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Archive for 31 octubre 2015

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Aún no sabemos quién será Presidente en el gobierno autonómico catalán. No sabemos si los diputados independentistas elegirán Presidente entre los restos del pujolismo corrupto, o entre sus cómplices en la pseudo-izquierda de ERC, o entre sus otros cómplices en el peculiar anarquismo filoburgués de las CUP. Sí conocemos ya a la nueva Presidenta del Parlamento autonómico en Cataluña, y no es una buena noticia.

La coalición independentista pudo elegir como árbitro en la difícil legislatura que aguarda en Cataluña a una persona con perfil dialogante y constructivo, más partidaria de tender puentes que de cavar trincheras. Pero no ha sido así. Cuando más necesario se hace el entendimiento, han puesto al frente del Parlamento a una política extremista y radical: Carme Forcadell, que no asusta precisamente por la profundidad de su discurso, sino por su simpleza, una simpleza peligrosa. Peligrosa, en primer lugar, para la sociedad catalana.

Forcadell es un peligro por lo que dice y por lo que hace. Pertenece a esa categoría de políticos que prefiere la dialéctica belicista de amigos contra enemigos, antes que la dialéctica democrática de las soluciones frente a los problemas. Es de esos políticos que siendo incapaces de encontrar las causas complejas de una dificultad real, se limitan a encontrarle culpables falsos y a pedir sus cabezas como única salida válida. Todavía resuena en muchos oídos atónitos aquella sentencia suya memorable: “Necesitamos un Estado propio para que las mujeres catalanas puedan hacer de mujeres” (sic).

La nueva Presidenta se ha cansado de distinguir a los partidos, y por tanto a los candidatos y a los ciudadanos catalanes que les apoyan, entre los que “son de” Cataluña y los que “están en” Cataluña. No es la primera vez en la historia europea que un político diferencia en la que considera su patria a los auténticos patriotas de los antipatriotas. Durante cuarenta años ya hubo quienes distinguían entre españoles y antiespañoles. Primero se separa la paja del trigo, después se señala al traidor, y lo que viene a continuación no suele ser nada bueno. Peligroso.

Asegura que ella y los que piensan como ella son “el pueblo catalán”, y los demás, aunque vivan “en” Cataluña, no lo son. Y, claro está, no hay nacionalista radical que no identifique un enemigo tras identificar al amigo. Para Forcadell, el adversario del pueblo catalán es el “Estado español”, fuente de todos los males, desde el paro y la pobreza hasta la corrupción y las mujeres que no pueden “hacer de mujeres”. Veleidad totalitaria y simplificación tan falaz como peligrosa.

En su propio discurso de aceptación del cargo, sin cumplir tan siquiera con la cortesía de escuchar a los demás representantes del pueblo catalán allí reunido, ya avanzó la intención unilateral de iniciar “el proceso hacia la independencia” para “contar con un marco jurídico propio”. Es decir, en el acto de toma de posesión de una responsabilidad que obtiene por aplicación de la legalidad vigente, ya está llamando al incumplimiento de tal legalidad.

Ese mismo discurso se cerró con el grito de “Viva la república catalana”, confirmando la voluntad rupturista y antidemocrática con que inaugura su mandato. Tal expresión es radicalmente antidemocrática porque contraviene de manera directa la voluntad explicitada en las urnas por la sociedad catalana en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Las opciones independentistas plantearon tal elección como una suerte de falso plebiscito y perdieron, porque más de la mitad de los votantes dieron la espalda a la “república catalana” que, sin embargo, ha proclamado Forcadell. Antidemocrático y peligroso.

Su primer acto jurídico como presidenta del Parlamento catalán ha sido también coherentemente peligroso. Forcadell ha tramitado la iniciativa de Junts pel sí y las CUP para “iniciar el proceso constituyente” y declararse en rebeldía frente a la legalidad y las sentencias de los Tribunales. Se trata de una bofetada a la voluntad democrática de la ciudadanía expresada tanto en las urnas como en el propio ordenamiento jurídico vigente, porque la ley no es sino la expresión jurídica de la voluntad popular. Ya hubo quienes arremetieron contra la legalidad democrática en nombre de “la patria” y no trajeron nada bueno. Muy peligroso.

