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Archive for 27 diciembre 2016

simancas211216

Parece abrirse paso la convicción que invita a llevar a cabo algunos cambios en la Constitución Española, tras 38 años de vigencia y muchas menos modificaciones que otras cartas magnas en las democracias consolidadas de nuestro entorno. Sin embargo, los planteamientos en cuanto al alcance, los contenidos y las condiciones de tales cambios son muy diversos en unas y otras latitudes políticas.

Las distintas posiciones sobre las modificaciones en la Constitución pueden agregarse en dos grandes bloques: los que plantean reformas constitucionales y los que apuestan por un proceso constituyente. Las diferencias son de tal calado que invitan al pesimismo en cuanto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo mínimo de carácter general.

Los reformistas tienen como objetivo mejorar y actualizar el texto aprobado en el año 1978. Los liquidacionistas pretenden demoler la Constitución del 78 para elaborar otra distinta desde cero. El primer planteamiento implica reconocer las aportaciones del texto vigente a la convivencia y al desarrollo de la sociedad española, para construir sobre lo construido. La segunda opción, por el contrario, significa dar por fallido lo que llaman el “régimen del 78” para erigir un nuevo régimen sobre bases distintas.

Las contribuciones de la Constitución de 1978 al progreso de los españoles son de tal magnitud y evidencia, que su negación solo puede explicarse desde la ignorancia supina respecto a nuestra historia o desde prejuicios ideológicos afortunadamente minoritarios en nuestro país. Puede afirmarse con la rotundidad que aporta el análisis más objetivo que los 38 últimos años han sido los más positivos de la historia de España en prácticamente todos los órdenes, desde el progreso económico hasta el disfrute de derechos y libertades, desde el ejercicio de la democracia hasta la mismísima convivencia pacífica entre españoles.

Tal valoración no obsta para reconocer carencias y debilidades que aconsejan vivamente acometer reformas, incluso reformas de calado si se quiere. Pero tal reconocimiento no puede legitimar en modo alguno los planes de quienes buscan derribar este puntal de nuestro desarrollo para sustituirlo por nadie sabe qué.

Uno de los grandes valores del texto del 78 radica precisamente en aquello que los liquidacionistas más denuncian: el consenso entre diferentes. Sin embargo, ya hubo muchas experiencias de constituciones “puras” o “de parte” en nuestra historia, y todas ellas fracasaron por no aglutinar siquiera a las grandes mayorías en torno a unas reglas básicas para organizar el espacio público compartido.

En consecuencia, tiene sentido abordar el debate sobre los cambios pendientes en la Constitución a partir de eso que se está dando en llamar “el perímetro de la reforma”. Se trata de reformar a partir de lo establecido. Se trata de mejorar lo que requiere actualización y mejora. Se trata de dar nuevos pasos en el camino emprendido. Y esta tarea requiere de algunos acuerdos previos.

Los contenidos a explorar en una reforma constitucional han de referirse a tres grandes cuestiones. En primer lugar, la consolidación y el avance de los derechos de ciudadanía, como el derecho a la protección frente a la enfermedad, frente a las situaciones de dependencia y frente a la pobreza y la exclusión social. En segundo lugar, la cualificación de nuestras instituciones y procedimientos democráticos. Y en tercer lugar, la vertebración territorial del Estado, clarificando competencias, distribuyendo financiación con criterios definitivos y asegurando la colaboración eficaz entre administraciones.

Frente a las estrategias liquidacionistas, el proceso de reforma no ha de poner en cuestión los fundamentos del consenso constitucional que asegura nuestra convivencia, tales como la garantía para la unidad del país, la igualdad de todos los españoles y su régimen democrático representativo.

España ya tuvo un proceso constituyente, que nos llevó de la dictadura a la democracia. Aquellos que ahora reclaman un nuevo proceso de este calado tendrán que aclarar hacia dónde quieren llevarnos,… o devolvernos.

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simancas151216

El Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría una iniciativa destinada a derogar la reforma laboral del PP. Hay quienes sostienen que se trata tan solo de “un gesto simbólico”. No es así, ni por la condición de la institución actuante ni por el contenido de la acción.

El Congreso de los Diputados constituye la representación de la soberanía popular, y su posicionamiento contra la reforma laboral abre la puerta a cambios trascendentes para la calidad de los empleos y la dignificación de los salarios en nuestro país.

Tras la votación del Pleno del Congreso se inicia una secuencia de modificaciones legales de gran relevancia. La primera se refiere a la homologación de salarios y condiciones laborales entre los trabajadores subcontratados a través de empresas de servicios, y los trabajadores contratados directamente en las empresas matrices. Con esta medida combatimos la médula espinal de la explotación laboral en España.

La iniciativa aprobada en el Congreso a propuesta del PSOE llama a derogar el conjunto de normas que el PP ha impuesto unilateralmente durante los cinco últimos años, y que han ocasionado el recorte de derechos y el empobrecimiento de la mayoría de los trabajadores españoles.

