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Archive for 24 junio 2017

Pedro Sánchez acierta al establecer el “rescate” de los jóvenes españoles como prioridad estratégica en la acción política de los socialistas. La metáfora es adecuada, porque el colectivo de jóvenes se siente atrapado en un agujero negro de precariedad y marginación.

El problema de los jóvenes precarizados y marginados es ya el problema principal de presente y de futuro para el conjunto de la sociedad española. Y debiera ser también el principal objeto de atención y decisión política, con permiso de los inacabables escándalos de corrupción y las ensoñaciones independentistas.

El problema de los jóvenes presenta tres vertientes, a cual más alarmante. Es un problema de deterioro social evidente para una parte significativa de la población. Es un problema de índole económica, por cuanto excluye del circuito de producción y consumo a lo más dinámico de la sociedad. Y es un problema de legitimidad democrática, porque divorcia del sistema a quienes están llamados inexorablemente a protagonizarlo.

Los índices de desempleo juvenil rozan el 50% y los niveles de precariedad laboral son simplemente insoportables entre los más jóvenes. Los falsos becarios, falsos contratados a tiempo parcial y falsos autónomos son mayoritariamente jóvenes. Los contratos de formación y los contratos en prácticas que se derivan de la reforma laboral del PP condenan a los jóvenes a empleos indignos con jornadas abusivas y salarios del todo insuficientes.

Las brechas de desigualdad creciente en el acceso a la educación superior, a la formación digital y al aprendizaje de idiomas profundizan la injusticia y el malestar fundado. Y a esto debe añadirse la dificultad para acceder a una vivienda digna, dados los altos precios en el mercado libre de compra-venta y alquiler, y dada la falta injustificable de una política pública de vivienda social, como sí existe en otros países de nuestro entorno.

La marginación de los jóvenes de los procesos de producción, de empleo  y de consumo genera a su vez un grave problema de desequilibrio para el sistema económico, con graves repercusiones tanto en el entramado fiscal como en la propia Seguridad Social. Los jóvenes no ganan para pagar impuestos, y no trabajan para generar ingresos en la tesorería de la Seguridad Social. En un sistema de reparto como el nuestro, el panorama es preocupante.

Y todos estos problemas desembocan en un distanciamiento creciente de buena parte de la juventud respecto al sistema democrático. ¿Cómo pedir responsabilidad y compromiso con el sistema a aquello que se sienten maltratados injustamente? Los jóvenes ignorados y marginados son carne de cañón para los discursos populistas y antisistema, que nada resuelven en la problemática juvenil, pero que ofrecen un cauce sugerente para expresar frustración e ira.

Para ilustrar todos estos argumentos resulta muy útil la lectura del libro “La cuestión juvenil. ¿Una generación sin futuro?” de los profesores José Félix Tezanos y Verónica Díaz.

En consecuencia, resulta muy apropiado que el PSOE coloque la problemática juvenil en el frontispicio de su estrategia para esta nueva etapa. Una estrategia que deberá combinar denuncia y propuesta. Y que deberá contar con iniciativas de oposición allí donde no se gobierna, así como con iniciativas coherentes de gobierno allí donde el Partido Socialista tiene la responsabilidad de convertir su discurso en hechos comprobables.

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El PSOE salió mal del Gobierno en el año 2011. Al Gobierno de Zapatero le tocó bregar con lo más duro de la crisis, se adoptaron decisiones alejadas del programa electoral y muchos votantes se sintieron defraudados.

En consecuencia, durante los años duros de austeridad y recortes por parte del PP, el Partido Socialista no lo tuvo fácil para erigirse como alternativa creíble.

A estas dificultades se añadió mientras tanto la desorientación general de la socialdemocracia europea, atrapada en la disyuntiva de defender a un sistema injusto frente a los populismos o de defender a los populismos estériles frente al sistema.

Y la falta de iniciativa provocó huecos y los huecos se llenaron con otras alternativas, como Podemos y sus confluencias, que no proporcionaban respuestas viables, ni tan siquiera bienintencionadas, pero que encauzaban con eficacia la frustración de buena parte del electorado más joven y progresista.

Los malos resultados en las elecciones sirvieron de acelerante para las divisiones internas y la imagen de contestación interna permanente acabó por situar al PSOE ante su crisis más grave desde la recuperación de la democracia.

En el día de su convocatoria, las elecciones internas a la secretaría general situaban al Partido Socialista en un escenario de riesgo, por cuanto la disputa auguraba grandes dosis de dramatismo y el resultado no se adivinaba concluyente.

