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Archive for 24 abril 2016

simancas200416

Para quienes compartimos los valores del republicanismo, la patria no se legitima en la historia, ni en el origen étnico común, ni en la simbología de himnos y banderas. La patria está en los valores comunes y en la búsqueda del bien colectivo. Somos patriotas de la igualdad, de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. Estamos orgullosos de una patria que persigue el progreso y la justicia social. La patria de los republicanistas está, por tanto y en buena medida, en el pago de los impuestos que asegura nuestros derechos y libertades.

En consecuencia, no hay mayor acto de patriotismo que el pago riguroso de los impuestos que nos convierte en ciudadanos de un Estado de Derecho en una sociedad democrática. Y, también en consecuencia, no hay mayor traición a la patria que defraudar o eludir arteramente los impuestos que nos corresponde pagar en el propósito del bien común.

Algunos intentan encauzar el debate de estos días sobre los paraísos fiscales en términos puramente jurídicos, sobre lo que es legal o lo que no es legal. El debate jurídico es muy importante, porque el Estado de Derecho se fundamenta en el imperio de la ley y en la igualdad de todos en el cumplimiento de las normas. Ahora bien, el debate sustancial sobre el pago de impuestos, especialmente en lo relativo a los cargos públicos, trasciende lo meramente jurídico y se adentra en lo ajustado o no a la moral colectiva.

La utilización de empresas opacas en paraísos fiscales para ocultar patrimonio y minimizar el pago de impuestos puede ajustarse a la ley en algunos casos, pero merece un duro reproche social. Merece el reproche en todos los casos, y merece un reproche definitivo cuando el protagonista representa a la ciudadanía y ejerce responsabilidades públicas. Resulta del todo incompatible dedicarse a la búsqueda del bien común, mientras se trampea en el ejercicio de la primera responsabilidad personal para con el bien común, como es el pago justo de los impuestos.

Igual reproche debieran recibir todos aquellos referentes sociales y culturales que pretenden el reconocimiento y el aplauso de la ciudadanía en razón a méritos específicos, mientras defraudan al interés colectivo eludiendo el pago de los impuestos que les corresponden.

No obstante, a las autoridades políticas y económicas no les corresponde tan solo la investigación, la denuncia y el reproche por las prácticas elusivas o fraudulentas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de empresas y personas. Tales autoridades debieran adoptar las decisiones conducentes a acabar definitivamente con la existencia de los propios paraísos fiscales, así como las normas o el vacío normativo que permiten la defraudación masiva de los impuestos.

A la luz de los escándalos conocidos en torno a los llamados “papeles de Panamá”, resulta poco sorprendente la crítica furibunda, el descreimiento y la desafección de muchos ciudadanos hacia el propio sistema político y económico vigente. Porque es intolerable que muchos de los más pudientes escatimen el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la colectividad, mientras millones de ciudadanos malviven en la precariedad social soportando los ajustes y los recortes que muchos de aquellos mismos recetan y decretan.

Y la patria también está en los mecanismos que permiten identificar, perseguir y castigar a quienes así ponen en riesgo nuestros derechos y libertades.

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Cada vez queda menos tiempo para que las fuerzas políticas que recibieron un mandato de cambio en las elecciones del 20 de diciembre cumplan con su deber. La frustración es el sentimiento predominante entre los más de 15 millones de españoles que votaron contra la continuidad de las políticas del PP y a favor del cambio de Gobierno.

Durante estos cerca de tres meses de espera la ciudadanía ha podido, al menos, comprobar varios hechos. Uno, que el cambio solo es aritméticamente posible mediante un acuerdo transversal que implique a PSOE, Podemos y Ciudadanos. Dos, que la confluencia programática para formar un Gobierno que apueste por la recuperación justa y la regeneración democrática es difícil pero factible. Y tres, que el PSOE ha sido la fuerza de cambio que más empeño ha puesto en alcanzar el acuerdo, mientras que Podemos ha sido su obstáculo más constante.

