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Archive for 24 febrero 2017

La última reunión de los países integrantes de la OTAN ha confirmado el compromiso general de situar el gasto nacional en materia de defensa sobre el umbral del 2% del PIB antes del año 2024. Tal compromiso se alcanzó inicialmente en la cumbre de Gales que tuvo lugar en 2014. La ministra española de defensa, Dolores de Cospedal, se ha apresurado a manifestar la intención de nuestro Gobierno para “cumplir su compromiso”.

La presión de los Estados Unidos de América para que los países europeos incrementen sus gastos de defensa viene siendo recurrente desde hace mucho tiempo, toda vez que soportan más del 70% del presupuesto de la alianza atlántica. Países como Reino Unido, Polonia, Grecia y Estonia superan ya ese porcentaje del 2% sobre la riqueza nacional. Alemania lleva cuatro años incrementando con fuerza su presupuesto defensivo. Y durante el ejercicio 2016 el incremento medio en los gastos de defensa de los países de la OTAN superó el 3%.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha generado una presión añadida sobre los 28 gobernantes aliados. Tras las críticas polémicas sobre lo “obsoleto” de la organización, el controvertido mandatario americano ha amenazado casi literalmente con relajar el crucial compromiso de su país con la defensa europea. Resulta lógica la preocupación en los departamentos de defensa de toda la Europa comunitaria.

Ahora bien, la contabilidad de la OTAN atribuye a España actualmente un gasto defensivo de 11.000 millones de euros, apenas un 0,9% del PIB. Para “cumplir el compromiso” de llegar al 2% nuestro país debiera más que duplicar su presupuesto de defensa durante los próximos siete años, pasando de esos 11.000 millones actuales a más de 22.000 millones.

¿Puede permitirse la sociedad española duplicar el gasto en defensa cuando su Gobierno acaba de vetar la tramitación de una ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones por “su coste excesivo”: 1.200 millones en este año? ¿Tiene sentido invertir 11.000 millones más en tanques y bombas cuando el partido del Gobierno se ha opuesto a la tramitación de una ley que asegura un ingreso mínimo a 700.000 familias sin recursos porque su coste podría alcanzar esa misma cifra?

Y una pregunta más: ¿quiénes se benefician de esta dinámica que lleva a todos los países de mundo a aumentar significativamente sus arsenales militares “para estar más seguros”? ¿Estaremos más seguros en un mundo que multiplica la disposición de armas destructivas?

No caben planteamientos ingenuos o poco realistas. La defensa es necesaria. Pero también 3es cierto que la lógica del interés general debiera llevar a todas las sociedades del mundo, especialmente las que se llaman a sí mismas como “más desarrolladas”, a incrementar los esfuerzos para la paz y la seguridad común en lugar de acumular más y más armas. Esa misma lógica debiera conducir a la OTAN y las grandes potencias del mundo a fortalecer instituciones como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para prevenir y solucionar conflictos.

Mejor invertir en paz que en armas.

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Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

La posibilidad de contar con una Banca Pública en nuestro país constituye un tema controvertido de debate, con demasiados prejuicios. Algunos de los contrarios a tal medida aducen que lo público suele ser garantía de ineficacia y despilfarro, cuando no de corrupción. Y ponen como ejemplo lo sucedido con determinadas cajas de ahorro.

En sentido contrario, algunos de los partidarios más entusiastas identifican todo lo público con el bien común, al tiempo que tachan cualquier negocio financiero privado como sospechoso de especulación. Y ponen como ejemplo a Lehman Brothers, Goldman Sachs, las “subprime”, las preferentes y un largo etc.

El tema es lo suficientemente relevante como para respaldar cualquier decisión tanto con fundamentos ideológicos como con datos objetivos. La opción de la Banca Pública en España puede defenderse desde una convicción firme en el positivo papel del sector público para el bien colectivo y, al mismo tiempo, desde un conjunto de razones de índole económica y política que así lo aconsejan para el desarrollo de nuestro país.

El servicio bancario y financiero se ha convertido en un servicio de importancia crucial para el funcionamiento de la sociedad, en lo público y en lo privado, para las empresas, para las instituciones y para las personas: asegurar el ahorro, gestionar pagos y cobros, ayudar a la adquisición de viviendas, facilitar inversiones estratégicas, construir infraestructuras públicas, apoyar a las empresas, financiar iniciativas de interés social, promover políticas económicas contracíclicas…

Contar con una Banca Pública bien dotada puede ayudar al mejor cumplimiento de estas funciones, especialmente allí donde el sector privado no puede, no quiere o no le interesa llegar.

Por otra parte, el sector financiero español ha recibido fondos públicos en cantidades muy relevantes para su sostenimiento, con gran sacrificio de la sociedad española. Entre las ayudas del FROB para recapitalizar entidades financieras, los esquemas de protección de activos (EPA), inyecciones a la SAREB y demás, el erario público español ha invertido más de 60.000 millones de euros desde el inicio de la crisis. Parece razonable detenerse a pensar si merece la pena mantener ahí una posición pública influyente, aunque solo sea para prevenir una recaída en la crisis que tanto daño nos ha hecho.

