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Archive for 31 marzo 2016

saracibar100216

La política española ha evolucionado conforme lo ha hecho también la sociedad española en sus valores políticos y en sus demandas a la institucionalidad política. Sin embargo, buena parte de los análisis públicos que se llevan a cabo hoy sobre la política española mantienen claves, criterios y perspectivas propios de etapas pasadas. Y buena parte también de los comportamientos prácticos en los actores políticos se corresponden con escenarios superados y periclitados.

Por ejemplo, los partidos políticos son hoy, en general y con excepciones relevantes, organizaciones más abiertas y con mayor democracia interna, porque así lo quiere la ciudadanía. En consecuencia, la vida interna de los partidos políticos es hoy, en general de nuevo, más dinámica, más controvertida y más transparente. No obstante, los análisis que escuchamos y leemos siguen considerando las dialécticas internas en los partidos en términos de crisis y debilidad. ¿Son débiles acaso los partidos británicos, franceses o estadounidenses que presumen de dialéctica interna notable y constante?

Los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre han establecido un escenario absolutamente novedoso para la representación política de los españoles en el Congreso de los Diputados. La ciudadanía pudo elegir una representación tradicional, con mayorías bien definidas que, por tanto, dieran lugar a programas coherentes y gobiernos monocolores. Pero la ciudadanía optó por una representación más plural y fraccionada, sin mayorías definidas y, por tanto, los programas de gobierno deben acordarse entre propuestas diversas y los consejos de ministros ya no pueden ser de un solo color.

Por consiguiente, no se entiende la actitud de aquellos que pretenden aplicar criterios viejos sobre realidades nuevas, porque tal actitud no lleva a ninguna parte. Salvo que en realidad se esté pretendiendo devolver la responsabilidad a la ciudadanía en la confianza, un tanto aventurada, de que cambie de opinión y dibuje un escenario muy distinto al actual.

Los hechos son incontrovertibles. Ningún partido cuenta con mayoría suficiente para formar gobierno por sí solo. Ningún partido cuenta con mayoría suficiente para formar gobierno con un solo socio afín. No hay posibilidad de formar gobierno con un acuerdo solo de derechas o con un acuerdo solo de izquierdas. A partir de aquí se abren varias opciones, es cierto, pero todas ellas desde el pacto y la transversalidad.

Se puede pactar una transversalidad entre PP, PSOE y Ciudadanos, como plantea Rajoy. Aritméticamente es factible. Políticamente no es factible para los socialistas, porque los planteamientos del PSOE conducen a una rectificación radical de las políticas desarrolladas por el PP durante los cuatro últimos años, y porque desde el PSOE se entiende que el PP está afectado estructuralmente por un problema de corrupción que debe resolver al margen del poder.

A juicio del PSOE hay otro pacto transversal factible y viable: el pacto que aglutina a las fuerzas políticas con un mandato popular de cambio desde el 20 de diciembre. Estas fuerzas son el PSOE, Podemos, Ciudadanos, Compromís, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, al menos. Se trata de fuerzas distintas entre sí, unas de izquierdas y otras de centro derecha y nacionalistas. Pero el documento firmado entre PSOE y Ciudadanos con más de 200 medidas para un programa de gobierno reformista y progresista demuestra que hay base común en los objetivos para formar un Gobierno de interés general.

Podemos ha de asumir definitivamente que el mandato de sus votantes resulta incompatible con seguir manteniendo a Rajoy en el Gobierno. Que repetir las elecciones, aunque algunas encuestas les ofrezcan buenas expectativas, sería un error mayúsculo que pagarían en las urnas. Y que el único acuerdo posible para formar un gobierno de progreso pasa por el pacto y la transversalidad junto a PSOE y Ciudadanos. Lo demás no es realista. No se puede, por ejemplo, fundamentar un acuerdo de gobierno en el Estado español a partir de fuerzas políticas que tienen como objetivo explícito acabar con el Estado español vigente y “desconectar” de sus instituciones en año y medio.

La sociedad española ha cambiado, sí. La política española no puede seguir anclada en actitudes de un tiempo pasado, ni tan siquiera con caras nuevas. Los españoles no pueden esperar más. Hagámoslo ya, pues.

 

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simancas230316

Por desgracia, los europeos no acabamos de descubrir la barbarie terrorista. Cada nuevo acto de violencia masiva e irracional logra postrarnos en un humillante estado de shock, pero no se trata de una sensación nueva. En la reciente historia de Europa hemos sufrido el terrorismo religioso, fascista, anarquista, anticapitalista, nacionalista, separatista, yihadista… Responden a nombres diferentes, presentan excusas diversas, pero son una misma realidad: el fanatismo criminal que amenaza nuestras comunidades libres.