Asimismo, cada día se afianza la convicción general de que el comportamiento del máximo dirigente de Podemos, Pablo Manuel Iglesias, ha estado guiado desde el primer momento por dos objetivos absolutamente prioritarios: asumir el máximo poder institucional posible y destruir al PSOE. Toda la retórica populista sobre las élites y los menesterosos de la Tierra estuvo siempre al servicio de esta doble finalidad. La posibilidad de hacer uso de la representación adquirida para impulsar reformas progresistas siempre estuvo subordinada al propósito principal del “sorpasso” y el poder.

Cuando Iglesias ha tenido que elegir entre proclamar el cambio o hacer realidad el cambio, ha elegido mantener a Rajoy en el poder. Cuando tuvo que elegir entre protestar contra la LOMCE o pararla con un gobierno de cambio, eligió mantener a Rajoy en el poder. Cuando ha tenido que escoger entre publicitar su “Ley 25 de emergencia social” o hacerla entrar en vigor con un gobierno progresista, ha elegido mantener a Rajoy en el poder. Cuando tuvo la opción de que gobernara Rajoy o gobernara Pedro Sánchez, eligió mantener a Rajoy en el poder. Esta es la verdad de los hechos.

La traición de Iglesias a los votantes del cambio tiene un diario con nueve hitos, al menos, y un desenlace alternativo, que dependerá una vez más de la estrategia adecuada, en su criterio, para cumplir con el propósito inmutable de la “pasokización” del PSOE y la asunción del mayor poder institucional posible. Todos los pasos de este camino apuntan invariablemente al intento de repetir suerte en unas nuevas elecciones.

La propia noche electoral Iglesias desechó públicamente cualquier actitud pactista y mantuvo ante los suyos el discurso de la “remontada”, como si la jornada del 20 de diciembre hubiera sido tan solo el primer peldaño en la rápida conquista de los cielos. De hecho, en aquella jornada mencionó expresamente el referéndum independentista catalán como el antídoto más eficaz frente a cualquier veleidad interna de acordar con el PSOE.

Iglesias hizo después todo lo posible para abortar el acuerdo general por el que un socialista, Patxi López, iba a presidir las Cortes Generales. La excusa fue aquella reivindicación estrambótica y anti-reglamentaria de formar cuatro grupos parlamentarios a partir de una sola candidatura electoral. Una vez solventado el asunto de los cuatro grupos, Iglesias logró forzar otra controversia pública para aplazar cualquier conversación seria sobre la formación del Gobierno del cambio. Esta vez el desacuerdo estaba en la disposición física de los escaños a ocupar por los dirigentes de Podemos.

Cuando se agotó la polémica sobre los escaños y el tiro de cámara, Iglesias ideó un nuevo escollo para obstaculizar cualquier acercamiento con el PSOE. En plena jornada de consultas con el Rey, teatralizó una supuesta oferta de gobierno de coalición, de tal manera que su aceptación resultara del todo imposible. La oferta se realizó a través del Jefe del Estado. El destinatario de la oferta hubo de enterarse de los detalles por los medios de comunicación.

El ofrecimiento detallaba contenidos inaceptables por inconstitucionales (otra vez el referéndum independentista) o por antidemocráticos (el control de jueces y fiscales por parte del ejecutivo). La autoproclamación de Iglesias como vicepresidente plenipotenciario, la designación pública de ministros entre sus propios colaboradores, y la retórica displicente y ofensiva hacia Pedro Sánchez (“tendrá que agradecerme la sonrisa del destino de hacerle presidente”), fueron tan solo el inevitable aderezo marca de la casa.

Cuando bajó el efecto de la indignación general por el teatrillo, Iglesias se negó a aceptar la oferta del candidato Sánchez para formar un equipo negociador y explorar la base programática para un eventual acuerdo. Tan solo accedió a sentarse para hablar de políticas tras la oferta de su aliado Garzón en el llamado “grupo a cuatro”. Por orden de su líder, sin haber resuelto tan siquiera la agenda de la negociación, el equipo de Podemos no tardó ni 24 horas en levantarse de la mesa y proclamar el desacuerdo.

