobreza. Otros tantos, sobre todo mujeres con contratos a tiempo parcial, cobran salarios por debajo del sueldo mínimo.

La causa es indudable. La reforma laboral del PP abrió las puertas a un modelo de competitividad basado en la devaluación de salarios y condiciones laborales. La prevalencia de los convenios de empresa sobre los de sector, el desarme de los sindicatos en la negociación colectiva, la facilitación de los descuelgues, el fin de la ultractividad de los convenios… Todos estos instrumentos tenían un fin, abaratar los costes salariales. Y el fin se cumplió.

La caída salarial se suma al aumento de los fenómenos de explotación laboral que el Gobierno consiente y no persigue, como el fraude de las horas que se trabajan y no se pagan, como los falsos autónomos, o lo becarios explotados, o los contratos a tiempo parcial que camuflan jornadas enteras.

Por eso resulta tan indignante escuchar declaraciones de la Ministra de Empleo a favor de “un crecimiento sano de los salarios”. Si los salarios no crecen en este país es por la vigencia de un compendio de normas, dictadas por la propia Ministra y su partido, que tienen como finalidad la propia devaluación salarial. ¿Quieren rectificar? Es fácil. Presenten en el Congreso un decreto de derogación de la reforma de 2012. Lo demás es postureo.

El coste social de los salarios bajos se traduce en un aumento peligroso de la exclusión social y de la pobreza, que afecta ya a más del 20% de la población infantil, por ejemplo. Y es que el drama salarial debe valorarse en el contexto de la caída de las prestaciones por desempleo, que dejan sin ayuda a dos de cada tres parados EPA. Y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones que sostienen a millones de familias. Y los recortes en prestaciones a dependientes, y las becas recortadas, y los copagos sanitarios…

El coste político se comprueba fácilmente entre una juventud cada día más descreída y divorciada del sistema democrático. Que primero optó por desentenderse de la política, que ahora opta por votar a los populismos antisistema, y que mañana puede optar por algo aún peor…

Y el coste económico ha de medirse en un análisis inteligente sobre las fuentes del crecimiento en nuestro país. Hoy los factores exógenos son mayoritariamente decisivos: la política expansiva de las autoridades monetarias europeas; el cambio favorable euro-dólar; el precio barato del petróleo; el tirón ocasional del turismo; un sector exportador en racha…

Pero las economías sólidas han de asentarse sobre algo mejor que un compendio de buenas noticias coyunturales. Ese algo mejor es la demanda interna. Y la demanda interna depende en buena medida de los salarios. ¿Quiénes van a pagar en España por los productos y los servicios de nuestras empresas? ¿Con estos salarios? Muy pocos.

En consecuencia, hay que aconsejar a las organizaciones empresariales que eleven un poco la mirada en su negociación sobre recomendaciones salariales para este año. Elevar los salarios conforme el crecimiento de la economía y de los precios no debiera ser solo empeño sindical. Nos va mucho en ello a todos. A ellos también.

Y hay una agenda legal a desarrollar también en el objetivo de los salarios mejorados.

Hay que establecer el salario mínimo para 2018, tras la subida del 8% arrancada por el PSOE para este año. Deberíamos cumplir cuanto antes el compromiso suscrito en la Carta Social Europea del 60% del salario medio.

Nuestra ley de subcontratas para cumplir el principio de “igual trabajo, igual salario” se votará en septiembre.

A continuación se debatirán propuestas de gran interés para reforzar la negociación colectiva, recuperar la prevalencia del convenio sectorial, reestablecer la ultractividad, luchar contra los fenómenos de explotación laboral…

Ojalá no nos distraigamos demasiado con otros menesteres menos determinantes para la vida real de la gente.

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El Gobierno acaba de sacar adelante en el Parlamento el llamado “techo de gasto”, que define las grandes líneas de su proyecto presupuestario para 2018. El PSOE ha votado en contra de la fórmula pactada por PP y Ciudadanos a base de recortes importantes de gasto público y bajadas relativas de impuestos.

El gran argumento de la derecha para defender esta política presupuestaria se resume en la afirmación de que “el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Suena bien, pero ¿realmente es así? El portavoz socialista Pedro Saura solicita con razón que Montoro aclare a qué bolsillos se refiere concretamente.

