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Archive for 27 noviembre 2015

simancas271115

Todas las campañas electorales se entienden como una suerte de competición con la responsabilidad del poder como meta. Resulta fácil identificar a los competidores. Y tampoco es complicado apostar por quién ganará y quién perderá la contienda.

Ahora bien, ¿en qué consiste la competición? ¿Qué pruebas han de superar los competidores para alcanzar el podio? ¿Qué méritos han de ejercitar para resultar ganadores? Las respuestas a estas preguntas resultan algo menos evidentes.

En el escaparate de la campaña electoral parecen competir las estrategias de comunicación, los mensajes publicitarios, los cortes de radio y televisión, las imágenes de los candidatos, las propuestas impactantes, las invectivas al contrario…

En realidad, la competición electoral consiste en exponer la mejor razón de voto, en exhibir la credibilidad más sólida y en lograr la apropiación de las expectativas y las esperanzas de futuro de la mayoría.

¿Qué es la razón del voto? Es el propósito último y esencial para el que un candidato demanda el respaldo de sus conciudadanos. Tal propósito debe responder además al estado colectivo de ánimo, para ofrecerle un camino original y positivo.

La credibilidad de una oferta electoral depende de la capacidad del candidato, de la solvencia de su equipo, de la coherencia de su programa, de la trayectoria previa, de los valores demostrados…

Y se apropia del futuro quien consigue generar las mejores expectativas y provocar las mejores esperanzas para el horizonte vital colectivo. Nunca ganó una competencia electoral el agorero o el que apuesta su ganancia individual a la pérdida del conjunto.

Creo que la campaña del 20 de diciembre la ganará el PSOE porque tiene la mejor razón de voto, porque sus candidaturas resultan creíbles, y porque desde hace mucho tiempo el Partido Socialista es la opción que más claramente apuesta por un futuro de progreso, de igualdad y de justicia social, que son los valores que comparten la gran mayoría de los españoles.

La razón del voto socialista es doble. El PSOE cree en la capacidad de la sociedad española para crecer y recuperar su economía, pero quiere que el crecimiento y la recuperación lleguen con justicia, y que generen beneficios para la mayoría en forma de buenos empleos y de bienestar social. Un crecimiento para la mayoría, y no solo para los privilegiados que se han beneficiado de la crisis.

El PSOE cree también que las instituciones de nuestra democracia necesitan un nuevo impulso reformista y modernizador, para actualizarlas, para ponerlas al día, y para atender las nuevas demandas de apertura, de transparencia y de participación de una sociedad española que ha madurado democráticamente también. Este nuevo impulso reformista debe blindar los derechos y libertades, debe asegurar la limpieza en el espacio público y debe auspiciar un nuevo modelo territorial, que preserve la unidad, la cohesión y la igualdad de derechos de todos los españoles, reconociendo también su pluralidad enriquecedora.

Son razones legítimas, ilusionantes y mayoritariamente compartidas.

Detrás hay un candidato joven, fuerte y de firmes valores progresistas. Junto a un equipo que aúna experiencia y nuevas energías. El programa se ha elaborado desde la participación, la coherencia y el rigor. Y las credenciales del PSOE en su compromiso con el interés general de los españoles son firmes y bien conocidas.

Es obligación de todo candidato comenzar la campaña con optimismo. Hoy, además, hay sólidas razones para hacerlo.

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simancas201115

Tras cada atentado terrorista con trascendencia social relevante surge la angustia por entender las causas del problema y por encontrar cuanto antes las soluciones al mismo. Generalmente, tras las primeras reacciones de sorpresa, de dolor y de rabia, aparecen los análisis pretendidamente racionales sobre los “por qué” ha sucedido y los “cómo” evitar que vuelva a suceder. Pero hay un problema: no existen las explicaciones racionales ni las soluciones consecuentemente lógicas.

Las motivaciones de quienes ejecutaron las matanzas de París hace unos días, como las que llevaron a poner las bombas en Atocha hace más de once años, no tienen que ver con razón alguna sino con el fanatismo y la sociopatía. Por tanto, resulta un error estratégico relacionar estos hechos terribles con el drama civil en Siria, con las dificultades de integración para las segundas generaciones de inmigrantes, o con las interpretaciones heterodoxas de la religión musulmana.

Los asesinos de París obtienen en estos y en otros graves problemas la justificación falaz y la excusa inaceptable que podrían encontrar en cualquier otra parte. No hay justificación ni explicación racional alguna para la conducta de quienes ametrallan o hacen explotar a civiles inocentes en plena calle, en una sala de fiestas, o en el tren que les lleva al trabajo.