El fanatismo criminal no es nuevo, por tanto, pero la globalización social y mediática proporciona una nueva dimensión a sus actos. Corresponde a los poderes públicos que organizan nuestras sociedades combatir este viejo-nuevo fenómeno con armas actualizadas y eficaces. Pero sin cambiar el modo de vida que hemos elegido conforme a los valores mayoritarios en Europa. Combatir el terrorismo sin caer en el miedo cerval y sistémico, sin renunciar a nuestras sociedades abiertas y democráticas, y sin precipitarnos por el abismo de la revancha populista, racista y xenófoba, porque esto derrotaría a Europa en mucha mayor medida que las bombas de unos descerebrados.

Nuestra primera misión debiera consistir en no hacer el juego a los sociópatas asesinos magnificando sus acciones. Los terroristas de Bruselas no “han dado muestras de una gran fortaleza”, ni “despliegan una extraordinaria inteligencia táctica”, ni “sincronizan a la perfección sus acciones”, y desde luego han hecho daño, pero no “han destrozado el corazón de Europa”.

En la era de internet y la movilidad global no hace falta más que un ordenador, una conexión a la red y algunos contactos en la criminalidad de baja estopa para montar unos artefactos explosivos. Su colocación en el aeropuerto y el metro durante la hora punta no demuestran una fortaleza o una inteligencia especiales, sino la bajeza moral y el desprecio por la vida propios del fanático criminal.

En España conocemos bien la naturaleza del terrorismo y, tras décadas de mucho sufrimiento, hemos demostrado saber combatirlo y vencerlo. Una condición previa inexorable consiste en aislar al enemigo sin caer en la trampa de sus justificaciones falaces. El enemigo de la sociedad española fue siempre el fanatismo asesino de ETA, no las ideas separatistas de una parte de la sociedad vasca que ETA utilizaba como excusa para su actividad mafiosa. Y el enemigo de la sociedad europea no es el islamismo, ni los musulmanes que se consideran amenazados en su religión, en su identidad o en su aislamiento dentro de las grandes urbes europeas. El enemigo es ISIS y los  locos que logra fanatizar para inmolarse en nuestras calles.

El nacionalismo radical vasco que no encontraba cauce político para sus reivindicaciones era caldo de cultivo para la enfermedad etarra, y la marginación social o “guetización” de una parte de la sociedad de origen musulmán en algunas urbes europeas está sirviendo como cantera potencial para el virus yihadista. La apertura democrática demostró la falacia del supuesto “problema vasco”, y la consecución de una sociedad europea abierta, tolerante, multicultural e inclusiva debe frustrar también el reclutamiento de nuevos incautos para las filas del fanatismo islamista.

El resto de la receta no es un secreto. Si los criminales manejan recursos para sus fines homicidas, la sociedad debe manejar más recursos para prevenir sus acciones, para ponerles en manos de la justicia, y para encerrarles por el tiempo debido para protegernos de sus locuras. Reforzar a los cuerpos de seguridad, los servicios de inteligencia y el aparato de fiscales y tribunales. Intensificar la colaboración internacional para evitar que la movilidad de los criminales se convierta en impunidad para sus actos. Y cubrir a las víctimas de la sinrazón terrorista con el máximo apoyo social posible y visible.

El dolor es humano y es inevitable. Pero es preciso limitar las reacciones de aparente estupor y vulnerabilidad ante las acciones terroristas. Es imprescindible reivindicar nuestro modo de vida, sin alterar los tradicionales valores de las sociedades europeas como sociedades abiertas, plurales, tolerantes y democráticas. Y es necesario fortalecer nuestros poderes públicos para someterles a la acción de la justicia.

Vamos a vencerles.

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simancas160316

Las dos democracias más poderosas del mundo viven en estos días procesos políticos paralelos. El controvertido Donald Trump está arrasando en las primarias del Partido Republicano de los Estados Unidos de América, contra todos los pronósticos de hace escasos meses. Y Alternativa por Alemania (AfD) ha irrumpido en varios Parlamentos regionales con una representación inédita para un partido de extrema derecha desde la segunda gran guerra.

No son fenómenos aislados. Trump y AfD comparten la línea medular de sus discursos con otras fuerzas políticas en constante crecimiento en democracias tan consolidadas como Francia, Reino Unido y otros grandes países europeos. De hecho, hay similitudes inquietantes entre estos nuevos actores políticos y determinadas fuerzas emergentes en la sociedad y en las instituciones españolas. Comparten un mensaje central: el rechazo al sistema.