Durante las jornadas de votación de la investidura de Pedro Sánchez, el 2 y el 4 de marzo, Iglesias se esforzó hasta el histrionismo por escenificar un desencuentro con el PSOE que no se justificaba en incompatibilidad programática alguna. Baste recordar el gesto contrariado de su propio portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, cuando el líder de Podemos aludió a la “cal viva” como resumen miserable y falaz de las etapas de gobierno socialista en nuestro país.

Lograda la continuidad de Rajoy mediante la pinza PP-Podemos, Iglesias dedicó su esfuerzo a reventar todo atisbo de oposición interna a su estrategia de repetir las elecciones para acercarse al poder y sobrepasar al PSOE. Lo hizo de manera abrupta pero eficaz, destituyendo a su secretario de organización y asumiendo personalmente la cabecera del equipo negociador.

Finalmente llegó el simulacro de negociación “a tres” que tuvo lugar en el Congreso el pasado día 7 de abril. Iglesias acepta aparentemente sentarse con PSOE y Ciudadanos, presenta incluso un papel con 20 supuestas propuestas de “cesión”, pero desautoriza a su propio equipo, dirige en persona la delegación de Podemos y tarda menos de doce horas en desenmascarar su voluntad de ruptura. El líder de Podemos llega al límite del absurdo cuando proclama el desacuerdo sin esperar tan siquiera la respuesta de PSOE y Ciudadanos a su propio documento.

La consulta a “los inscritos” sobre lo que Iglesias llama “el acuerdo Rivera-Sánchez” solo supone el broche final a una estrategia permanente de obstaculización a cualquier acuerdo para hacer realidad el Gobierno del cambio. La diferencia entre la consulta socialista a sus bases y el referéndum de Podemos es significativa: mientras la primera busca el acuerdo que intenta la dirección del PSOE, el segundo ratifica la ruptura que desea Pablo Manuel Iglesias.

El último paso del líder de Podemos en esta trayectoria tramposa estará condicionado por las encuestas. Si las encuestas le van bien, mantendrá la apuesta por las elecciones repetidas. Si las encuestas le van mal, puede que practique una de sus piruetas vistosas y facilite el gobierno del cambio.

Mientras la necesidad y la voluntad de la mayoría de los españoles, incluidos los votantes de Podemos, pasan por cambiar el Gobierno y por poner en marcha cuanto antes un programa de progreso social y regeneración democrática, los objetivos, los intereses y la conducta de Iglesias llevan otro camino. Es lamentable. Y es, cada día, más evidente.

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 simancas060416

El Gobierno aún no ha cambiado, pero el Parlamento sí, y está adoptando decisiones trascendentes para la vida de los ciudadanos. Con 186 votos a favor, 112 votos en contra y 47 abstenciones, la representación de los españoles acaba de aprobar una proposición de ley que suspende la aplicación de la mal llamada Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

La paralización de la LOMCE supone el primer paso para su derogación efectiva y su sustitución por un nuevo marco regulatorio. Una nueva regulación estable, perdurable, que debe ser fruto de un gran pacto social y político sobre el mejor futuro para la educación en España.

La LOMCE se aprobó en diciembre del año 2013 con el respaldo exclusivo del Partido Popular. Y con la mayor parte de la comunidad educativa manifiestamente en contra: docentes, estudiantes, padres y madres, administraciones autonómicas…Se trata de una ley, por tanto, no dialogada, no acordada. Una ley estructural impuesta por una mayoría coyuntural. Y ahora que las mayorías han cambiado, bastaría probablemente con este argumento para reclamar la paralización de la LOMCE.

Sin embargo, la mayoría del Parlamento ha decidido parar la LOMCE porque su implantación está provocando incertidumbre, confusión, dificultades prácticas y graves perjuicios en los centros educativos, para los profesores, para los alumnos y para sus familias. Y, sobre todo, la representación de la ciudadanía ha decidido parar esta ley porque se trata de una mala ley para la educación en nuestro país.

