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Archive for 26 febrero 2016

simancas240216

Entre el día 1 y el día 4 de marzo se desarrollará el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ante el llamamiento del Presidente del Plenario para la votación ya no cabrán amagos, ni representaciones ni simulaciones. Nos llamarán para votar sí, para votar no o para votar abstención. En realidad solo hay dos opciones: o se vota por el cambio o se vota por la continuidad de Rajoy. De entrada hay una mayoría de diputados y diputadas elegidos para el cambio. Si son coherentes, el día 5 tendremos el Gobierno del cambio que los españoles necesitan y merecen.

El candidato Pedro Sánchez ha actuado con plena coherencia durante este tiempo. Entre el 20 de diciembre y el 2 de febrero se mantuvo un paso por detrás de Rajoy, porque la iniciativa correspondía al candidato del partido más votado. Tras la renuncia incomprensible de Rajoy, el candidato socialista asumió el encargo del Rey con plena responsabilidad. En estas tres semanas Sánchez ha entablado un diálogo abierto con todas las fuerzas políticas, procurando un acuerdo con las fuerzas del cambio para formar un gobierno reformista y progresista.

¿Cuáles son esas fuerzas del cambio? Evidentemente, además del PSOE, son Podemos, Ciudadanos, Compromís, Nacionalistas vascos, Izquierda Unida y Coalición Canaria. El acuerdo con el PP no es posible, por cuanto este partido defiende la continuidad de las políticas que los demás aspiramos a transformar. Y las reivindicaciones separatistas de ERC, Convergencia y Bildu hacen imposible cualquier acercamiento a estas formaciones. El conjunto de las fuerzas del cambio suman 208 diputados, una mayoría muy sólida para alumbrar e impulsar un gobierno realmente transformador en nuestro país.

La estrategia del candidato Pedro Sánchez ha sido la de adelantar el “para qué”, antes de tratar sobre el “cómo” y el “quiénes” han de formar el futuro gobierno reformista. La razón es muy clara: si nos ponemos de acuerdo en el qué hacer, lo demás es secundario; y si acordamos el programa, no tiene sentido frustrar la formación de un gobierno de cambio por diferencias de carácter menor en torno a los nombres de los ministros y ministras.

El equipo negociador del PSOE ha alcanzado acuerdos muy interesantes con Ciudadanos y con Coalición Canaria, y las coincidencias detectadas con PNV, Compromís e IU son también relevantes. Los grandes vectores del documento suscrito ya con Ciudadanos son tres: una recuperación justa, con buenos empleos, fiscalidad equilibrada y compromiso medioambiental; un fuerte impulso modernizador para las instituciones democráticas; y una reforma constitucional para consolidar derechos y renovar el pacto de convivencia entre personas y territorios en España.

No hay un solo aspecto de este acuerdo que pueda contrariar seriamente a los 208 diputados y diputadas llamados a votar entre el 2 y el 5 de marzo. El veto entre unas fuerzas u otras sería absurdo cuando los contenidos de las políticas a desarrollar no son incompatibles. Tampoco sería coherente que quienes llevan años negando “el debate izquierda-derecha”, ahora fundamentaran una oposición al acuerdo sobre acusaciones de supuesta derechización. Y los españoles no perdonarían que la ambición por los sillones malograra el bien común de jubilar a Rajoy e impulsar un gobierno para el cambio.

Somos 208 diputados y diputadas llamados a hacer posible el cambio. Es la hora de demostrar que, efectivamente, Sí Se Puede.

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simancas170216

Se ha estudiado y se ha escrito mucho sobre las motivaciones y las conductas de terroristas, asesinos, violadores, atracadores y otras tipologías criminales. Por el contrario, se echa de menos un análisis objetivo y profundo en torno a la mentalidad del corrupto. Puede que la razón haya que buscarla en cierta justificación, incluso cierta permisividad social, hacia el comportamiento de quienes se enriquecen espuriamente a costa de los demás.

En estos días en los que proliferan informaciones sobre casos de corrupción, pueden leerse comentarios que llegan a caracterizar a sus protagonistas como herederos de la histórica tradición picaresca en nuestro país. Se atribuye a los corruptos, de esta manera, un carácter cuasi romántico, prácticamente inevitable por razón de una pretendida desviación genética entre los españoles.

Sin embargo, la conducta de los corruptos resulta más dañina si cabe para la colectividad que la propia de terroristas o asesinos, porque estos últimos atacan nuestra convivencia desmarcándose claramente del sistema de valores y normas que nos hemos dado. Por el contrario, los corruptores y los corrompidos socavan el sistema desde dentro, pudriendo su legitimidad, quebrando la confianza en sus instituciones y estimulando otras conductas antisociales.