En Norteamérica hablan del establishment, en Alemania despotrican de los burócratas europeos y aquí se grita contra la casta, las élites y las oligarquías. No son actores homogéneos, cuentan con procedencias y programas bien distintos. Pero comparten las viejas fórmulas populistas de decir a cada cual lo que quiere escuchar y de plantear falsas soluciones mágicas para complejos problemas reales. Y, sobre todo, mantienen la estrategia común de dar cauce al rechazo y la rabia crecientes en amplios sectores de población contra todo lo establecido.

Constituyen un peligro para el progreso y para la convivencia, desde luego. Hay que combatirlos desde la fuerza de la razón, sin lugar a dudas. Pero también es preciso analizar las causas de esta desafección en aumento hacia los regímenes que la mayoría aún considera la culminación del proceso civilizatorio. ¿Por qué logran arrastrar tantas voluntades aquellos que vituperan contra las instituciones políticas, económicas y sociales en las democracias que ponemos como ejemplo de progreso humano a todo el mundo?

¿Cómo es posible que los personajes más estrafalarios, los discursos más irracionales y las candidaturas más insolventes estén logrando apoyos extraordinarios en lugares tan distantes? La respuesta está en la ruptura de los grandes consensos sociales en las democracias occidentales avanzadas.

En la segunda mitad del siglo XX se construyeron los consensos básicos que han sostenido y legitimado hasta ahora la economía de mercado y las llamadas democracias liberales. Se trataba de limitar la acumulación de capital propia del modelo capitalista con sistemas fiscales progresivos y justos, evitando así las desigualdades sociales desmesuradas. Se trataba también de garantizar a toda la población una exigente igualdad de oportunidades y una razonable igualdad de resultados, mediante lo que llamamos Estado de Bienestar. Y se trataba finalmente de asegurar unos derechos políticos y cívicos que hacían posible la participación de las mayorías en la organización del espacio público compartido.

La globalización y los modelos económicos austericidas se han llevado por delante estos consensos. La acumulación de capital ya no tiene límites, y las desigualdades entre los más pudientes y los menos pudientes son obscenas. En el altar de la competitividad se sacrificaron la mayor parte de los estándares sociales y laborales que aseguraban condiciones dignas de vida a la mayoría. Y el conocido trilema de Rodrick entre globalización, empoderamiento estatal y vigencia de los derechos democráticos de ciudadanía, se ha resuelto finalmente a costa de este último factor.

Si el sistema ya no proporciona satisfacciones a buena parte de la población, ¿por qué nos extraña que la población reaccione contra el sistema? Si los ganadores del sistema exhiben sin recato sus fortunas mientras muchos sufren, ¿quién puede sorprenderse del predicamento obtenido por aquellos que expresan frustración y rabia? Si muchos padres ya no esperan mejor vida para sus hijos, y muchos jóvenes se ven forzados a elegir entre precariedad o exilio, ¿a quién le choca que acaben votando por quienes combaten el sistema?

La solución a los problemas económicos, sociales y políticos de las mayorías no pasa por confiar en fuerzas populistas, eficaces en la crítica y en la destrucción, pero incapaces y sin voluntad para reconstruir justicia, derechos y bienestar. Pero tampoco basta con llamar sin más al combate contra los populismos en nombre de un sistema que hace aguas.

La solución pasa por reformar el sistema para reconstruir los grandes consensos sociales: una economía al servicio del bienestar de las mayorías, un Estado de Bienestar que garantice equidad y derechos para todos, y unas instituciones democráticas más decentes y más abiertas a la participación de quienes no se resignan a que el espacio público compartido se organice por los menos y contra los más. La solución se llama más socialdemocracia.

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Si los más de 200 diputados con un mandato de cambio hubieran actuado con coherencia el pasado 4 de marzo, Pedro Sánchez hubiera sido investido Presidente del Gobierno y la aplicación de la “Ley Wert” ya se habría paralizado. Pero algunos no cumplieron con el mandato de las urnas, Rajoy sigue presidiendo el Gobierno y la “Ley Wert” prosigue su aplicación contra la voluntad de la mayoría de los españoles.

La “Ley Wert” o LOMCE tiene el dudoso honor de ser una de las leyes educativas con mayor consenso en la comunidad educativa. Eso sí, se trata de un consenso en contra. Todos los grupos parlamentarios a excepción del PP, los representantes de padres y madres, los docentes, los estudiantes y la mayoría de los gobiernos autonómicos se oponen claramente a esta ley, por segregadora, autoritaria y clerical.

Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la obligación que establece para recuperar la fórmula vetusta de las reválidas en varios tramos del itinerario educativo. El próximo mes de mayo, precisamente, está prevista la realización de la reválida que la ley prevé en la finalización del sexto curso de la enseñanza primaria. Y la mayoría de la comunidad educativa está reclamando que tal prueba no se llegue a celebrar.

Si el propósito real de esta prueba fuera detectar “los desajustes que pudieran producirse en el progreso académico del alumnado” en la enseñanza primaria, tal y como establece la ley, sería mucho más lógico realizar la evaluación con anterioridad. ¿Qué sentido tiene obtener conclusiones sobre los fallos cometidos en la enseñanza primaria recibida por el alumnado cuando esta ha llegado a su fin y ya no caben acciones correctoras?

Si el objetivo fuera realmente el de comprobar el grado de adquisición de competencias por parte del alumnado, sería más eficaz confiar en la valoración del profesorado que trabaja día a día con cada estudiante y conoce su evolución a partir de cada situación concreta de partida. ¿Cómo puede confiarse una evaluación realmente eficaz al resultado de una prueba a realizar en unos minutos antes que al diagnóstico que un profesional docente puede llevar a cabo durante meses?

Ahora bien, si de lo que se trata en realidad es de establecer nuevas pruebas selectivas a modo de vallas que el alumnado deba ir superando como si de una carrera de obstáculos se tratara, sencillamente estamos ante un anacronismo pedagógico. Y si de lo que se trata en verdad es de elaborar unos rankings competitivos para distinguir a unos centros educativos y estigmatizar a otros, sin tener en cuenta las condiciones y los contextos en los que hacen su trabajo, simplemente estamos ante una perspectiva ideológica rechazable por regresiva.

Las reválidas de sexto de primaria que establece la LOMCE deben suprimirse además porque generan un estrés negativo e inútil entre unos estudiantes de muy corta edad, y porque muestran una desconfianza absurda e injusta hacia el profesional docente que ya evalúa a diario las dificultades y los progresos de cada uno de sus alumnos. Por otra parte, la previsión de esta prueba está afectando negativamente a la planificación del curso en los centros, porque insta a los profesionales a programar las enseñanzas priorizando el objetivo de un buen resultado en el examen sobre la atención flexible e individualizada a las necesidades de cada alumno.

Las evaluaciones en general son positivas, porque ayudan a valorar el trabajo realizado, a detectar fallos y a aplicar soluciones. Y las evaluaciones externas también pueden resultar de interés, según cómo se utilicen sus conclusiones. Pero una cosa son las evaluaciones de diagnóstico y otra bien distinta las evaluaciones competitivas. Las primeras sirven para conocer y para mejorar. Las segundas solo sirven para crear problemas, de satisfacción dudosa para algunos, y de frustración injusta para otros.

La reválida de sexto está obligando a las administraciones autonómicas a invertir un tiempo y unos recursos preciosos en una tarea equivocada. Sería mucho más razonable que se gastaran estos recursos en revertir algunos de los recortes aplicados por el Gobierno del PP sobre el sistema educativo: los 30.000 profesores despedidos o los 150.000 becarios perdidos, por ejemplo.

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ya ha registrado una propuesta para requerir al Gobierno en funciones que paralice la aplicación de la LOMCE. El Gobierno de Rajoy está en funciones, pero puede y debe suspender los desarrollos más negativos y contestados de su ley educativa, como la reválida de sexto.

En cuanto el gobierno del cambio tome posesión, impulsará un pacto social y político para lograr una educación con más calidad y con más equidad en nuestro país. Este es el reto.

Rafael Simancas es portavoz y Luz Martínez Seijo es portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.

Este artículo se publicó en El País del 16 de marzo de 2016.

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simancas090316

 

 

En política, las guerras siempre comienzan a ganarse y a perderse en la batalla de las ideas. Cuando la gestión de la praxis te lleva a renunciar a las ideas propias para dar por buenas las ideas del adversario, estás dando un paso atrás definitivo. Y, antes o después, esta abdicación en el campo de los principios se traducirá en una derrota electoral y en el alejamiento del ejercicio del poder democrático.

La defensa de los valores exige esfuerzo y tiene costes, desde luego. Nadie ha acertado aún a definir un protocolo infalible para el éxito en política, pero la experiencia nos señala un camino indefectiblemente equivocado: el de intentar contentar a todo el mundo al mismo tiempo.