Además, la opción de una Banca Pública no es precisamente una opción extravagante en nuestro entorno europeo. Hasta 221 entidades bancarias y 81 agencias financieras cuentan hoy con participación pública en el conjunto de la Unión Europea. El 24% del negocio bancario alemán está en manos del Estado, fundamentalmente a través de los länder (sus Comunidades Autónomas). En Francia y en Italia existe una Banca Pública muy potente, vinculada generalmente a los servicios postales y a la economía regional. No es cierto, por tanto, que la opción de la Banca Pública vaya contra las reglas o las costumbres comunitarias.

Un argumento más: no se trata de nacionalizar ninguna entidad privada, sino de mantener la participación mayoritaria que el Estado ya tiene en Bankia y BMN (más del 65%). El Gobierno tiene autorización legal para vender hasta 2019, o incluso más allá de este plazo. Lo que se pide, simplemente, es que no se venda, y que se haga uso de esta participación para configurar una Banca Pública que ejerza como tal.

Habrá quienes pongan el grito en el cielo y acusen a los defensores de esta opción de querer reproducir los desastres y abusos sucedidos en algunas cajas de ahorro. Y se les podrá contestar que los desastres y abusos no fueron exclusivos de las cajas públicas, que también hubo desastres y abusos en la banca privada y que, en definitiva, no es el carácter público o privado el que determina una gestión mala o corrupta. Hay gestores malos y buenos, corruptos y honestos, tanto en lo público como en lo privado. Apostemos por los segundos, en todos los sitios.

La Banca Pública española debiera garantizar una gestión profesional y transparente, asegurando un servicio bancario eficiente a todos los ciudadanos, recuperando la función social del crédito, y colaborando con el Estado en la consecución de objetivos estratégicos de interés general.

Desde luego, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debiera participar de esta Banca Pública. Pero podemos ir más allá. ¿Por qué no aprovechar la magnífica red de oficinas del servicio público de Correos para dotar con una red eficaz de oficinas comerciales a esta Banca de todos? Ya se hizo con la extinta Caja Postal de Ahorros y se sigue haciendo en Francia e Italia. Recordemos que durante los cinco últimos años se han cerrado más del 30% de las oficinas bancarias en España, con una caída del 27% en sus empleos. Además, resulta un contrasentido que Correos contrate su participación en el negocio bancario con entidades financieras alemanas cuando el Estado español cuenta con un negocio bancario propio…

Banca Pública. Claro que sí.

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El mundo vive un cambio de época que va mucho más allá de una simple época de cambios. La mayor parte de las actividades humanas, tanto en el espacio público como en el privado, mutan y se mundializan, abriendo todo tipo de oportunidades y de incertidumbres a la vez. Y el cambio afecta desde las relaciones económicas a la participación en los asuntos colectivos, pasando por la naturaleza de las instituciones familiares y religiosas o el disfrute de la cultura y el ocio. Lo solemos llamar proceso de globalización y revolución tecnológica.

Al mismo tiempo que se amplían los horizontes de progreso para la Humanidad en prácticamente todos los ámbitos, también se disparan las inseguridades y los miedos. Estos últimos devienen de la ausencia de reglas con que ajustar tales cambios a los límites del bien común. Sin normas y sin límites, las fuerzas que operan en la globalización y la revolución tecnológica tan solo se atienen a la ley del más fuerte. Y La ley del más fuerte siempre ocasiona desigualdades e injusticias por doquier.

La derecha ignora los miedos en su carrera por maximizar el beneficio económico en pocas manos, por lo que acrecienta sus causas y estimula sus consecuencias. Los populismos utilizan las injusticias para azuzar los miedos, prometer lo imposible y encaramarse rápidamente en un poder generalmente arbitrario y déspota.  La izquierda socialdemócrata debiera asumir la responsabilidad de responder a las nuevas incertidumbres con nuevas reglas transnacionales, con las que someter aquellos cambios a los valores, los intereses y la voluntad de las grandes mayorías. Pero la izquierda deambula entre la división y la desorientación.

Los populismos responden a aquellos miedos primarios con falsas soluciones igualmente primarias. Ante el miedo a la fuga de empresas propias, un muro. Ante el miedo a la llegada de productos foráneos más competitivos, un muro. Ante la amenaza de los migrantes económicos o refugiados, un muro. Ante el desafío del terrorismo internacional, un muro. Ante el desdibujamiento de las identidades propias, un muro. Ante el mestizaje cultural, un muro… El populismo promete resolver todo levantando nuevos muros, cuando el auténtico progreso para la Humanidad siempre llegó sobre los puentes.

Ese es el gran debate. O los muros populistas o los puentes progresistas. O los muros que aíslan y empobrecen, o los puentes que favorecen el encuentro y el mutuo enriquecimiento. Y el puente hoy es la política en la dimensión propia del siglo XXI de la globalización y la revolución tecnológica: la política global. Si el espacio público compartido se ha globalizado, las ideas, los planes, las reglas, las normas, la acción política y la ordenación de ese espacio debe ser también global.

Solo así podremos combatir con eficacia las desigualdades, las injusticias y los miedos. Solo así podremos promover una globalización para el progreso. Esta es la utopía socialista para el siglo XXI. Si consiguiéramos superar tanta división y tanta desorientación…

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