Los corruptos que vamos conociendo por las crónicas de tribunales no tienen nada que ver con el lazarillo de Tormes, con Guzmanzillo de Alfarache o con el don Pablos de Quevedo. No se trata de pobres avispados que emplean su ingenio para escapar del hambre y la miseria. Los comisionistas de contratos públicos, los evasores fiscales, los otorgadores de créditos tramposos, los manipuladores del urbanismo, los empresarios que manejan dinero negro o explotan a sus trabajadores, incluso los deportistas que se dopan o que se venden, no son pícaros sin maldad, sino sociópatas peligrosos.

A los corruptos de nuestra sociedad no les guía el afán por salir de la pobreza, porque son todos pudientes hombres públicos o de empresa. No han de sortear las reglas morales para sobrevivir. Practican la inmoralidad por puro egoísmo, para enriquecerse. Ignoran las normas y se saltan las leyes para acumular riqueza a costa del prójimo. Muestran una repugnante falta de empatía hacia aquellos a los que perjudican con sus mordidas. Son egocéntricos y hedonistas hasta el vómito.

Los crímenes de los corruptos no solo detraen recursos preciosos que hacen muchísima falta para mejorar la vida de los millones de españoles que de verdad sufren pobreza. No solo agravan los recortes en las políticas públicas llamadas a rescatar a los caídos en la cuneta de esta loca carrera por la acumulación y la desigualdad. También destruyen la esperanza en cualquier proyecto colectivo de futuro. Destrozan la confianza en las convenciones y las instituciones.

Y abren un hueco descomunal a los demagogos, a los populistas y a los supuestos salvadores, hábiles en la expresión del hartazgo y la rabia que muchos quieren escuchar, pero inútiles y faltos de voluntad para solucionar realmente los problemas más complejos.

Lo primero es señalarles como es debido. No son pícaros a los que mirar con comprensión, con indulgencia o, como hacen algunos incluso, con admiración. Son criminales peligrosos. Tanto, al menos, como los terroristas, los asesinos y los violadores. Porque destruyen nuestra convivencia.

Y lo segundo es blindar nuestras normas para hacérselo más difícil. Multipliquemos los recursos para que policías, fiscales y jueces los detecten, los detengan, los juzguen, los encarcelen y les hagan devolver lo robado. Cada euro dedicado a este menester se nos devolverá con creces en forma de decencia.

Nos están matando. Y hay que defenderse.

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Los actores de toda negociación pública suelen mantener una doble agenda. La primera es visible y muestra tanto los propósitos que se quieren reconocer ante la sociedad como las estrategias confesables en su persecución. Pero muy a menudo funciona también una segunda agenda, más oculta y simulada, en la que figuran objetivos y claves que determinarán la conducta de los negociadores. Para anticipar el resultado de una negociación es preciso atender a la vez a las dos agendas.

En los movimientos de los diferentes partidos políticos de cara a la formación de Gobierno pueden deducirse algunas de estas agendas ocultas. Cuando el PP, por ejemplo, llama a la estabilidad de la coalición propia y advierte de la radicalidad en coaliciones ajenas, está ocultando una agenda orientada a mantener el poder a toda costa. Cuando Ciudadanos se muestra igualmente dispuesto a negociar con PP y con PSOE, también atiende al objetivo de recuperar “centralidad” para su imagen un tanto derechizada.

Preocupan especialmente las probables agendas ocultas de la dirigencia de Podemos. La agenda visible apuesta abruptamente por un gobierno de coalición PSOE-Podemos-IU, para el que plantea un reparto inicial de carteras, incluso antes de tratar sobre programa alguno. Sin embargo, no son pocos los que mantienen sospechas sobre las auténticas intenciones de quienes hasta hace bien poco negaban cualquier posibilidad para un gobierno de coalición con uno de los partidos del “turnismo”.

Ojalá estén equivocados, pero hay quienes sospechan que la agenda oculta de Podemos busca en realidad frustrar la investidura de Pedro Sánchez y forzar unas elecciones repetidas, con la esperanza de alcanzar ahora sí el anheladosorpasso. Se explicaría así por qué quienes supuestamente buscan un acuerdo con el PSOE, plantean continuamente para ese acuerdo condiciones imposibles de cumplir. Y se entendería así también por qué la escenificación de tal oferta se produce de manera extemporánea y ofensiva.

La primera condición que planteó Podemos para acordar con el PSOE fue la consulta de autodeterminación en Cataluña, contraria a la mismísima Constitución española y prohibida expresamente en sentencia de su Tribunal interpretador. La segunda condición fue la constitución de cuatro grupos parlamentarios para un solo actor político, contraria al Reglamento del Congreso de los Diputados y al propio sentido común.