El futuro de España será lo que sea su educación. Y la mayoría de los españoles no queremos para el futuro de nuestro país el atraso, la desigualdad, el autoritarismo y el clericalismo añejo que representa la LOMCE. Paremos la LOMCE, deroguemos la LOMCE, y alcancemos cuanto antes un gran pacto social y político que proporcione a la sociedad española la educación de calidad y con igualdad de oportunidades que necesita y que merece.

Una implantación chapucera

La implantación de la LOMCE está siendo precipitada, confusa, con instrucciones contradictorias y sin recursos suficientes.

Entre los desarrollos más controvertidos de la ley están las famosas reválidas. En pocas semanas, cientos de miles de niños y niñas que cursan sexto de primaria se enfrentarán a una prueba anacrónica e inútil.

Porque ¿cuál es el objetivo de esta reválida? ¿Detectar los problemas que aquejan al conjunto de la etapa de la enseñanza primaria a fin de corregirlos? ¿Qué sentido tiene entonces hacer la prueba al final mismo de la etapa, cuando ya no cabe corrección alguna?

¿Se trata de comprobar el grado de asunción de competencias por parte de los escolares? ¿Por qué no confiar entonces en la evaluación de los profesores que trabajan día a día con esos escolares y saben bien de su evolución? ¿Por qué despreciar el trabajo de estos docentes y confiar más en el resultado de una prueba concreta, que se realiza en unos minutos, y que puede estar sesgada por los nervios o por un mal día para el estudiante?

Esta prueba responde al anacronismo pedagógico de concebir el desarrollo del aprendizaje como una especie de carrera de obstáculos, que el estudiante debe ir superando para no ser arrojado a la cuneta del fracaso escolar.

Algo peor, incluso: la prueba responde al interés por elaborar rankings competitivos con los que premiar a determinados centros educativos y con los que estigmatizar a otros, sin tener en cuenta las condiciones bien diferentes en las que han de hacer su trabajo día a día.

Evaluar para diagnosticar y para mejorar, sí. Siempre. Evaluar para competir, para premiar aún más a los centros ricos y para estigmatizar aún más a los centros pobres, no.

Esta reválida solo sirve para provocar estrés en niños de muy corta edad, para generar una desconfianza inmerecida entre los docentes, y para añadir tensiones, disfunciones y agobios presupuestarios a unos centros educativos muy castigados ya por los recortes.

Y si hay problemas con la reválida de primaria, no menos problemas hay con las reválidas que ha sembrado la LOMCE en la enseñanza secundaria y en el bachillerato, que además son punitivas. O apruebas o fracasas.

Si existía en nuestra enseñanza un consenso dificultoso pero relevante era el establecido en torno a la selectividad. La prueba de acceso a la universidad garantiza aún hoy unas aptitudes mínimas para los estudiantes que llegan a la enseñanza superior. Al mismo tiempo, esta prueba distribuye a los aspirantes en los estudios más demandados mediante una prueba única, válida para todos los campus y garantista de la igualdad de oportunidades.

Con la LOMCE este consenso ha saltado por los aires, y ahora mismo los alumnos de bachillerato de este país viven una incertidumbre absoluta sobre los procedimientos que han de llevarles a la universidad a partir del próximo curso.

Según los planes del Gobierno en funciones, en 2017 ya no habrá selectividad, los estudiantes tendrán que superar la reválida punitiva de segundo de bachillerato y, además, tendrán que superar las pruebas que cada una de las universidades establezca específicamente. Es decir, que un aspirante a estudiar medicina puede pasarse meses o años, tras superar la reválida del bachillerato, haciendo una prueba distinta de acceso para cada universidad.

Este proceso, además de disparatado, acaba con la igualdad de oportunidades.