El presupuesto que el reprobado Ministro de Hacienda dibuja para el año próximo calcula un aumento del gasto de poco más del 2% para un PIB que crecerá nominalmente por encima del 4%. Por tanto, y de entrada, el gasto público perderá peso respecto a la riqueza generada.

Además, la senda de cumplimiento del déficit reserva para las Comunidades Autónomas el ajuste más duro: del 0,6% en 2017 al 0,4% en 2018, tras la última rectificación. Y recordemos que las administraciones autonómicas son las responsables de gestionar los principales servicios del Estado de Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales…

En total, los recortes previstos en el gasto público ascienden a más de 9.000 millones de euros, de los que más de 2.000 corresponderán a las autonomías.

Al reprobado Ministro de Hacienda se le ha repetido que está bien procurar la reducción del déficit en etapas de crecimiento. Pero hay dos maneras de hacerlo, grosso modo. Montoro quiere bajar el 41% de gastos hasta el 38% de ingresos, siempre sobre PIB. Mientras que otros consideramos que quizás puede hacerse a la inversa, es decir, elevando el 38% de ingresos hasta el 41% de gastos.

Es la diferencia entre aspirar a una sociedad justa o renunciar a lograrlo.

PP y Ciudadanos han pactado eximir de tributar por IRPF a quienes cobren menos de 14.000 euros al año. Bien, pero recordemos de entrada que las rentas inferiores a 12.000 euros hace años que no cotizan. Ya vamos acotando ventajas.

Si dividimos los casi 20 millones de impositores españoles en deciles, comprobamos además que los dos deciles más pobres, cuatro millones de españoles, no obtienen rebaja alguna en su fiscalidad, cero. Y de los tres deciles siguientes, otros cuatro millones no verán un euro extra con la rebaja. Tan solo dos millones de españoles obtendrán un beneficio medio de 35 euros mensuales de media.

Es decir, toda la operación para legitimar el recorte de 9.000 millones de euros en el gasto público tan solo beneficiará a dos millones de personas en 35 euros mensuales más para sus bolsillos.

¿Seguro? No tanto, porque si Montoro y Garicano les permiten mantener 35 euros más en el bolsillo derecho, no es menos cierto que les están quitando mucho más del bolsillo izquierdo merced a los recortes en prestaciones sociales. ¿Compensarán esos 35 euros de rebaja impositiva los tijeretazos en becas, en salud pública, en atención a dependientes o en vivienda social? Definitivamente no.

Además, ¿qué hay de los otros ocho millones de contribuyentes más pobres que ni tan siquiera verán esos 35 euros extras en el bolsillo derecho? Estos sufrirán los recortes en el Estado de Bienestar sin compensación fiscal alguna.

¿Y si además de recortar unos poquitos impuestos a las rentas más bajas los aumentáramos para las rentas más altas? ¿Y si nos atreviéramos a equiparar la tributación de las rentas del capital con lo que tributan las rentas del trabajo? ¿Y si estableciéramos una base imponible común en la zona euro para evitar la elusión fiscal de las grandes empresas? ¿Y si garantizáramos un tipo efectivo razonable en el impuesto de sociedades?

¿Y si en lugar de hacer frases tramposas para justificar nuevos recortes nos dedicáramos a generar ingresos suficientes para atender los gastos necesarios?

¿Y si rascamos un poco más en los bolsillos más llenos?

El dinero de los ciudadanos estará mejor allí donde mejor contribuya a construir una sociedad más justa.

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Los secesionistas no tienen derecho a secesionar territorio alguno, desde luego. Pero tampoco tienen derecho a conducir a la sociedad catalana al callejón sin salida de la insurrección legal. Y menos aún tienen derecho para forzar a catalanes y demás españoles a malgastar las energías que debiéramos dedicar a los auténticos desafíos de nuestro tiempo, como la globalización sin reglas, la economía sin justicia y el recorte generalizado de derechos.

No hay mejor aliado para Rajoy en estos momentos que el desvarío secesionista. ¿Qué mejor argumento que la amenaza separatista para desviar la atención de la pobreza laboral creciente, de los jóvenes sin futuro o de las corruptelas por doquier? Cuánto más grande sea el esperpento independentista, más se reivindicará Rajoy como defensor del imperio de la ley y de la unidad de la patria.