Se plantea sustituir tales normas por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, acordado tanto en el ámbito social como en el ámbito político, que recupere derechos, calidad, estabilidad y salarios dignos para el empleo en nuestro país.

El objetivo consiste en pasar de un mercado de trabajo precario e injusto a otro más estable y más justo.Pasar de una economía débil y frágil a una economía más sólida y competitiva. Porque las economías más sólidas y competitivas no son las que tiran los salarios y precarizan los empleos, sino las que apuestan por la innovación, la digitalización, la formación, la modernización. Y las que cuidan a sus trabajadores como un activo fundamental para aportar valor a sus productos y servicios.

No es cierto que la reforma laboral del PP haya fracasado, como dicen algunos. La reforma laboral del PP ha fracasado para quienes queremos buenos empleos para los trabajadores españoles. Para quienes nunca aceptaremos un contrato de tres días o tres horas como un empleo justo y aceptable. Para quienes nunca consideraremos los dos euros con cincuenta por habitación hecha como un salario justo y aceptable.

Pero la reforma del PP ha tenido éxito para los que piensan distinto. Para los que defienden un modelo de competitividad basado en los contratos basura, en la devaluación salarial y en el recorte de los derechos de los trabajadores. Para estos, la reforma laboral ha sido un éxito.

Los autores y los beneficiarios de la reforma laboral del PP aprovecharon la crisis para dar la vuelta como un calcetín a nuestro mercado de trabajo. Y así pasamos de un mercado laboral regulado a la desregulación y la ley del más fuerte, que siempre es la ley del empresario.

Del equilibrio en las relaciones de poder dentro de la empresa, a todo el poder para el patrón.De la negociación colectiva y garantista de las condiciones de trabajo a la negociación precaria empresa a empresa, trabajador a trabajador.

Del reparto más o menos equilibrado de las rentas generadas al abuso de los beneficios empresariales sobre las rentas del trabajo.De los buenos empleos a los empleos basura, de los salarios dignos a los salarios indignos, del trabajo como garantía de integración social y vida digna al trabajo que ya no protege de la pobreza y la marginalidad social.

El PP celebra el balance de la reforma laboral. La mayoría de los trabajadores, sin embargo, sufren y lamentan el balance de la reforma laboral.Bastan cuatro datos para explicar el por qué.

Hoy tenemos 380 mil parados más de larga duración que hace cinco años. Tenemos 350 mil empleos menos indefinidos a tiempo completo que en 2011. Hoy podemos contar hasta seis millones de trabajadores con salarios por debajo de los 650 euros.Hoy tenemos un millón de parados menos con cobertura pública que hace cinco años.

Este es el balance de la reforma laboral del PP para la mayoría de los trabajadores españoles: más paro de larga duración, más precariedad  laboral y más pobreza laboral.

De hecho, la mejor manera de evitar los horarios irracionales en el trabajo pasa precisamente por derogar la reforma laboral. Porque la reforma laboral se estableció precisamente para facilitar que los empresarios fijaran unilateralmente las jornadas laborales que quisieran, con el salario que quisieran.

Cuando hablamos de derogar la reforma laboral no pretendemos dejar en blanco de un plumazo todo el derecho del trabajo en España. Se trata de identificar y cambiar aquellos aspectos que han empobrecido a los trabajadores españoles. Los aspectos más dañinos serían los siguientes, entre otros:

El debilitamiento de la negociación colectiva a favor del poder unilateral del patrón para fijar salarios y jornadas.

La prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, siempre más garantistas de los derechos de los trabajadores.

La descausalización de contratos y de despidos, los falsos contratos temporales, los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios, que facilitan la explotación laboral.

La discriminación de los trabajadores subcontratados frente a los contratados directamente.

La eliminación del subsidio para parados mayores de 52 años y el recorte de la cobertura al desempleo.

Esto es lo que hay que derogar. Y hay que cambiarlo por un nuevo Estatuto de los Trabajadores con los siguientes contenidos, al menos también:

El reforzamiento de la negociación colectiva a la hora de establecer salarios y condiciones de trabajo.

Una simplificación de la planta de contratos, a fin de asegurar que los contratos temporales son para empleos temporales y los contratos a tiempo parcial son para empleos a tiempo parcial. Sin fraudes, sin explotación.

La elevación progresiva de los salarios mínimos, hasta el 60% del salario medio que nos mandata la Carta Social Europea.

La consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en derechos.

La conversión, por fin, de las políticas activas de empleo en una herramienta eficaz para ayudar a los jóvenes y a los parados de larga duración a encontrar un trabajo digno.

La recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años, y la elevación de la cobertura al desempleo, al menos del 54% actual al 70% en que la dejamos en 2011.

Esto y más. Lo que se acuerde en el marco del diálogo social y político.

