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Archive for 22 septiembre 2016

simancas220916

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que desautoriza claramente los fundamentos de la reforma laboral emprendida por el Gobierno del PP a partir del año 2012. Las implicaciones definitivas del fallo judicial están aún por establecer, pero el sentido de su argumentación resulta diáfano y su aplicación contribuirá necesariamente a paliar los peores efectos de las políticas laborales del Gobierno Rajoy, que han contribuido a precarizar los empleos en nuestro país y a recortar los derechos de nuestros trabajadores.

La resolución del Tribunal Europeo ayudará también a contener las tendencias crecientes en la opinión pública hacia el euroescepticismo. En esta ocasión, al menos, Europa ha cumplido un papel primordial en la defensa de los derechos de los trabajadores españoles.

En términos estrictos, la sentencia tan solo obligaría a revisar las condiciones de despido para los trabajadores interinos, reconociéndoles la indemnización que en estos momentos le niega la legislación española. No obstante, la fundamentación del fallo incorpora un mandato de fondo: la indemnización por finalización de un contrato no puede depender de su duración. Por tanto, en un mismo empleo no cabe establecer diferentes indemnizaciones para contratos temporales y para contratos indefinidos Y esto es precisamente lo que ocurre ahora demasiado a menudo, a causa del abuso de la temporalidad que fomenta el Gobierno del PP.

Estamos, en consecuencia, ante una razón más, puede que una razón definitiva, para emprender el diálogo social que ha de conducir a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto vigente data de 1980. Demasiadas cosas han cambiado desde entonces, sobre todo durante los cinco últimos años de Gobierno del PP.

Es hora de poner al día la norma marco que regula el mercado laboral en nuestro país, fundamentalmente para recuperar los derechos y garantías que el PP ha fulminado en el altar de una competitividad mal entendida. El PSOE ha propuesto una subcomisión en el Congreso para acometer esta iniciativa, desde el diálogo social y político.

Más allá de la propaganda gubernamental, los datos de empleo y paro en nuestro país son de un dramatismo inocultable. Tras varios años de crecimiento significativo del PIB, gracias a la política expansiva de la UE, tenemos prácticamente el mismo número de ocupados que en el año 2011. Cerca de 18,3 millones ocupados en la EPA del segundo trimestre de este año, por en torno a los 18,2 millones en la última EPA de 2011.

Hay cerca de 700.000 parados menos, sí, pero no porque trabajen más españoles, sino porque más de 600.000 españoles se han borrado de las estadísticas de la población activa: 400.000 jóvenes han salido al extranjero para buscar trabajo, miles de inmigrantes han retornado a sus países y otros miles simplemente han desistido de seguir intentándolo.

4,6 millones de parados, con más de dos millones de larga duración, con una tasa de desempleo juvenil por encima del 46%, constituyen un panorama insoportable. Sobre todo si somos conscientes de que el trabajo que se crea es muy precario: un 91% de los nuevos contratos son temporales. Tenemos una de las tasas de temporalidad más altas de la UE. Además, los contratos a tiempo parcial alcanzan ya el 15%, de los que dos terceras partes son involuntarios. Y la duración media de los contratos se situó en 2015 en los 54 días.

La explotación laboral está a la orden del día, con falsos contratos a tiempo parcial que se trabajan a tiempo completo, con falsos autónomos y falsos becarios sometidos a condiciones indignas. Cada semana se trabajan más de tres millones de horas extraordinarias al margen de la ley, que ni se reconocen ni se cobran. Y el número de convenios colectivos llamados a defender los derechos del trabajador ha descendido un 30% en este tiempo.

Los salarios han caído una media del 4% en estos cinco últimos años, y su poder de compra se sitúa ya en equivalencia a los salarios de principios de los años noventa. Casi la mitad de los asalariados españoles no llega a los 900 euros al mes; ellas cobran un 24% menos por el mismo trabajo que ellos; y hasta 2,5 millones de trabajadores en general pueden considerarse trabajadores pobres.