Y, a todo esto, cuando quedan apenas unas semanas para terminar este curso, cuando quedan pocos meses para comenzar el próximo, ni los estudiantes de bachillerato, ni los profesores, ni los centros saben aún a qué tipo de pruebas se van a enfrentar, ni, por tanto, qué deben estudiar o preparar. Porque el Gobierno no ha tenido a bien regularlas.

Ante tal desaguisado, la Conferencia de Rectores ha pedido razonablemente una moratoria. El Gobierno en funciones se ha negado, claro está.

Pero hay más. Los repetidores de segundo de bachillerato, que han cursado con modelo LOE este año, tendrían que repetir con modelo LOMCE el año próximo. ¿Tiene sentido? No, desde  luego, pero nadie ha resuelto el problema aún.

Los estudiantes de la FP básica, incluso los que obtengan un aprobado raspado, tienen prioridad sobre los titulados en secundaria, incluso los sobresalientes, para acceder a la FP de grado medio. Tampoco tiene sentido y tampoco tiene solución.

El paso de la Formación Profesional de grado medio a grado superior también está sin resolver, y puede darse perfectamente el caso de un estudiante de jardinería en el grado medio que decida cursar enfermería en el grado superior, sin obstáculo alguno. Podría pasar perfectamente de podar a amputar, si me permiten la broma.

En conclusión, LOMCE es una mala ley que se está aplicando de manera chapucera. Sin diálogo con la comunidad educativa, sin acuerdo con las administraciones autonómicas, sin claridad en las instrucciones a los centros educativos, sin respeto a los profesionales docentes, sin recursos económicos suficientes.

Una ley segregadora, autoritaria y clerical

Se trata, pues, de para la LOMCE y derogar la LOMCE. Sí. No porque sea una ley del PP, sino porque es una ley que no resuelve los problemas que tiene nuestra educación en el presente, y porque genera problemas aún más graves para el futuro.

La LOMCE parte de un análisis falso. Las dificultades de nuestra enseñanza no están en los resultados de los informes PISA, en los que generalmente figuramos en los tramos medios. Y la raíz de nuestro elevado abandono escolar tiene muy poco que ver con ley alguna.

No es verdad, como sostienen los ideólogos de la LOMCE, que en la educación española falte esfuerzo, falte talento y falte excelencia. Lo que falta en la educación española, sobre todo tras el paso del Partido Popular por los gobiernos, son los recursos para que el esfuerzo y el talento de nuestros docentes y de nuestros estudiantes puedan transformase en  éxito individual y en éxito colectivo.

Claro que buscamos la excelencia. Todos queremos excelencia. Pero para nosotros, la excelencia sin equidad, la excelencia sin igualdad de oportunidades, es tan solo elitismo, discriminación y darwinismo social.

Claro que hay problemas en la educación española. Pero los problemas de la educación española no se resuelven con reválidas y catecismos. Los problemas reales de la educación española se resuelven con diálogo, con inversión, con respeto a los docentes y con una apuesta simultánea por la calidad y la equidad.

Por eso no nos gusta una ley segregadora como la LOMCE. El sistema educativo debe servir para compensar las desigualdades de partida con que el niño llega a la enseñanza, no para consolidarlas con segregaciones tempranas y con reválidas punitivas.

Frente a las desigualdades sociales hay dos modelos educativos: el que ayuda a cada cual en función de sus necesidades, y el que discrimina tempranamente entre presuntos listos y presuntos torpes para  enviarlos por caminos distintos. La LOMCE representa el segundo modelo, el más injusto.

La LOMCE es también una ley mercantilista porque persigue formar antes buenos empleados que ciudadanos capaces: capaces para ser buenos empleados y capaces para ejercer críticamente sus derechos y sus libertades. Mercantilista porque permite que un alumno transcurra toda la etapa de escolarización obligatoria sin haber estudiado nunca filosofía.

Y porque hace posible que todos los Franciscos Granados de este país adjudiquen suelo público para construir centros educativos privados, y para que los montadores de muebles de IKEA olviden después sus maletines con cientos de miles de euros en los dormitorios de sus suegros.