Es verdad que tiene antecedentes. Como presidenta de la organización separatista ANC ya logró transformar lo que antes fue una fiesta de todos los catalanes, la Diada de septiembre, en una herramienta sectaria al servicio de los propósitos secesionistas. Y ahora busca convertir la casa de todos los catalanes, su Parlamento, en la trinchera de la minoría rupturista para romper con la legalidad, con la democracia y con la convivencia misma.

Resulta curiosa la manipulación burda con que maneja las palabras quien tiene formación lingüística. Forcadell dice que no es “política”, cuando no ha dejado de hacer política a lo largo de toda su vida. Milita desde hace muchos años en un partido político al uso como ERC, ha sido miembro de su máxima dirección, ha sido concejala por ERC en el Ayuntamiento de Sabadell, y ha presidido la organización política ANC que ha tensionado y dividido como nunca antes a los catalanes. Pero ella se dice “de la sociedad civil”. Será que los demás somos de la sociedad militar…

Asegura que si el Gobierno de España hace uso de los mecanismos extraordinarios que la Constitución pone a su alcance, “será un golpe a la democracia”. Pero, sin embargo, parece considerar su conducta como plenamente democrática cuando plantea subvertir de manera clara y directa las leyes de la institucionalidad democrática que ha permitido a Forcadell ejercer su libertad de expresión, organizar su ANC, presentarse a unas elecciones, ser diputada y hasta ser presidenta de un Parlamento democrático.

Y el colmo de la manipulación y el sarcasmo llega con su pretendido propósito de ejercer el cargo trabajando “para todos los catalanes”, cuando ha comenzado su mandato dando una bofetada a la mayoría que optó democráticamente por mantener la convivencia con el resto de la sociedad española.

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simancas221015

Un nuevo partido de derecha constitucional es lícito y legítimo. Desde hacía tiempo, un buen número de españoles con ideología conservadora echaban de menos una opción de derecha europea, actualizada y aparentemente ajena a las prácticas clientelistas y corruptas con que se vincula al Partido Popular. Lo que no es lícito es que un partido de derechas, por renovado y moderno que se considere, intente hacerse pasar por lo que no es.

Ciudadanos no es un partido de centro, ni reformista, ni mucho menos progresista, como sostiene su máximo dirigente en un intento de pescar en todos los caladeros posibles. Ciudadanos es un partido de derechas, tal y como demuestra por sus hechos y por sus propuestas. Un partido legítimo, con posicionamientos políticos legítimos, pero un partido de derechas, con posicionamientos políticos inequívocamente de derechas.

Sus hechos son muy evidentes. Ciudadanos ha administrado los votos y la representación institucional que obtuvo en las elecciones autonómicas y municipales del pasado mes de mayo como corresponde a un partido de derechas. Allí donde ha tenido la oportunidad de elegir, ha elegido siempre sumar fuerzas con el Partido Popular.

En la Comunidad de Madrid, el partido de Rivera pudo elegir entre sumar sus votos con el PP para hacer presidenta a Cristina Cifuentes y su programa de derechas, o sumar sus votos con PSOE y Podemos para hacer presidente a Ángel Gabilondo y su programa de izquierdas. Ciudadanos eligió apoyar al PP presidido por Esperanza Aguirre, el PP de las privatizaciones y los recortes, y el PP de los casos Gürtel, Púnica y Gestapillo.

Exactamente lo mismo sucedió en Murcia y La Rioja. En ambos parlamentos autonómicos podían formarse dos mayorías bien distintas: una liderada por el PP, y otra liderada por el PSOE. Y tanto en Murcia como en La Rioja, Ciudadanos eligió sumar sus escaños a los de los diputados del PP para investir sendos presidentes de derechas. Hay quienes contraponen el caso andaluz. No es válido. En Andalucía solo había un gobierno posible, el socialista. La suma de los votos del PP, Podemos, IU y Ciudadanos no era una alternativa viable.