Una vez descartadas las condiciones anteriores, por inverosímiles, aparece una tercera. Podemos exige ahora a Pedro Sánchez una negociación exclusiva y excluyente. Plantea que el PSOE no cuente con Ciudadanos para formar una mayoría de Gobierno. Y vuelve a ser una condición imposible, porque más allá de la legítima voluntad de Pedro Sánchez por sumar a todas las fuerzas del cambio, resulta que el concurso de Ciudadanos es aritméticamente imprescindible para evitar que siga gobernando el PP. Solo un acuerdo con Ciudadanos podría salvar la oposición públicamente declarada del partido de Rajoy y de los partidos independentistas.

Además, el visto bueno inicial que tanto Podemos como Ciudadanos han dado al “Programa de Gobierno progresista y reformista” presentado por Pedro Sánchez el pasado día 8 de febrero, hace aún más incomprensible el veto.

Las formas también son relevantes. ¿Qué puede pensarse en cuanto a las intenciones últimas de quien hace una oferta de pacto por sorpresa, sin aviso previo, en una rueda de prensa, imponiendo ministros por doquier, y aludiendo a “las sonrisas del destino”? ¿Se trataba de buscar un acuerdo o de frustrarlo? Todo pacto requiere de cierta empatía y confianza, y este desde luego no es un camino muy razonable para alcanzar tal clima propicio.

Ojalá que todos estos inconvenientes puedan achacarse a la inexperiencia o a las desconfianzas previas. Porque, además, las agendas ocultas cada vez lo son menos. Y si el electorado acaba convenciéndose de un juego desleal, las máscaras caerán y cada cual recibirá los reproches y los castigos que merece…

La mayoría de los españoles han votado cambio. Ahora hay una oportunidad para el cambio. Pedro Sánchez tiene una agenda bien visible para hacer realidad un cambio progresista y reformista. Si alguien frustra esta oportunidad por intereses partidistas o personales, y acaba favoreciendo la continuidad de Rajoy, tendrá que afrontar su responsabilidad ante aquella mayoría.

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Últimamente hay cierta propensión a buscar “pactos de Estado” sobre las materias más diversas. En cuanto se detecta un problema complejo, aparece la feliz idea del gran consenso para solucionarlo. Sin embargo, el respaldo unánime a una solución no la convierte necesariamente en la solución más eficaz. En muchas ocasiones, además, no es realista aspirar al pacto de todos. Puede que su proliferación ni tan siquiera sea deseable, por cuanto una sociedad democrática requiere de alternativas distintas sobre las que optar.

PSOE y PP tienen modelos educativos distintos, que parten de fundamentos ideológicos legítimamente contrapuestos. Todos decimos promocionar el talento para alcanzar el éxito, pero unos enfatizamos el principio de la igualdad de oportunidades y otros contraponen lo que llaman libertad de elección. Para nosotros, excelencia es calidad con equidad, porque la calidad sin equidad que promueven otros nos parece elitismo.

Donde unos defendemos lo público como garantía de justicia, otros promueven lo privado como perpetuación de la diferencia y el darwinismo social. Lo inclusivo frente a lo competitivo. Lo laico ante lo confesional. Lo participativo contra lo jerárquico. Donde unos nos empeñamos en formar ciudadanos libres y críticos, otros insisten en producir empleados eficientes. Tenemos modelos educativos distintos, sí.

Ahora bien, ¿es necesario llegar a un acuerdo? Los socialistas entendemos que sí, porque las bases del sistema educativo de una sociedad constituyen el fundamento mismo de su convivencia, así como los pilares para el progreso individual y el desarrollo colectivo. También hemos aprendido que ninguna ley es capaz de transformar radicalmente la realidad si no parte de un amplio consenso social. Y los españoles necesitamos convertir la apuesta colectiva por el conocimiento en la palanca definitiva hacia la modernidad, el progreso y la justicia social.

No pretendemos hacer pasar a nadie bajo las horcas caudinas de las leyes educativas impulsadas por el PSOE. No se trata de volver a la LOGSE o a la LOE, pese a que jamás renunciaremos a sus logros indudables en la universalización y la socialización educativa en España. Pero todo el mundo entenderá que el acuerdo ha de pasar también por superar la política de recortes del PP y su denostada LOMCE.

Para que los recursos educativos sean eficientes, tienen que ser suficientes, porque si no son suficientes, por muy austeramente que se gestionen, nunca serán eficientes. Y la futura ley de todos no puede ser la ley que se aprobó contra todos. Con todo respeto, y desde el mejor ánimo pactista, el futuro de la educación en España no puede fundamentarse en reválidas y catecismos.

Un pacto educativo con vocación de éxito debe comenzar por un acuerdo en torno a los objetivos. No debiera ser imposible. Acordemos una educación de calidad, incluso excelente. Eso sí, no debemos circunscribir la calidad al “resultadismo” estadístico, porque calidad es también atención a la diversidad, flexibilidad y participación. Acordemos una educación con igualdad, pero la auténtica igualdad de oportunidades no se puede limitar a la garantía del acceso a una plaza educativa, cualquier plaza educativa, sino que ha de asegurar igualdad en el aprendizaje y el éxito.