Sin embargo, la conclusión de este proceso democrático se ha saldado de una manera positiva, tanto en lo interno como en lo externo. Internamente ha provocado un estado de movilización y buenas expectativas como hacía tiempo que no se experimentaba. Y ante el resto de la sociedad, el PSOE aparece como una opción reforzada en su crédito político y en sus expectativas.

Pedro Sánchez ha adquirido unos atributos muy positivos como consecuencia de este proceso accidentado. A los ojos de la mayoría social progresista en nuestro país, el otra vez secretario general del PSOE es un hombre valiente, que no se arredra ante los obstáculos y que defiende con convicción y firmeza la causa justa de los más débiles. Además, es un ganador, que no es un atributo baladí en esta sociedad de la imagen.

Por tanto, se trata de una buena oportunidad para el Partido Socialista y para España. El PSOE dispone ahora probablemente de la mejor oportunidad desde 2011 para presentarse ante la ciudadanía española con un proyecto que merece atención, crédito y apoyo como alternativa progresista al PP. Se trata de aprovechar esta oportunidad.

¿Cómo? Definiendo y defendiendo una opción de izquierda valiente y de gobierno, de gobierno pero valiente, como acaba de manifestar José Luis Abalos desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Una izquierda dispuesta a romper algunos moldes, a desmentir algunos tópicos establecidos en el sistema, a desautorizar algunas ortodoxias tramposas. Dispuesta a pisar algunos callos en nombre de la igualdad y la justicia. Pero dejando muy claro que el PSOE no se limita a la protesta inteligente, sino que busca inequívocamente el respaldo de las mayorías para reformar el país desde el Gobierno.

Este propósito requiere identificar algunas prioridades, que sintonicen bien con las prioridades de esa ciudadanía progresista a la espera de respuestas valientes y viables. Primero, un nuevo modelo económico subordinado a los objetivos políticos de la igualdad y la justicia, centrado en los buenos empleos. Segundo, una moralización de la vida pública que destierre corruptelas, fraudes y trampas fiscales. Y tercero, una apuesta decidida por la Europa unida y social, como la mejor esperanza de futuro para cerca de 400 millones de europeos.

Pero la oportunidad es positiva también para España, porque los españoles ven alejarse definitivamente el riesgo tenebroso de tener que elegir entre lo malo y lo peor, entre la derecha corrupta y una alternativa populista y estéril. Entre dejar el sistema como está y cargarse el sistema al completo, lo bueno y lo malo, resurge con fuerza una alternativa reformista de alcance. Es una buena noticia.

Y es una buena oportunidad, para el PSOE y para España. Aprovechémosla.

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Los titulares sobre el último estudio del CIS solo reseñan la creciente preocupación de los españoles por la corrupción. Más de un 54% de los encuestados sitúa este problema entre los principales del país. Son muchos. Sin embargo, el problema principal que señalan los españoles mes tras mes en primer lugar es otro: el paro. De hecho, el porcentaje de españoles cuya preocupación principal tiene que ver con el empleo y la falta de empleo se ha incrementado entre abril y mayo del 69,6% al 71,3%.

No cabe hacer análisis reduccionistas o simples en torno a la crisis de credibilidad que sufren las que hemos considerado democracias avanzadas en Europa y norteamérica. Son varios los factores que contribuyen a las disfunciones del sistema, a la desafección creciente en amplias capas de la población y al auge de populismos y extremismos. Pero hay una constante a tener en cuenta: la preocupación, el miedo y el enfado de muchos por la pérdida progresiva de derechos en el ámbito del empleo.

En esta preocupación, en estos miedos y en estos enfados coinciden desde los millennials explotados hasta los cincuentones que alimentan las listas de parados de larga duración. Aquí convergen los empleados digitales a cinco euros la hora con los obreros industriales que sufren la deslocalización de sus empresas. En la angustia por el trabajo comparten trinchera las mujeres obligadas a elegir entre profesión o familia, junto con los falsos becarios, los falsos aprendices, los falsos autónomos y los falsos contratados a tiempo parcial, que sirven cervezas o limpian habitaciones a tiempo total.

¿Cuál es el origen del problema? La globalización y el avance tecnológico han cambiado por completo el papel del factor trabajo en los procesos productivos, relegándolo, precarizándolo, empobreciéndolo. La economía produce el empleo, pero el empleo cada vez es menos relevante para la economía. Sin embargo, nuestras sociedades siguen fundamentándose en el protagonismo del trabajo, como factor de socialización, como fuente de rentas, como vía de participación social, como base de la autoestima personal….