La sentencia del Tribunal Europeo nos señala el camino hacia una revisión a fondo del marco laboral español, con un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos para los trabajares y aporte calidad a los empleos. La primera medida a adoptar tiene que ver con el propio modelo productivo: compitamos en calidad y no en precio. Compitamos con la educación, con la formación y con la innovación antes que con la devaluación salarial, laboral y social.

Aumentemos el salario mínimo progresivamente hasta el 60% del salario medio, tal y como nos comprometimos en la Carta Social Europea. Impulsemos un plan eficaz contra la explotación laboral. Promulguemos una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Incrementemos la cobertura social a los parados del 57% actual hasta el 70%, al menos. Dupliquemos el esfuerzo presupuestario en políticas activas de empleo. Y pongamos en marcha cuanto antes el ingreso mínimo vital que prevenga la pobreza y la exclusión social.

Para cumplir esta sentencia europea y acometer las reformas que requiere la dignificación del empleo en España falta, sobre todo, un Gobierno que tenga voluntad y capacidad de cambio. Y volvemos a la madre del cordero…

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simancas140916

La credibilidad del proyecto europeo se está jugando en buena medida en la gestión del escándalo fiscal que afecta a la multinacional Apple.

Para los liberales, Europa es ante todo un mercado libre para la competencia. Pero esta dimensión europea queda desmentida con la proliferación de las “ayudas de Estado” anti-competitivas. Para los federalistas, Europa es un proyecto de desarrollo en común. Sin embargo, las prácticas del dumping fiscal a la irlandesa ponen en crisis la mínima solidaridad que requiere tal propósito. Y para los progresistas, Europa es un espacio de justicia social. No obstante, sin una política fiscal suficiente y justa no habrá recursos con los que financiar adecuadamente este objetivo.

La Comisión Europea está tramitando una sanción extraordinaria de más de 13.000 millones de euros, con motivo de las ayudas de Estado ilegales proporcionadas por Irlanda a la multinacional Apple entre 2003 y 2011. Este episodio pone sobre la mesa un grave déficit y un reto ambicioso para las instituciones europeas. El déficit está en la permisividad con que hasta ahora han funcionado los paraísos fiscales de facto, las llamadas taxruling o regímenes fiscales a la carta, y el “dumping” puro y duro de atraer empresas prometiéndoles bajadas de impuestos. El reto es el de la armonización fiscal en Europa, tan imprescindible como inexistente a día de hoy.

Los números del “caso Apple” marean tanto como indignan. En el año 2011 Apple declaró ingresos por 16.000 millones de euros en Irlanda. Su taxruling permitió gravar tan solo 50 de esos 16.000 millones. El pago fiscal fue finalmente de 10 millones, un 0,05%. Tres años después, en 2014, la cosa fue aún peor: el tipo fiscal efectivo satisfecho descendió hasta el 0,0005%.

Mal por la multinacional, porque nos descubre una imagen de egoísmo e insolidaridad muy negativa, que debiera tener costes en su prestigio social. Mal por el estado irlandés, porque se muestra capaz de las maniobras más arteras para obtener un pequeño beneficio propio, a costa de un perjuicio grande para el conjunto de Europa. Y mal por la propia Europa, porque se demuestra su incapacidad manifiesta para asegurar una fiscalidad común mínimamente justa y coherente.

Pero lo peor es la conciencia de que el “caso Apple” y la culpa irlandesa son solo la punta de un iceberg de la que forman parte muchas más empresas, algunos Estados más, y una infinidad de escándalos por descubrir.