La guerra civil en Siria debe preocupar y ocupar a la comunidad internacional porque se trata de un problema gravísimo en sí mismo, con miles de muertos y con millones de desplazados en Asia y en Europa. Las bolsas de pobreza y de marginación social en los suburbios de París o de otras grandes ciudades son también un reto en sí mismo para nuestros gobiernos. Como lo es la radicalización en el adoctrinamiento que ejerce una minoría de clérigos, tanto si son musulmanes como si son judíos o cristianos.

Si confundimos el debate sobre las causas y las soluciones de estos terribles atentados fanáticos con sendos debates sobre el papel de Occidente en Oriente Medio, o sobre el futuro de las sociedades multiculturales, o sobre las relaciones entre Islamismo y Cristianismo, no solo estaremos haciendo análisis erróneos sobre la naturaleza auténtica de estos hechos, sino que estaremos contribuyendo involuntariamente a darles una falsa legitimidad racional.

Europa y Naciones Unidas deben actuar urgentemente para acabar con el drama sirio, desde la unidad entre quienes defendemos los derechos humanos, desde el respeto a la legalidad internacional y agotando todas las vías pacíficas. Nuestras sociedades han de resolver el problema de la desigualdad, de la pobreza creciente y de los guetos de marginalidad en grandes núcleos urbanos. Y todos hemos de dejar atrás definitivamente los conflictos de religión que tanta sangre han derramado durante siglos en todo el mundo, mediante la libertad religiosa, la tolerancia hacia los cultos y la separación entre confesiones y Estados.

Pero esto es una cosa, y otra bien distinta es hacer frente a los fanatismos y las sociopatías criminales. Frente a estos deben desplegarse estrategias específicas de prevención, de detección, de control, de persecución y de represión legal.

En España, por desgracia, tenemos alguna experiencia sobre cómo defendernos y como vencer al fanatismo terrorista. Vencimos a ETA aislando a sus militantes como los fanáticos y sociópatas que son, sin admitir justificación o legitimidad política alguna en su conducta. Les vencimos desde la unidad de los demócratas, desde la solidaridad cerrada con las víctimas, desde el respaldo pleno a las fuerzas de seguridad, y desde la eficaz colaboración internacional.

Etarras o yihadistas, son lo mismo. Puro fanatismo a combatir y a vencer.

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simancas131115

En un Estado de Derecho, la ley es la expresión y la garantía de la democracia. Porque las leyes las aprueban los legítimos representantes de la ciudadanía, elegidos mediante elecciones libres. Y porque el imperio de la ley blinda los derechos democráticos de la ciudadanía frente a poderes, fuerzas o influencias espurias.

Resulta extraño tener que recordar estos principios tan elementales en democracia, pero la contumacia del independentismo catalán en el desafío a la ley y a las sentencias de los Tribunales lo hace obligado.

Por tanto, es falaz el argumento que busca enfrentar la legitimidad de la ley a la legitimidad de la democracia. En un Estado de Derecho como el nuestro, se trata de las dos caras de una misma moneda. La ley surge de la democracia, y la democracia se sustenta en la ley. Cuando los secesionistas aluden al mandato de las urnas para dar la espalda a la ley, están traicionando a ambas, a la ley y a la democracia.

Las leyes pueden interpretarse de manera diversa, bajo arbitraje judicial, y se hace. Las leyes pueden recurrirse cuando se considera una posible vulneración constitucional, y se hace. Las leyes pueden cambiarse mediante los procedimientos establecidos en la propia ley, y de hecho se cambian cada día. Pero las leyes no pueden ignorarse o vulnerarse impunemente, porque entonces se violentan las bases de la mismísima convivencia democrática.

Los independentistas, por tanto, pueden someter al arbitraje de los tribunales aquellas leyes del Estado a las que se oponen. Y pueden hacer propuestas a través de sus representantes en las Cortes Generales para cambiar esas leyes. Incluso pueden plantear un cambio de la ley más importante de todas, la Constitución Española que la sociedad catalana votó mayoritariamente, por cierto.

Pero no pueden ignorar las leyes del Estado, ni pueden saltárselas, ni pueden incumplirlas. Y si lo hacen, la propia ley debe aplicar sus mecanismos legítimos de defensa. Para salvar la ley, para salvar el Estado de Derecho, y para salvar la democracia.

Quien no está con la ley, no está con la democracia. Y quien no está con la democracia está con la tiranía.

El resto de argumentos de que hacen uso algunos independentistas, comenzando por el máximo representante en funciones del Estado en Cataluña, Artur Mas, son sencillamente ridículos.