Por tanto, los hechos son los hechos. Cuando el partido Ciudadanos ha podido elegir entre apoyar opciones de gobierno de derechas y opciones de gobierno de izquierdas, siempre ha elegido apoyar a la derecha. Porque es un partido de derechas.

Es un partido de derechas por sus hechos, y también por la carga ideológica implícita en muchas de sus propuestas más emblemáticas.

Rivera y sus gurús económicos han propuesto la implantación del contrato laboral único, que es una vieja reivindicación de los economistas más neoliberales y derechistas de España y de Europa. El contrato único equivale al contrato único temporal y precario, y supone la eliminación factual del contrato indefinido, más conocido como contrato “fijo”. Convertir a todos los trabajadores en trabajadores temporales y precarios es una propuesta legítima, pero no es de centro ni progresista. Es de derechas.

Ciudadanos ha propuesto combatir el déficit fiscal de las Comunidades Autónomas ofreciéndoles margen competitivo para establecer copagos en la prestación de servicios públicos. Esto es: si una comunidad ofrece a sus ciudadanos una prestación sanitaria que vaya más allá de la cartera básica, como pueden ser las prótesis, el transporte sanitario o ciertos medicamentos, la administración autonómica se vería obligada a financiar tal prestación cobrando nuevos copagos a los ciudadanos. Igual ocurriría con la educación no obligatoria, como la enseñanza superior universitaria: vía libre para subir las tasas. ¿Lícito? Sí, pero de derechas.

El partido Ciudadanos, que se autocalifica de centrista, ha apoyado al PP en su negativa a extender la atención sanitaria universal para los inmigrantes sin permiso de residencia. El derecho humano básico a recibir auxilio en la enfermedad, se haya nacido donde se haya nacido, puede ignorarse y puede combatirse. De hecho, se ignora y se combate. Pero esta no es una opción progresista, sino de derechas.

Rivera, Garitano, Torres y compañía defienden simplificar los tipos de IVA a tan solo dos, elevando el actual tipo super-reducido del 4% al 7%. Esto supone casi duplicar la imposición indirecta sobre artículos de primera necesidad, como el pan, la leche, el queso, los huevos, la verdura, los libros y las viviendas de protección oficial, por ejemplo. ¿De izquierdas? No. ¿De centro? Tampoco.

Ciudadanos se manifiesta en contra de las diversas rentas mínimas frente a la pobreza que han puesto en marcha varias administraciones, y que han sido propuestas desde el PSOE hasta los sindicatos para su generalización. Ellos proponen sustituir tales rentas por unos “complementos salariales”, destinados exclusivamente a quienes ya perciben rentas, pero son insuficientes. Insolidario y de derechas.

Plantean también legalizar la prostitución, para respetar la libertad individual y porque “regular dicha actividad permitiría recaudar hasta 6.000 millones de euros”. El primer argumento ignora deliberadamente que la prostitución se ejerce hoy de forma mayoritaria en condiciones de explotación y violencia contra las mujeres. El segundo argumento es simplemente indigno. De derechas.

¿Su modelo de televisión pública? Ciudadanos acaba de acordar con el PP de la Comunidad de Madrid mantener el modelo vigente en Telemadrid, símbolo donde los haya de la televisión sectaria y al servicio del poder. Con la derecha, de nuevo.

¿Imagen cuidada? Seguro. ¿Nuevos? No tanto. ¿De centro progresista? Ni hablar. Son de derechas. Que nadie se equivoque.

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simancas151015

Debería resultar obvio, pero no lo es. El objetivo prioritario en el debate electoral ante la cita del 20 de diciembre ha de ser la creación de empleos con derechos. Porque esta es la primera preocupación y la primera demanda de la ciudadanía española, según todos los estudios demoscópicos. Y porque este es el problema que se encuentra en la base de los demás problemas que angustian a millones de familias españolas, desde la desigualdad a la pobreza y la exclusión social.