Europa no tendrá un presente aceptable ni un futuro creíble hasta que se muestre capaz de aplicar una mínima armonización fiscal en todo su territorio. Una fiscalidad suficiente, progresiva, justa y, ante todo, común. Para salvaguardar la competencia auténtica, las empresas no han de competir en recortes salariales y en elusiones fiscales, como en buena medida se hace ahora, sino en calidad e innovación. Y para hacer realidad el modelo social europeo al que aspiramos, los actores que más beneficios obtienen del mercado europeo abierto han de ser también los que más recursos aporten para la consecución del bien común. Por las buenas, o por las malas, con la ley en la mano.

Por cierto, ¿qué fue de la tasa Tobin sobre las transacciones financieras que el Parlamento Europeo ha aprobado de manera reiterada durante los últimos diez años? Sorprende la celeridad con que se articulan las decisiones relativas al rescate público de las entidades financieras en apuros, mientras se eterniza la burocracia para implementar las decisiones que urgen a estas mismas entidades para contribuir fiscalmente al desarrollo colectivo. O quizás ya no sorprende tanto…

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simancas070916

La investidura fallida de Rajoy y la campaña vasca-gallega proporcionan un paréntesis en el debate político nacional, que bien podría aprovecharse para tratar cuestiones de un alcance mayor al habitual en estos últimos meses.

Resulta muy interesante, por ejemplo, la coincidencia paradójica que se está produciendo entre una parte de la izquierda y algunos sectores de la derecha extrema en el rechazo radical a cualquier intento de ampliar y facilitar los intercambios comerciales. Está en el discurso de Trump y de Sanders, al mismo tiempo. Y adquiere un protagonismo creciente en los planteamientos tanto de la Ukip británica y el lepenismo francés, como de la socialdemocracia francesa y alemana. También el populismo izquierdista español se ha sumado a las críticas más oportunistas.

Desde luego, tal coincidencia merece una reflexión crítica. La negociación del tratado comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) ha sido el objeto más habitual de las polémicas orquestadas a un lado y otro del océano atlántico y en un extremo y otro del eje ideológico. Pero los reproches se han extendido ya a los intercambios comerciales en el seno de la propia Unión Europea, y en las relaciones crecientes de europeos y norteamericanos con economías emergentes en Asia y Latinoamérica.

El análisis es tan simple como antiguo. La llegada a nuestro territorio de productos competitivos procedentes de otros ámbitos pone en riesgo a corto plazo los puestos de trabajo en la economía local. Además, cualquier estrategia propia para ganar competitividad frente a los actores foráneos conlleva automáticamente, se dice, un retroceso en nuestros derechos y en nuestras condiciones de vida. La conclusión también es obvia: si la ampliación de los espacios comerciales supone una amenaza, evitémosla y constriñamos en lo posible nuestros mercados. En pequeñas dosis se llama proteccionismo. Llevado al extremo se trata de la vuelta a la autarquía.

Pero el análisis es falso y, por tanto, la conclusión es errónea. De hecho, la ampliación de los espacios comerciales permite a los de aquí disfrutar de lo mejor que se hace fuera y vender fuera lo mejor que se hace aquí. Unos y otros pueden crear más empleo. El balance no tiene por qué ser negativo en parte alguna. Más bien debe resultar globalmente beneficioso. A estas alturas del desarrollo tecnológico, el debate no es ya si la globalización se producirá o no. La globalización ya está aquí y ha llegado para quedarse. El debate está en si la globalización se produce bajo la ley de la selva o bajo una regulación que garantice el bien común. Y ahí es donde la izquierda tiene un papel clave.

Si los intercambios comerciales en un mundo globalizado se llevan a cabo bajo la ley del más fuerte, como ocurre ahora en buena medida,la competitividad seguirá dirimiéndose fundamentalmente en los precios, en los salarios y en los niveles de explotación laboral, social o ambiental. Si los intercambios comerciales, por el contrario, se llevan a cabo bajo regulaciones estrictas y pactadas, la competitividad podrá dirimirse en la innovación y en la calidad de productos y servicios. En este último escenario, los estándares de salarios, de condiciones laborales, de respeto al medio ambiente y de protección al consumidor, entre otros, estarían asegurados en todo el espacio comercial acordado.