Comparar la situación de la sociedad catalana con la discriminación que sufren las mujeres privadas de derechos y de sufragio en algunos países, desacredita a quien lo expresa. Tratar de establecer paralelismos entre la Cataluña actual y la Suráfrica del aparheid es sencillamente un insulto para los millones de personas que lo sufrieron.

Y reivindicar las resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho de autodeterminación en las colonias sometidas y explotadas del siglo XX, denota una ignorancia sobre el derecho internacional y sobre la historia misma que imposibilita cualquier debate serio.

Afortunadamente, la gran mayoría en Cataluña y en el resto de España sigue creyendo en la democracia y sigue defendiendo el imperio de la ley, frente a la tiranía y la barbarie.

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simancas51115

La explicación que la Ministra de Empleo ha ofrecido sobre los malos datos del paro registrado correspondientes al pasado mes de octubre es inaceptable. “Es normal”, ha declarado Fátima Báñez ante unas estadísticas oficiales que desmienten la propaganda gubernamental sobre la “recuperación de la economía y el empleo”, y que reflejan un aumento del paro y de la precariedad en las contrataciones.

La referencia a la “normalidad” por parte de Báñez responde a una intención que va más allá del discurso electoral. Se trata de una estrategia de fondo. El Gobierno del PP y la derecha de Ciudadanos pretenden convencer a la ciudadanía española de que los altos niveles de paro son poco menos que inexorables, y de que la profusión de contratos basura constituye el precio inevitable a pagar por quienes quieren encontrar empleo. En definitiva, que hay que elegir entre paro y precariedad o, dicho de otra manera, entre empleo y dignidad.

En realidad, los datos de paro y de precariedad en nuestro mercado laboral no son “normales”, sino extraordinariamente anómalos y preocupantes. No hay un país de nuestro entorno europeo que sufra nuestros niveles de desempleo, de explotación laboral y de pobreza vinculada al paro y la falta de cobertura social a los desempleados. Esta situación no es “normal”. Ni siquiera es admisible. Y comienza a ser insostenible.

Los datos de paro registrado en el mes de octubre son muy negativos. El paro creció en más de 82.300 personas (2,1%), alcanzando los 4.176.000 desempleados. Este mes de octubre fue peor que el mes de octubre de 2014, en el que el paro creció en 79.000 personas (1,78%). No estamos en “la senda del empleo”, sino en la senda del paro.

De los 1.760.610 contratos laborales firmados a lo largo del mes de octubre de 2015, solamente 81.052 fueron contratos indefinidos a tiempo completo, un exiguo 4,6%. El resto fueron contratos precarios: un 91,4% de contratos temporales y un 37% de contratos a tiempo parcial. La cuarta parte de los contratos tuvieron una duración inferior a siete días. Esto se llama contratación basura, y no permite vivir con dignidad a quienes se ven obligados a firmarlos.

El salario mínimo ha perdido más de cuatro puntos de capacidad de compra durante los cuatro últimos años, y la capacidad adquisitiva del salario medio ha retrocedido a los niveles de hace doce años. La pobreza y la exclusión social no son ya fenómenos vinculados tan solo al desempleo, sino también al trabajo basura.

Hay 300.000 paradas más que parados y las mujeres cobran en torno a un 24% menos salarios que sus compañeros varones. Crece la brecha de desigualdad laboral entre mujeres y hombres.

La tasa de cobertura social a los parados registrados ha bajado del 70% en 2011 al 54,5% en septiembre de 2015, y si la medimos sobre el paro reflejado en la Encuesta de Población Activa, solo el 27,8% de los desempleados tiene alguna ayuda pública. Siete de cada diez parados, más de 3,5 millones no recibe apoyo del Estado.

Esta pretendida “normalidad” no es fruto de la fatalidad del destino o de la inexorable globalidad. Se trata de la consecuencia directa de una opción ideológica concreta: la que representa la reforma laboral del PP y la que representa el “contrato único precario” de Ciudadanos. Esta es la consecuencia directa del modelo productivo de la derecha, que busca la competitividad en la precarización laboral y los recortes de derechos sociales de la ciudadanía.

Y esta falsa “normalidad” solo puede combatirse con votos, el próximo 20 de diciembre. Votos para derogar la reforma laboral del PP y para frenar el “contrato único precario” de Ciudadanos. Votos para impulsar un nuevo modelo de crecimiento justo y un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que permita a los españoles acceder a la vez al empleo y a los derechos laborales, al trabajo y a la dignidad.

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