Sin embargo, la actualidad política, incluso la actualidad económica de nuestro país se desarrolla por derroteros distintos, a veces justificados, pero otras veces no tanto. Desde la permanente teatralización secesionista en Cataluña hasta el sainete interno del Partido Popular, pasando por los futuros pactos entre unos y otros a cuenta de unas elecciones que aún no se han producido, y sobre unos programas que aún no se conocen.

Resulta comprensible, por tanto, la frustración de muchos ciudadanos que atienden las noticias cada día y solo escuchan declaraciones de unos y otros sobre asuntos que ni les conciernen ni les interesan.

La situación del empleo en nuestro país es dramática y, a pesar de la propaganda del Gobierno, los cuatro últimos años han contribuido a agravarla de una manera decisiva. Frente a toda la trompetería que despliega el Partido Popular, lo cierto es que hoy tenemos 300.000 parados más que en 2011 –EPA 2T 2011/15-, tenemos 425.000 ocupados menos, tenemos más paro de larga duración, tenemos más paro femenino, tenemos más trabajo a tiempo parcial involuntario, tenemos menos salario y tenemos menos cobertura pública para los parados.

Las políticas de empleo de la derecha no solo han fracasado en la creación de puestos de trabajo, sino que han provocado una precarización del empleo sin precedentes. La duración media de los contratos laborales en 2014 fue de 53 días, y el 25% no llegó a la semana. Menos de 8 de cada 100 contratos fueron indefinidos, y la mitad de estos lo eran discontinuos y a tiempo parcial. Tenemos el récord de contratación involuntaria a tiempo parcial. Más de tres millones de horas extraordinarias se trabajan cada semana sin retribución. Y los niveles salariales han retrocedido más de 30 años. 2,5 millones de trabajadores viven bajo los umbrales de la pobreza y 3,7 millones de parados EPA no reciben prestación pública.

El Gobierno intenta convencernos de que la precariedad laboral es un daño colateral inevitable en una economía globalizada, donde gobiernos y empresas se ven obligados a competir recortando salarios y derechos sociales. Sin embargo, es mentira. Las economías más dinámicas y exitosas no compiten empobreciendo a sus trabajadores, sino invirtiendo en formación, en investigación y en innovación. La precarización laboral no es una condición del modelo económico vigente, sino una opción ideológica de la derecha que gobierna es España.

En consecuencia, la primera prioridad de un Gobierno reformista y de progreso en España habrá de incluir la derogación de la reforma laboral del PP, la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que invierta el proceso de precarización en nuestro mercado  laboral, y la instauración de un modelo económico competitivo que tenga como objetivo principal la creación de empleos con derechos.

Resulta imprescindible tomarse en serio de una vez las políticas activas de empleo, desde la formación profesional hasta la modernización de los hoy inoperantes servicios públicos de empleo. Es preciso sectorializar las medidas orientadas a mejorar la empleabilidad de los colectivos con más dificultades, desde los jóvenes a las mujeres, pasando por los mayores de 45 años y los parados de más larga duración.

Es obligado también desarrollar estrategias de lucha contra la explotación laboral, perfeccionando la normativa y reforzando la hoy debilitada inspección de trabajo. Hay que simplificar el régimen de contratos, reduciendo las categorías a solo tres: los indefinidos como regla general, los temporales como excepción, y los formativos, solo para formar.

También es necesario elevar el salario mínimo que sirve de referencia para los ingresos de millones de trabajadores. La Carta Social europea nos insta a alcanzar cuanto antes el 60% del salario medio. Y hay que dignificar las políticas de cobertura social a los parados, porque hoy, con más parados y más pobreza que en 2011, se ha recortado esta partida de gasto en más de 12.000 millones de euros.

Con todo respeto a los desahogos mediáticos de Montoro y al enésimo montaje teatral de Mas y Junqueras, los ciudadanos a los que nos debemos esperan que hablemos de algo importante, para variar.