El papel de la izquierda no consiste en combatir el desarrollo económico y el comercio en el contexto irreversible de la globalización, sino en establecer unas reglas claras que proporcionen seguridad a trabajadores y a consumidores en la defensa de sus derechos y libertades.

Unas reglas claras en este sentido para los intercambios comerciales entre Europa y Estados Unidos servirían, además, como referencia para el resto del mundo. Podríamos luchar así con armas poderosas, por ejemplo, contra la explotación de los trabajadores del sector textil en Bangladesh, contra los salarios de miseria en la huerta marroquí o contra la producción antiecológica en China.

El TTIP aún no se ha acabado de negociar y, por tanto, no cabe establecer conclusiones sobre un texto final que aún no se ha escrito. No obstante, el carácter oscurantista de la negociación y los inaceptables posicionamientos estadounidenses que se han filtrado en este tiempo, han provocado una sentencia legítima, anticipada y desfavorable en la mayoría de la población europea. En consecuencia, posiblemente, el TTIP sea insalvable ya. Pero esto no debe evitar una nueva negociación futura, más transparente y garantista del bien común.

A la izquierda no le conviene frenar la ampliación de los espacios comerciales, sino pelear por un comercio amplio sometido a reglas que, además del beneficio privado, aseguren para la mayoría los derechos sociales, labores, ambientales y de consumo más exigentes.

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simancas010916

Las expresiones de preocupación, incluso de hastío, que se manifiestan por doquier en estos días respecto al bloqueo aparente en la formación de Gobierno resultan lógicas y legítimas. Lo ocurrido es grave. Se trata de la primera vez en nuestra democracia en que un Presidente en funciones fracasa en el intento de una nueva investidura. No obstante, resulta algo menos lógico, y sobre todo mucho menos justo, el discurso de aquellos que sitúan la responsabilidad del bloqueo fundamentalmente en el PSOE, exigiendo a sus dirigentes una rectificación en toda regla como salida única a la situación.

Resulta injusto, desde luego, que aquellos que más hicieron durante los últimos años para acabar con lo que llamaban bipartidismo, contribuyendo a la fragmentación de la representación política, achaquen ahora en exclusiva al vilipendiado PSOE las culpas porque ya no resulta tan fácil como antes construir mayorías de gobierno. Y resulta ilógico, evidentemente, que siendo el PP el primer partido en votos y escaños, y siendo Rajoy el candidato llamado por el Rey a sumar apoyos para su investidura, algunos pretendan situar en el líder socialista la responsabilidad de sus fracasos.

“O Mariano o elecciones. Pedro Sánchez tiene que elegir”. Tal es el dilema con el que se pretende presionar a la dirección socialista. Sin embargo, se trata de un planteamiento tan falso como tramposo. Falso, porque en nuestra democracia las reglas las marca la Constitución, y la Constitución no establece tal dicotomía. Y tramposo, porque bajo la aparente llamada al interés patrio, en realidad se contribuye a la estrategia de Rajoy: o yo o el caos. Pues bien, a los socialistas no nos eligieron para contribuir a la reelección de Rajoy ni para favorecer el caos, en el improbable caso de que ambas alternativas no supongan en realidad lo mismo.

El artículo 99 de la Constitución Española deja meridianamente claro que en la votación de una sesión de investidura se dirime exclusivamente la confianza que a cada diputado le merece el candidato solicitante. Esto es lo que votamos. Y espero que nadie albergue dudas sobre la legitimidad, la pertinencia y la honestidad de los diputados socialistas cuando expresamos nuestra negativa a confiar en el candidato Rajoy. Porque lo hacemos en interés de España y de los españoles. Y porque hay algo aún peor que el bloqueo institucional: la marcha atrás y el retroceso en los derechos y las libertades de los españoles.