Si la X Legislatura fue la Legislatura de la reforma laboral para la precarización de los empleos, la nueva Legislatura ha de ser la Legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores para los buenos empleos y los salarios dignos. Este es el objetivo.

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 simancas071216

Sostenía el politólogo John Dunn que la democracia es un viaje inacabado del ser al deber ser. De hecho, el inconformismo de la sociedad actual con la democracia vigente está alcanzando niveles de revuelta.

La tradicional democracia representativa se nos presenta por algunos como una vieja dama anticuada, merecedora de reconocimiento por los servicios prestados antaño, pero incapaz de dar respuestas satisfactorias a las exigencias de las nuevas generaciones, más informadas y capaces.

El viaje inevitable hacia el perfeccionamiento de la democracia, sin embargo, nos está llevando por caminos diversos, a veces hacia delante y a veces también hacia atrás. Por ejemplo, hay quienes interpretan la mejora de la calidad de la democracia exclusivamente en términos de sufragio directo y de mayoritarismo. Cuanto más se vote, mejor. Y cuanto más se hagan valer las mayorías, mejor también.

Cuando hay un problema que resolver, votemos. Cuando hay una decisión que adoptar, votemos. Cuando hay un liderazgo por dirimir, votemos. Votar cuanto más mejor, y votar cuanto antes mejor. Da igual lo complejo que sea el problema. Da lo mismo cuántas sean las alternativas a considerar en la decisión. Nada hay más estimulante que contemplar el espectáculo de los líderes peleando en la arena por el voto inmediato.

No perdamos el tiempo en diagnósticos que dan dolor de cabeza. Para qué entretenerse en estudiar lo que se hizo antes, lo que se hace en otros sitios, lo que se puede hacer para mejorar. Por qué intentar la suma, el acuerdo, el consenso, cuando resulta más fácil, más atractivo y más “democrático” votar ya. Ante la duda, votemos. Y si nos surgen más dudas, pues votemos más. Que brinden los ganadores y que sufran los perdedores. Hasta la próxima votación.

Han votado los italianos contra su reforma constitucional en referéndum. Y antes votaron los colombianos contra el acuerdo de paz con la guerrilla. Y votaron los británicos contra su pertenencia a la Unión. Y antes aún votaron los franceses contra la Constitución Europea.

Todos estos votos parecen emitidos contra la razón. ¿Por qué? Porque no es razonable reducir toda la complejidad de la política a una dicotomía tramposa. Porque casi todos los referéndums esconden un plebiscito falaz. Y porque casi todos los referéndums invitan a conformar coaliciones negativas igualmente falaces.

Resulta absurdo reducir la complejidad de una toda una reforma institucional en un gran Estado como Italia a la dualidad entre el sí o el no propuesto por Renzi. Como resultaba inconcebible decidir en torno a las complejas relaciones de la Gran Bretaña con el resto de Europa en un simple yes/no. Igual que resulta irracionalmente simplificador establecer las condiciones de la normalización institucional de la guerrilla colombiana mediante la sencilla elección entre solo dos papeletas.

El atractivo irresistible de poner una papeleta en la mano de la ciudadanía lleva a muchos líderes a jugar con fuego. Y después nos extraña que se acaben quemando. Es más fácil y tentador tumbar al adversario en un referéndum que dialogar y acordar con él en una mesa de negociación. O mando yo o manda él. O yo o el caos. Pero el juego plebiscitario sale a la luz, y el votante lo castiga. Porque siempre resulta más fácil sumar coaliciones a la contra que a favor. Siempre fue más sencillo destruir que construir.

Y es que quizás el viaje hacia la mejor democracia no sea tan sencillo como poner más urnas y ejercitar el mayoritarismo hasta la extenuación. Puede que una democracia mejor requiera de un poquito más de esfuerzo por parte de quienes la integran. Es posible que resolver democráticamente un desafío complejo exija un trabajo riguroso de análisis, una labor insistente de diálogo, una tarea esforzada de encuentro y de acuerdo… Puede incluso que hayamos de confiar en nuestros representantes democráticos durante un tiempo para desbrozar ese camino, antes de votar todos.

Algunos de estos “votacionistas” y “mayoritaristas” hubieran preferido votar inmediatamente tras la muerte del dictador en 1975. Votar entre monarquía y república. Votar entre capitalismo y marxismo. Votar entre clericalismo y laicismo. Votar entre Estado nacional o confederal. Votar entre ejército sometido o disuelto… Sin embargo, aquella generación decidió contener las ansias “votacionistas” y “mayoritaristas”, para ponerse primero a trabajar, a dialogar, a acordar un marco de convivencia para todos. Y votar después.

¿Fueron poco demócratas aquellos españoles de la Transición? ¿O en realidad fueron más y mejores demócratas que quienes hoy plantean liquidar la Constitución de 1978 para votar y “mayoritear” a gusto?

Cuando se busca el bien común, la democracia es mucho más que votar y ejercer el poder de las mayorías inmediatas. Claro que siempre hay otros objetivos…

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