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simancas081015

El linchamiento mediático que ha sufrido Jeremy Corbyn desde el minuto uno de su elección como nuevo líder laborista en el Reino Unido no tiene precedentes. Semanas antes de las primarias que se resolvieron con el triunfo histórico de este veterano profesor izquierdista, Blair y sus partidarios social-liberales ya vaticinaban “décadas de oposición para el laborismo”. Al día siguiente de la elección, en un ejercicio insólito de descortesía hacia el adversario recién nombrado, el Primer Ministro Cameron tachó a Corbyn nada menos que como “una amenaza para la economía y para nuestras familias”. Desde entonces, su estigmatización como “antisistema”, sin mayores argumentos, corrió como la pólvora en los medios de comunicación del establishment europeo.

Corbyn merece el respeto debido a un dirigente elegido mediante un procedimiento estrictamente democrático y muy participado. Más de medio millón de británicos depositaron su voto en un proceso abierto, libre y costeado por su propio bolsillo: los militantes con sus cuotas y los simpatizantes con una aportación específica de casi cuatro euros. Corbyn ganó entre los militantes y entre los simpatizantes, con más de un 60% de los sufragios. Y no era la primera vez que recibía la confianza de las urnas. De hecho, lleva 32 años siendo diputado electo gracias al apoyo reiterado de quienes mejor le conocen, los votantes de su distrito.

¿Tony Blair le descalifica? Es lógico. Corbyn muestra respeto por principios y valores de la izquierda que Blair siempre despreció, en su discurso y en sus hechos. ¿Cameron le ataca? También es normal. Se trata de su adversario directo. Ahora bien, la prisa y la beligerancia con que lo ha hecho pueden mostrar tanto el desprecio como el miedo a un contrincante potencialmente temible por su audacia.

¿Por qué asusta Corbyn? Aún le conocemos poco, pero las líneas principales de su discurso no debieran generar temor, sino expectación y análisis en un contexto ideológico y político muy necesitado de ideas nuevas para atender los desafíos de nuestro tiempo. Corbyn se muestra muy crítico con las recetas de la austeridad, con las consecuencias de los recortes sociales y la “ética del beneficio”, como responsables directos de la pérdida de derechos sociales y la desigualdad creciente. ¿Acaso es el único? ¿Acaso no tiene razones para denunciar el fracaso del “capitalismo de casino” que tiene en la city londinense uno de sus principales lugares de culto?

El nuevo líder laborista se muestra partidario de revertir las privatizaciones de infraestructuras y servicios públicos llevadas a cabo por Margaret Thatcher. ¿No demuestran los datos que tales privatizaciones se han saldado con menos calidad en los servicios, más inseguridad en su funcionamiento y graves desigualdades?

Corbyn se atreve también a romper el tabú de la alianza militar con los Estados Unidos. Cuestiona la participación británica en la guerra de Irak, afirma que bombardeando a la población siria no se resuelve ninguna crisis, y rechaza invertir cientos de miles de millones de libras en la renovación del arsenal nuclear submarino mientras existan tantas necesidades sociales por atender. Incluso pide menos atención a la OTAN y más autoridad para la ONU en la solución de los conflictos internacionales. Todo esto puede ser cuestionable, incluso “peligroso” para determinados intereses. Pero no parece contrario al interés de la mayoría, ni a su opinión, cuando alguien le pregunta.

Se le acusa de euro-escéptico, pero solo le hemos escuchado críticas fundadas a la política económica imperante en Europa. Sin embargo, mantiene el compromiso tradicional del laborismo con la integración británica en la Unión Europea. Ha sido precisamente el Primer Ministro Cameron, presionado por el lobby antieuropeo del partido conservador en el Gobierno, quien ha puesto en crisis la pertenencia del Reino Unido a la UE convocando un referéndum con resultado incierto. Pero ninguna cabecera europea ha tachado aún a Cameron como “peligro” para el sistema.

Faltos de argumentos de fondo, los más críticos con Corbyn se han centrado en sus primeros “gestos”. Parece que el nuevo dirigente laborista no vocalizó con la suficiente vehemencia patriótica el “God save the Queen” en una efeméride bélica, y que incluso se atrevió a desabrocharse el último botón de la camisa. Y puede que Corbyn pertenezca a esa categoría de dirigentes que valore el patriotismo en la atención a los compatriotas que sufren antes que en los himnos a la reina. Y puede que quienes le han votado hasta ahora no se lo reprochen.