Hemos votado no, en interés de los españoles y en interés de nuestra democracia. Porque frente a los que manifiestan que la mejor contribución de los socialistas a la buena salud “del sistema” pasa hoy por hacer Presidente a Rajoy, algunos entendemos modestamente que se defiende la democracia siendo coherente con los principios propios y con el mandato de los votantes. Y tanto los principios socialistas como el mandato inequívoco de los votantes socialistas conducen a votar contra aquello que estamos llamados a cambiar.

Si importante es contar con un gobierno capaz, no menos importante para la democracia es contar con una oposición capaz también, sin la merma de credibilidad que supondría favorecer la elección para el gobierno de aquel que ha demostrado fehacientemente que no merece gobernar.

¿Y ahora? El objetivo que se expresa con más frecuencia en los editoriales, curiosamente, es el de evitar las elecciones repetidas. Hay que compartirlo. Pero parece razonable también expresar el propósito de contar con un buen gobierno, que contribuya a enfrentar con alguna garantía de éxito los grandes retos de la sociedad española: contar con buenos empleos, un desarrollo económico sólido y justo, reducir la desigualdad y la pobreza, mejorar la educación, combatir la corrupción con eficacia, aminorar las tensiones territoriales… ¿O no?

Rajoy logró una mayoría de 179 diputados para elegir la Mesa del Congreso. Sin embargo, no pudo o no quiso reeditar esa mayoría “natural” en la votación de su investidura. En ningún momento, por ejemplo, dio la sensación de buscar con ahínco el apoyo crucial de los diputados del PNV. ¿Por qué? Diera la sensación de que el plan A de Rajoy es gobernar sin oposición, es decir, dañando la credibilidad de una oposición que se ha abstenido en su investidura; y que su plan B es ir a nuevas elecciones en la confianza de fagocitar definitivamente a la formación de Rivera. Esto sí que sería una irresponsabilidad. Pero leo pocos editoriales con reproches al respecto.

A partir del día 2 de septiembre la primera legitimidad para intentar la formación de gobierno sigue estando en el candidato del partido más votado, es decir en el PP y en Rajoy. Máxime cuando el propio Rajoy se ha reservado la posibilidad de volver a solicitar la investidura, y cuando los dirigentes del PP hacen públicamente cábalas sobre un eventual cambio de postura del nacionalismo vasco tras las elecciones autonómicas en Euskadi.

Lo tiene muy difícil, porque Rajoy es un candidato tóxico para todos los grupos parlamentarios. Resulta difícilmente creíble que pueda perseguirse la recuperación justa y la regeneración democrática en la sociedad española haciendo Presidente al Rajoy de los recortes y de la corrupción. Solo había que ver la cara de disgusto de los diputados de Ciudadanos a la hora de manifestar su voto positivo el día 31 en el Parlamento.

¿Cambiará el PSOE su voto en función de nuevas circunstancias coyunturales? No lo creo, porque el PSOE ha fundamentado su voto negativo desde los principios ideológicos y morales, más allá de todo tacticismo. ¿Puede articularse una mayoría alternativa a partir del PSOE? Tampoco parece viable, porque Podemos, que ahora lo pide, ya nos dejó tirados el 4 de marzo en busca del fallido “sorpasso”. No son de fiar. Ciudadanos y Podemos se han proclamado públicamente incompatibles entre sí, además. Y los partidos soberanistas ponen como condición, condición del todo punto inaceptable, la celebración del referéndum separatista en Cataluña.

A aquellos que se dirigen al PSOE reclamando soluciones hemos de decirles que con 85 diputados las soluciones claras no están a nuestro alcance, por desgracia. Ojalá los resultados del 26-J hubieran sido otros. Pueden pedirnos que seamos coherentes con nuestros principios y consecuentes con el interés general. Esa es nuestra responsabilidad, y procuramos cumplir con nuestra responsabilidad.

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