El europeísmo es una gran apuesta ideológica, con una gran carga de esperanza en el futuro colectivo. Consiste, nada más y nada menos, que en construir el mayor ámbito de convivencia para la libertad, el progreso y el disfrute de los derechos humanos en el planeta.

Europa es la cuna de los mayores avances civilizatorios, desde la democracia y el derecho hasta el Estado de Bienestar y la ideas de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y los europeístas aspiramos a que la integración continental progrese de la mano de la consolidación de la prosperidad, la justicia social y los derechos de ciudadanía. Queremos una Europa como antídoto definitivo para las enfermedades que asolaron nuestro siglo XX: el odio, la discriminación, la violencia, las injusticias, los totalitarismos…

Por eso, los europeístas hoy estamos desolados. Europa renuncia a Europa. Solo así puede explicarse cómo las instituciones europeas han decidido enfrentar el problema de los refugiados traicionando los valores europeos más sagrados. Solo así se explica cómo los dirigentes europeos han decidido afrontar el desafío xenófobo y eurófobo dando la razón a los xenófobos y a los eurófobos.

Desde luego que es difícil gestionar la gravísima crisis humanitaria que supone el éxodo de millones de seres humanos huidos de la guerra y la persecución política, para buscar refugio en la promesa europea de la libertad y los derechos humanos. Claro que es costoso política y electoralmente a corto plazo aguantar las críticas de los populismos que señalan al extraño como falso culpable de todos los males y a la expulsión como falsa solución de todos los problemas.

Pero incumplir el sagrado deber de dar asilo al refugiado, expulsar de Europa a quienes llegaron con la esperanza de recibir justicia, comprar una salida indigna a golpe de talonario, y legitimar como socio aceptable a quien mantiene comportamientos moralmente inaceptables, no es solución para hoy y es un gravísimo problema para mañana.

Llueve sobre mojado. Hoy es la renuncia al deber de asilo al refugiado. Ayer fue la renuncia a la libre circulación de las personas y a la igualdad de trato social en la negociación con el gobierno británico. Y antes de ayer fue el sacrificio del modelo social europeo en el altar de la austeridad competitiva.

No se combate la eurofobia con renuncias paulatinas y constantes a los principios europeístas. De esta manera se acrecienta su base social y su influencia.

Se combate la eurofobia con determinación, con valentía y con eficacia. Se apuesta por Europa con valores europeístas, con convicciones europeístas y con liderazgos europeístas.

Y un Gobierno de cambio en España puede ayudar mucho.

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simancas020316

Tanta prosa sobre los de arriba y los de abajo. Tanto verso sobre la conquista de los cielos. Tanta retórica contra las élites. Tanta apelación a los desheredados de la Tierra… Para acabar votando con Rajoy en la primera oportunidad que se les presenta.

A la hora de la verdad, cuando los discursos y las teatralizaciones dejan paso al voto limpio, cuando las máscaras ya no pueden ocultar las intenciones, cuando toca pronunciarse con un sí o un no, por el cambio o por la continuidad, Iglesias y los suyos votan con Rajoy.

Tanto, tanto, tanto reprochan a Sánchez su acuerdo con la nueva derecha de Rivera, que ellos usan sus votos del cambio para… apuntalar a la vieja derecha en el Gobierno.

Será difícil de explicar a sus votantes. Y será imposible de entender por sus votantes.

¿Cómo explicar que la primera “línea roja” para acordar con el PSOE fuera satisfacer la vieja aspiración independentista de la peor burguesía catalana?

¿Cómo explicar que el segundo gran reproche “intolerable” al PSOE fuera el rechazo a la intención de contar con cuatro grupos parlamentarios cuando solo merecían uno? ¿O la ofensa de estropearles el tiro de cámara en la distribución de los escaños?

¿O cómo explicar que la condición “inexorable” para dialogar con el PSOE fuera una vicepresidencia propia con mando sobre jueces, fiscales, policías y agentes del CNI?

¿Y cómo explicar que la discrepancia definitiva con el PSOE fuera un acuerdo transversal con Ciudadanos absolutamente imprescindible para hacer realidad el cambio?

Será difícil de explicar, porque la auténtica razón de este comportamiento es política y moralmente inaceptable: el puro cálculo partidista y electoralista.

Los trabajadores explotados, los parados sin prestación, los jóvenes sin beca, los desahuciados sin alternativa, los pensionistas con copago, los dependientes sin ayuda… ¿merecen seguir sufriendo al Gobierno de Rajoy por el cálculo partidista de Podemos?

Por ahora, esta es su breve historia: ilusionar con las palabras, desengañar con los hechos…

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