Hubo quienes pronosticaron una sonora pitada y un gran fracaso de Corbyn en la convención anual laborista de Brighton, pero todas las crónicas hablan de más aplausos que pitos, y de unos discursos en línea con la mayoría social de la Gran Bretaña.

Hay muchas incógnitas aún sobre el pensamiento y los planes de Corbyn, así como sobre su influencia en la izquierda europea. Se entiende mal, por ejemplo, su insistencia en subrayar las numerosas ocasiones en las que votó contra la posición de su propio grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes. El perfil de su responsable económico es valiente por original, pero está por ver su eficacia para plantear alternativas eficaces y viables tanto a la ortodoxia liberal como a la tercera vía colaboracionista de Blair y sus seguidores.

La izquierda socialdemócrata y reformista se diferencia del simple populismo en que no aspira a quedarse en la protesta tan digna y coherente como minoritaria y condenada a la oposición. La izquierda de gobierno pretende aglutinar mayorías para transformar la realidad desde los gobiernos. ¿Está Corbyn en esta línea? Veámoslo durante los próximos meses. Mientras tanto, al menos, merece que se le escuche sin descalificaciones precipitadas e injustas.

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simancas081015

El linchamiento mediático que ha sufrido Jeremy Corbyn desde el minuto uno de su elección como nuevo líder laborista en el Reino Unido no tiene precedentes. Semanas antes de las primarias que se resolvieron con el triunfo histórico de este veterano profesor izquierdista, Blair y sus partidarios social-liberales ya vaticinaban “décadas de oposición para el laborismo”. Al día siguiente de la elección, en un ejercicio insólito de descortesía hacia el adversario recién nombrado, el Primer Ministro Cameron tachó a Corbyn nada menos que como “una amenaza para la economía y para nuestras familias”. Desde entonces, su estigmatización como “antisistema”, sin mayores argumentos, corrió como la pólvora en los medios de comunicación del establishment europeo.

Corbyn merece el respeto debido a un dirigente elegido mediante un procedimiento estrictamente democrático y muy participado. Más de medio millón de británicos depositaron su voto en un proceso abierto, libre y costeado por su propio bolsillo: los militantes con sus cuotas y los simpatizantes con una aportación específica de casi cuatro euros. Corbyn ganó entre los militantes y entre los simpatizantes, con más de un 60% de los sufragios. Y no era la primera vez que recibía la confianza de las urnas. De hecho, lleva 32 años siendo diputado electo gracias al apoyo reiterado de quienes mejor le conocen, los votantes de su distrito.

¿Tony Blair le descalifica? Es lógico. Corbyn muestra respeto por principios y valores de la izquierda que Blair siempre despreció, en su discurso y en sus hechos. ¿Cameron le ataca? También es normal. Se trata de su adversario directo. Ahora bien, la prisa y la beligerancia con que lo ha hecho pueden mostrar tanto el desprecio como el miedo a un contrincante potencialmente temible por su audacia.

¿Por qué asusta Corbyn? Aún le conocemos poco, pero las líneas principales de su discurso no debieran generar temor, sino expectación y análisis en un contexto ideológico y político muy necesitado de ideas nuevas para atender los desafíos de nuestro tiempo. Corbyn se muestra muy crítico con las recetas de la austeridad, con las consecuencias de los recortes sociales y la “ética del beneficio”, como responsables directos de la pérdida de derechos sociales y la desigualdad creciente. ¿Acaso es el único? ¿Acaso no tiene razones para denunciar el fracaso del “capitalismo de casino” que tiene en la city londinense uno de sus principales lugares de culto?

El nuevo líder laborista se muestra partidario de revertir las privatizaciones de infraestructuras y servicios públicos llevadas a cabo por Margaret Thatcher. ¿No demuestran los datos que tales privatizaciones se han saldado con menos calidad en los servicios, más inseguridad en su funcionamiento y graves desigualdades?