Acordemos también una educación inclusiva, que no convierta la desigualdad de partida en segregaciones tempranas e itinerarios distintos para ganadores y perdedores, sino que ofrezca recursos diversos para las condiciones diversas, a fin de que todos puedan triunfar. Y acordemos una educación que fomente los valores de ciudadanía presentes en nuestra Constitución: la libertad, la igualdad, la democracia y la justicia social.

Una vez acordados los objetivos, debiera ser más fácil acordar los medios. Una inversión referenciada en el PIB que nos acerque a la media de los países educativamente más avanzados de Europa. Una apuesta decidida por la enseñanza pública, que es la enseñanza de todos y todas. Una evaluación permanente, más enfocada a detectar problemas y a buscar mejoras, que a establecer rankings estériles. Un marco legal consensuado y estable…

Este es el sentido de la oferta que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado en su “Programa para un Gobierno progresista y reformista”. Y este es el sentido de las propuestas concretas que incluye, como la configuración de las becas como derecho subjetivo, como la universalización de la oferta pública de plazas educativas entre los 0 y los 3 años, como la revisión global del sistema de Formación Profesional, o el nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta familiar.

Será difícil, pero puede hacerse. Y debe hacerse.

Artículo publicado en Público.es el 9 de febrero de 2016

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MADRID, 02/02/2016.- El rey Felipe VI recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), en el marco de la segunda ronda de consultas para la designación de candidato a la Presidencia del Gobierno. EFE/Chema Moya.

 

El encargo realizado por el Rey a Pedro Sánchez para que negocie su investidura como Presidente del Gobierno ha generado grandes expectativas entre los partidarios del cambio en la política de nuestro país. Será una negociación difícil, pero todos los interlocutores están llamados a ejercer su papel con responsabilidad, a fin de dar cumplimiento a las esperanzas de progreso y regeneración que comparten millones de españoles.

La suma de los votos a las formaciones que apostaron por el cambio político en España en la pasada campaña electoral supera los 14 millones. PSOE, Podemos, Ciudadanos y Unidad Popular tienen programas distintos y estrategias muy diversas, ciertamente, pero comparten un objetivo común que debiera hacer posible la formación de un Gobierno con apoyo de todos ellos: el afán por una recuperación justa y la apuesta por la regeneración democrática en nuestro país.

Se entiende que el Partido Popular no forme parte de esta mayoría, porque ha dejado bien claro que su única opción para el futuro de los españoles es la continuidad de las políticas que han provocado las mayores cotas de injusticia social y devaluación democrática de nuestra historia reciente. Además, la sucesión inacabable de escándalos de corrupción que afectan al partido de Rajoy aconsejan su pase a la oposición sin más demora.

También se entiende que no formen parte de la mayoría que aspira al desarrollo y al progreso de la sociedad española aquellas fuerzas que buscan la ruptura del orden constitucional y la quiebra de nuestro país, promoviendo explícitamente la separación de parte del territorio español.

El resto de las fuerzas que fueron votadas para promover el cambio político, económico y social en España tienen el deber de encontrarse y de entenderse durante las próximas semanas. Sus votantes no entenderán que los intereses personales o partidarios de unos u otros frustren la oportunidad del cambio y posibiliten la continuidad del PP y de Rajoy en el poder. No tendría sentido ni justificación alguna, por tanto, el eventual veto de Podemos sobre Ciudadanos o de Ciudadanos sobre Podemos.

Es evidente que toda negociación entre formaciones políticas distintas para formar Gobierno parte de diferencias programáticas sustanciales. Pero una negociación consiste precisamente en buscar elementos comunes que puedan configurar un programa que ofrezca satisfacciones suficientes al conjunto de los negociadores y, lo que es más importante, a los españoles cuyos problemas estamos todos llamados a resolver.

En consecuencia, las negociaciones deben comenzar sin vetos previos, y atendiendo en primer lugar al “para qué”, a las prioridades programáticas. Pedro Sánchez ya ha hablado de cuatro grandes propósitos: la creación de empleo de calidad, la consecución de mayores niveles de igualdad y justicia social, la regeneración democrática y la solución a las tensiones territoriales. Es un planteamiento razonable para empezar a trabajar sobre leyes y medidas concretas.

Después llegará el cómo, con qué fórmula de apoyos, con qué calendario, con qué tipo de Gobierno y, solo al final, con qué personas al frente de los ministerios.

Nadie oculta la dificultad de este proceso, pero tampoco puede obviarse que quienes trabajen para facilitarlo recibirán el aplauso de la ciudadanía y, por el contrario, quienes actúen para obstaculizarlo con cálculos egoístas obtendrán su rechazo.

Vamos a ello.

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