Es una ley autoritaria y contraria a la participación democrática en los centros educativos, porque resta capacidad de decisión a los consejos escolares, a los docentes, a las familias, mientras refuerza la capacidad de decisión de los directores nombrados a instancias de la administración.

Es una ley clerical, porque invierte la tendencia laicista de la propia sociedad española, convirtiendo el adoctrinamiento religioso en materia curricular y evaluable. Mientras nuestros vecinos europeos procurar reforzar el curriclum educativo con más idiomas, con más tecnología y con más “softskills”, aquí se examina a los niños sobre “padre nuestros” y “ave marías”. Así no se mejora la calidad educativa.

Es una ley que refuerza la religión y devalúa la Formación Profesional, pensada otra vez, como antaño, para recoger el alumnado residual del sistema, como la vía del fracaso, como el destino preestablecido para los alumnos con dificultades. De hecho, la FP española no necesita importar grandes inventos. Necesita plazas, necesita profesores, necesita los recursos que el PP le ha negado durante los cuatro últimos años.

Es una ley que no respeta al profesorado porque le niega la formación que requiere. Que no respeta a las familias porque les limita la participación democrática. Y que no respeta a los centros educativos ni a las administraciones territoriales porque les niega los recursos básicos para cumplir con su labor.

Es una ley barata para una educación devaluada, además, como puso de manifiesto el propio Consejo de Estado en su informe. Una ley para una educación “lowcost”. De hecho, la LOMCE supone el tercer paso en una estrategia calculada de desmontaje de la enseñanza pública de calidad: primero fueron los recortes en la inversión, después fueron los recortes en las becas, y más tarde la ley para administrar una educación barata.

La derecha suele reivindicar el uso eficiente de los recursos, pero no suele admitir que para que los recursos sean eficientes, primero tienen que ser suficientes. Y los recursos de la LOMCE no lo son.

Un pacto difícil pero necesario

La mayoría de la representación de los españoles es partidaria de derogar la LOMCE para sustituirla por una nueva ley, fruto de un gran pacto social y político.

Existe ahora cierta propensión a reclamar un pacto de Estado para casi todo. No parece razonable. Primero porque el respaldo unánime a una solución no la convierte necesariamente en la mejor. Y segundo porque en una sociedad democrática resulta saludable poder contar con alternativas diversas.

Será difícil, porque existen grandes diferencias ideológicas entre las distintas fuerzas políticas. Todos decimos promover el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos la igualdad de oportunidades mientras otros subrayan la libre elección y la supervivencia solo del más fuerte.

Para el PP la excelencia tiene que ver con el “resultadismo” y con los rankings; para el Partido Socialista la excelencia depende de la equidad, de la atención a la diversidad, de la participación, del conocimiento adquirido…Para el PSOE lo público es garantía de justicia. Para el PP lo privado es garantía de libertad para perpetuar las diferencias.Lo inclusivo frente a lo competitivo. Lo participativo frente a lo jerárquico. Lo laico frente a lo confesional.

Hay diferencias, sí. De fondo, además.Ahora bien. ¿Es necesario el acuerdo? Indudablemente sí.

Las bases del sistema educativo constituyen los fundamentos mismos de la convivencia, los pilares sobre los que asentar el progreso individual y el desarrollo colectivo.

Ninguna ley logrará cambiar a fondo y a mejor el sistema educativo si no parte de un amplio consenso social y político.

No se trata de volver a la LOGSE o a la LOE. No es eso lo que se pretende, aunque reivindicaremos siempre la contribución de las leyes socialistas a la universalización y la socialización de la enseñanza en nuestro país. Pero tampoco parece razonable que nos conformemos con la LOMCE de las reválidas y los rezos.

Hay leyes para el estar y leyes para el ser. España será lo que sea su educación. Y queremos una educación de calidad y equidad para una España más desarrollada y más justa.

Hemos dado un paso importante. Cambio en la ley, cambio en la educación y, ojalá, cambio en el Gobierno. Cuanto antes.

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