Por ahora, el balance neto de la revolución tecnológica presente es un balance negativo en términos de empleo. El avance tecnológico, por ahora, destruye más empleos de los que crea. Las actividades económicas más tecnificadas y más lucrativas necesitan cada vez menos mano de obra. Los demandantes de empleo son muchos y las reglas para determinar salarios y condiciones de empleo son pocas, por lo que el empleo se precariza y se paga mal.

Más cambios. El viejo esquema de formación-trabajo-jubilación ha dado paso al nuevo esquema formación-trabajo-formación-trabajo-jubilación, pero las políticas de formación y de empleo aún no se han adaptado. Los nuevos modelos de competitividad demandan un trabajo que la sociedad no ofrece. Esta disfunción agrava el problema.

Por tanto, si admitimos que el factor trabajo es un factor clave para la convivencia en sociedad y para la legitimación de la mismísima democracia, no podemos dejar su evolución al albur del mercado, al libre juego de la oferta y la demanda. Porque el trabajo no es una estadística más. El empleo no puede tratarse como una mercancía más, que se compra y que se vende conforme a las condiciones que marca el zoco de la globalización desregulada.

En primer lugar hay que asegurar el gobierno de la política sobre la economía, adoptando decisiones que ayuden a distribuir justamente las ganancias extras de la productividad que llegan vía tecnológica. Si hasta ahora esas ganancias han retribuido sobre todo al capital, asegurémonos de que una buena parte contribuye a financiar buenos empleos.

Hará falta un Estatuto Europeo de los Trabajadores que garantice contratos dignos y que evite deslocalizaciones y dumpings. Se necesitarán nuevas legislaciones que repartan los tiempos de trabajo, y que reduzcan por tanto la jornada laboral. Habrá que reforzar la negociación colectiva para lograr subidas salariales y conquistar nuevos derechos, en el ámbito de la conciliación, por ejemplo.

En segundo lugar hay que apostar por políticas activas de empleo más efectivas, en la formación, en la orientación, en la ayuda para la incorporación y para la promoción en el mercado laboral.

En tercer lugar es preciso establecer políticas pasivas que protejan debidamente al trabajador del riesgo del desempleo. Con índices de paro por encima del 15% y tasas de desempleo de larga duración por encima del 8% ya no sirven los viejos esquemas de prestación pública limitada en el tiempo. Resulta inevitable establecer un ingreso mínimo permanente para las personas que no logran incorporarse al trabajo, y mientras no logran incorporarse al trabajo.

Y en cuarto lugar, si la primera demanda de la ciudadanía es el buen empleo, el propio Estado debe ocuparse de su generación, en la medida de sus posibilidades, que no son pocas. Una fiscalidad exigente y globalmente armonizada puede contribuir a la financiación de actividades intensivas en empleo y de gran interés social, como el cuidado de las personas dependientes y la preservación ambiental.

Si la socialdemocracia europea quiere recuperar crédito social y apoyo electoral, debe atender prioritariamente las demandas prioritarias de quienes pueden apoyarla y votarla. Y la primera prioridad de esa mayoría hoy son los buenos empleos. Sin ninguna duda.

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En Madrid aprendimos hace mucho tiempo que una de las políticas con más carga ideológica en su ejecución es la política que planifica, ordena y asigna usos al suelo, es decir, la política urbanística. Las decisiones que se adoptan en el urbanismo madrileño afectan de manera directa y extraordinaria a muchos intereses, perfectamente identificables, diversos y muy a menudo contrapuestos.

Por eso resulta muy revelador comprobar quiénes aplauden y quienes critican el urbanismo de la capital, porque los aplausos y los silbidos ayudan a identificar tanto a los beneficiarios como a los perjudicados por las decisiones que desde hace dos años viene adoptando en este ámbito el gobierno municipal liderado por Podemos.

Significativas son las continuas alabanzas al urbanismo podemita por parte de los máximos mandatarios de los dos grandes clubes de fútbol de Madrid, inmersos ambos en actuaciones relevantes y discutibles sobre los estadios respectivos. Esclarecedor es también el formidable nivel de entendimiento al que continuamente llega el gobierno municipal con la empresa OHL, uno de los actores urbanísticos más activos y más controvertidos de la capital.

Y sorprendente resulta que haya sido precisamente el Ayuntamiento “del cambio” el que más lejos haya llegado en las negociaciones con el presidente del BBVA, para atender las demandas históricas de este potentísimo operador financiero en la llamada a ser “la mayor operación urbanística de Europa”, la operación Chamartín.