Corbyn se atreve también a romper el tabú de la alianza militar con los Estados Unidos. Cuestiona la participación británica en la guerra de Irak, afirma que bombardeando a la población siria no se resuelve ninguna crisis, y rechaza invertir cientos de miles de millones de libras en la renovación del arsenal nuclear submarino mientras existan tantas necesidades sociales por atender. Incluso pide menos atención a la OTAN y más autoridad para la ONU en la solución de los conflictos internacionales. Todo esto puede ser cuestionable, incluso “peligroso” para determinados intereses. Pero no parece contrario al interés de la mayoría, ni a su opinión, cuando alguien le pregunta.

Se le acusa de euro-escéptico, pero solo le hemos escuchado críticas fundadas a la política económica imperante en Europa. Sin embargo, mantiene el compromiso tradicional del laborismo con la integración británica en la Unión Europea. Ha sido precisamente el Primer Ministro Cameron, presionado por el lobby antieuropeo del partido conservador en el Gobierno, quien ha puesto en crisis la pertenencia del Reino Unido a la UE convocando un referéndum con resultado incierto. Pero ninguna cabecera europea ha tachado aún a Cameron como “peligro” para el sistema.

Faltos de argumentos de fondo, los más críticos con Corbyn se han centrado en sus primeros “gestos”. Parece que el nuevo dirigente laborista no vocalizó con la suficiente vehemencia patriótica el “God save the Queen” en una efeméride bélica, y que incluso se atrevió a desabrocharse el último botón de la camisa. Y puede que Corbyn pertenezca a esa categoría de dirigentes que valore el patriotismo en la atención a los compatriotas que sufren antes que en los himnos a la reina. Y puede que quienes le han votado hasta ahora no se lo reprochen.

Hubo quienes pronosticaron una sonora pitada y un gran fracaso de Corbyn en la convención anual laborista de Brighton, pero todas las crónicas hablan de más aplausos que pitos, y de unos discursos en línea con la mayoría social de la Gran Bretaña.

Hay muchas incógnitas aún sobre el pensamiento y los planes de Corbyn, así como sobre su influencia en la izquierda europea. Se entiende mal, por ejemplo, su insistencia en subrayar las numerosas ocasiones en las que votó contra la posición de su propio grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes. El perfil de su responsable económico es valiente por original, pero está por ver su eficacia para plantear alternativas eficaces y viables tanto a la ortodoxia liberal como a la tercera vía colaboracionista de Blair y sus seguidores.

La izquierda socialdemócrata y reformista se diferencia del simple populismo en que no aspira a quedarse en la protesta tan digna y coherente como minoritaria y condenada a la oposición. La izquierda de gobierno pretende aglutinar mayorías para transformar la realidad desde los gobiernos. ¿Está Corbyn en esta línea? Veámoslo durante los próximos meses. Mientras tanto, al menos, merece que se le escuche sin descalificaciones precipitadas e injustas.

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simancas011015

Una de las derivadas más lamentables del debate en bucle al que nos fuerzan los soberanistas catalanes tiene que ver con ese llamamiento periódico a la “desobediencia civil” respecto a la legalidad vigente, cuando la legalidad vigente no es del agrado de los soberanistas catalanes.

El líder de las CUP proclamó su disposición a la “desobediencia de la ley española” en la misma noche del 27 de septiembre, tras obtener diez escaños en el Parlamento catalán. Junqueras ha hecho uso recurrente de esta amenaza durante los últimos años. Ada Colau ya se proclamó partidaria de no obedecer lo que ella llama las “leyes injustas”. Y durante estos días el mismísimo Presidente de la Generalidad catalana, el máximo representante del Estado de Derecho en Cataluña, ha admitido públicamente entre risas que su desobediencia a las resoluciones de los Tribunal Constitucional tan solo supone una sana y pacífica “rebelión democrática”.