Ensoñadores independentistas aparte, la mayoría de quienes hoy dirigen el procés catalán se apuntaron a la aventura por pura estrategia herestética. Se trataba de dar la vuelta a un escenario con la recesión económica y la corrupción política como protagonistas inevitables. Elevemos la mirada de la gente hacia las banderas esteladas para que no se fijen en el piso del deterioro social y moral.

Pero la escapada se les ha ido de las manos, y ahora no saben cómo parar un procés absolutamente desbocado. Quizás confiaron ingenuamente en que el PP les daría una salida tarde o temprano. Ignoraban quizás que las amenazas de secesión sonaban como música celestial en un Gobierno deseoso de sustituir la imagen de la madrastra recortadora por la del príncipe rescatador, al menos de cuando en cuando.

Los secesionistas están atrapados en su propia trampa. Ya han renegado de la Constitución, de las leyes y de las sentencias judiciales. Escriben leyes de transitoriedad que no se atreven a registrar siquiera. Anuncian proclamas de república independiente que no se creen ni sus propios consejeros. Fulminan al disidente por dudar, mostrando la debilidad más cruda.

Pero su trampa es en buena medida la de todos, catalanes y demás españoles incluidos. Porque será inevitable ocupar tiempo, titulares y trabajo a desenredar el lío que están provocando. Porque el descrédito internacional nos mancha a todos. Y porque Puigdemont, Junqueras y compañía están trabajando duramente para construir este otoño una sensacional vía de escape a un Gobierno español acorralado por la pobreza y la corrupción ¿Quién se atreverá a cuestionar a aquellos que están llamados a salvar España de la secesión?

No tienen derecho.

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Con motivo de las celebraciones por el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en 1977, algunas formaciones populistas y separatistas han aprovechado para insistir en sus descalificaciones falaces hacia la Transición Democrática, la Constitución Española y el “régimen” que se instauró a partir de entonces en nuestro país.

Descartada la ignorancia como causa de tal ejercicio de falsificación de la historia, hemos de entender que se trata de una estrategia orientada a deslegitimar este “régimen” para sustituirlo por otro. La gran pregunta es ¿qué otro régimen?

Representantes de Podemos, Izquierda Unida, ERC y En Común Podem han asegurado en estos días que la Constitución de 1978 no fue fruto del consenso político en una sociedad libre, sino una especie de “carta otorgada” por los herederos de la dictadura a una sociedad sometida “al miedo, la censura y el chantaje”. Es el “candado” que supuestamente impide a los españoles el disfrute de la democracia “auténtica”.

Basta acudir a la evidencia histórica para refutar esta fabulación interesada. La Transición hacia la democracia tuvo lugar por la demanda mayoritaria y exigente de la ciudadanía española, y por el acierto de una generación de dirigentes políticos que, por una vez, supieron anteponer el interés común del entendimiento a la tentación particular del enfrentamiento.

Y más allá de los errores y las insuficiencias, que los hubo, el resultado de aquel episodio fue inequívocamente positivo para la sociedad española. Desde la consecución de la democracia hasta el disfrute de derechos y libertades equiparables a los propios de las naciones de nuestro entorno. Desde la entrada en Europa, hasta el sometimiento de las fuerzas armadas al poder civil, la separación Estado-Iglesia o el autogobierno de nacionalidades y regiones.

Entonces, ¿por qué esa insistencia en descalificar tan gravemente uno de los pocos hechos históricos colectivos de los que podemos sentirnos razonablemente orgullosos? Evidentemente para socavar el apoyo ciudadano al sistema político vigente, propiciar su caída y alentar su sustitución por otro “régimen”.

Ahora bien, teniendo en cuenta las militancias y las trayectorias de quienes protagonizan tal estrategia, las conclusiones pueden resultar inquietantes. ¿Cuál es la alternativa? El régimen comunista que abrazan algunos ya fracasó en el siglo pasado. Los populismos bolivarianos que asesoran otros están sumiendo a millones de criaturas en la pobreza, la violencia y la represión. Los separatismos socavan la convivencia, enfrentan a los ciudadanos y achican los espacios de solidaridad…

El auténtico “candado” no es el régimen del 78 y la Constitución que ampara la libertad de la que disfrutan sus descalificadores. El auténtico “candado” es el revisionismo que falsea la historia con el propósito de liquidar lo mejor que ha dado el esfuerzo común de los españoles, para llevarnos a un futuro incierto, en el mejor de los casos…

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