Podemos y Partido Popular se han coaligado con entusiasmo para aprobar tanto el traslado del estadio atlético a San Blas como para respaldar la última ampliación propuesta por el club del estadio Santiago Bernabéu. Son claramente dos grandes operaciones de ciudad que, sin embargo, hubieran merecido por parte del Gobierno municipal un tratamiento más adecuado para el interés general.

El primero no ha previsto las actuaciones necesarias para evitar el colapso circulatorio en torno al nuevo estadio. Y el segundo ha soslayado la modificación del planeamiento que la Justicia ha reclamado y tenemos que reclamará de nuevo, anulando posiblemente las decisiones adoptadas. Eso sí, los mandatarios urbanísticos de la ciudad son recibidos con gran simpatía en ambos palcos. Mejor incluso que en los tiempos de Botella, Gallardón o Alvarez del Manzano.

OHL aparece demasiado a menudo últimamente en las páginas de los periódicos, y no solo por sus éxitos empresariales. Sus relaciones durante años con lo peor del PP madrileño están siendo objeto de investigación judicial, en España y en Suiza. Pero sus tratos con el urbanismo capitalino van ahora mejor que nunca.

Para probarlo ahí esta esa quinta torre en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que OHL construirá y negociará sobre un suelo reservado en principio como bien de dominio público, y destinado en su momento para un gran centro municipal de convenciones. Pero lo construido ahí ya no será un centro de convenciones, porque será otra cosa, ni será municipal, porque será privado. La bendición podemita a la operación Canalejas también ha merecido la mejor consideración por parte del accionariado de OHL, pero no tanto por parte de los madrileños partidarios de proteger el patrimonio arquitectónico y paisajístico en el centro de la capital.

Pero, desde luego, el episodio más significativo del urbanismo madrileño en esta etapa “del cambio” tiene que ver indudablemente con las negociaciones en marcha sobre el futuro de la operación Chamartín. Durante más de veinte años, las administraciones públicas gobernadas por la derecha más derechista de Europa no fueron capaces de responder con suficiente generosidad a las reclamaciones del BBVA, que se había hecho con la propiedad de la mayor parte del ámbito a desarrollar.

No obstante, fue llegar Podemos al Ayuntamiento de Madrid y las negociaciones parecen avanzar a un ritmo y con unas expectativas extraordinarias. Digo “parecen” porque la “nueva política” del urbanismo madrileño incorpora unas salvaguardas de opacidad hasta ahora desconocidas en los tratos del Ayuntamiento con los operadores privados.

Tendremos que esperar a la conclusión de estas negociaciones entre Podemos en Madrid, PP en Fomento y el BBVA, para comprobar hasta qué punto se ha cedido en la exigencia histórica para el gobierno público de la operación y para el equilibrio adecuado entre el interés general y el negocio privado.

Se constata, por tanto, el aplauso fundado de buena parte de la casta. Pero pocos aplausos más se escuchan ante el urbanismo capitalino de estos dos años. No se pueden aplaudir, desde luego, sus éxitos en la construcción de vivienda pública destinada a los madrileños con más dificultades económicas. Cumplida ya la primera mitad de su mandato, Podemos ha levantado tan solo 165 de las 4.000 viviendas prometidas. A este ritmo necesitaría medio siglo de gobierno para cumplir sus compromisos.

Tampoco se escuchan aplausos por parte de los madrileños que habitan barrios necesitados de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, que no son pocos en realidad. Se están cobrando ahora las primeras ayudas comprometidas en julio de 2016.

El urbanismo podemita es poco amigo de operaciones de ciudad que mejoren la calidad de vida de los madrileños de a pie, pero sí gusta de los grandes titulares que aseguran esas otras operaciones vistosas en la plaza de España o en la Gran Vía, por ejemplo. Su afectación a la vida de los madrileños que peor lo pasan no será importante, pero estas costosas operaciones garantizan presencia en los medios de comunicación por mucho tiempo.

Y no son precisamente aplausos lo que dedican cada día los automovilistas madrileños a su gobierno municipal durante el atasco cotidiano. El empeño podemita por los carriles bici en los principales bulevares de Madrid no ha mejorado la opinión de los ciclistas sobre nuestra capital. De hecho la última encuesta de la organización de consumidores y usuarios (OCU) sitúa a Madrid como la peor a este respecto entre las principales ciudades españolas. Eso sí, la reordenación del tráfico ha multiplicado los problemas de circulación para los demás vehículos.

¿Urbanismo para la gente? No. Más bien urbanismo para una poca gente, la misma de siempre…

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