Lo primero que llama la atención del término “desobediencia civil” es el adjetivo. Puede que añadan el calificativo “civil” al sustantivo “desobediencia” para excluir del desafío a los catalanes que visten uniforme militar, o puede que quieran hacer entender que la “desobediencia” es una cualidad propia de los “civiles”, es decir, de las personas que ostentan la condición de ciudadanos. En cualquier caso es un despropósito, porque limitar a los militares el deber de sujección a las leyes resulta tan original como disparatado, y porque la condición de ciudadano se adquiere en la asunción de los derechos y deberes consustanciales al Estado de Derecho, cuya condición básica es precisamente el imperio de la ley.

Los argumentos de que hacen uso para intentar justificar lo injustificable esconden apenas unas convicciones dudosamente democráticas. El líder de las CUP se considera por encima de la ley al obtener el 8,2% de los votos y diez escaños en las elecciones autonómicas de Cataluña. ¿Un 8% de los votos le otorga la facultad de ignorar las leyes? ¿Con qué privilegios se creería si obtuviera el 18% o el 28%? ¿Se proclamaría emperador? Muy peligroso.

Inaceptables son también las justificaciones de los alcaldes Colau y Junqueras. Llaman a desobedecer las leyes que entienden “injustas”. ¿Y quiénes están facultados para establecer la “justicia” o la “injusticia” de las leyes si no son los representantes democráticos de la ciudadanía en los Parlamentos donde se hacen las leyes? ¿Puede cualquier ciudadano establecer la “injusticia” de una ley para ignorarla? ¿Puede hacerlo cualquier alcalde respecto a las leyes autonómicas y estatales? ¿Lo puede hacer un cargo público socialista respecto a una ordenanza municipal de Barcelona? ¿O este privilegio es exclusivo de los políticos soberanistas en Cataluña?

La “rebelión democrática” de Artur Mas movería a la hilaridad si no estuviéramos hablando del llamamiento a saltarse el Estado de Derecho por parte del Presidente de una Comunidad Autónoma con siete millones de habitantes. Más allá de la mala intención y de la torpeza de los dirigentes del PP, que han hecho de la imputación al discípulo de Pujol por el 9-N un sainete político inaceptable, la respuesta de Mas es profundamente antidemocrática. El convergente explica su desafío a los tribunales de Justicia por su pretendida politización y por su personal interpretación de la “voluntad de Cataluña”. Se han hecho muchas barbaridades en el mundo por parte de iluminados que se consideran con derecho a saltarse la ley para cumplir la supuesta voluntad del pueblo que se creen llamados a salvar.

Contraponer ley y democracia, o la ley con la voluntad de la gente, o la ley y el derecho de los pueblos, es una barbaridad. Porque la ley es la garantía fundamental para la convivencia democrática. Porque no hay democracia sin ley. Y porque sin respeto a la ley, volvemos al estado de naturaleza y al sometimiento a la voluntad del más fuerte. Las leyes se pueden criticar y se pueden cambiar. Pero llamar a la desobediencia de la ley no es moderno, ni progresista, ni democrático, ni “guay”. Es contrario a la democracia. Y es peligroso.

A la luz de tales argumentos, resulta legítimo plantearse qué ocurriría si yo mismo acudiera mañana a Badalona, donde gobierna la CUP, y decidiera pintar todos los semáforos con los colores de la bandera rojigualda porque he recibido cientos de miles de votos de ciudadanos españoles. O qué pasaría si decido instalar mi tienda de cómics de segunda mano en el vestíbulo del Ayuntamiento de San Vicençs, del que es Alcalde Oriol Junqueras, porque me parece un munícipe arbitrario. O qué opinión tendría Ada Colau si aparco mi coche en el centro de Barcelona ignorando sus normas, porque me parece injusta su política de estacionamiento limitado. O qué diría Artur Mas si decido no pagar las multas justificadas que me impongan los Mossos catalanes porque no me gusta el destino que el Gobierno separatista da al dinero público.

Sería ilegal, claro. Y sería absurdo. Y sería rechazable. Como la “desobediencia civil” que enarbolan irresponsablemente Mas, Junqueras, Colau, Baños y compañía.

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